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Feminismos

El Desembarco en Chiapas, segundo Congreso Feminista

Inés Castro Apreza

SemMéxico. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 07 de octubre 2019.- Tienen toda la razón quienes observan que el Segundo Congreso Feminista en Chiapas –que tendrá lugar el próximo mes de noviembre los días 27 2 y 29- es “uno más” de tantos eventos similares. Este congreso no pretende ser único en su género, sino un esfuerzo colectivo entre muchos otros, pero aspira en esta ocasión no ser sólo activista in sólo académico, sino esencialmente político- programático. De ahí el llamado: “Mujeres, Poder y Política”.

¿Qué queremos?

Realizar un encuentro colectivo de deliberación y toma de decisiones.

¿Para qué?

Para hacer un balance de la condición y participación de las mujeres, en todos los ámbitos, en todos los órdenes y discutir qué se puede hacer frente a todo ello.

¿Con qué fin?

Llamamos a hacer propuestas, invitamos a la organización, a la acción continuada  y a la resistencia. 

¿Es un esfuerzo más? ¿Uno más entre otros?

Posiblemente sea uno más. Sin embargo, pensamos en la continuidad de este proyecto que nació en el año de 2016, con el interés de recuperar la memoria y la historia de los movimientos y los procesos organizativos de mujeres en la entidad. Ahora se pretende regional: no sólo interesa Chiapas, sino también Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Y además de la memoria y la historia, ahora es central el objetivo programático: poder y política.

Seguramente, en 2020-2021 aspiremos a darle forma nacional.

Mujeres de todas las generaciones están convocadas. Mujeres de todas las profesiones y oficios pueden participar en la forma y los tiempos que decidan. El Segundo Congreso Feminista no pone límites a quiénes pueden hacerlo y cómo. Ningún partido político nos financia; invitamos a mujeres de todos los partidos políticos. El grupo de mujeres que trabajamos en pos del Segundo Congreso tenemos ocupaciones, profesiones y militancias diversas, pero ninguna organización específica está convocando.

Somos artistas, académicas, activistas, jóvenes feministas, mujeres de largas y muy diversas trayectorias. Somos varias mujeres y nos unen algunos objetivos comunes. Sobre tal eje buscaríamos la continuidad. La política, el poder, el arte, la cultura, las violencias contra las mujeres, los feminicidios,  las desapariciones, la trata de mujeres y niñas, los derechos políticos, las distintas vertientes del feminismo, entre otros, son los temas que nos ocuparán durante tres días.

Historia y memoria fueron los ejes en el Primer Congreso Feminista de 2016; política y poder en un sentido amplio imprimen su sello a este Segundo  Congreso Feminista de 2019. Esperamos que se reflejen en un programa de acción específico. Sin embargo, ninguna mujer que participe está obligada a ello. La decisión es propia. De esto también hablamos cuando hablamos de autonomía.

Buscar un programa de acción específico no sería necesariamente algo novedoso. No buscamos alimentar el programa o la base social de ninguna organización en particular. Si algo ha caracterizado al feminismo, desde sus orígenes, es la búsqueda de la autonomía, uno de los sentidos principales de ésta.

También el feminismo, desde sus orígenes, cuestionó y amplió el sentido tradicional de la política. El feminismo radical puso en la mesa del debate, con toda claridad, esta nueva manera de conceptualizar y hacer política. Manera de la que se mofaban organizaciones mixtas. Para todas las vertientes del feminismo sigue siendo válida la frase: «lo personal es político» de 1969. Para todos los feminismos sigue vigente aprender, construir y hacer política desde la experiencia. Nuestra experiencia.

Una experiencia propia que nos muestra que, si bien hemos avanzado, fuertes y añejos problemas se han recrudecido. Por esa la protesta de las jóvenes, por ello la revolución de los pañuelos verdes, por ello la protesta con diamantina morada. Las protestas de vidrieras rotas pueden ser el anuncio de lo que viene, pero no debiera mezclarse ni asimilarse con la protesta masculina de las últimas marchas del 24 de septiembre y del 2 de octubre.

Una interrogante nodal tiene este Segundo Congreso Feminista:

¿Es posible dar forma organizativa continuada y consistente a todas esas expresiones prácticas, virtuales, a veces aisladas, pero también potenciadas por las redes sociales? ¿Es posible hacerlo en medio del pluralismo político?

Sólo la deliberación colectiva lo dirá. Es lo que buscaremos responder en el mes de noviembre próximo. Por ello la idea de incluir una plenaria final de deliberación y toma de decisiones, a diferencia del Primer Congreso Feminista que recogió una relatoría breve de las mesas de trabajo. 

El desembarco de este proyecto que se sabe académico, activista y político en sentido amplio, es en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.

Miradas de reportero

Urge protección integral a periodistas de Guerrero; otro riesgo en Iguala

Rogelio Hernández López

SemMéxico. 07 de octubre 2019.- A periodistas de otros estados menos vulnerables les sería más que difícil trabajar como las y los colegas de Guerrero, con las pocas fortalezas que tienen y no obstante desafiar ocho frentes de riesgos en Iguala, Chilpancingo, La Montaña y sobre todo en Acapulco.

