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Mujer y Poder

¡Protección a los niños y niñas de México!

MENSAJE AL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Natalia Vidales Rodríguez 

SemMéxico. Sonora. 26 de junio de 2019.- Hace un par de días nos llegó el video que reproducimos al calce.  Contra nuestra costumbre de no difundir escenas violentas y dramáticas, lo hacemos en esta ocasión como excepción por la necesidad de mostrarlo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con un solo objetivo: que el estado brinde protección efectiva a los menores.

Del video en cuestión, solo pudimos ver el inicio y ello nos fue suficiente para que esas dramáticas imágenes estén en nuestra mente, atormentándonos y no permitiéndonos quedarnos calladas ante este maltrato a una menor… por su propia madre.

Como esta niña, en México –por enfocarnos a nuestro país únicamente porque estamos conscientes de que el sufrimiento de los menores es global- hay  millones de pequeñitos  que viven en un entorno por demás adverso y peligroso, con maltrato dentro de su propio hogar que los deteriora física, mental y espiritualmente.

El infame trato que esta madre da a su niña no es aislado… sino constante, sobre todo en un estrato social económicamente bajo. Y de esto parece no estar consciente el presidente López Obrador, quien quitó el apoyo para el funcionamiento de guarderías que proporcionaban atención profesional y humana a tantos niños con una vida de desgracia en sus propios hogares, en el lugar que debería de ser el más apropiado para recibir amor, cuidados y educación.

Argumenta el presidente que había corrupción en el manejo de las guarderías y… no dudamos que en algunos casos así haya sido pero bien se puede investigar y hacer las correcciones necesarias. Destinar a personal capacitado y sensible para el cuidado del bien más preciado de nuestra sociedad: los niños, logrando tal vez que las guarderías de México se conviertan en sitios ejemplares.

El otorgar a los padres, en la nueva política del presidente, el recurso que antes se brindaba a las guarderías… no es la solución. La solución es asegurar que estos niños estén en un ambiente apropiado, con psicólogas, terapeutas, educadoras, nutriólogas y todo lo necesario para un sano desarrollo que en millones de hogares mexicanos no se da. Y cabe mencionar: hemos escuchado que los apoyos directos del gobierno a las madres, estudiantes, adultos mayores, discapacitados y demás llevan la intención de comprar votos para las próximas elecciones incluyendo la eventual reelección presidencial pero… no lo creemos porque de ser así el asunto sería entonces, peor.

La madre del video muestra claramente que ella misma sufre una vida desgraciada en todos los sentidos   -económico, afectivo, moral- pues de no ser así otra sería su actuación. Luego entonces, el darle dinero –que tal vez su esposo mismo le quitará o ella utilizará en otras necesidades que considera prioritarias que ¨mandar a la niña al kinder¨-, no solucionará esta situación y el daño será también para México por estar permitiendo que dentro de los hogares se formen futuros delincuentes. Una nueva generación violenta, por las condiciones en que fueron formados.

Por ello, en este mensaje clamamos al presidente por protección a estos niños. Por devolverles el lugar sano y seguro del que disfrutaban en las guarderías que ya no reciben apoyo gubernamental y que la sociedad civil no puede solventar con rifas y hamburguesadas –como comúnmente se ha venido haciendo-  para obtener recursos para tantas obras sociales que las organizaciones civiles realizan para el mejoramiento de la sociedad.   

Es un hecho de extrema crueldad si, sabiendo lo que sucede a pequeñitas como la niña del video, no se actúa en consecuencia y de manera urgente.

Acceso al video

La situación de las mujeres migrantes en México, crisis humanitaria: Verónica Ruíz Lager

Se estima que el 70% de las mujeres migrantes sufre algún tipo de violencia.

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 26 de junio de 2019.- Ante un escenario de crisis humanitaria es urgente que el Estado implemente un programa emergente de atención migratoria, negar la naturaleza de esta crisis no ayuda al país y sí demerita al gobierno que enarbola un discurso humano, de justicia social y respetuoso de los Derechos Humanos.

México se ha negado a atender el desplazamiento forzado mediante una mirada respetuosa de los derechos humanos con perspectiva de género, señala la antropóloga Verónica Ruíz Lagier, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien aborda el tema de “Las mujeres en las caravanas migrantes”, en el suplemento TODAS del Instituto Nacional de las Mujeres, del mes de junio.

Señala que las mujeres en política migratoria, son doblemente víctimas, porque además de que vienen de una violencia estructural, por la marginación y la amenaza de los “maras”, también en los albergues registran un alto índice de violencia intrafamiliar, sin que puedan acudir a ninguna institución que las auxilie y defienda sus derechos fundamentales.

Las mujeres en las caravanas migrantes “cargan a sus hijos y caminan en grupo sin más protección que su cuerpo y una inimaginable voluntad”. Se integran para eludir el pago de “coyotes o extorsión”, pero no han logrado evadir violencia sexual o el secuestro.

Es ilustrativo el testimonio de mujeres hondureñas: “Cuando crucé la frontera mexicana caminamos desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde que llegamos al primer albergue en Tapachula. No permitían que los autos nos dieran “jalón” decían que la policía los detenía y les quitaban sus papeles, y en las casas nos hacían señas de que la policía los tenía amenazados para que no nos dieran agua.”

Entonces, “decidimos en Arriaga irnos en tren, pero lo pararon en un pueblo llamado Jesús Nazareno. Nos querían bajar los federales y agarraron a muchas mujeres.”

“Nosotros vimos como agarraron a una mujer y a su hijita, como de cuatro años, y las golpearon contra la malla para que el padre se bajara del tren; después lo golpearon a él porque no les quería entregar a la niña, y cuando bajaron otros hombres para defenderlos los policías sacaron la pistola. Descargaban balas al aire y también a los pies. A la niña y a sus padres se los subieron muy golpeados a las perreras”.

Ruíz Lagier sostiene que las caravanas migrantes que iniciaron su camino de Centroamérica a los Estados Unidos en octubre del 2018 han incomodado tanto a las instituciones federales como a la sociedad civil en general, porque visibilizan lo que nadie quiere ver.

Finalmente señala que se tienen que generar políticas congruentes con lo expresado por Andrés Manuel López Obrador cuando en octubre de 2018 ofreció ayuda humanitaria, trabajo temporal y regularización migratoria a los miembros de la caravana.

Las mujeres migrantes desconocen los riesgos de las caravanas.

El principal problema que enfrenta la mayoría de las mujeres, una vez que han abandonado su país, es que desconocen sus derechos y están totalmente desinformadas respecto de los riesgos que correrán al entrar a la caravana migrante, expresa la diputada Mónica Lara del Congreso de Puebla, presidenta de la Comisión de Migraciones.

La petición de asilo, sólo es una de las opciones con que cuentan, sin embargo, es imposible prevenir que las mujeres migrantes no se vean envueltas también en la vorágine que viven diariamente las mujeres nacidas en este país.

Tanto ellas como las que cruzan México en busca de una mejor vida, son presas de la violencia que predomina en los entornos más hostiles por los que atravesarán una y otra vez en busca de alcanzar la frontera norte. 

Se estima que el 70% de las mujeres migrantes sufre algún tipo de violencia.

Otro de los retos a que se enfrentan las mujeres migrantes en las caravanas son la vulnerabilidad a sus derechos sexuales y reproductivos, ya que no tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que incluyan métodos anticonceptivos; acceso a la profilaxis post-exposición y anticoncepción de emergencia en caso de violencia sexual; servicios prenatales, o asistencia para tener un parto seguro.

Por lo que, Alba Adriana Jiménez, directora de la Red por los derechos sexuales y reproductivos en México (Ddeser), sostiene que es necesaria una política pública que atienda a las mujeres migrantes, sin que exista la posibilidad de repatriación, y una opción podría ser implementar algunos servicios de salud sexual y reproductiva en las caravanas de las cuales son integrantes.

Juego de Palabras

Liderazgo de mujeres políticas, una cuestión de dinero

Yaneth Angelica Tamayo Avalos

SemMéxico. Cd. de México. 26 de junio de 2019.- A través de los años, las mujeres han luchado por evitar los abusos de poder; lo cual les ha generado el deseo de aspirar a una igualdad jurídica que las proteja de la misma forma que los hombres.

Por ello, han sido consientes en que la única forma para lograr la defensa de sus intereses que tienen que ver con sus necesidades básicas de vida, es a través del ejercicio del poder, al cual deben acceder de manera equitativa para que en futuro se dé una igualdad de condiciones que les permita decidir directamente sobre el goce efectivo de sus derechos.

Su participación constante y desafiante dentro de los partidos políticos les ha permitido participar en las contiendas electorales; aunque sin equidad e igualdad de condiciones ya que uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres, tiene que ver con la reserva que se hace del financiamiento público ordinario destinado para su capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político.

Si bien es cierto que, a través de la Ley General de Partidos Políticos se establece que anualmente cada partido está obligado a destinar el 3% del financiamiento público que recibe para desarrollar sus actividades, este es no es asignado, pero además en algunos casos este recurso es indebidamente utilizado para otros rubros que no tienen nada que ver con el empoderamiento político de las mujeres.

Lo que genera que la participación de estas se vea disminuida y persista una subrepresentación de mujeres en puestos de elección popular y dentro de los puestos de toma de decisión de los partidos políticos; recordemos que la cultura interna de los partidos no permite que se genere la igualdad en la competencia y en las candidaturas a puestos de elección popular.

Sin embargo, este no es el único problema que se suscita con la baja participación de las mujeres; ya que además se ocasiona que las cuotas de género no sean debidamente cubiertas, convirtiéndose en una especie de negocio familiar político en donde las mujeres con relaciones filiales con actores políticos son usadas como un medio de control a través del cual el poder puede seguir en manos de los hombres políticos, lo cual podríamos denominar como “paridad conyugal”.

Es necesario recalcar que, por el momento no se abordara este último tema ya que la intención es dar a conocer que sucede con el 3% del financiamiento público destinado a las mujeres, dejando para próxima entrega el tema de la “paridad conyugal”.

Volviendo al tema que nos ocupa, podemos decir que dentro de los partidos políticos, la mayoría de las mujeres no se encuentra capacitadas para ejercer las tareas que se les presentan como diputadas, senadoras, presidentas municipales, sindicas o regidoras; por ello no es de extrañarse ver a estas representantes públicas que por desconocimiento están en contra de la agenda pública de mujeres u otras que ante la falta de un proyecto legislativo pasan inadvertidas por no desarrollar el trabajo para el cual fueron designadas.

