* Cinco pacientes están en etapa de recuperación

* Tres defunciones y 123 casos negativos

Estrella Pedroza

SemMéxico, Cuernavaca, Mor., 6 de abril, 2020.- En Morelos aumentó a 16 casos confirmados de COVID 19, pero cinco pacientes están ya en etapa de recuperación; por ahora se analizan 45 casos sospechosos, informó, Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud.

Lo anterior, durante la conferencia de prensa para dar el panorama de avance de la pandemia de coronavirus en la entidad.

El funcionario estatal, detalló que hasta el momento se mantienen tres defunciones y casos negativos 123, y subrayó que cinco de las 16 personas contagiadas por COVID 19 están en etapa de recuperación.

“En este momento siguen en vigilancia por parte de las autoridades de los servicios de salud y por parte de la propia secretaria, para verificar que esto siga así”, añadió.

Cantú Cuevas, lanzó un llamado energético para dejar de politizar la contingencia sanitaria.

Además, informó que los positivos de COVID-19 son de la jurisdicción sanitaria de Cuernavaca y Cuautla. También confirmó que de los positivos cinco se han recuperado, mientras que dos hospitalizados están en estado grave.

SEM/ep/sj

* PYMES dirigidas por mujeres representan el 37 %

* Más del 70 % de las ganancias se destinan a sus familias y a la comunidad

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 6 de abril, 2020.- La diputada Lorena Villavicencio presentará un punto de acuerdo a la Cámara de Diputados, de urgente y obvia resolución, para que el Ejecutivo apoye de manera decidida a la pequeña y mediana empresa con medidas fiscales, financieras y de apoyo al aparato productivo.

La iniciativa nació toda vez que el 60 por ciento de las pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) están lideradas por mujeres y aportan el 37 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) de acuerdo a datos del INEGI, lo que las convierte en un pilar fundamental en el desarrollo nacional.

Además, las mujeres empresarias destinan más del 70 por ciento de sus ganancias a la comunidad y a su familia, mientras que los hombres sólo inyectan entre 30 y 40 por ciento de sus recursos para dichos fines. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Ammje, 2013).

Tan solo el año pasado, de cada cinco pequeñas y medianas empresas que se abrieron en México, tres eran lideradas por mujeres, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el marco de la importancia que para la economía nacional representan las micros, pequeñas y medianas empresas, que son los actores importantes del desarrollo económico, por la generación de empleos, en el país, existe un total de 4 millones 169 mil 677 micro pequeñas y medianas empresas (MIP y MES), clasificadas en los sectores de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros. 

Datos de la actividad emprendedora indican que 5.7 por ciento de la población adulta en México tiene una empresa naciente y 4 por ciento una empresa nueva, por lo que la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA, por sus siglas en inglés) temprana se ubica en 9.6 por ciento; una tasa que coloca a México por debajo de la media de su grupo de desarrollo (GEM, 2011).

Aunque a nivel mundial, las mujeres siguen sin ser apoyadas para que puedan iniciar una empresa, las mujeres en México representan 16 por ciento del sector empresarial (INEGI 2012), y las empresarias mexicanas aportan 37 por ciento al PIB.

México se sitúa en el cuarto lugar de los países de América Latina que cuenta con el entorno empresarial propicio para las mujeres que buscan iniciar o hacer crecer un negocio. Lo que demuestra que existe un área de gran potencial y crecimiento en el país.

Cuando un sector de la población, en este caso las mujeres profesionales, tiene la oportunidad de emprender un negocio con miras de convertirse en una empresa de alto impacto, el beneficio económico es tangible.

La escasez de mujeres emprendedoras, fuera de verse como un problema de género, puede generar un impacto macroeconómico negativo que afecta tanto a hombres como a mujeres.

Afortunadamente, la participación de las mujeres empresarias cada vez está más cerca de igualarse a la de los hombres; incluso en países de América Latina como Ecuador y Panamá hay una mayor participación de mujeres que de hombres; aunque puede variar en cada país dependiendo de su cultura y de las condiciones sociales.

En la exposición de motivos, se señala que esta pandemia se inició a finales de 2019 en China y en México el 27 de febrero se confirmó el primer caso, el   18 de marzo, se registró la primera muerte por coronavirus en el país: un hombre de 41 años quien padecía diabetes y comenzó con síntomas el 9 de marzo. Dos días después se registra el segundo deceso: un hombre que vivía en Durango, tenía 74 años, padecía hipertensión y COVID-19.

