* Lanzan iniciativa abogadas feministas, denuncian maltrato y discriminación contra demandantes
* Estereotipos y roles de género imperan en el imagonario del personal de justicia civil y familiar
Lorena Vaniezcot
SemMéxico, Oaxaca, 17 de junio, 2021.- Discriminación por ser mujeres, racismo, regaños y sentencias a modo son algunos ejemplos del trato diferenciado que las demandantes reciben en procedimientos civiles y familiares, como resultado de las cargas de género personales de quienes imparten justicia en México y que son sistematizados, detectados y denunciados por abogadas feministas y defensoras de derechos humanos de las mujeres y la niñez, mismas que publicaron esta semana en un manifiesto en el que exigen a esas autoridades emplear la perspectiva de género y evitar la violencia institucional.
El amplio manifiesto refiere que existe un discurso de protección y respeto a los derechos de mujeres, niñas y niños en todas las instancias de impartición de justicia del país, pero que pocas veces se aterriza en la conducción y resolución de los procesos que exigen de la aplicación de estándares de derechos y de obligaciones reforzadas para los Estados.
En ese sentido, Erika Lilí Díaz Cruz, abogada feminista e impulsora de procesos de aprendizaje en materia de género en Oaxaca, explica a SemMéxico las razones del desplegado publicado esta semana, acciones ejercidas por personas de los tribunales de justicia civil y familiar que constituyen violencia institucional una de las modalidades de la violencia de género contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, en vigor desde hace 14 años. Hecho que también da cuenta el desplegado.
Las abogadas feministas y defensoras señalan que la perspectiva de género “se encuentra lejos de ser una realidad en la administración de justicia cuando: las mujeres son cuestionadas y sancionadas más severamente que sus contrapartes varones.
En ese sentido Díaz Cruz da ejemplos de lo que como profesionales del Derecho pueden constatar y asegura que cuando una mujer que pelea la custodia de sus hijos e hijos es severamente juzgada si ya tiene otra pareja, lo que no ocurre con los hombres. También han observado que si son ellas las demandadas, juezas y jueces les dan un trato que no les favorece y terminan por negarles la guarda y custodia de sus hijos.
A diferencia de los hombres, explicó la especialista, las mujeres difícilmente llevan a sus hijos para ser escuchados por los tomadores de decisiones, algo en lo que los hombres no reparan, a ellos no les importa que sus hijos sean escuchados para narrar lo que han vivido en sus hogares.
Una segunda observación planteada en el manifiesto señala: Los juzgados y tribunales toleran y reproducen las expresiones violentas y discriminatorias en razón de género expresadas por las contrapartes en escritos y audiencias.
Díaz Cruz, quien dirige la organización no gubernamental Lunas del Sur, cuando las mujeres exponen sus casos, los y las secretarias judiciales se atreven a señalar a las mujeres que “fueron ellas quienes escogieron a sus maridos” de los cuales ahora piden separarse, generalmente por violentadores. Es una forma de ir coaccionando moralmente a las mujeres para que firmen acuerdos que muchas veces ellas consideran injustos.
Esas acciones son discriminatorias y van acompañadas de una serie de cuestionamientos como “pero si usted también tomaba cerveza”, “o la vieron con otro”, cuestionamientos que no deberían hacerse porque lo que se juzga es “si eres una buena madre o una buena mujer” y no se respetan los derechos humanos de las mujeres y, peor aún, estos cuestionamientos no ocurren con los hombres.
Cuando las mujeres exigen al personal de los juzgados, sean secretarios, secretarias, jueces o juezas, “el trato es más duro con ellas, no hay ningún tipo de gracia. Para el personal de los tribunales, en su lógica, lo que las mujeres deben hacer es permanecer calladitas (porque así se ven más bonitas) como dice el popular dicho.
En el manifestó se cuestiona la falta de suficiente personal pericial capacitado en perspectiva de género, esto, agrega la entrevistada, provoca que se invisibilicen los diferentes tipos de violencia que las mujeres sufren en el ámbito familiar “como es la violencia sexual que no se concibe porque son pareja o los casos más cruentos como el feminicidio”.