Después de Veracruz, Guerrero ocupa el segundo sitio de agresiones y riesgos. Se registran 15 periodistas asesinados (2 de ellos en agosto de 2019: Edgar Alberto Nava López y Rogelio Barragán). Tan sólo la fiscalía especial federal tiene registro de 71 indagatorias por diversos agravios y únicamente de un consignado. Son razones de miedo.

No mejoran. A hombres y mujeres que reportean en Guerrero les hicieron una evaluación de riesgos hace 4 años y hoy se han reducido muy poco las 11 vulnerabilidades detectadas entonces a pesar de que ya cumplió 17 años una ley de dádivas gubernamentales que las contrarresta un poco.

Les detectaron también que tienen muy pocas fortalezas frente a siete fuentes o sujetos de riesgo. En ninguna otra entidad hay tantos factores atemorizantes: policías locales, funcionarios, grupos sociales como la CETEG, policías ciudadanas, policías federales, militares y marinos, líderes transportistas y empresarios, en ese orden. Un temor permanente es por tres grandes grupos del crimen organizado por sí mismos y porque infectaron a muchos de los anteriores.

En ese contexto se explica que el 27 se septiembre de encendieran varias alarmas.

Otro en Iguala

En un mitin, algunos pocos colegas de Chilpancingo pidieron a las autoridades de los tres niveles que brinden seguridades para los colegas que han seguido el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por la liberación de los implicados en las desapariciones (81 hasta el 7 de octubre).

En iguala se presentan a todas las coberturas alrededor de 50 personas como periodistas de medios locales, estatales y nacionales. los que estuvieron en Iguala los días 26 y el 27 de septiembre de 2014 fueron unos 24. De ellos, varios sufrieron amenazas y pidieron protección del mecanismo federal. Hay mucha desconfianza a las instancias locales y estatales.

Los liberados son ahora la octava fuente de riesgo, y la más concreta, que atiza más los miedos. Desde que comenzaron a salir se registran otra vez ejecuciones en Iguala después de 3 meses de calma.  “Eso pone a los periodistas en alto riesgo”, alertaron sus colegas de Chilpancingo el 27 de septiembre.

Aumentaron los agravios

En 2016 se difundió el resultado de la Evaluación de riesgos de periodistas de Guerrero elaborada durante meses del año anterior por los periodistas: Javier Garza Ramos, Jorge Luis Sierra y Celia Guerrero con el patrocinio de Freedom House, el Centro Internacional de Periodistas y la colaboración de Periodistas de a Píe y Reporteros sin Fronteras. Se levantó una encuesta y se hicieron entrevistas a 25 periodistas de la entidad.

Allí explican que “la evaluación se realizó en el contexto de conflicto en la entidad, en la tensión que se vive tras la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, la colusión de autoridades y grupos del crimen organizado y la radicalización de movimientos magisteriales”. Los municipios más riesgosos para periodistas fueron, en orden de importancia, Acapulco, Chilpancingo, Tlapa, Iguala. Poco de eso ha cambiado y sí empeoró.

Por ejemplo, en 2015 documentaron sólo 11 casos de agresión en Guerrero desde diciembre de 2012. El clima atemorizante creció. En el portal de la fiscalía especial de la FGR hasta julio de 2019 tenían documentados de Guerrero 13 homicidios sin contar a los dos colegas abatidos en agosto, 71 indagatorias, 41 averiguaciones previas, 26 carpetas de investigación y una orden de aprehensión. Faltan los datos que tenga la fiscalía del estado.

Vulnerables, la mayoría

“Los periodistas consultados en Guerrero –dice la evaluación de riesgos– también identificaron las fortalezas y debilidades que tienen para establecer objetivos y medidas que puedan mejorar su protección. Las condiciones de vulnerabilidad (11) son constantes en todas las regiones del Estado”.

“No hay respaldo institucional de los medios y empresas. Bajos salarios. Inestabilidad laboral. No hay seguridad social. No hay seguro de vida. No hay respaldo de medios para sus corresponsales, que son freelance. No hay prestaciones para corresponsales. No hay costeo del equipo de trabajo por parte de las empresas (teléfonos, computadoras, cámaras). Gobierno del Estado ofrece capacitaciones con condiciones y objetivos de corrupción. No hay contactos confiables con fuerzas de seguridad. Hay poco contacto con editores. Éstos exigen publicación de información al momento sin considerar aspectos de seguridad. Poco conocimiento de herramientas de seguridad digital, especialmente para comunicaciones”.

 Y no preguntaron sobre los niveles académicos y la profesionalización continua, que en otros estados sureños los índices oscilan entre media y muy baja. El bajo profesionalismo es factor de riesgo.

Muy pocas fortalezas

El contraste que encontraron los periodistas investigadores al indagar de las fortalezas para el desempeño y seguridad, en 2015 era extremoso: “Pocos medios ofrecen apoyo institucional y seguridad social. Redes de apoyo (algunas). Contactos con organizaciones nacionales/internacionales de defensa de periodistas (de algunos). Capacitación ofrecida por organizaciones nacionales e internacionales”. Y ya.

Desde entonces ha mejorado un poco la atención gubernamental pero todavía no hay en la entidad una ley de protección para periodistas con un mecanismo propio y que les reconozca derechos profesionales.

