* No habrá más mujeres que hombres entre quienes aspiran a un cargo de elección popular
* Medios reafirman estereotipos de género y sexistas
Lorena Piedad*
SemMéxico, Pachuca, Hgo., 3 de septiembre, 2020.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) que permitía registrar mayor número de mujeres que hombres en las planillas para las elecciones de los 84 ayuntamientos el próximo 18 de octubre.
La sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “resolvió el expediente ST-JRC-6/2020 al amparo interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra la sentencia del TEEH emitida el 14 de agosto, argumentando que el organismo local no tomó en cuenta las reglas que ya existían en materia de paridad de género”.
El magistrado Juan Carlos Silva Adaya propuso confirmar la sentencia del tribunal de Hidalgo, no obstante, el y la magistrada, David Avante Juárez y Marcela Elena Fernández Domínguez, consideraron lo contrario debido a que existen reglas en la materia por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE).
Al respecto, tanto el magistrado Avante Juárez como la presidenta Fernández Domínguez explicaron que la revocación no implica desconocer los derechos de las mujeres, menos que no que se puedan resolver a favor de ellas los casos concretos.
Sin embargo, lo anterior sucedió un día después de que algunos participantes en el conversatorio virtual La violencia política contra las mujeres en razón de género y el ABC para su identificación, convocado por el IEE, aseguraron que esta entidad es pionera al garantizar los derechos políticos de las mujeres durante el proceso electoral 2020-2021.
El sábado 29 de agosto, Marisol Vázquez, asesora de la consejera electoral Carla Astrid Humprey, señaló que “pese a esta garantía, el Congreso local aún no ha armonizado las leyes con la Ley federal de paridad y la violencia política en razón de género aprobada por el Congreso federal en diciembre pasado”. Urgió este avance frente al proceso electoral, ya que la ley federal prevé hasta dos años de prisión a quien incurra en violencia política de género.
En tanto, dicha ley federal dicta que “los partidos que postulen candidatos sentenciados por violencia política de género o que toleren esta práctica podrían perder hasta el 50 por ciento de su financiamiento público o su registro. También prohíbe las candidaturas a cargos de elección popular a quienes hayan sido procesados por agresiones físicas, psicológicas, o económicas contra mujeres”, pero nuestra entidad quedaría libre de estas sanciones en caso de que la ley estatal no sea armonizada con la federal a tiempo durante el proceso electoral de este año.
Insisten medios en contenidos sexistas
Cuando todavía el IEE no publica el acuerdo de aprobación de candidaturas y dos aspirantes a candidatas que desistieron la semana pasada, los medios de comunicación dan información estereotipada de las contendientes.
Lo anterior debido a que la nota publicada el lunes 31 de agosto de 2020 por Criterio, titulada “Con familia, ediles buscan arraigarse en ayuntamientos”, en referencia a las aspirantes de la región de la Huasteca.
En tanto que de los aspirantes, Criterio no plantea su condición familiar y sí hacen referencia a su actividad como políticos: “el exdiputado local Daniel Andrade Zurutuza, de Encuentro Social Hidalgo, es incondicional del edil Raúl Badillo Ramírez”, o que el panista “Andrés Espinosa Galván estuvo encarcelado”, y que el abanderado del PT, “Fortunato González Islas, azuza a la gente para bloquear carreteras”.
Sin embargo, las aspirantes el periódico enfatiza su situación sentimental, como sucede en San Felipe Orizatlán, donde las etiquetan de la siguiente manera: …“la candidata panista, Diana Guzmán Zúñiga, es esposa del presidente municipal Raúl Valdivia Castillo. Cristina Sánchez, cónyuge del diputado federal Fortunato Rivera Castillo, postulada por Morena. En Jaltocán, Adriana Nava Hernández, registrada por el PRI, destaca es esposa del exalcalde Hipólito Hernández Aquino”.
*Con Información de El Sol de Hidalgo, El Independiente de Hidalgo y Criterio
* Entre 2013 y 2016, 416 expedientes en Hidalgo por violencia política contra las mujeres en razón de género
* Presidenta del Instituto Electoral alerta: este ilícito será prioridad
Ignacio García
SemMéxico, Pachuca, Hgo., 3 de septiembre, 2020.- La presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Guillermina Vázquez Benítez, aseguró que con la implementación del protocolo ABC, este organismo cuenta con mayores mecanismos para detectar y atender casos de violencia política de género en el estado durante el presente proceso electoral.
La consejera electoral refirió que la violencia política contra las mujeres se incrementó en los últimos años. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Felpado) documentó entre 2013 y 2016, 416 expedientes sobre este ilícito, y aseguró que son una prioridad para la autoridad electoral.
La violencia política de género debe ser atendida inmediatamente por esa institución, agregó Vázquez Benítez. Antes únicamente era competencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) por lo que de esta manera se cuenta con mecanismos especializados para canalizar cualquier incidente.
Por su parte, el consejero electoral del IEEH, Francisco Martínez Ballesteros, expresó que con el protocolo específico que ha desarrollado la institución se da con un enfoque intercultural lo que permite mayores condiciones de equidad en los comicios y todas y todos los actores en el proceso electoral están obligados a cumplir con esos mecanismos.
El funcionario estatal expuso que este protocolo ABC también obliga a los partidos políticos al cumplimiento de la capacitación en sensibilización sobre la violencia política de género.
Según la Organización de las Naciones Unidas ONU-Mujeres en su informe de Participación Política, establece que existen diferentes tipos de violencia contra las mujeres que no se han visibilizado en los comicios municipales, por lo que documentó incidentes en 25 estados del país desde hace dos años.
En Hidalgo en el proceso electoral de 2015-2016 se registraron cuatro casos de violencia política de género, mientras que en los comicios de 2018, que renovó el Congreso local, contabilizó un incidente, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional Electoral (INE).
* Como en otras entidades, ONG observan omisiones al tipificar feminicidios
* Preparan informe sombra para la CEDAW 2020
Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 3 de septiembre, 2020.- Simulación, omisión, falta de políticas públicas, voluntad política y recursos para atender la problemática de violencia de género, prevalece entre los 15 municipios que conforman la región de Costa Chica del Estado de Guerrero, reveló diagnóstico realizado por organizaciones de feministas y defensoras de los derechos humanos.
En el marco del Quinto Conversatorio Regional, correspondiente a la zona de la Costa Chica realizado por la Red Estatal de Mujeres Guerrerenses a una Vida Libre de Violencia, rumbo al informe alterno de la CEDAW 2020, presentaron el diagnostico de Muertes Dolosas con Presunción de Feminicidio, en aquella región del Estado.
Eneida Lozano Reyes integrante de feminismo comunitario de Costa Chica, activista defensora de derechos humanos en Ayutla de los Libres, compartió que son 15 los municipios que conforman esa región: Ayutla, Azoyú, Copala, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villareal, Igualapa, Juchitán, Marquelia, Ometepec, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa y Tlacoachistlahuaca.
De estos el Monitor de Violencia de Género y Feminicidios de la Asociación Guerrerense contra la Violencia contra las Mujeres, reveló que Ayutla de los Libres y Ometepec, ambos con Alerta de Violencia de Género, concentran el mayor número de asesinatos dolosos de mujeres de 2017 a la fecha.
Ometepec registró 22 asesinatos contra mujeres: 10 en 2017; cinco en 2018 y 2019, respectivamente, y dos en lo que va del año le sigue, Ayutla, con siete asesinatos de mujeres, uno en 2017, dos en 2018, tres en 2019, y una en lo que va del año; Copala cinco, ocurridas tres en 2018 y dos en este año; Cuajinicuilapa, cuatro, Igualapa tres, Florencio Villareal y Marquelia dos respectivamente, y Juchitán uno; sólo Cuautepec, no registra.
A pesar de que Guerrero fue el primer estado en tipificar el delito de feminicidio en México es el que menos lo acredita, refirió la activista, quien explicó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que, de enero a julio de este año, se han registrado 82 muertes dolosas de mujeres de las cuales sólo 10 fueron tipificados como feminicidios.
En tanto que el “Monitor de Violencia de Género y Feminicidios de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres”, registra 92, de los cuales 9 corresponden a la Costa Chica.