Para las abogadas feministas como Díaz Cruz este conocimiento sobre como juzgar con perspectiva de género debería ser una realidad y no un cliché o algo que está de moda. La perspectiva de género les permitiría analizar el fenómeno que están estudiando, sin extraerlo de su contexto. Porque si una mujer demanda la custodia de sus hijos e hijas, luego de haber salido sola de su casa ante la violencia machista que vivía en su casa, hemos encontrado cuestionamientos como “señora, pero si usted los dejó, abandonó la casa familiar”
Y no se diga, agrega, en los casos de violencia cibernética, donde las mujeres son severamente cuestionadas “por haber dado al victimario la contraseña de sus cuentas o porque les permitieron tomar fotografías íntimas”, extraen de su visión el contexto de que esa mujer confiaba en la persona que después se convirtió en su victimario.
Cuando las abogadas feministas cuestionamos estos tratos también “nos regañan, minimizan nuestros cuestionamientos aduciendo que ellos están debidamente capacitados y que nosotras no sabemos nada”.
En el manifiesto también se considera que los centros de convivencias se mantienen ajenos a las violencias que sufren las mujeres en el marco de las mismas. Con frecuencia se coacciona a las mujeres para que “mejoren” la comunicación y convivencia con los agresores, so pena de ser reportadas como “obstaculizantes” ante los órganos jurisdiccionales.
Son insistentes en plantear que las mujeres deben “cumplir con su rol de género, asumiendo una conducta pasiva, “silenciosa” y “decente”, no deben llorar, ni ser arrebatadas ni exigir sus derechos, porque entonces son regañadas con severidad y cuando son los hombres los que asumen conductas agresivas y hasta manotean en los escritorios, la o el juez solo es dice “por favor apártese”, dice Díaz Cruz.
Para las abogadas feministas también hay otro elemento en el que es clara la asuencia de perspectiva de género pues se mantienen prácticas discriminatorias hacia las mujeres, las cuales se agravan, en muchas ocasiones por otras condiciones, como ser mujeres indígenas o afrodescendientes.
En ese sentido, la abogada oaxaqueña dice que impera el racismo y el clasismo. Muchas veces hasta a las abogadas nos cuestionan la forma de vestir y si la demandante de pensión alimenticia y habla alguna lengua indígena y exige un traductor hemos escuchado respuestas como: “aguarde, la atenderé allá afuera”.
En alguna ocasión una funcionaria de un Centro de Justicia para Mujeres, incluso, se quejó conmigo porque señalaba que algunas de las usuarias de origen indígena “no sabían ni siquiera usar el shampoo”, o se quejan porque supuestamente “no quieren bañarse”, es decir, no sólo las discriminan en el tribunal sino también en los lugares donde se suponen las cuidan y protegen de sus agresores. Es común que sus derechos colectivos como sus propias costumbres sean juzgadas o sacadas de su contexto sociocultural.
Otro planteamiento es que se fomentan prácticas patriarcales en la que, jueces y magistrados «regañan» o «dan consejos» personales a las víctimas de violencia de género.
Díaz Cruz dice que ha sido testigo de cómo cuando una mujer explica la forma en que ha vivido violencia son interrumpidas por los jueces o juezas quienes les pretenden explicar cómo es el ciclo de la violencia y al final les terminan diciendo que “ellas aguantaron, que tomaron parte de lo que estaban viviendo” y es que a decir de la pareja “practicaban sexo salvaje, pero un día ya no le gustó y por eso lo denunció”.
Otra de las exigencias de las abogadas feministas es porque aseguran existe ausencia de sensibilización de personas juzgadoras de lo familiar, quienes no permiten a las mujeres expresarse sobre lo que han vivido al lado de sus agresores, restándole importancia y acentuando que eso no es relevante.
