Serendipia hace solicitudes de información pública, sin respuesta

Yessica Morales

SemMéxico/Chiapas Paralelo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 13 de marzo 2022.-  A cinco años de la activación de la Alerta de Género en Chiapas, en un inicio el dinero que se le ha destinado ha sido para las medidas de prevención. Sin embargo, colectivos feministas denunciaron la escasa efectividad de estas, así como la poca atención que reciben mujeres indígenas y migrantes en el estado, informó la iniciativa independiente Serendipia.

En 2016, 52.4% de las mujeres mayores de 15 años enfrentaron algún tipo de violencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). Tan sólo en ese año, 26.4 por cada cien mil, fue víctima de violación, según datos analizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Un año antes, la tasa de feminicidios alcanzó 1.33 casos por cada cien mil féminas.

Dicho esto, fue el 18 de noviembre de 2016, se decretó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en siete municipios: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Así mismo, se declaró la implementación de acciones específicas para atender la creciente violencia contra mujeres indígenas de la región de Los Altos, territorio caracterizado por su diversidad étnica, lingüística, cultural y religiosa.

Ante este contexto, la iniciativa dirigió 33 solicitudes de información pública a dependencias de nivel estatal y municipal encargados de atender esta Alerta en las siete regiones en que actualmente está activa, con la intención de conocer las acciones concretas. Entre ellas, requirieron una relación de los gastos realizados en la materia desde que existiera registro, además de una copia en versión pública de los documentos: facturas, contratos, órdenes de compra, que comprobaran dicha distribución.

En ese sentido, sólo el 39.3 por ciento de las dependencias entregó la información solicitada y en 27.7% de los casos no recibieron una respuesta. El 9% señaló no contar con recursos para atender la AVGM y nueve por ciento más manifestó no realizar gastos, además 6% se proclamó incompetente y otro 6 por cientos sin información.

26.6 por ciento del dinero para la Alerta de Género en Chiapas se destina a la capacitación de funcionarios públicos, enfatizó Serendipia.

La gráfica muestra la clasificación de los recursos públicos destinados a la Alerta de Género reportados por el estado. Las categorías son las estipuladas en la declaratoria de Alerta de Género decretada por la CONAVIM. Además, fue incluido el rubro “sin categoría” para los gastos que no correspondan a ninguna de estas.

Cortesía: Serendipia.

De ese modo y de acuerdo con los datos reportados a las solicitudes de información, en Chiapas la capacitación de servidores públicos ha supuesto el mayor gasto, con 26.6 por ciento de todas las erogaciones realizadas para atender la AVGM. Es decir, 16.8 millones de pesos destinados para ello en todas las categorías desde la activación de la Alerta.

Se está gastando en capacitaciones para servidores públicos que cambian constantemente: es como empezar de cero cada vez. No basta con capacitar a los funcionarios. Es insuficiente que únicamente dirijan su labor a lo gubernamental, porque nos encontramos con el escaso acceso real que tienen las mujeres a la justicia y a esos lugares de atención, declaró al respecto Olivia Velázquez del Colectivo Feminista Mercedes Olivera (COFEMO).

En ese sentido, otro de los puntos que consideró la iniciativa fue si ¿realmente dichas capacitaciones llegan al personal encargado de atender directamente este tipo de violencia? Por ejemplo, en 2021, integrantes del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) interrogaron a la Secretaría de Salud del estado sobre si ya había dado a conocer la NOM-046 que permite a las mujeres interrumpir el embarazo. Tras una respuesta afirmativa, preguntaron sobre ella a personal de la salud pública y resultó en que la desconocían.

Una cosa es lo que informan, lo que dicen que se está haciendo, y otra muy diferente es lo que en realidad ocurre. Lo mismo sucede en el caso de la violencia de género, indicó Velázquez.

En esta línea, apenas el 13% del dinero para la Alerta se destinó a políticas públicas en materia de violencia de género. Un campo en el que hace falta prestar más atención, al ser necesario implementar programas que transformen las relaciones desiguales entre hombres y mujeres.

En Chiapas, fue instalada la Alerta de Violencia de Género para 7 municipios.

