SemMéxico, Hermosillo, Sonora, 30 de octubre, 2021.- Apenas el 7 de julio de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no habría una reforma fiscal pues dijo que gracias a su política de austeridad y combate a la corrupción no necesitaba de mayor recaudación de recursos.
Y hoy, a solo tres meses de esta declaración da marcha atrás y como suele suceder…no cumplió su palabra. Envió iniciativa a la Cámara de Diputados y ésta fue aprobada el pasado día 20, con la mayoría que tiene MORENA en la Cámara Baja.
No se conforma el presidente con los 7 billones de pesos que va a tener el año entrante para su administración y quiere más, pese a que nunca en la historia de México un gobierno ha tenido tales recursos.
Mintió al decir que no se aumentarían los impuestos porque, además de que sí se han aumentado, encontró otra manera de obtener recursos a costa de los ciudadanos y en perjuicio, también, de los grupos más vulnerables.
¿A qué nos referimos? Al tope de donaciones que estipula la reforma para que el sector empresarial disminuya sus aportaciones a organizaciones altruistas de la sociedad civil (y pague mayores impuestos, claro)
Más de cinco mil organizaciones se verán afectadas al dejar de recibir un aproximado de ocho mil millones de pesos lo que sin duda afectará en la labor altruista que por años han realizado.
El presidente no hace…ni deja hacer. No cumple con su función -y con el mandato constitucional- de asegurar salud, vivienda, alimento y educación a los mexicanos. Y ahora tampoco ¨le complace¨ que quienes tienen recursos para hacerlo los ayuden.
Las organizaciones de la sociedad civil han trabajado por años en bien de su comunidad con entrega de víveres, ropa, alimentos, capacitación. Los ciudadanos están por doquier, organizados, para solidarizarse y ayudar a los que menos tienen, pero resulta que hoy el gobierno les pone un tope a sus donaciones.
Para no creerse ¿verdad?
Pues esto es lo que está pasando y desde este espacio protestamos por ello y exhortamos a los Senadores a unirse para dar un rotundo NO a esta descabellada reforma. Ellos pueden pararla y los ciudadanos es lo que esperamos que hagan.
En sesión extraordinaria aprueban la modificación al código penal
Redacción
SemMéxico, Mexicali, B.C., 29 de octubre, 2021.- El Congreso local aprobó esta tarde, con 14 votos a favor y nueve en contra, diversas modificaciones al Código Penal que despenaliza el aborto, con lo que se convierte en la quinta entidad mexicana en alcanzar este derecho para las mujeres.
Quedó pendiente la modificación al artículo 7 de la Constitución, para que desaparezca el reconocimiento del no nato desde su concepción.
En sesión extraordinaria de pleno, se sometieron a votación dos dictámenes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Manuel Molina García y que contienen iniciativas propuestas por diversas diputadas y un diputado, siendo aprobado por mayoría el Dictamen 4, con respeto a establecer una posibilidad legal adicional de despenalización de la interrupción legal del embarazo que salvaguarde la salud de la mujer que toma esta decisión.
Correspondió a la Diputada Liliana Michel Sánchez Allende, -una de las inicialistas- , darle lectura al Dictamen 4 de la Comisión Dictaminadora que se refiere a la Iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Penal, Ley de Víctimas y Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, presentada además, por las Diputadas María de Rocío Adame Muñoz, Alejandra María Ang Hernández, Dunnia Monserrat Murillo López, Julia Andrea González Quiroz y por el Diputado Juan Manuel Molina García, el 20 de septiembre del presente año.
Los objetivos de las reformas a dichas leyes, según se establecen en este Dictamen, son los siguientes: Establecer nuevos elementos para la configuración del tipo penal de aborto, así como modificar la penalidad del mismo ilícito; Brindar a las víctimas de delitos sexuales servicios médicos, entre ellos exámenes, tratamientos especializados que requiera, anticoncepción de emergencia e interrupción del embarazo, con absoluto respeto a sus derechos humanos; así como establecer las bases jurídicas generales para la implementación de políticas públicas en materia de interrupción del embarazo, dentro del Sistema Estatal de Salud.
La Iniciativa consiste en una reforma a los artículos 132, 133, 134, 135 y 136 del Código Penal; una reforma a los artículos 30 y 33 de la Ley de Víctimas y una reforma al artículo 26 que consiste en la adición de una Sección XV al Capítulo Cuarto, denominada de la interrupción legal del embarazo, así como la adición de los numerales 50 Nonies y 50 Decies de la Ley de Salud Pública, todas para el Estado de Baja California, siendo aprobada por quince votos a favor, siete en contra y una abstención, presentando el Diputado Román Cota, tres reservas en lo particular, pero no fueron aprobadas por el Pleno.
Las diputadas y los diputados que se manifestaron en contra a través de su voto fueron los siguientes: Claudia Josefina Agatón Muñiz, Marco Antonio Blásquez, Amintha Guadalupe Briceño Cinco, Alejandrina Corral Quintero, Juan Diego Echevarría Ibarra, María Monserrat Rodríguez Lorenzo y Manuel Peña Chávez. En abstención votó el Diputado Víctor Hugo Navarro Gutierrez.
Con respecto al Dictamen 3 de la Reforma el artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, presentada también por los citados diputados inicialistas, en la fecha señalada, fue leído en esta sesión por la diputada Julia Andrea González y se declaró no aprobado, por catorce votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones, luego de un amplio debate parlamentario.
Votaron en contra del Dictamen 3, las diputadas y diputados Claudia Josefina Agatón Muñiz, Marco Antonio Blásquez, Amintha Guadalupe Briceño Cinco, Alejandrina Corral Quintero, Román Cota Muñoz, Juan Diego Echevarría Ibarra, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, María Monserrat Rodríguez Lorenzo y Miguel Peña Chávez.
El objeto de esta iniciativa de reforma, era suprimir del texto constitucional, la porción normativa que se tutela el derecho a la vida, desde el momento de la concepción y que desde ese momento se reputa como nacido para todos los efectos legales, pero no fue aprobada, debido a que para ello se requería de mayoría calificada.
Cabe mencionar que el Diputado Juan Manuel Molina García, indicó que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que los Congresos de los Estados no pueden regular el concepto de “persona” o inicio de la vida y por lo tanto declaró inconstitucionales las Cartas Estatales similares a las de Baja California.
La familia de Ivanna Mingo decidió que la reparación del daño se destine a buscar la justicia en otros casos
El caso se quedó en impunidad, por corrupción de ex fiscal Rubén Vasconcelos y del hoy magistrado Alejandro Magno González
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 29 de octubre, 2021.- José Manuel López Ramos, tío y representante legal de la familia de Silvia Ivanna Mingo López, decidió que el monto de la reparación del daño dictaminado tras la suspensión provisional del proceso, será destinado a la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca para que continúe su labor de apoyo a mujeres que han sido víctimas de violencia de género y feminicidio.
López Ramos hizo hoy el anuncio y señaló que de esta forma se cumple con la voluntad de su hermana Silva, madre de Ivanna, quien desde el inicio del proceso por homicidio culposo por tránsito de vehículo, señaló que no querían ningún dinero por concepto de reparación del daño, que viniera de la familia Delgado Cervantes, responsables de la muerte de la joven de 26 años, hechos ocurridos el 21 de octubre de 2018. Esa era la voluntad de mi hermana quien falleció en camino de búsqueda de justicia, señala con pesar.