Los sistemas municipales
En este mismo ejercicio, presentaron el diagnóstico hecho a los sistemas municipales para la igualdad y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Valeriana Nicolás Benito, coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena “Manos Unidas”, con sede en Ometepec, reportó que cuatro de ellos, Azoyu, Tecoanapa, San Marcos y Copala, no han instalado, dichas instancias; en los once restantes, que si están reinstalados, sólo algunos sesionaron cuando la reinstalación; otros lo han hecho en tres ocasiones, la mayoría no incluye a representantes de la sociedad civil.
Nicolás Benito denunció que los gobiernos municipales continúan apostando a la ejecución de obra pública y no a atender la problemática social, “y eso nos dice que no sé están respondiendo a la alerta de género, le están restando interés y, sobre todo, no están destinando recursos a los sistemas para su operación”,
Fidela Hernández, coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena “La Abuela Sabia”, de Ayutla, dio a conocer que de acuerdo a la revisión de las atribuciones de los ayuntamientos, derivada de la ley 553 de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, en algunos ni siquiera conocen esta norma, minimizan la violencia de género, no implementan programas con perspectiva de género, sensibilización derechos humanos e interculturalidad para el personal que atiende a las mujeres víctimas de violencia.
“En la mayor parte de los municipios de la Costa Chica, no hay voluntad policía de los presidentes y de quienes manejan los recursos para que las directoras encargadas de la comisión de atención a mujeres víctimas de violencia, tengan un recurso y puedan ejercer sus actividades”, señaló.
SemMéxico, Cd. de México, 3 de septiembre, 2020.- El punto toral de la estrategia propagandística de Andrés Manuel López Obrador se sustancia en la mentira. Pero nadie de entre su público y reporteros presentes en las conferencias mañaneras se asume capaz de refutar sus dichos infundados y mucho menos responder a las descalificaciones y falacias.
Por ejemplo, Andrés Manuel asegura que es el mejor segundo Jefe de Estado en el mundo, pero su interpretación es tramposa como aquella de asumir que cuenta con el apoyo de más de 70 millones de mexicanos, porque las encuestas le otorgan 52.4 por ciento de aprobación.
Y la referencia en su informe de gobierno, de que siete de cada diez familias recibe algún beneficio de sus programas sociales, sin mostrar evidencia de ello, aunque finalmente estos son votos asegurados por la política asistencialista que solo cambia de nombre sexenalmente.
Mire usted, por ejemplo, la española Asociación de Comunicación Política (ACOP) a junio de este año, con una comparación de 22 encuestadoras distintas, posiciona a López Obrador en el lugar número 13 de aprobación.
Y bueno, aunque la empresa estadunidense Morning Consult instala a López Obrador con la segunda aprobación más alta neta, esta se refiere al periodo enero-abril último. ¿El segundo mejor Jefe de Estado?
En la calle hay otras opiniones, en la calle, no en los partidos ni en corrillos políticos y menos con el favor que hoy le hace el Partido del Trabajo con su adalid Gerardo Fernández Noroña que se asume “Presidente” de la Cámara de Diputados, un símil de aquel “Presidente Legítimo” de Andrés Manuel en 2006 en esa ópera bufa en el Zócalo, en la rendición de protesta con todo y gabinete.
Es la simulación, la mentira abierta como ésta de sostener que a nadie, a nadie, se obliga en la administración pública federal, e incluso de la Ciudad de México, a comprar cachitos de esa burla llamada rifa del avión presidencial, cuando hay denuncias de que se ha descontado el costo de hasta dos boletos para jefes de oficina y a empleados.
Y nadie se atreve a desmentir al licenciado López Obrador, a reclamarle “la Mentira Maestra” con esto de vender lo invendible y otorgar premios que son únicos. Una tramposa forma de extorsionar a empresarios y tomar el pelo a la sociedad, aunque hay que decir que simpatizantes y fanáticos de la 4T y su prócer niegan esa realidad.
¿No se involucra en la vida doméstica del Consorcio Morena? Se pronunció porque la elección de su sucesor, porque Yeidckol y Alfonso Ramírez Cuéllar son encargados del despacho, fuera vía encuesta y, contra la opinión de las tribus que obligaron a Bertha Luján a bajarse de la contienda, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que ésa sea la forma de elegir al dirigente formal de Morena, bajo responsabilidad del Instituto Nacional Electoral.
Y, ¿recuerda usted lo que dijo el lunes último en la mañanera cuando era inevitable que Gerardo Fernández Noroña hiciera realidad su amago golpista para hacerse de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados? Sí, recomendó a sus huestes pastoreadas por Mario Delgado Carrillo, que se condujeran por la vía de la legalidad.
¿No era esa la vía elemental en la convivencia legislativa? Pero, en la estrategia gatopardista, en la Cámara de Diputados hubo un eco de simulación y 72 diputados de Morena junto con 40 del Partido del Trabajo, bloquearon la nominación de la priista Dulce María Sauri Riancho a la presidencia cameral.
Esa película la vimos el año pasado cuando esa misma mayoría fabricada se opuso a que, en la primera votación, en la sesión preparatoria, se aprobara la propuesta de Laura Rojas, diputada federal del PAN, en la presidencia de la Cámara baja.
¿A qué le juega Mario Delgado? ¿Cuál es la línea de Andrés Manuel para que su alfil mueva las piezas en el Palacio Legislativo de San Lázaro? ¡Exacto! La simulación para presionar, negociar, vender el respaldo, el truque político. ¿Qué dio a cambio René Juárez Cisneros ayer miércoles para lograr que la mayoría de Morena apoyara la nominación de Dulce María Sauri Riancho?
Simular oposición férrea es parte de estos acuerdos. ¿Qué negoció el PAN en la Cámara de Diputados hace un año? Cuestión de ver votaciones en dictámenes de reformas fundamentales.
Hoy, Andrés Manuel va por todo en el Poder Legislativo y en el Judicial, aunque califique arrogantes al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, a quien dice no haber visto en meses y, entonces, vale preguntar si el fiscal ha estado ausente en la Juntas del Gabinete de Seguridad.
Simulación es aquello de que ha cumplido 96 de los cien compromisos que hizo en campaña. ¿Cuáles? ¡Ah!, pero en las redes, en éstas que ahora resultan incómodas para la señora doctora Beatriz Gutiérrez Müller y al licenciado López Obrador cuando le son adversas las tendencias, los bots y el fanatismo fundamentalista hace trizas a quienes piensan diferente.
Y, vaya, el vocero Jesús Ramírez presume que, con la televisada renuncia de Javier Jiménez Espriú, se demuestra que los tiempos han cambiado y que en esta administración ya no se pretexta “por motivos de salud” el despido de un integrante del gabinete, pero hace mutis con la dimisión del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur, quien el pasado 5 de agosto encueró, sí, encueró a las ligas mayores de la 4T y acusó la disputa que hay por el poder.
Lo renuncian por motivos de salud, porque dizque él lo pidió, porque está enfermo y, además, debe retornar a su plaza de investigador en el Campus Morelia de la UNAM. ¿Por motivos de salud?
Y, más simulación, ésta de aducir motivos de austeridad para desaparecer a la Subsecretaria de Gobierno, de la Secretaría de Gobernación y echar a la calle a Ricardo Peralta. Rescato parte de un discurso del senador Gustavo Enrique Madero que implica esta práctica de la simulación que priva en el gobierno de la 4T, a saber:
«Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, deje de estar utilizando el poder para distraer a los mexicanos de los verdaderos problemas que tiene por su gobierno, por su culpa, deje de estar manoseando a las instituciones, a la justicia, para polarizar a los mexicanos, si usted tiene algo contra cualquier expresidente que haya cometido un delito, ¡métalo al bote!, ¡denúncielo!, ¡no le saque!, no sea Pilatos, que se lava las manos en falsas consultas, que usted sabe que lo único que está haciendo es campaña política para destruir el ánimo de la gente, para generar la cólera y encausarla en vez de contra su gobierno que está causando tanto daño, tanta pobreza, contra fantasmas del pasado».
Sí, la simulación de hacer justicia cuando el papel que juega es de justiciero. Y, en esto de los simuladores, como dijo el clásico de Celaya: ¡Aún hay más! Conste.
Renuncias y presiones sugieren la vuelta al pasado
Movimientos se alistan a continuar desde abajo y en las calles
Difunden un pronunciamiento y prenden alertas: “nosotras nos cuidamos”
Sara Lovera
SemMéxico. Cd. de México. 2 de septiembre de 2020.- Mujeres y hombres anunciaron ayer que la defensa de las víctimas de la violación de sus derechos humanos, ante el abandono y el alineamiento al gobierno, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), expresada en la salida de José Martínez Cruz y Edgard Sánchez Ramírez, les obliga a unirse y continuar forjando desde abajo “nosotras nos cuidamos solas”.
