Muriel Salinas Díaz
SemMéxico, 20 de septiembre, 2021.- Una democracia bien puede medirse en función de cómo trata un gobierno a las mujeres, especialmente cuando conformamos más de la mitad de la población. Por ello, debe ser de especial preocupación para el país cuando las decisiones de un gobierno pasan por encima del mandato constitucional que le obliga a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, las leyes mexicanas y los tratados internacionales en la materia de los que México forma parte.
México ha suscrito importantes tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres e igualdad de género, mediante los que se obliga a adoptar múltiples medidas de política pública, legislativas y presupuestales para su aplicación y cumplimiento. Pero son especialmente tres a las que me referiré, dos de ellas por su carácter vinculante: la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará). La tercera, que es de carácter político, es la Declaración y la Plataforma de Acción derivadas de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, conocida como la Plataforma de Acción de Beijing (PAB), que define y orienta a los países que la han suscrito respecto a la implementación de una política de Estado para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres, con base a 12 esferas de especial preocupación. En esta los Estados parte de la PAB adoptaron compromisos tan relevantes como impulsar políticas nacionales para la igualdad, crear Mecanismos Institucionales para el Adelanto de las Mujeres, destinar al menos el 20% de los presupuestos nacionales para el desarrollo a la implementación de las políticas de igualdad, adoptar la perspectiva de género como enfoque y como estrategia para su diseño e implementación, entre otras.
Así, tras la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en 1995, correspondió al entonces Presidente Vicente Fox Quezada instituir y poner en marcha el Instituto Nacional de las Mujeres, luego de que en el sexenio de Ernesto Zedillo este organismo tuviese la figura de un Consejo Nacional.
A pesar de la llegada de un gobierno de corte conservador en el 2000, y de que se esperaban por ello grandes retrocesos en esta materia, México inició la adopción de diversas medidas para dar cumplimiento a estos compromisos internacionales, instituyendo la política de igualdad entre mujeres y hombres como una política de Estado, mediante la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. A pesar de las presiones y resistencias del ala ultraconservadora del PAN, nadie puede negar que Fox Quezada asumió la responsabilidad como Jefe de Estado de cumplir con los compromisos internacionales en esta materia durante su gobierno. La fuerza del movimiento feminista y amplio de mujeres y la alianza con las legisladoras federales, jugaron sin duda un papel central en estos avances. Cabe recordar también que correspondió al gobierno de Vicente Fox impulsar una política nacional de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, dando para ello un papel central al Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), entonces a cargo de una querida y destacada feminista, Cecilia Loría, quien implementó en dicha política importantes medidas para la transversalización de la Perspectiva de Género en los programas a cargo de dicha institución, en especial en el Programa de Coinversión Social. Por su parte, también en este sexenio el Inmujeres dio inicio al Programa Proequidad, el cual tenía como objetivo otorgar financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, a fin de favorecer el desarrollo de diversos proyectos cuyo propósito es mejorar las condiciones de vida de las mujeres, cuya primera edición se implementó en 2002.
Correspondió también al gobierno de Fox instituir y poner en marcha el Programa de Fortalecimiento a la Transversalización de la Perspectiva de Género y el PAIMEF, entre otros. Instituciones, como la SAGARPA, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el entonces Instituto Nacional Indigenista, la Secretaría de Desarrollo Económico, entre muchas más, contaban con programas y recursos destinados a la igualdad entre mujeres y hombres, que hoy han desaparecido del presupuesto federal.
Correspondió a Felipe Calderón Hinojosa dar continuidad a esta política nacional y fortalecerla, y fue en el segundo año de su gobierno cuando fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante la cual se instituyó la Política Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que al igual que la política de igualdad entre mujeres y hombres, tiene instituidos tres instrumentos: un programa nacional, un sistema y un mecanismo de observancia. En el caso de la política de igualdad, la observancia recae en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hoy brilla por su ausencia en el cumplimiento de esta atribución. Durante este sexenio fue creada la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), esta última adscrita a la Secretaría de Gobernación, responsable de coordinar la Política Nacional en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Siendo también el de Felipe Calderón un gobierno panista, este designó como titular del Inmujeres a Rocío García Gaytán, proveniente de la sociedad civil y comprometida activista del movimiento feminista de Jalisco, a quien sostuvo hasta el final de su sexenio, pese a que se pronunció públicamente a favor de la despenalización del aborto, enfrentando las fuertes reacciones y presiones del ala ultraconservadora de su partido y de las organizaciones Pro Vida. El Inmujeres tuvo la estructura organizacional más fortalecida durante la gestión de García Gaytán, por lo que en dicho período se avanzó de forma considerable en el proceso de transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública Federal, se lograron importantes reformas a la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación para incorporar la perspectiva de género y también en este período se adoptó en el Instituto la agenda de los derechos políticos de las mujeres y la democracia paritaria como política pública.
Correspondió a Enrique Peña Nieto dar marcha atrás, al inicio de su sexenio, a su propuesta de reducir el Inmujeres a una coordinación dependiente de la Secretaría de Gobernación, pues ello provocó fuertes reacciones del movimiento feminista y amplio de mujeres, que finalmente le convencieron de desistir, en virtud de que dicha medida implica un retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres y un incumplimiento a la CEDAW, pues el Comité de Expertas recomendó a México asegurar que el Mecanismo Nacional para el Adelanto de las Mujeres tuviese el rango más elevado dentro de la estructura jerárquica del gobierno, lo cual no se logró, pero al menos se mantuvo como un organismo público autónomo.