La lucha por los derechos humanos de las mujeres en ocasiones ha sido conquistada por el trabajo de mujeres activistas o de la organización civil y no por las mujeres en cargadas de una agenda en pro de los derechos humanos de las mujeres que me mediante esfuerzos lograron colocarlas en el espacio púbico, lo que demuestra que dichas representantes al no estar capacitadas se encuentran disminuidas para llevar a cabo su trabajo.

Situación que no debiera ocurrir dado que existe un recurso etiquetado para la formación y capacitación de esas mujeres, empero esto no es suficiente.

Baste como muestra, el ejercicio de fiscalización realizado en Querétaro, entidad que se encuentra entre los nueve Estados que a través de su legislación electoral asignan un porcentaje por encima del 5%; obligación que fue evadida por los partidos políticos al reservar un recurso que ya se encontraba etiquetado, lo anterior, porque al revisar el informe anual de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2017-2019 que emitiera el INE mediante acuerdo.

Se advirtió que desde el 2015 se programó un importe por la cantidad de $30, 920,114.79 para la capacitación, promoción y liderazgo político de la mujer, cantidad que no se ejerció y que aun cuando se les observó y sancionó estos siguieron siendo omisos, ya que de la misma cantidad el monto ejercido en 2016 y 2017 solo se ejerció la cantidad de $17, 650,719.54 reservándose el 57% del recurso asignado a las mujeres.

Acción que de igual forma se reflejó en los ingresos totales para campaña electoral por género, en donde a los hombres se les asignó la cantidad de $54, 348,747.61 y a las mujeres la raquítica cantidad de $18, 105,223.24

Tal situación no solo se actualiza en Querétaro ya que en las demás entidades se presenta el mismo caso solo que con diferentes porcentajes y esto puede ser verificado a través de la página oficial del INE dentro del apartado de fiscalización y el programa anual de trabajo.

De ahí que, ante los cuestionamientos sobre la escasa participación de mujeres a puestos de decisión, que se les hace a los dirigentes de partidos, resulta de un cinismo que respondan “que no hay mujeres o que no se encuentran preparadas”.

De nada sirve el trabajo de las mujeres que ejercen un verdadero liderazgo social, sino se les es reconocido dentro de los partidos políticos, es decir, de nada sirven sus recursos de convencimiento, confianza y convocatoria sino son valorados por las direcciones de los partidos a la hora de decidir quién ocupara un lugar en la jerarquía partidaria o en una candidatura.

Por todo esto, valdría la pena retomar lo planteado por Natividad Cárdenas Morales en el sentido de preguntar ¿Qué están entendiendo los partidos políticos por capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo? Pero más aún, tendríamos que preguntar a las autoridades electorales ¿Qué se está haciendo para que los partidos políticos cumplan cabalmente y sin restricciones con ese 3% del financiamiento público?

Finalmente, resulta fundamental que exista mayor vigilancia a los partidos políticos respecto de los recursos financieros que se les otorga, de tal forma que los recursos sean empleados para lo que fueron diseñados, pero además se debe fomentar y vigilar que a su interior realicen prácticas equitativas e igualitarias de acceso al poder, que empiecen por la forma en que cada uno de estos aplican dichos recursos.

Si bien ya existe el Protocolo para la Implementación de Buenas Prácticas en el Ejercicio de los Recursos de Gasto Programado para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, este debe elevar su categoría de orientador a vinculante, no se pueden amparar practicas fundadas en el derecho de autodeterminación intrapartidaria si son violatorias a los derechos civiles y políticos de las mujeres que se encuentran reconocidos por el Estado Mexicano y en Tratados Internacionales.

En Guerrero se ha exacerbado la violencia contra las mujeres señalan activistas

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Se registran 10 feminicidios diarios, sin embargo, en Guerrero, se han registrado hasta cuatro en un solo día.

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero. 26 de junio de 2019.- En Guerrero se comete la mitad de los feminicidios registrados a nivel nacional, a dos años de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG), la barbarie en contra de las mujeres, no solo no se ha detenido, se ha exacerbado, de enero a junio, 94 mujereras han sido asesinadas.

Integrantes de distintas organizaciones civiles de mujeres que en su momento conformaron la llamada Alianza Feminista, a través de la cual, el 22 de junio de 2016, solicitaron la declaratoria de AVG en ocho municipios del Estado de Guerrero, emitieron un pronunciamiento a dos años de la declaración de emergencia hecha por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Señalaron que a dos años de esta declaratoria, la violencia extrema y feminicida no cesa en todo el Estado; en 2017, se registraron 165 casos, en 2018, 233, y en lo que va del 2019, 94, en total, 492, de los cuales no hay información en cuanto al estado que guarda el proceso judicial, y del programa de atención de las víctimas de feminicidio.

De acuerdo al Secretaria Nacional de Seguridad Publica, en México, se registran 10 feminicidios diarios, sin embargo, en Guerrero, se han registrado hasta cuatro en un solo día, “significa que tenemos la mitad de los casos nacionales”, indicaron.

Pese a que en este periodo –dos años-, han destinado 46 millones, 431 mil pesos, a acciones de emergencia, insistieron, no hay informes de cumplimiento, ni evaluaciones de impacto ni de rendición de cuentas de lo ejercido.

A dos años de la declaración de AVG en Guerrero, con la que se situó un ambiente de emergencia y protección a la vida de las mujeres y niñas y se detonaron acciones por parte de los tres niveles de gobierno, “hasta este momento no han resultado efectivas para prevenir y mucho menos erradicar la violencia extrema feminicida”, recalcaron.

Y no solo de los casos de feminicidios, agregaron, sino de las sanciones a los culpables, las acciones de reparación y no repetición, es decir, el proceso no termina con llevarlos a la justicia, también tiene que ver con  el impacto cultural, para evitar la no repetición, de lo cual, tampoco hay avance, reiteraron.

“No sabemos qué está pasando en Guerrero, donde en vez de disminuir, vamos peligrosamente a un despeñadero en materia de protección y seguridad de las mujeres y niñas, cómo es que no bajan los índices, al contrario, están incrementando, no solo no se han detenido, sino que se ha exacerbado la barbarie,” acusó Leticia Burgos Ochoa, representante de la organización, Alternativa cultural por la Equidad de Género y la Red Feminista Sonorense.

En esta conferencia de prensa participaron, Olimpia Jaimes de la organización Mujeres Guerrerenses por la Democracia, Marina Reyna Aguilar, de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres; Justina y Petra Hermillo Martínez, de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar; Evelia Catalán Casiano, Secretaria de Acción Femenil del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG); Erika Salinas Valdez, de la Coalición Nacional de Mujeres Rurales (Conamur); Silvia Alemán Mundo, de la UAGro; Leticia Burgos Ochoa, representante de la organización, Alternativa cultural por la Equidad de Género, y Eva García Estrada de Camino con Alas.

Urgente conformar contralorías ciudadanas que vigilen las Alertas de Violencia de Género

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Estas contralorías analizarían, las acciones y presupuestos asignados por los nueve municipios con AVG.

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero. 26 de junio de 2019.- Integrantes de Red Nacional de Alertistas, llaman a la sociedad civil a conformar contralorías ciudadanas, que den seguimiento a las acciones y presupuestos gubernamentales, encaminados a atender la Alerta de Violencia de Género (AVG).

En el marco del “Día Naranja”, representantes de distintas organizaciones civiles de mujeres, ofrecieron una conferencia de prensa, en la que dieron a conocer, la convocatoria lanzada por la denominada “Red de Alertistas”, a nivel nacional, dirigida a grupos feministas, feminista, universidades, defensoras de derechos humanos, para conformar dichas contralorías ciudadanas.

El objetivo, es dar seguimiento a las acciones implementadas por los gobiernos estatales, en aquellas entidades con AVG, y en aquellas en las que se solicitó, pero se rechazó, de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Es muy difícil indicaron, que una sola organización de seguimiento tanto a las recomendaciones, como a las acciones de las instancias gubernamentales, de ahí el llamado a conformar grupos interdisciplinarios, para realizar el trabajo de monitoreo, vigilancia y visibilización, poniendo sobre la mesa el tema de la violencia feminicida y que sea parte de la agenda pública.

“Queremos saber dónde está el presupuesto, en qué se han gastado, cuantos pesos de están dedicando a que, quienes lo están gastando y qué impacto están teniendo”, expuso Olimpia Jaimes, de la organización Mujeres por la Democracia.

En el caso del Estado de Guerrero, son diez recomendaciones hechas a la Conavim, que tendrían que analizar su grado de cumplimiento a dos años de declarada la AVG; así como el destino y acciones de los 20 millones autorizados en el 2018, para atender esta emergencia, y que de acuerdo al informe del gobierno del Estado, fueron ejercidos por cuatro dependencias; Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría General de Gobierno (SGG) y la Secretaría de la Mujer (Semujer), además de un recurso adicional asignado por la Conavim.

También dijeron, estas contralorías analizarían, las acciones y presupuestos asignados por los nueve municipios con AVG.

A nivel nacional, se han unido a esta convocatoria, Estados como Colima Durango, Nayarit, Quintana Roo, Chihuahua, Campeche y Yucatán, como parte del colectivo de la Red Nacional de Alertistas.

El acoso a las mujeres en el sistema transporte colectivo metro de CDMX

El acoso a las mujeres en el Sistema Transporte Colectivo Metro (STCM) en el periodo de febrero a abril del año 2019 tuvo un mayor número de denuncias siendo 23 las efectuadas en comparación con el año 2017 y 2018 que tuvieron 11 registros de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).

Carlos Benito Peña Escobar

SemMéxico. Cd. de México. 26 de junio de 2019.- El número de denuncias por acoso a las mujeres en el Sistema Transporte Colectivo Metro (STCM) duplicó sus cifras en el periodo de febrero a abril del año 2019 siendo 23 las efectuadas en comparación con el año 2017 y 2018 que registraron juntas 11, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX). Las denuncias fueron ante las autoridades del Metro y los testimonios en las redes sociales principalmente en Facebook donde diferentes víctimas narraban el lugar o la estación donde sufrieron el acoso, las personas que participaron, la reacción ante el hostigamiento, el apoyo que recibieron y el motivo por el cual tomaron valor para relatar la violencia que sufrieron.

