El CAIT reporta al menos 124 desaparecidos entre 2010 y 2022 / Gloria López | El Sol de México
Entre 2010 y 2022 124 personas LGBTQ+ desaparecieron ,69 siguen sin aparecer, 22 fueron localizadas sin vida y 33 fueron halladas con vida.
Exigen justicia por desapariciones de la comunidad LGBTQ+
Gloria López
SemMéxico/ El Sol de México, Ciudad de México, 25 de junio, 2023.-Al grito de “¡dónde están, nuestros hermanes dónde están?”, colectivos y organizaciones de la comunidad LGBTQ+ marcharon por primera vez para pedir justicia por las personas desaparecidas de este sector y para visibilizar sus casos.
Quienes se manifestaron exigieron la aparición de sus familiares y conocidas, así como implementar protocolos específicos para la búsqueda y localización de personas de este sector de la población.
Durante la marcha, que encabezaron del Ángel de la Independencia al Zócalo, urgieron que las investigaciones se hagan sin prejuicios y consideren la participación de familias consanguíneas y sociales.
Los colectivos informaron que más de 100 personas desaparecidas de la comunidad LGBTQ+ se las invisibiliza en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, lo que obstaculiza la búsqueda, la investigación y la localización.
“El objetivo es visibilizar esta realidad, pero también exigir a las autoridades actuar con prontitud y sin actos discriminatorios”, dijo a El Sol de México la coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), Rocío Suárez.
Foto: Ivonne Rodríguez | El Sol de México
De acuerdo con cifras de esa organización, entre 2010 y 2022 había 124 personas LGBTQ+ desaparecidas en México, de las cuales 69 siguen sin aparecer, 22 fueron localizadas sin vida y 33 fueron halladas con vida.
Rocío Suárez cuestionó que en el registro de personas desaparecidas sólo se consignan hombres, mujeres y no identificados, lo cual provoca que se invisibilice a mujeres y hombres trans, por ejemplo.
La activista consideró además que las fiscalías estatales incumplen con lo establecido en el artículo cuatro de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, acerca de brindar atención especializada y actuar con perspectiva de género.
“Lo que vemos es que las fiscalías estatales y las comisiones de búsqueda estatales no aplican correctamente estos lineamientos y lo que ocasiona es que retrasa, impide, inhibe la denuncia y también repercute en las investigaciones”, dijo la coordinadora de la CAIT.
Fueron 40 contingentes los que tomaron las principales calles y avenidas de la Ciudad de México. Foto: Ivonne Rodríguez | El Sol de México
De acuerdo con la organización Letra S, de los 87 asesinatos de personas de la comunidad LGBTQ+ cometidos en el país el año pasado, en 27 casos las fiscalías informaron las líneas de investigación, en el resto se desconocen. Rocío Suárez reconoció que, a diferencia de lo que ocurre en otros estados, la atención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para la búsqueda de mujeres trans es correcta, pues emite fichas de búsqueda con respecto a la identidad de género de las víctimas, aun si no han hecho el cambio de nombre y su género en su acta de nacimiento.
Crímenes de odio
El informe Los rastros de la violencia por prejuicio: violencia letal y no letal contra personas LGBT+ en México 2022, elaborado por Letra S, revela que entre 2018 y 2022, 453 personas de la comunidad fueron asesinadas.
El estudio muestra que el año pasado hubo 87 víctimas de homicidios, de las cuales 12 fueron reportadas como desaparecidas antes de que sus cuerpos fueran hallados. En 2021 sólo ocurrieron dos casos.
“Lo cual nos induce a plantear la posibilidad de que esta cifra aumente para el año 2023”, advierte la organización en su informe más reciente.
Al ser cuestionada sobre este tema, Rocío Suárez coincidió en que en muchos casos de personas de la comunidad LGBTQ+ reportadas como desaparecidas, a los pocos días son halladas muertas.
Adultas Trans exigen al estado reparación de daño tras sobrevivir a razias
Mujeres adultas trans exigen al gobierno una reparación de daño por la violencia, discriminación, así como por la falta de oportunidades y de derechos que vivieron entre los años 70 y 90. Aún esperan al Congreso capitalino que analice y discuta una iniciativa de ley para ello.
Carmen, de 58 años de edad, es una de las mujeres adultas trans que urgen la atención del Estado. Afirma que ella es sobreviviente de persecución, discriminación y múltiples violencias cometidas por parte del gobierno y la sociedad en los ochenta y noventa.
“Vivimos una historia muy fea porque las autoridades y el gobierno nos tenían reprimidas, querían exterminarnos, prácticamente parecíamos ilegales en nuestro propio país, de hecho, muchas compañeras de ese tiempo cuando yo empecé en el trabajo sexual ya no existen, desaparecieron”, explicó a El Sol de México.
Carmen contó que además de no tener el apoyo de sus padres, no tuvo acceso a la educación y debido a la falta de ingresos se dedicó al trabajo sexual desde los 16 años. Durante la década de los 60, dijo, fue perseguida por las autoridades.
De acuerdo con la mujer, aún tiene secuelas de las agresiones por parte de las autoridades, como la pérdida de un ojo, así como heridas emocionales graves. Ella solventó su rehabilitación y atención psicológica ante la falta de servicio médico.
Carmen consideró que el Estado tiene una deuda histórica con las mujeres trans que vivieron estos crímenes de odio.
“Debe haber una reparación del daño por parte del gobierno, por todo lo que pasamos y lo que sufrimos. Las autoridades y nuestro gobierno son quienes nos hacen más vulnerables y quienes más nos violentan”, señaló.
