* Colectivos de Jalisco se unieron a la protesta global contra la desigualdad

* La violencia contra las mujeres debe parar, demandan

Analy S. Nuño 

SemMéxico, Guadalajara, Jal., 27 de enero 2019.- Con la principal exigencia de un alto a los feminicidios y la criminalización de mujeres, colectivos de defensa por los derechos de las mujeres en Jalisco se unieron a la protesta global contra la desigualdad. 

Reunidas en la Rambla Cataluña, el sábado pasado, las integrantes de las organizaciones emitieron un decálogo de exigencias al gobierno de Jalisco, organismos empresariales y autoridades locales. 

«La violencia contra las mujeres debe parar, y los gobiernos y el empresariado juegan un papel fundamental para hacerlo». 

El decálogo en el que hacen énfasis en que aspiran «a una vida plena y sin ataduras» se exige al Estado y empresarios que garanticen:

1. Salarios justos y derechos laborales. Más que un salario mínimo exigimos un salario justo, suficiente y prestaciones de ley. Exigimos un alto a la informalización y precarización laboral de las mujeres trabajadoras, y un pago igual por trabajo igual entre hombres y mujeres.

2. Valoración y protección social para el trabajo de cuidados. Exigimos sistemas de seguridad social no ligados a un salario, sino como un derecho constitucional para las mujeres que realizamos trabajos de cuidado.

3. Servicios de guardería y educación para nuestras hijas e hijos. Las niñas y niños de Jalisco merecen que la sociedad vea por ellas y ellos, y garantice su cuidado y educación universal de los 0 a los 12 años, para que las mujeres podamos ejercer nuestra libertad y autonomía y no que toda la responsabilidad de los cuidados recaiga en nosotras.

4. Apoyos para el transporte a jefas de familia. Las jefas de familia que viven en las periferias deben ser incluidas en los programas de MiTransporte y tener acceso a una tarifa reducida para un transporte seguro y eficiente, a fin de no comprometer la educación de sus hijas e hijos y facilitar su acceso a fuentes de empleo.

5. Acceso a vivienda adecuada y espacios públicos seguros. Exigimos que nuestro derecho a una vivienda adecuada sea garantizado conforme a los compromisos internacionales que ha suscrito el Estado Mexicano. La vivienda adecuada comprende la localización en fraccionamientos, barrios y colonias con acceso a equipamientos y servicios de calidad y fuentes de empleo cercanas, y con entornos seguros.

6. Justicia con perspectiva de género. El sistema de justicia nos discrimina y revictimiza; exigimos procedimientos y sentencias que cumplan con la obligación constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad, remediando las relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad, así como visibilizando la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la producción e interpretación normativa y en la valoración de hechos y pruebas.

7. Mecanismos de protección efectivos contra las violencias. Se debe reconocer, respetar y proteger la labor de las mujeres Defensoras de Derechos Humanos y Defensoras Comunitarias rurales e indígenas. Los refugios, órdenes de protección y sistemas de acompañamiento efectivos son fundamentales para garantizar la

integridad de las víctimas de violencia machista. Hoy estos mecanismos son inexistentes o poco efectivos cuando se tiene acceso a ellos, poniendo en riesgo a las mujeres que denuncian este tipo de violencia en el hogar o el trabajo.

8. Paridad en espacios de participación y representación. No queremos ver más mesas de trabajo, consejos, comités y paneles en donde las mujeres estén ausentes o subre-presentadas. Es imprescindible incorporar la perspectiva de mujeres en los espacios de comunicación, deliberación y toma de decisiones.

9. Igualdad de oportunidades. En México, el porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo es apenas la mitad que el porcentaje de hombre, y las mujeres tienen una participación mayor en el trabajo no remunerado que los hombres. La acumulación de desventajas para las mujeres tiene consecuencias que afectan directamente su formación, desarrollo y movilidad social, por ello, establecer medidas para evitar discriminación por roles de género es inaplazable.

10. Libertad para decidir sobre nuestros cuerpos. Exigimos que se respeten y garanticen nuestros derechos sexuales y reproductivos, para decidir libremente sobre nuestra maternidad y tener acceso a servicios médicos seguros.

Finalmente, los colectivos advirtieron que las mujeres quieren sentirse seguras, por lo que exigen un alto a la criminalización y feminicidios en Jalisco y en el país.

