Gloria Leticia Díaz /Foto: Eduardo Miranda

SemMéxico/Proceso (Apro) Ciudad de México. 05 de febrero 2020.-  Ante la amenaza de eliminar el feminicidio como un delito y mantenerlo como agravante en el homicidio de una mujer, como lo propone el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) consideró que eso “no sólo sería una acción regresiva, insensible y contraria a los estándares y recomendaciones en la materia, sino que echaría por la borda la histórica lucha de las madres y familiares de víctimas de feminicidio en México”.

Tras recordar que en el país se mantiene un ominoso promedio de 10 mujeres asesinadas al día, y que 99% de los casos permanecen en la impunidad, el OCNF, que suma a 43 organizaciones defensoras de derechos de las mujeres en 24 estados del país, dijo que no es válido el argumento del fiscal sobre “la dificultad que tiene el Ministerio Público para acreditarlo”.

Y es que ese fue el razonamiento que el fiscal dio a diputados federales de Morena en una reunión plenaria realizada el pasado 28 de enero.

El OCNF reprobó que, en su iniciativa de crear un Código Penal Nacional Único, Gertz Manero pretenda eliminar un tipo penal sin un diagnóstico previo realizado entre las fiscalías y procuradurías locales, ya que “el feminicidio es generalmente un delito del fuero común que no es investigado y judicializado” por la Fiscalía General de la República (FGR).

El OCNF precisó que la tipificación de feminicidio “responde a los resolutivos de Campo Algodonero dictada contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, al demostrarse la negligencia en la investigación de las muertes violentas de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y lo que existe –subrayó– “son discrepancias normativas en la tipificación del feminicidio en los estados y resistencias para investigar como posibles feminicidios las muertes violentas de las mujeres”.

No es que no haya dificultades para la acreditación del delito de feminicidio, sino que las instancias de procuración de justicia se han resistido a seguir el protocolo de actuación marcados en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Mariana Lima Buendía, caso que se abrió por suicidio y posteriormente se ordenó que se reabriera e investigara como feminicidio, abundó.

Más aún, en sus últimos informes sobre la implementación del tipo penal, de 2014 y 2018, el OCNF “ha documentado la existencia de una ruta de impunidad que inicia desde las primeras diligencias y los primeros respondientes; la falta de debida diligencia de peritos, policías y ministerios públicos, y la ausencia de sanciones a las y los servidores públicos por acción y omisión”.

Esos factores obstaculizan el acceso a la justicia para las víctimas, que “culminan con criterios judiciales que adolecen de perspectiva de género, invisibilizan la violencia contra las mujeres, culpabilizan a las mujeres y sus familias de la violencia de la que son víctimas y/o justifican a los agresores con penas o argumentos criminalizantes”.

De acuerdo con la organización de defensa de las mujeres, la justificación de Gertz Manero “no es más que una afirmación falaz y sin sustento práctico”, resaltando que existen sentencias condenatorias por ese delito, como en los casos de Lesvy Berlín Rivera Ochoa, en la Ciudad de México; de Emma Gabriela Molina Canto, en Yucatán, y de Alicia Díaz González, en Nuevo León, en los que “se logró acreditar las razones de género a través de investigaciones con pruebas científicas, objetivas y con perspectiva de género”.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio puso como ejemplo el estado de Nuevo León, donde la Fiscalía General de Justicia ha logrado judicializar como probables feminicidios el 50% de los crímenes de mujeres, en 23% de los cuales ha obtenido una sentencia condenatoria (30 entre marzo de 2018 y diciembre de 2019), “lo cual demuestra que con voluntad política para garantizar la debida diligencia y perspectiva de género en las investigaciones se pueden acreditar razones de género del delito de feminicidio y reducir la cifra de impunidad, que a nivel nacional en oscila en 99% de los casos”.

De igual manera, advirtió que la tipificación del delito de feminicidio no sólo responde a una sentencia internacional, sino que forma parte de la lucha de familiares de víctimas desde los años noventa en Ciudad Juárez y se extendió a todo el país, logrando que “con el dolor a cuestas” el feminicidio “sea nombrado, tipificado, investigado y sancionado, con el único fin de encontrar justicia para nuestras hijas”.

Las organizaciones que conforman el OCNF lamentaron “la falta de sensibilidad, la ausencia de perspectiva de género y cómo la grave problemática que acaba cada día con la vida de 10 mujeres no es una prioridad para las autoridades, y que antes de la garantía de los derechos de las mujeres se pondere la rapidez y la practicidad, lo que es contrario a la necesidad urgente de una política para erradicar este delito de raíz”.

