SemMéxico, 21 de Noviembre de 2020 .- Hace dos semanas el INE cimbró las estructuras machistas de los partidos al determinar que el derecho de la paridad en todo debía extenderse a la postulación de candidatos y candidatas para las 15 gubernaturas que se definirán en 2021.
Con el voto de nueve de sus 11 consejeros, el INE resolvió así darle cumplimiento a ese criterio establecido en la Constitución desde 2014, ya que las elecciones estatales de entonces a la fecha confirman la resistencia de los partidos a la igualdad en sus postulaciones: sólo 18 % recayeron en mujeres.
El dictamen, a cargo de la consejera Carla Humphrey, se sustentó en los artículos 35 y 41, es decir, en la reforma de paridad que en 2019 apoyaron los representantes de todos los partidos.
Bajo el argumento de que el INE invadió sus atribuciones, el Senado solicitó al Tribunal Electoral rechazar esta obligación de que cada logo o coalición partidista cuente al menos con siete candidatas a las gubernaturas.
También Acción Nacional se inconformó abiertamente. Morena prometió acatar la medida que consideró excesiva. PRI, PRD y PVEM asumieron. Movimiento Ciudadano guardó silencio. Pero, al final, todos le están echando montón a los consejeros electorales al no deslindarse del recurso institucional presentado por el presidente del Senado, Eduardo Ramírez (Morena).
Así que pronto los siete magistrados del TEPJF tendrán que validar, eliminar o ajustar este lineamiento a un número menor de candidatas.
Ese fallo, sustentado en la ponencia que Janine Otálora expondrá a sus colegas Mónica Soto, Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes, Indalfer Infante, Felipe de la Mata y el presidente José Luis Vargas, no estará exento de presiones.
Porque, más allá de la impugnación, existe en el Senado un reclamo hacia las legisladoras que apoyan este lineamiento del INE por parte de Ricardo Monreal, jefe de mayoría morenista, y de sus compañeros coordinadores del PAN, Mauricio Kuri; PRI, Miguel Osorio; PRD, Miguel Mancera, y Movimiento Ciudadano, Dante Delgado: cuando aprobamos la paridad total, hicimos el acuerdo de que ese todo tendría la excepción de las gubernaturas.
Porque si bien tienen diferencias terribles cuando se trata de seguridad, consulta popular o fideicomisos, en este tema los líderes parlamentarios cierran filas y alegan que las senadoras están incumpliendo su palabra y se dicen traicionados. Esa defensa masculina ha calado incluso en las más combativas feministas del Senado que sienten pena por la presunta falta.
¿Puede ese acuerdo colocarse por encima de la Constitución? Pregunté a ocho destacados conocedores de sus alcances, convocados este miércoles por el colectivo Mujeres en Plural para analizar el tema.
“Ojalá el Tribunal Electoral resuelva conforme a la Constitución”, sostuvo Maricarmen Alanís, expresidenta de ese órgano y para quien la violencia política contra las mujeres puede expresarse con el incumplimiento de las disposiciones jurídicas que reconocen sus derechos.
“¿Qué tiene que ver un acuerdo político con lo que dispone la Constitución? Es increíble que se pueda presentar siquiera como argumento (…) Les va a costar muchísimo, a los que tengan otras posiciones, escaparse de la textualidad del texto”, auguró el ministro en retiro José Ramón Cossío.
“¿El Tribunal se va a doblegar para cumplir los caprichos del patriarcado?”, cuestionó la exsubprocuradora y feminista Mariana Benítez.
“Tenemos siglos viendo cómo los hombres se ponen de acuerdo para repartirse el poder. No nos extraña que hablen nuevamente de un acuerdo”, reviró Patricia Olamendi, doctora en derecho y militante por la igualdad.
José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho de la UIA, alertó que los partidos no pueden perpetuar más la exclusión ni incumplir el mandato constitucional de que la representación pública debe darse en condiciones de paridad.
De cara a la tarea que los magistrados deberán resolver, el exembajador ante la OEA, Emilio Rabasa, citó el argumento esgrimido por el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, en el caso de la consulta contra los expresidentes: “Aquí estamos no para restringir, sino para ampliar los derechos de participación democrática”.
El académico Santiago Corcuera resumió que el Tribunal no tendrá ningún problema para decir que el acuerdo del INE es plenamente constitucional, por lo que 2020 pasará a la historia como el año de la pandemia y de las poderosas luchas de las mujeres.
Así que todo indica que, como lo advirtió Leticia Bonifaz, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, para qué tantos brincos, si el suelo constitucional ya está muy parejo.
Independientemente del fallo del Tribunal, esta resolución del INE ha convertido en tsunami político la ola feminista que, desde diversos frentes, las mexicanas protagonizan contra la violencia y la discriminación.
El “caso de la Manada” supuso un punto de inflexión sobre la violencia sexual en nuestro país. La sentencia, el trato a la víctima, el cuestionamiento e insensibilidad produjo una serie de reacciones y protestas que han impulsado algunos cambios en la percepción de la violencia sexual y en las herramientas para combatirlas
SemMéxico/ Ameco Press. Madrid, 21 nov. 20.- Hace cuatros años del juicio de la “Manada”, (aún ha quedado escrito en la memoria colectiva el juicio de la violación múltiple que sufrió una chica durante los Sanfermines). El caso se convirtió en un acontecimiento mediático que puso sobre la mesa mitos, estereotipos y la falta de especialización de los y las profesionales que están en contacto con las supervivientes de violencia sexual.
Es reciente que la agresión sexual se considere un tipo de violencia contra las mujeres. Y fue en 2016, con el juicio de la “Manada”, donde se pudo ver como el proceso de denuncia puede llegar a ser un suplicio para las víctimas en vez de una protección.
También ha sido decisivos movimientos como “Me too”, donde a través de las redes sociales las mujeres iban denunciando algún tipo de violencia sexual sufrida. En España, bajo el lema “Yo sí te creo” se ha ido y se sigue dando apoyo a todas aquellas mujeres que deciden contar su historia.
Mitos, estereotipos y violencia institucional
El informe “Ya es hora de que me creas”, realizado por Amnistía Internacional, muestra la desprotección que sufren las víctimas de violencia sexual. Este tipo de violencia sigue siendo desconocida y se sigue sosteniendo, que no coincide con la realidad, el mito del violador que nos espera en el portal.
La Macroencuesta de Violencia de Género 2019, publicada por el Ministerio de Igualdad, rompe con este mito. Los datos exponen un mayor porcentaje en los agresores conocidos (amigo, vecino, pareja o ex pareja, familiar, compañero o jefe) que de desconocidos y también muestra que el sitio donde más se produce este abuso es en la propia casa de la víctima. Esta investigación ayuda a ampliar la visión sobre la violencia sexual y a poner el foco en las agresiones dadas en el entorno conocido que suelen ser las menos creíbles para las instituciones, produciendo una mayor victimización secundaria.
La llamada cultura de la violación ha supuesto que la imagen generalizada de un agresor sea la de un desconocido escondido en algún recoveco mientras el estereotipo de la víctima es la de aquella mujer que se resiste, pelea o grita para pedir ayuda y que, a partir de la agresión, ya no pueda realizar su vida con “normalidad”. Cuando aparece una víctima denunciando haber sufrido violencia sexual y no encaja en esta visión, se expone a un mayor cuestionamiento por parte de las instituciones y una mayor desprotección.
El caso de la Manada supuso la visibilidad de otro tipo de víctima y de violencia sexual. También mostró la falta de formación en las instituciones con respecto a la violencia de género y a la cultura de la violación. La víctima fue cuestionada porque iba “sola con cinco chicos” y porque “no se defendió”. Se debatió su credibilidad porque había bebido y porque tras el abuso había retomado su vida. Todo el enfoque está puesto en exigir que sea ella quién conteste y luche para que se le crea y no en interpelar a los agresores.
Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional asegura que “todavía hay mucha resistencia de algunos jueces y juezas de entender lo que supone la violencia de género y la violencia sexual”. El informe de AI “quería visibilizar los estereotipos de género que hay en la violencia sexual, una violencia muy oculta”. Virginia destaca que “seguimos asistiendo a sentencias muy preocupantes. Ha pasado inadvertida la sentencia de los jugadores del Arandina, que es totalmente escandalosa y está basada en los estereotipos de género que venimos denunciando”.
