En sesión se llamó cumplir lineamientos del INE para paridad en las gubernaturas
Uno de cada dos menores está expuestos a la violencia en redes sociales
Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero. 18 de noviembre de 2020.-Durante la sesión del martes en el Congreso Carlos Cruz López, diputado local de Morena, propuso tipificar como delito de “corrupción de menores”, también denominado “Grooming”, mientras que la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género Erika Valencia Cardona llamó a los partidos políticos a respetar y acatar los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE), en materia de paridad de género, para la elección de las gubernaturas.
El Grooming es violencia digital, o prácticas realizadas por una persona adulta, para ganarse la confianza de un o una menor, para obtener concesiones de índole sexual, a través de redes sociales. Propone Cruz López una sanción que iría de los cuatro a diez años de prisión y de cuatrocientos a mil días multa.
En la el legislador local, señaló que la redes sociales, si bien se han colocado como una herramienta de comunicación importante por su inmediatez comunicativa y se interactúa con resultados indeseable. Dijo que es indispensable para la educación, pero sus consecuencias negativas, sobre todo para los niños, niñas y jóvenes deben prevenirse.
Argumento que los adolescentes son usuarios asiduos a las redes sociales, y en consecuencia, los más propensos a ser sujetos de distintas formas de violencia, y se exponen involuntariamente a material sexual o violento.
Refirió que de acuerdo a la ONG, especializada en la defensa de los derechos de la infancia, uno de cada 2 menores de edad accedió sin consentimiento a este tipo de contenido, en los diferentes medios de comunicación.
Reconoció que “la Red, se ha vuelto rápida, barata, con contenidos audiovisuales y pornográficos. Los y las menores cuentan con instrumentos equipados con cámara web en los dispositivos electrónicos, una herramienta para lo acecha, muchos pedófilos o pederastas” expuso Cruz López.
Propone adicionar un párrafo al artículo 171 del Código Penal del Estado de Guerrero; en el que se especifique que comete corrupción contra menores de edad quien induzca, procure o facilite el que una persona menor de dieciocho años de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporales o sexuales, prostitución, prácticas sexuales, consumo de algún narcótico o bebida embriagante, la comisión de algún delito o a formar parte de una asociación delictuosa, se le aplicarán de cuatro a diez años de prisión y de cuatrocientos a mil días multa.
Al mismo tiempo, especifica que se considera corrupción a quienes engañen o se aprovechen de una persona menor de edad, con discapacidad o que no comprenda el significado del hecho, a través de las redes sociales o cualquier medio de comunicación para incitarlos a cometer o realizar los actos mencionados. La iniciativa fue turnada a la comisión de Justicia, para su análisis y dictaminación.
Paridad
Por su parte la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Erika Valencia Cardona llamó a los partidos político a respetar y acatar los lineamientos recién aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE), en materia de paridad de género.
Valencia Cardona destacó que son de atenderse los acuerdos aprobados por el INE el pasado 6 de noviembre, lineamientos para lograr la paridad de género en las candidaturas a los gobiernos estatales, al menos para siete de las 15 gubernaturas que se renovarán en 2021, que deberán estar encabezadas por mujeres.
Valencia Cardona detalló que aún hay resistencias e impugnaciones de partidos políticos, inclusive de la dirección del senado de la República.
Argumento la diputada morenista que “en las elecciones del 2018 se logró un incremento en el número de mujeres que conforman los Congresos locales, en promedio un 40 por ciento o más; mientras que las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, tienen una integración prácticamente paritaria. De igual forma en las de 2018, de 48 candidaturas a la gubernatura, únicamente 11 fueron mujeres; hizo hincapié en que en toda la historia de México, solo nueve mujeres han sido gobernadoras.
Destacó que los acuerdos del INE, reafirman los derechos de las mujeres que por muchos años, les han sido negados. Luego hizo un reconocimiento a todas las mujeres que durante décadas han luchado para alcanzar esta igualdad.
Señaló que no basta con el reconocimiento de la paridad, en la toma de decisiones, también se requiere indicó, cambios estructurales encaminados a la igualdad sustantiva.
SemMéxico. Cd. de México. 18 de noviembre 2020.- Fueron tres días seguidos de sesiones, 38 horas y 18 minutos de trabajo legislativo (el último tramo de 20 horas con 31 minutos, de jueves a la mañana del viernes) para discutir y finalmente aprobar por mayoría en la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.
En este prolongado lapso se registraron 330 intervenciones para proponer más de 1,000 modificaciones al dictamen de la Comisión de Presupuesto que se discutía en el pleno. Una a una, casi todas fueron rechazadas, pues en el saldo final apenas una decena prosperó, todas, propuestas de Morena.
Esta prolongada jornada legislativa marca un hito no solo por su duración y el número de “reservas” inscritas y después expuestas en tribuna, por primera vez se empleó el sistema de sesiones semipresenciales para registrar asistencia, discutir y votar un presupuesto.
Con el Reglamento de Contingencia Sanitaria y una aplicación desarrollada por la Dirección de Tecnologías de la Información de la propia Cámara de Diputados, 500 legislador@s estuvimos “presentes”, en el salón de sesiones o fuera de él, tan cerca como las oficinas de San Lázaro o tan lejos como Tijuana o Mérida.
La participación de quienes lo demandaron fue posible mediante la plataforma Zoom, si no se encontraban físicamente presentes por no formar parte de los 129 legisladores acreditados por los ocho grupos parlamentarios.
Finalmente, a las 5:35 de la mañana del viernes 13 pasado, 305 diputad@s votaron a favor y 151 en contra del PEF 2021.
Antes de 1988, al proyecto de Presupuesto del Presidente de la República no se le tocaba ni con el “pétalo de una coma”: entraba y salía en los mismos términos planteados por el Ejecutivo federal. En los años siguientes hubo algunas turbulencias, como las acontecidas en diciembre de 1994, cuando se desató la crisis económica.
El complejo proceso de aprobación del Presupuesto cobró cierto grado de dificultad desde que se abrió paso el pluralismo político en la Cámara de Diputados.
A partir de 1997, cuando el PRI perdió la mayoría, numerosos grupos representantes de organizaciones sociales del campo y las ciudades, gobernadores y presidentes municipales de todo el país, rectores de universidades, y en general quienes solicitaban asignación de recursos visitaban las oficinas de la Comisión de Presupuesto buscando la forma de plantear directamente sus demandas, empleando incluso la técnica del plantón o del cierre de los accesos al complejo de la Cámara.
En esta misma Legislatura, el primer y segundo año hubo bloqueos de distintas agrupaciones, lo que llevó el año pasado a tener que cambiar la sede de San Lázaro a un local privado en Santa Fe, para poder desahogar la discusión presupuestal y votar casi una semana después del plazo que marca la Constitución.
Este año, la pandemia desalentó las manifestaciones y los bloqueos, pero también considero que influyó la muy escasa respuesta a las demandas en los dos años previos impuesta por la mayoría absoluta de Morena.
El hecho es que el proceso de este año se desarrolló íntegramente en las instalaciones de San Lázaro y que concluyó dos días antes de la fecha límite, el 15 de noviembre. Una vez más, se confirma que al tercer y último año de la Legislatura se alcanza plenamente la capacidad de organización para discutir ampliamente el PEF, por el tiempo necesario para abordar las distintas propuestas de modificación.
Cuando se discutió y aprobó la reelección consecutiva en diciembre de 2013, se adujo que se abría la posibilidad de acumular experiencia legislativa para ponerla al servicio de la ciudadanía.
En 2021 será la primera ocasión en que se aplicará esta disposición en el ámbito federal, en este caso, en la integración de la LXV Legislatura que fungirá entre septiembre de 2021 y el 1º de agosto de 2024.
La reelección consecutiva hará posible que al menos algunos de las y los diputados que participaron en el estudio, dictaminación y discusión del PEF 2021, estén presentes en noviembre próximo, debatiendo y aprobando el PEF 2022.
Capitalizar esta experiencia es, en parte, asunto de los partidos políticos que pueden presentar la propuesta de reelección de sus diputad@s a consideración del electorado.
Y desde luego, la última palabra la tendrán quienes voten por refrendar la confianza o castigar a sus representantes que aspiran a ser reelegidos.
La pandemia impidió culminar el proceso legislativo que hubiera establecido en la Ley Electoral (LEGIPE) y en la de Partidos Políticos las bases legales para regular la participación de quienes aspiren a reelegirse.
A falta de leyes específicas para el proceso en curso, el Instituto Nacional Electoral (INE) será responsable de establecer los criterios y procedimientos para las y los aspirantes a ser reelectos, sujetándose al marco constitucional y legal que establece esa posibilidad sin más restricción que ser postulado/a por el mismo partido que en 2018, salvo que haya renunciado antes del 28 de febrero de 2020.
Considero que la función clave del INE en el proceso de reelección consecutiva de las y los diputados federales es la fiscalización: de los recursos asignados a los legisladores para la realización de su encomienda; de su acceso y presencia en los medios de comunicación institucionales, como el Canal del Congreso; de su tiempo, que tendría que dividirse entre el trabajo legislativo del último periodo de sesiones ordinarias que se inicia el 1º de febrero y concluye el 30 de abril de 2021, un mes antes de la fecha electoral del 6 de junio.