SEM/asn/sj

* En febrero más de 300 personas harán un rastreo al norte de Veracruz

* Donaciones en especie o dinero ayudará a quienes hagan la labor

Ana Alicia Osorio González

SemMéxico, Veracruz, 27 de enero 2020.- La Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas recolecta víveres y dinero, para poder hacer su labor en Poza Rica. 

Así lo informó, María Herrera, fundadora de Red de Enlaces Nacionales, quien explicó que la colecta se llevará a cabo en el Parque Juárez en Poza Rica y estarán recibiendo artículos no perecederos y material para las búsquedas como varillas, palas, picos, etcétera.

“Pueden ser víveres de origen no perecedero, necesitamos papel de baño, aceite, frijol, cubre bocas, palas, picos, varillas, machetes, para ir limpiando la maleza que encontramos a nuestro alrededor”, indicó. 

Explicó que la colecta se hará durante las siguientes semanas, desde las 09:00 de la mañana hasta las 06:00 de la tarde; pero, además, pueden llevar los víveres a las iglesias de la zona.

También la brigada inició una campaña de fondeo a través de internet, por lo que las personas que quieran cooperar con la búsqueda lo pueden hacer en este link https://tinyurl.com/donaYA 

Del 7 al 22 de febrero iniciarán la búsqueda en la región norte del estado, tanto de fosas clandestinas como en vida de personas desaparecidas y que podrían estar en hospitales y reclusorios de la zona.

Herrera explicó que se tiene registrada la llegada de 300 personas que acudirán de diferentes partes del país, cifra que podría aumentar debido a que muchas acuden una vez que inician la búsqueda y no se registran de manera previa. 

Aseguró que este es un intento de encontrar a sus seres queridos y a las miles de personas desaparecidas en el país. 

En paralelo, en esta ocasión llevan actividades a diversas escuelas donde les muestran a los y las estudiantes de manera amena la situación que viven las personas que tienen familiares desaparecidos y actividades de prevención de la violencia. 

La fundadora de Red de Enlaces Nacionales afirmó que sumado a la ayuda que necesitan para poder hacer las búsquedas, requieren de apoyo para los transportes de quienes acuden a la región. 

“Hay personas que dejan su familia en condiciones de verdad que dan tristeza por venir a apoyar a sus seres queridos y hay que apoyarles con su pasaje, y a su vez dejarles algo, para que la familia pueda sustentarse en la ausencia”, señaló. 

SEM/aaog/sj

* Inició en Chile, la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer

* Llaman a proteger a defensoras de derechos humanos, en informe alternativo

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 27 de enero 2020.- Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben firmar y ratificar todos los convenios y tratados internacionales de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y adoptar medidas urgentes para proteger y garantizar la seguridad de las mujeres defensoras de derechos humanos, hoy perseguidas, violentadas y criminalizadas en sus países de origen.

Estas son algunas de las recomendaciones que el Informe Alternativo de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe planteó a la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que inició hoy, en Santiago de Chile.

Piden eliminar toda forma de represión de los reclamos populares pacíficos que implican violaciones de Derechos Humanos y erradicar las violaciones de mujeres y niñas como formas represivas usadas por las fuerzas de seguridad.

Las organizaciones civiles, redes de mujeres y feministas de la región hicieron este informe como una aportación, y valoran de avances y retrocesos, así como deudas y desafíos relacionados a la igualdad de género y la plena garantía del ejercicio de derechos de mujeres y niñas que la Plataforma de Acción Beijing planteó hace 25 años.

3 mil 527 mujeres han sido víctimas de feminicidio en América Latina

Frente a la realidad recomiendan que se formulen compromisos específicos, asignen presupuestos suficientes y sensibles al género, y refuercen las políticas públicas de igualdad de género para erradicar las múltiples formas de violencia de género étnico/raciales, específicamente, en la prevención de la violencia sexual y los femicidios/feminicidios, facilitando el monitoreo social, la transparencia y la rendición de cuentas.

Piden que los gobiernos reconozcan al femicidio/feminicidio como delito, incluyendo los de poblaciones vulnerables e invisibilizadas, como los transfemicidios. Modifiquen los marcos normativos e implementen justicia especializada que garantice investigaciones y juicios con perspectiva de género, y erradiquen la impunidad mediante la sanción a los agresores y la protección de hijos e hijas de las mujeres asesinadas y de las personas a cargo de las cuales quedan los niños/as, asegurando sus derechos y la no convivencia con el femicida/feminicida y su familia.