En su pronunciamiento apuntaron que los retos que enfrentan estriban en la falta de capacitación para acreditar el feminicidio; el desconocimiento de las razones de género, que en conjunto “no puede ser un pretexto para dejar aún más en la indefensión a las mujeres en México, y visibilizar este crimen de odio que cada día prevalece y se agudiza”.

En ese sentido, el OCNF urgió a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como a la FGR y a las fiscalías estatales, incluir el delito penal de feminicidio “de manera autónoma y con razones de género objetivas” en el Código Penal Nacional Único, y tomar en cuenta los aportes de la sociedad civil, de la academia y de expertas en el tema para dicho código y las modificaciones que deban hacerse al Sistema de Justicia Penal, “garantizando los estándares internacionales en la materia”.

Exigió a las autoridades de procuración de justicia dejar de “invisibilizar la violencia feminicida y el feminicidio”, y que homologuen los protocolos de investigación del delito de feminicidio atendiendo a estándares nacionales e internacionales, de manera particular implementando la sentencia del caso Mariano Lima, “para revertir el contexto de impunidad que aún persiste para la acreditación del feminicidio en México”.

Finalmente, demandó la revisión de las investigaciones de muertes violentas de mujeres, “con el fin de identificar las fallas en la acreditación del tipo penal que conlleva a la impunidad de los casos” en las instancias de procuración de justicia estatales, y que “se inicien investigaciones y se sancione a las y los servidores públicos (policías de investigación, peritos y agentes del Ministerio Público) encargados de las investigaciones de feminicidios, que por sus acciones y omisiones han obstaculizado el acceso a la justicia para las víctimas”.

SEM/Agencia Proceso (apro)

Patricia Briseño

SemMéxico. OAXACA, Oax.5 de febrero de 2020.- Guadalupe Díaz Pantoja, dirigente de Confederación Libertad de Trabajadores de México, que afilia a operadores de taxis, mototaxis, tráileres y camiones de acarreo de material pétreo se recupera de las heridas provocada por disparos de proyectil recibidas durante un presunto ataque armado ocurrido  en la víspera en la ciudad de Oaxaca.

La gremial informó, a través de su cuenta en la red social Twitter, que la lideresa y ex candidata a diputada local del Partido Mujeres Revolucionarias está fuera de peligro, y convalece favorablemente, luego de ser lesionada con arma de fuego.

El mensaje va sustentado con la fotografía de la líder, y pide a sus agremiados a “mantener la calma” y no bloquear las calles de  la ciudad de Oaxaca, a la vez que advierte que “junto con la dirigencia estatal y nacional se acordarán acciones ante este cobarde ataque”.

Por su lado, la Policía Estatal informó que en la víspera atendió reportes de la presencia de personas armadas (presuntos escoltas) en la zona norte de la ciudad de Oaxaca, y al acudir al llamado, los sospechosos los recibieron a balazos, por lo que los uniformados repelieron esta agresión.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública precisó que durante los hechos se aseguraron vehículos que fueron abandonados, mismos que se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Respecto a las lesiones de una mujer, identificada posteriormente como Guadalupe Díaz Pantoja, la corporación aseguró que se desconocía que estuviera en el lugar.

También reportó que personal de Seguridad Pública está a cargo del resguardo de la clínica  donde la ex aspirante a legisladora convalece.

Mientras tanto, el fiscal del estado, Rubén Vasconcelos Méndez confirmó que la institución inició la  carpeta de investigación correspondiente, a pesar de que la afectada no ha declarado sobre los hechos donde resultó lesionada.

• Pese a incremento de feminicidios, ni siquiera hay indicadores para evaluar acciones de AVG

Analy S. Nuño

SemMéxico. Ciudad de México. 5 de febrero de 2020.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denuncio omisión, negligencia y trabas por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el gobierno de Jalisco para evaluar las acciones de la Alerta de Violencia de Género y avanzar en la implementación de las medidas.

María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF explicó que tras los acuerdos tomados desde la instalación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) para dar seguimiento a las medidas de la AVG emitida en noviembre de 2018, solamente ha habido dos reuniones formales como grupo y aunque se ha intentado avanzar en los indicadores la CONAVIM ha detenido los procesos.