 En 2010 se promulgó la ley 391 para defensores de los derechos humanos y hasta apenas en octubre de 2017 se creó la Unidad Estatal Para La Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Como Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, pero sin ese marco jurídico propio para los periodistas y, además, se creó un mecanismo incompleto solo para cumplir el compromiso de vinculación con el mecanismo federal.

La única fortaleza que presumen los gobiernos de Guerrero y muchos colegas –pero critican Ongs y periodistas de otras entidades—es la ley 463 promulgada en 2002. Es la única ley de fomento al periodismo vigente en el país. Legaliza un fondo anual que sirve para repartir recursos a periodistas con poca fortaleza social. En otros lados se le llama la “Ley Chayo”.

Desde 2014 ese fondo se estabilizó en alrededor de 5 millones de pesos para repartir a unos 480 periodistas de todos los municipios. Las partidas son para pólizas de seguros de gastos médicos por 50 mil pesos; entrega hasta 10 mil pesos para gasto libre con la condición de facturar al gobierno del estado; becas para preescolar; gastos de maternidad por 25 mil pesos. También ayuda para trámites de Registro Civil, para examen de la vista con lentes y el acceso al seguro popular.

En 17 años demasiadas empresas de prensa han recibido esa “ayuda” indirectamente para no pagar prestaciones y no se sabe de algún informe especial acerca de mejoras en su calidad de vida que hayan tenido los periodistas beneficiados. Según la Evaluación de riesgos de 2015, indicaba que la mayoría de las y los periodistas activos seguían en bajo nivel de condiciones sociales, pero más atados al fondo que maneja el gobierno del estado.

En resumen, habrá que saber qué medidas están tomando las autoridades municipales y estatales para atender la alerta de medidas preventivas y cautelares para los periodistas que han hecho la cobertura del Caso Iguala. El mecanismo federal ya reaccionó.

También parece urgente que se pronuncien contra posibles agresiones a periodistas de Iguala el gobierno federal, el actual de Guerrero y el Congreso del Estado busquen alternativas a lo que existe ahora para allegarles fortalezas profesionales y que ha servido muy poco.

 Por ejemplo, un plan de políticas públicas –y quizá una ley—estatal de protección integral al ejercicio del periodismo como actividad de interés público, para trascender la protección cautelar, lo convenenciero del fondo de dádivas para que realmente les genere derechos, fortalezas laborales y   profesionales a los periodistas verdaderos, para que puedan trabajar con libertad de pensamiento, con seguridad y con ética profesional.

Mujer y Poder

AMLO va por la Suprema Corte

* 19 años de Medina Mora en la burocracia insuficientes para forjar tamaña fortuna

Natalia Vidales Rodríguez                                 

SemMéxico, 7 octubre 2019.- Siendo ya titular del Poder Ejecutivo, y teniendo la mayoría de afines a su causa en el Poder Legislativo (con superioridad calificada en la Cámara de Diputados y con mayoría simple en el Senado), ahora el Presidente López Obrador tiene la posibilidad de mandar también en el Poder Judicial…. con todo y el peligro que ello conlleva para la población.

La ocasión se le presenta con la “renuncia” del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN) Eduardo Medina Mora, quien dimitió –según lo detalló AMLO este viernes en su matiné- “para atender la investigación en su contra en la Fiscalía General de la República” por supuestas transferencias bancarias  por más de 100 millones de pesos,  que no corresponden a sus ingresos como servidor público pese a que, como es del conocimiento público, los sueldos de los Ministros son de un monto anual de más de seis millones de pesos –lo que equivale a 578,186 pesos al mes. Pero… con las dos varas para medir del gobierno morenista, al parecer 19 años de Medina Mora en la burocracia no son suficientes para forjar tamaña fortuna… a diferencia de Manuel Bartlett, a quien con 50 años en el poder sí se le justifica un acumulado de 800 millones. Incongruencias que dejan ver claramente el verdadero motivo de la investigación.  

En una escueta misiva de dos párrafos, el hoy ex Ministro, y sin mas, cita que el artículo 98 Constitucional presentó su dimisión, pese a que esa disposición precisa que debe aducirse la causa grave  que la haga procedente, pero ello ocurre porque,  en realidad,  se trata de un despido disfrazado.

La lectura obvia es que renunció “voluntariamente a fuerzas” esperando –o ya habiendo pactado– su exoneración con  la Fiscalía a cambio de retirarse, sin resistirse,  de la Suprema Corte y dejar libre el paso  a otro incondicional del actual gobierno.

Maledicentes piensan que habiendo sido Medina Mora Secretario de Seguridad Pública cuando Fox, fue   el autor intelectual del desafuero de AMLO para sacarlo de la sucesión presidencial del 2006, cuando el guanajuatense no encontraba cómo, y que ahora  llegó el momento de ajustarle las cuentas. Aunque al final Fox se desistió de aquella  acción, siempre  se la  consideró una ayuda para que Calderón ganara (apenas por una pestaña electoral)  la  elección, y Medina Mora se ganó enseguida  la titularidad de la Procuraduría General de la República en su sexenio. 