En la misma línea se expresa Virginia Gil, directora de la Fundación Aspacia, en relación con la violencia institucional y los mitos. “Los mitos están presentes en todos los estamentos sociales y, por lo tanto, se refleja en las personas que están en las instituciones”. Virginia Gil destaca que el cuestionamiento continuo de las víctimas tiene que ver con los estereotipos que hay alrededor de la violencia sexual. “Una idea muy sostenida es la imagen de la violación auténtica, que es la que ejerce un agresor desconocido en un descampado, utilizando mucha violencia y donde la mujer se resiste con uñas y dientes, entonces todo lo que se sale de este canon va planteando dudas sobre la víctima”.
La violencia institucional conlleva un cuestionamiento a la víctima desde su manera de vestir, el lugar donde se encontraba, su sexualidad, hasta debatir si sufrió. La filosofa Celia Amorós lo relaciona con la existencia de la racionalidad patriarcal, es decir, siempre hay una justificación detrás de una agresión sexual que desacredite a la víctima y arrope al agresor, provocando finalmente que el suceso pase desapercibido.
“El cuestionamiento de la mujer es tan grande, que al final la condena [del agresor] no repara” dictaba Laia Serra, abogada penalista en una entrevista para Amnistía Internacional.
Mujeres migrantes, víctimas de trata y conflictos armados
Las mujeres extranjeras en situación irregular en nuestro país son de los sectores más vulnerables, no solo en temas económicos y laborales, también en derechos humanos. El informe Cadenas Invisibles, de Amnistía Internacional avisaba de que las autoridades españolas anteponen el control policial y migratorio a la identificación y protección de víctimas de trata.
La ausencia de leyes y de formación en violencia de género implica que cuando una mujer migrante denuncia haber sufrido violencia sexual o ser víctima de trata, desde las autoridades solo vean a una mujer extranjera y que su primera pregunta sea si tiene papeles. Este hecho complica aún más la situación de las mujeres migrantes. El miedo a ser expulsadas, hace que callen. En una entrevista con Carolina Elías, presidenta de SEDOAC, alertaba del aumento de puestos de trabajo de internas a raíz de la crisis surgida por la pandemia de la covid-19. Esto agrava más la situación de las mujeres extranjeras en situación irregular, ya que muchas son empleadas del hogar, sin contrato y expuestas a ser agredidas sexualmente al convivir con el abusador y sin tener posibilidad de protección alguna.
En un estudio de la investigadora Sonia Herrera, bajo el título “Atrapadas en el limbo. Mujeres, migraciones y violencia sexual”, describía que la violencia que sufren las mujeres migrantes siempre va ligada al cuerpo. Más del 60% de las mujeres migrantes sufren violencia sexual en el viaje de tránsito.
Por primera vez, la Macroencuesta de Violencia de Género 2019 ha puesto la lupa en la violencia sexual, entre otras formas de violencia ejercida sobre las mujeres. El 13,7% de mujeres residente en España han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida y el 2,2% han sido violadas. El 99,6% de los agresores han sido hombres y el 60% de esos hombres eran: un conocido, amigo, pareja o familiar de la víctima. El abuso sexual se produce en el 59% de los casos en casa de la víctima, del agresor o una tercera vivienda. Y solo el 8% de las mujeres denuncian. Las principales causan por las que no toman vía legal es por vergüenza, porque era menor o por temor a no ser creídas.
Estas conclusiones hacen ver que son necesarias y urgentes medidas y leyes de protección, reparación y prevención de la violencia sexual en España. El que las mujeres sigan mostrando desconfianza hacia la denuncia apela a una reflexión profunda por parte de las instituciones.
Todas estas situaciones evidencian la necesidad de considerar la violencia sexual como un tipo de violencia machista, tal y como establece el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, y que está inspirando reformas en leyes, mecanismos y herramientas existentes en nuestro país.
El Gobierno presentó un borrador de anteproyecto de Ley, conocido como “Solo sí es sí” que abarca un plan integral para dar protección y seguridad a las víctimas de violencia sexual. Esta ley supondría una modificación en el artículo 178, eliminando la diferencia entre abuso sexual y agresión sexual. La ley, además de los delitos sexuales contemplados en el Código Penal, considera violencia sexual la mutilación genital, la trata con fines de explotación sexual y el matrimonio forzado.
El anteproyecto conllevaría la creación de una red de asistencia integral especializada con centros de crisis 24 horas. Además de un plan estatal evitando la ausencia de servicios en algunas comunidades y la diferencia de protocolos en las autonomías.
La ley también supondría el derecho a acceder a las ayudas económicas y de protección sin la obligatoriedad de denunciar. En este apartado, en la conversación con Virginia Álvarez, mostraba su preocupación, ya que, aunque es una noticia positiva, “del borrador que hemos visto nos sigue preocupando, que para las otras víctimas no se está exigiendo denuncia para el acceso a ayudas, a las víctimas inmigrantes en situación irregular, sí que se las va a exigir esto”. La imposición de poner una denuncia invisibiliza y, además, aumenta el temor de la mujer migrante a ser expulsada del país.
Aumentar las penas nunca ha sido reclamo feminista. Como dijo Victoria Rosell, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, en el conversatorio de violencia sexual, “las respuestas penales son una historia tan patriarcal”. La fijación por el castigo de algunos sectores de la sociedad no está respaldada por los movimientos feministas. Estos se centran más, igual que el borrador de ley, en la reparación de la víctima y en la formación especializada de aquellos profesionales que estén en contacto con víctimas de violencia sexual. En el mismo conversatorio, María Olaya, consejera de Toronto Rape Crisis Centre, sentenció lo punitivo diciendo que “las mujeres no son tenidas en cuenta. No todas quieren ir a reportar a la policía. No todas quieren la misma reparación. Ella debe elegir como quieren sanarse y no por imposición. ¿Dónde están las alternativas?”
Además de lo punitivo, las medias legislativas deben ir acompañadas por reformas educativas con perspectiva de género y herramientas para la prevención y sensibilización de la sociedad ante la violencia sexual.
Más de un centenar de organizaciones han participado en la elaboración de la propuesta que fue presentada públicamente este miércoles y que gravita sobre un objetivo central: prohibir cualquier tipo de actividad económica que implique la explotación sexual de mujeres y niñas
Redacción
SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 21 noviembre. 20. Más de un centenar de mujeres y organizaciones feministas del Estado español han participado en la elaboración de la llamada Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional, presentada públicamente el miércoles, y que se basa en el objetivo de prohibir cualquier tipo de actividad económica que se base en la explotación sexual de mujeres y niñas y penalizar a proxenetas y a puteros.
La iniciativa nació en noviembre del año pasado impulsada por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP) y ha seguido fraguándose en un proceso en el que se han implicado numerosas organizaciones del Estado español. Este miércoles, con el horizonte del 25N asomando, se ha presentado a la opinión pública en un acto virtual en el que participaron cerca de 400 mujeres y asociaciones españolas y de países como Argentina, Australia o Filipinas.
La presentación comenzó con la lectura colectiva de fragmentos de la Exposición de Motivos y de artículos del Capítulo Primero de la Ley y continuó con la intervención de una de las portavoces de la Plataforma, Rosario Carracedo. “Es primordial concienciar a la sociedad y a los poderes públicos, de que la prostitución es una forma extrema de violencia contra las mujeres que atenta contra sus derechos fundamentales”, destacó al comienzo.
La ley consta de 25 artículos y 13 disposiciones adicionales y tendría efecto en el conjunto del Estado. Se ha inspirado en la ley francesa aprobada hace dos años y en la ley sueca, entre otras. La portavoz de la plataforma explicó que el texto se estructura en tres ejes: el primero, garantizar a las mujeres en prostitución la amplia gama de derechos de esta ley y de otras concurrentes con independencia de su origen geográfico; el segundo, desmantelar la industria de la explotación sexual y, el tercero, desincentivar la demanda, es decir, penalizar al putero.
Que denunciar no sea una obligación para acceder a los derechos
En cuanto al primer eje, la propuesta enfatiza la protección de las mujeres en situación de prostitución, a las que excluye de cualquier responsabilidad y les garantiza el mismo marco de protección, asistencia y acceso a la justicia que el que tienen las víctimas de violencia de género. Considera la prostitución como una «violencia extrema» hacia mujeres y niñas y propone la reforma de la ley contra la violencia de género de 2004, para incorporar en ella la prostitución como una forma de violencia, lo que según las organizaciones es «una reivindicación histórica del feminismo».