“Dijimos, seamos serias y generemos los indicadores que ya casi a un año no los hay, para que evaluemos al estado, hagamos algo bien para que el resultado pueda generar cómo tiene que mejorar si no, no vamos a servir, pero CONAVIM nos empezó a obstruir y al día de hoy no tenemos los indicadores. El gobierno con eso también se ha agarrado para tampoco avanzar aunque ya hay una propuesta nuestra desde el año pasado. Lo propusimos a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, lo hablamos con gobierno, parece que no ha habido resonancia. Nosotras no podemos estar jugando, estamos preocupadas, ya hubo un incremento (de feminicidios) en todo el país, las alertas no son para tenerlas de adorno son para demostrar avances y disminuir la violencia”.

Explicó el gobierno estatal encabezado por Enrique Alfaro Ramírez ha mostrado resistencia permanente a la evaluación de resultados con indicadores cualitativos, lo que propicio que la Comisión Nacional determinara desde noviembre pasadoestablecer sus propios indicadores generales, sin embargo, hasta ahora no los ha presentado. Esto ha generado entre las organizaciones peticionarias de la AVG extrañamiento y preocupación por el incumplimiento de los acuerdos tomados por el GIM.

“CONAVIM no está cumpliendo, CONAVIM es la primera que violento y esto sí quiero que quede claro, CONAVIM violento el acuerdo firmado por las peticionarias, el grupo de trabajo, académicas, las que forman parte y el gobierno de que, en 10 días, en octubre ya tendríamos una revisión y ya para que ya tuviéramos los indicadores. Esto ha propiciado que el propio gobierno se relaje y no este haciendo las acciones de la alerta y no estemos avanzando, la autoridad no quiere indicadores cualitativos solo cuantitativos, la primera resistencia es que ellos no aceptaban que hubiera el indicador cualitativo sino solo cuantitativo. No vemos claridad en su compromiso en materia de avanzar en la alerta. Necesitamos que la autoridad entienda, primero que la alerta tiene que ser evaluada”.

Estas omisiones fueron notificadas formalmente en noviembre pasado por la CONAVIM: “a 436 días de emitida, no existen avances en la implementación de las medidas dictadas, ni transparencia sobre las medidas implementadas, tampoco existen indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan medir los avances y obstáculos para cumplimentarlas; mucho menos, acciones eficaces para garantizar el cese de la violencia feminicida en el estado”.

Para el OCNF la omisión y negligencia, agrava cada día la situación de inseguridad y vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes en Jalisco, pues de acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía General de Jalisco, de enero a diciembre de 2019 se cometieron 285 asesinatos de mujeres, de los cuales solamente 57 son investigados como feminicidio.

Además, según la información proporcionada al OCNF, el 40 por ciento de las mujeres sufrieron heridas con arma blanca, golpes con objetos contundentes y quemaduras, mientras que un 12 por ciento fueron asesinadas con arma de fuego.

En el 80 por ciento de los casos las autoridades desconocen la relación de la víctima con el victimario, “lo que hace permisible la impunidad”. La mayoría de las mujeres asesinadas, tenía entre 18 y 40 años de edad.

Los municipios con mayor número de feminicidios registrados en la entidad en 2019 fueron: Guadalajara, Tlajomulco de Zuñiga, Zapopan y Puerto Vallarta. Los cuatro incluidos en la AVG.

La coordinadora del OCNF adelantó el gobierno convocó a las organizaciones peticionarias de la AVG a 11 mesas de trabajo para tratar todos los temas durante febrero, no obstante a su parecer esta convocatoria se hace “sin pies y sin cabeza, las mesas no se generan así, eso es desgaste, no se han generado las formas de cómo se debe evaluar y Jalisco tiene un problema grave de la violencia feminicida”.

“Estamos en la mesa pero no somos simuladoras, lo que queremos es avanzar y apelamos a que el gobierno de Alfaro entienda que van a ser evaluados. Los datos expresan la gravedad de Jalisco yno está generando condiciones ni el gobierno de Alfaro ni la CONAVIM que no está siendo un ente que coordina”.

En ese sentido, las organizaciones peticionarias (OCNF, Católicas por el Derecho a Decidir y Justicia, Derechos Humanos y Género) exigen:

A la CONAVIM:

• Ordene las acciones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos de referencia, respecto al proceso de cumplimiento de las medidas derivadas de la DAVG por violencia de género en la entidad, que permitan la implementación adecuada del mecanismo.