Definiciones

 El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua especifica que la definición de acoso por razón de sexo es el “comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el defecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Se considera discriminatorio.” La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia precisa en el artículo décimo tercero “El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.”

Penalización

En el artículo 259 Bis, el Código Penal Federal precisa: “Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días de multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo. Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño. Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida”.

 Para proceder legalmente en contra del acosador, la víctima debe realizar la acusación correspondiente. Sin embargo, la revictimización, el miedo a las represalias, la desconfianza provocada por la hostilidad de parte de las autoridades y la tardanza en los trámites son los elementos por los cuales el 90% de las denuncias por acoso sexual no se efectúan de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción (ENVIPE).  Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, 9 de cada 10 mexicanas ha declarado que por lo menos una ocasión ha estado expuesta a alguna agresión.

Sólo en 16 entidades de la República es considerado el acoso como delito. La penalización por acoso sexual en la Ciudad de México va desde los dos hasta los ocho años de cárcel y se le impondrá una sanción de cuarenta días de multa. El acosador puede salir bajo fianza pagando cinco mil pesos. Es decir, con menos de diez mil pesos el victimario puede quedar en libertad.

Testimonio de Karina Peña

Ilustración por Estell Meza. Recuperado de: https://www.nexos.com.mx/?p=36965

En entrevista con Karina Peña de 32 años, usuaria del STCM comenta que utiliza el medio suburbano para trasladarse hacia sus lugares de estudio y laboral; cuenta que para ella el acoso es “toda acción, ya sea hostigamiento, insinuación, persecución, etc.,  que molesta a otra persona”; y narra los acontecimientos que le tocó vivir en el vagón exclusivo para mujeres y niños mientras viajaba hacia su trabajo que tiene como ruta la línea 3 (la verde) del Metro con dirección Universidad – Indios Verdes.

“Fui víctima de acoso. Fue en el trayecto de la estación Niños Héroes a Hospital General.  Al observar la saturación para ingresar, opté por dirigirme hacia la sección exclusiva para mujeres y niños la cual estaba más desahogada que la otra que es mixta. Entré. Yo, me senté junto al asiento exclusivo para personas con discapacidad o embarazadas donde la cabeza y el hombro quedan pegados hacia la ventana. Frente a mí se sentó una mujer de piel blanca, con uñas postizas y cabello rubio. Ignoré su presencia por venir pensando en el trabajo que el jefe me pidió desde hace una semana y no había ni siquiera iniciado. Al ver que arribamos a Niños Héroes pensé que sería complicado salir ante el cúmulo de personas que obstruían el paso. Me acerqué a la puerta con la intención de anticipar mi parada. Tomé uno de los tubos verticales de fierro para no caerme ante un freno inesperado del Metro. De pronto sentí que algo rosó mi pierna. Pensé que la chica que venía sentada, cerca del barandal de donde me sujetaba, me había tocado por error. No le tomé importancia, hasta que sentí cómo las uñas de cinco centímetros de largo de plástico subieron a través de mi muslo hasta la espalda. Ella subió la mano para tocarme. En realidad, no supe cómo reaccionar. Casi inmediatamente se abrió la puerta del vagón y lo único que hice fue bajarme. No podía explicarme lo que acababa de pasar. Una mujer en el apartado exclusivo para mujeres me manoseó, ninguna de las que lo presenciaron el hecho dijo e hizo nada y honestamente en mi reflexión pienso que sea la vestimenta que haya sido no era, ni es motivo, para efectuar el acto. Fui una víctima más de acoso en el Metro de la Ciudad de México”.

El testimonio de Karina contextualiza la realidad que puede vivir una persona que utiliza el STC Metro y forma parte de lo que a nivel nacional experimentan las mujeres.

En medios digitales

En 2017, “El Publicista”, agencia de noticias, recuperó una de las campañas del programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México lanzaron para prevenir el acoso sexual, así como otras formas de violencia sexual en transporte público de la Ciudad de México, dirigida a los hombres con el objetivo de generar un cambio cultural y disminuir las prácticas de hostigamiento que padecen las mujeres. Facebook fue el medio para trasmitir el contenido de concientización.

Imagen ocupada para la difusión de la campaña. Consultado en junio 2019. Recuperado de: http://www.elpublicista.info/onu-mujeres-el-gobierno-de-la-cdmx-y-j-walter-thompson-lanzan-campana-contra-el-acoso-sexual/
Imagen a forma de vaciado que ha realizado BuzzFeed. Consultado en 2019. Recuperado de: https://www.buzzfeed.com/mx/fanalopez/acoso-sexual-en-mexico-estadisticas-encuesta

“BuzzFeed”, empresa de noticias en medios digitales, realizó en marzo de 2018 una encuesta a sus lectores mexicanos sobre lo que consideran como definición de acoso sexual, colocando las más frecuentes en una imagen. No sólo recibieron una definición también las historias que han vivido como víctimas.

En 2019, de febrero a abril, Facebook se convirtió en la red social por excelencia para que las víctimas que sufrieron acoso pudieran publicar sus testimonios, así como las estaciones donde fueron agredidas. La página “Valle de Chalco solidaridad” (Facebook) recopiló capturas de pantalla de personas que compartieron su experiencia para mantener alerta a las mujeres que viajan en el STCM y sus alrededores.

Captura de pantalla del formulario para la actualización del mapa donde son afectadas las mujeres en el STCM

Con base en el informe “Diferencia de género en movilidad urbana. Las experiencias de viaje de mujeres en el Metro de la Ciudad de México” realizado por la investigadora de la UNAM y la UAM, Paula Soto Villagrán, el 71% se siente agredida con las miradas morbosas; así como el 46% dijo que ha sentido manoseos; mientras que el 44% ha sentido acercamientos de los genitales. La comunidad de la red social con el logo de la letra “F” realizó un mapeo de las líneas del Metro con mayor incidencia de acosadores y víctimas, siendo focos rojos de febrero a abril del año 2019 y focos verdes todo el año 2018. El enlace de internet https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsjGfEw-wXPxapXi0OvDbG0Hfbs7bI-4So3MAe5XmXG9Jm3w/viewform es el acceso para llenar el formulario que pasó de ser sobre “acoso sexual a mujeres” a ser  “intentos de secuestro de mujeres” en el STCM de la Ciudad de México.

El mapa quedó de la siguiente manera:

La información arrojada fue presentada por Zoé Lascari, activista y representante del análisis de datos del mapa del que fue hacedor, en su perfil de Facebook siendo las estaciones Martín Carrera, Barranca del Muerto, Coyoacán, Mixcoac y Ermita las que han presentado más casos de acoso e intento de secuestro siendo la última con mayor incidencia.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) instaló en febrero 2019 módulos de atención en el exterior de las estaciones Coyoacán, Mixcoac, Martín Carrera, Tacubaya y UAM-I del Sistema de Transporte Colectivo Metro para recibir denuncias de presunto secuestro, acoso y abuso sexual en contra de las mujeres. En marzo 2019, han sido cerrados, esto según informó la titular de la PGJCDMX Ernestina Godoy porque “ya no va la gente”, en referencia a que particularmente las mujeres dejaron de presentarse a denunciar.

De acuerdo con la ENVIPE el lugar donde hay mayor número de víctimas mujeres mexicanas es en el transporte público. Ya sea de parte de hombres o, como en el caso de Karina, de una mujer, estando incluso en el espacio exclusivo para mujeres y niños. El 90% de las encuestadas ha dicho que prefiere no denunciar. Aunque es por el 10% que la PGJCDMX informa que ha iniciado 48 carpetas de investigación por acoso e intentos de secuestro en inmediaciones de estaciones del Metro y brindó 274 asesorías a mujeres y 255 a ciudadanía en general.

Seimujer trabajará con IEM, por el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres

  • Como una acción del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, ambas instituciones y mujeres líderes de los partidos políticos representados en el Estado, acuerdan agenda de trabajo para lograr el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

Redacción.

SemMéxico. Morelia, Michoacán, 25 de junio de 2019.- Con el objetivo de construir las bases para garantizar el pleno ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres en el Estado, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), realizaron el conversatorio sobre el tema.

Bajo el título, “Participación Política de las Mujeres en Michoacán”, asistieron a la reunión, las líderes y representantes de las distintas fuerzas políticas representadas en el Estado, las y los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEEM), y la diputada local Lucila Martínez Manríquez.

La titular de la Seimujer, Nuria Gabriela Hernández Abarca, afirmó que la democracia es impensable sin la participación política de las mujeres; por ello, el Gobierno del Estado trabaja para garantizar sus derechos políticos, así como para erradicar la violencia hacia este sector y conformar una sociedad justa e incluyente.

“La protección de los derechos políticos de las mujeres siempre estará vigente, y aunque se podría decir que es un tema que sólo se presenta en los procesos electorales, la violencia política se puede presentar todos los días en las diferentes esferas de poder”, explicó.

Hernández Abarca, presentó, junto a la consejera Electoral Irma Ramírez Cruz, los objetivos específicos de la reunión, donde se acordó en lo inmediato, trabajar con los distintos partidos políticos, en acciones encaminadas a generar la plena participación de las mujeres en todas las esferas del poder. 

Por su parte, el consejero presidente del IEM, Ramón Hernández Reyes, aseguró que son importantes estos encuentros, de cara a la reforma electoral que está próxima a iniciar su discusión, “los derechos políticos de las mujeres, siempre deben estar presentes en la agenda pública, no solo de los partidos, sino en todos los aspectos del ejercicio público”.

Entre los acuerdos, de esta primera reunión destacan:

  • Realizar trabajo interno relativo a temas de la agenda mujer en los partidos políticos;
  • Realizar diagnósticos municipales en el estado, con línea de preguntas en torno a la violencia política en razón de género;
  • Realizar modelo de atención de violencia política en razón de género y presentar propuesta a las diputadas integrantes de la comisión de igualdad de género, antes de que concluya el periodo de sesiones;

Generar una red de mujeres electas para dar apoyo y acompañamiento a las mujeres que pueden encontrarse en alguna situación de violencia política en razón de género en los municipios del estado.