Sin embargo, dijo, la ley obliga al imputado a pagar una cantidad de dinero por concepto de reparación del daño, el cual de manera íntegra será entregado a Consorcio Oaxaca para que continúe con la labor que hasta ahora realiza en la búsqueda de justicia para otras víctimas.
Tráfico de influencias y corrupción
Durante el anuncio señaló que el asesinato de su sobrina quedó impone gracias al “tráfico de influencias” del responsable del accidente en el que murió su sobrina, Alfredo Delgado Cervantes, entonces dirigente juvenil del PRI, y de su madre Rebeca Cervantes Navarro, en ese momento delegada de la Profeco en Oaxaca.
Señaló como responsables de hechos de corrupción al ex fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, actual secretario de Bienestar Oaxaca del gobierno del Estado; al actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Alejandro Magno González Antonio, así como a tres ministerios públicos y dos jueces, cuyos nombres se reservó.
López Ramos añadió que la carpeta de investigación debió ser iniciada por probable feminicidio como resultado de las circunstancias del hecho de octubre de 2018, y luego de que la familia presentó peritajes sobre el accidente y lo que ocurrió posteriormente, por lo que solicitaron que se fincara sobre Delgado Cervantes y Cervantes Navarro “el delito de alteración de evidencias, pero la Fiscalía de Oaxaca obstaculizó la investigación para favorecer al inculpado”.
Ivanna fue llevada al hospital cuatro horas después del accidente
El 21 de octubre de 2018, recordó, a las tres de la madrugada aproximadamente, Silvia Ivanna Mingo López de 26 años, resultó gravemente herida en un choque ocasionado por Alfredo Delgado Cervantes, quien manejaba en estado de ebriedad.
En lugar de llevar a Ivanna Mingo López al hospital (general Dr. Aurelio Valdivieso) que se encontraba a tres minutos del lugar del accidente, ocurrido en Av. de las Etnias al norte de la capital oaxaqueña, se la llevó a casa de su madre, Rebeca Cervantes, donde permaneció hasta las siete de la mañana cuando finalmente acudieron al nosocomio, pero para entonces ya había fallecido.
José Manuel López Ramos recalcó que su sobrina no murió de forma inmediata, de acuerdo con la autopsia practicada por peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la necropsia reveló que la hora del deceso fue a las cinco de la mañana. Durante las cuatro horas que transcurrieron, la víctima permaneció sin atención médica, “por redes sociales y otras fuentes supimos que durante ese tiempo llegaron al domicilio de Rebeca Cervantes, un senador y un diputado del PRI”.
Dijo que al hospital llegó manejando el jeep la madre de Alfredo, Rebeca Cervantes, pidiendo auxilio para la víctima, “fingiendo que necesitaban una camilla de urgencia, que llevaban a una persona herida” y fue una enfermera quien señaló que se encontraba sin signos vitales. Tanto Alfredo Delgado como Rebeca Cervantes desaparecieron del lugar abandonando a su suerte a Ivanna.
López Ramos explica que esas son las circunstancias que los llevaron a recabar información para que se investigara el probable delito de alteración de evidencias, lo que obstaculizó el propio ex fiscal Vasconcelos Méndez y sus colaboradores. Algunos de ellos fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Oaxaca, a cargo de Jorge Emilio Iruegas Álvarez, donde ningún proceso avanzó.
Explicó que también buscó al actual fiscal, Arturo Peimbert Calvo, con quien nunca pudo tener una reunión de trabajo.
Por su parte, la abogada de Consorcio Oaxaca, Lourdes López Velasco, señaló que, aunque la organización no llevó el litigio, se advierte que hubo una recomendación o línea para que el proceso no avanzara, porque toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio, más aún cuando la víctima no perdió la vida en el momento preciso del accidente, sino que fue llevado al hospital cuatro horas después cuando según la autopsia había fallecido a las cinco de la mañana.
Hay omisiones, evidente corrupción y violencia institucional en contra de la familia de Ivanna a quien dejaron morir sin ningún auxilio médico, lo que la fiscalía no investigó y esas omisiones se traducen en violencia institucional y abuso de autoridad.
La legisladora Melissa Vargas indicó que es un tema que traspasa todos los colores e ideologías y que une a todas las mujeres
La diputada Eufrosina Cruz señaló que se debe terminar con el abuso de los usos y costumbres que representan violencia contra las niñas
Redacción
SemMéxico/BillieParkernoticias, Cd. de México, 29 de octubre, 2021.- Legisladoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestaron que ante los casos de matrimonio infantil que se han denunciado y en donde son las mujeres quienes en mayor medida padecen esta unión, formal o informal, por presiones económicas, sociales o familiares, presentarán una iniciativa de matrimonio forzado, propuesta a la que se sumaron diputadas de otras fracciones.
En conferencia de prensa, la legisladora priista Melissa Vargas Camacho, señaló que se trata de un tema que traspasa todos los colores e ideologías y que une a todas las mujeres, porque representa una violación grave a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Enfatizó que los usos y costumbres, práctica que prevalece en algunos estados, de ninguna manera debe amparar la tradición de la dote o venta de las niñas, por lo que consideró que debería considerarse como trata de personas. Expuso lo que sucede en al menos 66 comunidades del municipio de Metlatónoc, Guerrero, donde cuatro de cada diez niñas son vendidas para casarse con hombres adultos, con cifras que van de los 30 hasta los 180 mil pesos.
Vargas Camacho resaltó la participación de integrantes de las comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia; Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y de Igualdad de Género, con un pronunciamiento firme: “Las mujeres no se venden, las niñas no se venden, las adolescentes no se venden, esto tiene ya que parar”.
En su oportunidad, la diputada priista Eufrosina Cruz Mendoza, afirmó que es momento de romper estos paradigmas culturales, terminar con el abuso de los usos y costumbres que representan violencia contra las niñas. Tenemos la responsabilidad, subrayó, de preguntar al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al sistema de justicia, que hacen para no volver a escuchar una historia donde casan a una niña de 12 años.
Por su parte, la legisladora Ana Lilia Herrera Anzaldo, recordó que la semana pasada en la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, se aprobó un punto de acuerdo para que en el Pleno camaral se condenen los hechos ocurridos el pasado 9 de octubre en la comunidad de Dos Ríos, en Cochoapa el Grande, Guerrero. Además, de reprobar cualquier acto que justifique la práctica de la venta de menores y/o el matrimonio infantil en comunidades indígenas.
En tanto, las legisladoras priistas, Norma Aceves García, Blanca Alcalá Ruiz y Mariana Nassar Piñeyro, señalaron que es necesaria la iniciativa de matrimonio forzado porque el marco jurídico aún está incompleto y no sanciona la venta de niñas, que es un asunto que se da en muchos estados y, por eso, las distintas fuerzas políticas ponemos el dedo en la llaga y exigimos que los derechos de los infantes sean salvaguardados por el Estado mexicano.
En el evento también participaron las diputadas Margarita Zavala, del PAN, y Martha Robles, de Morena, quienes coincidieron en hacer un llamado a toda la sociedad, a toda la comunidad a que se nos una, que nos manifestemos en contra de esta situación que están viviendo estas niñas en Guerrero.
La importancia del tema sumó la presencia de las legisladoras priistas Lorena Piñón, Yolanda de la Torre, Adriana Campos, Laura Haro, Sofía Carvajal, María Elena Serrano, y del diputado José Guadalupe Fletes Araiza.