Hasta el domingo 5 de abril de 2020 en México se presentaban 2,142 casos confirmados; 94 muertos; 633 recuperados, y 1,416 activos.

Como consecuencia de las medidas de emergencia en materia de salud por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, los micro, pequeños y medianos empresarios Mipymes se han visto severamente afectados.

De acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampye), 100 mil Pymes se encuentran en riesgo de cerrar de manera permanente.

Alampyme indica 4.5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran trabajando en un 20 o hasta 40 por ciento de su capacidad, con pérdidas por 30 mil millones de pesos.

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19 por la que atraviesa nuestro país, la diputada de la fracción parlamentaria de Morena, Lorena Villavicencio, en el punto de acuerdo demanda que se haga público un informe sobre los fideicomisos que serán cancelados, así como los montos totales que serán destinados para enfrentar la emergencia de salud por la pandemia del Corona Virus – COVID 19, subdividida por rubro especifico, así como las reglas de operación a que estén sujetos y el nuevo fideicomiso que permita garantizar la transparencia y rendición de cuentas.

El 2 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos.

Sin embargo, se desconoce la totalidad de los fideicomisos que serán desaparecidos o extinguidos. Tampoco se sabe el monto de dinero que se encuentra en ellos y más aun no se sabe el destino del recurso una vez que sean entregados a la Tesorería de la Federación. 

La prensa ha reportado que: México vive uno de los momentos más difíciles de la historia moderna, derivado de la pandemia que se vive. Para poder afrontarlo de la mejor manera, la sociedad mexicana demanda transparencia absoluta, rendición de cuentas y el cumplimiento de la ley.

La falta de transparencia es un error que no podemos cometer. La transparencia en comunicar es técnicamente es indispensable. Es imprescindible que la población tenga la confianza en la autoridad y para ello la información está al escrutinio del interés público.   

Se lo debemos al pueblo de México, esa fue una de las banderas del propio Presidente de la República y de Morena. Éticamente estamos obligados a cumplirles.

También en el punto de acuerdo exhorta a la a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Banca de Desarrollo, se agilicen y flexibilicen los créditos para movilizar recursos contingentes y evitar quiebras de las empresas de todos tamaños, a fin de apoyar al sector empresarial y protegiendo el ingreso de los trabajadores formales.

Y, finalmente, que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a más tardar el 30 de abril publique el programa de devolución acelerada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las empresas, a fin de a fin de inyectarles liquidez, y proteger la planta productiva.

* En 2019, repuntaron defunciones antes, durante y después del parto

* Por COVID 19, reducirá el personal de obstetricia en 35 %

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 6 de abril, 2020.- Miles de mujeres embarazadas podrían correr riesgo a falta de una estrategia de atención de parto, post parto y eventuales complicaciones, denunciaron el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, CPMS, así como diversas organizaciones sociales y de parteras. La Secretaría de Salud no tiene una respuesta, mientras lo prioritario es la emergencia del COVID19.

La situación se agrava si se considera que el deteriorado sistema de salud “desde hace muchos años” y los cambios en la nueva administración, generaron el aumento de la muerte materna en tres por ciento, luego de 15 años de baja continua.

Si no se actúa rápido se repetirá la historia de 2009, durante la pandemia de influenza H1N1 cuando murieron al menos 300 mujeres antes, durante o después del parto, dijo a SemMéxico, David Meléndez Navarro, Secretario Técnico del CPMS. Hoy se sabe que en México las clínicas y hospitales de ginecología y obstetricia se quedarán con menos del 35 por ciento del personal y no habrá camas para atender partos.

Meléndez Navarro urgió a las autoridades para tomar una decisión inmediata, afirmó que el Comité, formado por 60 organizaciones civiles, funcionarios gubernamentales y representantes de Organismos Internacionales ya entregó a las autoridades de Salud todos los antecedentes y un paquete de propuestas para evitar que las mujeres mueran o se arriesguen.

Hace una semana, cuatro de los hospitales que atendían mujeres embarazadas en la zona de Iztapalapa fueron destinados para recibir pacientes con COVID 19. Lo mismo sucede en otras ciudades y zonas del país.