• Haga públicas las acciones que ha emprendido para la implementación de las medidas realizadas por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario en el marco de la AVG.

• Impulse y haga públicos los indicadores para la evaluación del cumplimiento de las medidas dictadas por la AVG para salvaguardar la vida e integridad física de las mujeres jaliscienses.

Al Gobierno del Estado de Jalisco y a los gobiernos municipales:

• Haga públicas las acciones que ha realizado para la implementación de las recomendaciones realizadas a las autoridades estatales, en el marco de la AVG; así como la transparencia de los recursos destinados para ello.

SemMéxico/Billie Parker Noticias. Veracruz. 04 de febrero 2020.- La iglesia católica y sus grupos religiosos han escalado su oposición al matrimonio igualitario a un nivel de violencia contra mujeres que se analiza si podría configurarse violencia política en razón de género.

Hay dos figuras que desde el púlpito mediático en Veracruz han sido constantemente desacreditadas por su labor en favor de las mujeres y los derechos igualitarios. Y en las últimas semanas la violencia fue verbal y física contra la diputada de Veracruz y su equipo. Ellas son la Secretaría de Gobierno Olga Sánchez Cordero y la diputada local de Morena Mónica Robles.

“La violencia política en razón de género forma parte de una expresión de la discriminación hacia las mujeres, es realizado por una persona, por sí misma o a través de terceros, que viola los derechos de las mujeres, y que tiene como resultado impedir su participación en las mismas condiciones que los hombres en la vida política, social, económica y cultural en el ejercicio de la representación política, para impedir o restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, de sus principios y de la ley”, se lee en la gaceta de la reforma al artículo 396 del Código Electoral.

Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 04 de febrero de 2020.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), red ciudadana conformada por 43 organizaciones en 24 estados del país, manifiesta inadmisible y como un grave retroceso la intención del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de eliminar el tipo penal de feminicidio para redefinirlo como agravante del homicidio, en el marco de la iniciativa de creación de un Código Penal Único en México.

De acuerdo con información hecha pública por las propias diputadas federales, el pasado miércoles 28 de enero de 2020, en la reunión plenaria realizada entre el Fiscal General y las diputadas/os del  Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Gertz Manero externó la intención de eliminar el tipo penal de feminicidio, argumentando la dificultad que tiene el Ministerio Público para acreditarlo.

“Sin embargo, la propuesta de Gertz Manero NO responde a un estudio diagnóstico previo, que haya identificado los obstáculos en la acreditación del delito por parte de todas las Procuradurías y Fiscalías de Justicia del país, que justifique dicha propuesta. Además, la Fiscalía General de la República NO cuenta con elementos para sostener esa valoración, principalmente, porque el feminicidio es generalmente un delito del fuero común, que no es investigado y judicializado por dicha instancia” señala el OCNF en un comunicado.

Como ha demostrado el OCNF en sus últimos informes sobre la implementación del tipo penal de feminicidio en el país (Informes 2014 y 2018), existen discrepancias normativas en la tipificación del feminicidio en los estados, y resistencias para investigar como posibles feminicidios las muertes violentas de mujeres, como lo marca el estándar de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de  Mariana Lima Buendía, el cual fue investigado en un inicio como suicidio y posteriormente la SCJN ordenó que se reabriera y se investigara como feminicidio.

Adicional a los tipos penales de difícil acreditación y a las resistencias de las Procuradurías y Fiscalías para iniciar las investigaciones como posibles feminicidios, se ha documentado la existencia de una ruta de impunidad que inicia desde las primeras diligencias y los primeros respondientes, en la falta de debida diligencia de peritos, policías y ministerios públicos, ausencia de sanciones a las y los servidores públicos que por acción y omisión obstaculizan el acceso a la justicia para las víctimas, y que culmina con criterios judiciales que adolecen de perspectiva de género, invisibilizan la violencia contra las mujeres, culpabilizan a las mujeres y sus familias de la violencia de las que son víctimas y/o justifican a los agresores con penas bajas o argumentos revictimizantes.

“La justificación del Fiscal General de la República sobre las dificultades del Ministerio Público para acreditar el delito, no es más que una afirmación falaz y sin sustento práctico. Prueba de ello son las sentencias que se han obtenido por este delito, siendo paradigmáticas las recientes sentencias condenatorias en los casos de Lesvy Berlín Rivera Ochoa en la Ciudad de México, Emma Gabriela Molina Canto en Yucatán y Alicia Díaz González en Nuevo León, en los que se lograron acreditar las razones de género, a través de investigaciones con pruebas científicas, objetivas y con perspectiva de género”.