Personas independientes, movimientos de viejas y nuevas luchas, dirigentes sindicales; trabajadoras y trabajadores; el movimiento nacional de personas jubiladas, profesionistas y profesionales de diversas universidades, grupos y colectivas de mujeres, advirtieron que el control gubernamental de la CNDH, impedirá la transformación anunciada. Son, dijeron, las y los defensores desde la Guerra Sucia, en la que trabajó Rosario Ibarra de Piedra, quienes ahora saben que la única defensa es la de abajo, la que hace la gente organizadas para oponerse al poder.
Explican que en la CNDH, donde las personas sí importan, por presiones internas, no externas, se sustituyó a los directores de las visitadurías primera y sexta por perfiles institucionales, muy diferentes de los anunciados al inicio de la administración de Rosario Piedra Ibarra, que ahora está bajo la coacción de algunos sectores del gobierno federal.
Los ahora ex directores, considerados radicales, son quienes desde las CNDH acompañaron a muchos otros movimientos, no sólo de las mujeres, como al de los padres con niños con cáncer, o las movimientos que se oponen a la construcción del Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía; a quienes sufren recortes de luz en plena pandemia y a trabajadores y trabajadoras, que en estos tiempos, como el caso de Susana Prieto, son víctimas de los poderes nacionales y estatales, aún municipales.
Las renuncias ponen en duda, entonces, que se mantenga el propósito de lograr que la CNDH deje de ser cómplice de los sucesivos gobiernos y se convierta en un organismo verdaderamente autónomo de derechos humanos, independiente del gobierno y sus intereses.
Ante el cambio de giro institucional que ya opera en la CNDH, en lo interno, 41 organizaciones, sindicatos, colectivos, asociaciones y 172 activistas, defensoras y defensores, sindicalistas, feministas, trabajadoras y trabajadores, campesinas y campesinos, estudiantes y militantes del país, que irán a la resistencia porque no habrá la transformación ofrecida.
La colectiva, y defensoras y defensores afirman en un pronunciamiento que este “giro” está en proceso. La renuncia de los directores de las visitadurías primera y sexta, antiguos y probados defensores y promotores de los DDHH, da evidencia de la intervención de agentes de Morena y del gobierno para propiciar que la CNDH vuelva al pasado. Se quiere una CNDH a modo, y no una defensoría del pueblo.
Llaman a la unidad de movimientos y colectivas a la resistencia en las calles, en los centros de trabajo y estudio, cuando afirman que a los renunciados los continuaremos encontrando en estos movimientos de resistencia. Y sostienen que desde ahí, desde abajo es donde se forjan los cambios verdaderos.
Lo principal, señalan, de la defensa de los derechos humanos viene desde los movimientos verdaderos como el de las mujeres contra la violencia patriarcal, conocido “nosotras nos cuidamos”, donde es necesaria la unidad y fortalecimiento de las luchas porque, en medio de esta crisis histórica, combinada en el terreno económico y sanitario, como con el endurecimiento en el terreno político, se aproximan nuevos y difíciles retos.
Ayer Amnistía Internacional (AI) corrigió lo que dijo el presidente Andrés López Obrador, al señalar que las desapariciones entre el 1 de diciembre y la fecha, son 11 mil 653 personas, según los registros disponibles. Desapariciones, eso que hizo que Piedra Ibarra pareciera una garantía.
En cuanto a las masacres, AI recordó la presunta ejecución extrajudicial de elementos del Ejército al menos contra una persona en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hecho que fue revelado en un video. Y sostuvo que el primer paso para eliminar las violaciones a derechos humanos es reconocerlas y dar cuenta de ellas.
Amnistía Internacional también refutó que haya menos feminicidios en el país, como lo dijo López Obrador, ya que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de este año ese delito se ha incrementado un 5.4 por ciento respecto al mismo periodo del 2019.
El Comunicado
Las colectivas y quienes defienden los DDHH señalan que recibieron con preocupación la noticia de la salida de los compañeros José Martínez Cruz y Edgard Sánchez Ramírez como encargados de la Primera y Sexta Visitaduría respectivamente, dentro de la CNDH, cargos con los que fueron designados en enero de este año por Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de ese organismo.
Sus renuncias alarman en el sentido de que significan un cambio o abandono de los propósitos anunciados por Rosario Piedra para transformar a la CNDH, cuando asumió la presidencia de esa instancia, desprestigiada desde su creación en 1992, durante el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, como encubridora de las peores violaciones a derechos humanos cometidas por cada gobierno, fuera del PRI o del PAN.
Lamentan que Rosario Piedra anunció que con su llegada buscaría transformar a la CNDH en una verdadera Defensoría del Pueblo y, hace un par de meses, como ejemplo de este propósito, refirió a la noción de Ponciano Arriaga de una Procuraduría de los Pobres, que destaca el carácter de clase que tiene la justicia en la sociedad.
Sostienen que en México esto se expresa con el hecho de que el mayor número de personas presas o víctimas de violaciones de derechos humanos son pobres, indígenas, mujeres o migrantes. Para lograr su propósito, anunció que la CNDH debería estar del lado de las víctimas y darles acompañamiento, por lo que decidió nombrar, en diversos niveles de la institución, a activistas y militantes de los derechos humanos, personas defensoras e, incluso, familiares de víctimas, especialmente de desaparición forzada, como lo es ella misma.
Eso significaba la necesaria independencia política de la CNDH con respecto del gobierno y su partido, por ello quienes firman son participantes de diversos movimientos sociales y luchas de resistencia contra el neoliberalismo; enfrentan la militarización que continúa con la creación de la Guardia Nacional, al igual que lo hacen contra otras formas de violencia, como el feminicidio o el asesinato de personas defensoras de derechos humanos y ambientales. Por ello advierte sobre el curso que adopte la CNDH. Claramente se oponen a que regrese al molde anterior.
El problema, entienden, no es la salida de José Martínez Cruz y Edgard Sánchez Ramírez, si fuera por cualquier razón, sino porque se da en un momento del giro hacia el pasado. Saben que esas renuncias son el resultado de la oposición que mantuvieron, para alinear la CNDH al gobierno y convalidar una simulación, sobre la supuesta independencia y compromiso con los derechos humanos de la CNDH. Afirman que en los hechos, los intereses gobiernistas dentro de la misma institución no quieren la defensa de los DDHH.
Afirman: “Nos inquieta que quien o quienes quieren hacer regresar a la CNDH a un curso de subordinación, estén dentro de la misma institución, pues lo que está aconteciendo en estos momentos no se puede explicar solo por presiones externas”.
Reconocen el compromiso de José Martínez Cruz y Edgard Sánchez Ramírez para mantener su trayectoria, previa al entrar a la CNDH, y seguir desarrollándola en esa institución. Al hacerlo así ayudaron a darle legitimidad y confiabilidad a la CNDH, elementos de los que carecía. Lo que está ocurriendo ahora parece anunciar un regreso al viejo molde y papel de la CNDH subordinado al gobierno en turno.
Luego describen las acciones en las que estuvieron involucrados los ahora ex directores de la primera y sexta visitadurías. Los encontraron acompañando a las brigadas de búsqueda de personas desaparecidas, junto a colectivos que exigen presentación de desaparecidos y desaparecidas desde el periodo de la llamada “Guerra Sucia” en México.
También apoyando a las madres de víctimas de feminicidio, junto a las estudiantes en paro en la UNAM contra la violencia de género. Defendiendo los derechos de personas con discapacidad que viven discriminación. Como visitadores acompañaron también a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y a otras y otros familiares de personas desaparecidas; a las víctimas de discriminación por ser portadoras de VIH; al personal médico con falta de insumos para dar servicio médico a personas contagiadas de COVID-19, o a las mismas personas enfermas por el virus y que no eran atendidas; a las niñas y los niños con cáncer para quienes se exigía tratamiento; y a las damnificadas y los damnificados del sismo del 2017.
Estuvieron con el movimiento de oposición a Constellation Brands en Baja California, defendiendo la Recomendación 1/2020. Defendieron también a diversos sindicatos, desde el SME hasta a sindicatos universitarios en diferentes estados; a trabajadoras y trabajadores peleando por sus derechos, como el Movimiento 20/32, liderado por Susana Prieto, víctima de represión, al igual que a Nahúm Monroy y otros sindicalistas de Matamoros.