Del mismo modo, la iniciativa afirmó que la categoría de seguridad es la segunda con mayores erogaciones, con el 27.8 por ciento del total de gastos realizados. Entre las medidas específicas que implementaron en materia de seguridad pública durante 2016. fueron la patrulla rosa y las capacitaciones a personal de seguridad, afirmó Gabriela Duran Pérez, directora del Instituto Municipal de Equidad de Género de Comitán de Domínguez, entre 2015 y 2018.

Sin embargo, esto no siempre se traduce en mejores condiciones de seguridad para las mujeres en la entidad. Por ejemplo, durante 2018, la tasa de violencia familiar en el estado aumentó a 212.4 casos por cada cien mil, de acuerdo con los datos del SESNSP, apenas el 3.75% de todo el dinero para la Alerta se ha dirigido a la realización de estudios destinados a conocer el contexto en que se da este tipo de violencia.

Si se va a trabajar la violencia contra las mujeres en, por ejemplo, la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala, tendríamos primero que investigar cómo es que se están dando las relaciones entre estas poblaciones. No podemos tener una incidencia real si no sabemos cómo enfrentar el problema, recordó Velázquez.

Este es un aspecto de vital importancia, por las características particulares que presenta el estado: diversidad étnica, lingüística y cultural. Algo que revelaron los datos, es que hoy en día sigue sin ser un tema prioritario.

Aunado a ello, la visibilización de la violencia es la categoría que menos inversiones ha registrado, según los datos reportados en las respuestas las solicitudes de información. En este punto, recordaron que en el Estado se hablan doce lenguas indígenas además del español: mam, jakalteco, tsotsil, tojolabal, teko, qato’k, tseltsal, lacandón, zoque, ch’ol, chuj y q’anjob’al), de acuerdo con el Sistema de Información Cultural del Gobierno de México.

Realizamos acciones a través de trípticos, panorámicos y medios masivos de comunicación como la radio con la intención de sensibilizar a todo el municipio sobre el tema de la Alerta de Género, declaró Duran Pérez.

Por su parte, la integrante de la COFEMO aseguró que no es suficiente con lanzar spots, pues hay regiones en las que no se habla español y otras en las que dichos mensajes no se transmiten. Por ello, las acciones implementadas se dirigen hacia una población de ciudad, dejando a un lado toda la diversidad cultural y lingüística que hay en el Estado.

Para finalizar, el 24.4 por ciento del dinero para la Alerta no corresponde a ninguna de las siguientes categorías: gastos en vehículos, renta de mobiliario, equipos de cómputo, gasolina, papelería e impresiones no especificados.

No estoy segura de que estos altos índices de violencia de género se deban a falta de dinero para combatirla. Creo que más bien se debe a la mala distribución de dichos recursos, concluyó Velázquez.

La Ley de patrimonio cultural, incompleta, imprecisa y no refleja la voz de las mujeres bordadoras y tejedoras del país

Sara Lovera/enviada

SemMéxico, San Cristóbal de las Casas Chiapas, 12 de marzo 2022.- La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas es una ley imperfecta, hecha de prisa, incompleta y difícil de entender.

Vigente, plantea más dudas que soluciones a los problemas de plagio de las creaciones artísticas de las indígenas, y a lo que se llama piratería artesanal, concluyeron aquí mujeres de 8 etnias y 10 entidades de la República.

San Cristóbal de las Casas se inundó de sabiduría e intercambio de experiencias, de llamados para un cese al plagio y a la piratería, y así salvaguardar la cosmovisión y el conocimiento ancestral, durante el II Encuentro Latinoamericano de Bordadoras y Tejedoras.

Consideraron que esa ley, promulgada el 17 de enero de 2022 tendrá que reformarse si en realidad se quiere proteger el patrimonio cultural, ya que tiene vacíos, confusiones, y en suma, un enredo burocrático. En el último tramo, cuando se aprobó, había prisa política, ya que no se incorporaron las propuestas de cientos de mujeres indígenas que han visto cómo se les expropian sus creaciones en el ramo textil, principalmente.

Aunque es un avance, en realidad no resuelve cuestiones fundamentales. Es urgente cambiar la denominación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas -concepción antigua- por el de Instituto Nacional de Pueblos Originarios y Afromexicanos y de profundizar la comprensión de la cosmovisión de los pueblos, reconocer sus saberes   y de su expresión cultural, sobre todo de las mujeres.