Igualmente se ha incorporado una variedad de formas de reconocimiento de la situación de prostitución, para que no tenga una sola fuente de acreditación y que no derive únicamente del sistema de justicia penal. Así, la propuesta defiende que el acceso de las mujeres prostituidas a la protección y programas socio-laborales no puede estar ligado a su colaboración en la lucha contra el delito, ni con la obligación de interponer una denuncia previa.
El segundo eje está enfocado al desmantelamiento del proxenetismo, de la industria de la explotación sexual y de las actividades de los proxenetas. Entre las modificaciones legales propuestas, plantea implantar la tercería locativa, es decir, criminalizar a quienes confinan y acuartelan a las mujeres para explotarlas sexualmente en espacios cerrados. También apuesta por modificar otras disposiciones vigentes para volver a penalizar el proxenetismo, algo que suprimió la reforma del Código Penal de 1995. Ese es uno de los motivos que explica que “España sea uno de los principales lugares, no sólo del tránsito de mujeres y niñas destinadas a la explotación sexual, sino en uno de los prostíbulos de Europa”, según explicó Carracedo durante la presentación.
El tercer eje de la propuesta gravita en el objetivo de “sancionar penalmente a los puteros y a los proxenetas, ya actúen individual o colectivamente”. El texto contempla, además, medidas de sensibilización a través del sistema educativo y de los medios de comunicación, así como formación especializada para todas las personas que intervengan en el desarrollo de la ley. Para llevar todos estos objetivos adelante, se establece una dotación presupuestaria anual.
Al tratarse de una ley orgánica no puede presentarse como Iniciativa Legislativa Popular y debe pasar por el Gobierno y el Legislativo. La Plataforma para la Abolición de la Prostitución (PAP) ha solicitado en dos ocasiones, sin éxito, reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien las ha remitido al Ministerio de Igualdad. En adelante, acudirán a los grupos parlamentarios y al Ministerio de Igualdad para tratar de que el texto y salga adelante.
Según el Latinobarómetro, Paraguay tiene la segunda tasa más alta de Violencia Intrafamiliar Contra la Mujer de América Latina: 41.0% de las mujeres. “Las cifras de mujeres asesinadas por sus parejas y de casos de violencia contra niñas nos muestran que estamos en una situación más complicada con la pandemia”
SemMéxico/AmecoPress. Asunción, 21 nov. 20. .- “Es posible que por el Covid 19 no se realicen marchas, como en otros años, pero estamos conversando sobre diferentes acciones”, dijo Myrian González, Directora del Centro de Documentación y Estudios (CDE). “Las mujeres necesitamos reafirmarnos en una vida libre de violencia”, añadió, y explicó que de esa idea surgió hace unos años el nombre “Mujeres Libres de Violencia”. “Necesitamos que el mensaje sea positivo, pero es muy difícil, porque este año ha sido especialmente duro para las mujeres, por todo lo que implicaron las medidas por la pandemia”, dijo Graciela Mereles, representante de la Federación de Mujeres del Paraguay.
“Las cifras de mujeres asesinadas por sus parejas y de casos de violencia contra niñas nos muestran que estamos en una situación más complicada con la pandemia”, dijo Lourdes Herreiro, una de las participantes de la plataforma.
Victoria Peralta, del Movimiento por el Derecho a la Salud María Rivarola, dijo que era necesario poner también el énfasis en la violencia que sufrieron este año las mujeres “deambulando en busca de salud”. “¿De qué nos sirve que nos diagnostiquen cáncer si no hay tratamiento? Las mujeres con cáncer tuvieron que salir a manifestarse para poder acceder a la quimioterapia. El octubre rosa promueve la detección de la enfermedad, pero no hay tratamiento. Saber que tenés cáncer y no poder tratarte te deteriora aún más rápido”, afirmó.
“Siempre denunciamos la violencia que sufren las mujeres indígenas, y este año contamos muchos casos de niñas y mujeres indígenas asesinadas. Tocamos el tema cada año, pero como mujer indígena puedo afirmar que nunca hemos sentido tanto la violencia como en estos meses. La pandemia nos trajo muchas cosas, pero lo más difícil ha sido la violencia comunitaria con el líder. El Estado se desentiende con la ley consuetudinaria, que los líderes sacan para ser violentos. Ninguna ley consuetudinaria, ninguna cultura indígena, se basa en la violencia. Ahora estamos acompañando un caso de violencia comunitaria en Filadelfia, U’jhelavos, en la zona del Chaco”, dijo Daniela Benítez, artesana nivachei e integrante de Mujeres Indígenas del Paraguay.
Norma Bogado, de Cultiva Paraguay, opinó que es posible realizar acciones locales, pero la visibilidad mediática siempre es mayor cuando las actividades se realizan en la capital.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
En 2019, la plataforma Mujeres Libres de Violencia se unió a la marcha del 25 de noviembre haciendo un especial llamado hacia otras mujeres “que nos escuchan y nos ven. A las madres, a las abuelas, a las hermanas, a las hijas, a las tías, a las sobrinas, a las primas, a las vecinas, a las amigas, compañeras, a las paisanas, a las comadres, a las cuñadas, a todas. Queremos decirles para unirnos, para abrir los ojos, para cuidarnos, para cuidar nuestra vida, y sobre todo, para cuidar cada uno de los derechos que hemos ganado gracias a quienes vinieron antes, a las que mataron, a las que sufrieron, a las que maltrataron, a las que violaron de niñas, a las que toquetearon, a las discriminadas, esos derechos por las que lucharon ellas, las que dijeron ‘¡Basta!’, para que nos diéramos cuenta de que queremos ser ¡Mujeres Libres de Violencia!”.
Desde esta plataforma se denuncia la violencia estructural, pero a la vez se valora la capacidad de organización de las mujeres en sus comunidades, en sus territorios, frente al modelo extractivista de la economía y de la vida, que acumula mucha riqueza en manos de unos pocos, destruye el medioambiente y genera pobreza a la mayor parte de las mujeres campesinas y a sus familias.
En Paraguay, la violencia en todas sus formas -ya sea física, psicológica o económica- alcanza a las mujeres. Los feminicidios son frecuentes y dejan a los hijos e hijas desprotegidos. Y, ante todo este panorama, la Justicia no es pronta y barata, ni mucho menos efectiva.
SemMéxico/La Independent. 21 de noviembre. Con motivo del 25N hablamos con Montserrat Vilà Planas, presidenta de la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género.
¿Cómo surgió la iniciativa de crear esta Red? Las vocalías de mujeres del distrito del Eixample de Barcelona, desde el año 2000, estábamos trabajando por la sensibilización y la prevención de la violencia de género, fruto de las expectativas que abrió la IV Conferencia de Pekín. Nos dimos cuenta que, desde la transición, las luchas por la igualdad, por la no discriminación, para conseguir los derechos que nos corresponden habían reforzado al movimiento, pero sobre las violencias machistas pensamos que iría bien una Plataforma que, a partir de unos mínimos acuerdos de lucha, se pudiera apuntar y hacer alianza todas las entidades o personas que luchamos contra la violencia hacia las mujeres, con los objetivos de hacer sensibilización, prevención e incidencia política. Y así nació en 2002 la Plataforma Unitaria contra las violencias de género.
¿Cuáles son vuestras líneas de trabajo? Tenemos tres grandes áreas de trabajo: Incidencia social, de sensibilización y movilización de la ciudadanía con el proyecto del Foro anual de noviembre en el que trabajamos todo el año; con el tercer lunes de cada mes en la Plaza San Jaime para hacer un homenaje a las mujeres asesinadas, con acciones en la calle y en los mercados. De prevención a través de la educación tanto en las escuelas como en el ocio, con Rompemos el Silencio, la Red Activa de Juventud por la Igualdad (XAJI) y otros. Incidencia política, para llevar las campañas más adecuadas y recurrentes a la calle, para incidir todas juntas en las políticas públicas. Lo hacemos participando en el movimiento de mujeres de Cataluña a través de las diferentes Redes como Ca la Dona, como la FEDE, Asociaciones de Vecinos y Vecinas, y también desde los Consejos tanto el Consejo Nacional de Mujeres de Cataluña (CNDC) como el Consejo de Barcelona y sus grupos de trabajo sobre violencias. Incidencia internacional, apoyando a movimientos sociales de mujeres en el mundo y participando en algunas redes como Women Against Violence Europe (WAVE) a nivel europeo.