SemMéxico, Cd. de México, 29 de octubre, 2021.- Un grupo de 77 reconocidos científicos exigió ayer a la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores -el máximo organismo en esa área-, reabrir el caso de cómo el ahora fiscal general de la Nación, Alejandro Gertz alcanzó se reconocido por el Conacyt de la 4T con el grado de Investigador Nacional 3 a pesar de haber cometido inocultables plagios.
De proceder, como se supone debe ocurrir, ese fallo podría dar paso para que el Senado abra un proceso de sustitución del Fiscal General de la Nación.
Hay que recordar que justo presentar datos de esos plagios, fue lo que llevó a 31 investigadores científicos ser ahora sujetos de procesos judiciales que, ordenados y encabezados por Gertz desde la FGN, pretenden llevarlos a cumplir sentencias absurdas en penales de máxima seguridad junto a líderes de cárteles y de la delincuencia organizada.
Así, luego de meses de vivir la peor de las pesadillas donde el uso del aparato de justicia se mueve con base a la venganza personal del Fiscal, quien a su vez ha sido apoyado en todo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ante el silencio e inacción de la Suprema Corte y de la Judicatura, la comunidad científica reaccionó finalmente ayer con este proceso.
Los 77 investigadores demandantes -en su mayoría integrantes del SIN-, provienen de todas las áreas del conocimiento y de 35 entidades académicas distintas; 55 son Investigadores Nacionales en diferentes niveles; 7 de ellos eméritos.
En su petición, el grupo recuerdan que el ahora fiscal «mostró como documentos probatorios de su trabajo académico al menos dos libros con abundantes plagios, entendidos éstos como la acción de presentar un texto ajeno como propio, sin ningún tipo de signo o de aviso que remita a la obra del autor original».
Lo hecho por Gertz, afirman, «daña la ética consustancial al trabajo académico pues, además de quebrantar el sistema mismo del conocimiento y su transmisión, viola los derechos morales y patrimoniales del verdadero autor y, al erradicar su mérito, lo hace sujeto de discriminación, lo mismo que al lector al que desea engañar».
Cierran su exigencia de revisión del caso Gertz al indicar que:
«Dado que tanto el presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, como la directora del Conacyt, Dra. María Elena Álvarez-Buylla, han convocado a la honestidad y a combatir la corrupción en todas sus formas, y dado que el plagio académico es una forma de corrupción, denunciamos estos hechos para el bien del SNI, la comunidad científica y el pueblo en general y exigimos se le dé debido proceso».
El primer paso está dado.
ACUERDO SENADO-UNIÓN EUROPEA
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el zacatecano Ricardo Monreal sumó ayer a esta cámara a un sistema de cooperación con la Unión Europea para implementar estrategias conjuntas contra las consecuencias de la pandemia del Covid.
En un encuentro con miembros del Parlamento Europeo, Monreal dijo que este es apenas un primer paso para enfrentar retos mayores.
“Tenemos temas pendientes de conversar, en donde coincidimos: la paz global, la migración, el impulso a la democracia, el respeto a los derechos humanos, la protección del planeta, la reactivación económica, la cohesión social y el combate a la violencia”, enumeró.
Los visitantes indicaron su interés por impulsar la ampliación del acuerdo comercial de la UE con México a la vez que el análisis del fenómeno de la migración regional, la sustentabilidad ambiental, los derechos humanos, el combate contra los feminicidios, políticas comunes de lucha en contra de la corrupción y transparencia en las licitaciones públicas.
SemMéxico/ Iniciativa Mesoamericana, Nicaragua, 29 de octubre, 2021.- El próximo 7 de noviembre, en Nicaragua se ha convocado a la población a una supuesta jornada electoral que no cumple con ningún requisito de legitimidad.
Con los partidos de oposición fuera de la contienda electoral y sus principales candidaturas encarceladas, más de 150 personas presas políticas, entre ellas varias compañeras defensoras de derechos humanos y activistas feministas; diversas organizaciones feministas y de derechos humanos y medios de comunicación independientes ilegalmente clausurados y expropiados; más de cien mil nicaragüenses en el exilio; el derecho a la protesta y a la organización popular suprimidos de facto; y la población sometida a un clima asfixiante de miedo y represión, no podemos hablar de elecciones, sino de una farsa electoral a través de la cual se pretende dar apariencia de legitimidad a la prolongación por 5 años más de la represión y de la dictadura neoliberal, corrupta, misógina y autoritaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En este contexto, pese a los múltiples riesgos, agresiones y limitaciones que enfrentan, nuestras compañeras feministas y defensoras nicaragüenses no han dejado de alzar sus voces, organizarse, denunciar, acompañar casos de violencia, exigir la despenalización del aborto, condenar la violencia femicida, construir comunidad, defender el territorio y seguir trabajando por una Nicaragua más justa e igualitaria. Ellas no se merecen cinco años más de ataques, hostigamiento, encarcelamiento y el uso de discursos de odio en su contra. Ni ellas, ni ninguna mujer nicaragüense.
Por todo ello, hacemos un llamado a la solidaridad feminista internacional, para acuerpar a nuestras compañeras que viven en el territorio y en el exilio, y para replicar y hacer resonar sus voces de dignidad y denuncia en todo el planeta. Las convocamos a sumarse y a promover que otras nos acompañen en las siguientes acciones:
1. DIFUNDE la Campaña #QueLasLiberen: A partir del 3 de noviembre repliquen en sus redes sociales los materiales comunicativos de la campaña con mensajes exigiendo la liberación inmediata y el respeto a la integridad de las presas políticas en Nicaragua.
2. MOVILÍZATE por Nicaragua: Que el 4 de noviembre se haga sentir la presencia feminista en las calles, en espacios públicos, en las inmediaciones de instituciones públicas y cancillerías de sus países, así como en organismos internacionales. Realiza diversas acciones de solidaridad con Nicaragua, exigiendo el no reconocimiento de los resultados de la farsa electoral y demandando la liberación de las presas políticas, el retorno seguro de las personas refugiadas y justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
3. SÚMATE de manera presencial o en línea, a las acciones que la diáspora y el exilio nicaragüense está organizando en varios países el 7 de noviembre, en el marco de la Marcha Mundial de repudio a la farsa electoral y la demanda de declaración de ilegitimidad del régimen y otras actividades que se realizarán alrededor de esta fecha
SemMéxico, Pachuca, Hidalgo, 29 de octubre, 2021.- Elementos de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvieron al presunto feminicida de la joven Denisse, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en un predio del municipio de Ajacuba.
De acuerdo con el reporte de la PGJEH, se cumplió la orden de aprehensión contra el sujeto identificado como José Ramiro “N” de 40 años de edad, quien presuntamente fue el responsable del feminicidio de la joven Denisse de 14 años de edad.
El sujeto fue señalado por ser vecino de la joven y la última persona que tuvo contacto con la víctima antes de desaparecer, por lo que sus familiares y amigos exigieron justicia a las autoridades para aprehender al responsable y procesarlo con la pena máxima.
Al respecto, diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos destacaron la aprehensión del sujeto por parte de la policía investigadora, por lo que solicitaron que sea procesado por el delito de feminicidio con la pena máxima de 60 años, así como por secuestro con otros 50 años y por violación con otros 50 años, por lo que demandaron que se garantice la procuración de la justicia.
La joven Denisse de 16 años de edad, originaria del municipio de San Agustín Tlaxiaca, fue vista por última vez el 13 de abril de este año cuando se dirigía a su trabajo, sin embargo, debido a su demora sus padres interpusieron la denuncia ante la PGJEH y un día después su cuerpo fue localizado en un predio de la comunidad de Santiago Tezontlale, en el municipio de Ajacuba, con huellas de violencia.
