- No se trata de entrar en una guerra de cifras con las autoridades, sino que se tomen acciones verdaderas de protección integral para la población.
- Informe: “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”, hablan de una verdadera crisis humanitaria.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 14 de febrero, 2024.- Reconocer públicamente el conflicto armado en la región fronteriza de Chiapas que tiene sumida a la población en el terror y el desplazamiento forzoso por los grupos delincuenciales e iniciar el diálogo para establecer estrategias integrales de solución es el objetivo del Informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”.
Preocupa a las organizaciones civiles la negación del Ejecutivo y la criminalización a la población, en las conferencias mañaneras, al asegurar que hay colaboración con los grupos criminales cuando se sabe que están bajo el control absoluto de la delincuencia organizada y las fuerzas militares en lugar de atender a la población civil realiza acciones de contención con gases lacrimógenos.
Sandra Suaste de “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT) informó que ya hay un acercamiento con la Secretaría de Gobernación con la Subsecretaria de Derechos Humanos y lo que están apelando es al reconocimiento de la situación de violencia de la población para poder avanzar.
“Debemos actuar con urgencia y determinación para que se protejan los derechos de las personas sin importar su origen. Visibilizar y encontrar las rutas de atención más necesarias” expresó.
No se trata, dijo, de entrar en una guerra de cifras con las autoridades, sino que se tomen acciones verdaderas de protección integral para la población.
El representante de ONU Derechos Humanos en México, Jesús Peña Palacios, precisó que lo relevante del Informe es el trabajo legítimo por documentar la crisis humanitaria de las comunidades y buscar a las autoridades para atender la situación.
Además, que es un mensaje a las víctimas para que sepan que no están solos.
Agregó que México tiene un marco amplio de protección de los derechos humanos y lo que se busca es la plena vigencia de los derechos humanos.
Carlos Ogaz del Centro de Derechos Humanos señaló que la tarea del gobierno ha sido de contención del flujo migratorio, hemos visto que la criminalización no solo es contra la población migrante sino a la población civil del titular del Ejecutivo federal al señalar a la población como parte de los grupos criminales porque están colaborando, cuando viven un sometimiento como lo exponemos.
Las organizaciones: Colectivo de Monitoreo, Frontera Sur Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala-México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) elaboraron el informe y elaboraron recomendaciones.
Principalmente piden el reconocimiento público del conflicto armado en los municipios de la zona fronteriza de Chiapas; La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Motozintla, El Porvenir, La Grandeza, Bella Vista, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Mazapa de Madero, Honduras de la Sierra desde 2021 a la fecha.
Garantizar la protección de la población civil frente a las violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, particularmente de niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad, personas indígenas, etc.
Asegurar la investigación pronta, exhaustiva y efectiva de las violaciones a los derechos humanos, estableciendo una Comisión de Investigación Independiente, con apoyo técnico y financiero de instancias internacionales.
A la comunidad internacional le piden visibilizar públicamente el conflicto armado que afecta a los municipios de la zona fronteriza de Chiapas, realizar una misión de verificación en los municipios afectados por la situación de violencia reportada en el informe.
Definir el conflicto como Conflicto Armado No Internacional, así como sus implicaciones en términos jurídicos nacionales e internacionales y mantener un diálogo permanente con las autoridades federales y estatales de Chiapas sobre el conflicto armado en la región Frontera, proporcionando asistencia técnica y financiera. Así como apoyar a la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos en los municipios involucrados.
La frontera de Chiapas con Guatemala se encuentra desde el 2021 atravesada por un conflicto armado no reconocido basado en la disputa territorial por grupos de delincuencia organizada. Abarca la zona de la sierra que comprende los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista.
Tan sólo en lo que va de 2024 se han desplazado 3 mil personas. De junio del 2021 a noviembre del 2023 al menos 7 mil 500 personas fueron desplazadas.
Incluso las cifras oficiales revelan que, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023, en el estado de Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene inscritas a 812 personas desaparecidas y no localizadas. De ese número, 58 personas son de Frontera Comalapa, 11 de Motozintla, 8 de Amatenango de la Frontera, 2 de Chicomuselo, 3 de Bellavista y 1 de Siltepec. Sobresalen personas líderes de comunidades, comisariados ejidales y voceros de organizaciones, lo que revela que uno de los principales objetivos de la desaparición de personas es acallar las voces de procesos organizativos.