AMLO ha tenido la suerte al irse haciendo, poco a poco, de asientos en la SCJN. Apenas llegado al poder,  dos de ellos,  Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel  Mossa, propuestos por el Presidente,   sucedieron a uno por fallecimiento del anterior, y a ella cuando Olga Sánchez Cordero terminó su gestión, y en unos meses otro ministro  más terminará la suya. Y si a ello le sumamos la hoy renuncia de Medina Mora, que será sustituido por uno propuesto por  AMLO, entonces  tendrá dentro de poco a cuatro ministros de  su “lado”,  y con esos  votos se podrían impedir las cuestiones inconvenientes al gobierno que requieren de una mayoría calificada en la Suprema Corte.

La idea de que los ministros permanecieran hasta 15 años (dos sexenios y medio) en sus cargos fue para evitarles compromisos por su elección, al Presidente en turno. Pero diversas circunstancias pueden coincidir –como sucede ahora– para que en un sexenio el Presidente logre…lo que ahora AMLO está logrando: poder vetar con votos de “sus “ magistrados los proyectos de ejecutorias non gratas al régimen.

El intento de acotamiento del poder presidencial al interior del Poder Judicial fue parcial, al mantenerse el concepto de que el mandatario manda una terna al Senado para la selección del nuevo magistrado, y una segunda terna si la primera es rechazada. Pero si esa también es devuelta, entonces el Presidente nombra directamente a quien quiera de ella, lo cual solo disfrazó la contención al  presidencialismo: entonces, aunque en el Senado, Morena, el partido de AMLO  no tenga la mayoría calificada…no la necesita para este asunto.   

La única manera de salvar el entuerto sería que el Congreso, como representante del pueblo, cubriera todo el proceso de selección de los ministros, sin participación alguna del Ejecutivo.   

Entresemana

Seamos serios, Presidente

* ¡Ah!, la historia patria…

Moisés Sánchez Limón

SemMéxico, 7 octubre 2019.- ¿Por qué aceptar que el Presidente en turno falte al respeto a la población mexicana, hayan o no votado por él?

Hoy, la desmemoria política y la ausencia de seriedad del inquilino de Palacio Nacional como la de aquel que lo fue en Los Pinos recién derrotado el partidazo tricolor y arrollado el perredé. Uno con baladronadas y simplismos circenses –¡Fuchí!— y el otro lenguaraz con tepocatas y víboras prietas.

Uno con la oferta de pacificar a Chiapas y meter en cintura al EZLN en quince minutos y el otro en ese sueño de opio que imaginó a la delincuencia abatida y la paz retornada al país apenas rindiera protesta ante el Congreso de la Unión.

No hay seriedad; se miente con largueza encaramados en los millones de votos obtenidos en las urnas y que, ley de la vida, se disuelven en la dinámica elemental que descubre paulatinamente el engaño, la demagogia que se enmascaró con echar la culpa a los neoliberales, a los malditos corruptos que, cierto, muy cierto, desbarrancaron al país en ese enorme abismo que divide a ricos ricos con pobres miserables.

¿Por qué aceptar un desplante de una jefa de Gobierno que pasa por encima de la Ley Federal del Trabajo y obliga a sus subalternos a convertirse en vigilantes que contengan a mafiosos sedicentes anarcos que se infiltran, desde hace siete años en marchas y las revientan, violentan y les importa un pito la ley y la fuerza pública?

¿Cuántos detenidos? Millones de pesos en destrozos, policías heridos, civiles lesionados, imágenes que ahuyentan a turistas e inversionistas porque, básico, ¿cómo visitar a una ciudad en poder de jovencitas y jovencitos que impunes transgreden al orden y la ley? ¿Cómo invertir en un país, en una ciudad en la que la jefa de Gobierno está aterrada y carece de protocolos para atender y combatir a la violencia?

¡AH, la historia! Nuestros gobernantes, los que se fueron y están bajo la lupa de la investigación como Al Capone, es decir, por asuntos de dineros corruptos, la defraudación fiscal y el enriquecimiento explicable (son pillos de cuello blanco) pero el licenciado López Obrador dice que no los perseguirá.

Y los nuevos gobernantes que se escudan con el manto de honestidad tendido por Andrés Manuel, político que no explica –porque no se le pega la gana– de qué ha vivido desde que dejó al PRI que, por lo menos, le pagaba bien en Tabasco y en la Ciudad de México.

Sí, estos funcionarios que utilizan al poder para beneficio personal, como la secretaria de la Función Pública que contrata a su suegra para que dicte conferencia magistral en el tema de la honestidad, mientras el marido despedaza a los que se fueron en panegíricos morenistas desde el Canal Once de Televisión, un medio público.

¡Ah!, la historia patria…

En aquellos días en que Vicente Fox Quesada y Marta Sahágun Jiménez irrumpieron en el escenario político como la pareja imperial desprovista de rubor y decidida a romper reglas no escritas y hacer de la Presidencia de la República hacienda familiar, la enorme avalancha nacionalista que votó por el guanajuatense le aplaudió hasta las botas de charol y el desplante de llamarle “mi reina” a la Reina Sofía, o que doña Marta se trepara a una hummer verde olivo atrás de la del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que estrenaba el cargo con el pase de revista a los aguiluchos del H. Colegio Militar, pero ella no era la primera dama, era la vocera, la jefa de prensa. Diciembre del año 2000.

