- Es un instrumento vertebrador de la actuación nacional contra este fenómeno
- Incluye elementos dirigidos a combatir la cultura patriarcal
Lisandra Fariñas
SemMéxico/SEMlac, La Habana, 31 de enero, 2022.- Contar hoy con una «Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar» coloca a Cuba en una posición no solamente legal de avance, sino en un punto de partida hacia un mejor camino en una cultura de derecho y en una cultura de género.
Aprobada mediante el acuerdo 9231 del Consejo de Ministros y publicada hace poco menos de dos meses, el 9 de diciembre de 2021, en la Gaceta Oficial de la República, la estrategia traza acciones para atender y prevenir este flagelo desde todos los ámbitos.
«La primera ventaja que ofrece es lograr ofrecer y preparar una respuesta integral e integrada», apuntó a SEMlac Arlín Pérez Duharte, abogada penalista y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
«Se trata de que las soluciones que se puedan dar a los diversos casos a resolver, o a la línea de prevención, no sea mirando hacia un único punto, como puede ser en ocasiones la legalidad, las normas; sino comprendiendo que no hay respuesta posible si no se combinan de manera armónica los elementos de comunicación, educación, estadísticos, de investigación, comunitarios”.Por lo tanto, esa respuesta no solamente es integral, sino que es integrada», explicó la jurista.
Con este criterio coincide la socióloga e investigadora Clotilde Proveyer, coordinadora del grupo asesor en temas de violencia de género de la Federación de Mujeres Cubanas, para quien la estrategia implica una acción normativa que se caracteriza, precisamente, por su integralidad.
A su juicio, es un instrumento vertebrador de la actuación nacional contra este fenómeno, que materializa la voluntad política del Estado de forma coherente y articulada en función de garantizar que no haya ninguna impunidad frente a la violencia de género.
«Va de lo nacional hasta lo local comunitario, es decir, tiene un amplio espectro de acciones que no dejan fuera ningún espacio social relacionado con la atención y prevención de la violencia», dijo.
Proveyer enfatizó en que la estrategia contiene acciones encaminadas a la protección, la atención, el perfeccionamiento legislativo, pero también acciones de prevención enfocadas en la divulgación, la sensibilización, la gestión del conocimiento, mediante la capacitación, la educación, la inclusión en los currículos y la investigación en temas sobre violencia de género.
«Es decir, incluye elementos no solo relacionados con la protección, atención y recuperación de las víctimas, sino aspectos dirigidos a combatir la cultura patriarcal y contribuir, por supuesto, al necesario cambio en los imaginarios, en las normas, en los valores sexistas que hacen posible la pervivencia y la reproducción de la violencia», afirmó.
«No hay ningún espacio institucional que quede fuera de la estrategia», enfatizó la especialista como uno de los aspectos esenciales del texto, que precisó «responsabiliza a todos los organismos que tienen el encargo social de la prevención y la atención de la violencia de género».
Para Pérez Duharte, la estrategia se posiciona además como un punto esencial en los diferentes pasos que se han dado para cumplir con el mandato constitucional de la igualdad de oportunidades, de derechos, de garantías y de deberes entre los hombres y las mujeres; y la consagración del valor de la dignidad, entre los otros valores que se hacen palpables en la recién aprobada Carta Magna de 2019.
«Esta estrategia también viene a reforzar lo establecido en el Programa nacional para el adelanto de las mujeres (PAM)«, dijo la especialista.
Que este texto responda al PAM, constituye para la socióloga Iyamira Hernández Pita un avance significativo. «Hemos tenido una larga historia para lograr la visibilización de esta temática y el reconocimiento desde el Estado de su real existencia, no fuera de las cifras, las estadísticas, o lo que se pueda medir desde el punto de vista de representación numérica».
«Lograr que tenga un carácter vinculante con el Estado es más favorable aún, porque ello ofrece la posibilidad de que las instituciones, ministerios y los sistemas que pertenecen a estas instituciones y ministerios se puedan organizar, articular y vincular en los procesos de prevención y atención a la violencia basada en género. Asimismo, entre las acciones que recoge la estrategia, hay indicadores identificados que permitirán tanto su implementación como monitorear ese proceso», agregó.
Al respecto, Proveyer insistió en que la estrategia no solo visibiliza y atiende las distintas manifestaciones de violencia, desde el silencio hasta la muerte, y los espacios donde se producen. «Además de todo lo anterior, incluye las estadísticas, el monitoreo y la evaluación, y al incluirlas obliga a producir datos confiables, a analizarlos, evaluarlos y tenerlos en cuenta en el diseño de las acciones de la propia estrategia», sostuvo.
En opinión de la jurista Pérez Duharte, otra de las oportunidades que brinda es «ubicar los espacios más importantes en los que tiene que generarse esa cultura de derecho y de género, qué implica, la transversalidad de ese enfoque y la dinámica que tiene que acompañar la perspectiva de género en cada una de las esferas de la sociedad», explicó.
¿Qué hacer ahora?
Una estrategia de naturaleza tan abarcadora tiene, a juicio de las expertas, numerosos desafíos por delante en su implementación. «Ahora toca cumplir con los objetivos y las acciones que están previstas en este texto, guardando la relación directa, no solamente normativa, sino de sistematicidad que se establece entre el PAM y la estrategia integral», consideró Pérez Duharte.