Por ello, vecinos del municipio de San Agustín Tlaxiaca quemaron la vivienda del presunto feminicida el pasado 14 de abril para exigir su detención por parte de las autoridades, pero el sujeto se había fugado, por lo que después de varios meses fue localizado por las autoridades.
La PGJEH detalló que la joven falleció a consecuencia de un golpe en la cabeza y las indagatorias confirmaron que el sujeto fue el responsable del crimen, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.
SemMéxico. Cd. de México. 28 de octubre de 2021.- El pasado 26 de octubre de 2021, dos años después de la sentencia histórica del 24 de octubre 2019 por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio ocurrido en Ciudad Universitaria el 3 de mayo de 2017, en la que se condenó a Jorge Luis González Hernández a 45 años de prisión, la Quinta Sala Penal emitió la resolución de segunda instancia.
Esta resolución llega dos años después de la sentencia de juicio debido al contexto de pandemia por la COVID-19 y a los diversos recursos interpuestos por la defensa del sentenciado, quien promovió y finalmente se desistió de la recusación en contra de la Quinta Sala Penal -misma que conoció de la apelación interpuesta por las víctimas en contra del Auto de Vinculación a Proceso y ordenó a la entonces Procuraduría capitalina reencauzar la investigación bajo los estándares de debida diligencia y perspectiva de género para determinar si se acreditaba el delito de feminicidio-.
De acuerdo con un comunicado emitido por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la sentencia de apelación emitida por la Quinta Sala Penal consideró sustancialmente fundados los agravios del Ministerio Público y de las víctimas respecto de la individualización de la pena, por lo que consideró justo y equitativo determinar en el sentenciado un grado de culpabilidad correspondiente a un punto medio entre la máxima y a media, imponiendo una pena de 52 años 6 meses de prisión. La Sala coincide con las apelantes en que las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente no fueron valoradas adecuadamente por el tribunal de enjuiciamiento:
Que atendiendo al valor que tienen los derechos a la vida, a la dignidad y a una vida libre de violencia y a su grado de afectación en el presente caso, resultan elementos desfavorables y perjudiciales al sentenciado.
Que “el contexto de violencia en el que se desarrolló el delito, sin duda, influye en la determinación del grado de culpabilidad”, resultando también perjudiciales al sentenciado las circunstancias de comisión del delito, “porque develan el claro propósito de éste de privar de la vida a la víctima, quien además era su pareja sentimental, a la cual mantenía en un ciclo de violencia por motivos de género”.
Que “la extrema violencia que el sentenciado empleó para ejecutar sus conductas, enfatiza que el propósito que éste tenía, no solo era privar de la vida, sino que, las pruebas desahogadas en juicio demuestran que la intención del sentenciado era principalmente someterla, humillarla, ejercer dominio y poder sobre ella, refrendando que la consideraba inferior por ser mujer, además de denigrarla a nivel familiar y social. Muestra de ello, es la forma como dejó expuesto el cuerpo de la víctima en un lugar público.”
Que Jorge Luis González Hernández, al momento de privar de la vida a su víctima, se encontraba ebrio y había ingerido droga, siendo en esas condiciones en las que cometió el delito, lo cual no lo exime de responsabilidad y resulta perjudicial al sentenciado. Más aún que éste no solo ejerció violencia contra la víctima por estar intoxicado, sino durante todo el tiempo de su relación de pareja.
Que respecto a las circunstancias del activo y pasivo, antes y durante la comisión del delito, así como el comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido, resulta perjudicial al sentenciado toda vez que, “sí existió una relación de desigualdad entre el sentenciado y la víctima, vinculada al evento delictivo, ya que mantenían una relación de pareja, vivían juntos, y durante ese tiempo, Jorge Luis ejercía violencia sobre Lesvy Berlín, ejerció dominio sobre ella, logró aislarla de su familia y amigos, la víctima dependía económicamente del sentenciado, lo cual colocó a la víctima en una situación de desigualdad, donde el sentenciado por su rol de género, se sintió con el poder de controlar la vida de la víctima, subordinándola a sus deseos y dirigir su existencia, porque, él ejercía control sobre la víctima.
Respecto al rubro sobre reparación del daño, la Quinta Sala Pena coincidió con la sentencia del tribunal de enjuiciamiento en salvaguardar el derecho de las víctimas para que en la etapa de ejecución estén en la posibilidad de acreditar el tratamiento psicológico que requieren y el costo que implicaría. Y precisó que:
Se condena a Jorge Luis González Hernández, por concepto de reparación del daño, a pagar a las víctimas indirectas el costo del tratamiento psicológico, que cada uno requiera, a consecuencia de la comisión del delito, dejándose la cuantificación para la etapa de ejecución de sentencia, mediante el incidente respectivo, ante la falta de certeza en el número de sesiones requerido por cada víctima y el costo real de cada sesión de tratamiento.
También coincide con los agravios de las víctimas respecto a la forma en la que el tribunal de enjuiciamiento determinó la reparación del daño, pues no estableció los parámetros de una reparación integral del daño, de conformidad con la Ley General de Víctimas, la doctrina emitida en la materia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como los estándares de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Sala determina que, efectivamente, tratándose de violencia contra las mujeres, la reparación del daño tiene alcances específicos, es decir, debe tener una vocación transformadora para que tenga efectos no solo restitutivos, sino también correctivos.
Finalmente, la Quinta Sala Penal ordenó como medida de compensación a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, la reparación por daño inmaterial en su vertiente de daño moral, consistente en la indemnización a favor de Araceli Osorio Martínez y de Lesvy Rivera Calderón, madre y padre de Lesvy Berlín Rivera Osorio que sea cuantificada en la etapa de ejecución.
Cabe mencionar que desde el pasado 14 de julio de 2021, el feminicida de Lesvy fue trasladado “a un Centro Federal de Readaptación Social con sede en Guanajuato de mayor seguridad, a consideración de las autoridades penitenciarias de la Ciudad de México, por conductas ilegales detectadas en el sentenciado”
Desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) saludamos la resolución de la Magistrada Relatora Celia Marín Sasaki Y Magistrados integrantes de la Quinta Sala Penal, la cual ratifica la culpabilidad de Jorge Luis González Hernández. Una vez más la lucha de la familia de Lesvy rinde frutos y sienta un precedente para el alto a la violencia feminicida y evidencia la necesidad de juzgar con perspectiva de género y la debida diligencia, en concordancia con los más altos en materia de los derechos de las mujeres a nivel nacional e internacional.
• Hasta 60 años de cárcel en asesinatos por discriminación derivada de la identidad de género u orientación sexual
*“Necesitamos poner un alto a los crímenes de odio”, dice diputada López Domínguez
Redacción
SemMéxico, Oaxaca, 28 de octubre, 2021.- A iniciativa de la diputada morenista Magaly López Domínguez, el Congreso del Estado aprobó este miércoles una reforma al Código Penal que tipifica el delito de homicidio por razones de identidad de género u orientación sexual, dirigida a castigar de manera severa los crímenes de odio por homofobia y por transfobia.
El decreto aprobado establece una sanción de 50 a 60 años de prisión y multa de quinientos a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quienes cometan este tipo de asesinatos, cuando la pena por homicidio calificado es de 30 a 40 años de prisión.
