Son víctimas de las políticas de combate a las drogas en México

Presas de una política de seguridad que no ha funcionado.

 Redacción

SemMéxico, Cd. de México 27 junio 2019.- La campaña #LiberarlasEsJusticia que pide al Estado mexicano la liberación de mujeres que han sido víctimas de una política de combate a las drogas  causado mucho daño a nuestro país y, en cambio, implementar estrategias integrales de reinserción social.

#LiberarlasEsJusticia es una iniciativa de EQUIS Justicia para Mujeres y WOLA, dos grupos de defensa de los derechos humanos, que fue lanzada en el Senado en compañía de la Senadora Citlalli Hernández Mora. Esto debido al impacto severo y desproporcionado que las políticas de drogas prohibicionistas y punitivas tienen sobre las mujeres, sus familias, y comunidades.

“Cuando una mujer es encarcelada por delitos relacionados con drogas, hay graves consecuencias para su familia, su comunidad, y su entorno general”, dice Ana Pecova, Directora Ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres, y precisa: “Al encarcelar a una mujer por delitos contra la salud, el Estado no toma en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que la han llevado a realizar tales actividades o las historias de violencia, sobre todo sexual, que muchas de ellas han sufrido. Ellas son presas políticas, presas de una política de seguridad que, hasta ahora, no ha funcionado.” 

Actualmente en México, existen 3,018 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, las cuales, en su mayoría, fueron víctimas de violaciones de derechos humanos. Madres, embarazadas, indígenas, y trabajadoras del campo con dependientes económicos son las más afectadas, pues el Estado no toma en cuenta su identidad, ni las condiciones que las llevan a involucrarse en estos delitos no violentos, desempeñando roles de bajo nivel. Muchas mujeres se ven obligadas a hacerlo debido a la falta de oportunidades y la necesidad de apoyar a sus dependientes económicos; otras consideran una obligación obedecer a sus parejas o familiares que están involucrados en el tráfico de drogas. 

Estas mujeres no son una amenaza para la sociedad; la mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel, pero de alto riesgo. Su encarcelamiento no tiene ningún impacto en disminuir el trafico de drogas o mejorar la seguridad publica.

“La guerra contra las drogas es una estrategia fallida que ha resultado en la encarcelación injusta de miles de mujeres en México y las Américas. Otros países como Ecuador, Bolivia, e incluso, los Estados Unidos han adoptado mecanismos para reducir la población carcelaria por delitos de drogas”, dice Coletta Youngers, Asesora Principal en WOLA. “México se encuentra hoy en un momento político que posibilita cambiar el rumbo y tener una política de drogas más eficaz, humanitaria y respetuosa de los derechos humanos.”

EQUIS Justicia para las Mujeres y WOLA proponen la liberación de estas mujeres y reorientar los recursos del estado a la implementación de estrategias integrales de reinserción social, para que las mujeres tengan más opciones de vida.

La campaña destaca que el contexto es la única diferencia para quienes terminan encarceladas debido a situaciones de vulnerabilidad, subrayando que todos y todas debemos ocuparnos de la situación que viven las mujeres privadas de libertad, en especial a aquellas que están encarceladas por delitos no violentos contra la salud, como resultado de un enfoque represivo de políticas de drogas que, en palabras del Presidente de México, ya no está vigente.
 
“Cuando se castiga con prisión el tráfico de drogas, no se está castigando solo un delito, se está castigando la pobreza, la ignorancia, la falta de oportunidades”, puntualizó Beatriz Maldonado, mujer exprivada de la libertad y miembro de la Red de Justicieras.
 
La campaña #LiberarlasEsJusticia se puede seguir y difundir en redes sociales. Todos los materiales se pueden descargar y compartir desde este micrositio, así como desde una plataforma digital que documenta el impacto que tienen las políticas de drogas en América Latina sobre las mujeres.
 

SEM/gr/sj

* No descartan exista una “cifra negra” de casos que las víctimas no denuncian.

Redacción

SemMéxico/ Billie Parker Noticias.  Ciudad de México. 27 junio 2019.- Entre 2018 y lo que va del 2019, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha registrado 46 casos de agresiones sexuales contra mujeres dentro de sus planteles, informaron su director y el abogado general, Mario Alberto Rodríguez Casas y José Juan Guzmán Camacho, respectivamente.

Sin embargo, en declaraciones a la prensa, afirmaron que posiblemente existe una “cifra negra” de aquellos casos que las jóvenes estudiantes y trabajadoras de la institución no denuncian.

Al término de una reunión de trabajo con la Comisión de Igualdad de Género, para que diera a conocer los mecanismos para prevenir el acoso y hostigamiento sexual en la institución, Rodríguez Casas expuso que en estos casos el IPN toma medidas preventivas como cambiar la ubicación del presunto agresor, en tanto se resuelve la situación.