Por ejemplo, muchas mujeres viven violencia todos los días de su vida y demandan separarse porque su pareja las engañó. En el proceso familiar los jueces tienen la facultad de llamar a ambas partes sin la asistencia de sus defensoras, su consigna es persuadirlas de que lleguen a un convenio o que restablezcan su relación, pero lo hacen sin escuchar a las mujeres, ellas quieren expresar toda la violencia que vivieron con su pareja y la respuesta es “usted vino aquí porque su pareja la engañó y eso ya no es delito”.
Y si cuando vivió con usted, él no golpeó a sus hijos, esa es razón para que usted no pueda impedir que los vea. La negación de los hechos es resultado de no mirar el contexto social y de juzgar sin perspectiva de género.
Los y las juezas lo que tienen que hacer es cumplir con la ley, tiene la facultad de poder allegarse de personal de trabajo social para cerciorarse si lo que dicen las partes es verdad y esto se hace mediante visitas sorpresa, eso les permitiría no apegarse solo a los dichos y podrían tener una visión distinta.
La perspectiva de género, continúa Díaz Cruz, permitiría incluso a las juezas mirarse a ellas mismas desde otra condición de trabajo. Recientemente se lo planteé a una jueza, eran más de las 10 de la noche y no acababa de desahogar la audiencia, yo le comenté que ya era tarde y que mi hija estaba afuera sin comer, ella me respondió “yo no he visto a mis hijos desde en la mañana”. Si esa jueza tuviera perspectiva de género no se sobreexplotaría, pero en realidad lo que quiere volver a hacer otra audiencia, quieren terminar cueste lo que cueste.
Las abogadas feministas plantean también en su pronunciamiento que se exige a las víctimas de violencia de género que comprendan las deficiencias del sistema, como: la escasez de personal, la falta de recursos, la ausencia de servicios periciales con perspectiva de género, el maltrato y las malas condiciones de las empleadas de la fiscalía o de los juzgados.
Además, como ya se explicó, se desestima la gravedad de las violencias expuestas por las mujeres y no se asume la obligación de protección inmediata e inminente ante situaciones urgentes, como la emisión de órdenes de protección.
Como parte de las acciones emprendidas bajo los #JusticiaConNosotras #ProcesosConPerspectivaDeGenero #NoMasViolenciaInstitucional #NoMasJusticiaPatriarcal y #10AñosDDHH iniciaron en su cuenta de Facebook de Justicia con Nosotras el denominado Muro de la ignominia.
Este desplegado que apareció el pasado lunes fue firmado por : Tania Francisca Felipe Aquino, Beatriz Hernández Bautista, Yesica Azucena Díaz Cruz, Cecilia Valencia Canul, Yuli Andrea Pliego Pérez, Mariana Gil Bartomeu, Diana Mora López, Brenda Denisse Rentería Cervantes, Myrnha Gisel Mateos, Ana Karen Aguilar Pérez, Amaranta Viridiana Valgañon Salazar, Herma Elena Araujo Justo, Araceli Magdalena Olivos Portugal, Erika Carbajal Morales, Eugenia Mata, Nora Martínez Lázaro, Armando de la Cruz, Blanca Estela Avendaño Ramírez , Xochiquetzal Rodríguez Aguirre, Mercedes Arteaga García, José Juan Julián Santiago, Miriam Ivonne Quintero Cortés, Julieta Bautista Mendoza , Mirna Godinez Rasgado, Nelly Martínez Echartea, Alma Patricia Ramírez Almanza, Yara Olivia Vergara Bustamante, Brenda Jazmín Ibarra Cervantes, Leticia Domínguez Bautista, Noemí Agapito Confesor, María Nela Cuautle Hernández, Juliana Acevedo Ávila, Abigail Vasconcelos Castellanos, María del Rosario Martínez Miguel, Bertha Maciel García, Siria Yuritzi Oliva Ruiz, Dafne Estefanía Gómez Gómez, Nancy Salmerón Vargas, Marcela Villalobos Andrade, Marcos Edgar Zavala Cruz, Ana Gabriela Mora Casian, Luis Alberto Muñoz López, Artemisa Cabrera Luque, así como la activista Susana Ramírez Hernández y organizaciones y colectivas
SEM/sj