La reforma prevé el aumento de la pena hasta un tercio más (hasta 20 años adicionales) si entre el asesino y la víctima existió una relación de parentesco, matrimonio, concubinato, convivencia, noviazgo, amistad o cualquier otra que implique confianza, y de dos tercios más (hasta 40 años adicionales) si el homicida es policía o militar.
La diputada proponente, Magaly López Domínguez, consideró que esta medida servirá para proteger los derechos y la vida de las personas de la diversidad sexual, y celebró la aprobación del dictamen emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género.
“Necesitamos poner un alto a los crímenes de odio; la expresión de la propia identidad no debe ser una condena a la discriminación, y mucho menos a la muerte”, expresó la legisladora de MORENA, e hizo votos por el avance de nuestra sociedad hacia una que no sólo acepte, sino que celebre la diversidad en todos los ámbitos de la vida.
La adición del artículo 292 bis al Código Penal establecerá ahora como homicidio por razones de identidad de género u orientación sexual el privar de la vida a una persona por desprecio u odio motivado por discriminación, homofobia, transfobia o misoginia, o la víctima sea de la comunidad LGBTTTIQ, activista o integrante de algún colectivo de defensa de los derechos de identidad de género.
Otros supuestos son que la víctima presente signos de violencia sexual, o se le hayan infligido heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras o mutilaciones o signos de asfixia, previos o posteriores a la privación de la vida.
También cuando el cuerpo, cadáver o restos de la víctima hayan sido enterrados, ocultados, incinerados o sometidos a cualquier sustancia que lo desintegre, o cuando existan datos que establezcan que hubo amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, aun cuando no haya denuncia, querella o cualquier otro tipo de registro.
Igualmente cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, o la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.
“Se entenderá como desprecio u odio cuando el activo realice conductas humillantes o degradantes, antes o durante la privación de la vida”, se precisa ahora en el mismo artículo 292 bis.
La reforma incluye la definición de la identidad de género como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, así como otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.
* Estereotipos de género siguen modelando la visión que las chicas tienen sobre los ámbitos STEM
* Según la Unesco, cerca del 30 % de las chicas escogen ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
Concha Moreno
SemMéxico/Periodistas.-Es.com, Barcelona, 28 de octubre, 2021.- Las investigadoras Milagros Sáinz, Lídia Arroyo y Alisa Petrof, de la Universitat Oberta de Cataluña, UOC, han analizado por primera vez los desafíos profesionales y los sesgos de género a los que se enfrentan las chicas que han optado por carreras científicas y tecnológicas en su transición al mercado laboral.
A pesar de los avances sociales y culturales en materia de equilibrio de género de las últimas décadas, siguen siendo pocas las chicas que eligen carreras STM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y que luego se integran en el mercado laboral en profesiones de este ámbito. Más escasas aún son las que logran acceder a puestos de liderazgo y decisión, incluso en ámbitos eminentemente femeninos, como medicina o farmacia.
Las tres mujeres han indagado en los motivos por los que las féminas siguen eludiendo matricularse en algunos ámbitos STEM, como informática, ingeniería o física, ligados tradicionalmente a roles masculinos, y han analizado por qué cada vez más eligen estudios asociados a la salud y los cuidados, como medicina, biología, enfermería o farmacia.
Con ese objetivo, han realizado un estudio con 26 adultos jóvenes —11 hombres y 15 mujeres, de entre 18 y 29 años, de Barcelona y Madrid— que, o bien están cursando una carrera del ámbito STEM, o bien trabajan ya en alguno de los sectores STEM desde hace como mucho cinco años. A partir de entrevistas en profundidad, las investigadoras han podido captar, desde una perspectiva de género, los desafíos en distintos ámbitos a los que deben enfrentarse hombres y mujeres, y las estrategias que desarrolla cada grupo para superarlos.
Sus resultados, publicados en la revista Emerging Adulthood constatan que los estereotipos de género —a menudo reforzados por la familia, la escuela y los medios de comunicación— siguen modelando la visión que las chicas tienen sobre los ámbitos STEM, que siguen considerando estas profesiones como eminentemente masculinas e infravalorando su capacidad para dedicarse a ellas.
Asimismo, las investigadoras han visto que uno de los factores que más siguen preocupando a las mujeres y las influyen a la hora de decidir si decantarse por profesiones de este ámbito, es si les permitirán conseguir un equilibrio entre la vida personal y la laboral, y si podrán compatibilizar maternidad y carrera sin ser penalizadas por ello. Nueve de las quince entrevistadas consideran que ser madres puede restringir su desarrollo profesional e impedirles llevar a cabo una carrera exitosa, una situación que —consideran— no afecta a sus compañeros hombres.
La falta de exposición a modelos de mujeres con una trayectoria de éxito en el ámbito STEM y a programas de mentoría con investigadoras, ingenieras y científicas también se asocia a una falta de sentimiento de pertenencia a las disciplinas STEM, lo que empuja a muchas chicas con talento a abandonar la idea de entrar en estos ámbitos.
Asimismo, este estudio confirma que, a pesar de que tanto chicos como chicas tuvieron que enfrentarse a una coyuntura económica desfavorable posterior a la crisis económica de 2008 —que afectó de forma especialmente dura a España— y a una falta de oportunidades laborales, reaccionaron de maneras muy distintas. Ellos se mostraban abiertos y dispuestos a la movilidad internacional para optar a una mejor situación en el mercado laboral, mientras que ellas, debido a las expectativas de maternidad y a las dificultades propias de las crisis, redujeron sus expectativas iniciales de desarrollo de su carrera profesional.
Según la Unesco, cerca del 30 por ciento de las chicas escogen STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en secundaria. No obstante, apenas hay representación femenina en ámbitos como las tecnologías de la información y la comunicación (solo un tres por ciento de mujeres las escogen) o las matemáticas y la estadística (con solo un cinco por ciento de mujeres), en comparación con la representación masculina. De hecho, siete de cada diez chicos escogen estos estudios.
Esta situación es compartida por todos los países desarrollados. Asimismo, en dichos países las mujeres sobrepasan a los hombres en todas las disciplinas relacionadas con el cuidado y la salud, como medicina o farmacia, en las que la representación femenina asciende al 70 por ciento.
Las investigadoras de este trabajo destacan que uno de los principales desafíos a escala mundial en el futuro más cercano será el déficit de profesionales en los sectores tecnológicos. Por ese motivo, «no se puede desperdiciar el talento femenino ni el potencial de las mujeres», señalan.
* En toda su historia solamente una mujer ha llegado a ser presidenta
José Antonio Sánchez Gómez
SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 26 octubre, 2021.- El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya han cerrado el acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.
La renovación del Tribunal Constitucional deja ver de nuevo una falta de paridad en el reparto de los magistrados y magistradas que lo conforman. Dos hombres y dos mujeres son los nuevos nombres que figuraran en las listas del Alto Tribunal. Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales, Concha Espejel Jorquera, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y Juan Ramón Sáez Valcárcel, Magistrado de la Audiencia Nacional.
Es cierto que el nombramiento de Montalbán, con una amplia trayectoria vinculada a la lucha contra la violencia de género, ha sido valorada positivamente por el feminismo y quienes defienden los derechos de las mujeres.