La Cámara de Diputados debe mantener su ritmo de trabajo hasta el final de la Legislatura, tal como demandan quienes representamos.
En esa entidad el problema se concentra en Cancún, Solidaridad y Chetumal
En cuatro casos las víctimas fueron localizadas sin vida este 2020
Ángeles Gómez
SemMéxico, Cancún, Quintana Roo., 17 de noviembre, 2020.- Este año se han emitido un total de 196 protocolos de Alertas Alba por la desaparición de mujeres, en el 80.6 por ciento de los casos ya fueron localizadas, es decir, siguen sin aparecer el 19.4 por ciento, en cuatro de los casos (5.1 %) las víctimas fueron localizada sin vida.
Esto de acuerdo con un reporte de la Fiscalía General del Estado, que señala que en el 11,7 por ciento de los reportes se desconoce el paradero de la víctima y 2.04 por ciento las víctimas fueron localizadas sin vida.
Aunado a ello la Fiscalía General de Quintana Roo señala que en 10 de los casos se trata de sustracciones realizadas por familiares.
Los municipios donde se concentra el problema son Benito Juárez (Cancún), Solidaridad y Chetumal, en ese orden.
Así en Benito Juárez (Cancún) durante este año se emitieron 92 alertas del Protocolo Alba, en 73 casos fueron localizadas, ocho no fueron localizadas, en siete casos se trató de sustracciones familiares y cuatro mujeres fueron localizadas sin vida.
En Solidaridad se reportaron 63 alertas, 48 fueron localizadas, 11no han sido localizadas, una de ellas se considera desaparecida y tres sustracciones familiares.
En el municipio de Chetumal las cifras de alerta ascendieron en este año a 37, cuatro aún permanecen desaparecidas.
La institución, a través de la Vicefiscalía de Investigación Especializada y la de Especializada en Delitos de Desaparición forzada de persona y desaparición cometida por particulares explica que de acuerdo con la Ley esa materia en el artículo 4º se entiende por persona desaparecida aquella cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.
Por otra parte, la ley indica que la persona no localizada es aquella cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia se relaciona con la probable comisión de algún delito.
984 casos de mujeres desaparecidas, en los cuatro años del gobierno de Alejandro Murat.
El 43 por ciento del total de mujeres desaparecidas son en localidades marginales, rurales en su mayoría.
Elda Montiel
SemMéxico. Oaxaca. 17 de noviembre 2020.- Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca ante el incremento de las desapariciones de mujeres en la entidad exige a las autoridades investigaciones sin dilación y digna atención a los familiares de las víctimas para que no se repita el caso como el de la joven Alma Itzel de 21 años que después de ir visitar a sus padres por el Día de Muertos, desapareció el 3 de noviembre y fue hallada asesinada cuatro días después en un río dentro de la región.
Precisan que la joven, luego de terminar el bachillerato había migrado a Tijuana, Baja California para poder continuar sus estudios. Vino a visitar a sus padres a Santa Cruz Itundujia Oaxaca, municipio donde más de la mitad de la población vive en la pobreza extrema y el grado de marginación y rezago social es muy alto.
La organización feminista destacó que la desaparición de mujeres, en muchos de los casos, termina en feminicidio, ya que la ruta de impunidad es una constante.
Menciona que de acuerdo a los datos de Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca, en 164 municipios (de los 570 que conforman el estado), han ocurrido los 984 casos de mujeres desaparecidas durante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, es decir, del 01 de diciembre de 2016 al 12 de noviembre de 2020.
Los datos también revelan que el 84% de las desapariciones registradas en lo que va de 2020 han ocurrido dentro del periodo de pandemia (253 casos), es decir del 21 de marzo de 2020 a la fecha, lo que resulta alarmante si se compara con los datos del año pasado, dentro del mismo periodo, del 21 de marzo al 12 de noviembre de 2019, que se registraron 181 casos.
Refieren que distintas organizaciones civiles han exigido que se complete el proceso de integración de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Oaxaca, pues a la fecha sigue estancado en el Congreso del Estado, sin que se conozca la lista de candidaturas y del avance en el nombramiento de la persona titular de dicha instancia, como lo reportan medios periodísticos.
El 34 por ciento de los casos de mujeres desaparecidas del Estado han ocurrido en cuatro municipios catalogados con un bajo o muy bajo grado de marginación, que se encuentran ubicados en regiones donde las cifras de violencia feminicida son extremas: Oaxaca de Juárez, en Valles Centrales, que registra 191 casos; San Juan Bautista Tuxtepec, en la Cuenca del Papaloapam, con 62 casos; Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, con 39 casos y Huajuapan de León, en la región Mixteca, con 38 casos.
Mientras que el 12 por ciento de los casos de mujeres desaparecidas en la entidad se registran en siete municipios considerados con un nivel de marginación medio: como son San Juan Bautista Cuicatlán, Cañada, con seis casos; San Pedro Mixtepec, Costa, con 19 casos; Miahuatlán de Porfirio Díaz, Sierra Sur, con 13 casos; Asunción Nochixtlán, Mixteca, con 10 casos; Santa Cruz Xoxocotlán, Valles Centrales, con 39 casos; Santo Domingo Tehuantepec, Istmo, con 17 casos; Loma Bonita, Papaloapam, con 15 casos.
Asimismo 178 casos, es decir el 18 por ciento de las desapariciones de mujeres en la entidad ocurrieron en 53 municipios con un alto grado de marginación.
Tan sólo en 11 de estos se registran las cifras más altas: seis casos en Huautla de Jiménez, en la Cañada; nueve casos en Villa de Tututepec y nueve en San Pedro Pochutla, Costa; seis casos en San Francisco Sola, Sierra Sur; ocho casos en Santiago Juxtlahuaca, Mixteca; 17 en San Antonio de la Cal y ocho casos en San Antonino Castillo Velasco, Valles Centrales; dos casos en San Mateo del Mar y dos en San Juan Guichicovi, Istmo; cinco casos en Abejones, Sierra Norte y cinco en San Lucas Ojitlán, en la Cuenca del Papaloapam.
Lo anterior representa el 43 por ciento del total de mujeres desaparecidas en localidades marginales, rurales en su mayoría, donde el acceso a una vida de calidad no es parte de las políticas gubernamentales que deberían eliminar toda forma de violencia contra mujeres y niñas en Oaxaca.
Hizo excepción tomando en cuenta la paridad, y fue acertado diputada Martha Tagle
El uso de lenguaje inclusivo en las leyes es asunto sustantivo para la igualdad de género, ministra Norma Lucia Piña Hernández
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México, 17 de noviembre 2020.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó un proyecto de sentencia a favor de adoptar un lenguaje inclusivo en las leyes para apoyar la equidad de género, lo que en opinión de la diputada Martha Tagle genera una excepción de la paridad.
Precisó la diputada que se trató de una acción de inconstitucionalidad promovida por Movimiento Ciudadano contra las reformas a la Constitución de Puebla, promulgadas apenas el 29 de julio pasado, en cuyo artículo 12 se incluyó un párrafo donde se establece que todas las leyes del estado se aplican por igual a hombres y mujeres “sin perjuicio de la utilización del género masculino para la construcción gramatical del texto legal”.
A pesar de lo expresado a favor del uso del lenguaje incluyente tanto por el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien apuntó que, aunque gramaticalmente el lenguaje incluyente es incorrecto, el tema en este caso no es de formas pues “el lenguaje crea realidad y fortalece o modifica los estereotipos”, y lo expresado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández respecto a que el uso del lenguaje inclusivo en las leyes no es un aspecto meramente formal, sino sustantivo para la igualdad de género, la propuesta de inconstitucionalidad no fue aprobada.
La ministra Margarita Ríos Farjat, propuso declarar inconstitucional esta reforma pues afirmó que existe una obligación para que todas las leyes sean redactadas en términos binarios, que engloben por igual a hombres y mujeres. Abundó que la constitución poblana es contraria a la obligación que la Constitución general establece desde 2019 para la igualdad de géneros, pues una de sus finalidades fue “visibilizar a las mujeres mediante la utilización de un lenguaje inclusivo en la redacción de las normas que contemplan el derecho de la ciudadanía a ser votada”.
A pesar de estas voces de reconocer el uso del lenguaje inclusivo no se trata de un mero cambio de palabras, sino de que el lenguaje incluyente se respete en cada ámbito legislativo como lo señaló la ministra Lucía Piña Hernández no se alcanzó la mayoría calificada necesaria para su aprobación.
En contra de esta postura el ministro Alberto Pérez Dayán argumentó, que la construcción gramatical de una ley en términos únicamente masculinos no significa que se aplique solamente a los hombres.
Hay un promedio de 11 feminicidios al día, pero lo que se criminaliza es la protesta
Realizan el conversatorio virtual “Alto a la criminalización de la protesta y a la persecución del movimiento feminista”
Libertad López
SemMéxico, CDMX, 17 de noviembre 2020.- La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (Morena), integrante de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que desde que comenzó la pandemia más de 3 mil 500 mujeres han sido asesinadas; sin embargo, algunos son clasificados como homicidios, a pesar de que por sus causales aputan a ser feminicidios.
Durante el conversatorio virtual “Alto a la criminalización de la protesta y a la persecución del movimiento feminista”, la legisladora puntualizó que se comete un promedio de 11 feminicidios diarios y, a pesar de ello, las protestas en contra de estos delitos son criminalizadas y estigmatizadas socialmente.