Toda ley es perfectible, modificable, y capaz de hacer estrategias de cambio, y buenas políticas públicas, expresaron las oradoras, entre ellas Cristina Solano Díaz, Celerina Ruíz Núñez, NamyYavy, Ita Yuyu Sierra Mendoza, Rosalinda Santíz Díaz y otra decena de participantes. A esta ley definitivamente le falta.

Demandaron difundirla y no tenerla como secreto: para este encuentro, ninguna autoridad pudo proporcionarla y tuvieron que buscarla para su trabajo de análisis.

En este encuentro se anunció la ampliación de la Red de Cooperativas del Sur (RECOSUR) a una nacional, puesto que por ejemplo están los pueblos desplazados al norte como en Baja California y en otras entidades no sumadas a estas cooperativas.

Los días del encuentro -del 8 al 11 de marzo- intensos, llenos de pasión, fueron convocados por Recosur, K’inal Antsetik en su centro de capacitación situado en San Cristóbal de las Casas, que encabeza Yolanda Castro.

Sus diálogos fueron un intercambio de cómo las tejedoras y bordadoras con sus obras de arte a través del tiempo, no buscan “un precio”, sino el reconocimiento de que esas blusas, bordados, huipiles, están reflejando lo que son y lo que aportan a la vida cultural de México.

Analizaron con autoridades la ley. La habían leído, concienzudamente, y parece que hay prisa para catalogarlas, quieren armar un registro -ahora ni siquiera hay un censo-, cuando cada comunidad, pueblo, grupo, en colectivo tienen diferencias que no se pueden entregar para que libremente el Estado, se apropie de esas obras.

Lo que denunciaron repetidamente en sus mesas de trabajo, es que se omitió realmente la consulta a que obliga hoy la Constitución y a pesar de que ellas promovieron la ley cansadas del plagio, y la utilización industrial y comercial de sus modelos de vestimenta, no se las escuchó.

Tras el encuentro en que participaron bordadoras y tejedoras de los pueblos Ñuu Savi, Tojolabal, Purépecha, Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Kaqchikel, de Guerrero, Oaxaaca, Baja California, Chiapas, Michoacán, Puebla, Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán y Campeche,  hicieron una declaración política en la que demandan revisar la ley, abrir un proceso de consulta real, antes de obligarlas a entrar a un proceso burocrático como el que plantea esa legislación.

Hubo en el encuentro momentos muy emocionantes, de reconocimiento a las maestras bordadoras; en que se compartieron las experiencias del aprendizaje y las trasmisiones de generación en generación; de los cambios ocurridos especialmente por los procesos, interculturales; de la pérdida de modelos ancestrales, las desviaciones de su vestimenta original. Cosas que suceden.

Realizaron varias ceremonias tradicionales, con copal y veladoras; recibieron mujeres originarias de Colombia y Guatemala, vendieron algunos de sus productos y convivieron en el Centro de Formación y Capacitación para las mujeres de K’inal Antsetik.

Dialogaron, para tratar de entender esa ley con la senadora Susana Harp Iturribarría, promotora comprometida de la Ley, pero cuya propuesta no fue la aprobada; con Eréndira Cruz Villegas Fuentes, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura del gobierno Federal y con Marco Antonio Morales Fuentes del Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor). Funcionariado que insistió en que ya es hora empiecen a realizarse los catálogos de obra, cuando, dijeron las participantes, ni siquiera hay un censo, ni se conoce a fondo la inmensa riqueza del arte indígena, de todas las etnias del país.

Lo que no es posible es admitir que se quiera regular sin considerar a las mujeres en todo lo que aportan; sin que se regule debidamente el plagio, -millones han acumulado algunas empresas-, se negaron a sólo mirar su vida y cultura, como riqueza económica.

Demandas

Plantearon 8 puntos, de demandas y consideraciones precisas, entre las cuales destacan: Si reconocer que la ley puede significar un avance, pero hay que profundizarla, reformarla, ya que no logra reconocer saberes, cosmovisión y expresión cultural, sobre todo de las mujeres.