Echando la vista atrás en la historia del Tribunal Constitucional, se observa que la elección de los magistrados no ha avanzado en suma a una igualdad para hombres y mujeres. Desde su formación en el año 1980, de los 64 representantes que han formado parte del alto tribunal, únicamente 6 han sido mujeres y nunca ha habido más de dos mujeres cohabitando juntas en este órgano. Con la renovación se rompe esta norma, y cohabitaran tres mujeres a la vez. En toda la historia de esta institución, de los diez presidentes que ha tenido el Tribunal Constitucional, únicamente ha habido una presidenta, María Emilia Casas Baamonte, entre los años 2004 y 2010 y magistrada desde el año 1998.
Solo un 9 por ciento de quienes integran el Tribunal Constitucional han sido mujeres, el resto de las magistraturas han recaído en manos de los varones, lo que se traduce en que los altos cargos de la justicia en España han estado y están ocupados en un 91 por ciento por hombres.
‘’Vamos a asistir a una deliberación en la que una mayoría aplastantemente masculina va a opinar sobre un proceso biológico genuinamente femenino’’
Gloria Poyatos, directora regional de Internacional Association of Women Judges (IAWJ) y magistrada del tribunal constitucional de Canarias ha ofrecido su opinión sobre esta decisión: «es lamentable que asistamos dentro de poco a la resolución de una ley, como es la Ley del aborto, en la que un tribunal mayoritariamente masculino va a tener que opinar sobre un proceso biológico genuinamente femenino. Esto no debiera suceder. Como mínimo la mitad de los integrantes deberían ser mujeres. Van a dar opiniones sobre situaciones, sensaciones y emociones ajenas. Otras personas pueden pensar que no es necesario tener esos sentimientos para dictar resoluciones, pero yo creo que sí. El Tribunal Constitucional debe ser lo más diverso posible porque así es más democrático. Esto se llama honestidad constitucional.’’
La elección de estos magistrados ralentiza el ejercicio de la igualdad de género en la justicia. El Tribunal Constitucional tiene competencias para anular las leyes que salen del Parlamento, del Ejecutivo e incluso las sentencias del Tribunal Supremo. «Somos muy escrupulosos con las listas paritarias en el ámbito legislativo, por ejemplo, pero desatendemos totalmente la necesidad de que exista un equilibrio en un órgano que es como un cuarto poder de facto. Creo que se ha perdido una oportunidad de democratizar el Tribunal Constitucional,’’ ha declarado Gloria Poyatos.
El Tribunal de Cuentas añade los nombres de: Enriqueta Chicano Jávega, Isabel Fernández Torres, Dolores Genaro Moya, Elena Hernáez Salguero, Diego Íñiguez Hernández, Rebeca Laliga, José Manuel Otero Lastres, Joan Mauri Majós, Javier Morillas, Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla, M.ª Luz Rodríguez Rodríguez y Miguel Ángel Torres Morato. En este caso se puede apreciar que la lista de nombres que pasan a formar parte de esta institución contempla un ejercicio de la paridad mucho más efectivo. El Tribunal de Cuentas es una institución que posee un departamento en su organización dedicado a igualdad y género.
En lo que corresponde al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo sustituirá al socialista Francisco Fernández Marugán y tendrá como segunda en la institución a la popular Teresa Jiménez Becerril. El cargo de Defensor del Pueblo tampoco parece arrojar paridad. En la historia de este cargo únicamente ha ejercido una mujer, Soledad Becerril Bustamante, quien ocupó el sexto mandato entre el año 2012 y el año 2017.
La renovación de todos estos órganos pone de manifiesto que el poder recae de nuevo en las manos de los hombres y que habrá que seguir trabajando en igualdad de género para poder conseguir cuotas paritarias.
* Causa en Común llama a los gobiernos a enfrentar a las organizaciones criminales
* índice de criminalidad mayor a lo que dicen las cifras oficiales
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 28 de octubre, 2021.- Ante el alza en los índices de feminicidios, trata de personas y violencia familiar registrados por el Sistema Nacional de Seguridad Publica en lo que va del año, Causa en Común hace un llamado al gobierno federal a emprender una estrategia que parta de la responsabilidad de enfrentar a las organizaciones criminales y señala que el índice de criminalidad es mayor a lo que dicen los datos oficiales.
El llamado también es a los gobiernos locales para que emprendan urgentemente proyectos de fortalecimiento institucional, rescatar los cuerpos de policías de la grave crisis que padecen, y al Sistema Nacional de Seguridad que asuma su papel institucional respecto al desarrollo de policías, procuradurías y sistemas penitenciarios, y el adecuado registro de la incidencia delictiva en el país.
En lo que va del sexenio se han registrado más de 100 mil asesinatos y diversos delitos de alto impacto, continúa el aumento de feminicidios, estimado en dos por ciento más en el 2021 con respecto al periodo de enero a septiembre del 2020, cuando se reportaron 762 víctimas.
También aumentó en 13 por ciento el delito de trata de personas, con 591 casos, y 18 por ciento las denuncias por violencia familiar, con 192 mil 746.
Causa en Común en el análisis de la incidencia delictiva, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) al 20 de octubre del 2021, destaca que independientemente de la pandemia, el nivel de criminalidad es mucho mayor de lo que reflejan los datos oficiales.
Lo anterior, afirma con base a las encuestas de victimización y los subregistros de delitos de alto impacto en varios estados, como feminicidios, secuestros y extorsiones. El subregistro de delitos podría deberse, no sólo a que la ciudadanía no los denuncia o a que las instituciones no promueven la denuncia, sino también a que posiblemente, autoridades estatales y federales manipulan las cifras de incidencia delictiva.
Algunos delitos como asesinato (-3 %), robo con violencia de vehículos (-11 %) y secuestro (-22 %) tuvieron disminuciones de enero a septiembre de 2021, respecto al mismo periodo de 2020. Es posible que aún se presenten los efectos del confinamiento, y a las dificultades para presentar denuncias.
Sin embargo, en el robo con violencia registró un incremento del nueve por ciento. En el periodo, el número de casos reportados por el SESNSP fue de 41,201. De igual forma, el delito de extorsión tuvo un incremento de seis por ciento, con un total de seis mil 932 víctimas. El narcomenudeo registra 62 mil 574 casos, lo que implica un incremento de ocho por ciento respecto del mismo periodo de 2020.
México entre los países con más altos niveles de impunidad en el mundo
El impacto económico de la violencia en México representa alrededor del 10 por ciento del PIB y, desde el 2017, el impacto económico del homicidio ha aumentado 156 por ciento lo que destaca a México entre los países de América Latina y el Caribe.
De acuerdo al Índice Global de Impunidad, México es uno de los países con los niveles más altos en impunidad.
En los últimos dos años la seguridad pública se ha militarizado aceleradamente y se han reducido los fondos destinados a las policías locales.
Las anomalías en los registros delictivos no solo son detectadas por “Causa en Común”, también “México Evalúa” señala que dos décadas tres estados presentan retos en la precisión y confiabilidad de sus estadísticas delictivas.
De acuerdo a los datos oficiales del aumento del dos por ciento en feminicidios 17 estados van al alza en el que se destacan Aguascalientes, Campeche, Tlaxcala, Quintana Roo y Chiapas.
Los 10 municipios con más registros de feminicidios en el 2021 son Culiacán en Sinaloa con 15 ; Ciudad Juárez con 13, y Chihuahua con nueve; Tlaquepaque, Tlajomulco con 12 cada uno, y Zapopan con siete en Jalisco; Puebla y Gustavo A. Madero con nueve cada uno; Ecatepec con siete y Tultitlan con seis feminicidios en el Estado de México.
Respecto a los delitos de trata que se incrementó en 13 por ciento con respecto al 2020, son 14 estados que van al alza entre los que destacan Puebla, Querétaro, Campeche, Baja California Sur y Nuevo León.