Alma Delia, quien a sus 65 años aún ejerce el trabajo sexual, recordó que durante el sexenio de José López Portillo y la titularidad de Arturo Durazo Moreno como jefe de la Policía del Distrito Federal, las mujeres trans fueron víctimas de violaciones constantes a sus derechos humanos.
“Lo que sufrimos en el año del mandato de José López Portillo, en la época del Negro Durazo fue horrible. Pedimos la reparación del daño, porque a nosotros nunca nos han dado nada al contrario nos han arrebatado y nos han quitado”, contó la mujer, quien afirmó que por su orientación sexual nunca tuvo acceso a una vivienda, a un empleo formal o a la salud.
A pesar de las violencias y adversidades Alma lleva 35 años de activista y es fundadora de la cooperativa Ángeles en busca de la libertad. Actualmente renta un departamento donde refugia a mujeres trans que se encuentran sin hogar.
La mujer padece diabetes y no cuenta con ningún servicio de salud. Por su activismo recibe medicamentos y otros apoyos. “Nos encontramos en total abandono y el actual gobierno no cuenta con ningún programa que nos brinde algún apoyo económico y mucho menos que reconozca nuestra existencia”, dijo.
La directora general del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, Rocío Suárez, explicó que entre las décadas de los 70 y los 90 los gobiernos tenían prejuicios contra distintos sectores de la sociedad, como con quienes ejercían el trabajo sexual por la falta de empleos.
La policía capitalina, mencionó, llevaba a cabo razias contra trabajadoras sexuales, entre ellas, mujeres trans, quienes, al igual que el resto de la comunidad LGBTQ+, no eran visibilizadas.
«En ese entonces todavía no se hablaba de población trans, de población gay. Se les negaba su identidad de género, por eso lo que la policía realizaba en esos entonces era un castigo social: el exhibirlas, cortarles el cabello, acciones que, de alguna forma, representan un castigo social por el hecho de ser, por romper la norma», agregó.
Alma recordó que, en 2014, la entonces secretaria del Trabajo en el Distrito Federal, Patricia Mercado, impulsó la entrega de licencias y credenciales a trabajadoras sexuales para acreditarlas como trabajadoras no asalariadas. Actualmente ya no son entregadas.
En 2016, la también ex Secretaria de Trabajo, Amalia García, entregó un apoyo económico de dos mil 150 pesos al mes durante medio año a este sector de la población.
La actual administración ha impulsado acciones en materia de salud, como la Unidad de Salud Integral para Personas Trans y el Centro Especializado en Medicina Integrativa, además, debido a la pandemia por Covid-19 entregó apoyos económicos a trabajadoras sexuales.
Tanto Carmen y Alma, aún esperan que el Estado resarza el daño que ellas, y más mujeres trans, vivieron.
«Hay un movimiento internacional que busca que el Estado reconozca las omisiones con las mujeres trans adultas, por eso se habla de este tema de reparación de la deuda histórica.
«El Estado fue omiso en términos de garantizar los derechos sus derechos humanos, su derecho a la vida, su derecho a la educación, su derecho a un empleo», agregó Rocío Suárez.
Sin Avance
“La desigualdad que se tuvo en los 80, 90, inclusive en los 70 arrojó a las mujeres a vivir contextos de vulnerabilidad extrema y desgraciadamente las que sobrevivieron hoy tienen un estatus económico y de salud deplorable”, señaló a este diario la activista Kenya Cuevas.
Resaltó que otro de los principales problemas que vivieron las mujeres trans durante esas décadas fue la infiltración de sustancias modelantes que hoy les están afectan con la aparición de graves enfermedades, por lo que esta pensión debe cubrir el derecho a la salud, a contar con servicios médicos, tener una vivienda, así como recibir una ayuda económica.
La fundadora de la Casa de las Muñecas Tiresias, manifestó que en la lucha de los derechos de la comunidad trans todavía falta que se reconozca la identidad de género, los transfeminicidios, el acceso a la salud y a los tratamientos hormonales, pero esta iniciativa podría ser un legado para todas las mujeres trans.
Rocío Suárez consideró que el Estado, y en especial el gobierno de la Ciudad de México, aún tiene una deuda con la comunidad trans adulta mayor, por ejemplo, en materia de salud y en materia laboral, por ejemplo.
El 20 de julio de 2022, la directora de la Fundación Deuda Histórica, Samantha Fritz, entregó al Congreso de la Ciudad de México el Anteproyecto de Iniciativa de Ley Deuda Histórica para buscar la reparación integral del daño en beneficio de las mujeres trans adultas. Aún no hay avances en la materia.
La Historia
“La desigualdad que se tuvo en los 80, 90, inclusive en los 70 arrojó a las mujeres a vivir contextos de vulnerabilidad extrema y desgraciadamente las que sobrevivieron hoy tienen un estatus económico y de salud deplorable”, señaló a este diario la activista Kenya Cuevas.
Resaltó que otro de los principales problemas que vivieron las mujeres trans durante esas décadas fue la infiltración de sustancias modelantes que hoy les están afectan con la aparición de graves enfermedades, por lo que esta pensión debe cubrir el derecho a la salud, a contar con servicios médicos, tener una vivienda, así como recibir una ayuda económica.
La fundadora de la Casa de las Muñecas Tiresias, manifestó que en la lucha de los derechos de la comunidad trans todavía falta que se reconozca la identidad de género, los transfeminicidios, el acceso a la salud y a los tratamientos hormonales, pero esta iniciativa podría ser un legado para todas las mujeres trans.
Rocío Suárez consideró que el Estado, y en especial el gobierno de la Ciudad de México, aún tiene una deuda con la comunidad trans adulta mayor, por ejemplo, en materia de salud y en materia laboral, por ejemplo.