Hoy la pareja imperial. Ella se niega a asumir el papel de primera dama pero en los hechos actúa como vicepresidenta con todo lo que ello implica. Y con dineros públicos hace tareas privadas y teje la historia nacional a su antojo, como lo hace el marido con ese simplismo del intelectual de biografías de primaria o solapas de libros.

Porque si fuera lector habría aprendido a leer y no diría “hubieron” en lugar de hubo ni incurriría en barbarismos y menos tomaría el pelo a los mexicanos, reitero, todos, los que votaron a favor y en contra de él.

Como ayer, cuando dijo “vamos a recordar en este día los hechos lamentables del 2 de octubre de 1968. Tenemos que tomar en cuenta que el uso de la fuerza no es la opción para resolver problemas que se originan por la falta de libertades y por la falta de justicia”. ¿Sabrá el señorpresidente cuál fue la chispa que encendió el movimiento estudiantil de 1968?

Dijo que saben quiénes son los sedicentes anarquistas, éstos a los que calificó integrantes de la derecha, al servicio de los conservadores. ¿Y por qué no los detienen? ¿Cuál es el temor? Por qué obligar a trabajadores del gobierno capitalino a servir de escudos, integrantes de un llamado “cinturón de la paz” que fueron agredidos por esos vándalos colmados de impunidad.

Y cómo castigarlos, cómo aplicarles la ley si el licenciado López Obrador los amenaza con acusarlos con su mamacita, con su papacito y sus abuelitos para que los regañen y hasta les den un zape, mientras éstos hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas destrozan mobiliario público y vandalizan comercios y agreden, vejan, insultan a policías, ciudadanos, periodistas, camarógrafos…

“De modo –dijo en la mañanera el licenciado López Obrador– que vamos a estar apoyando a la jefa de gobierno y al mismo tiempo no olvidar el 68 (…).

Y el colega Antonio López, reportero de La Razón, plantea al señorpresidenteuna pregunta, cuya respuesta es preocupante.

–Este lunes –cita Antonio López– La Razón da a conocer que autoridades capitalinas tienen bajo la lupa precisamente a cuatro grupos radicales. Estos cuatro grupos son integrados principalmente de mujeres, pero están liderados por hombres, quienes fungen como ‘halcones’ y se encargan de resguardar la seguridad de estos grupos.

Estos grupos radicales cuentan con chats en WhatsApp, algunos nombrados Muerte al pito’‘Anarcas violadoras, y en estos grupos ellas establecen sus logísticas para violentar las manifestaciones pacíficas, así como determinar sus rutas de escape e incluso puntos de reunión donde van a festejar si todo sale conforme a lo planeado.

En esa materia, presidente, preguntarle si ustedes ya tienen información acerca de estos grupos, si están siendo patrocinados por la oposición.

¿Qué información tiene al respecto?

Bueno –responde el señorpresidente–, esto lo maneja el gobierno de la ciudad y deben tener toda la información, aunque nosotros ya no hacemos espionaje, sólo inteligencia, se hace investigación para enfrentar, sobre todo a las bandas de delincuentes, toda la parte política ya se suprimió.

Sí debe de haber investigación cuando se trata de violencia. No tengo yo más información sobre esto.

¿En estas reuniones de gabinete no le han informado, toda vez que ellos vandalizan instalaciones federales?

–Sí –atiende López Obrador–, todo, sí, pero no es nuestro propósito señalar a nadie. Se tiene la información, se sabe todo. Miren, ahora que no hay espionaje, tenemos más información que antes, porque quien más nos informa es la gente, es que es un gobierno apoyado por los ciudadanos, entonces la gente es la que nos ayuda.

¿Qué le diría yo a los que se tapan la cara y se encapuchan y hacen estos actos?

Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás, no están de acuerdo, me dejo de llamar Andrés Manuel. Estoy seguro que los ven o los verían como malcriados, que no deben de andar haciendo eso, les darían hasta sus jalones de orejas, hasta sus zapes. Eso también.

Hasta aquí esta respuesta de quien juró respetar y hacer respetar a la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen. Lamentable, señor Presidente, lamentable. Seamos serios, señor Presidente. Gánese el respeto y obtenga la estatura de estadista como hombre de leyes, no con dicharachos. No es presidente de su calle ni siquiera de su colonia o barrio, es Presidente de la República. Conste.

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Juego de Palabras

El México que se indigna por un príncipe

* Todo se centra en un cuerpo y no ante miles de desaparecidos

Yaneth Angélica Tamayo Ávalos

SemMéxico, 7 octubre 2019.- En estos días, los medios de comunicación y las redes sociales se han inundado del caos que produjo la muerte de su tan aclamado “Príncipe de la Canción”, en donde un problema familiar, que le es ajeno a ciudadanos y autoridades, se ha convertido en la causa de indignación para un país entero.