“Hay una enorme indignación por la forma en que fueron reprimidos los manifestantes frente al palacio municipal de Cancún, a pesar de que había mujeres, prensa y observadores de derechos humanos. Alexis, la mujer asesinada por quien protestaban, tenía 20 años de edad y su cuerpo fue encontrado desmembrado”, dijo.
La también coordinadora de la Subcomisión de Atención al Feminicidio de la Comisión de Justicia cuestionó el por qué se están dando hechos de represión y abuso de fuerza que violentan los derechos humanos y señaló que deben ser sancionados.
Además, agregó, se ha comenzado a usar término de “feminazi” en contra de quienes participan en estas manifestaciones, a causa de la estigmatización del movimiento porque se rayó algo y se olvida del fondo del problema.
“Más allá de la manifestación, se debe ver qué es lo que motiva esta violencia tan cruel contra ellas”, subrayó.
Consideró que el modelo de mando único está demostrando sus deficiencias, ya que ante hechos como los ocurridos en Cancún se tiran la bolita y se diluyen las responsabilidades. El mensaje a la sociedad es la impunidad y que la violencia permanente no le está interesando al Estado mexicano.
Hizo notar que “el cuerpo de la mujer se ha convertido en un territorio de apropiación, tema que también existe con los niños; en ambos casos no se les ve como sujetos autónomos y con derechos, sino como una extensión del patriarca”.
La diputada Villavicencio Ayala señaló que las autoridades se ven entre los disgustos y exigencias de quienes protestan, como en este caso las mujeres que piden acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, y quienes exigen que se aplique la ley.
Sin embargo, “no se van a validar actos de represión en contra de quien ejerce su derecho a la manifestación. Se ha establecido un culto a la violencia desde la sociedad”, puntualizó.
Se criminalizan las demandas femeninas
Silvia Edith Chuc Aburto, investigadora, docente y activista por los derechos humanos de las mujeres, afirmó que las demandas de las mujeres se criminalizan y legitiman en una clara señal de discriminación institucional que alienta más agresiones; por ello, “se levanta la voz para exigir que nos dejen de matar y no se justifique en los discursos la violencia sexual”.
“Es terrible la respuesta de salir a manifestarte porque no quieres que sigan matando y violando mujeres y la respuesta sea la agresión, que socialmente se legitima por las redes sociales al prevalecer una mirada misógina sobre lo que las mujeres deberían ser. La sociedad justifica el uso desmedido de la fuerza donde no existe el diálogo en torno al movimiento feminista”, aseveró.
Falta mucho para lograr el respeto y garantía de los derechos humanos que promueve y exige el movimiento feminista, al cual se le criminaliza porque se sale del canon de la feminidad que implica que las mujeres se queden calladitas y prevalece un discurso mal entendido permeado de prejuicios, malas prácticas, machismo y una cultura de violencia que generan una resistencia social e institucional para acceder a la justicia y detener los feminicidios, apuntó.
Indicó que todavía se concibe a la mujer como una propiedad patriarcal intercambiable, idea que se extiende a toda la sociedad y permea las instituciones y las leyes provocando una violencia institucional sistémica. “La sociedad se indigna porque se raye un monumento, pero no se indigna cuando una mujer es violada, calcinada, violentada o muerta”.
Incapacidad del Estado y falta de protocolos
Mariana Belló, integrante de Gobernanza Mx y de la Red Feminista Quintanarroense, planteó dos perspectivas en torno a la represión de mujeres en la manifestación en Cancún: la incapacidad del Estado y falta de protocolos frente a una protesta para exigir justicia o que la reacción de represión haya sido planeada, a fin de alentar un ambiente enrarecido respecto al inicio anticipado del proceso electoral en Quintana Roo.
Mencionó que existe una “normalización” de la violencia contra las mujeres debido al dominio y apropiación de su cuerpo a través de la represión, manotazos y balas. Denunció agresiones sexuales en contra de las manifestantes detenidas en Cancún. La violencia contra las mujeres es insostenible, aún se les exige que “sigan bien portadas y abran espacios por las buenas, pero se llevan décadas haciéndolo y la situación se agrava”, apuntó.
Sostuvo que “ante la violencia existente los medios de comunicación tienen mucho que hacer y aprender sobre el periodismo con perspectiva de género, porque siguen exhibiendo fotos e imágenes de los feminicidios sin respetar a la víctima”.
La juventud masculina aún no tiene otra perspectiva en torno a las mujeres; al contrario, replica conductas machistas, por lo que debe trabajarse en otro tipo de educación, propuso.
El decreto-ley falla en plantear de forma explícita las implicaciones del teletrabajo en la vida de las mujeres y se desentiende de la responsabilidad de legislar a favor de la corresponsabilidad de la sociedad, las empresas y las administraciones públicas en las tareas de cuidados
Redacción
SemMéxico/AmecoPress, 17 nov. 2020. -Tras el confinamiento la Asamblea Feminista de Madrid elaboró un texto donde demandábamos una profundización en la regulación del teletrabajo, estableciendo su carácter optativo y pactado, garantizando el derecho a la desconexión digital, garantizando que el equipamiento lo proporciona la empleadora (cumpliendo con las normativas de prevención de riesgos laborales) y que hubiera compensación económica por los gastos en los que incurre la empleada (luz, internet, etc.).
Exigíamos que las empresas y las administraciones públicas no trasladasen indiscriminadamente las oficinas y los centros de trabajo al ámbito privado, desatendiendo las necesidades de la infancia y demás personas dependientes sobrecargando hasta el infinito a las mujeres que cuidan.
Reclamábamos la implementación de soluciones para atender de forma segura los cuidados y las necesidades educativas de niños y niñas u otras situaciones de dependencia de modo que ninguna mujer se encontrara en la disyuntiva forzosa de atender a los menores y dependientes y renunciar al empleo o atender a los menores y dependientes y aceptar condiciones abusivas de teletrabajo.
El decreto-ley 28/2020 de 22 de septiembre ha venido a regular el trabajo a distancia en general y el teletrabajo en particular tras haberse logrado un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, sindicatos y empresarios. En su Artículo 2 «se define el trabajo a distancia como aquella “forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular” mientras que el teletrabajo es “aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación”.
En este decreto-ley efectivamente se regulan algunos aspectos imprescindibles que discutimos en nuestro análisis y se atienden algunas de las demandas planteadas. De esta forma, el trabajo a distancia será voluntario y reversible y deberá formalizarse en un acuerdo por escrito. Este documento contendrá, entre otros datos, el inventario de los medios, equipos y herramientas de trabajo, incluidos consumibles y mobiliario, los gastos por trabajar a distancia, el horario de trabajo y las reglas de disponibilidad, el porcentaje de teletrabajo y trabajo presencial, dónde se va a desarrollar el teletrabajo, la duración del acuerdo, los plazos en caso de revertir el teletrabajo, los controles de la actividad y las instrucciones de la empresa sobre protección de datos y seguridad de la información.
Sin embargo, el decreto-ley falla en plantear de forma explícita las implicaciones del teletrabajo en la vida de las mujeres y se desentiende de la responsabilidad de legislar a favor de la corresponsabilidad de la sociedad, las empresas y las administraciones públicas en las tareas de cuidados.
Así, se establece en el Capítulo I de la Exposición de Motivos la defensa de “un auténtico derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar a través del uso de las formas flexibles de trabajo, incluidas las fórmulas de trabajo a distancia”. Nada que no conozcamos ya, recurrimos a la reducción de jornada, a las excedencias y ahora al trabajo a distancia para poder sacar adelante los cuidados. Formas flexibles de trabajo, asumidas mayoritariamente por las mujeres, que tienen un coste elevado en discriminación social, económica y laboral y van acompañadas de una reducción en los derechos a las prestaciones sociales (desempleo y pensiones).
También, en el Capítulo VI de la Exposición de Motivos se explica que el decreto-ley regula las prioridades en el acceso al trabajo a distancia, cuando en realidad las remite en el Artículo 8 a la negociación colectiva para el procedimiento y criterios que deben seguirse, incluyendo la coletilla tranquilizadora “debiéndose evitar la perpetuación de roles de género y fomentando la corresponsabilidad entre mujeres y hombres”.
La misma declaración de intenciones “buenista” sin ninguna concreción se ha plasmado en el Artículo 4 sobre la igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación: “Las empresas están obligadas a evitar cualquier discriminación, directa o indirecta, particularmente por razón de sexo, de las personas trabajadoras que prestan servicios a distancia. Igualmente, las empresas están obligadas a tener en cuenta a las personas teletrabajadoras o trabajadoras a distancia y sus características laborales en el diagnóstico, implementación, aplicación, seguimiento y evaluación de medidas y planes de igualdad”.
El decreto-ley es bienvenido y necesario en lo que suponen sus aspectos regulatorios prácticos, pero parece que su relevancia puede ser menos importante de lo que parecía durante el confinamiento, puesto que en la nueva normalidad se está percibiendo la resistencia de las empresas a continuar con los esquemas de teletrabajo que se pusieron en práctica durante el estado de alarma. Más y más empresas están imponiendo la vuelta al trabajo presencial, aunque se disponga de los medios necesarios y suficientes para el trabajo a distancia y se haya demostrado durante el confinamiento que el rendimiento y la productividad no disminuyen.