Trabajaron en la defensa de usuarias y usuarios de la energía eléctrica opuestos a los cortes arbitrarios de la luz, en forma relevante con la Resistencia Civil de Candelaria, Campeche. Apoyaron a las resistencias contra el despojo de tierras y ecocidio, como en Calakmul, Campeche, que se opone al mal llamado “Tren Maya”, o en Xaltocan con su reclamo frente al nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Así como su permanente lucha contra la persecución a Lucía Morett, sobreviviente de la masacre en Sucumbíos
Finalmente sostienen que como lo enuncian los movimientos de mujeres contra la violencia patriarcal, nosotras nos cuidamos. Es necesaria la unidad y fortalecimiento de las luchas porque, en medio de esta crisis histórica, combinada en el terreno económico y sanitario, así como con el endurecimiento en el terreno político, se aproximan nuevos y difíciles retos.
Firmas individuales y colectivas: Melisa Esteva, Alicia Mendoza, Diego Luz, Leonardo César Gutiérrez Chávez, ex Secretario General del SUTUC (Sindicato único de Trabajadores de la Universidad de Colima); Luis Bueno Rodríguez; Josefina Chávez Rodríguez; Martín Esparza, Secretario General del SME; Humberto Montes de Oca, Secretario del Exterior del SME.
Jorge Herrera Ireta de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, AC; Fernanda Justo y Héctor Becerra por la OPT (Organización Política del Pueblo y los Trabajadores); Colectivo de Familiares y amigos de desaparecidos de Tamaulipas; Ramón Patiño Espino, de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP; Sara López de la Resistencia Civil de Candelaria, Campeche; Gabriela I. Sánchez Medellín, y Daniel Salazar, de Monterrey; Enrique Duarte, Hermosillo Sonora; Jorge Salas Plata, Ciudad Juárez, Chihuahua; Jorge Escamilla, Monterrey; Sara Carmen Gaspar y Rafael Trujano Fermoso, Hermosillo, Sonora; Jorge Conde, Tijuana, BC; Jesús Franco; MST; Gabriela Corona, Las Voces de Lilith; Rebeca Rangel de Raíces del Soconusco; Héctor Sotomayor, profesor-investigador de la Facultad de Economía, Puebla; Miguel Ángel Armada Latorre, PRT, CDMX; Alejandra Covarrubias; , Maderas del Sureste AC; Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas; Gilberto López y Rivas. INAH, Morelos; Alicia Castellanos Guerrero, UAM-I; CRIPX (Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil); Resistencia Civil Candelaria; Cristina García Aguirre; Felipe I. Echenique March; Roberto Cangas, PRT, Ciudad Juárez, Chihuahua; Ángel Jorge Chávez Rodríguez, Los Cabos, BCS; Germán Sánchez Daza, Profesor-investigador de la FE-BUAP; Luis Huidobro, estudiante MDECI.BUAP; Ana Luisa Sánchez Chablé y Antonio Casas Castillo, Profesores de Educación Indígena; Graciela Delgado Ramírez, Movimiento contra la militarización de Ciudad Juárez, Chihuahua; Elizabeth Ruiz Medina, Ciudad Victoria, Tamaulipas; Lucía Tapia González, dibujante lesbiana; Angie Rueda Castillo, mujer feminista transgénero; Mariana Cervantes Fuentes, Defensa del Agua, BC; Rigoberto Campos González, Mexicali, BC; Jesús Fernández Gardea, Mexicali, BC; Jesús Carmen Gallegos, Mexicali, BC; Ana Gabriela Cervantes Fuentes, Mexicali, BC; Basilio Ruiz Fuentes, Mexicali, BC; Adolfo Salazar, Mexicali, BC; Martha Livier Ortega, Mexicali, BC; María de Jesús Álvarez (madre de Lucía Morett); Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales; Fabiana Guzmán Jiménez, dirigenta en Morelos del MOCRI, CNPA, MN; María Luisa Castillo Torres, Profesora del Movimiento Magisterial de Bases, MMB-Morelos; Marco Aurelio Palma Apodaca, abogado de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos CIDHMOR; Alejandro Trujillo, profesor y dirigente del MMB-Morelos; Lilia Flores, trabajadora independiente; Raquel Cossío Bayúgar, Científica y Trabajadora sindicalista; Eréndira Gante, delegada en Morelos del STUNAM; Roxana Montes, Trabajadora telefonista; Claudia Sierra, profesionista independiente; Blanca Velázquez, dirigente del Centro de Apoyo al trabajador CAT; Carlos Ezequiel Hernández Yáñez, profesor jubilado e integrante de la Organización política del Pueblo y los Trabajadores, OPT-Morelos; Germán Palma, integrante del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, SITIMTA; Fausto Reyes, chocolatero de la CDMX; Andrés Lund, profesor universitario, y siguen firmas.
En 15 estados de México se renovarán las gubernaturas.
Olga Rosario Avendaño
SemMéxico. Cd. de México, 02 de septiembre, 2020.- Uno de los desafíos más importantes para hacer efectivo el principio de paridad de género, es incluir a mujeres como candidatas a gobernadoras, pues en el proceso electoral que inicia el próximo lunes se renovarán 15 gubernaturas en igual número de estados del país.
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Dania Ravel Cuevas, durante la mesa redonda: Desafíos, perspectivas y prospectivas para una democracia paritaria, igualitaria e incluyente, afirmó que “dentro de los desafíos más importantes que encuentro para hacer efectivo el principio de paridad como fue concebido en la Constitución, es decir, en todos los ámbitos, están las gubernaturas”.
La también presidenta de la Comisión Temporal de Reglamentos, detalló que en una revisión de la historia de México “se puede apreciar que las mujeres no son postuladas a esos cargos, de ahí que no es sorprendente que México sólo haya tenido nueve gobernadoras; 2018 fue el año en que se postuló el mayor porcentaje de mujeres a ese cargo, y sólo representó el 22% de las postulaciones que hubo, así que el desafío es evidente. La paridad también debe permear en la postulación de esos cargos de elección popular”.
Enfatizó que no es suficiente que las mujeres lleguen a los cargos públicos, también es necesario que puedan ejercer, “en ese sentido la violencia política contra las mujeres en razón de género es un gran obstáculo para que ello ocurra, sin embargo, la reciente reforma en la materia nos da valiosas herramientas en la lucha contra ésta y las vamos a emplear. Hablar de igualdad e inclusión, es hablar de justicia”.
A su vez la consejera Claudia Zavala Pérez, manifestó que uno de los desafíos que tienen, “es revisar el conglomerado social, ver cuáles son nuestras realidades y generar condiciones” para que desde ahí participen las mujeres en la misma representación.
Reconoció que la agenda del feminismo les ha ayudado en los análisis, porque se parte “justamente de una estructura social similar que por lo general excluye, no sólo a grupos en situación de vulnerabilidad, sino a la mitad de la población que son las mujeres”.
En tanto que la consejera Adriana Favela Herrera detalló que en el INE trabajan desde una perspectiva de inclusión, pues en las elecciones pasadas se contó ya con el sistema braille para que pudieran votar las personas ciegas, mamparas para personas de talla chica, el proyecto piloto de urnas itinerarias en la Ciudad de México para llevarlas a los hospitales y pudieran votar desde las personas enfermas hasta el personal de salud.
Dijo que en este órgano electoral está garantizado que todas las personas puedan ejercer su voto y ser votadas.
Mientras que la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, consideró que un gran reto es incluir a las juventudes en los procesos democráticos, no solamente en el electoral.
Mencionó que es necesario motivar y fortalecer la acción de la juventud en diversos ámbitos, así como visibilizar y reconocer que hay una agenda de la juventud.
Enfatizó que los y las jóvenes de hoy son la fuerza que el país tendrá en las siguientes décadas, “serán ellos y ellas las que irán decidiendo sobre el país”, sin embargo, hasta el momento no hay una agenda definida para esta parte de la sociedad.
Las entidades en las que se elegirán gobernadoras o gobernadores serán en las siguientes: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
SemMéxico/CCO Noticias. Mexicali, Baja California. 2 de septiembre,2020.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California obtuvo la vinculación a proceso de los tres implicados en el asesinato de Danna Mariam, hallada sin vida el pasado 22 de agosto.