Claudia tiene una semana recorriendo hospitales donde programen a su hija que en unos días podría iniciar su parto, tanto en el Estado de México, como en la capital del país. Y la respuesta es la misma: la emergencia del COVID 19, obliga a retardar agendas, planes de atención y hospitalarios.

El Centro de Investigación Materno Infantil del Grupo de Estudios al Nacimiento CIMIGEN informó que ahora mismo se están recibiendo a muchas embarazadas en ese centro, pero dijo que cientos de mujeres se han quedado sin lugar donde parir. Aclaró que muchas de ellas están en situación de vulnerabilidad. 

CIMIGEN es una institución sin fines de lucro y las cuotas de recuperación en este momento son insuficientes para poder cubrir el costo de insumos.

Mientras el Comité Promotor por una Maternidad Segura ha hecho consultas con países y especialistas, donde ya viven la fase 3 de la Pandemia COVID 19, por lo que saben que se está dando prioridad al personal médico en riesgo, en tanto que los hospitales de salud sexual y reproductiva, las maternidades, han quedado sin personal.

Una alternativa viable es escuchar las propuestas de grupos y asociaciones de parteras que en el país han enviado ya propuestas al sector salud, alternativas para atender partos en las casas de las futuras madres, en espacios específicos que muy fácilmente pueden adaptarse e, incluso, en los hoteles que ahora están vacíos, dijo Meléndez, luego de señalar que se sabe hace tiempo, es mejor parir en las casas, que en los hospitales y ahora no correrían riesgos, ni aglomeraciones.

El entrevistado dijo que a partir de las lecciones que se están aprendiendo de Italia, Inglaterra o Estados Unidos, se sabe que se han adaptado escuelas, también vacías, y hoteles donde sería muy sencillo atenderlas, ahí hay lo fundamental, baño y agua.

La Comisión Nacional de Equidad de Género de la Secretaría de Salud lo sabe muy bien, es parte del Comité. Lo que también sabe que la estrategia es urgente y existe factibilidad.

El Comité lanzó un pronunciamiento para sensibilizar a las autoridades, un comité que tiene 25 años de experiencia. Desde que nació como Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos.

Este organismo interinstitucional logró que durante 15 años las estadísticas de mortalidad antes, durante y después del parto fueron disminuyendo y bajaron sistemáticamente por ese tiempo. Aunque hubo dos repuntes, el de 2009, en que murieron cerca o más de 300 mujeres, y el de 2019, año en que repuntó la muerte materna en tres por ciento, ante los cambios de la presente administración, la escasez de medicamentos y la desaparición del Seguro Popular.

Personal médico en peligro y el servicio desbordado

Para el Movimiento de Parteras de Chiapas Nich Ixim, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, dentro o de unos cuantos días, la rápida multiplicación de infecciones por el COVID19 generará un incremento exponencial de la demanda por servicios médicos hospitalarios.

No obstante, los esfuerzos que los gobiernos federales y estatales están haciendo para hacer frente a esta situación muy probablemente serán insuficientes para evitar que la demanda se desborde.

Las parteras agregan que, como está ocurriendo en otros lugares del mundo, el personal médico, paramédico, administrativo y de limpieza de los hospitales, además del incremento significativo de su trabajo, estará expuesto a contraer este virus.

Los hospitales serán los epicentros de atención en esta pandemia y, por tanto, tiene qué evitarse por, sobre todo, que se conviertan en centros de diseminación de la infección, principalmente en contextos interculturales como el de muchas regiones de Chiapas y otras entidades de población indígena, en el que los pacientes acuden a los hospitales acompañados de múltiples familiares o carecen de redes locales.