Entre las trabajadoras y trabajadores que accedieron por primera vez al trabajo a distancia durante el confinamiento, hay un gran espectro de valoraciones de la experiencia. Hay valoraciones positivas (tenemos más tiempo libre al evitar los desplazamientos, más flexibilidad de horario, más seguridad frente al contagio por coronavirus) pero también negativas (sufrimos aislamiento, soledad, confusión del espacio laboral y el espacio privado, jornadas interminables, tenemos gastos adicionales no cubiertos por la empresa, etc.). Con la regulación del trabajo a distancia que presenta el decreto-ley y una combinación racional de trabajo presencial y trabajo a distancia muchos de estos aspectos negativos podrían verse compensados.
Pero entre los empresarios no parece que se haya producido un cambio cultural, no se percibe que el teletrabajo se vaya a mantener como una opción consolidada y relevante en la actividad laboral. El decreto-ley establece la voluntariedad por parte de las empresas y obliga a las mismas a compensar los gastos incurridos por las personas que trabajan a distancia.
Además es necesario regular muchos aspectos del trabajo a distancia a través de la negociación colectiva, que en estos tiempos de precariedad y pérdida de derechos laborales, es débil o inexistente en la mayoría de pymes y microempresas que forman el tejido empresarial español. Todo ello unido a la cultura del presencialismo y de “calentar la silla”, muy arraigada en la mentalidad de empresarios y mandos, va a dificultar la implantación de esquemas de trabajo a distancia en porcentajes relevantes de la población laboral.
En la práctica se está percibiendo que el teletrabajo puede volver a ser la opción minoritaria que era antes de la pandemia, típico de profesiones cualificadas y de profesionales por cuenta propia, excepto para responder a demandas de conciliación y de cuidados, donde hemos “descubierto” el potencial que presenta para desviarlas al ámbito privado y a la esfera de las mujeres. El clamor unánime contra la combinación simultánea de teletrabajo y cuidados que se hizo patente en el confinamiento se invisibiliza y se ignora por una gran parte de la sociedad y se asume por las mujeres porque no hay ninguna otra opción al alcance de muchas de ellas.
Como feministas, valoramos esta ley como sumamente necesaria para regular un trabajo a distancia que consideramos positivo en muchos aspectos, pero no podemos obviar las posibles consecuencias de la puesta en práctica de algunos puntos de la misma, tales como la invisibilización del trabajo de cuidados, la vuelta al “hogar” de las mujeres, la consolidación de soluciones de conciliación apoyadas en el esfuerzo individual y no en el colectivo y la priorización del teletrabajo para las familias.
El decreto-ley puede ayudar a perpetuar la desigualdad existente e incluso agravarla, además de suplantar la corresponsabilidad del conjunto del tejido social, de las empresas y de las administraciones en la conciliación familiar y los cuidados derivándolas al ámbito privado y en definitiva a las mujeres.
La legislación debe ir más allá de las declaraciones de intenciones y las consignas tranquilizadoras para plantear mecanismos, obligatoriedades y políticas que reviertan la desigualdad y cambien los paradigmas.
Las organizaciones reivindican la participación de las mujeres en el centro de la agenda de paz y seguridad, no como víctimas, sino como agentes de cambio
Por Gloria López
SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 17 noviembre. 2020.- La participación de las mujeres en la agenda de la paz, no como víctimas, sino como agentes de cambio, fue el núcleo central del debate que llevaron a cabo Clemencia Carabalí –lideresa afrocolombiana y defensora de los derechos de las mujeres en Colombia-, Pamela Urrutia –investigadora de la Escola de Cultura de Pau, experta en Siria y Yemen- y Soraida Hussein -responsable de Incidencia política de Alianza por la Solidaridad en Palestina-, que estuvieron moderadas por María Salvador López –responsable de Derechos de las Mujeres de Alianza por la Solidaridad-.
El acuerdo de paz que se firmó en Colombia hace cuatro años fue “una esperanza”, sintetizó Clemencia Carabalí, pero “todavía enfrentamos impedimentos para que las mujeres podamos aportar a un proceso de paz sostenible” porque “la presencia integral del Estado en los territorios es muy baja” y eso impide una verdadera transformación. “A las mujeres no nos ven, no nos oyen, especialmente a las mujeres negras”, denunció la lideresa, quien defiende la necesidad de trabajar con un enfoque interseccional.
La situación colombiana no es única. A pesar de que las iniciativas desarrolladas por mujeres para construir paz se insertan en una larga tradición histórica, ello no ha tenido su correlato en el nivel de toma de decisiones donde se decide la paz o la guerra. El protagonismo de las mujeres en las organizaciones civiles de base en la construcción de la paz no se traslada a las mesas de negociación. Solo un 13% de las personas negociadoras y un 6% de las mediadoras son mujeres. En Siria hay un Consejo Asesor de Mujeres, pero es un organismo paralelo, mientras que la representación de las mujeres no supera el 15% en los puestos de decisión oficiales y un 30% en los puestos de la sociedad civil. Son datos que ofrecía Pamela Urrutia para ilustrar la exclusión de las mujeres de los procesos de paz. “La inclusión de las mujeres es garantía de éxito de los procesos”, señaló, recordando “no se trata de incluir mujeres, sino de cambiar estructuras como el concepto de seguridad, hallar nuevas palabras y nuevos métodos.”
De algún modo, la Resolución 1325, aprobada hace 20 años y cuyo aniversario ha dado lugar a este ciclo de seminarios organizado por diversas entidades feministas y pacifistas, constituyó un hito importante en el reconocimiento de la participación de las mujeres en la resolución de conflictos, no como víctimas, sino como sujetos activos , y puso encima de la mesa la perspectiva de género como un elemento fundamental para la paz y la seguridad internacionales. Pero hoy sigue siendo necesario incluso revisar el significado de paz, como algo dinámico.
«La 1325 es un mecanismo para hacer diálogo desde lo común, pero se requiere de un enfoque situado, atento a las necesidades concretas», expresó Soraida Hussein. «Siempre decimos que queremos una paz justa en Palestina. La paz no es solo que no haya guerra», señaló. Para una mujer refugiada la paz es volver a su casa, o para la madre que tiene a su hijo en una cárcel israelí la paz es que vuelva su hijo a casa. «Vivir en un Estado en el que hay pobreza o crisis no es paz».
El protagonismo de las mujeres en las organizaciones civiles de base en la construcción de la paz no se traslada a las mesas de negociación
A pesar de la marginación a la que se les somete, las mujeres, en distintas partes del mundo, se organizan y desempeñan un enorme papel en la construcción de la paz. “En Siria, las mujeres trabajan mucho para garantizar los derechos de los niños, la ayuda humanitaria, han diseñado una hoja de ruta para el retorno seguro de refugiados…” compartió Urrutia. “No les falta experiencia, el excluirlas resta una capacidad esencial”.
No solo es que no se esté incluyendo una perspectiva de género como elemento clave para la resolución de conflictos, es que, en ocasiones, el liderazgo de las mujeres genera respuestas violentas que nos siguen advirtiendo de las resistencias existentes para que las mujeres participen en los espacios de poder planteando sus demandas y las de su comunidad.
“No hay que esperar a que nos inviten”, sentenció Pamela Urrutia. Su compañera de mesa, Soraida Hussein, enfatizó: “las mujeres palestinas llevamos desde 1932 activas y peleando, somos las únicas que en estos momentos tenemos voz y no nos rendimos”. Por su parte, la afrocolombiana Clemencia Carabalí señaló que “hay un activismo muy fuerte de las mujeres para la implementación de los acuerdos de paz en Colombia y para el reconocimiento de la multiculturalidad” y se remitió a la Escuela de Mujeres Constructoras de Paz, como un espacio en el que las mujeres se cualifican para seguir reclamando su participación.
¿Por qué tanta resistencia a la inclusión de las mujeres, de sus experiencias y aportes? La participación de las mujeres implica un enfoque alternativo que cuestiona las estructuras de poder establecidas e impulsa la transformación de las mismas. Una paz feminista es una paz transformadora.
SemMéxico, CDMX, 17 de noviembre 2020.- Y qué tal que se nos agripa el licenciado; y qué tal que le da Covid… No, no, primero la salud del licenciado. Porque, cómo está eso de que se le critica por no estar frente a frente con sus paisanos de Macuspana y de Centla y Nacajuca. No, no.
¿Mojarse los pies y echar a perder zapatos casi nuevecitos nomás para la foto? Ni que fuera populista como Felipe y Enrique o Ernesto que, en su momento como presidentes, fueron a atender a damnificados en Tabasco y Veracruz y Puebla y…
No, no, él no se parece en nada a esos politiqueros neoliberales, esos delincuentes de cuello blanco en cuyas administraciones el Fonden y otros etcéteras robaban descaradamente y se burlaban de los damnificados llevándoles cobijas, despensas y comida caliente guisada en las cocinas de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por eso, por eso la consulta popular para enjuiciar a esos ex gobernantes que andan por ahí colmados de impunidad, porque el licenciado, humano y respetuoso de las leyes, no los quiere llevar a picota; ya lo dijo en la mañanera de la semana pasada que su “postura es que no haya persecución, que no haya venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad”.