Tal indignación y coraje se lee, se escucha y se escribe en los medios de comunicación y en las mesas de los mexicanos, en donde los comentarios y burlas “memes” giran en torno al sufrimiento de un par de hijos, la “perversidad” de otra hija y el reclamo de un cuerpo oculto que yace en otro país; en donde los mexicanos se han convertido en juzgadores y dolientes que “exigen” el arribo de ese cuerpo y explicaciones sobre la muerte de un individuo que les era ajeno.

Situación que, para mi resultaría comprensible, si todos los que opinan y exigen fueran familiares del fallecido o tuvieran un interés jurídico en particular.

Sin embargo, me resulta incomprensible que la ciudadania y hasta los medios de comunicación noticiosos, se centren y se indigne ante la falta de poder encontrar y observar el cuerpo de un artista que se sabe falleció por enfermedad.

Tal incomprensibilidad e indignación que se genera en mi mente, resulta de saber que en México existen más de 40 mil personas desaparecidas y más de 36 mil personas fallecidas sin identificar, esto según datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Sin contar a las mujeres que día a día desaparecen; quienes meses después de desaparecidas y por la inacción de las autoridades al no buscarlas, a algunas son encontradas violadas, mutiladas y muertas.

Por ello me parece absurdo, que para resolver un conflicto familiar hasta la Cancillería Mexicana intervenga. Pero en este país de absurdos y disparates tal vez esta situación ya no sea de sorprender.

Entonces, mis preguntas ante lo mencionado son, ¿Que requiere la población mexicana para indignarse, enfurecerse y exigir con el mismo ahínco, la solución a la crisis de impunidad y violaciones a derechos que existe en el país? ¿Qué se requiere para que se interesen por las personas desaparecidas, y exijan su búsqueda?

Es de saberse que la búsqueda de personas desaparecidas que se realiza en el país, es uno de tantos problemas que se encuentran invisibilizados.

Publicitar la búsqueda de un cuerpo por un conflicto familiar, le resta importancia e invisibiliza las verdaderas búsquedas que hacen cientos de familias que viven día a día la incertidumbre de no saber donde se encuentran sus familiares y de los cuales se conserva la esperanza de que sigan vivos.

Quienes son ignorados por las autoridades y cuya única opción que les queda es luchar día a día contra la impunidad; buscar de manera personal a sus familiares y gritar consignas “vivos se los llevaron, vivos los queremos”; con el único fin de ser escuchados y auxiliados por las autoridades y por la demás ciudadanía.

Con lo anterior, no critico a las personas que se conmueven ante el fallecimiento de su ídolo, cada quien es libre de emitir su opinión y criterio ante situaciones que le afecten. No obstante, si considero preocupante que las personas emitan comentarios sin una perspectiva clara de los hechos y desde una opinión violenta.

Pero mas preocupante es, que solo ante situaciones de este tipo (el fallecimiento de un famoso) se conduelan, cuando a diario están desapareciendo personas y no cuerpos.

Las personas que se encuentran en este momento buscando a sus familiares, requieren de la misma atención y apoyo, no solo por parte de las autoridades sino por parte de la misma ciudadanía que les ayude a exigir la búsqueda y les ayude a viralizar de la misma forma las desapariciones las personas.

A forma de conclusión, solo pretendo que se reflexione sobre los intereses comunes que mueven a toda la sociedad, y sopesemos si realmente se le da importancia a los problemas que suceden en el país; es lamentable perder a una persona y más si su talento forma parte de la cultura mexicana, pero es aún más lamentable perder a cientos de personas mexicanas que de igual forma aportan al país.

Sin avances en investigación, se cumplen 16 meses del asesinato de fotoperiodista en Oaxaca

Evlin Aragón/Zona Roja

SemMéxico/Zona Roja. Oaxaca de Juárez, Oax., 02 de octubre de 2019.- “2 de octubre, hoy se cumplen 16 meses de tu ausencia física. Tú, María del Sol, sigues en nuestros corazones y seguiremos exigiendo #JusticiaParaSol”, es el primer mensaje que este miércoles publicó en sus redes sociales la periodista Soledad Jarquín Edgar. 

Pese a que han transcurrido 16 meses de aquel 2 de junio del 2018 en que le arrebataron la vida a su hija María del Sol Cruz Jarquín, nada ha cambiado; ningún avance en la investigación ha sido anunciado por parte de las autoridades de procuración de justicia en el estado, encabezadas por Rubén Vasconcelos Méndez.

Lo único constante es la exigencia de justicia permanente por parte de la familia de la joven y cientos de personas que se han pronunciando en Oaxaca y otras partes del mundo en incontables ocasiones para exigir castigo a los responsables del feminicidio.

Al respecto, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa aún tiene pendiente sancionar a su ex funcionario Francisco Montero López, quien fuera titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) y responsable de que la joven fotógrafa estuviera en la región del Istmo, al comisionarla para cubrir la campaña política de su hermano y actual regidor de Energía Renovable de Juchitán, Hageo Montero.

Ello pese a la resolución de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que reconoció la existencia de un delito y determinó que el funcionario debía ser sancionado por el Ejecutivo estatal.

“La carpeta de investigación en torno al delito electoral tengo entendido que estaba lista desde agosto, pero hasta este momento no ha sido vinculada inexplicablemente, lo cual quiere decir que hay un gran hueco de impunidad para quienes están señalados como presuntos responsables de haber mandado asesinar a Pamela Terán, a mi hija y al chófer”, dijo recientemente en una entrevista Soledad Jarquín.