Acabáis de celebrar la edición 16 del Foro contra las Violencias de Género, ¿qué valoración hacéis? Estamos contentas porque a pesar de las dificultades para poder hacer el Foro presencial, desde el primer momento de la pandemia el Grupo de Trabajo que lo prepara y el equipo técnico previeron que teníamos que hacer algo especial. Primero, que los contenidos del Foro también tendrían en cuenta el tiempo que estamos viviendo, y segundo, poner los medios técnicos para poder hacerlo virtual y que fuera provechoso.
Hemos tenido seis días de Foro. En principio, habíamos previsto que las mesas redondas y alguna otra actividad fuera presencial. Pero finalmente, a causa de las últimas medidas, todo el Foro fue virtual.
Han participado 4.930 personas en las 7 mesas redondas, los 2 coloquios y las 17 actividades del Foro, y han visionado las mesas y talleres, hasta ahora, otros miles de personas. Hay que añadir 900 jóvenes de los 4 debates, los 2 talleres, la actividad de buenas prácticas, el micro abierto, la Gincana y el teatro foro hecho en el Foro joven. Hemos contado con la colaboración de más 50 talleristas y 45 ponentes.
El recuento oficial nos muestra que 55 mujeres fueron asesinadas, el año pasado, a manos de sus parejas o ex parejas. Este año, ya son 38. En Cataluña, en concreto, 7 mujeres y una niña. Pero si miramos las cifras del Observatorio Feminicidio.net son muchas más. ¿Por qué no se tienen en cuenta las otras violencias machistas? La ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, en su artículo nº1, contempla la violencia machista «como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de los que sean o hayan sido sus cónyuges o de los que estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, incluso sin convivencia». Por lo tanto todas las cifras oficiales hasta ahora dejan fuera otros muchos tipos de violencia machista como violencias sexuales, violencias en relaciones esporádicas, etc.
También el Observatorio de Feminicidio.net contempla todos los feminicidios, es decir, los asesinatos a mujeres y los clasifica muy bien. Por ejemplo contempla el asesinato a mujeres por robo, o por violencia comunitaria. Están contemplados también los asesinatos de los menores asesinados por los padres agresores.
Una de las demandas que se ha ganado con el Pacto de Estado es que se modifique la ley para poder tener unas cifras reales de la violencia machista. Está ya aprobada pero todavía no lo computan.
Volviendo a las cifras que son escalofriantes, ¿qué es lo que falla? ¿Tenemos unas leyes e instituciones a la altura para abordar las violencias machistas? Realmente las cifras continúan siendo muy altas. La última macro encuesta del estado en 2019, nos alerta de cómo está de arraigada la violencia machista en una sociedad que denominamos patriarcal. ¿Qué falla? La violencia machista es estructural y para cambiarla tenemos que construir otra manera de relacionarnos mujeres y hombres. Esto se está consiguiendo a lo largo de los años con la lucha de las mujeres por sus derechos y libertades. Pero a pesar de que estamos consiguiendo muchos éxitos y cambios sustanciales con medidas y leyes poniendo en la agenda política la violencia hacia las mujeres, la aplicación de estas políticas públicas demasiado a menudo no están a la altura para abordar las violencias machistas. Las personas, las instituciones, que tienen que desarrollar y aplicar estas leyes todavía no están en este cambio que pide atacar a la raíz de la violencia, todavía hay una parte importante de la sociedad que de alguna manera acepta o justifica la violencia hacia las mujeres. Los múltiples estereotipos y mitos hacia las mujeres están muy integrados dentro del imaginario social.
La lucha para erradicar la violencia está ganando terreno desde la base social de la juventud, de las mujeres en general y de algunos hombres que hacen alianza con el movimiento feminista y va tomando cuerpo a nivel mundial como hemos visto estos últimos años con la Huelga feminista del 8M o las manifestaciones del 25N o movimientos como el MeToo, o ahora el movimiento por el aborto libre en Polonia.
¿De qué manera está afectando la Covid-19 a las mujeres que viven situaciones de violencias? Tiene un impacto directo con un incremento de la violencia machista hacia las mujeres y sus hijas e hijos, a los abusos a menores, en casa, en las redes, en la comunidad.
El aislamiento de todos estos meses, agravado en muchas mujeres por situaciones de pobreza o de trabajo precario crea situaciones de angustia extrema. Agravado por no tener un entorno adecuado. Una compañera explicaba cómo para mujeres migradas el mensaje «quédate en casa» tiene connotación de todo menos de seguridad, con familias viviendo en una habitación sin condiciones ni sanitarias ni de convivencia.
Las mujeres que se han tenido que confinar con su agresor están sufriendo el miedo, el riesgo, la angustia y las agresiones sin muchas posibilidades de salir de la violencia. La disminución de denuncias en los primeros meses de confinamiento lo verifica. Las que ya sufrían una agresión o las que han empezado a sufrirla no han tenido tantas oportunidades de llamar a un servicio o de acercarse a una entidad que las ayudara.
Las mujeres que ya habían salido y no viven con el agresor se han visto sin el calor del acompañamiento que están recibiendo para recuperarse o han tenido muchas dificultades para continuar con los trámites de los recursos o han visto interrumpido su juicio, etc. etc.
En este contexto del impacto y ligado a las violencias machistas los y las menores son las grandes olvidadas. Las que conviven con los padres agresores. Las que están siendo objeto de abusos sexuales dentro de la misma familia. Las que están asediadas en las redes por pedófilos o abusadores directamente. Según la unidad operativa de estos delitos de la GC del estado, se ha incrementado estos meses un 24% en plataformas P2P y un 42,8% en el sector de webs oscuras.
En tanto que periodistas, ¿cuál es la queja qué harías a los medios de comunicación generalistas a la hora de abordar estos temas? Que hablen con expertas del tema y no con la primera persona que se encuentran del entorno. Que vayan a las raíces del tema, con información contrastada. Que no sean cómplices de esta violencia normalizando situaciones o escondiendo la impunidad de los agresores. Los asesinatos que no los traten como un suceso que pasa como una fatalidad.
En definitiva que se pongan junto al movimiento feminista y de las mujeres que luchan por sus derechos y libertad y que ayuden a hacer este cambio social que lleve a un mundo libre de violencia machista.
Este es un artículo de opinión de Núria Pedrós, investigadora en sistemas de salud pública y migraciones internacionales de la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech, y María Celeste Ruiz, del mismo centro de estudios superiores.
BARCELONA, 19 nov 2020 (IPS) – Los efectos de la pandemia actual por la covid-19 afectan de manera desigual a la población y aquellas personas que se encuentran en las intersecciones de diferentes desigualdades (género, pobreza, etnia u orientación sexual) son las que se están viendo más perjudicadas.
Tal y como desgraciadamente ha ocurrido en momentos de crisis a lo largo de la historia, están creciendo los casos de violencia de género, la incidencia de enfermedades de transmisión sexual, los embarazos en adolescentes y los matrimonios infantiles, aumentando así la discriminación de género.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas , durante períodos de confinamiento la violencia de género aumenta mundialmente de media un 20%. Esto significa que después de seis meses de confinamiento han tenido lugar 31 millones de casos adicionales de violencia de género.
Las medidas de confinamiento así como el cierre de las escuelas han significado que muchas niñas se vieran obligadas a volver a casa de sus padres, un lugar que no siempre es un espacio seguro. En Sierra Leona, distintas ONG como Save the Children pusieron en marcha un programa para dar de comer a niñas vulnerables que viven en asentamientos informales en las zonas más pobres del país.
Pretendían así evitar el aumento de embarazos de adolescentes que se produjo durante la pandemia del Ébola en 2014. En aquel momento el número de embarazos en menores aumentó un 65% respecto a años anteriores y la mayoría de estas niñas habían sido forzadas a tener sexo transaccional a cambio de cubrir sus necesidades básicas alimentarias.
En Uganda y Kenia, los expertos se han hecho eco de los embarazos de adolescentes derivados de la convivencia de las niñas con personas que han abusado de ellas o han utilizado las relaciones sexuales como moneda de cambio para cubrir sus necesidades básicas.