Y es que, tal vez usted se enteró, le pidieron opinión respecto de que dineros de los sobornos de Odebrecht fueron utilizados para pagar campañas en su contra, para evitar que en 2012 ganara la Presidencia, aunque le pasó por encima la locomotora del hijo predilecto de Atlacomulco y lo envió al tercer sitio en la preferencia electoral.
Ese escenario lo previó seis años antes Jesús Zambrano Grijalva, el día que la dirigencia nacional del PRD le pidió no instalar el plantón en el Paseo de la Reforma, con la demanda del voto por voto y casilla por casilla, con lo que pretendió defenestrar a Felipe Calderón. ¡Ah!, pero terco, hasta se cruzó, a su pecho que no es bodega, el remedo de banda presidencial.
Pero, estábamos en esto de la justicia.
Mire usted cómo es esto de las casualidades, en el mismo pentagrama en el que se plasmó letra y música de la ópera prima del licenciado Emilio Lozoya Austin respecto de los malvados que, en la administración pasada, encabezados por Enrique Peña Nieto lo obligaron a delinquir, apareció Emilio Zebadúa, nuevo barítono que busca negociar su libertad, porque lo involucran en esa llamada “Estafa Maestra” que ya tiene tantos ramales como ríos la geografía tabasqueña, ésta en la que el humano licenciadopresidente instruyó desviar las aguas del Río Carrizal hacia el Río Samaria para no inundar a Villahermosa.
¿Primero (jódanse) los pobres? Bueno, bueno, ya explicó que esa fue la mejor opción porque, ofreció, ahora se pagará hasta los comales que perdieron miles de habitantes de esa región.
Lo cierto es que, en el video que ha circulado profusamente en las benditas redes sociales, el licenciadopresidente no muestra preocupación alguna cuando, desde la comodidad del helicóptero militar, con el índice señala la zona inundada porque se abrió la compuerta “El Macayo” que llevaba 12 años cerrada.
Y acepta que instruyó la desgracia. Primero el desfogue para no inundar Villahermosa, aunque colonias como Gaviotas I y II estaban colmadas de agua hasta la cintura e incluso el cuello de sus habitantes.
No, no, discúlpeme. ¿Cómo cree que el inquilino de Palacio se iba a arriesgar a pescar una enfermedad de esas que suelen dar a los pobres cuando nadan entre la inmundicia?
Y menos arriesgarse al Covid. Ya ve usted cómo se ha cuidado desde aquel 11 de febrero pasado cuando dijo que no había problema y el coronavirus llegaría pero no era una amenaza; incluso el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario experto en Epidemiología sostuvo que para nada sería necesario reconvertir hospitales en especiales para atender el Covid.
¿Por qué se desvió el cauce del Río Carrizal, que pasa por Villahermosa hacia la zona baja de la planicie tabasqueña?
En la mañanera de principio de semana, el licenciado López Obrador, bien humano y con la mirada acuosa, a punto de la lágrima solitaria, se despachó un acto de contrición:
“¿Por qué esta situación de optar entre inconvenientes, que a mí me duele mucho? Porque no ha habido un buen control de las presas, que lo va a haber ahora.
“Ya no va a ser la generación de energía eléctrica lo principal, sino la Protección Civil, voy a emitir un decreto con ese propósito, y ya las cuatro presas del Grijalva, las cuatro hidroeléctricas van a tener un canal ecológico, de modo que se mantengan vacías las presas, los embalses, los vasos, para que en esta temporada, agosto, septiembre, octubre, noviembre, es cuando llueve más, no tengamos ya ningún problema”.
Y luego, citó, “me dicen que, a ver, por qué no me mojé (…) no, ¿nomás por la foto? ¡No! Me enfermo (…) O que no guarde yo la sana distancia y me enferme de Covid, pues tampoco, no”
¿Entones? El licenciado que el viernes de la semana pasada cumplió 67 ¿primaveras?, ha decidido extemporáneamente ponerse al frente, por supuesto en helicóptero y transporte anfibio, de las tareas de supervisión de auxilio a cientos de miles de tabasqueños –la población de la entidad es de dos millones de habitantes—que perdieron todo, todo… hasta la fe que no ha mucho profesaban al hijo predilecto de Tepetitán, municipio de Macuspana.
Porque, seguramente usted se enteró que, el jueves por la mañana el licenciado adelantó que cumpliría años y pidió, por favor, por favor, que no le llevaran mañanitas, es decir que no fueran mariachis de San Lázaro a cantarle al pie del balcón de Palacio y, vaya, que nadie osara enviarle regalitos. Pero…
Indisciplinados que son los diputados y las diputadas federales de Morena, no solo desatendieron la petición del licenciado. No. En el mismísimo salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro e importándoles un pito que se discutía el Presupuesto de Egresos 2021 y la obligada sana distancia y las medidas sanitarias aprobadas por la Junta de Coordinación Política, se despacharon “estas son las mañanitas…”, en do y re sostenidos.
Las manecillas del reloj, como citan los clásicos, apenas traspusieron el umbral de la medianoche y, ellas como sopranos, ellos tenores destemplados, en número ponderado de 40, cantaron y arengaron ¡es un honor estar con Obrador!
Pero, no contentos con ese desplante verbal, desplegaron pancartas de felicitación al licenciado. Y se leían frases que destilaban miel: “Al mejor presidente de México “AMLO”; Feliz Cumpleaños”; “¡Que viva Andrés Manuel! ¡Que viva la 4T! ¡Que Viva México!”.
Por supuesto, ese acto de genuflexión legislativa no fue de gratis, porque por ahí andaban diputados que aspiran a la reelección y la nominación, como Simey Olvera y el michoacano Iván Pérez Negrón –que quiere ser gobernador–, Jorge Luis Montes, la maestra Adela Piña y Lidia García.
Claro, claro, no podía faltar la aguafiestas. Y es que Saraí Núñez, diputada federal del PAN pidió a la diputada presidenta Dulce María Sauri Riancho moción de orden porque, adujo, cómo era posible que se soportara ese desplante de los morenistas, en plena discusión del PEF 2021.
¿Qué ocurrió? Los morenistas, en pleno uso de su mayoría para hacer lo que les venga en gana acallaron la protesta de legisladores de oposición y de Saraí restregándoles la frase de marca registrada: “¡Es un honor estar con Obrador!
¿Y los damnificados de Tabasco? Bueno, bueno, doña Blanca Elena Jiménez Cisneros, directora de la Comisión Nacional del Agua, los ubicó en su realidad: “aquí les tocó vivir”. Por lo demás, cómo cree que el licenciadopresidente se va a mojar. Qué tal si se nos enferma. Digo.
Cumple con la paridad de género para cumplir con los mandatos Constitucionales
Josefina Aguilar Pastor/Agencia CEPROVYSA.COM
SemMéxico.Chilpancingo, Guerrero, 17 de noviembre de 2020.- Por primera vez en la historia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, designó en su Pleno, la paridad de género de los/as Consejeras/os Distritales, y 14 posiciones serán para mujeres y un número similar para varones.
Los consejeros, y consejeras del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), así como representantes de partido, decidieron la conformación con paridad y perspectiva de género para la designación de los 28 consejos distritales.
La noche de este domingo, el consejo general del IEPC, llevo a cabo la décimo segunda sesión extraordinaria, en la que aprobaron la integración de los consejeros distritales, que conforman el Estado de Guerrero, para la elección del 2021.
Al poner a consideración de los integrantes del pleno, la propuesta de integración, la consejera Vicenta Molina Revuelta, mencionó que los principios rectores que guían dicho órgano electoral, objetividad, legalidad y perspectiva de género para garantizar las propuestas que ahí se aprobaron.
En el proceso 2020-2021, dijo la consejera, la paridad es un principio que se materializa, en la integración de los consejos distritales del IEPC, ratificando con ello, indicó, el compromiso institucional de garantizar la parida formal y sustantiva como signo de evolución democrática.
La Consejera Cinthya Citlalli Díaz Fuentes, celebró la aplicación de criterios que les permitieron conformar propuestas paritarias e incluyentes en la conformación de los 28 consejos distritales, de los cuales, 14 serán presididos por mujeres y otro tanto por hombres, de los 112 espacios de consejerías propietarias, 56 son para hombres e igual número para mujeres.
En los 140 espacios de suplencias, por contar con espacios asignados, propusieron 33 mujeres y 66 hombres; al ser menor el número femenino, dijo la consejera, habrán lanzar una segunda convocatoria, que en algunos casos, será exclusiva para mujeres.
Díaz Fuentes también subrayó el criterio de interculturalidad aplicado en la conformación de los 28 distritos electorales, de los cuales 9, serán presididos por indígenas. En algunos casos, agregó, hicieron un corrimiento para colocar a mujeres a fin de e que tengan mejores condiciones para ocupar las consejerías, que aún falta un camino para que indígenas y afro mexicanas, participen en igualdad de circunstancias con respecto de los mestizos.
En ese mismo sentido, se pronunció el consejero Edmar León García, quien mencionó la aplicación del principio de paridad, pluralidad cultural, la participación comunitaria, y la no discriminación e inclusión social, para la elección y conformación de los 28 distritos.