SEM/IL

La lucha contra la discriminación múltiple pasa por “desarmarizar” el movimiento LGTBI

También piden una mayor visibilidad para luchar contra esa discriminación.

Redacción

SemMéxico./ AmecoPress . Madrid, 25 junio. 19. – CERMI ha acogido este lunes un encuentro con personas con discapacidad LGTBI durante el que han hecho un llamamiento para “desarmarizar” a este grupo social y dotarlo de una mayor visibilidad social, y en el que la Federación de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha urgido a luchar contra la “discriminación múltiple” que sufren todavía estas personas.

La presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, durante el acto que ha sido organizado por el CERMI y la FELGTB en vísperas del ‘Orgullo 2019’, ha indicado que “con todo lo que se ha avanzado en los últimos años no hay herramienta que nos dé más poder que visibilizar lo que somos y las personas LGTBI con discapacidad cada vez tienen más voz propia y se van empoderando y asumiendo las riendas de su vida”.

Además, han subrayado que “el ‘Orgullo’ de este año será positivo porque la adversidad les hace crecer y saldrán a la calle todos los años, porque como dice el lema de una de las pancartas de la manifestación de este año: “no daremos ni un paso atrás”. Igualmente, ha puesto en valor la unidad de su colectivo en estas fechas y la importancia de tejer alianzas con otros movimientos para apostar por un “trabajo transversal”.

Mónica Rodríguez, mujer sorda, lesbiana y vocal de la Junta Directiva de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNS) afirmaba que “hace falta seguir luchando para conseguir una sociedad más justa y libre y para evidenciar que las diversidades somos una mayoría” y ha puesto el acento en que las personas sordas se enfrentan sobre todo a muchas barreras de comunicación. Eso sí, después de ensalzar el grado de visibilización que tiene la diversidad sexual dentro de la CNSE.

Ángeles Blanco, asesora jurídica en ASPACE y mujer con discapacidad lesbiana, ha lamentado que todavía haya “ocultismo” dentro del movimiento de la discapacidad, “pero foros como este ayudan a abrir camino a otras personas”. En su caso, ha relatado que cuando tenía 22 años sufrió una agresión por parte de un grupo de ultraderecha y eso hizo que “se armarizara completamente”. Además, ha advertido de que “todavía, muchos hombres y mujeres con parálisis cerebral no se atreven a decir por ejemplo que son homosexuales”.

Dentro del ámbito empresarial, Álvaro Gárriz, técnico de comunicación interna de Ilunion gay, señalaba que pese a las dificultades que siguen existiendo, “la sociedad va avanzando y somos mayoría quienes apostamos por la inclusión, la diversidad y la tolerancia”. Asimismo, ha reivindicado el papel de las empresas, indicando que en su caso está “profundamente agradecido, porque ha sido una situación fácil y sencilla, ya que cuando te rodeas de gente que apuesta por la igualdad y la diversidad no hay ningún problema”.

“todas las personas con discapacidad deben poder expresar su orientación sexual como cualquier otra persona, como debe ser”

En cambio, Jesús González, experto en redes sociales de Fundación ONCE y persona con discapacidad física gay, criticaba que “sin darse cuenta, muchas veces el movimiento de la discapacidad ha armarizado a las personas LGTBI”. En cuanto al entorno laboral, ha aplaudido que ya haya compañías que tengan departamentos dedicados al fomento de la diversidad, porque “ocurre que cuando la diversidad entra en la empresa, la organización en su conjunto se enriquece”.

La miembro de FEAFES Galicia y persona lesbiana con discapacidad psicosocial, Isabel Quintairos, relató que por su orientación sexual fue despedida de su trabajo, tuvo que afrontar grandes dificultades y vivir su “salida del armario” repentinamente. “Pero precisamente, por ser tan abrupta, encontré el apoyo de organizaciones como la FELGTB”, aseguraba que “es momento para decir que hasta aquí hemos llegado y ni un paso atrás”.

El acto también ha incluido el testimonio de Héctor, una persona gay con discapacidad intelectual que trabaja como recepcionista en un hotel, quien ha defendido que “todas las personas con discapacidad deben poder expresar su orientación sexual como cualquier otra persona, como debe ser”.

Por último, el delegado del CERMI de Derechos Humanos, Jesús Martín, resaltaba que “la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad ha traído nuevos tiempos para las personas con discapacidad, un momento de querer ser líderes de nuestras vidas”, mientras pedía apostar por la diversidad. “Las personas con discapacidad hemos sufrido ocultaciones, y es importante que al igual que nos hemos reivindicado en ámbitos como el laboral, salgamos ahora a la calle para decir también que una parte de nosotros y nosotras somos LGTBI”, concluía el delegado.

Las reporteras españolas en zona de guerra: imprescindibles pero invisibilizadas

Un libro de la ex corresponsal Ana del Paso reivindica las aportaciones al periodismo español de estas profesionales, todavía poco reconocidas.

Júlia Oller

SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 25 jun. 19.- Ha llovido mucho, y a cántaros, desde que Francisca de Aculodi, reportera española del siglo XVII y considerada la primera mujer periodista, se hiciera cargo de la imprenta de su marido tras la muerte de éste. Desde entonces, han sido muchas las mujeres que, luchando contra múltiples limitaciones, estereotipos y prejuicios, se han dedicado al periodismo y, en concreto, al periodismo en zona de guerra. Sobre ese tema versa el libro de la ex corresponsal y doctora en Ciencias de la Información Ana del Paso, publicado en 2018, que, bajo el título “Reporteras españolas, testigos de guerra: de las pioneras a las actuales”, recoge el testimonio de 34 periodistas contemporáneas –desde Maruja Torres y Rosa María Calaf hasta Natalia Sancha y Olga Rodríguez-, retiradas o en activo, con el objetivo de visibilizar, reconocer y poner en valor sus contribuciones al periodismo español.

Del Paso presentó su obra, que también es una tesis doctoral, el pasado viernes 21 de junio en la Fundación Rafael del Pino (dirigida por Rafael del Pino hijo, presidente ejecutivo de Ferrovial y, actualmente, la quinta mayor fortuna de España), con sede en Madrid, bajo el auspicio de Woman Forward, una institución sin ánimo de lucro destinada a impulsar el liderazgo femenino. La presentación, moderada por el ex ministro de Defensa Eduardo Serra, contó con la propia autora y con Teresa Aranguren y Cristina Sánchez, reporteras en zona de guerra –la primera, ya retirada; la segunda, en activo, ejerce como corresponsal de RNE en Jerusalén-.

“En Occidente pensamos que las guerras siempre les ocurren a otros”, arrancó Aranguren, que dijo preferir el término “reportera en zona de guerra” o “en zona de conflicto” al de “reportera de guerra”. La veterana periodista trabajó como corresponsal, entre otros, en la guerra del Golfo y los conflictos de los Balcanes, además de ser la única mujer, junto con una fotógrafa libanesa, que cubrió la guerra entre Irán e Irak en la década de los 80. Aranguren señaló como vital “poner en primer plano las vidas de las gentes que padecen una guerra, y para ello es necesaria una mirada femenina”. Para la vasca, esa mirada no es una cualidad esencialista inherente a las mujeres por su género, pero sí cree que, por socialización y trayectoria histórica, son ellas las que pueden situar el foco con mayor facilidad en cuestiones cotidianas de corte humano que no desaparecen en una guerra y que constituyen una parte imprescindible de las historias que, según su parecer, el periodismo debería contar.

Aranguren se quejó, asimismo, de la mitificación romántica de la figura del reportero o reportera de guerra, de lo que, aseguró, el cine de Hollywood tiene gran parte de culpa. Pero, precisamente, al cine hay que culparlo también de que Cristina Sánchez escogiera su profesión: supo que quería ser reportera y cubrir zonas de conflicto tras ver la película “Los gritos del silencio” (1984), basada en las experiencias de tres periodistas durante el régimen de los Jemeres Rojos en Camboya. Sánchez, que el día anterior había recogido el premio Prensa Mujer, concedido por AmecoPress, centró su intervención en la necesidad de visibilizar el trabajo de las mujeres de su campo: “A día de hoy, hay más mujeres que hombres cubriendo Oriente Próximo; sin embargo, los referentes son hombres. No se nos está dando la difusión necesaria”, afirmó. En la línea de la visibilidad, sobre las niñas de hoy que serán las periodistas del mañana, comentó que “si nos ven, saben que pueden llegar”.

Las dos profesionales coincidieron en la necesidad de hacer un periodismo en zonas de conflicto distinto, que no se limite a contar las bombas y los muertos, sino que incorpore el factor humano y recoja los testimonios de aquellos y aquellas que, cuando cesa el fuego, siguen levantándose para ir a trabajar y siguen teniendo metas, sueños y anhelos. Porque, después de los misiles, la vida continúa. Ese es el trabajo que intenta llevar a cabo Cristina Sánchez en RNE con el proyecto “Vivir Gaza”, una serie de podcasts en los que trata de humanizar a las palestinas y los palestinos de la Franja de Gaza e informar de un modo en el que sean vistos como algo más que números.

La presentación no estuvo exenta de tintes polémicos, y es que, hacia el final de la jornada, en el turno de palabra, un ciudadano palestino y español preguntó al ministro Serra acerca de la venta de armas de España a Israel. Serra, que desde 2018 preside Everis –una empresa de consultoría, externalización de servicios y desarrollo tecnológico que cuenta con una división Aeroespacial y de Defensa-, reconoció, tras algún que otro rodeo, que “si España no vende armas a Israel, lo harán otros”, y, además, aseguró que España ha estado “en la cola” y “a la cabeza” del mundo, y que “es mejor estar a la cabeza”.

Palabra de Mujer

Fallida Circulación de Élites

Billie J Parker

SemMéxico. Veracruz. 25 de junio de 2019.- En la primera aproximación para comprender porque México tiene  los gobernantes que tiene, sin intentar eximir la responsabilidad del votante que solo se concentra en la circulación de élites sin revisar quienes la conforman, abordamos su estudio como uno de los posibles enfoques del régimen, ya que nos permite plantear las grandes preguntas de la ciencia política que define muy bien el jurista, político y diplomático español Jiménez de Parga: Quién manda, para qué y cómo manda.