Un ejemplo positivo, señalan, es el estado de Nuevo León, en el que según cifras proporcionadas al OCNF por la Fiscalía General de Justicia del Estado, al iniciarse las investigaciones como probables feminicidios, se ha logrado judicializar el 50% de los casos y obtener una resolución condenatoria en el 23% de ellos, obteniendo 30 sentencias entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, lo cual demuestra que con voluntad política para garantizar la debida diligencia y perspectiva de género en las investigaciones se pueden acreditar las razones de género del delito de feminicidio y reducir la cifra de impunidad, que oscila a nivel nacional en el 99% de los casos. 

“El reconocimiento y tipificación del delito de feminicidio es resultado de la lucha de mujeres, madres y familiares de víctimas de feminicidio, académicas feministas y defensoras de derechos humanos que visibilizamos esta grave problemática desde los años 90’s en Ciudad Juárez y posteriormente en todo el país”. 

La tipificación responde a los resolutivos de la sentencia de Campo Algodonero dictada contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las deficiencias en las investigaciones de las muertes violentas de mujeres que las dejan en impunidad, y a la invisibilización de violencias que hoy se traducen en las razones de género del tipo penal que no son consideradas con el tipo penal de homicidio.

Si bien el Fiscal General propone emitir un Código Penal Único, como integrantes del movimiento de mujeres, como acompañantes de decenas de víctimas de feminicidio y como integrantes del movimiento de derechos humanos en México, advertimos que la solución no es la desaparición del delito, sino que el feminicidio se investigue y sancione con perspectiva de género en todo el país.

“Para nosotras, defensoras de los derechos de las mujeres, eliminar el delito de feminicidio y dejarlo como una agravante del homicidio, no solo sería una acción regresiva, insensible y contraria a los estándares y recomendaciones internacionales en la materia, sino echar por la borda la histórica lucha de las madres y familiares de víctimas de feminicidio en México, que con el dolor a cuestas han contribuido a que el feminicidio sea nombrado, tipificado, investigado y sancionado, con el único fin de encontrar justicia para sus hijas”. 

La lamentable postura de Gertz Manero, evidencia la falta de sensibilidad, la ausencia de perspectiva de género y cómo la grave problemática que acaba cada día con la vida de 10 mujeres en México no es una prioridad para las autoridades y que antes que la garantía de los derechos de las mujeres se pondera la rapidez y la practicidad, lo que es contrario a la necesidad urgente de una voluntad política para arrancar este delito de raíz, señala el OCNF.

Como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, exigen al Poder Ejecutivo y Legislativo Federal, así como a las Fiscalías General de la República y a las Fiscalías Estatales:

• Que se incluya el delito penal de feminicidio de manera autónoma y con razones de género objetivas en el Código Penal Nacional Único, con los aportes de la sociedad civil experta en el tema.

• Se tome en consideración los aportes y recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia expertas en el tema, en la propuesta de la creación del Código Penal Único y las modificaciones al Sistema de Justicia Penal, garantizando los estándares internacionales en la materia.

• Que las autoridades de procuración de justicia, incluyendo la federal, dejen de invisibilizar la violencia feminicida y el feminicidio, y asuman su responsabilidad para la adecuada investigación y sanción del feminicidio.

• Que se actualicen y homologuen los protocolos de investigación del delito de feminicidio, con base en los estándares nacionales e internacionales en la materia, y a la luz de las necesidades del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

• Se garantice el cumplimiento de las recomendaciones internacionales y nacionales para la investigación y sanción del feminicidio con perspectiva de género y feminicidio, particularmente el cumplimiento a nivel nacional de la sentencia del caso Mariana Lima, para revertir el contexto de impunidad que aún persiste para la acreditación del feminicidio en México.

• Que se revisen las investigaciones de muertes violentas de mujeres con el fin de identificar las fallas en la acreditación del tipo penal que conlleva a la impunidad de los casos en las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de cada estado.

• Que se inicien investigaciones y se sancionen a las y los servidores públicos (policías de investigación, peritos y ministerios públicos) encargados de las investigaciones de feminicidios, que por sus acciones y omisiones han obstaculizado el acceso a la justicia para las víctimas.