En el caso de Uganda, para aminorar esta situación, se ha creado un Comité de Protección Infantil con la colaboración de organismos internacionales como World Vision en áreas con una mayor incidencia.
En el África Subsahariana central y oeste se encuentran 6 de los 10 países donde esta práctica tiene una mayor prevalencia: 4 de cada 10 niñas se casan antes de los 18 años. Níger es el país del mundo con una mayor prevalencia de matrimonios infantiles: tres de cada cuatro niñas se casan antes de los 18 años y una de cada tres antes de los 15 años.
Una práctica arraigada a la desigualdad de género
Esta práctica está arraigada en la desigualdad de género y las estructuras patriarcales, así como a factores de pobreza, falta de nivel educativo e inseguridades económicas que se exacerban durante periodos de crisis. Además, cabe mencionar que en muchas zonas de África aún se practica la mutilación genital a las niñas antes de casarlas.
María Celeste Ruiz
Etiopía es el decimoquinto país del mundo con el índice de matrimonios infantiles más elevado. Aunque su Código Penal criminaliza el matrimonio infantil, el país cuenta con un total de 15 millones de niñas casadas. Aunque en las últimas dos décadas había disminuido el número de matrimonios infantiles de 60% al 40%, actualmente estos avances se están perdiendo debido al confinamiento y al cierre de las escuelas. Los centros educativos realizaban rastreos de casos y mediaban con la legalidad nacional.
En Kenia, el cierre de las escuelas significó para muchas niñas la clausura de sus espacios seguros donde habían escapado de la ablación o de matrimonios forzados. Varios centros escolares han expresado su inquietud por el posible no retorno de muchas niñas y adolescentes a la escuela cuando estas reabran.
Campañas de sensibilización durante el confinamiento
Con el fin de revertir esta situación, varios grupos de mujeres activistas han estado haciendo campañas de sensibilización durante el confinamiento en diferentes zonas con alta incidencia de matrimonios infantiles y embarazos en adolescentes.
En estas campañas han recalcado la importancia de la educación para las niñas y han desmitificado rumores de ciertos sectores de la población que dicen que estas se deben casar antes de que termine la pandemia. Se han dado situaciones donde las niñas se han visto obligadas a casarse por falta de sostén económico en casa y a la espera que el marido pague los gastos escolares.
Es necesario, sobre todo en épocas de crisis como la actual, proteger los derechos de las niñas asegurando un espacio seguro para su buen desarrollo. Esto implica, necesariamente, disfrutar de la educación primaria y secundaria completa y no ser forzadas directa o indirectamente a tener relaciones sexuales o a casarse. Hay que acabar con el ciclo de pobreza que la maternidad infantil implica y asegurar a estas niñas sus derechos fundamentales.
Hacemos nuestra la tarea de arrancar la etiqueta de la discriminación: Julieta López Bautista
Redacción
SemMéxico. Morelia, Michoacán. 20 de noviembre de 2020.- Periodistas y comunicadores de Michoacán se capacitaron y sensibilizaron sobre la protección de datos personales de la población LGBT, a través del taller virtual que organizó la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado (CGCS), junto a las asociaciones “Responde, inclúyete como Diversidad y vive tus Derechos A.C.” y “Colectivo Michoacán es Diversidad”.
“Hacemos nuestra la tarea de hacer una comunicación social más eficiente, eficaz y profesional que reconozca en la sociedad la necesidad de crear coincidencias y arrancar la etiqueta de la discriminación”, señaló la coordinadora general de CGCS, Julieta López Bautista.
Indicó que con el taller las y los participantes podrán desarrollar habilidades y nuevas formas de apreciación donde haya un pleno reconocimiento de los derechos humanos y de la protección de datos personales de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, trasvesti e intersexual.
“Las únicas dos etiquetas que debe llevar un mensaje son las del respeto y la equidad, el compromiso debe ser con el lenguaje y el mensaje que se trasmite”, recalcó Julieta López.
Al dirigir el taller, Daniel Marín, integrante de “Responde, inclúyete como Diversidad y vive tus Derechos A.C.”, mostró, con un ejercicio práctico, a las y los asistentes lo fácil que es compartir, divulgar información personal y vulnerar la seguridad de datos personales.
Explicó que al hacer uso de los datos personales sensibles, como son la intimidad, privacidad, imagen e identidad, sexualidad y corporalidad es necesario pedir siempre consentimiento de la persona.
Además de que al hacer uso de esta información se debe tener en cuenta la forma en la que se depositarán los datos de la persona en diferentes escenarios, ya que las consecuencias de un manejo inadecuado son exponer a las personas a violencia, discriminación, daño a la reputación, usurpación de la identidad y pérdida de la confidencialidad.
“Es importante que generemos coincidencia y entendamos que la protección de datos personales deber ser una prioridad para mejorar los procesos informativos en la actividad periodística”, concluyó Adán García, asesor de la CGCS.
Piden justicia por los asesinatos impunes contra la comunidad LGBTTTI
Día de la Remembranza Trans, conmemora el Centro de Apoyo a las Identidades Trans
Redacción
SemMéxico. Cd. de México. 20 de noviembre 2020.- Al coro de Aquí está la resistencia trans, hombres y mujeres de la comunidad LGBTTTI, frente a la Fiscalía General de la República, defendieron su derecho a ejercer la identidad no tiene que significar una sentencia de muerte ni ser motivo de persecución.
En el marco del internacional Día de la Remembranza Trans, el Centro de Apoyo a las Identidades Trans y otras colectivas tomaron esta mañana simbólicamente las instalaciones de la FGR.
Quisieron hacer un recordatorio de las y los trans asesinados impunemente, los recordaron con fotografías y veladoras, y significaron emocionadamente a todas las compañeras trans que les han sido arrebatadas por la violencia en el país.
Se apostaron y mostraron un collage de fotografías con los rostros de entre otras Julia Zúñiga y Agnes Torres.
Reclamaron a las afueras del edificio de la FGR que hasta ahora no hay justicia, dijeron, para ninguna de las trans e invisibilizadas.
Natalia Lane, coordinadora del Centro, dijo que hoy y siempre se debe de recordar a todas las mujeres trans que faltan.
“Recordar a las asesinadas es nuestra forma de combatir y denunciar la transfobia, el prejuicio y la discriminación que nos atraviesa. Hoy estamos aquí por la rabia, el coraje y la memoria”, dijo.
De acuerdo con Lane, México es el segundo país a nivel mundial con la mayor cantidad de transfeminicidios.
Los asesinatos a mujeres trans también son feminicidios, decía una leyenda escrita en una de las cartulinas que fueron colocadas en la pared principal de la Fiscalía.
“Tenemos derecho a que nos respeten, a que se reconozca nuestra trayectoria de vida y a celebrar las identidades porque las personas trans existimos, porque las infancias trans resisten”, agregó Lane.
En improvisado podio al leer la semblanza de una de las mujeres asesinadas, Daniela Espinoza lamentó que cada año la comunidad deba exigir justicia por una asesinada más.
“La violencia no para y lo sabemos pero a pesar de ello estamos juntas y haciéndonos presentes para decirle al mundo que aquí estamos, que entre nosotros creamos lazos”, comentó Espinoza.
Por último, tomadas de la mano y con la bandera de color rosa, azul y blanco, las mujeres prometieron a las autoridades que no las verán vencidas y que no descansarán hasta que se les deje vivir en paz.
Los disparos contra ella y otro reportero podrían ser ataques directos y no “balas perdidas”
A su abogada de oficio le niegan el acceso a la carpeta de investigación, pero una televisora conoce todo el expediente
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Cd. de México, 20 de noviembre, 2020.- Cecilia Solís periodista lesionada con arma de fuego que accionaron policías durante una manifestación el pasado 9 de noviembre en el emporio turístico de Cancún, Quintana Roo, teme por su vida y pide que se haga justicia.
Su llamado de atención en SemMéxico es paralela a la que hoy siete expertas en Derechos Humanos y un relator de la ONU han emitido en un comunicado en el que piden al Gobierno y a la Policía mexicana a proteger y no atacar a las mujeres que se manifiestan pacíficamente contra la violencia.
“Yo en un inicio pensé que era una bala perdida”, dice en relación al impacto de bala que recibió aquella tarde noche en que unas 300 personas protestaban exigiendo justicia para Alexis, una joven asesinada en la misma población. Ahora la reportera también pide justicia para ella, para Roberto Becerril y una activista de nombre Wendy.