Los 10 municipios con más casos registrados de trata de personas de enero a septiembre 2021 son Tijuana con 43; Monterrey con 30; Toluca con 27; alcaldía Cuauhtémoc con 26; Puebla 25, Guadalupe, Nuevo León 13; Metepec, Ecatepec con 11, 10 y Nezahualcóyotl y Chihuahua con nueve.
En materia de secuestros el registro de víctimas disminuyó 22 por ciento de enero a septiembre del 2021 con respecto al mismo periodo del 2020. Al alza nueve estados: Nayarit, Querétaro, Campeche, Yucatán, San Luis Potosí, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.
La violencia familiar aumentó 18 por ciento en 2021 con respecto al 2020, en este delito 24 estados tienen un aumento en sus números. Los 10 municipios que registraron mayores casos de violencia familiar, de enero a septiembre del 2021, fueron Ciudad Juárez con cinco mil 380, Iztapalapa con cuatro mil 518; Tijuana con cuatro mil 468; Gustavo A. Madero con tres mil 409, San Luis Potosí con tres mil 192; Saltillo con tres mil 132; Mexicali con tres mil 131 casos; Monterrey con dos mil 852; Tabasco con dos mil 499 y Durango con dos mil 443 denuncias de violencia familiar.
* Anuncia la creación de una Defensoría de los Derechos Políticos de las Mujeres en 2022
* Todos los órganos y tribunales electorales deben tomar conciencia de género a través del conocimiento y la capacitación obligatoria, como hoy lo hace el INE
Sara Lovera, segunda y última parte
SemMéxico, Cd. de México, 28 de octubre, 2021.-La violencia política contra las mujeres en razón de género, VPMRG, debe atenderse de manera expedita y efectiva, para ello se necesita que quienes laboran en el Instituto Nacional Electoral, INE, respondan adecuadamente a esta responsabilidad y hagan justicia a las mujeres que experimentan esa violencia, la identifiquen y actúen conforme a la ley.
Eso constituye un reto, “cómo facilitamos el acceso a la justicia, cuál es el remedio jurídico de las víctimas, con qué herramientas y con qué conocimientos”, reflexionan juntas – en entrevista con SemMéxico- la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, presidenta la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y la jefa de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación, Laura Liselotte Correa de la Torre.
Norma de la Cruz Magaña sostiene que por ello el Instituto Nacional Electoral INE ya inició un proceso de cambio interno movilizado a la luz de las experiencias de las elecciones de junio pasado, violentas y discriminatorias para las mujeres.
Se han puesto a evaluar qué significa, entre más de 100 denuncias, apenas se logró la sentencia histórica, la primera, que acordó la nulidad electoral en el municipio de Iliatenco, ubicado en la región de la montaña alta del estado de Guerrero tras la queja de Ruperta Nicolás Hilario, mujer indígena me’phaa.
Ello sucedió tras un juicio de inconformidad, puesto que no se resolvió su queja a través de un Procedimiento Especial Sancionador (PES) por Violencia Política en Razón de Género, ¿algo pasa ahí? Ha dicho la conejera, por eso se están haciendo varias cosas, entre ellas capacitar a las y los colaboradores del INE, de lo más básico en conocimientos de género, al análisis del marco legal y los acuerdos del INE, sus obligaciones de ley puesto que es un derecho de las candidatas que sus quejas sean debidamente atendidas.
El ejemplo, del caso de Ruperta Nicolás Hilario es revelador que ella expuso en el PES todos los agravios que sufrió, solicitó la acción del OPLE de Guerrero, ¿y qué pasó? Que la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Guerrero libró de responsabilidad al candidato ofensor y a su partido, centrarse únicamente en acreditar VPMRG por parte de un periodista, se desestimó la solicitud, y por ello hubo que hacer una revisión. ¿Por qué tantos pasos?
Ambas consideran que esa responsabilidad hay que cumplirla, con conciencia y conocimiento de todo el contorno de discriminación y violencia de género, conocimientos necesarios en la materia electoral. Ahora es “nuestro trabajo hacerlos accesibles, ganarnos la confianza, de manera sutil entrar en estos procesos, quitar las vacunas de los prejuicios, donde se cree que son temas de viejas, argüenderas, insistentes”.
Abrir espacios sensibles a lo que piensa el otro y la otra, desentrañar el funcionamiento de las construcciones sociales, esto es entrar como el agua, para tener aliados, y transitar sobre lo que ahora no es por convicción, sino por obligación. Todas y todos tienen que ir aprendiendo, vamos avanzando, poco a poco, ese es el reto, dice Norma de la Cruz Magaña.
Se refería a la cruzada de capacitación a más de dos mil 700 personas. A la reflexión en otros espacios, de la mano de las otras instancias electorales y de las organizaciones sociales. Lo más trascendente es tomar en serio que el INE vela por la democracia y la no violencia.
Es por ello que “tenemos que repensar” y reflexionar cómo hay que hacer cambios en la psique y la responsabilidad de quienes “trabajamos en el INE” para atajar la violencia contra las mujeres. Y eso “no es por ósmosis”.
Por ejemplo, la iniciativa 3 de 3 Contra la Violencia, adoptada por el INE, dice la consejera, es una buena herramienta, pero hay que reformularla para hacerla todavía más efectiva y cumpla su función, -el límite es que quedó en voluntaria- cuando lo que se quiere es “que sean personas íntegras las que se postulen a las candidaturas y que nos representen”.
El caso de Iliatenco sí es parteaguas, pero es necesario ir a un análisis más integral, ponernos más atentas, porque la violencia –también digital- crece así “lo vamos a ver en 2022. Explicó que “no es que aumente la violencia, ahora la estamos nombrando e identificando, por eso hay y habrá más denuncias”.
Luego la responsable de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación anunció que hay planes para ampliar la participación de fiscalías electorales, del observatorio de los derechos políticos contra las mujeres y “ya estamos hablando de crear una Defensoría de Derechos Políticos de las Mujeres – no en el INE-, pero se está platicando, “se necesita que sea sólida. Pronto vamos a tener noticias”.
Y aunque las funcionarias del INE, no contaron en esta entrevista cómo fue que no pudieron actuar en el caso de Félix Salgado Macedonio -acusado de violación- y a quien se le anuló su candidatura por no haber entregado un informe de gastos en su pre campaña-, la Consejera si planteó el problema.
El INE tienes problemas al no poder intervenir vía partidos políticos, sin embargo “tienes que hacer tu tarea”, volviendo al acuerdo de 3 de 3, contra la violencia, cuyo objetivo es conseguir que ninguna persona que quiera ser candidato o candidata, pueda hacerlo si tiene conductas violentas en el espacio privado o público y es infractor en el pago de alimentos.
¿Cuál es el problema? Que demostrar que se es una persona íntegra es “casi voluntario” pero, además, los partidos políticos no hicieron ninguna planificación, sobre ello, lo dejaron pasar.
El INE, en un análisis mensual, sólo encontraron tres casos con sentencia de Violencia contra las mujeres, es decir una sentencia firme. Norma de la Cruz Magaña piense que se debe retirar ese candad, porque el Tribunal Electoral regresa los casos.
Eso implica que no sólo en el INE, sino en todos los demás órganos competentes, la sensibilización, los conocimientos, cobran importancia sustantiva y abarcadora. Todas las instancias tendrían que hacerlo, de manera obligatoria, continua y abarcadora.