Se aplicó, agregó el consejero, la paridad de manera paritaria vertical y horizontal, de los 29 consejos, 14 de ellos están integrados y encabezados por mujeres y tanto por varones, Incluso mencionó aplicando acciones afirmativas, hay algunos donde la presidencia y secretaria técnica, sean ocupadas por mujeres.
León García, aseguró que hay un ánimo de parte de consejeros y consejeras de que en las próximas convocatorias se siga aplicando este criterio de paridad para llegar a la totalidad, y que las mujeres ocupen los espacios que por años les han negado en la toma de decisiones.
El representante de Morena, Isaac David Cruz Rabadán, también reconoció los criterios de inclusión y paridad, aplicados en la integración de los consejos distritales.
Expertos advierten que el proceso electoral de Morelos podría estar en riesgo
No descarta que tras está intención este motivos partidistas y se trate de violencia de género
Estrella Pedroza
SemMéxico, Cuernavaca, Morelos, 17 de noviembre 2020.- Ana Isabel León Trueba, consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) podría ser destituida de su cargo por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntamente dilatar la conclusión de una investigación iniciada en 2016 en contra del hoy gobernador morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Lo anterior, fue revelado esta mañana por la responsable del IMPEPAC, tras deslindarse de toda responsabilidad. Ello podría poner en riesgo el proceso electoral de 2021. Además era responsabilidad del INE y ahora se quiere imputar a la consejera presidenta. Además la decisión, puede estar relacionada, con el interés de favorecer a un partido político.
El procedimiento lo inició la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE) debido a que presuntamente León Trueba dilató la conclusión de la investigación que inició hace cuatro años.
“Sorpresivamente, el Consejo General del INE trae a cuenta un proceso de remoción contra las y los consejeros del IMPEPAC, aperturado en abril de 2018, hace más de 2 años y medio, en relación con la investigación de hechos que se inició en septiembre de 2016 por instrucción del Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, investigación que guarda estrecha vinculación con el procedimiento iniciado de oficio por el INE, el 29 de agosto de ese año, con el expediente INE/P-COF-UTC/2016/MOR”, dijo León Trueba, durante un pronunciamiento emitido la mañana de ayer a través de sus redes sociales en Facebook y twitter.
La citada investigación se originó con una noticia difundida en televisión, el 25 de agosto de 2016, en donde se dio a conocer que el presidente electo de Cuernavaca había celebrado un contrato de 7 millones de pesos para ser postulado a dicha alcaldía por el Partido Socialdemócrata (PSD) de Morelos.
Tras varias mesas de trabajo entre consejeros se determinó dar vista al INE -que paralelamente había iniciado una investigación por la misma causa.
Así se hizo.
Tras reunirse en febrero del 2017 con diversas autoridades, entre ellas Eduardo Gurza Curiel, director de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y por parte del IMPEPAC la consejera presidenta, los entonces Consejero Electoral Carlos Uribe en su calidad de presidente de la Comisión de Quejas y el Secretario Ejecutivo, para abordar el tema.
El resultado de esas reuniones fue un acuerdo para que ambos órganos electorales -estatal y nacional- “resolvieran en tiempos cercanos para no emitir resoluciones que pudieran resultar contrarias entre sí”.
León Trueba, detalló que a principios del mes de marzo del 2018, cuatro consejeros y consejeras presionaron para que un día antes de que iniciara el registro de candidatos a la gubernatura se realizara una reunión extraordinaria urgente del CEE, durante la cual aprobaron por mayoría un acuerdo para iniciar de oficio un procedimiento ordinario sancionatorio en contra de Cuauhtémoc Blanco por presuntamente haber cobrado para ser candidato.
El acuerdo de inicio del proceso fue impugnado ante el Tribunal Estatal Electoral TEE en donde se consideró improcedente y se dio vista al INE al determinar dilación en el procedimiento seguido por el IMPEPAC.
La Consejera presidenta consideró que la UTCE del INE la responsabiliza de la dilación dejando de lado que “el Secretario jamás presentó a la consejera o a la Comisión de Quejas resolución alguna porque tenían un acuerdo con la UTF del INE de esperar a que ellos resolvieran, y lo hicieron hasta el 28 de mayo de 2018, determinando que el procedimiento era infundado.
Con lo que dejó claro que la competencia de la Consejera Presidenta del IMPEPAC no está el de sustanciar y resolver Procedimientos Ordinarios Sancionadores, según lo establecen los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral del IMPEPAC.
Destitución pondría en riesgo el proceso electoral
Javier Santiago Castillo, ex Consejero del INE, consideró que de concretarse la destitución de la presidenta del IMPEPAC se podría poner en riesgo el proceso electoral 2020-2021.
“Es la primera vez que se busca destituir a una consejera en un proceso electoral , este proceso lleva más más de dos años y viene a concluir previo a la elección, consideró que al menos es inoportuno (…) lo preocupante es que este tipo de acciones podrían en riesgo el proceso electoral que está en curso”, dijo,
Y agregó:
“Yo pregunto si los consejeros tienen todos los elementos para juzgar esta destitución porque la causal es un retraso en una investigación y en la cual es corresponsable el INE porque así se acordó: que el INE concluiría su investigación antes (que el IMPEPAC) para armonizar su resolución. El INE se tarda en resolver y ahora considera que la presidenta es la responsable. Es una causal equivocada”.
Santiago Castillo, destacó que detrás de esta determinación podría existir desconocimiento por parte de los consejeros y consejeras del INE sobre todo el proceso o simplemente la intención de evadir las responsabilidades del INE.
El ex consejero del INE, no descartó que pudiera existir intereses políticos para favorecer a algún grupo político o al partido el poder (en este caso sería el Partido de Encuentro Solidario PES del cual emanó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
“Podría existir desconocimiento por parte de los consejeros y consejeras, puede haber un interés político o tal vez se quiere favorecer a alguien o solo se quiere evadir las responsabilidades del INE en estas investigaciones que al final terminaron por ser infundadas en contra del actual gobernador”, dijo.
Destacó que la trayectoria de la aún consejera presidenta en Morelos ha estado marcada por su trabajo en pro de los derechos políticos de las mujeres y de las comunidades indígenas, y las distintas acciones impulsadas en el IMPEPAC establecen la probabilidad de que haya tocado intereses de actores o partidos políticos.
“No se descarta que este acto tenga un trasfondo de violencia política por razón de género”, añadió.
Por último, llamó a las y los consejeros del INE a revisar con lupa lo que están por decidir en este proceso porque de eso dependerá el rumbo que pueda tomar el Estado de Morelos.
La Fiscalía anuncia detención de dos presuntos responsables del asesinato de Alexis
Anuncian feministas movilización para el 25N
Ángeles Gómez
SemMéxico, Cancún, Quintana Roo, 16 de noviembre, 2020.- En un lapso de ocho días se han celebrado tres marchas de protesta por los feminicidios, detonadas por el caso de Alexis, en tanto la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo anunció que puso a disposición de un juez de control a dos personas del sexo masculino que probablemente participaron en el feminicidio de B.A.L.A, conocida como Alexis.
Y en relación a las protestas realizadas en los días anteriores en esta ciudad, señaló que podría fincar responsabilidades por daños a los inmuebles de la administración pública en la manifestación realizada ayer domingo, y dijo, en tercer lugar, que continúan investigando la “responsabilidad de servidores públicos que -de manera irresponsable- accionaron sus armas incurriendo en un exceso del uso de la fuerza y dejó como saldo dos periodistas y cinco civiles lesionados”.
De acuerdo con un comunicado de prensa, el fiscal de esta entidad, Óscar Montes de Oca Rosales dijo que las investigaciones han arrojado hasta hoy la detención de dos personas que tenían en su poder el teléfono de la víctima y que otras tres personas se encuentran a disposición del ministerio público relacionadas en este caso y cuya situación legal se definirá dentro de los plazos que establece la ley.
Montes de Oca también dijo que “se procesa evidencia” para identificar a quienes causaron daños en inmuebles pertenecientes a la administración pública de los órdenes estatal y municipal, esto durante la manifestación de este domingo 15 y cuya convocatoria se atribuye “a un colectivo feministas”, en Benito Juárez.
En ese sentido, el fiscal general apuntó que “el reclamo legítimo de las mujeres está siendo aprovechado por individuos con otro tipo de intereses con el propósito de lastimar la imagen de Quintana Roo”, esto luego de diversas acusaciones y señalamientos que se han hecho desde el pasado 9 de noviembre tras la primera manifestación.
En ese sentido dijo que también se avanza en las investigaciones por los hechos ocurridos el pasado lunes en la plaza de la Reforma, y que dicha carpeta habrá de determinar la probable responsabilidad de “los servidores públicos que -de manera irresponsable- accionaron sus armas incurriendo en un exceso del uso de la fuerza y dejó como saldo dos periodistas y cinco civiles lesionados”, dijo en referencia a Cecilia Solís y Roberto Becerril, periodistas agredidos cuando cubrían la protesta.
Feministas ven riesgo de criminalización de la protesta
Cabe señalar que en los últimos ocho días han ocurrido tres manifestaciones tras el asesinato de Alexis, activista feminista, la primera realizada el pasado 9 de noviembre, la segunda el día 12 y la tercera que ocurrió el domingo 15. El mayor riesgo que ven es el uso político y criminalización de la protesta por parte de las autoridades.