A través de su cuenta oficial de twitter, la Fiscalía informó de la vinculación de Kevin Jesús “N”, José Guadalupe “N” y Teresa Michel “N”, a quienes se les relaciona con la tortura y homicidio de la joven de 16 años, en la colonia Condesa de Mexicali.
En días pasados, se difundió una grabación en que se apreciaba a los tres detenidos bajando de un automóvil para posteriormente quemar el cuerpo de Danna.
De acuerdo con las autoridades, los vecinos del lugar dieron aviso a los servicios de emergencia para reportar el incendio de un bulto.
Al arribar, los elementos hallaron los restos de la joven envueltos en una cobija color café. El cuerpo tenía múltiples heridas provocadas por arma blanca.
Los recortes limitan la acción de gobiernos municipales.
Otra muestra de la falta de una perspectiva de género en el gobierno federal, es la renuncia de las mujeres que habían sido incluidas en el gabinete presidencial.
Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero, 2 de septiembre de 2020.- Para activistas de Guerrero, desde el gobierno federal, no hay una política pública federal a favor de las mujeres y por el contrario, el ejecutivo las invisibiliza, discrimina y minimiza, despojándolas de los espacios y avances logrados hasta el momento.
Isabel Dircio Chautla, de la organización Zihuame Xotlametzin, organización dedicada al tema de la salud reproductiva en el municipio de Chilapa, consideró que desde el gobierno federal, no existen políticas públicas a favor de las mujeres, al contrario, el recorte presupuestal a las casas de salud de la mujer indígena, la no priorización al tema de género, a la violencia en contra de las mujeres, a la población de mujeres indígenas, así lo demuestran, señaló.
El recorte presupuestal a Inmujeres agregó, también tiene repercusiones, debido a que desde ese espacio, direcciones municipales de atención a la mujer, tenían una fuente de recursos para la implementación de proyectos en sus municipios, y ahora se han quedado sin esa alternativa “si de por sí son un área discriminada en los municipios, con estos recortes repercuten en la incidencia en los municipios, hay poco presupuesto para que desarrollen acciones, aunque se preparen y capaciten con las mejores intenciones sin recursos no se pueden hacer proyectos con enfoque de género”, lamentó Dircio Chautla
Desde su punto de vista, el tema de las mujeres, no es prioritario para el gobierno federal, que señaló, no es diferente a los anteriores, sigue prevaleciendo la discriminación, violencia institucional, el sistema patriarcal que ha persistido que no da la atención que se necesita en los diferentes contextos, concretamente en la indígena.
Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVM), y peticionaria de la alerta de género por violencia feminicida en Guerrero, dijo “yo no veo que el presidente nos tenga presentes a las mujeres”, los espacios que había –porque él no ha creado ninguno señaló-, los ha venido acotando, no los ha fortalecido, al contrario, han venido de más a menos.
Una de las muestras claras de que el gobierno federal no contempla a las mujeres en su agenda, es su intención de reducir los presupuestos para las instancias encargadas de atender diversos temas de atención para las mujeres, consideró Reyan Aguilar, como la disminución del subsidio para las camis, para los refugios para mujeres, que finalmente no prosperó, luego de la manifestación en contra de organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, para Guerrero, en comparación con el 2019, si hubo una disminución importante, indicó.
“No se han fortalecido estas instancias para el adelanto de las mujeres, no nos vemos incluso en las conferencias mañaneras, cuando tratan de tocar el tema de mujeres, trata de esquivarlos, no es un tema prioritario para el gobierno federal, eso nos queda claro”, asentó la activista, quien agregó que aunque ha tenido la intención, no ha podido desaparecer las instancias para mujeres, porque sabe lo que implicaría, y el conflicto social que se generaría en el país “las mujeres nos volcaríamos oponiéndonos a esa acciones, se armaría una situación ahí”.
Viridiana Gutiérrez Sotelo, integrante del Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero –Obvio-Guerrero-, coincidió en que desde la disminución del financiamiento para las instituciones ha sido un error del gobierno federal, las política que opera, carecen de una perspectiva de género, a pesar de los apoyos asistenciales que impulsa en forma de becas y apoyos a adultos mayores que son los que mayormente han impacto a la población, no son suficiente sostuvo, debido a la carencia de una educación con perspectiva de género, y las beneficiarias no ejercen plenamente sus derechos.
Consideró que el gobierno federal debiera revisar sus políticas públicas aplicadas hasta el momento e incluso revirar en algunas, ante el incremento de la violencia de género sobre todo en lo que va de la pandemia por el COVID19, con la las agresiones contra las mujeres aumentó, al igual que la incertidumbre, al no haber espacios a dónde acudir para atender algún tipo de violencia.
“No basta con tener programas asistenciales, sino necesitamos cada día mas programas para fortalecer ciudadanía y ejercicio de los derechos de las mujeres”, asentó Gutiérrez Sotelo, e insistió en que las políticas públicas federales no han impactado en el estado de Guerrero, al no reflejarse en el avance de las mujeres “no hay un resultado positivo”, aunado a la descoordinación con el gobierno estatal lo que impacta en la atención y prevención de las violencias.
“En dos años –del gobierno federal-, hemos visto de manera simbólica, pero también de manera sustantiva que las mujeres no hemos significado, el presidente ha negado también en varias ocasiones que exista una violencia, sus declaraciones de que la familia es la más protectora cuando sabemos que en la familia es donde existen muchos riesgos para las mujeres en esa visión paternalista del quehacer público me parece que no está abonando en nada a los caminos que ya habíamos recorrido, incluso hay algunas política públicas que han sido eliminadas”, lamentó la activista.
Beatriz Eslava Borja, presidenta de la asociación civil “Kaniche Eslava”, opinó que la política pública para que sea considerada como tal, debiera ser vertical y horizontal para que abarque todos los ámbitos, pero cuando se hace privada, sólo contempla algunos puntos, deja de ser completamente pública.
Desde su percepción, hay una carencia de políticas públicas de parte del gobierno federal para Guerrero, en materia de género, las organizaciones que estamos insertas en los sistemas, “no las vemos”, recargó.
Otra muestra de la falta de una perspectiva de género en el gobierno federal, señaló Eslava Borja, es la renuncia de las mujeres que habían sido incluidas en el gabinete presidencial al inicio de la administración, “las cuales en su mayoría ya renunció, te habla de que puede ser bonitos le discurso, pero no la práctica”, además agregó, que la perspectiva de género se percibe incluso en el saludo, en la forma de hablar y dirigirse hacia las mujeres “y el señor –Andrés Manuel- carece de ella, hasta en su forma de hablar, de saludar, en todo, y si no nos mencionan, no existimos”, acotó.
En la “Cámara de la Paridad” 9 mujeres en el órgano que dirige la asamblea
De larga trayectoria ha dicho que es la congruencia una cualidad política
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 02 de septiembre, 2020.- Dulce María Sauri Riancho me dijo hace días que ella era una mujer de un solo partido y de un solo marido; que la congruencia es una cualidad que en política se pone a prueba todos los días y que las posturas o son reales o son simple demagogia.
La tarde de este miércoles, con 313 votos a favor, fue elegida presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para el tercer año de labores de la LXIV legislatura representando a su partido, el Revolucionario Institucional, PRI. Era ya vicepresidenta.
La presidencia de la Cámara de Diputados es un espacio donde se organiza el debate y donde, la presidenta está en todas las decisiones de la cúpula legislativa.
Momento en que la diputada, Dulce María Sauri Riancho, toma protesta como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados
Votación en la Cámara
Sustituye en el encargo a Angélica Rojas Hernández, del Partido Acción Nacional, PAN y se convierte en la segunda mujer que presidirá los trabajos camarales en la asamblea que termina en 2021.
La mesa directiva quedó integrada por nueve mujeres y tres hombres. Repite por tercera ocasión Dolores Padierna Luna de MORENA; las otras integrantes son: Sara Rocha Medina y Martha Hortensia González Cadena, ambas del PRI; Karen Michel González Márquez y Lyndiana Elizabeth Bugarin Cortés, del PAN; Julieta Macías Rábago de Movimiento Ciudadano, y Mónica Bautista Rodríguez del Partido de la Revolución Democrática PRD.