Destacan que América Latina y el Caribe es la región con los mayores índices de femicidios y de inseguridad que experimentan las mujeres. Información oficial para 24 países de América Latina y el Caribe, que consideran los femicidios de manera heterogénea, muestra que al menos tres mil 527 mujeres han sido víctimas de femicidio en 2018.

La reparación judicial es escasa ya que el 98 por ciento de los crímenes quedan impunes y poco accesible, en especial para las mujeres indígenas. Por ejemplo, las mujeres indígenas víctimas de violencia enfrentan limitaciones graves para el acceso a la justicia debido a barreras idiomáticas y ausencia de intérpretes, y en los casos que se produce, es tardía.

Los operadores judiciales, de las fuerzas de seguridad y sanitarios están atravesados por estereotipos y prejuicios de género que revictimizan a las mujeres y les niegan el acceso a la justicia y a la debida protección, poniendo en riesgo, muchas veces, su seguridad.

La violencia digital o ciber acoso se presenta como una extensión de la violencia estructural que viven las mujeres en el hogar y en los espacios comunitarios, donde la respuesta institucional para atender y sancionar estas formas de violencia es deficiente. En Chile, por ejemplo, afecta al 88 por ciento de las mujeres. En México, las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia son la primera barrera para desestimar amenazas cibernéticas por su carácter virtual.

Las mujeres sobrevivientes de violencia cibernética han impulsado reformas legislativas, logrando que trece estados incluyan sanciones, tipificándolo en doce como figura penal.

La paridad sigue siendo una aspiración en la toma de decisiones

Demandan que se reafirmen el estado social de derecho y la promoción de los derechos humanos y aseguren la participación paritaria y representación de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural y política.

Piden igualmente se incluyan la paridad vertical y horizontal y la alternancia en la participación en todos los ámbitos de la vida política, acelerando la inclusión de mujeres en posiciones de toma de decisiones, reconociendo los aportes de las defensoras de derechos humanos, incorporando en los marcos legales sanciones para el acoso político y erradicando las limitaciones para la participación política que enfrentan de manera especial mujeres indígenas, afrodescendientes, trans, con discapacidad, entre otras.

Consideran que la paridad sigue siendo una aspiración, ya que las mujeres siguen siendo una minoría en los lugares de toma de decisiones, aun cuando la participación de las mujeres en la política y el acceso a cargos públicos registra aumentos desde hace dos décadas.

En los poderes legislativos, los avances se han producido alentados por medidas como la ley de cuotas. Sólo 10 países de la Región han sancionado normas paritarias, con distintos alcances respecto de los cargos y niveles de gobierno involucrados. Entre ellos México.

En la arena mundial, la Región presenta los valores más altos, con un promedio en 2018 de 29,8 por ciento de participación femenina en cámaras únicas o bajas; aun cuando el Caribe sólo tiene un 19.5 por ciento. A nivel regional, el promedio de mujeres en legislativos locales es del 29.6 por ciento.

El promedio de participación femenina en los máximos tribunales de justicia en la Región es de 32,1 por ciento en 2018, aunque en varios países no hay. Esto también se observa en sindicatos, empresas privadas y medio de comunicación.

En las instituciones de micro finanzas en la Región, las mujeres representan el 53 por ciento de las empleadas; sin embargo, en promedio solo ocupan el 31 por ciento de los puestos de influencia en las juntas directivas y apenas un 18 por ciento de las presidencias de estos directorios.

Para estados que aún no los hacen, exigen que se ratifiquen el Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, adopten, en diálogo intercultural, las medidas necesarias para la implementación de la consulta previa, garantizando la participación libre e informada de las mujeres en las políticas y programas públicos que las afecten; e implementen la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Las recomendaciones

Recomiendan que se afirmen la laicidad del Estado para fortalecer la democracia y el desarrollo ecológico y sostenible.

Que ya firmen y ratifiquen todos los tratados que consagren los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas del sistema universal y regional como la CEDAW y su Protocolo Facultativo y la Convención de Belém do Pará, y cumplan con los compromisos asumidos por los Gobiernos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Plataforma de Acción de Beijing y otros, adecuando su legislación

Garanticen entornos seguros para las mujeres y niñas/os que viven en contextos de conflictos políticos; y acaben la exposición de ellas y sus hijas/os a la violencia estatal, de grupos armados y de las redes de trata, salvaguardando su integridad y sus vidas.