Correspondió a Peña Nieto adoptar e impulsar la agenda de la democracia paritaria en México, presentando al Congreso de la Unión la iniciativa de reformas constitucionales para instituir la Paridad de Género en nuestro sistema electoral, siendo aprobada dicha reforma en 2014. Lo cual claramente fue posible gracias a los puentes que estableció la entonces titular del Inmujeres, Lorena Cruz, con las organizaciones feministas que impulsaron esta agenda y que fueron un puente estratégico entre el ejecutivo y el poder legislativo federal para lograr la aprobación de esta primera reforma constitucional, que fue implementada por primera vez en las elecciones de 2015. Durante su sexenio también se creó el Observatorio Nacional de Participación Política de las Mujeres y 32 observatorios estatales en la materia, estos últimos impulsados desde el Inmujeres.
Si bien lo que he reseñado no representa todo lo que en cada uno de estos gobiernos se realizó en cuanto a la política nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, que por cierto aún tiene enormes áreas de oportunidad para fortalecerse y mejorarse, me he permitido enunciar algunos de los avances logrados a lo largo de los últimos años, para poder aportar a las y los lectores una mirada quizá un poco más nítida de lo que hoy representan las medidas dadas a conocer recientemente en diferentes medios de comunicación y que se perfilan hacia el desmantelamiento del Inmujeres y de otros mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres, como la CONAVIM, los cuales se pretende fusionar en aras de ahorrar recursos públicos para fortalecer los proyectos prioritarios del presidente, contraviniendo así las Leyes Generales que mandatan estas dos políticas públicas centrales para el acceso de las mujeres a la igualdad y a una vida libre de violencia.
Tanto la igualdad, como el acceso a una vida libre de violencia, son derechos humanos de las mujeres consagrados en los tratados internacionales, en nuestra Constitución Política y en las Leyes Generales. Desde el derecho internacional, y más claramente desde la CEDAW, se ha establecido que los gobiernos no pueden aducir falta de recursos para su garantía.
Hoy, con el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, las mujeres enfrentamos no solamente un peligroso desmantelamiento de las instituciones encargadas de garantizar estos derechos, sino que se han eliminado políticas públicas fundamentales para la vida democrática y la gobernanza, como la política nacional de fomento a las actividades de las OSC. Y se han eliminado importantes programas sociales que orientaban sus esfuerzos a abatir la creciente feminización de la pobreza, como lo fue el entonces programa Progresa, creado durante el sexenio de Ernesto Zedillo, el cual tuvo continuidad con Vicente Fox, quien lo llamó Oportunidades y finalmente durante el sexenio de Peña Nieto se denominó Prospera, que tuvo importantes impactos en cuanto a la reducción de las brechas de desigualdad en el acceso de niñas y niños a la educación básica y en el empoderamiento de las mujeres y su participación social y política en sus comunidades y municipios.
También en esta administración fueron eliminados programas federales como el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y programas orientados a favorecer la autonomía económica de las mujeres, como el Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora, que desde el 2021 no tiene ni un peso etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para su puesta en marcha y que de igual forma aparece con cero pesos etiquetados en el Anexo 13 del PEF 2022. Para la Secretaría de Gobernación, en el PEF 2022 sólo fue etiquetado un monto de $1,532,783 pesos para la protección y defensa de los derechos humanos, mientras que en 2021 tenía $7,289,977 pesos. Para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, se etiquetaron $310,451,545 pesos, lo que implica un incremento de 10 millones 287 mil pesos aproximadamente.
No omito mencionar que en el Anexo 13 del PEF 2022, en el cual se concentra la información relativa a las erogaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres, se reporta un incremento considerable, pero esto es así debido a que se incorporaron en dicho anexo programas que no tienen como objetivo la igualdad de género y que en sus reglas de operación tampoco tienen incorporada la perspectiva de género, como es el caso del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, el Programa de Adquisición de Leche Nacional, el de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, el programa de Fertilizantes o el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, entre muchos otros que nada deberían hacer en este anexo y que solo abonan a la simulación de la política nacional de igualdad.
El avance más significativo que hemos logrado las mexicanas durante la administración de López Obrador se ha dado en el Congreso de la Unión, con la reforma constitucional aprobada en 2019 en materia de paridad en todo, mediante la que se instituyó la paridad de género en los tres poderes de la unión, los tres niveles de gobierno y los organismos autónomos, así como las reformas legislativas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, en estos momentos el Gabinete del Ejecutivo Federal no es paritario, contraviniendo el ahora mandato constitucional, en tanto que el partido oficial, si bien no es el único, sí se ha destacado en el pasado proceso electoral por proteger abiertamente a varios personajes de sus filas que han sido judicializados por violencia contra las mujeres y por violencia sexual, incluyendo algunos que el propio presidente ha defendido a capa y espada, en cadena nacional, confrontándose así con el movimiento feminista, al que ha señalado de ser su enemigo y cómplice de los llamados conservadores.
Si bien es cierto que lo alcanzado en materia de políticas públicas para la igualdad en los sexenios anteriores no eran del todo satisfactorio en muchos sentidos, resulta imposible negar que se avanzó. Estos avances no habrían sido posibles sin los aportes y la participación activa del movimiento feminista y amplio de mujeres y sin una política de fomento a las organizaciones de la sociedad civil, mediante la cual contribuyó a su profesionalización, al fortalecimiento de su capacidad de interlocución e incidencia con el Estado y a la construcción de una incipiente gobernanza que, también, hoy se ve gravemente debilitada.
Todas las políticas públicas son perfectibles, sin duda. Sin embargo, los retrocesos que hoy estamos atestiguando en materia de igualdad entre mujeres y hombres son, por mucho, incomparablemente graves. Habíamos dado dos, quizá tres pasos hacia adelante en esta agenda durante los últimos cuatro sexenios. Pero en este se avecinan muchos pasos hacia atrás.