La definición de la mesa directiva fue resultado de una alianza del PRI y el PRD. El PRD dio mayoría al PRI para lograrlo. Ese partido afirmó que su postura fue en defensa de la pluralidad y la legalidad. Tomaron esa decisión las diputadas Guadalupe Almaguer Pardo, Abril Alcalá Padilla y los diputados Antonio Ortega Martínez y Jesús de los Ángeles Pool Moo, para que el PRI alcanzara los votos, explican que se unieron al grupo del PRI, solamente para esta decisión.
Declararon que el Grupo Parlamentario del PRD mantiene con responsabilidad la defensa irrestricta del Estado Mexicano, el equilibrio de poderes y las instituciones democráticas.
Lamentan las maniobras del Grupo Parlamentario del PT para subvertir el acuerdo fundacional avalado por todos los grupos parlamentarios al inicio de la LXIV Legislatura que estableció la rotación de la mesa directiva y que el tercer año fuera presidido por la tercera fuerza política, que es el PRI.
Quién es Dulce María Sauri Riancho
Para ella, con casi 40 años en la militancia, la presidencia de la Cámara le permitirá mostrar en los hechos sus dichos. Se inició su vida pública en la defensa de los presos políticos, fue presidenta nacional de su partido, durante la primera gran crisis del PRI, cuando ganó las elecciones Vicente Fox candidato del PAN. Desde su lugar lo reconoció con inteligencia, era el primer descalabro serio del partido gobernante por más de cinco décadas.
Por sus hechos se la conoce y respeta, como cuando con alta dignidad y en defensa de la autonomía republicana renunció al gobierno de Yucatán y puso en su lugar al presidente Carlos Salina de Gortari.
Como gobernadora interina, la primera en Yucatán, cumplió. Se la define por su claridad de rumbo y está comprometida con la causa de la democracia y el estado de derecho.
Tiene un largo haber positivo en su compromiso con la causa de las mujeres, fue la primera responsable del órgano nacional de la política de género – se llamaba Comisión Nacional de la Mujer- y desde entonces siempre se le halla en los desafíos que buscan acabar con la discriminación y opresión de las mujeres. Su doctorado en Historia tiene ese matiz y es, además, informada. Escribe una columna semanal en el Diario de Yucatán y en SemMéxico, donde pone los puntos sobre las íes al poder.
Como priista, en su desempeño legislativo, antes ya fue una vez diputada y otra senadora, no recibe consigna. Dio con sus pares la batalla para conseguir una ley de regulación de los medios de comunicación, a contrapelo de la política de su partido.
En estos días, de descalabros, lo mismo ha defendido a las instituciones que procuran los derechos humanos, como a los ambientales y de la tierra. En la contingencia sanitaria, está clara que sin apoyos económicos y de salud, la población sufrirá, escuché recientemente sus posturas, por un salario básico, tanto como llamar al responsable de la Comisión Federal de Electricidad para que no suspenda el servicio a las familias más vulneradas por una economía en picada. Y nunca olvida los pendientes de su tierra, Yucatán, azotado no hace mucho por los huracanes.
La recuerdo siempre solidaria con las causas individuales y colectivas de los proyectos de las mujeres. No le tiembla la mano en ninguna circunstancia y tiene en sus haberes la capacidad para llevar adelante una relación de pareja que se diría exitosa. Asoma en su vida privada la tranquilidad de un buen arreglo. Sus hijos y su marido viven en Yucatán, ella en la ciudad de México, siempre.
SemMéxico/Noticias ONU. 2 de septiembre de 2020.- La crisis de COVID19 aumentará drásticamente la tasa de pobreza de las mujeres y ampliará la brecha entre hombres y mujeres que se encuentran en situación de pobreza, según los nuevos datos que emitieron hoy ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Se esperaba que la tasa de pobreza entre las mujeres disminuyera el 2,7% entre 2019 y 2021; sin embargo, las proyecciones ahora prevén un aumento del 9,1% debido a la pandemia y sus consecuencias.
Las proyecciones, que encomendaron ONU Mujeres y el PNUD, y que estuvieron a cargo de Pardee Centre for International Futures de la Universidad de Denver, muestran que si bien la pandemia repercutirá en los niveles de pobreza en general, las mujeres se verán afectadas de manera desproporcionada, sobre todo las mujeres en edad reproductiva. Para 2021, por cada 100 hombres de 25 a 34 años de edad que viven en la pobreza extrema (es decir, con USD 1,90 o menos por día), habrá 118 mujeres, una brecha que se espera que aumente a 121 mujeres por cada 100 hombres de aquí a 2030.
“El aumento de la pobreza extrema entre las mujeres, en particular en estas dos etapas de la vida, es una dura muestra de las profundas deficiencias en las que hemos incurrido al construir nuestras sociedades y economías”, declaró la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres Phumzile Mlambo-Ngcuka. “Sabemos que las mujeres asumen la mayor parte de la responsabilidad de cuidados de la familia; ganan menos; ahorran menos y sus empleos son mucho menos seguros. En efecto, generalmente el empleo de las mujeres corre un 19% más de riesgo que el de los hombres. La evidencia que tenemos aquí sobre las múltiples desigualdades resulta fundamental para impulsar políticas ágiles y restauradoras que coloquen a las mujeres en el centro de la recuperación de la pandemia”, manifestó Phumzile Mlambo-Ngcuka.
Los datos resumidos en el informe de ONU Mujeres From Insights to Action: Gender Equality in the wake of COVID19 (Del conocimiento a la acción: la igualdad de género tras la COVID19) muestran que la pandemia arrastrará a 96 millones de personas a la pobreza extrema en 2021, de las cuales 47 millones serán mujeres y niñas. Esto aumentará el número total de mujeres y niñas que viven en la pobreza extrema a 435 millones, con pronósticos que estiman que esta cifra no volverá a los niveles anteriores a la pandemia sino hasta 2030.
La crisis cierne una grave amenaza sobre las perspectivas de erradicar la pobreza extrema a finales de la década en curso. Por otro lado, la realidad podría ser aún más sombría, ya que estas proyecciones de incremento en las tasas de pobreza para las mujeres y las niñas solo dan cuenta de la revisión a la baja del producto interno bruto (PIB), lo que excluye otros factores que también pueden afectar la distribución de la pobreza en razón del sexo (como el abandono de la actividad laboral por parte de las mujeres debido a las responsabilidades de cuidado infantil).
“Sería posible sacar de la pobreza a más de 100 millones de mujeres y niñas si los gobiernos implementaran una estrategia integral orientada a mejorar el acceso a la educación y la planificación familiar, un salario justo y equitativo, y a la ampliación de las transferencias sociales”, señaló Achim Steiner, Administrador del PNUD.
“Las mujeres soportan el mayor peso de la crisis de COVID19, ya que tienen más probabilidades de perder su fuente de ingresos y menos probabilidades de ser alcanzadas por las medidas de protección social. La inversión orientada a reducir la desigualdad de género no solo es un dispositivo inteligente y asequible, sino que es además una decisión urgente que los gobiernos pueden adoptar para revertir los efectos de la pandemia en la reducción de la pobreza”, añadió.
Las consecuencias de la pandemia cambiarán las predicciones de pobreza extrema para todas las regiones. Dado que el 59% de las mujeres pobres del mundo residen actualmente en el África subsahariana, la región seguirá albergando al mayor número de personas en situación de pobreza extrema en todo el planeta. Pese a los importantes logros en materia de reducción de la pobreza alcanzados en los últimos años, se pronostica que Asia meridional experimentará un resurgimiento de la pobreza extrema. Para 2030, por cada 100 hombres de 25 a 34 años que viven en la pobreza en Asia meridional, habrá 129 mujeres pobres, en comparación con las 118 estimadas para 2021.
Si bien estas cifras resultan alarmantes, en el estudio se estima que para sacar al mundo de la pobreza extrema en 2030 se necesitaría solo el 0,14% del PIB mundial (USD 2 billones), y USD 48.000 millones para superar la brecha de pobreza en razón del género. Sin embargo, el número real podría resultar mucho más alto, especialmente si los gobiernos no actúan o si lo hacen muy tarde.
El incesante aumento de las demás desigualdades de género preexistentes también hará mella en estas cifras. Las mujeres se emplean en algunos de los sectores más castigados, como los de alojamiento, servicios de comidas, y el trabajo doméstico. Han experimentado una vulnerabilidad particular frente a los despidos y la pérdida de medios de vida. Según la Organización Internacional del Trabajo, para junio de 2020, se estimaba que el 72% de las trabajadoras domésticas de todo el mundo habían perdido el empleo como resultado de la COVID19. Mujeres y hombres están asumiendo las tareas del hogar y el cuidado de los hijos y familiares durante el confinamiento, aunque la mayoría del trabajo todavía recae sobre los hombros de las mujeres y las niñas.