A pesar de que la literatura médica internacional sugiere que las infecciones por COVID-19 no constituyen un riesgo significativo para las embarazadas y recién nacidos lactando y que, de acuerdo con la evidencia científica disponible, no existe una transmisión vertical de la madre al recién nacido, ni un riesgo adicional en el alojamiento conjunto,  el Comité Promotor por una Maternidad Segura y Voluntaria de Chiapas (CPMSVCH) y el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) recomiendan que es urgente instrumentar medidas que eviten el riesgo de las mujeres parturientas:

1. Que tanto las consultas prenatales como la atención del parto sin complicaciones, sean atendidas exclusivamente en el primer nivel de atención, para evitar los siguientes problemas: La atención hospitalaria del parto normal, conlleva un alto riesgo de contraer infecciones por el COVID-19 para las mujeres que acuden a la atención prenatal y a la atención del parto, así como a sus acompañantes. El transporte de las mujeres embarazadas hacia los hospitales incrementa también el riesgo de diseminación de la infección, y lo es en ambos sentidos, al desplazarse y al salir del nosocomio.

2. Existirán grandes presiones por la demanda de personal, camas, equipo e insumos en las unidades hospitalarias. Por lo que la atención del parto en el primer nivel aliviaría la demanda recursos y disminuiría la congestión hospitalaria. Existe evidencia internacional que la atención no hospitalaria del parto puede desarrollarse sin riesgos adicionales para las mujeres y neonatos, además de que son unidades médicas más numerosas y cercanas a las mujeres.

3. Inevitablemente los hospitales son la única opción para la atención de las urgencias obstétricas. Sin embargo, la atención del parto normal, que constituye por lo menos el cincuenta por ciento de la demanda de atención, puede ser desconcentrada a los servicios de atención primaria y a la atención por parte las parteras tradicionales y profesionales sin que se incrementen los riesgos maternos y neonatales.

4.         La operación de las Casas Maternas, la rápida rehabilitación de las condiciones para atender partos normales en centros de salud estratégicamente situados y la atención domiciliaria por parteras son la mejor alternativa y de fácil instrumentación. Así como la reanimación de las redes, claramente establecidas, para la derivación.

SEM/sl/sj

* Urge crear mecanismo de suministro de alimentos gratuitos

* Es obligación del Estado garantizar el derecho a la vida y la salud

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 6 de abril, 2020.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó hoy a los tres órdenes de gobierno a crear urgentemente un mecanismo institucional que suministre gratuitamente alimentos y medicinas a la población más vulnerable como las personas de la economía informal, luego de advertir que es esencial que se informe con la verdad, a tiempo y se respete la libertad de expresión.

En un exhorto poco común, la CNDH advirtió es obligación del Estado garantizar el derecho a la vida y la salud de las personas en territorio mexicano ante la pandemia del COVID-19, por lo que se deben tomar en cuenta diferentes consideraciones para la adopción de las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para contener la propagación del virus, aplicándolas con un enfoque de género y pleno respeto de los derechos humanos, con el propósito de que todas las acciones gubernamentales para la vida cotidiana del pueblo mexicano no se conviertan en nuevas violaciones. 

Propuso contar con un banco de alimentos y suministro de medicamentos que beneficie a los grupos más vulnerables en las zonas geográficas más afectadas, más que un gesto humanitario, es cumplir con la obligación general del Estado para garantizar el derecho a la vida y la salud de las personas en territorio mexicano ante la pandemia del COVID-19.

Advirtió que medidas severas de aislamiento social que sancione de manera desproporcionada su incumplimiento o inobservancia, producirá una discriminación por resultado en perjuicio de las personas cuyo ingreso, además de ser bajo o de subsistencia, gira en torno a la arraigada economía informal mexicana. La adopción de medidas para evitar la propagación del COVID-19, no pueden ser, ni deben representar un castigo a grupos sociales históricamente excluidos y discriminados o en situación de pobreza.

Su demanda se funda en algunos razonamientos fundamentales:

• Preocupación por que la adopción de medidas gubernamentales para evitar la propagación del coronavirus en México, pueda agravar la situación de vulnerabilidad en la que ya se encuentran algunos segmentos poblacionales.

• Por ello, exige se dé información completa, verás, oportuna y transparente respecto de las medidas de prevención.

• Garantizar a la población la permanencia en el trabajo y acceso a sus derechos laborales.

• Garantizar el efectivo acceso a la tecnología para las poblaciones que se encuentran en alta y muy alta marginación, en particular a los miembros de los pueblos y comunidades indígenas.

• Abstenerse de la adopción de sanciones desproporcionadas ante el incumplimiento o inobservancia de medidas de aislamiento social.

• No hacer comentarios contrarios a los vertidos por las autoridades sanitarias expertas en la materia o brindar declaraciones que distraigan la atención sobre la información esencial.