Ante la cercanía del festejo que realizará la nueva administración en el zócalo, por su arribo a la silla del poder y, del otro lado, la renovación de la dirigencia del partido Revolucionario institucional, que sigue sepultando su razón y deber ser, continuamos examinado los motivos del decepcionante primer año de los desacertados dueños del poder, desde el 1 de julio del 2018, que al contrario del efecto deseado por renovar o equilibrar las élites políticas, todo indica resultó un intento fallido.

El caso del PRI parece ser un asunto perdido. Luego del pacto innombrable del 2018, siguen entregando lo que queda del partido al gobierno que los sacó literalmente de Los Pinos. Lo más terrible es que creen que no se percibe el siniestro traspaso del exiguo poder que les restaba. Con ello se esfuma la posibilidad de rescatar al instituto político, con una renovación moral creíble, para convertirlo en el contrapeso que México necesita.  

A un año de su debacle, en lugar de reagruparse, la élite rancia y corrupta priista prefiere apostar por las concertaciones. Negociaciones en lo oscurito en su propio beneficio. Tal es el caso de Enrique Peña Nieto, quien acusado de colocar a su candidato Alejandro Moreno, gobernador de Campeche con licencia, busca amarrar el pacto de impunidad entre la mafia del poder anquilosada y la nueva mafia en el poder, que lactó de las mañas del PRI.  Lo que expone que la matrix fermentada de la que salieron ambas élites, sigue tan viva y vigente como nunca.

Estas nuevas clases políticas, ni son nuevas, ni no son élites que representen hoy a la mayoría de la sociedad mexicana. De momento están en la cumbre, el inconveniente es que la incertidumbre y el país traicionado que se desgarra por dentro no tarda en cobrárselas. Los indicios de faltas de respeto y reclamos en los eventos no son gratuitos.

Permítanme distanciar al PRI de estas reflexiones. Es tema que merece una columna aparte, solo lo referí para mostrar como la circulación de élites no funciona, puesto que como diría Descartes, ya se les atrofió el “pensamiento consciente”, o la consciencia reflexiva de su propia conciencia para diferenciarse de una existencia meramente salvaje. Lo que implica la respuesta al para qué quieren gobernar: poder y negocios.

El PRI perdió su vena de felino concluiría Pareto, creador del concepto de circulación de elites, a quien invocamos para revisar la hipótesis de su sociología política sobre las dos categorías existentes: Las elites de las “Zorras” y los “Leones”.  Esta tipología de grupos gobernantes, que se imponen por la fuerza o por la astucia, se alternan incesantemente en el control del monopolio coactivo del Estado. 

Los «zorros» son calculadores, pensadores y materialistas, mientras que los «leones» son conservadores, idealistas y burocráticos.

De su movilidad, Pareto la sostiene bajo el argumento de que esas élites no son hereditarias y, por lo tanto, garantiza la circulación de élites, sin embargo, en México el PRI dejó de seguir esa premisa y los Juniors invadieron la escena.

Las élites zorras son aquellas astutas, picaras, precursoras, por ejemplo, de cambios sociales y económicos guiados por el “instinto” de combinar opciones imaginarias y de prever escenarios políticos que les faciliten su ascenso personal”.

Los “leones”, tienen en cambio “vocación de servicio o entrega”, conservan la tendencia “natural” de procurar la persistencia de los grupos y a sacrificarse por ello, en la prosecución de cualquier “bien” común que se desprenda de la tradición colectiva, la patria o aun la religión. Son “elitistas” en el sentido de querer retener las posiciones de privilegio de que gozan.

 Pareto ubica en las “Zorras”, a los eternos ambiciosos que conspiran contra el orden social establecido, los grandes financieros, los inventores audaces etc. En el lado de los felinos están los conservadores de todo status quo, ya sea social, militar, familiar, religioso o de cualquiera ortodoxia ideal.

Ninguna sociedad, según Pareto, escapa a tal dicotomía entre sus ciudadanos sobresalientes -los “selectos”, como los llamaría más tarde Ortega.

Un poco o mucho, el escenario tiene que ver con la situación que vivimos en el Estado de Veracruz como un claro ejemplo de las entidades gobernadas por la nueva elite.

México y Veracruz en especial votó para sacar de Palacio de Gobierno a una de las élites más corruptas que le ganó a Los leones, que aun conservaban un pie en el poder, viajaron en lo que habían visto como un relevo generacional exitoso. Sin embargo y como bien dice el ahora Presidente López Obrador, la élite de los Zorros, superó a los tradicionalistas de la mafia del poder, pero ambas fueron creadas para servirse y no para gobernar.

¿Cuál es la salida? ¿Quo Vadis México? Hay que pensarlo en medio de una crisis sin precedentes por su envergadura de graves consecuencias para México, y por el futuro que está en juego. billieparkernoticias@gmail.com

La periodista saharaui Nazha El Khalidi denuncia torturas durante su juicio

Nazha El Khalidi ha sido juzgada este 24 de junio de 2019 por el Tribunal de El Aaiún por grabar una manifestación. La sentencia se conocerá el próximo 8 de julio.

Jesús Cabaleiro Larrán

SemMéxico/Periodistas en Español. Cd. de México. 25 de junio de 2019.- Se enfrenta a dos años de cárcel y una multa de 120 dirhams (11 euros) a 5000 dirhams (460 euros) acusada de “usurpación de la profesión” por no tener un título oficial.

El Khalidi denunció que había sido acusada debido a su trabajo periodístico y que sufrió torturas durante su detención en comisaría el 4 de diciembre de 2018. Entonces se le confiscó el teléfono móvil y no le fue devuelto y ha sido la base de la acusación.

Según declaró la informadora tras su detención: “la gente salió a la calle para manifestar su apoyo a la resolución del conflicto. Yo estaba grabando en la avenida Smara; no duré allí ni cuatro minutos cuando me detuvieron, me golpearon y me llevaron a la fuerza a un coche de policía. Estuve en comisaría horas, sufriendo malos tratos y bajo interrogación”.

La periodista saharaui, de 27 años, es miembro del colectivo Equipe Media y corresponsal de RASD TV, cubrió el 4 de diciembre de 2018 una manifestación convocada a raíz de la reanudación de negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos en Ginebra para resolver el conflicto en el Sahara.

Previamente al juicio, tres abogados españoles, de los que dos de ellos habían sido diputados regionales de las islas Baleares, José María Costa Serra (PSOE) y Miguel Ángel Jerez (PP), además de la canaria Inés Miranda, fueron deportados en el aeropuerto de El Aaiún tras llegar desde Las Palmas.

Su intención era ejercer de observadores en el proceso judicial, acreditados por el Consejo General de la Abogacía de España, pero las autoridades marroquíes no les permitieron asistir. Miranda había acudido a otros juicios y es la primera vez que es expulsada.

También mostraron su solidaridad con la periodista saharaui la sección española de Reporteros sin Fronteras (RSF) -que ha elaborado el informe ‘Sáhara Occidental, un desierto para el periodismo’-, Amnistía Internacional y diferentes ONG escandinavas.

Por otra parte, el martes 25 en Ginebra, Equipe Media presentará el informe ‘Una brecha en el muro’ y el cortometraje ‘Un agujero en el muro’ en el Consejo de Derechos Humanos. En sendos trabajos han colaborado la Asociación de Amigos de la RASD de Álava.

Refugiadas: las mujeres que huyen de Latinoamérica

Las defensoras de Derechos Humanos y del territorio también sufren formas específicas de persecución.

Redacción

SemMéxico/Asociación de Mujeres de Guatemala. Guatemala. 25 de junio de 2019.- Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de los 70,8 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo, más del 70% son mujeres, niñas y niños.

Además de las violencias generalizadas, las mujeres y las niñas son víctimas de violencias específicas por el hecho de ser mujeres. Entre estas: violencia sexual, en los ámbitos público y privado, así como en el marco de las distintas modalidades de conflicto —esclavitud sexual, esterilización forzada y embarazo forzado—, mutilación genital femenina, crímenes en nombre del honor, matrimonio forzado o precoz, planificación familiar forzada y trata con fines de explotación, entre otras.

Las defensoras de Derechos Humanos y del territorio también sufren formas específicas de persecución con las que se reprimen sus acciones destinadas a transformar y eliminar prácticas, costumbres y normas sociales y jurídicas discriminatorias.

Las mujeres que huyen de Latinoamérica:

Latinoamérica es una de las zonas más violentas del mundo. Y de las más letales para nacer y ser mujer. En 2017, fueron asesinadas 2.795 mujeres en la región, de las cuales 1.012 lo fueron por su pareja o expareja. Según la Cepal, 14 de los países con mayor número de feminicidios en el mundo, son latinoamericanos. Los países con las más altas tasas de feminicidios fueron los que componen el militarmente llamado “Triángulo Norte” de Centroamérica: El Salvador, 10.2 por 100.000 habitantes; Honduras, 5.8 y Guatemala, 2.55.

Las violencias física, sexual, laboral, psicológica, económica e institucional se exacerban contra la vida y los cuerpos de las mujeres y las niñas, en aquellos países donde actúan diferentes grupos armados como el crimen organizado, las maras y pandillas, el narcotráfico, los grupos guerrilleros y paramilitares, las redes de trata y tráfico de personas, con la connivencia de agentes estatales. O donde el aparato del Estado es el instrumento directo de represión política, comunitaria y social, como es el caso de Nicaragua, Venezuela y más recientemente de Honduras.

Especial atención merecen las mujeres que huyen para poner a salvo a sus hijas e hijos menores. Las y los niños, especialmente quienes proceden de Centroamérica, huyen de agentes perseguidores que pueden ser, el padre u otro miembro de la familia, reclutadores de maras o pandillas, crimen organizado en colusión con agentes estatales, entre otros.

Los contextos de violencia e impunidad generalizadas, en países con conflictos de altos niveles de intensidad, donde la imposibilidad de acceso a la justicia y de obtener una protección eficaz son la norma para las mujeres y menores, las expulsan, las obligan a huir si quieren sobrevivir o intentar alcanzar una vida digna. En 2018, las personas solicitantes de protección internacional procedentes de Venezuela fueron las más numerosas en todo el mundo: 341.800 peticiones. Las procedentes de El Salvador se ubicaron en el puesto 6 (46.800) y las de Honduras en el puesto 8 (41.500).