La merma del progreso no es inevitable. Las recomendaciones para evitar que las mujeres queden permanentemente atrás debido a la pandemia son variadas. Estas van desde abordar la segregación ocupacional, las brechas salariales de género y el acceso inadecuado a los servicios de cuidado infantil asequibles, pasando por instrumentar paquetes de apoyo económico para las mujeres vulnerables e incrementar las medidas de protección social dirigidas a las mujeres y las niñas, hasta ampliar la disponibilidad de investigaciones y datos sobre los efectos de género de la COVID19.
SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 02 sep. 20. Ebru Timtik, un símbolo de la lucha por los derechos humanos, murió el 28 de agosto tras 238 días de huelga de hambre por un «juicio justo». La abogada fue condenada en marzo de 2019 a 13 años y seis meses de prisión por «ser miembro de una organización terrorista» en un polémico juicio en el que la defensa criticó la falta de acceso a las pruebas y que el tribunal aceptara testigos anónimos.
Ebru Timtik y su colega abogado Aytaç Ünsal, condenados respectivamente a 13 años y 6 meses, y 11 años y 6 meses de prisión, decidieron iniciar una huelga de hambre ilimitada para denunciar su juicio injusto, así como el juicio injusto de varias docenas de abogados turcos.
Desde 2017, varios abogados y abogadas de Turquía, pertenecientes a la Asociación de Abogados Progresistas y a la Oficina Jurídica Popular, entre quienes se encuentran Ebru Timtik y Aytaç Ünsal, han sido víctimas de acoso judicial. Estas personas, que han luchado por la Justicia y el Estado de Derecho han defendido, entre otros, a personas consideradas opositoras al gobierno turco, a familias de mineros masacrados en Soma y Ermenek, a poblaciones expulsadas de sus hogares como víctimas de la transformación urbana, a familias de ciudadanos asesinados bajo tortura en comisarías y prisiones, así como a personas procesadas por expresar sus opiniones, incluidos funcionarios, trabajadores y defensores de las libertades.
Letradas y letrados fueron acusados de ser miembros de una organización terrorista en virtud de las leyes antiterroristas de Turquía y sometidos procedimientos judiciales. No tuvieron un juicio justo, como garantiza el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos del que Turquía es signataria. Esta fue la razón que llevó a la huelga de hambre a Ebru Timtik y Aytaç Ünsal. Ebru Timtik ha muerto. Aytaç Ünsal sigue en huelga de hambre.GAMAG EUROPE, la alianza europea para la igualdad de género en los medios de comunicación, condena el deterioro de los derechos humanos en Turquía y la falta de libertades, así como las deficiencias del sistema judicial en este país. También reclama a la UE y a otras autoridades internacionales que investiguen y condenen estos ataques contra los derechos humanos.
Lupita Ramos Ponce SemMéxico. Jalisco. 2 de septiembre de 2020.- En Jalisco 8,322 hombres y 1,110 mujeres se encuentran desaparecidos. Solo durante el 2020 suman mil 91 personas desaparecidas en el Estado.
El 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con el objetivo de enarbolar la lucha de familiares a lo largo de los años en el estado, integrantes de diversas colectivas de familiares de desaparecidos, realizaron un mural con la frase “Hasta encontrarles”, como una muestra de apoyo a todas las familias y las personas quienes han luchado por combatir uno de los grandes problemas que se padecen en el estado: las desapariciones.
Integrantes del colectivo Sin Justicia No Hay Paz realizaron el mural con la leyenda “Hasta encontrarles” y el logo del colectivo Por Amor a Ellxs. El mural se ubica sobre Federalismo entre Morelos e Hidalgo, mide aproximadamente un metro de largo por unos de 10 de ancho y participaron cerca de 20 artistas integrantes del colectivo Sin Justicia No Hay Paz quienes por medio de donaciones y recursos propios consiguen el material para realizar sus obras.
La expresión artística que lleva la frase y el logo de uno de los colectivos más reconocidos en Jalisco, busca crear conciencia y solidaridad hacia las familias que tienen a una persona desaparecida.
Familias completas acudieron al acto inaugural en donde colocaron también las mantas y fotografías de personas a las que siguen buscando “hasta encontrarles”. En el mural, se escribieron también los nombres de las y los jóvenes desaparecidos, así como un corazón que representa la lucha por la búsqueda incansable de todas las familias. Ese dolor personal, debe ser un dolor colectivo y social. No podemos como sociedad permanecer en silencio ante la barbarie que significa la desaparición de una persona.
El propio cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, ese 30 de agosto, recibió en la Catedral Metropolitana a una representación de familiares de personas desaparecidas y llamó a la sociedad a no dejar de lado este tema.
“No podemos ser insensibles a la tragedia tan grande de no saber qué sucedió con una persona, si vive, muere; si vive, en dónde está, y si murió, en dónde están sus restos. Esto como humanidad nos tiene que doler”. Tiene razón el cardenal, el dolor debe ser colectivo y también la exigencia de justicia.
Hace tiempo escuché decir a un padre de una chica desaparecida “No es cierto que ella esté muerta, no es cierto que yo esté vivo”.
Hoy más que nunca se necesita la solidaridad colectiva, caminar con las familias que tienen alguna persona desaparecida, exigir con ellas las leyes que se necesitan, caminar con ellas también en la búsqueda de sus seres queridos, como si fueran los nuestros. Caminar juntas y juntos “hasta encontrarles.
Entre los conceptos que incorpora el Reglamento se encuentran: actuar con perspectiva de género; análisis de riesgo; estereotipo de género; interseccionalidad, entre otros
Olga Rosario Avendaño
SemMéxico. Cd. de México, 01 de septiembre, 2020.- Para el proceso electoral 2020-2021 el Instituto Nacional Electoral (INE) ya cuenta con el Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, mismo que tiene como objetivo sancionar y regular los actos de violencia política en contra de las mujeres en razón de género.
Dicho reglamento fue aprobado por unanimidad en sesión ordinaria virtual y la finalidad es regular el trámite y sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para casos relacionados con violencia política en contra de las mujeres en razón de género que son competencia del Instituto.
La Presidenta de la Comisión Temporal de Reglamentos, Dania Ravel Cuevas dejó en claro que el proyecto no considera ordenar la suspensión temporal de una precandidatura o candidatura a un cargo de elección popular, porque “incide directamente en el derecho humano a ser votada de la persona presuntamente agresora, cuando ni siquiera se ha comenzado con la realización de la investigación; es decir, habría una afectación a un derecho humano que posiblemente sea irreparable, sin que se haya acreditado la conducta infractora”.
Esta medida, dijo, no podría ser dictada ni por el Instituto Nacional Electoral ni la Comisión de Quejas y Denuncias, ya que no cuentan con facultades para ordenar a otro órgano del Estado que suspenda a una persona del cargo para el que fue popularmente electa.
La Consejera Carla Humphrey señaló que la modificación al Reglamento es relevante, “porque vamos teniendo mecanismos y un marco más adecuado para combatir, prevenir y erradicar violencia política en contra de las mujeres, hacer eficiente que puedan contender en condiciones libres de violencia” y aterrizar adecuadamente toda la reforma en la materia, publicada el 13 de abril en el Diario Oficial de la Federación.
Mientras que las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala explicaron su voto a favor de “ordenar la suspensión temporal de precandidaturas y/o candidatura a cargo de elección popular que ostente la persona agresora”, sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la mayoría de las y los consejeros.
En opinión de la Consejera Favela se tienen que tomar acciones contundentes de cara al proceso electoral 2021 cuando se contenderá por más de 20 mil cargos y la mayoría es en los municipios, donde se violenta más a las mujeres.
“Si no lo hacemos, entonces, va a suceder lo que ocurre con mucha frecuencia, en el sentido de que una mujer es violentada por alguna persona, por ejemplo, desde la precandidatura, y ese violentador sigue adelante en el procedimiento, inclusive puede llegar a ganar la candidatura, y esa mujer violentada pues ya no tuvo ninguna circunstancia que la protegiera”, advirtió la Consejera Favela.