• Asegurar un mecanismo institucional (Banco de Alimentos), que permita acceder gratuitamente durante la adopción de medidas de aislamiento social más severas, a alimentos y medicamentos a personas de grupos vulnerables.

Por ello la CNDH, exhortó a los tres órdenes de gobierno a tomar en cuenta diferentes consideraciones para la adopción de las medidas recomendadas por la OMS, este organismo reconoce que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que está compuesto por un conjunto de estrategias y acciones que permite la producción de información útil para la adopción de medidas gubernamentales y por ello, recomienda tomar en cuenta las siguientes 6 propuestas:

1. La libertad de expresión tiene una dimensión colectiva que implica el derecho de la sociedad a estar informada, por lo cual, debe ser trasmitida de forma completa, verás, oportuna y transparente respecto de las medidas de prevención; situación actualizada del comportamiento de la pandemia y recursos que se disponen para hacer frente al contagio.
2. Si bien la reducción del contacto y aislamiento social; la no concentración de personas; cierre de locales comerciales o públicos concurridos; y la no aglomeración en centros de trabajo, se consideran medidas adecuadas para evitar la propagación, debe tomarse en cuenta la necesidad de las personas de acceder a suministros esenciales e indispensables como alimentos, medicamentos y movilidad para realizar actos de solidaridad humanitaria con familiares y conocidos.
3. El impacto del COVID-19 ha empezado a afectar de forma directa a las personas, al ser despedidas y despedidos de sus centros de trabajo, por ello deben buscarse todas las garantías para la permanencia y acceso a sus derechos laborales.
4. Si bien el sector educativo está garantizando a las niñas, los niños, las y los adolescentes, las y los jóvenes, la continuidad de su proceso formativo mediante el uso de las plataformas digitales, es necesario garantizar el efectivo acceso a la tecnología para las poblaciones que se encuentran en alta y muy alta marginación, en particular a los miembros de los pueblos y comunidades indígenas.
5. Abstenerse de la adopción de sanciones desproporcionadas ante el incumplimiento o inobservancia de medidas de aislamiento social, mismas que deben implementarse cuando las exigencias de salud pública lo requieran. En la adopción de estas medidas de aislamiento social, debe tenerse en consideración la realidad socio-económica del país, ya que un número no menor de personas orbita alrededor de la economía informal, obteniendo un ingreso de subsistencia diaria.

 Una severa medida de aislamiento social que sancione de manera desproporcionada su incumplimiento o inobservancia, producirá una discriminación por resultado en perjuicio de las personas cuyo ingreso, además de ser bajo o de subsistencia, gira en torno a la arraigada economía informal mexicana. La adopción de medidas para evitar la propagación del COVID-19, no pueden ser, ni deben representar un castigo a grupos sociales históricamente excluidos y discriminados o en situación de pobreza.

6. Abstenerse de hacer comentarios contrarios a los vertidos por las autoridades sanitarias expertas en la materia o brindar declaraciones que distraigan la atención sobre la información esencial a la que tiene derecho a conocer la población en general en este momento.

La CNDH expresa su preocupación por que la adopción de medidas gubernamentales para evitar la propagación del COVID-19 en México, pueda agravar la situación de vulnerabilidad en la que ya se encuentran algunos segmentos poblacionales. 

Consecuentemente, este organismo nacional exhorta a los tres niveles de gobierno para coordinarse y asegurar un mecanismo institucional que permita acceder gratuitamente durante la adopción de medidas de aislamiento social más severas, a suministros esenciales y vitales para la supervivencia, tales como alimentos y medicamentos a personas adultas mayores; con sistema inmune deficientes o algún tipo de discapacidad, miembros de pueblos y comunidades indígenas, jefas de familia, personas en situación de calle; o núcleos familiares en extrema pobreza, en todos los casos, sin posibilidad de acceder a suministros esenciales e indispensables por cuenta propia.

Contar con un banco de alimentos y suministro de medicamentos que beneficie a los grupos más vulnerables en las zonas geográficas más afectadas, más que un gesto humanitario, es cumplir con la obligación general del Estado para garantizar el derecho a la vida y la salud de las personas en territorio mexicano ante la pandemia del COVID-19.

SEM/sl/sj