En lo que va de la administración de Murat Hinojosa, la cifra de feminicidios en Oaxaca no ha hecho más que avanzar sin control, a la fecha se registran 351 casos, 136 desde que se declaró la Alerta de Violencia de Género en 40 municipios ubicados en la entidad.

INEGI debe incluir la perspectiva de género en su información

  • Aprueba diputación reformas a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
  • Constituirá la base científica para la generación de políticas públicas

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 2 octubre 2019.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular con 398 votos, reformar los artículos 54 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI), institución que deberá realizar acciones que logren la inclusión de la perspectiva de género en los datos que elabora y que resulte aplicable para el ejercicio de los derechos humanos.

El dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, que se envió al Senado de la República, establece: “la inclusión de la perspectiva de género en la información y otras que resulten aplicables para el ejercicio pleno de los derechos humanos, la cual constituirá la base científica para la generación de políticas públicas en aras de garantizarlas de manera efectiva”.

Al fundamentar el dictamen, el diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) afirmó que es deber de todos los órganos y de la sociedad, detectar posibles situaciones de desequilibrio de poder como consecuencia de género.

Consideró que la adecuación aprobada es necesaria para que el INEGi exprese información de interés nacional considerando los criterios correspondientes a una adecuada perspectiva de género y de igualdad sustantiva.

“Es de interés superior para la sociedad y el Estado establecer criterios, métodos y mecanismos para que los mismos contemplen una perspectiva de género, a fin de producir información correcta y de utilidad”.

Agregó que la reforma plantea la obligatoriedad de incorporar la perspectiva de género al texto de la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geográfica, a efecto de dar certeza de que se encuentra contenida en la generación de datos estadísticos.

La diputada promovente, Ximena Puente de la Mora (PAN), afirmó que para que la igualdad sustantiva deje de ser una aspiración y se convierta en vocación, es fundamental que las autoridades federales, estatales y municipales diseñen políticas públicas eficaces, así como la participación de toda la sociedad.

Puntualizó que la reforma impulsa que el INEGI realice acciones tendentes a lograr la inclusión de la perspectiva de género en la información que elabore y resulte aplicable para el ejercicio de los derechos humanos. “Deberá contemplar dicha perspectiva como parte del ciclo de vida en la información”.

También incorpora la igualdad sustantiva como uno de los temas de información de interés general. “Es muy importante que a partir de esta reforma la igualdad sustantiva se convierta en prioridad para el INEGI”.

Consideró que conocer la información estadística con perspectiva de género empodera a la ciudadanía al dotarla de herramientas que permitan conocer sus entornos con precisión para tomar mejores decisiones. “Por esta razón, se requiere que el INEGI proporcione cifras necesarias para dimensionar el fenómeno y dar soluciones viables y efectivas para erradicar la violencia contra las mujeres”.

SEM/sj

Mujeres podrán ocupar 30 % de mandos directivos en paraestatales

  • Fin a barreras de acceso de mujeres a espacios ejecutivos de paraestatales
  • Avalan reformas a Ley Federal de Entidades Paraestatales para evitar la discriminación

SemMéxico, Cd. de México, 2 octubre 2019.- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, un dictamen de la Comisión de Gobernación y Población que modifica la Ley Federal de Entidades Paraestatales, a fin de lograr la integración de la mujer en la vida política y pública.

Esta nueva disposición legislativa garantiza que las entidades paraestatales deben contar en su administración con al menos 30 por ciento de mujeres en mandos directivos; un tercio de mujeres en sus órganos de gobierno, y un 30 por ciento en sus mandos directivos de sus comités y subcomités técnicos especializados.

El dictamen avalado en lo general con 410 votos y uno en contra, se envió al Senado de la República y reforma los artículos 11, 18, 31, 32, 40, 56 y 59 del citado ordenamiento. Plantea que las entidades paraestatales deberán tener al menos 30 por ciento de mujeres en sus mandos directivos.

El órgano de gobierno estará compuesto por no menos de cinco ni más de quince personas integrantes propietarias, de las cuales, cuando menos un tercio deberán ser mujeres, lo mismo aplica para los consejos de administración o sus equivalentes de las entidades de participación estatal mayoritaria.

Asimismo, la integración de los comités y subcomités técnicos especializados, así como en la de los comités mixtos de productividad, deberá garantizarse la perspectiva de género y al menos 30 por ciento de participación de mujeres en mandos directivos.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión, Rocío Barrera Badillo (Morena), dijo que es un hecho que el Estado debe propiciar las condiciones para el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad y no discriminación.

Para ello, debe establecer acciones integrales en materia legislativa y política pública que fomenten y garanticen la igualdad de oportunidades con acciones tendentes a lograr la equiparación de condiciones entre mujeres y hombres.

Agregó que la propuesta garantiza a las mujeres la integración en cuando menos un tercio de los órganos de gobierno y los consejos de administración.

“Con esto se rompen las barreras y obstáculos para el acceso de las mujeres a estos espacios ejecutivos”.