* La impunidad es superior al 90% en 24 entidades del país
* El informe Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México revela sesgos de género
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Cd. de México, 28 de octubre, 2021.- En México, las mujeres cometieron el seis por ciento del total de delitos ocurridos en 2020, sin embargo, son castigadas con penas más altas que los hombres, señala el informe de Hallazgos 2020, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, además, revela que la impunidad en el fuero local, en promedio nacional, es del 94.8 por ciento y en el federal es del 95.1 por ciento
Durante la onceava sesión del Consejo Editorial de Género de la OEM, Cristel Rosales, investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa, explicó que entre los Hallazgos 2020, se encontró que las mujeres son sancionadas con más años de prisión en comparación con los hombres.
De esta manera, según el informe apoyado en estadísticas del INEGI y otras fuentes oficiales, se dan de 17 a 20 años de prisión al 9.6 por ciento de mujeres, en tanto el 7.7 por ciento de los hombres de los hombres reciben esos años de prisión. Otro indicador es cuando la sentencia supera los 21 años de prisión, donde el 37 por ciento de los casos corresponde a mujeres y 10 punto porcentual menos a los hombres.
Prisión preventiva ¿somos más riesgosas?
Estos Hallazgos 2020 revelan que incremento de 21 por ciento en el uso de la prisión preventiva en el fuero común de 2019 a 2020.
Tlaxcala, Jalisco y Chiapas son las entidades donde se impone más prisión preventiva y esta se impone a tres de cada 10 hombres, en las mujeres es una de cada dos.
Se comprobó que los roles, estereotipos y prejuicios implican aplicación de “justicia” con mayor impacto en mujeres.
En cuanto al porcentaje de población sentenciada y procesada, porcentualmente son más mujeres que hombres en 11entidades: Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.
Las víctimas
La investigadora senior del Programa de Justicia de México Evalúa explicó que ese año hubo 21.2 millones de víctimas en este país, 211 mil atendidas, de las cuales el 47.3 por ciento fueron mujeres.
En relación con la “violencia letal”, los Hallazgos 2020 revelan que hubo 36 mil 579 homicidios, 20 de cada cien mil. De ellos, tres mil 874 fueron asesinatos violentos contra mujeres.
Violencia de género
En 2020 donde dos tercios del año se vivió en confinamiento sanitario aumentaron en 27 por ciento los delitos de género y la violencia familiar en cinco por ciento. Las instituciones reportan 700 mil llamadas al 911 por violencia en hogar.
En relación con las personas desaparecidas, al 27 de octubre de este año, hay 93 mil 830 personas desaparecidas, sólo de 2020 fueron 20 mil 56. Más de ocho mil fueron mujeres y niñas.
Estos Hallazgos 2020, revelan que se registraron casi dos millones de denuncias y querellas, solo el 14 por ciento con detenido y el 86 por ciento sin detenido.
Pregunta ¿Qué pasa con los casos conocidos por las autoridades? Y señala que sin plan de persecución penal con enfoque de género no hay distinción entre casos, la cifra negra 2020: 93.3 por ciento.
En suma, ese año, fueron vinculados a proceso el 2.5 por ciento de los casos iniciados en las Fiscalías.
México, terreno de impunidad
Impunidad estructural, 75% de las entidades con más de 90 % de impunidad.
Índice de Impunidad y grado de efectividad en el Sistema de Justicia Penal 2020 alcanza un porcentaje de promedio nacional, en el fuero local del 94.8 por ciento, 24 entidades por arriba del 90 por ciento.
Estas entidades son del más alto índice de impunidad 99.5 hasta 91.3 por ciento son: Guerrero, Chihuahua, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Ciudad de México, Tamaulipas, Baja California Sur, Colima, Morelos, Campeche, México, Tabasco, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, Sinaloa Chiapas y Querétaro.
Es decir, el 75 por ciento de las entidades tienen índice de impunidad mayores al 90 por ciento.
Del resto Coahuila, Michoacán, Michoacán, Baja California, Tlaxcala, Sonora, Guanajuato y Yucatán la impunidad oscila entre el 89.1 y el 85.3 por ciento; Zacatecas es la única entidad mexicana donde el índice de impunidad y grado de efectividad del Sistema de Justicia Penal 2020 es menor con 76.6 por ciento.
La impunidad en el fuero federal es del 95.1 por ciento. En casos de tortura y desaparición forzada es del 100 por ciento. En casos de violencia familiar, el principal “resultado” es el Archivo Temporal.
¿Justicia generalizada?
Otro de los Hallazagos encontrados: CUATRO de 33 fiscalías generales de las entidades federativas y la general de la República están dirigidas por una mujer.
CINCO de 33 tribunales de justicia son dirigidos por mujeres.
CUATRO de 10 personas juzgadoras son mujeres, también TRES de 10 magistradas.
18 por ciento de las policías de investigación son mujeres.
24.6 por ciento del personal de seguridad pública estatal son mujeres.
SIETE de cada 10 secretarias de estudio y personal administrativo son mujeres.
* Marcha de Catrinas también recordarán a las que ya no están
Micaela Márquez/Soledad Jarquín
SemMéxico, Cd. de México, 28 de octubre, 2021.- Organizaciones y colectivos de mujeres, así como madres de víctimas de feminicidio han convocado a diferentes acciones en memoria de mujeres asesinadas.
Morelos
En Morelos, este 28 de octubre, se colocará la Ofrenda de Mixquitli, con flores de cempaxúchitl a las víctimas de feminicidio. Es, dice la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. un llamado para que los feminicidios se detengan en esa entidad, ya que el feminicidio es la culminación de una situación de violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres.
En estas fechas traemos a la memoria colectiva las ausencias definitivas de quienes han sido víctimas es para reforzar los lazos comunitarios y reivindicar la lucha por la alegría, la verdad y la justicia, dice la organización no gubernamental.
Oaxaca
En la ciudad de Oaxaca, convoca el Círculo de Cantos Ixchel -Universidad de la Tierra- a las 16 horas, 4 de la tarde, este sábado 30 de octubre, a la Ofrenda Ritual para las Mujeres Víctimas de Feminicidio. La cita es a un costado de la Catedral de esa capital.
Estado de México
En Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y “en memoria de las que ya no están”, este 31 de octubre se realizará una Antiofrenda bajo el lema “no alcanza el Cempasúchil para guiar a todas las que nos quitaron”.
La cita es en el Kiosko de la calle de Laurel o Colorín a un costado de la iglesia de las Lomas de San Miguel de Atizapán de Zaragoza Estado de México.
CDMX
En la Ciudad de México se organizan diversas actividades, como la Marcha de las Catrinas, el 1 de noviembre, que saldrá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan a la Antimonumenta a partir de la 6 de la tarde donde se colocará una ofrenda a mujeres y niñas víctimas de la violencia machista. Antes de partir se fijarán diversos posicionamientos. Acto al que asisten madres de víctimas de feminicidio.
Y a las 15 horas, se instalará la Ofrenda en Memoria de las víctimas de feminicidio, también el día 1 de noviembre la cita es en el Monumento a la Revolución, convoca Ni Una Menos.
Coahuila
En Saltillo Coahuila, también se realizará una Marcha de las Catrinas el 2 de noviembre a las 18 horas, en la plaza de San Francisco hacia el Altar de Muertas ubicado en Xicotencatl 725, en el centro de la capital de Coahuila, la promoción de esta actividad se realiza bajo el #FeminicidioPandemiaIncontenible