La vida similar a la de conflictos armados
Más que datos duros ofrecen testimonios de una población civil cuyas tierras han sido arrebatadas y sobre todo sin posibilidad de protestar.
Carlos Ogaz Torres del Centro de Derechos Humanos describió la aguda crisis humanitaria con un éxodo masivo en medio de la poca responsabilidad de las autoridades federales y estatales. De una “economía de conflicto” que se desarrolla bajo amenaza, asesinatos, extorsiones, cobro de piso, control de precios de productos agrícolas, violencia física y castigos ejemplares para quienes se oponen.
Refirió que la vida cotidiana de las comunidades de Chiapas es de un profundo miedo similar al de los territorios en conflicto armado; enfrentamientos generalizados entre los grupos criminales en disputa, uso de artefactos explosivos, drones, quema de vehículos, bloqueos de carreteras, corte de suministros básicos. patrullaje de los grupos delincuenciales, instalación de retenes.
Control de la población con amenazas y reclutamiento forzado que tiene a la población civil tomada como rehén donde las niñas, niños y adolescentes, mujeres y personas mayores son las más vulnerables.
El miedo de ser víctima de abuso o explotación sexual invade a las mujeres, quienes además son obligadas a cumplir de manera forzada con el “rol asignado socialmente”, cocinando para la gente que se encuentra en los bloqueos y para quienes integran los “ejércitos” de los grupos criminales. Pero el temor también se extiende a las familias, y el mero hecho de tener hijas jóvenes constituye ya una razón para desplazarse, por la posibilidad de que sean sexualmente explotadas.
El control de la vida cotidiana es prácticamente total y es muy difícil que cualquier actividad desarrollada en las comunidades o en las cabeceras municipales no tenga influencia de los grupos armados. Las reuniones son controladas y es obligatorio avisar.
Las amenazas, extorsiones, secuestros y desapariciones de líderes y autoridades comunitarias se han convertido en un patrón de actuación de los grupos delincuenciales, que intentan someter de manera total, así como crear una zona de silenciamiento, en medio de la colusión de autoridades municipales. Y ante ello, el desplazamiento se ha convertido en una acción de supervivencia habitual para mucha gente.
En algunas comunidades se habla del 15 por ciento de su población total desplazada de manera forzada, mucha de la cual continuará su avance hacia Estados Unidos o Tijuana en busca de refugio.
En el caso del sistema educativo, con frecuencia se obliga a los y las profesoras a seguir con las actividades normales “porque todo está bien”: “no hay excusa para no acudir, tienen listas de nombres, hay amenaza directa… fueron a hablar directamente con los directores de las escuelas”, señala un testimonio anónimo.
Las poblaciones en situación de vulnerabilidad ven mermados de forma más intensa sus derechos. Algunos ejemplos son las niñas, niños y adolescentes que no han podido acudir a clases; las mujeres que viven mayores riesgos de sufrir violencia sexual; las personas adultas mayores cuyo acceso a la salud está restringido de facto; los migrantes, particularmente las mujeres, quienes son especialmente hostigadas, extorsionadas y sexualmente explotadas por los grupos delincuenciales.
Los cuerpos de las mujeres también son controlados, especialmente migrantes y de otras comunidades de la zona, siendo forzadas a prostituirse. Son secuestradas y recluidas al servicio sexual de los “ejércitos” de la delincuencia organizada, sin posibilidad de negarse, “… había uno que… sí una chica le gustaba, mandaba a sus hombres a por ella y les ofrecía dinero a sus papás, como una compra. Incluso casadas podían gustarle, también ofrecía dinero. Pero no sé si era posible negarse” (Testimonio anónimo).
Santiago Aguirre director del Centro PRO Derechos Humanos señaló que estamos ante un Estado ciego y sordo y que los discursos públicos en aras de sostener un proyecto minimizan la violencia y la refutan. Es urgente, dijo, atender la crisis humanitaria que se vive en los 12 municipios de la zona fronteriza.
Santiago Aguirre, añadió que estamos viviendo un despliegue territorial de las fuerzas armadas que no está ocurriendo en la lógica de los derechos humanos, no resguardan a la población sino su actividad es de contención a la migración.
Además, finalizó, “ninguna autoridad Ejercito o Marina es inmune a la criminalidad organizada y a la corrupción”.