Es necesario que a esta ley -vigente- se le incorporen leyes secundarias, protocolos, procedimientos que contribuyan a que las mujeres tejedoras, bordadoras y creadoras de expresiones culturales accedan de manera ágil, sencilla y no burocrática a la protección y respeto de sus obras. Ahora para este encuentro, ninguna autoridad pudo proporcionarla y tuvieron que buscarla para su trabajo de análisis. Cambiar el nombre del INPI y que las mujeres sean escuchadas.

Urgente es difundir la ley. Misma a las que ellas tuvieron acceso limitado. Anunciaron que iniciarán, ellas mismas, el proceso de difusión de la Ley, y de cambios a la ley, antes de que se opere nacionalmente. Plantearon, incluso, no adoptarla por ahora. Sem/SL/mrm

• Mundial en México en 2006, “oportunidad de oro” para hablar de sus derechos: Moreno
• Mundial de Catar 2022, abuso de derechos humanos y laborales: Arango

Elda Montiel y Lizbeth Álvarez Martínez

SemMéxico, Ciudad de México, 12 de marzo 2022.- Bajos salarios, pésimas condiciones para el entrenamiento y los partidos en aspectos como la alimentación, traslado, hidratación, uniformes, calzado; prejuicios sociales, acoso, poca cobertura, discursos sesgados y estereotipados centrados en la polémica; mitos como: “El futbol femenil no vende” y la vulneración de derechos humanos de las futbolistas mexicanas fue el balance efectuado por investigadoras y especialistas en derechos humanos y laborales, perspectiva de género y comunicación, así como por periodistas, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Durante el seminario “Las mujeres futbolistas y sus derechos humanos laborales. Una mirada rumbo al mundial 2026”, convocado por la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), como parte de la campaña “México Unido 2026”, las conferencistas coincidieron en señalar que la Copa Mundial de Futbol que se efectuará en Canadá, Estados Unidos y México en 2026 representa una “oportunidad de oro” —como lo indicó Hortensia Moreno— para hablar de las múltiples desigualdades que enfrentan las mujeres en el futbol.

Para dimensionar esta desigualdad, Moreno Esparza, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que de los 100 deportistas mejor pagados del mundo solo una era mujer (la tenista Serena Williams). A pesar de que cada vez más aumenta el público (mujeres y hombres) que está interesado en el futbol femenil, apenas y se le da el 10 por ciento de cobertura a las mujeres de todos los eventos deportivos, apuntó.

Claudia Pedraza Bucio, especialista en género, comunicación y periodismo, acotó que las mujeres están representadas solo en 32 de cada 100 noticias y baja 7 por ciento cuando son protagonistas, solo 20 por ciento son consideradas como fuente de información y apenas una de cada 100 portadas coloca a una mujer como figura central de la noticia.

En el seminario efectuado de manera virtual y presencial, Pedraza refirió que el futbol es un deporte donde la masculinidad está presente y se replica y amplifica por los medios de comunicación. Estos multiplican exponencialmente el número de espectadores en el que la compra de derechos financia el espectáculo y sostiene el modelo económico de la industria cultural.

Refirió que el mito de que “el futbol femenil no vende” ha demostrado ser falso. En fecha reciente, el periódico El Economista dio cuenta que las audiencias de la Liga MX Femenil se incrementó de la Apertura del 2020 de cuatro millones de espectadores a la Apertura del 2021 a 4.8 millones. Sin embargo, acotó, este cambio no ha sido impulsado por los medios.

Pedraza considera que se debe incorporar la perspectiva de género en el futbol femenil y abordar otros problemas. Critico también que la visibilización de las desigualdades se enfoque nada más a sueldos y que condiciones de desigualdad se queden en lo anecdótico, como “un chisme”. No se aborda qué hacen las futbolistas cuando no juegan, si les pagan o les dan liquidación cuando terminan la relación laboral o si tienen acceso a espacios libres de violencia o acoso sexual. 

Al igual que la periodista deportiva Adrianelly Hernández Vega, puntualizó que no hay seguimiento en la problemática de las futbolistas, como sucedió con el informe del año pasado de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que sancionó a los clubes por haber fijado un tope salarial muy bajo, lo cual provocó indignación en su momento, pero después se olvidó.