Luego explica que por personas que saben sobre balística que, tanto en su caso como en el de Wendy, las balas podrían ser resultado de disparos directos y no de rebotes como se habría dicho en un principio.
Con voz serena, esta reportera con una experiencia de casi un cuarto de siglo de trabajo, plantea a SemMéxico que espera resultados de las investigaciones, pero lamenta que un medio de comunicación de una televisora haya tenido acceso a su expediente y su abogada de oficio no.
Y el temor por su vida se fundamenta porque quienes accionaron sus armas contra una multitud que corría ante la agresión todavía no son detenidos y cuando eso pase espera que no haya consecuencias, “ayer en una televisora anunciaron que hay personas identificadas, pero estas habrían actuado en la marcha del 15”, una marcha posterior y en la que ella no estuvo.
“Estoy indignada molesta porque Televisa dice que ya identificaron a los policías y da a conocer nombres y detalles, pero como víctimas no sabemos nada”.
Incluso ayer mismo personal el vice Fiscal, Carlos Villarreal, le llamó para decirle que “cuando quisiera podía ir a revisar la carpeta de investigación”, pero a la abogada de oficio – asignada desde el pasado día 10 – se le negó el acceso esta misma mañana, explica.
Reitera que espera que se haga justicia, que se investigue bien, y rechaza la actitud de los elementos policiacos que accionaron sus armas contra civiles que se manifestaban a las puertas del palacio municipal de Benito Juárez (Cancún).
“Quién dio la orden de accionar las armas debe pagar, no sería justo para nadie que el hecho quedara impune, se necesita sentar un precedente. Gracias a Dios no pasó a mayores, ¿pero si las balas nos hubieran quitado la vida?”, pregunta.
Después de los hechos, se presentó con ella personal de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) quienes “analizan si atraen el caso o no”, también espera respuesta del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas donde también “están checando su caso” para ver si le brindan o no atención.
La experiencia cuenta
Cecilia dice que tiene 23 años de reportera, trabaja para El diario de Quintana Roo, pero además tiene dos páginas web de información – News Today QR e Infomediatv- para las que esa tarde noche trasmitía lo que estaba sucediendo, incluso lo siguió haciendo aun cuando estaba herida y solo dejó de hacerlo cuando un policía se acercó a ella “para que no se enojara”, aunque de todos modos fue insultada con las clásicas amenazas y jaloneada hasta que ella suplicó que se detuviera y le dijo “soy prensa, soy prensa, soy Cecilia Solís”.
Como reportera de hechos policiacos, Cecilia Solís dice que ha estado cerca de hechos violentos, pero advierte “que lo sucedido esa noche contra la ciudadanía no tiene calificativo” y de igual forma cuestiona que de las tres personas que resultaron con lesiones dos sean trabajadores de la prensa, “fue demasiada violencia”, insiste.
La “ayuda”
Fue su pareja quien la ayudó a salir del lugar para llevarla a la Cruz Roja y después al seguro donde le dieron el alta médica porque solo requería curaciones, después se presentaron a personal de Derechos Humanos y de la Fiscalía General del Estado, así como el secretario del Ayuntamiento y el vocero del gobierno del Estado, Carlos Orbañanos, quien le ofreció apoyo económico.
Inicialmente su pareja pagó algunos gastos para lo cual pidió prestado dinero, Orbañanos le dio una cantidad que gastó en material de curación y medicamentos, incluso le enseñaron los gastos que habían hecho y pidió que le juntaran las notas de gastos. Además de los hechos en placas y un ultrasonido, pagados por la presidenta municipal María Lezama.
Ahora dice que lo único que pide es que se haga justicia.
Aquí el video grabado por Cecilia, donde a partir del minuto 33 con 16 segundos empieza la agresión.
Dar pensiones y regular la ley de Asistencia Social que responsabilice a la autoridad
En Hidalgo al menos 40 mujeres han sido asesinadas en los últimos dos años
Ignacio García
SemMéxico. Pachuca, Hidalgo. 20 de noviembre 2020.- El diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Víctor Osmind Guerrero Trejo, propuso una reforma a la Ley de Asistencia Social de Hidalgo para que se obligue a las instituciones estatales brindar asistencia a los hijos menores de edad de las víctimas de feminicidios en la entidad.
El representante del distrito de Zimapán dijo que en muchas ocasiones las criaturas en orfandad son entregadas a los hombres responsables del asesinato de sus madres o en otras ocasiones quedan en el abandono económico y social, por lo cual debe existir un acompañamiento institucional a niños y niñas en esa situación.
De acuerdo con el también presidente de la comisión de Seguridad y Justicia, es necesario que el Estado brinde atención la infancia que se encuentran en situación de vulnerabilidad tras el fallecimiento de sus madres por los delitos de feminicidio, para hacer efectivo su derecho a la dignidad.
Consideró necesario crear la responsabilidad del acompañamiento, ya que no sólo han perdido a sus madres, sino que también se encuentran en el abandono institucional, razón por la cual, propuso, se deben impulsar estrategias para que se les dé apoyo psicológico.
En septiembre último el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Luis Espinoza Silva, propuso que se entregue una pensión a menores que se quedaron en la orfandad tras el asesinato de sus madres.
En Hidalgo hasta septiembre pasado se habían contabilizado 15 feminicidios, mientras que en 2019 se cuantificaron 20, cantidad similar a la de 2018, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), aunque se ha detectado un aumento de este delito en todo el país, en los últimos años.
Afirma que se trata de grave regresión en los derechos humanos de niñas y mujeres.
Piden asignación de recursos ante las más de 73 mil mujeres víctimas de violencia feminicida
Advierten que hay en las estadísticas oficiales cifra negra: Alertistas
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México. 20 de noviembre 2020.- La Red Nacional de Alertistas y defensoras de Derechos Humanos en 17 entidades del país se pronunciaron contra la arbitraria decisión de dejar sin efecto las Declaratorias de Alertas de Violencia de Genero contra las Mujeres, AVMG, que no cumplen con las recomendaciones de Gobernación.
Afirman airadamente que la reducción al presupuesto etiquetado con perspectiva de género, es una regresión para las políticas públicas destinadas a atajar la violencia contra las mujeres y piden recursos etiquetados.
En un comunicado afirman que hoy hay una carencia desde el gobierno la falta de una estrategia de acción única e integral para enfrentar la violencia contra las mujeres.
En el comunicado, las organizaciones promoventes de las AVGM refieren que tan sólo en los nueve meses del 2020, más de 73 mil mujeres han sido víctimas de violencia de género y el 83.3 por ciento de los casos se refieren a delitos que atentan contra la libertad personal.
Las llamadas al 911 por violencia familiar ya suman más de 531 mil por incidentes; 181 mil 225 por violencia de pareja y solamente se reconocen 704 feminicidios, de acuerdo a cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, la red de alergistas visibiliza la existencia de una cifra negra que triplica estas cifras.
En lo que va de la actual administración, sostienen, que han observado una grave regresión en materia de los Derechos humanos de las niñas y las mujeres, lo que se agrava sin que exista estrategia única de Estado, ni programa de acciones de emergencia frente al tamaño de la violencia contra las mujeres.
Destacan la disminución progresiva del presupuesto etiquetado para la atención y operación de las Declaratorias de AVGM en el país aprobado para el 2021, que tiene una reducción del 65 por ciento en el rubro destinado para coadyuvar el mecanismo de las Alertas, y un 12 por ciento en el fondo de transferencias a los Estados y municipios, con respecto al ejercicio de 2020, es decir, eliminan 2 mil millones de pesos del PEF para el próximo año.
Las políticas de austeridad y restrictivas afectan de manera directa la operación de las actuaciones gubernamentales en los territorios de 28 entidades de la República Mexicana que se encuentran bajo el mecanismo de la AVGM.
Afirman que es manifiesta la falta de compromiso del Estado Mexicano para garantizar el acceso a una vida libre de violencia para niñas y mujeres y recuerdan que así se incumplen todas las recomendaciones de la CEDAW, que pidió a México etiquetar de manera progresiva el presupuesto con perspectiva de género para las mujeres.
Demandan, por tanto, el cumplimiento efectivo del mecanismo de la AVGM y lineamientos efectivos para la asignación de recursos.