(Des)protección internacional en el Estado español:

El número de solicitudes de protección internacional en el Estado español ha aumentado en proporción geométrica en los últimos años. En 2018 fueron 55.668 las personas que solicitaron asilo: el 43 % fueron mujeres y niñas.

El sistema de protección internacional se muestra ineficaz para proteger y garantizar los derechos de las mujeres y las niñas que consiguen llegar a España: los casos no se estudian de la manera diferenciada que legalmente se requiere, de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

De manera más específica:

Desde 2014 sólo se han concedido 154 estatutos de asilo a personas procedentes de Latinoamérica: Colombia, 79; Venezuela, 49; Honduras, 23; Nicaragua, 5; y El Salvador, 3. Y únicamente 3 de protección subsidiaria a personas procedentes de Guatemala.

El porcentaje de denegaciones para las solicitantes de asilo procedentes de Latinoamérica es superior al 95 %.

Esta práctica restrictiva se reitera en la instrucción de las solicitudes de protección internacional realizadas en puesto fronterizo, en particular con las peticiones de personas procedentes de Colombia y Centroamérica.

En general, el Ministerio del Interior deniega de manera casi automática las solicitudes de protección internacional derivadas de la violencia de las maras o pandillas, de grupos del crimen organizado, de grupos paramilitares o guerrilleros, cuando las víctimas no tienen un determinado perfil político. Lo hace bajo la asunción de que sus Estados de origen pueden ofrecerles protección eficaz. Y lo hace contraviniendo resoluciones de la propia Audiencia Nacional de España, que en el caso de Honduras y El Salvador, ha calificado la situación de estos países como de “conflicto interno”.

No existe jurisprudencia del Tribunal Supremo de España que reconozca que las víctimas de la persecución perpetrada por maras son susceptibles de protección internacional: por el contrario, este le da el tratamiento de “delincuencia común”.

Además de los altos porcentajes de denegación, el procedimiento de protección internacional se convierte en un instrumento revictimizante:

1. Se obstaculiza/impide el acceso al procedimiento mediante prácticas administrativas restrictivas como el retraso de meses en poder realizar la solicitud de protección internacional y la incoación de expedientes de expulsión de las solicitantes.

2. La instrucción de los expedientes se lleva a cabo de manera restrictiva: las entrevistas iniciales no suelen cumplir con los requerimientos mínimos y suelen ser realizadas por personal no suficientemente cualificado, con manifiesto desconocimiento de los contextos de violencia que afectan a los países latinoamericanos; hecho constatable ante la escasa y no pertinente utilización de información del país de origen en los fundamentos de las decisiones. En general, no se realiza una segunda entrevista de instrucción en la casi totalidad de las solicitudes y, en el caso de las mujeres y niñas, no se aplica con pertinencia el enfoque de género exigido, entre otras medidas, por el artículo 46 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

3. La falta de previsión de la Administración ha generado que, a 31 de diciembre de 2018, 78.810 expedientes de protección internacional estuviesen sin resolver: tales procedimientos administrativos duran actualmente, por lo general, más de tres años.

4. Los recortes de derechos económicos y sociales para las personas solicitantes de protección internacional se han traducido en obstáculos e impedimentos para acceder al sistema de acogida y de ayudas, lo que ha generado que muchas de las personas solicitantes, a pesar de tener legalmente reconocidos estos derechos no hayan podido ejercerlos.

5. La Administración está incumpliendo con su obligación de documentar en fecha a las personas solicitantes, lo que ha supuesto que muchas de estas hayan tenido su documentación caducada o se haya demorado meses la posibilidad de tener un documento en el que se recoja la autorización de trabajo.

Estos incumplimientos por parte de la Administración han supuesto desde pérdidas de empleo y dificultades a la hora de acceder al sistema de atención sanitaria, hasta el cierre de cuentas en entidades bancarias por tener la documentación caducada, entre otros daños que impiden el ejercicio pleno de los derechos más elementales.

Vídeo protagonizado y realizado por mujeres migrantes y refugiadas.

Entresemana

El sargazo presidencial

López Obrador insistió en que “no es un asunto delicado, mucho menos grave, que tiene solución y que ya estamos trabajando. Eso es lo que puedo comentarles”.

Moisés Sánchez Limón

SemMéxico. Cd. de México. 25 de junio de 2019.- Dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador que le gusta polemizar, aunque en realidad lo suyo es pontificar e ironizar, descalificar y presumir conocimientos de historia que se quedan en unas pinceladas del México decimonónico y del maderismo.

Y mire usted, ayer en Cancún se quedó con las ganas de polemizar; lo único que pudo hacer fue justificar, descalificar y presumir que no miente, porque se encontró con la colega María Cristina de la Cruz, directora del portal www.marcrixnoticias que lo metió en un severo brete y desarmó a esos youtubers que son permanentes invitados de la oficina de Jesús Ramírez, el vocero presidencial, a las giras del señorpresidente López Obrador.

No estuvo por ahí la tablita de salvación de las preguntas a modo de los personajes que son parte de la escenografía de las mañaneras, éstos que suelen descalificar a los verdaderos periodistas, los reporteros que asisten para realizar su tarea. Por supuesto, después la jauría se lanzó contra la colega María Cristina de la Cruz, descalificándola con los adjetivos peyorativos que gustan gastar en redes sociales.

Pero, bueno, el licenciadoseñorpresidente López Obrador encuentra paulatinamente a reporteros que no le dejan pasar una y replican, piden puntual respuesta, aunque Andrés Manuel se sale por la tangente y…

Permítame compartirle parte de esta esgrima verbal en que la colega María Cristina solo trazó una cuantas fintas y el licenciado se entregó completamente con una más de las mentiras que suele sustentar en su dicho de que él tiene otros datos o simplemente decir que lo suyo, lo suyo no es la mentira.

Decía. El del sargazo es un problema que afecta al Caribe mexicano y ha caído en el escenario de la corrupción que es bandera de campaña permanente del licenciado Andrés Manuel López Obrador, aunque junto con el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán lo minimizó, le restó importancia.

Incluso, el secretario almirante sostuvo que “la costa que está afectada, entre comillas, por el sargazo, porque no es ni todos los días, ni todas las playas, son alrededor de 995 kilómetros. Nos vamos a poner de acuerdo para ver cuáles de los municipios, ellos mismos van a decir cuál es el más importante en el que debemos empezar a atacar”. ¡995 kilómetros! ¿Y no es problema?

Al presidente López Obrador y al gobernador quintanarroense Carlos Joaquín González preguntaron acerca del tema del sargazo. El gobernador dijo que, “en materia directa en cuanto a ocupación hotelera no hemos tenido una afectación”, pero “la ha habido en los servicios que se dan en la playa, principalmente los tours, los clubs de playa, los restaurantes a los lados de la playa, que son quienes realmente han resentido esta situación de la misma; no se ha dado en ocupación hotelera, pero se puede dar en ocupación hotelera, precisamente derivado de las dificultades que la playa puede dar para los turistas.

“Y eso es lo que debemos de evitar, que tengamos esta afectación para las temporadas, la próxima y la de invierno, que seguramente son las que pueden sufrirlo”.

Pero, cuando López Obrador tocó el tema envió el mensaje: “Yo le diría a todos los mexicanos y extranjeros que visiten Quintana Roo, que es el paraíso, es un edén Quintana Roo, es uno de los estados más bellos del país y sin duda es uno de los sitios turísticos más importantes del mundo. Y lo del sargazo es un asunto menor”.

Y comparó, sí, comparó, con las 13 mil toneladas de basura que se recogen diariamente en la Ciudad de México, con el sargazo que significa recoger 340 mil toneladas. Aunque en realidad, y se lo dijeron, no recogen más de una tonelada diariamente.

Las playas son diferentes, el turismo, la imagen, interrumpió un reportero y molestó al Presidente. “Permítame, deje que yo termine”.

Y la colega María Cristina entró en escena:

–Presidente, nada más una precisión del sargazo. ¿Por qué se declaró emergencia a 11 municipios por sargazo si nos están diciendo que no es tan importante? Se declaró emergencia en 11 municipios por el tema del sargazo, en ellos está Bacalar, Lázaro Cárdenas, Othón Blanco. ¿Por qué se declaró emergencia si se va a usar ese dinero? Una duda más. Uno llega a un hotel de Cancún, se le cobra un dinero para limpiar las playas por el tema del sargazo. ¿Por qué si no es tan importante como usted lo está comentando y como ayer también lo decía en Tulum, porqué se está haciendo esto?

Y también una duda –prosiguió la colega– ¿Cuántas playas hay contaminadas por sargazo o en cuántas playas hay hoy una presencia del sargazo? Porque ahora sí que cada quien tiene otros datos, entonces…

¿Cuántas playas hay? Si nos pueden dar ese dato. Y su también si nos pueden decir si a partir de hoy la Marina ya está, es decir, si uno va a una playa va a encontrar a la Marina laborando y limpiando el sargazo, porque hace unas horas en Tulum decían que la Marina no estaba allá. Entonces, si nos pueden nada más aclarar esos puntos.

López Obrador insistió en que “no es un asunto delicado, mucho menos grave, que tiene solución y que ya estamos trabajando. Eso es lo que puedo comentarles”.

Y del tema del sargazo la colega pasó a referir la problemática que priva en Quintana Roo.

–Otra cosa más –citó–. También en ese exceso de optimismo, presidente, es que su Cisen o quienes le están informando le están informando mal. Nosotros, que somos reporteros de aquí y que cubrimos diariamente la nota roja, tenemos más de dos, a veces alcanzamos hasta pico de ejecutados de tres, hasta cuatro con heridos de siete, siete personas. Es una situación lamentable.

El feminicidio está a todo lo que da en Quintana Roo; no hay investigación, hay tres reporteros asesinados, hay dos reporteros que están huyendo; es una situación lacerante.

La industria restaurantera está realmente castigada, se está reduciendo la vida nocturna en Quintana Roo en la zona norte. Hay una situación realmente grave y muchos responsabilizan aquí a su gobierno, desde que usted asumió de todo lo que está pasando.

Y no vemos, presidente, lo lamento mucho, ya tenemos mucho tiempo conociéndonos que usted esté manejando tanto optimismo, cuando nosotros hoy estamos en una situación realmente de emergencia social, presidente, y hay una miseria, hay cada vez más narcotráfico, hay cada vez más armas circulando, hay cada vez más miseria en Quintana Roo y eso no puede ser posible.