Para Hernández Vega, los importante de ese diagnóstico es que quedó escrito en papel lo que todos sabían. De igual forma, propuso a las instituciones deportivas generar estadísticas desagregadas de las futbolistas y que desde el periodismo deportivo se contribuya al análisis de las desigualdades para lograr condiciones dignas, que no tengan que hacer dobles jornadas o abandonar el futbol profesional por razones económicas a edades tempranas; incluso, a los 23 años.

Por otra parte, Elena Arengo, del Proyecto Poder, destacó que es la primera vez que en la realización de un mundial se incluyan los derechos humanos como un tema principal y que se tenga un plan para abordarlo. Sin embargo, manifestó que en el Mundial de Catar 2022 ya hay denuncias de migrantes y personas provenientes de Bangladesh, India, Pakistán, por contratos abusivos, retención de documentos y restricción de movilidad, lo que se ha calificado como una forma de esclavitud moderna.

Mencionó que los megaeventos deportivos han tenido una trayectoria conocida y documentada de impactos negativos en los derechos humanos; sobre todo, en grupos más vulnerados y comunidades afectadas por la construcción de estadios. En el último punto, cabe descartar las manifestaciones efectuadas recientemente por los vecinos que habitan los límites de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, en esta ciudad, por el megaproyecto del Estadio Azteca para construir un centro comercial, hoteles y estacionamientos, con el pretexto del Mundial 2026.

Hortensia Moreno Esparza se refirió a los prejuicios de la mujer en un espacio de esparcimiento y vinculado con las masculinidades. Ejemplo de estas formas de pensar del ser mujer y ser hombre fue la violencia brutal generada en el Estadio Querétaro este fin de semana. Para la académica, esa violencia es resultado de los prejuicios sociales. Estima que es muy difícil pensar en las mujeres como trabajadoras en un lugar de esparcimiento, como son los estadios, por los prejuicios difundidos por los medios de comunicación.

Recordó que el deporte se inventó como una actividad masculina por excelencia, por lo que la inserción de las mujeres se ve como una invasión. Sin embargo, la participación de las mujeres se ha ido incrementando. Llamó la atención en la situación de las mujeres como una “caja de resonancia”, respecto a los derechos laborales y las desigualdades a las que se enfrentan.

Hernández Vega relató que el surgimiento de la liga femenil en México, en 2016, se hizo para que México pudiera ser sede de la Copa Mundial de 2026, junto con los otros dos países, como una medida precipitada y que como consecuencia trajo sueldos para las jugadoras apenas para lo básico de dos mil pesos. Por eso muchas prefieren quedarse en el futbol amateur.

La periodista exhibió las precarias condiciones laborales que tienen las mujeres futbolistas, desde carecer de lugares adecuados para entrenar, proveerse su propia comida, hidratarse con sus propios recursos, firmar contratos que no les favorecen con cláusulas sobre preferencias sexuales y embarazo y sueldos que no cubren lo básico. Solo algunas han logrado salarios mensuales de 30 mil pesos, pero nada comparable con los futbolistas que llegan a ganar hasta 750 mil pesos.

Exhibió a los directivos de los clubes que no invierten en ellas, las mandan a los juegos en autobús, con trayectos de hasta 12 horas. Y si viajan en avión, los pasajes se cubren de sus propios bonos, como sucedió con las jugadoras del Atlas. Otro ejemplo que mencionó fue el de las “Bravas de Juárez”, quienes no tenían uniformes de entrenamiento adecuados para bajas temperaturas.

Los directivos, dijo, se ponen de acuerdo para poner topes salariales de no más de 50 mil pesos, pero no determinan un salario mínimo digno. Actualmente hay clubes que siguen pagando 2,500 pesos y con pésimas condiciones, como Necaxa o Mazatlán, aunque otros proporcionan mejores prestaciones, como Pachuca, Tigres, Rayados. Lo que se busca es un sueldo para que puedan vivir como futbolistas. Solo España y Estados Unidos tienen contratos colectivos, agregó.

Rosario Ortiz Magallón, de la RMS, que difunde la campaña México Unido 2026, presentó de las panelistas en el Foro “Las mujeres futbolistas y sus derechos humanos laborales. Una mirada rumbo al Mundial 2026”.

SEM/EM-LA/GLG