La indignación, dicen las activistas, ha sacado a la calle hasta los empresarios lo cual es insólito, señaló una de las feministas que prefirió que su nombre fuera reservado, pero apuntó que la participación de Roberto Cintrón, líder hotelero en Cancún debe haber prendido los focos rojos para la administración. Considerando el llamado que hizo a detener los feminicidios y al exponer que el 60 por ciento de la industria turística mundial funciona gracias a las mujeres.
Por otro lado, es importante señalar hoy siguen deslindándose tanto sobre quien ordenó la agresión con armas de fuego contra las personas manifestantes el pasado lunes 9, como de las organizaciones y grupos a quienes se les atribuye la convocatoria de las protestas que denuncian la violencia contra las mujeres.
Por lo pronto la Red Feminista Quintanarroense, una red conformada por 26 colectivas, han anunciado la marcha de protesta el 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y señalaron en un comunicado a través de redes sociales que “integrantes de grupos políticos arribistas, montarse en nuestras causas para sacar su hueso político. Quieren usar a las víctimas y asesinadas, nuestro dolor y a la ciudadanía como carne de cañón”.
Dijeron que al término de la protesta entregaran un pliego petitorio.
A 10 años del nombramiento de la gastronomía mexicana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO
En México tenemos la suerte de poseer una gran cocina, indicó Claudia Chávez López, secretaria de Turismo de Michoacán
Redacción
SemMéxico. Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2020.- En el marco de la celebración virtual del Día Nacional de la Gastronomía Mexicana y el 10º aniversario de la declaratoria de la “Cocina Tradicional Mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva – El paradigma de Michoacán”, Claudia Chávez López, secretaria de Turismo estatal, reconoció a los y las cocineras tradicionales y chefs del estado.
La funcionaria destacó que todas las culturas tienen a la gastronomía como referente para sus eventos principales, bien sean festejos, negocios, bodas o bautizos, cualquier pretexto es bueno para justificar una buena comida.
Refirió que, en Michoacán, a lo largo de estos 10 años, han pasado cosas importantes en materia culinaria, como la evolución de los Encuentros de Cocineras Tradicionales hacia un Festival gastronómico, en el que participan los productores locales y se combinan con la música y la danza, así como con la artesanía.
“Hemos entendido también que la cocina tradicional es una magnífica herramienta de inclusión y empoderamiento de la mujer a la vez que una fuente de desarrollo económico e innovación social en las comunidades”, apuntó.
Desde la Secretaría de Turismo Estatal, dijo, diseñamos y tenemos en operación un programa específico para las cocineras tradicionales de Michoacán, con el objetivo de integrarlas en el sector turístico, formándolas en el conocimiento y práctica de las complejas dinámicas del turismo, así como en los diferentes oficios que integran la producción de servicios gastronómicos.
El Programa Cocineras Tradicionales incluye también la digitalización de sus negocios, dándoles identidad digital, mejorando su visibilidad y su promoción en la red. Tras años de trabajo conjunto, el Programa se ha convertido en un ejemplo, capturando el interés de otros estados y países, lo que ha permitido presentarlo en eventos internacionales, como el organizado por la OMT en Jamaica sobre turismo inclusivo o el II Encuentro global de gastroeconomía, que tuvo lugar en Estambul el año pasado.
“El trabajo de todos está dando sus frutos, la gastronomía, junto con la hospitalidad michoacana, son los atributos mejor valorados por quienes nos distinguen con su visita, además de pasar a ser el segundo rubro de gasto turístico en nuestro Estado”.
“En México, como en las grandes culturas del mundo, tenemos la suerte de poseer una gran cocina tradicional que hoy cumple su décimo aniversario como Patrimonio Intangible de la Humanidad, honor que compartimos con tres cocinas del mundo, la mediterránea, la japonesa y la francesa”.
Finalmente, Claudia Chávez López destacó que es el momento de estar del lado de los cocineros y cocineras, de mejorar sus conocimientos, de perfeccionar sus proyectos y de promover sus negocios, no sólo es una cuestión de inclusión y empoderamiento de la mujer indígena, es también una cuestión estratégica para el futuro turístico de nuestro extraordinario país.
Por otro lado, el ex secretario de Turismo, Genovevo Figueroa Zamudio, mencionó que la inscripción de la cocina tradicional mexicana en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, ha sido recibida de manera entusiasta en Michoacán, por reconocer una de las herencias culturales más preciadas por los michoacanos, pues refleja el resultado de la interacción sapiente y amorosa de los ancestros con nuestro entorno, plasmada en conocimientos, valores y, por otra parte, este reconocimiento ha propiciado una respuesta sostenible y de éxito palpable ante la crisis económica.
El modelo de turismo michoacano se ha basado en el respeto a sus culturas, por ello la delegación michoacana que recibió el reconocimiento de la UNESCO en Nairobi, se integró con 5 maestros de la cultura purépecha promotores de su historia, de su música y desde luego de su gastronomía.
SemMéxico. Cd. de México. 16 de noviembre 2020.- El presupuesto 2021 acordado por la Cámara de Diputados desapareció 13 programas destinados a la igualdad, disminuyó recursos a la Secretaría de Gobernación para la violencia contra las mujeres, redujo el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) para la prevención de la violencia y recortó 350 millones para 35 casas de las Mujeres Indígenas y Afrodesendientes (Camis).
Es un contrasentido, abandonan los tímidos esfuerzos continuados para el cumplimiento de las responsabilidades del Estado, dirigidos a atemperar el ominoso fenómeno, de dimensiones alarmantes: la violencia contra las mujeres y las niñas.
Menos para los Centros de Justicia para las mujeres, para las Alertas de Violencia de Género, afectación generalizada a los recursos dejando en el abandono, presupuestario y de política pública, a la mitad de la población.
Choca con las declaraciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de que en México vivimos un gobierno feminista.
La violencia de género es –entre nuestras desgracias– espejo clarísimo de una crisis humanitaria expresada en la protesta de miles de jóvenes en todo el país, manifestando su hartazgo y desesperación, martillo en mano, por los asesinatos imparables, la violación, el acoso y la desaparición forzada.
La respuesta: el recorte y la indiferencia. Y este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, oiremos, nuevamente discursos, promesas y anuncios para erradicar esa violencia.
La fecha elegida en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en 1981, en Bogotá, Colombia, rememora ese día de 1960, cuando Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, fueron asesinadas por el dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, como reprimenda a su participación en un movimiento contra la tiranía. Eso conmovió a la sociedad y fue fundamental para la posterior caída del dictador en 1961.
Dieciocho años después, diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU declaró al 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, para definir la responsabilidad de los Estados. Así dejó de verse como un asunto privado para ser asunto de Estado.
Desde entonces, se hicieron miles de acciones, desde los gobiernos y la sociedad. México pionero en muchas de ellas, algunas de relumbrón, muchas simuladas –sin duda– pero hoy, cuando el discurso y anuncios espectaculares de acciones emergentes menudean, no se entiende el contrasentido avalado por la mayoría en el Congreso.
Ni valen ni consideran las protestas, ni estos hechos: tres de cada diez mexicanas han vivido un evento de violencia; los abusos a las niñas nos mantienen en el primer lugar entre los países de la OCDE por embarazo infantil, y todos los días once mujeres pierden la vida por feminicidio.
Inadmisible esta conducta de las y los diputados. No les interesa, a pesar de la bancada femenina y su compromiso por defender los necesarios y urgentes recursos para amainar la violencia contra las mujeres. Veremos.
* Periodista, directora del portal informativo SemMéxico.mx
Cooperativa “Quince Mujeres” de El Zapotal, a las faldas del Cofre de Perote
Construyeron granjas de conejos, hortalizas, crían chivas. Están por hacer carpinterías y otros tantos proyectos
Ana Alicia Osorio /Testigo Púrpura
SemMéxico, Veracruz, Ver., 16 de noviembre 2020.- Un grupo de mujeres arranca las hierbas que crecen junto a sus cultivos mientras intercambian algunas bromas y platican sobre la comida que les espera después de esa labor.
A lo lejos, después de los pinos y los largos sembradíos, montañas abajo, se ve Xalapa (la capital de Veracruz) y se puede imaginar el bullicio y las personas corriendo. Pero aquí todo es diferente, aquí la vida transcurre en calma y el ruido que se escucha son algunos niños corriendo o las mujeres dándose tips de una hortaliza a otra sobre la mejor manera de sembrar.
A lo lejos la invidualidad es lo que prevalece, mientras que aquí es un intento de salir adelante juntas, como colectiva.
Las mujeres que sonrientes trabajan la tierra son las integrantes de la cooperativa “Quince Mujeres” que desde hace cuatro años se formó en la comunidad rural El Zapotal (en el municipio de Acajete, a las faldas del Cofre de Perote) y laboran para generar sus propios alimentos, obtener recursos y salir adelante como comunidad.
“La idea es que fuera de cada casa de cada una de nosotras, contemos con alimentos limpios que nosotras mismos cosechemos, no solo hortalizas sino carne, leche, para poder hacer queso, que tengamos fuera de la casa muy cerquita sin tener que bajar a trabajar a otro lado alimentos”, cuenta Mónica Hernández Abascal, mientras está sentada junto al cultivo con el que alimentarán las chivas que tienen.