 “Los procesos no son tan veloces como uno quisiera, llevan tiempo y a veces se han tomado las decisiones, en tanto se resuelve el problema, sobre todo porque la misma presencia (del presunto agresor) para la afectada le causa hasta problemas psicológicos”, indicó.

Reiteró que se cambia de ubicación a la persona mientras sigue su curso el proceso, cuando está dentro de la institución; sin embargo, el Politécnico continúa dándole seguimiento al caso una vez que se lleva ya fuera de las instalaciones.

Cuestionado sobre la existencia de una presunta red de explotación sexual al interior del Politécnico, dijo no tener conocimiento de ello, pero tomará cartas en el asunto, a fin de que se investigue.

El directivo fue increpado por una joven estudiante víctima de agresión sexual dentro del IPN, quien pidió apoyo para resolver su situación, ya que a un año de haber interpuesto una denuncia penal, no ha obtenido solución; Rodríguez Casas se comprometió a atender su caso.

Respecto a la inseguridad que se vive en los alrededores de los planteles del IPN, sostuvo que el fenómeno se ha incrementado en los últimos meses, pero se está emprendiendo una acción coordinada con el gobierno de la Ciudad de México, para atenderlo.

Guzmán Camacho explicó que, en casos de agresiones sexuales, la única persona que puede hacer la denuncia penal es la afectada y el IPN brinda el acompañamiento desde la presentación y hasta el término del proceso.

 “Las acompañamos al Ministerio Público en caso de que tengan que presentar alguna declaración, las orientamos en la forma en que tienen que presentar sus escritos y por supuesto durante la tramitación del proceso penal vamos dando el acompañamiento correspondiente, con independencia de lo que sí nos toca hacer en el ámbito laboral”, indicó.

Señaló que en lo laboral, si se encuentra un caso de este tipo, de inmediato se acude al tribunal en la materia para que autorice el cese del presunto agresor, pero esos proceso llevan su tiempo, por lo que el Politécnico tienen que tomar medidas precautorias, como la separación de los docentes frente a grupo, con el fin proteger a la comunidad estudiantil en tanto se sigue el caso.

 “Para nosotros es importante que estas conductas no queden impunes. Insisto, el hecho de quitar a los trabajadores frente a grupo o de la atención a los alumnos, es para salvaguardar la integridad de la comunidad, no para que quede impune”, concluyó.

• Solicitan la intervención de la SEGOB, siguen sin trasferir recursos
• Se pone en riesgo la vida de al menos 20 mil mujeres y sus familias

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 27 junio 2019.- La vida de al menos 20 mil mujeres y sus familias es resguardada por los 72 refugios que operan en todo el país, a pesar de que desde hace seis meses no cuentan con recursos públicos.

Así lo dieron a conocer desde la Red Intercultural de Refugios, la Red de Refugios Autónomos, que demandó la intervención inmediata de la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud y la Comisión de Igualdad de Género para que, de manera pronta y expedita, se realice la transferencia de recursos a los refugios y Centros de Atención Externa. Prácticas dilatorias que ponen en riesgo el funcionamiento de los refugios.

Señalan, en un pronunciamiento, que estos refugios salvan la vida de mujeres que sufren violencia y la de sus hijas e hijos, donde a pesar de la falta de recursos, se les atiende de lesiones físicas y secuelas psicológicas derivadas de la violencia extrema a la que son sometidas, generalmente, por sus parejas.

Señalaron que a pesar de que desde el pasado 10 de junio se firmó el convenio de concertación de acciones con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y se expidieron las facturas correspondientes en relación a los recursos asignados, a la fecha no se ha recibido la transferencia de recursos.

Los Refugios hicieron hincapié en que participaron de manera efectiva en la convocatoria emitida por la Secretaria de Salud -Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos que viven Violencia Extrema y, en su caso, sus Centros de Atención Externa 2019- para la transferencia de recursos asignados en el Anexo 13-A Erogaciones para la Igualdad de Género. 

Los refugios cumplieron con el proceso que conlleva la presentación del proyecto, así como con los procesos fiscales y administrativos solicitados, por lo que expresaron su preocupación por el retraso en la transferencia de recursos. 

Reiteran su colaboración de manera efectiva en su objetivo principal que es brindar a las mujeres el acceso pleno a una vida libre de violencias y contribuir a la preservación del Estado de Derecho.  

Por lo que, solicitan se giren instrucciones desde la Secretaría de Hacienda, de manera específica desde la Subsecretaría de Egresos de la Federación, a cargo de Victoria Rodríguez Ceja, para que se realicen de manera inmediata, pronta y expedita la trasferencia de recursos a los Refugios y Centros de Atención Externa.

En el documento solicitan a la titular de la SEGOB, Olga Sánchez Cordero, su intervención de manera inmediata, franca y enérgica, así como a Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud y a la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara federal,  Wendy Briceño Zuloaga, para que intervengan de manera inmediata y urgente.

SEM/em/sj