(…) Se lo agradezco y espero, por favor, presidente, que usted hable con mayor sinceridad con base a cifras reales, no maquilladas, no cifras engañosas que no corresponden en lo absoluto a una realidad que a todos en Quintana Roo nos afecta.

Molesto, el señorpresidente respondió con esa largueza y convicción de quien tiene la verdad y se niega a aceptar que el interlocutor tiene razón porque le consta:

–Yo no digo mentiras y siempre hablo con la verdad, y siempre he considerado la honestidad como lo fundamental, es lo que estimo más importante en mi vida, y no engaño. Tengo tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Yo sé que ustedes tienen una visión distinta, yo la respeto, pero yo voy a defender siempre mis puntos de vista, además, estoy acostumbrado a polemizar y a defender mis posturas.

En primer lugar, siento, en el caso del sargazo, repito que no es un problema mayor; si ustedes lo consideran así, discrepamos. Yo creo que es un problema que tiene solución, que ya estamos actuando para eso, que estoy seguro de que se va a resolver.

Después de la larga disertación que no explicación del licenciado López Obrador, la colega le acotó: “Yo no soy su adversaria, son más de 200 ejecutados este año entre Playa y Cancún, presidente”.

Al final le plantearon al Presidente: ¿Qué le pudiera usted sugerir a la presidenta (municipal de Cancún) Mara Lezama, que es una persona honesta y trabajadora, con relación a este tema?

–Que se acabe la corrupción en México—respondió y luego se dirigió a los reporteros locales que no se tragaron el anzuelo de la disertación presidencial:

“¿Y saben qué? con todo respeto, que ya no se cultive tanto chayote”. Vaya con el señorpresidente y el piso resbaladizo del sargazo que, dice, no es problema. Conste.

LE PLATICO. En seis meses del nuevo gobierno federal, el ISSSTE recuperó solvencia financiera merced a la labor de concertación política e ingeniería administrativa del director General de la institución, Luis Antonio Ramírez Pineda, de cuyo informe sobresale que el ISSSTE cuenta con activos superiores a los 187 mil millones de pesos y reservas ponderadas al 31 de diciembre próximo por 94 mil millones de pesos.

En la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto, máximo órgano de Gobierno de la dependencia, Ramírez Pineda expuso que los ingresos fueron mayores en 2 por ciento, con respecto de 2017 y alcanzaron 107 mil millones de pesos, pese a que el gasto fue mayor y alcanzó los 111 mil 200 millones de pesos, aunque igual se arrastra un déficit que tiene que ver con el pasivo heredado de casi 20 mil millones de pesos de otras administraciones.

Ramírez Pineda dijo que en este año se concluirán 12 obras abandonadas de unidades médicas y hospitales, con presupuesto asignado de 600 millones de pesos. También informó que hay más de 23 hospitales con más de 50 años de vida -es decir rebasan su vida útil- que requerirán sustituirse. Información sin maquillaje y ánimo de solución. Digo.

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Trabajo infantil, una cuenta pendiente en México

El trabajo tiene efectos devastadores sobre la salud, pueden comprometer su crecimiento normal, la exposición a sustancias químicas y a la radiación solar.

Cinthia Karina Estrada Bragado

SemMéxico. 25 de junio 2019.- Mario y Ana 6 y 12 años, hermanos, vendedores ambulantes en el centro de Coyoacán. La mirada de Mario refleja todo el amor que siente por Ana, como si estuviera dispuesto a aguantar cualquier cosa por ella, el sol, la lluvia, el trabajo.

Al percatarse de que los observan, se acerca una señora mayor, vendiendo cigarros, que anteriormente platicaba con un señor en moto, el cual nunca se va, aleja a los niños y desaparecen por un rato, no puedes platicar con ellos.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social integra la definición de trabajo infantil para México a partir de los indicadores de la Resolución de la Decimoctava Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo en Ginebra y nos dice que para el caso de México, el trabajo infantil se define como aquel que se da con la participación de una niña, un niño o adolescente en una actividad, remunerada o no, que realiza al margen de la ley, en muchas ocasiones en condiciones peligrosas o insalubres, o de violación a sus derechos, lo cual les puede producir efectos negativos inmediatos o futuros para su desarrollo físico, mental, psicológico o social, u obstaculizar su educación.

De acuerdo con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prácticamente todas las niñas, niños y adolescentes en el mundo llevan a cabo actividades de naturaleza familiar no remuneradas.

Según el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de OIT, al realizar este tipo de funciones, “los niños aprenden a asumir responsabilidades, a adquirir aptitudes y conocimientos culturales, al tiempo que ayudan a sus familias, incrementan su bienestar y en ocasiones sus ingresos. Así, los niños y adolescentes contribuyen a la economía familiar por medio de tareas en el hogar, o en cualquier otra labor ligera, generalmente alentada por los propios padres de los menores”.

¿Pero qué pasa con Ana y Mario? Hay muchos otros niños y niñas alrededor trabajando, la mayoría con sus padres se puede notar por la forma en que los protegen a pesar de estar trabajando. Lo único que Ana pudo decir fue “tengo 6, no podemos hablarte”. Al preguntarles si su mamá los regañaba Mario responde “ella no es mi madre” el tono en que lo dijo y mirar su rostro te erizaba la piel, a los 12 no puedes guardar tanto coraje.

Las autoridades de alrededor se niegan a hablar, no responden ningún tipo de pregunta, lo que te lleva a pensar que algo no está bien. Al regresar más tarde Ana ya no estaba ahí, solo Mario.

El trabajo no es en sí mismo negativo, sino que está en función de su contexto.

El trabajo infantil es un elemento que obstaculiza el desarrollo económico del país, como un círculo que no se puede romper. Si las niñas y niños no estudian, se convierten en adultos no preparados para el mercado laboral o estarán ocupando puestos poco calificados, por lo tanto, mal remunerados, y pocos llegan a pertenecer al mercado laboral formal. La mayoría están inmersos en el mercado informal o ni siquiera cuenta con un trabajo, muchos otros se encuentran cometiendo delitos para poder sobrevivir.

El trabajo infantil es una salida fácil e inmediata a la pobreza, pero es algo que a largo plazo se convierte en un factor generacional.

Omar, de 8 años, trabaja con su hermana de 15 en las calles de la Magdalena Contreras vendiendo fruta. Carga, acarrea, despacha, hace cuentas y es el niño más atento del mercado, sabe sumar, restar, multiplicar y cualquier cosa sobre las frutas que vende, pero no va a la escuela, no puede, ayuda a su madre que al parecer está dormida en alguna parte.

Después de la independencia, a pesar de la abolición de la esclavitud, el sistema económico colonial mercantilista obligaba a las familias pobres a mantener a las hijas e hijos trabajando para su sustento diario.

En el México independiente, con las Leyes de Reforma, se estableció un ordenamiento formal, contenido en el Artículo 33 del Estatuto Orgánico Provisional de 1857, modificado en 2014 en el Diario Oficial de la Federación decretando actualmente que:

La edad mínima en la que los niños están autorizados para trabajar es de 15 años quedando prohibida la utilización del trabajo de  los  menores que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos  de  excepción  que  apruebe  la  autoridad  correspondiente  en que  a  su  juicio  haya  compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

La administración de Enrique Peña Nieto trató de erradicar este problema con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018:

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, conforme a la Meta Nacional IV «México Próspero», contempla en su objetivo 4.3 «Promover el empleo de calidad», y establece como estrategia 4.3.2 «El promover el trabajo digno o decente, a través de diversas líneas de acción, entre las que destaca la encaminada a contribuir a la erradicación del trabajo infantil».

Desde la perspectiva de la OIT, son cinco los factores que causan el trabajo infantil y que están estrechamente relacionados. Los tres primeros (pobreza, educación y normas sociales) pueden vincularse con la oferta de mano de obra infantil e inducir a los progenitores a integrar a sus hijos en sus propios negocios, parcelas o granjas, o incluso en el mercado de trabajo. Los otros dos se relacionan con la demanda de trabajo infantil, ya sea de los negocios y granjas familiares o de otros tipos de empresas.

El trabajo tiene efectos devastadores sobre la salud, pueden comprometer su crecimiento normal, la exposición a sustancias químicas y a la radiación solar los afecta con más intensidad, dado que tienen menos defensas contra las enfermedades.

Además, son más vulnerables a las agresiones físicas, sexuales y emocionales, trabajar en un ambiente donde se sienten denigrados puede causar daños psicológicos.

También puede haber problemas de rendimiento escolar y hay altos índices de deserción y reprobación.

 “La violencia se ha normalizado en nuestro país. En el caso de los niños y niñas, son los seres más indefensos, hay una réplica de patrón, si a mí me lastimaron, por qué yo no puedo lastimarte a ti, a veces se ven obligados a hacerlo, por ejemplo, por encajar. Para ellos la violencia es la forma de amarse”, comenta Miriam Romero licenciada en psicología.

Además nos dice que:  “el menor que vive en vulnerabilidad tiene mucho que ver con el contexto social donde fue criado,  los niños que han sido violentados, por ejemplo, niños no deseados, ellos sienten ese rechazo, y nosotros como sociedad aportamos al mirar y ver que están sufriendo con indiferencia,  y por ende si los niños se sienten violentados ellos aprenden a violentar es una reacción innata, o aprenden a estar sin movimiento o quedarse pasmados, por este trauma que le dejan las cicatrices de los golpes o de las palabras, el desprecio,  podemos culpar a la familia pero nosotros como sociedad también tenemos responsabilidad”.

Se debe considerar a las niñas y a los niños como sujetos plenos de derecho, el trabajo infantil priva a los menores de su infancia y son actividades perjudiciales para su desarrollo físico y emocional además de que muchas veces se pone en riesgo la dignidad y la moral del niño, están más expuestos a desnutrición, y a ser víctimas de la violencia física, sexual y psicológica, ponen en riesgo la integridad del niño.

Según el Artículo 3 del Convenio núm. 182 de la OIT, las peores formas de trabajo infantil comprenden:

a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición. De siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados.

b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas.

c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes.

d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

En el mundo, niñas y niños son utilizados por personas adultas para el sexo o en imágenes (pornografía) o actuaciones sexuales. Se pueden comprar o vender para destinarlos al matrimonio, a la prostitución o a la esclavitud tanto en los países en desarrollo como industrializados.