Hace algunos años llegó a esa comunidad y convocó a las mujeres, quienes se unieron gustosas para trabajar juntas.
Desde entonces han construido en conjunto algunas granjas de conejos, hortalizas, crían chivas y están por hacer carpinterías y otros tantos proyectos.
La dinámica es sencilla, cada semana se juntan en casa de una integrante de la cooperativa o en un terreno común que tienen, para ayudarse en sus hortalizas o compartir conocimientos sobre los animales.
“Ahora que está el problema de la pandemia ha sido importante (…) sales y consigues tu comida, no tienes que salir a comprar, ni usar dinero que es la idea”, cuenta Mónica.
Cosechar la libertad
Pero el alimento limpio y fresco no es lo único que les ha dejado la unidad.
“Va saliendo para comprar algo más o va saliendo para tener para la casa. Es diferente porque ya se te antoja algo y ya es mío y ya no hay es que se me antojó algo y le tengo que pedir al marido o le tengo que decir en qué me lo gasté (…) yo ya solita puedo, le estoy demostrando que no dependo nada más de él, que yo también puedo salir adelante”, cuenta Rosa Isela.
Ella siempre ha sido ama de casa y recuerda que no tenía dinero propio pese al trabajo que hacía criando a sus hijas, haciendo la comida o limpiando la casa. Esas labores no son pagadas. No es la única, según CEPAL una de cada tres mujeres de América Latina no tiene ingresos propios.
Ahora los tiene y al decirlo una gran sonrisa ilumina su rostro. Aunque no es mucho, la venta de ramitos de cilantro o las lechugas que siembra y cuida con sus propias manos o los conejos que ve desde pequeños hasta que los entrega a un restaurante, le dan la posibilidad de sentir la libertad.
Rosa Isela está sentada frente a la casita de mujeres, una casa comunitaria que renta la cooperativa para hacer sus reuniones y planear los proyectos que siguen o para recibir pláticas sobre violencia de género.
Acaban de comer conejo, la especialidad de la casa, todas juntas. Una gran mesa fue sacada al amplio patio, justo después de terminal el jornal.
Horas antes, mientras algunas acababan de levantar la herramienta que usaron, otras se adelantaron a prender el fogón que ocupa la mayor parte del espacio de la pequeña casita blanca y calentar la comida que habían llevado para ese día.
Esa dinámica que repite constantemente, cuentan, mientras sacan una bebida de leche y alcohol y brindan por su trabajo. Lo hacen en una zona rural donde el alcohol está destinado a los hombres, mientras las mujeres que lo consume pueden ser mal vistas. Ellas rompen esa imagen.
Pero romperla les ha costado. Algunas preguntan por sus compañeras que no acudieron ese día y cuentan sobre las enfermedades que enfrentan o las labores domésticas que las retuvieron en su casa.
Rosa Isela, a unos cuantos metros, narra cómo su esposo no estaba de acuerdo que se integrara a la cooperativa.
“Dice mi esposo vas a tener tiempo de andar por allá y las niñas, la escuela, pues ahí me hago un tiempo (…) le digo a mí me gustan muchos los conejos y la hortaliza y ver a ellas que conviven y todo eso, me llamó la atención”, asegura.
Aún con los años que han pasado, a veces se enfrenta a reclamos por no estar todo el tiempo en la casa. Pero los reclamos y doble jornada que representa trabajar en conjunto con sus compañeras y las labores del hogar, las sortea con la unión.
“Algunas tenían problemas de que no las dejaban venir en un principio los maridos, las parejas, pero ellas interesadas en el trabajo que estamos haciendo han enfrentado y han logrado pero sí ha habido lágrimas, ha habido sufrimiento de algunas pero aquí estamos y algunas se han salido por lo mismo de que sus señores no entienden”, dice Mónica.
Las cooperativas son una alternativa para las mujeres para ayudarse a encontrar la libertad económica, pero también para replantearse las relaciones de desigualdad que existen, según Alma Mora Pizzano y Jorge Moret en el texto Mujeres Cooperativistas: una experiencia de empoderamiento a través de la economía solidaria en la cooperativa Undeco en Morelos, México.
“El cooperativismo representa para las mujeres una alternativa organizacional (…) les permite apropiarse de un sentido de pertenencia, compromiso, capacidad para la toma de decisiones y liderazgo, que se traduce en una mayor participación en el ámbito público y mayores posibilidades de control en la administración del hogar y la autonomía personal (…) permite replantear las relaciones jerárquicas y de subordinación que la desigualdad estructural de las sociedades ha impuesto como natural”, aseguran en su texto.
Ejemplo a seguir
Las integrantes de “Quince Mujeres” coinciden mientras celebran los logros que han tenido y los que están por venir.
“La fuerza de grupo te da fuerza como persona para decir porquéé Fulanita sí puede ir, porque mi cuñada sí puede ir y yo no y voy a ir voy a ir, fue muy interesante esto porque se ha dado un empoderamiento natural en nosotras sin haberlo planteado”, narra Mónica.
Pero no son las únicas que los ven, por eso se han convertido en un ejemplo a seguir para los poblados cercanos. Cuatro cooperativas más (dos de mujeres, una mixta y una de hombres) les han pedido su apoyo y asesoría para hacer algo similar a lo que ellas han logrado. Ellas gustosas les dan su ayuda.
Para llegar al Zapotal hay que seguir durante cerca de 40 minutos un camino de terracería inclinado cuesta arriba y aunque Xalapa (la capital de Veracruz) es la ciudad más cercana, solamente hay dos autobuses tres días a la semana que pueden llevar allí. Por eso algunas mujeres cuentan que han hecho ese trayecto caminando cuando necesitan bajar.
La dificultad del camino y la burocracia, ha generado dificultades para conformarse legalmente como una cooperativa, pues aunque lo intentaron, fue un trámite que no lograron culminar al pedirles una y otra vez que fueran. Eso no les impide trabajar y ayudar a las nuevas cooperativas que se han creado.
Durante las mañanas el Cofre de Perote se ve entre las montañas dando una vista sin igual y en las noches la neblina baja provocando un frío que las y los pobladores están acostumbrados a sortear.
La mayor parte de las personas se dedican a cultivar maíz o papa, pero muchas más deben salir hacia los poblados de “abajo” a trabajar por lo que la mayor parte de quienes se quedan allí son mujeres que se dedican al hogar.
Mónica cuenta que cuando recién intentaron crear la cooperativa pensaban en hacerla mixta pero se encontraron que los hombres solo querían participar si se les pagaba el jornal del día. Con las mujeres fue distinto.
Por eso no le extraña que la mayor parte de quienes las busca de otros poblados cercanos para aprender a trabajar en conjunto, sean también mujeres.
Ayudar para ayudarse
Conejos grandes y pequeños se asoman entre las rejas en una choza que Cecilia les construyó. Ella muestra las que están recién paridas y en las que tiene esperanzas que lleguen a parir más.
Algunos de esos conejos son para consumo propio mientras que otros los vende a los restaurantes cercanos con quienes la cooperativa ya tiene un trato.
Cecilia Morales San Gabriel fue de las fundadoras de “Quince Mujeres” y allí ha aprendido a manejar los conejos que ahora tiene cuando en uno de los primeros proyectos que iniciaron juntas fue comenzar con esas jaulas.
Una de las primeras cosas que hizo fue invitar a su hija, María Vázquez Morales, para que formara parte de esa cooperativa. Ahora ambas se apoyan.
“A mí me invitó mi mamá, ella fue la que me dijo que vino doña Mónica y que quiere organizar a las señoras de la comunidad para trabajar juntas, trabajar en equipo (…) de hecho no teníamos mucho contemplado todo lo que hemos llegado ahorita”, cuenta María.
Ella, dice, la carne de los conejos que crían y las hortalizas que cosechan le ha apoyado económicamente pero además le ha dado la certeza de comer productos limpios.
“Es un beneficio muy bonito para nosotros porque como platico con mi esposo, si mato a la semana cuatro o cinco para el entro, mato uno y es lo que comemos, sino tenemos otra carne como es el pollo pues ya tenemos esa carne y lo mejor de ahí es que tú lo estás criando, tú sabes lo que te estás comiendo, limpio”, dice.
Pero para ella, el recurso que se ha ahorrado o el dinero que ha ganado es solo un poco de lo mucho que le ha dejado estar en la cooperativa.
“Es muy padre trabajar en grupo, trabajar en equipos (…) para mí lo más importante es compartir cosas con las demás, ser solidaria con las demás, el compartir el trabajo, a mí me gusta esforzarme mucho y para mi es lo más importante, la sensación de compartir con las demás”, asegura, tras contar la forma en que cada una se regala un pequeño tiempo y espacio para ayudar a la otra.
Para seguir ayudándose los planes de la cooperativa son muchos. Se convertirán en carpinteras, para lo que ya tienen las herramientas y les falta algo de apoyo. Junto a otras cooperativas buscan hacer una ruta turística en la región. Cultivarán el alimento para sus chivos y buscarán aprovecharlas. Y la lista sigue.
Saben, como ya les ha pasado, que no todos los planes se concretan tal y como esperan. Pero, optimistas, mientras se despiden para recorrer el camino de regreso hacia sus casas, se echan porras unas a otras y se levantan el ánimo en grupo, porque están convencidas que solo así podrán sacar todos los proyectos que se propongan.