Eliminen la desigualdad estructural del mercado laboral, promoviendo la plena inclusión de la diversidad de mujeres, a través de políticas de acción afirmativa para reducir la segmentación laboral (vertical y horizontal), y erradicar el impacto diferencial de la subocupación horaria, el desempleo y la precariedad en laboral.

Eliminen la brecha salarial y laboral de las mujeres, garantizando el acceso al trabajo decente en áreas de mayor producción, mejorando el acceso a formación y desarrollando sistemas integrales y universales de cuidado y promoviendo la corresponsabilidad del cuidado, la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y otras medidas concretas.

Ratifiquen el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para trabajadoras y trabajadores domésticos y la recomendación 201 para equiparar sus derechos y asegurarles el goce de todos los beneficios de la protección social. Así también adecúen su legislación interna y adopten políticas para el cumplimiento de estas.

De igual forma que ratifiquen el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo y la Recomendación 206 para garantizar el derecho de toda persona al trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.

Promuevan plataformas y redes tecnológicas de fácil acceso a las personas en situación de pobreza, para propiciar competencias y capacidades que les permitan avanzar en la superación de las brechas de marginalidad y pobreza, especialmente a las mujeres, niñas y jóvenes afrodescendientes, indígenas y con discapacidad, entre otras que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Eliminen las barreras legales y socioculturales para garantizar a las trabajadoras informales y por cuenta propia el acceso a la Protección Social Universal, incluyendo a las mujeres migrantes, trabajadoras sexuales, indígenas, afrodescendientes, mujeres que viven con VIH, con discapacidad, entre otras que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En materia de conservación, protección y rehabilitación ambiental  demandanse ratifiquen y cumplan el Acuerdo de París de Cambio Climático; y aprueben normas internas y políticas con perspectiva de derechos humanos y género para la atención del impacto del cambio climático.

Legislen y penalicen a quienes no cumplan con la protección de los bosques y promuevan la tala indiscriminada o ilegal para la explotación agrícola/ganadera/minera u otra, con el consiguiente desalojo forzado de mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y rurales de sus territorios

SEM/em/sj

* En la Caminata que salió de Cuernavaca hasta la CDMX ellas hablaron

* No olvidan, que no se cansan y no pierden la esperanza, a pesar de la omisión de las autoridades

Estrella Pedroza 

SemMéxico, Cuernavaca, Mor., 27 de enero 2020.- Ellas, las madres, esposas, hermanas e hijas se hicieron visibles en la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz que salió el pasado jueves de esta ciudad y que concluyó el pasado domingo en la capital mexicana a las puertas del Palacio Nacional.

La caminata, convocada por el poeta Javier Sicilia, líder moral del Movimiento por la Paz con Justicia Dignidad (MPJYD), ocurrió a nueve años de que la voz de las víctimas y su dolor fueron visibilizadas con la Caravana por la Paz.

Desde el asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta, hasta ahora nada cambio siguió la violencia, las muertes y desapariciones. A esta nueva caminata se unieron víctimas directas de esa violencia, los más visibles la familia LeBarón, quienes el pasado 4 de noviembre, en Bavispe, Sonora, fueron víctimas de un ataque en el que tres mujeres y cuatro niñas y niños fueron masacrados.

Adriana LeBarón y hermana mayor de Rhonita -víctima de la masacre Bavispe-, al frente del contingente, recibieron el saludo de padres y madres de los 43 jóvenes normalista desaparecidos de Ayotzinapa, donde expresaron apoyo para las familias que caminaron por cuatro días.

Al realizar el pase de lista, Adriana LeBarón se mostró conmovida.

En entrevista, dijo que “me duele que cada número que se dijo es una persona con toda una familia y toda una historia rota”.

Tras el asesinato de su hermana y sobrinos, tiene claro que necesita trabajar para regresar la paz y de nuevo vivir sin miedo.

Las victimas después de la Caravana por la Paz

Tatiana Téllez Sáenz, estudiante de medicina forense, desapareció la noche del 10 de enero del 2019 en Matamoros Tamaulipas. Su madre, Ángeles Sáenz, señala que cumplió un año de buscarla y no hay rastro ni respuesta de las autoridades.