También se secuestra y trafica con infantes, niñas y niños que se venden para ejercer la prostitución en países extranjeros. Se trafica con ellos por muchas razones, incluso el trabajo forzoso, y el reclutamiento de niños soldados y mendigos.

El trabajo infantil constituye un fenómeno de alcance mundial al que ningún país ni región es inmune, por lo que es necesario fortalecer las instituciones para identificar y atender los factores sociales de riesgo que lo propician, entre los que destacan la falta de acceso a servicios básicos; la carencia de vivienda digna y situación de calle; la desintegración familiar; la educación nula o deficiente y la deserción escolar; las adicciones y la falta de espacios públicos seguros, así como para proteger y garantizar los derechos inherentes a los trabajadores adolescentes

Es necesario que las familias tengan acceso a recursos para que no tengan la necesidad de exponer a los menores, se tiene que empezar por educar a los padres, la base de todo es la educación, para que pueda existir una transformación real en cuanto a la forma de pensamiento,  así estos podrían apoyar la educación de sus hijos, la educación incluye la erradicación de problemas como la deserción escolar, los robos de menores, el abandono del hogar y de los padres hacia sus hijos.

La jefa del departamento de derechos humanos en la Delegación Magdalena Contreras nos dice que, a falta de políticas públicas de atención a la infancia y la adolescencia, incrementan su vulnerabilidad.

 “No hay como tal un protocolo en el caso de los niños en situación de explotación laboral, pero existe un Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde viene una serie de estrategias que cada delegación debe seguir de acuerdo a la gravedad de la situación de personas indigentes, se renueva cada seis años y podemos encontrar un apartado dedicado a los niños. Nosotros en conjunto con otras instituciones tenemos la labor de diseñar políticas, creación de instrumentos, diseñar estrategias para desarrollar campañas, elaborar organizaciones de ayuda, entre otras cosas para el mejoramiento de cada delegación, lamentablemente muy poco se lleva a cabo e incluso desconocemos si hay algún tipo de presupuesto, quien lo recibe y si es así, cual es.”.

El trabajo infantil debe considerarse un problema social de interés general por eso es necesaria la implementación de políticas públicas

Al respecto Mauricio Merino maestro, investigador y doctor en Ciencia Política declara que visualizar el trabajo infantil como problema público requiere precisar, en primer término, que cuando se habla de problema no nos referimos “a una dificultad circunstancial que deba ser enfrentada sobre la marcha porque de no hacerlo, habría consecuencias legales […] lo que exige la hechura de una política pública es, más bien, una definición puntual de propósito de más largo aliento”.

Las políticas públicas por su parte constituyen actividades, decisiones o medidas tomadas por el Estado con la finalidad de resolver asuntos de interés nacional, que alcanzan el rango de problemas públicos, como en el caso del trabajo infantil. Problema que exige una política de Estado integral, proactiva e incluyente, que garantice a la población infantil el ejercicio pleno de sus derechos.

En nuestro país, el Gobierno de la República, establece por primera vez una política nacional para dar cumplimiento a la normatividad internacional y a lo estipulado en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. y 7o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los cuales precisan que en las decisiones y actuaciones del Estado deben prevalecer en todo momento la garantía de los derechos humanos y el interés superior de la niñez.

En este marco, se establece como uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta Nacional “México Próspero”: “Promover el empleo de calidad”; y como una de las estrategias, promover el trabajo digno o decente a través de diversas líneas de acción, entre ellas la encaminada a “contribuir a la erradicación del trabajo infantil”

Así como Ana y Mario hay muchos niños y niñas trabajando en las calles, soportando agresiones verbales y muchas veces físicas, incluso a veces de las propias autoridades, mismas que lejos de ayudar se convierten en un problema más en sus vidas.

 “Nos han quitado algunas pertenencias, cosas que vendemos, o cobijas que a veces tenemos porque vendemos de noche, que porque no podemos estar en ese lugar o cosas así nos dicen” cuenta Mario.

O niños como Omar que tan solo con 8 años han tenido que dejar la escuela para ayudar a sus padres, que los dejan solos en las calles sin darse cuenta de que están expuestos al peligro, sin saber con qué clase de personas se relacionan, que han tenido que pasar calores insoportables, fríos, e incluso hambre porque a su madre tal vez se les olvidó darles de comer o simplemente el dinero no alcanza.

 “Sí, ya tengo hambre, pero metemos el puesto a las seis, y hasta esa hora comemos, a veces esperamos a mi papá, a veces no llega. Sí ha llegado gente grosera, pero ni quien les haga caso ya estamos acostumbrados”.

La amenaza del feminicidio, una razón para huir del país de origen

Las posibilidades de decidir entre denunciar, buscar ayuda, mudarse dentro de un territorio que se compararía al tamaño del estado mexicano de Hidalgo, se reducen a prácticamente a una: huir del país.

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 25 de junio de 2019.- Debemos despojar la percepción de que la migración es un crimen y establecer que todas las personas en el mundo merecen un espacio físico, cultural, y político para florecer y vivir libremente señala Ana Puente Flores, tras advertir que hemos normalizado el encarcelamiento de personas inocentes.

En el contexto del encarcelamiento de la madre migrante, tanto en la frontera en México como en Estados Unidos, significa castigar a familias que huyen de contextos y estados feminicidas.

Precisó, que cuando la amenaza del feminicidio está siempre presente se convierte en una razón para huir del país de origen, y precisa que las múltiples formas de violencia en los estados feminicidas son públicas (violencia institucional y violencia contra las mujeres en la calle), privadas (en el hogar o en la comunidad) y permitidas por el Estado (política, militarización, despojo de tierras.

La especialista en política en violencia sexual del City College of New York, en su participación en el suplemento TODAS, del Instituto Nacional de las Mujeres, en la edición de junio, señaló que las fronteras hay que verlas como líneas imaginarias para entender a quien se está desplazando forzosamente y no como líneas que nos dividen por nacionalidad para poder ser críticos de la violencia que ejercen los Estados-nación.  

Puente Flores tuvo la oportunidad de incorporarse a una organización de auxilio legal a familias encarceladas durante la crisis de la separación de familias migrantes en el verano de 2018 en Estados Unidos.

Evidenció que la separación de las familias y en las llamadas perreras y hieleras, fue extremadamente traumática. Varias de las madres reportaron que al presentarse

con los oficiales de migración de EU les dijeron que no podían pedir asilo, que se fueran y que, si no se iban llamarían a la migra mexicana, que tiene peor fama que la estadounidense de dar trato inhumano a los migrantes.

Las madres migrantes y sus hijos fueron víctimas de violaciones de sus derechos humanos más fundamentales, como los son el derecho a una vida libre de violencia y no discriminación, y el derecho a pedir asilo, si estos no se cumplen. La gran mayoría sufrió violencia de pandillas y de género en sus países natales.

En México, sufrió extorsión en manos de grupos del crimen organizado, elementos de la policía y agentes de migración mexicana, para después llegar a Estados Unidos a ser encarcelados por el sistema de detención masiva de migrantes.

Si queremos apoyar el trayecto y la llegada segura de las familias, podemos establecer mecanismos de acompañamiento durante sus procesos, tanto en su camino como en las cárceles de migración, consideró.

Las mujeres, sus cuerpos un territorio más por el que las pandillas se disputan

A raíz de los recientes éxodos de personas centroamericanas a México, la información sobre la situación en Honduras, El Salvador y Guatemala ha fluido y se ha centralizado en la violencia causada por las pandillas.

Las mujeres, sus cuerpos, se vuelven un territorio más por el que las pandillas se disputan, lo que ha sido reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Los datos registran que en 2018 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) registró 7,112 solicitudes de asilo por parte de mujeres, destaca María José Juárez Becerra de la Casa del Migrante en Tijuana.

Mientras que Andrés Ramírez Silva de la COMAR, destaca cómo ha crecido el número de mujeres en búsqueda de protección internacional en nuestro país, huyendo de los horrores experimentados en sus países, y que en este contexto la mayor carga de las familias la han asumido las mujeres.

Que no es más que el patrón tradicional de sus países de origen, que se reproduce, acaso de manera más acentuada durante el trayecto de la huida; la llegada a México; las dificultades de acceso al procedimiento de la condición de refugiado y por avanzar en el proceso de integración en el país.

También los niñas, niños y adolescentes han aumentado en términos absolutos año con año y, aunque con un par de altibajos, también han ido incrementando su peso proporcional dentro del total de la población que solicita la condición de refugiado.

Ante este panorama destacó que los esfuerzos por facilitar el acceso al procedimiento de las mujeres embarazadas, cabezas de familia, no deben escatimarse, y garantizar su acceso a los servicios públicos incluida el área de salud sexual y reproductiva conforma un asunto de primordial importantes.

Es indispensable que la COMAR y otras instituciones relacionadas con la atención a las mujeres refugiadas desarrollen una perspectiva de género para garantizar la protección de las mujeres en condiciones de igualdad.

En lo que coincidió con María José Juárez de la Casa del Migrante en Tijuana que señala que la COMAR debe estar fortalecida para dar una protección internacional pertinente a las niñas y mujeres víctimas de violencia de género.

Resaltó los datos de la violencia contra las mujeres en Centroamérica; en Honduras se registró durante 2015, que más de 92% de las víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes, cuyas edades oscilaban entre los 10 a 19 años.

En El Salvador, solo 3 de cada 10 víctimas denuncian a sus victimarios, y en las denuncias de violaciones a menores de 15 años, las resoluciones de los jueces absuelven a los acusados mediante justificaciones en defensa del amor, de las costumbres de la sociedad o del anhelo de que víctima y victimario formen un hogar. Solo 1 de cada10 casos denunciados termina en condena.

Hay que considerar que, si una mujer queda embarazada tras la violación, en Honduras y El Salvador el aborto es penalizado en todas las circunstancias, mientras que en Guatemala el único tipo de aborto no penalizado es el que tiene el fin de evitar un peligro para la vida de la madre.

Las posibilidades de decidir entre denunciar, buscar ayuda, mudarse dentro de un territorio que se compararía al tamaño del estado mexicano de Hidalgo, se reducen a prácticamente a una: huir del país.