La Consejera Zavala se manifestó en contra del término “presunta víctima”, pues en su opinión, se trata de “víctimas para no revictimizar, porque aquí el tema es, pues te creo, empiezo por ese principio, te creo y que me demuestre el presunto agresor, ahí sí el presunto agresor, lo contrario”.
En este sentido, por siete votos en contra y cuatro a favor, el pleno rechazó la definición de “presunta víctima” como venía en el proyecto y se aprobó que este término fuera sustituido solo por el de “víctima”.
Dentro de los principales temas que se norman destacan los siguientes:
El Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género incorpora conceptos vinculados con la materia objeto del Reglamento, tales como: actuar con perspectiva de género; análisis de riesgo; estereotipo de género; interseccionalidad, perspectiva de género; plan de seguridad; víctimas directas, indirectas y potenciales; tutela preventiva y violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otros.
Se incluyen principios y garantías para la atención de las personas afectadas, tales como: la buena fe, dignidad, respeto y protección de las personas, coadyuvancia, confidencialidad, personal cualificado, debida diligencia, imparcialidad y contradicción, prohibición de represalias, colaboración, investigación de los hechos y máxima protección.
Medidas cautelares. Tiene como finalidad prevenir daños irreparables en cualquier momento, haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación al pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres
Medidas de Protección: Tiene como finalidad evitar que la presunta víctima o tercero, sufra alguna lesión o daño en su integridad personal o su vida, derivado de situaciones de riesgo inminentes y debe cumplir con los presupuestos de gravedad, urgencia y posible irreparabilidad.
SemMéxico. 02 septiembre 2020.- La Cámara de Diputad@s y el Informe presidencial tienen enormes coincidencias. El primer periodo del año legislativo se inicia el 1º de septiembre, cuando el Congreso se reúne en una sesión solemne para recibir el documento que acredita los resultados del Ejecutivo federal en un año de gobierno.
El día previo, el 31 de agosto, las cámaras eligen a los integrantes de sus respectivas mesas directivas que habrán de encabezar sus trabajos por todo el año legislativo. En el Senado, el proceso transcurrió sin mayores turbulencias —por cierto, nuestro paisano Jorge Carlos Ramírez será vicepresidente por tercera ocasión consecutiva—, no así en la Cámara de Diputad@s, donde no fue posible alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes de los votos de las y los legisladores presentes.
La Ley Orgánica del Congreso prevé una situación como la vivida la noche del lunes pasado: se prolonga el mandato de la Mesa —en este caso encabezada por la compañera del PAN Laura Rojas— hasta el 5 de septiembre, fecha límite para los acuerdos que permitan su elección.
El mecanismo para proponer a las y los integrantes de la Mesa se encuentra establecido en la Ley. El primer año le corresponde al grupo parlamentario con el mayor número de diputad@s; el segundo, al número dos y en el tercer año a la tercera fuerza política. Cuando se integraron los grupos parlamentarios a principios de septiembre de 2018, se acreditó que Morena tenía el mayor número; que el segundo sitio le correspondía al PAN y el tercero, al PRI. Desde esas fechas quedó claramente establecido en lo que denominamos “Acuerdo fundacional” que, basado en la Ley, mostraba la voluntad política de darle gobernabilidad a la Cámara de Diputad@s reconociendo los derechos de las distintos grupos parlamentarios.
En la primera ocasión —2018— todo transcurrió sobre ruedas. El diputado Porfirio Muñoz Ledo, experimentado político y legislador propuesto por Morena, fue electo con el voto casi unánime. Las cosas se complicaron en el segundo año, cuando le correspondía al PAN hacer la propuesta, por su carácter de segunda fuerza. Hubo necesidad de cuatro rondas en distintos días para lograr las dos terceras partes de los votos en el límite del 5 de septiembre.
Este año, que le tocaba al PRI presentar la candidatura a la presidencia de la Mesa, los problemas comenzaron desde semanas atrás, cuando el Partido del Trabajo, parte de la coalición gobernante, comenzó a “jalar” diputados de otros grupos parlamentarios para “engrosar” su número y rebasar al PRI que había sido tercera fuerza por dos años completos, sin cuestionamiento alguno.
No repetiré acusaciones de diversa índole sobre las tácticas de persuasión empleadas por el PT para sumar afiliados; sólo que el lunes pasado se registraba un empate, que fue roto gracias a la generosidad de cuatro diputad@s del PRD que se incorporaron a la bancada del PRI con la intención explícita de defender la democracia y la pluralidad del avasallamiento en este órgano legislativo.
Esa misma mañana, el presidente López Obrador realizó un poderoso llamado a sus correligionarios diputados, al recordarles la dimensión ética de la política y la necesidad de respetar la legalidad y evitar cualquier tipo de maniobras con tal de llegar a ocupar la presidencia de la Mesa. Tal parece que el poder de las palabras presidenciales no fue suficiente para convencer a una parte de las y los diputados de Morena de votar a favor de la planilla encabezada por una servidora; por el contrario, una parte votó en contra y otra, incluyendo a su coordinador Mario Delgado, se abstuvo.
Llegar a formar parte de la Mesa directiva de alguna de las cámaras es un honor y una gran responsabilidad. La Ley que rige nuestra vida interna no deja al azar las características de sus integrantes: “…en la formulación de la lista para la elección…los grupos parlamentarios cuidarán que los candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas (art. 18, Ley Orgánica del Congreso de la Unión). Las tres mujeres propuestas por el PRI para los cargos de presidenta, vicepresidenta y secretaria reunimos esas capacidades.
Por mi parte, he sido vicepresidenta en los dos últimos años, responsable en algunos momentos difíciles de conducir las sesiones. Legalidad, institucionalidad, búsqueda permanente de unidad en la Cámara pueden sonar obligaciones incluso aburridas para quien no tiene su mira puesta en el poder Legislativo, sino en el supuesto oropel y reflectores que rodean a estas funciones.
La descalificación de otras fuerzas políticas distintas a la propia es impensable por parte de quien pretenda presidir la Cámara de Diputad@s en tiempos de pluralidad y respeto entre pares.
El martes, el presidente López Obrador envió su segundo Informe de Gobierno al Congreso para su análisis y discusión. En unos días, antes del 8 de septiembre, el Ejecutivo federal hará llegar el “paquete económico”, que incluye la iniciativa de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos.
Numerosos problemas de la sociedad y de las familias mexicanas se acumulan y demandan atención de las y los diputados con reformas y nuevas leyes que contribuyan a su solución.
En este contexto, no resolver la integración de la Mesa Directiva a la mayor brevedad es fallarle al pueblo de México. Este es el sentido de urgencia. Con la Ley, construyamos los acuerdos políticos correspondientes para darle solución pronta. Y a trabajar.— Ciudad de México.
La oficina de Amnistía Internacional en México rechazó los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que en nuestro país ya no hay desapariciones, actos de tortura y masacres.
También refutó que haya menos feminicidios en el país, como lo dijo López Obrador, pues este delito se ha incrementado un 5.4 por ciento.
Redacción
SemMéxico/Agencias. Ciudad de México. 01 septiembre 2020.- La mañana de este martes, con motivo de la entrega del Segundo Informe de Gobierno, López Obrador dijo en Palacio Nacional que estos delitos ya no ocurren, pero Amnistía Internacional refutó esta declaración con cifras a través de sus redes sociales.
La oficina de Amnistía Internacional en México rechazó los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que en nuestro país ya no hay desapariciones, actos de tortura y masacres.
Sobre las desapariciones mencionó que, entre el 1 de diciembre y hasta la fecha, se han registrado 11 mil 653 personas desaparecidas y no localizadas.
En cuanto a las masacres, recordó la presunta ejecución extrajudicial de elementos del Ejército al menos contra una persona en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hecho que fue revelado en un video.
«El primer paso para eliminar las violaciones a derechos humanos es reconocerla y dar cuenta de ellas», señaló la asociación en Twitter.
Amnistía Internacional también refutó que haya menos feminicidios en el país, como lo dijo López Obrador, ya que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de este año ese delito ha incrementado un 5.4 por ciento respecto al mismo periodo del 2019.
«Para poder lograr un cambio sustancial en derechos humanos, el gobierno tiene que dejar de culpar a las administraciones anteriores de la situación y, en su lugar, aceptar la responsabilidad de lo que sucede en el presente y buscar soluciones para atender las graves deudas pendientes en la materia», dijo Amnistía Internacional.