Insistió en que ya aprobada, corresponde llevar a vías de hechos palpables, cuantificables todo lo que está planteado, desde la comunicación, lo preventivo, lo comunitario y el aspecto jurídico, «para que la estrategia no se convierta en letra muerta, sino en una realidad tangible», dijo.
Para Proveyer, la propia implementación de la estrategia y los diferentes protocolos sectoriales e institucionales que contiene tienen ante sí un reto mayúsculo: «transformar muchas prácticas que hasta ahora han estado en la labor de enfrentamiento a la violencia. Un desafío es desmontar las resistencias culturales estructurales que existen en la sociedad para que la estrategia pueda funcionar de manera plena, integral y efectiva», apuntó.
En ese propósito, «diseñar una estrategia de comunicación y, por supuesto, un monitoreo no solo de la implementación de la estrategia en sí misma sino de la de comunicación, que ayude a visibilizar, identificar, orientar e informar sobre las bondades que tiene el texto en materia de prevención y de atención a la violencia de género es fundamental», refirió Hernández Pita.
Avanzar hacia la superación, entendimiento y comprensión de la estrategia es otro de los retos inminentes, expuso a SEMlac la profesora Pérez Duharte. «Ello implica el completamiento de los protocolos de actuación de los diferentes organismos de la Administración Central de Estado.
También corresponde la articulación de una estrategia coordinada de capacitación y superación en los diferentes aspectos vinculados a la temática de género, así como el establecimiento de metodologías, de pautas que permitan llevar hasta los espacios más pequeños lo que está planteado en las diferentes esferas de la estrategia», consideró.
Según Proveyer, en ese camino un desafío importante es lograr la implicación y la participación comprometida de todos los actores sociales involucrados. «No puede ser solo una normativa que obligue, sino que las personas la incorporen conscientemente, con compromiso, responsabilidad y como parte del saber hacer y del querer hacer transformador y protagonista en la sociedad», dijo.
«Se trata de que las personas logren comprender la necesidad de atender un fenómeno como la violencia basada en género -que es un problema social, de derechos, de desarrollo humano sostenible, de salud- y logren generar el compromiso para una atención de calidad y eficaz, que permita que las personas se sientan seguras e identificadas con todos estos sistemas para pedir ayuda, en caso de ser víctimas de cualquier ejercicio de violencia basada en género», agregó la investigadora Hernández Pita.
Significó que la estrategia permitirá aportar al Observatorio de Género –que ya se proyecta– valoraciones y estadística sobre qué está pasando respecto a las diferentes expresiones de la violencia basada en género en el contexto cubano.
Especial importancia concedió la especialista a otro elemento que contempla la estrategia: el trabajo con los hombres, a la par que se trabaja con las mujeres y con el resto de las poblaciones vulnerables. «Ellos también han sido víctimas de esa cultura androcéntrica y patriarcal», afirmó.
«Si no se trabaja y se educa en este sentido a los hombres, dejaríamos abierta una brecha importante de género para el trabajo que queremos en materia de atención y prevención de la violencia», dijo la socióloga.
Para Arlín Pérez Duharte, al interior del ámbito de los operadores del Derecho queda bastante por hacer en el camino de generar esa cultura y ese enfoque transversal de las cuestiones de género.
«No basta con que estén las leyes, sino que estas deben ir acompañadas de una voluntad aplicativa, interpretativa y de reconocimiento. En el campo del Derecho, todavía es necesario avanzar en el dominio, conocimiento y comprensión de los elementos vinculados a los enfoques de género y de todo lo que está dirigido a los espacios y aspectos vinculados a la violencia», afirmó.
Sobre si la estrategia pudiera dar paso a una Ley contra la violencia de género, la jurista consideró que justamente la estrategia «es el paso preparatorio de dominio, comprensión y concientización sobre la necesidad de manejar las cuestiones de género y de la violencia basada en género y en los espacios familiares desde una perspectiva integral».
«Creemos que una ley integral para el tratamiento de la violencia implicaba primero una preparación, no solamente en los espacios de Derecho, también en los sociales y en el resto de las esferas que se vinculan a esta problemática. Por lo tanto, de haber aparecido una ley sin esta estrategia hubiese sido completamente inoperante», apuntó.
«La estrategia da un primer paso en materia legislativa, junto con el resto de las normas que están vinculadas a ella en el sistema normativo, y prepara al operador jurídico y al resto de la sociedad para avanzar en lo que, incluso, la misma estrategia dice que implicará en la parte normativa seguir trabajando en pos de, en un futuro, una ley que apueste hacia la integralidad en la visión de la violencia basada en género», precisó.
Para Clotilde Proveyer, «sin que neguemos la existencia del perfeccionamiento legislativo como tal, el hecho de que la estrategia se haya convertido en una norma vinculante para todas las instituciones y organismos- tanto los organismos centrales del Estado, como a todos los niveles de la sociedad; con ese abanico de acciones y todos los ejes y componentes que tiene- se parece mucho a lo que cualquier país llamaría una ley integral de violencia de género».
«Sin estar satisfecha, ni pensar que todo está hecho, pues tenemos mucho trabajo por delante, creo que hemos dado un gran paso de avance y que este es un sueño cumplido de quienes, durante muchos años, hemos estado trabajando a favor de la eliminación de la violencia de género en todos los ámbitos de la sociedad», aseguró.
SEM-SEMlac/lf