La última vez que Tatiana fue vista salió de casa de una de sus hermanas, tras concluir una cena de cumpleaños “se despidió y tomó camino  para la casa pero nunca llegó”.

Ángeles, no ha parado de buscarla y viajó desde Tamaulipas, “Porque quiero paz y encontrar a mi hija.

Sandra Jazmín Luna Campos, viajó junto con sus tres hijas hasta Cuernavaca y recorrió más de 18 kilómetros, porque quiere visibilizar la desaparición de su esposo Juan Serafín Hernández, un elemento de la Policía Federal.

El 12 de marzo del 2018, a sus 36 años, desapareció en Pachuca, la capital del estado Hidalgo, donde cumplió una comisión de tres días.

“Esa noche hablamos por última vez y me dijo que al otro día regresaría temprano, pero eso nuca pasó”, destacó.

Después de toparse con pared con los jefes de Serafín y con las autoridades ante las que presentó una denuncia por desaparición, no le queda más que sumarse a las acciones de sociedad civil.

Pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el templete colocado en el zócalo capitalino, ayuda para encontrarlo, “sus hijas lo necesitan, yo lo necesito y sus padres también”, dijo.

Sobre Reforma caminaron juntas Nancy Aurora Hernández y Maricruz Córdoba, amabas originarias de Tlaxcala. Las dos buscan a sus esposos.

Benjamín Mendoza Cauhantzi –de 37 años- e Ignacio Márquez García – de 33 años-, los dos trabajadores de la empresa de autobuses Atah. Desaparecieron el 16 de diciembre del año pasado, mientras realizaban un servicio privado para un grupo pasajeros de República del Congo que se dirigían a Ciudad Acuña. Lo único que saben es que el autobús fue retenido en Tamaulipas.

Los pasajeros y el autobús fueron encontrados, pero de Benjamín e Ignacio nada se sabe. La empresa se deslindó y no las ha apoyado en nada. Pidieron que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República.

Daniela Mariana Montaño Moreno, de 23 años de edad, fue asesinada afuera de las oficinas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores, ubicada en Avenida Cuauhtémoc en Ciudad de México, ella estaba por subir a su auto cuando dos tipos le dispararon y huyeron.

“Ninguna autoridad a resuelto nada, no hay detenidos aunque uno de los hombres fue captado por una cámara, seguimos sin tener justicia”, expresa su padre José Montaño Campos, durante el mitin realizado este domingo al llegar la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz.

Él también ha dirigido una carta para López Obrador y tampoco ha tenido respuesta.

Las víctimas previo a la Caravana por la Paz

María Alicia Guillen Hernández, originaria de Chiapas, busca desde el 2012 a su pequeño Eduardo Meza Guillén, quién despareció 21 de enero de ese año.

“Mi hijo estaba jugando con sus canicas en la baqueta que está afuera de la casa y solo quedaron sus canicas”, dijo.

Una mujer, que se mudó a vivir cerca de su casa, es una de las principales sospechosas, “varios vecinos la vieron, días antes, ofreciéndole una paleta y ese día que desapreció la vieron hablando con él”, recuerda.

Dice que se sumó a la Caravana por la Paz, hace nueve años, con la esperanza de que las autoridades dieran respuesta y le ayudaran a encontrar a su hijo pero nada pasó.

Nuevamente caminó a lado de Sicilia, “porque no pierdo las esperanzas de que nos escuche López Obrador y nos ayude”, clama.

Joaquín García, fue asesinado el 7 de agosto del 2010, en el entonces Distrito Federal, su madre Teresa Carmona, no ha parado de exigir justicia, pero solo se ha topado con desinterés de las autoridades.

Hoy, como en el 2012, caminó nuevamente con Sicilia porque “no se puede aceptar un país con guerra, con muerte e inseguridad y con autoridades omisas”, dice.

Mientras caminó en el trayecto de Cuernavaca a la Ciudad de México, albergó la esperanza de ser recibidos por el Presidente de México.

Familiares de víctimas de desapariciones y/o asesinatos ocurridos en sexenios anteriores y en la actual, viajaron desde sus lugares de origen, gastaron lo que no tienen, en busca de la verdad, tienen necesidad de saber qué pasó con sus seres queridos; exigen justicia para quienes fueron asesinadas o asesinados, desaparecidos o desaparecidas, y paz, porque ya no quieren más guerra.

SEM/ep/sj