Piden legalidad y no violencia institucional y hacer efectiva la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Advierten que la efectiva participación de las organizaciones promoventes del mecanismo de las AVGM daría garantías para cumplir su labor. Anunciaron que van a agotar todas las instancias nacionales e internacionales para hacer valer el mecanismo de las AVGM.
Del 2013 al 2020 se han solicitado 52 AVGM en 28 entidades del país, y sólo 21 han sido declaradas en 18 estados de la república, 11 acumuladas, cuatro desechadas, ocho no declaradas y cuatro en proceso. Cabe destacar que en ninguna entidad se ha cumplimentado total o parcialmente las recomendaciones y medidas determinadas por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres CONAVIM.
Detallan la Red Nacional de Alertistas ha llevado a cabo un análisis de la situación y concluyen que no hay certeza jurídica ni reglas claras en la aplicación del mecanismo de la AVGM, lo que ha generado una atención desigual, inequitativa y deficiente en los estados alertados.
Citan como ejemplo los casos de Sonora, Campeche, Durango y Colima.
En Sonora se ha solicitado desde el año de 2015 tres distintas AVGM sin que se hayan aprobado, aun cuando la violencia feminicida coloca a los municipios de San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme entre los cien municipios del país con mayor incidencia feminicida. Cajeme ha sido incluido en el Programa de Atención a zonas prioritarias por el Sistema Nacional de Seguridad Pública;
En Campeche aún falta poner en práctica acciones de prevención y sanción contra las violencias feminicidas, la violencia sexual contra las niñas y mujeres, así como garantizar la investigación, sanción y reparación a las víctimas de tentativa de feminicidio, feminicidio y trata, especialmente se carece de acciones en la búsqueda oportuna y con vida de niñas y mujeres desaparecidas – Alerta Alba-.
Durango, es el estado con el menor índice de respuesta a los resolutivos de la Alerta. A dos años de activación el estado no cuenta con refugios para mujeres violentadas y sus hijos e hijas, no se ha implementado el protocolo para la emisión de órdenes de protección y se carece de instituciones responsables para la reparación integral del daño a las víctimas.
Colima, a tres años de la declaración de la Alerta, señalan, la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y las Secretarías de Seguridad Pública Municipales han incumplido con las recomendaciones relacionadas con medidas de seguridad y protección, prevención de la violencia, acceso a la justicia y reparación del daño. El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) se ha reunido en 7 ocasiones, para evaluar solamente el Informe del año 2018, aún quedan pendientes de evaluar los informes de 2019 y 2020.
El tratamiento desigual en los estados en donde se ha declarado la AVGM y los Estados donde solo se han emitido recomendaciones sin declaratoria, provoca ese trato desigual en la asignación de presupuesto para atender las recomendaciones, lo que es evidente en estados como Querétaro, Sonora, Ciudad de México, Chihuahua, Tlaxcala, Tabasco, Yucatán, Guanajuato, Baja California y Coahuila.
En los estados con AVGM declarada la falta de transparencia en la aplicación de los recursos etiquetados, tanto Federal como estatal; en territorios municipales no se sabe si aplica o cómo i se opera; sumado a ello es lamentable que en las entidades con Alerta, los recursos presupuestales apenas llegan al 0.26 por ciento de sus presupuestos destinados para acciones de igualdad entre mujeres y hombres y para la AVGM no se etiqueta.
Un homenaje a las mujeres, aunque no se les nombró en la festividad
Redacción
SemMéxico. Cd de México. 20 de noviembre de 2020.- Sor Juana Inés, Hermila Galindo y Carmen Serdán estarán en los nuevos billetes de 100 y 1000 pesos dados a conocer por el Banco de México (Banxico).
De acuerdo con información emitida por Banxico, en el billete de 100 pesos se representa el proceso histórico de la Colonia con Sor Juana Inés de la Cruz, la más importante poeta y escritora de la literatura novohispana.
La efigie de Sor Juana Inés de la Cruz está acompañada por una viñeta en la que se representa un fragmento del patio principal del Antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, recinto emblemático de la labor educativa durante la Nueva España.
En la parte posterior se representa el ecosistema de bosques templados con los árboles de pino, encino y oyamel, en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, localizada en los estados de México y Michoacán de Ocampo, y reconocida por la UNESCO como patrimonio natural de la humanidad.
En los nuevos billetes de 1000 pesos se representa el proceso histórico de la Revolución Mexicana con el presidente Francisco I. Madero, Hermila Galindo y Carmen Serdán, impulsoras de los ideales revolucionarios de democracia, igualdad y justicia.
Las efigies de Francisco I. Madero, Hermila Galindo y Carmen Serdán están acompañadas de una imagen de una locomotora, principal medio de transporte de los revolucionarios.
En el reverso se representa el ecosistema de selvas húmedas con el jaguar y los árboles de la ceiba y el zapote, en la Antigua Ciudad Maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul en Campeche, reconocida por la UNESCO como patrimonio natural y cultural de la humanidad.
Sor Juana Inés de la Cruz
La escritora más prolífica del siglo XVII Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa mexicana fue una erudita autodidacta que desafió los privilegios de los hombres, lucho contra la desigualdad.
Juana Inés Ramírez de Asbaje y Ramírez de Santillana, que era su verdadero nombre tuvo que enfrentarse con los religiosos, con quienes convivió, porque no se veía bien que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento. Cabe recordar que la escritora ya había sido parte del billete de MIL en los años 70.
Hermila Galindo
Fue una pionera feminista mexicana, maestra, periodista, revolucionaria, primera candidata a diputada federal y una gran oradora. Defendió los derechos de las mujeres la cual marcó su vida personal y su trayectoria política. Gran parte de la energía de Hermila Galindo se destinó a la propaganda de las fuerzas constitucionalistas, nunca descuidó la vertiente feminista, ya que creía que debía constituir un aspecto importante de la revolución mexicana, tal y como señaló al resumir las discriminaciones legales contra las mujeres que se encontraban en el Código Civil de 1884. Junto a otras feministas fundó la revista ‘La mujer moderna’. Se publicó durante cuatro años, con la misma breve duración que la primera revista feminista importante de México, ‘La mujer Mexicana’, editada entre 1904 y 1908.
Carmen Serdán
Fue una heroína de la Revolución Mexicana de 1910 entre cuyas cualidades se destaca la fortaleza y tenacidad de su carácter, su brío y valor en la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz. Viajó a Estados Unidos con su hermano Aquiles, con el objetivo de entrevistar a Madero. En la Revolución Carmen se encargaba de distribuir pólvora y dinamita, pegar carteles en las calles, comprar armas y construir bombas en el sótano de su hogar. Además también realzaba otras actividades con el nombre de Marcos Serrato. Durante la etapa constitucionalista también fue enfermera en varios hospitales.
SemMéxico. San Luis Potosí. 20 de noviembre 2020.- A finales de la semana pasada los números oficiales de las personas fallecidas en México por covid 19 estaban a punto de llegar a 100 mil, si consideramos que algunos cálculos indican que por cada caso conocido hay tres u ocho más, indiscutiblemente nos encontramos ante un año muy crítico en donde las experiencias dolorosas, las pérdidas y los cambios definitivos marcarán nuestras vidas.
Entre todas las vicisitudes ninguna se compara, porque si bien es cierto en algún momento habremos de pasar por accidentes, enfermedades, violencias o decesos de nuestros seres queridos, también lo es que solemos llevar nuestros duelos individualmente y con mucha suerte de uno en uno, pero la pandemia es distinta, además de alterar los hábitos colectivos al mismo tiempo, ha dejado a miles sin la posibilidad de salir adelante.
El fin de semana pasado me tocó presenciar apenas una jornada en el área de atención para covid de una clínica del Seguro Social. Y es que siempre nos imaginamos que el infierno está debajo del suelo, que es un lugar de fuegos perpetuos para el pecador y no es así, el dolor verdadero te encuentra en cualquier momento cotidiano, ahí donde sabes que alguien querido peligra y que no puedes hacer nada al respecto. Al cabo de varias horas allí no vi más que el movimiento constante del personal médico y de enfermeras, como siempre con mucha necesidad de recursos materiales, el lugar perfecto para verificar la eficacia de las decisiones políticas de todos los gobiernos incluido el presente, cuando no hay prácticamente de nada y se hacen malabares para distribuir la escasez.
No es casualidad que México sea el país donde más trabajadores de la salud han muerto por coronavirus, de acuerdo con el análisis de Amnistía Internacional, llevamos 1320. (https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/global-analisis-de-amnistia-internacional-revela-que-mas-de-7-mil-personas-trabajadoras-de-la-salud-han-muerto-a-causa-de-covid-19/)
Encontrarse en esas condiciones todos los días y trabajar larguísimas jornadas conviviendo tan cerca con un padecimiento grave, para el caso de los servicios de salud, ha exigido una carga descomunal que de acuerdo a las investigaciones tendrá repercusiones en su integridad física y psicológica entre las que destaca la fatiga por empatía, el desgaste profesional, la depresión y el estrés postraumático.
Al respecto hablaron hace algunos meses en el Seminario Bienestar y Resiliencia coordinado por la Dra. María Elena Medina Mora, en donde se dijo que para cuidar de la salud mental es indispensable aprender a hablar con naturalidad de nuestras angustias, miedos y ansiedades, lo que pasa necesariamente por quitar los estigmas que se comparten sobre los trastornos de conducta y la negación absoluta para trabajar en ellos.
Por ejemplo, la Dra. Susana Ruiz Ramírez explicó que para los profesionales de la salud ha sido especialmente duro encarar la pérdida masiva de vidas humanas porque el discurso de toda su formación es salvarlas, a este duelo se sumaron las exigencias de los familiares, la violencia que padecieron al inicio de la pandemia y el temor personal de contagiarse, por lo que previó la necesidad de comprender la muerte como una circunstancia posible aún con el mejor de los esfuerzos que debe respaldarse mediante el aprendizaje de cuidados paliativos, de compasión, autocuidado y resiliencia.
De acuerdo también a lo expresado por la Mtra. Cecilia Alderete Aguilar, construir estrategias de este tipo implica dar apoyo psicológico a nivel grupal, justo para reconocer en el otro con quien se comparte la jornada, las mismas emociones de preocupación, tristeza o desolación y para identificar inclusive representaciones físicas como el dolor muscular, el llanto, el insomnio, el vómito y el abuso de sustancias que requieren de intervenciones individuales.
El objetivo de todo esto es crear resiliencia que la Dra. Melissa Salas Bermúdez de la UNAM, define como la capacidad para recuperarse y mantener una conducta adaptativa después del abandono o la incapacidad inicial al comenzar un evento estresante, algo que se puede aprender y que nos ayuda a enfrentar los momentos difíciles.
Justamente se trata de reconocer que en la vida hay cambios y sucesos dolorosos e inesperados sobre los que no se tiene ningún control. Pero, aunque pareciera algo obvio en tanto lo sabe quién ya tiene cierta edad o ha atravesado por experiencias duras, esto también consiste en la aceptación de ese momento difícil y en la creación de una vida significativa que es algo distinto de acuerdo con cada persona.
Es decir, no evito, ni me resisto a la situación, sino que aprendo a distinguir lo que puedo hacer de lo que no está en mí y las emociones que siento, que por mucho que lo parezca no es en realidad la vida entera y se alivia en cierto modo mediante prácticas como la meditación, la oración, el ejercicio y las actividades que me permitan concentrarme en otra cosa y reducir a rangos tolerables el sufrimiento. Diría yo que es sobre todo un ejercicio de humildad al que no estamos habituados, pero las expertas lo explican mejor.
Por lo pronto también es indiscutible que la situación de este personal que ha estado al frente de la pandemia amerita decisiones mucho más inteligentes y serias de las que se han tomado hasta ahora, no sirve de nada desmadrar lo hecho o tachar a las administraciones pasadas de corruptas si hoy la necesidad es todavía mayor, si no se piensa en invertir en las y los médicos, enfermeras y trabajadores que están dando la vida para apoyar a los demás, no se puede finalmente reconocer la dignidad de estas personas y su derecho a contar con condiciones adecuadas sólo con palabras bonitas, es la acción lo que vale. A más ver.
Seminario Bienestar y Resiliencia en la crisis por coronavirus 2019. Contribuciones de la psicología
Desinterés del Ejecutivo por la igualdad sustantiva de las mujeres
Es violencia institucional dejar sin recursos a las organizaciones sociales de mujeres
Piden no “inflar” los recursos del Anexo 13 con programas de política social.
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 20 de noviembre 2020.- El Frente Feminista Nacional, en carta abierta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, afirma que el presupuesto federal aprobado para el 2021 no refleja las necesidades e intereses de las mujeres, más de la mitad de la población, abandona sus derechos humanos y retrocede la situación de las mexicanas a la década de los años setenta.
La organización feminista constituida por asociaciones, colectivas, abogadas, profesionales, académicas y defensoras de los derechos humanos manifestó su preocupación por el prepuesto aprobado y por las consecuencias que traerá la carencia de recursos a programas de atención a la salud de las mujeres como el cáncer, la salud sexual y reproductiva, y de prevención porque aumentará el número de muertes de las mujeres.
Especifican que hacen responsable tanto al Ejecutivo como a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de esas muertes y la violencia contra las mujeres.
Señalan que “los programas asistenciales y clientelares centrados sólo en las necesidades prácticas de las mujeres, sin considerar sus intereses estratégicos, nos hacen retroceder a la década de los años setenta”.
Demandan no “inflar” el monto global del Anexo 13 con recursos que, si bien son necesarios en la política social, no responden al propósito para el que fue creado con programas y acciones destinados a disminuir las desigualdades entre los hombres y las mujeres.
Recordaron que es obligación de la federación destinar recursos para atender las necesidades del trabajo de cuidado, fundamental para la economía del país, y que en su mayoría lo realizan las mujeres, trabajo que se ha incrementado con el confinamiento debido a la pandemia.
Este hecho –la disminución presupuestal- lo calificaron como violencia institucional, especialmente contra las organizaciones de la sociedad civil y dijeron que desaparecer los programas que permitían realizar trabajo local de acompañamiento, asesoría y capacitación a mujeres para el ejercicio de sus derechos es muestra de desinterés.
Le dicen al Ejecutivo que como organizaciones de la sociedad civil ya perdieron la esperanza de aportar a la gobernanza del país, puesto que el presupuesto que envió al Congreso de la Unión es un claro ejemplo del abandono para que las mujeres caminen hacia una igualdad sustantiva.
Con la mayoría de su partido en el Congreso ha dado golpe certero al cambio que implica vivir una sociedad igualitaria y sin violencia para las mujeres. Los compromisos con la agenda 2030 no se cumplirán, son imposibles, por lo que demandan reconsidere esta línea de su política.
La carta pública también va dirigida a las legisladoras a las que reconocen por el esfuerzo para lograr mayores recursos etiquetados a las políticas de género, no aquellas que votaron por consigna partidista y las hacen responsables del retroceso en las acciones que mantienen las desigualdades entre mujeres y hombres, y les recuerdan que violan no sólo la Constitución sino las Leyes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Le recuerdan, amistosamente, que acudieron a varias reuniones con las legisladoras para exponer la necesidad de que los recursos etiquetados en el Anexo 13 se mantuvieran, porque contribuyen a la disminución de la brecha de desigualdad de género y clase, y a la atención integral a la violencia que viven las mujeres en el país.
Señalaron que, reiteradamente demandaron que el Anexo 13 se depure y responda al objetivo para el que fue creado con programas y acciones destinados a disminuir las desigualdades entre los hombres y las mujeres.
Aprueba el Congreso de Guerrero reforma al Código Penal
Redacción
SemMéxico/Agencia CEPROVYSA, Chilpancingo, Guerrero. 20 de noviembre2020.- Para garantizar una vida libre de violencia, el Congreso Local aprobó reformas al Código Penal que sancionará con cárcel a quien provoque lesiones por condición de género.
La iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, busca incluir en el delito de lesiones por condición de género «las provocadas dolosamente mediante el empleo de sustancias corrosivas, químicos u otro utensilio que infiera una lesión y deje a la víctima cicatrices en la cara o en el cuerpo, notables y permanentes». Así se reformó la Fracción II, del Artículo 140, del Código Penal del Estado.
Al sustentar la iniciativa, la Diputada de MORENA, Perla X. García Luna, alertó sobre la frecuencia de los ataques con ácido a las mujeres, como el caso de la Saxofonista de Oaxaca, María Elena R.O.