Añadió que también se establece que las entidades paraestatales presentarán, de manera anual, al órgano de gobierno y al coordinador de sector, los programas y políticas de inclusión que establezcan los avances que presenten en la implantación.

La diputada promovente, Soraya Pérez Munguía (PRI), dijo que con su propuesta se asegura la paridad en los consejos de administración y se alcanza, al menos 30 por ciento de mujeres en consejos de administración y en las empresas paraestatales.

“Esta es una lucha de muchos años que llevamos muchísimas mujeres, muchas funcionarias públicas que están en el área política y técnica”, añadió.

Puntualizó que este dictamen es importante porque abre camino a otras comisiones para revisar la buena práctica de gobierno corporativo y que haya más mujeres en consejos de administración de las empresas privadas y también más incentivos administrativos para las que alcancen la certificación de la norma de igualdad.

“Con el voto a favor estaremos demostrando que en esta legislatura pueden desvanecerse los colores partidistas por una causa que es justa y que, con consenso y compromiso, podremos abonar a consolidar el México que todos queremos”, finalizó.

En lo particular, se reservó el artículo 18 el cual se desechó, quedando en términos del dictamen. La votación fue de 17 votos a favor y 386 en contra y seis abstenciones.

SEM/sj

Exigen a Salud poner fin al desabasto de condones en Veracruz

  • Tiene alto costo: más casos de sida, VIH y Tuberculosis
  • Esa entidad ocupa el primer lugar por muertes maternas con VIH

Redacción

SemMéxico, Veracruz, 2 octubre 2019.- El Grupo Multi VIH-ITS en Veracruz y AHF México exhortaron hoy a la Secretaría de Salud a poner fin, de manera inmediata, al desabasto de condones femeninos y masculinos, y también a implementar campañas de prevención, incluyendo la oferta de pruebas rápidas para la detección oportuna de VIH, esto luego de las estadísticas oficiales colocan a esta entidad en el primer lugar por el número de nuevos casos de sida, el segundo por VIH y el tercer por tuberculosis y en el primer lugar por muertes maternas con VIH.

Así lo expresan en un boletín de prensa, en el que señalan las cifras del sistema nacional de vigilancia epidemiológica, de la misma Secretaría de Salud, del pasado mes de septiembre, en el que exigen tomar en cuenta las recomendaciones de ONUSIDA, en el sentido de que el uso sistemático y correcto del condón, femenino y masculino, es el único dispositivo que reduce la transmisión del VIH, otras ITS y previene embarazos no deseados ni planeados.

Es importante destacar que según datos del CENSIDA (2018) e IPAS (2019) la entidad veracruzana tiene el primer lugar en el país en mortalidad femenina a causa del sida: cuatro por cada cien mil habitantes, (el promedio nacional es de 1.4), y segundo en masculina: 14.7 por cada cien mil habitantes (frente al promedio nacional, que es de 7.1).

Además de ubicarse en el primer lugar por muertes maternas con VIH, aportando el 15 por ciento del total nacional.

En este contexto -señalan- nos parece muy lamentable por un lado, que el Congreso del Estado de Veracruz pretenda criminalizar a las personas con VIH, y por otro que, la Secretaría de Salud de Veracruz no haya comprado durante toda su gestión condones femeninos, y presente desabasto de condones masculinos, lo cual le ha impedido cumplir la meta de diciembre del año pasado, cuando se comprometió a distribuir seis millones de los masculinos, alcanzando la meta de un millón hasta el mes de abril del año en turno, según sus propios reportes oficiales.

Por ello, exigen a la Secretaría de Salud no solamente a poner fin inmediato al desabasto de condones femeninos y masculinos -tomando en cuenta las recomendaciones de ONUSIDA en el sentido de que su uso sistemático y correcto es el único dispositivo que reduce la transmisión del VIH, otras ITS y previene embarazos no deseados ni planeados-.

También le piden a implementar campañas de prevención -incluyendo la oferta de la prueba rápida para detección oportuna del VIH-permanentes, masivas, regionalizadas y acorde a las poblaciones en su diversidad sexual y cultural, poniendo énfasis en las mujeres embarazadas con el fin de terminar con la transmisión vertical, en donde también nuestro estado Veracruz presenta focos rojos.

SEM/sj

#FuimosTodasRenan, responden feministas al alcalde de Mérida

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  • Condenan estigmatización de medios a quienes participaron en la marcha 28S
  • El munícipe aseguró que presentó denuncias ante la Fiscalía

Lorena Castellanos

SemMéxico, Mérida, Yuc., 1 octubre 2019.- Colectivas y organizaciones de derechos humanos denunciaron hoy los actos de criminalización y estigmatización de activistas que participaron en la manifestación del pasado 28 de septiembre.

En un comunicado, señalan que tras esta protesta con motivo del “Día internacional para la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe”, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, difundió a través de sus redes sociales un vídeo en el cual refiere que el Monumento a la Madre fue “vandaleado”, por lo que anunció que “ya han presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado”, a lo que ellas responden: #FuimosTodasRenan

Las organizaciones feministas también denuncian que algunos medios de comunicación locales, publicaron notas y encabezados periodísticos que incitan al odio y al desprestigio contra las mujeres que participaron en la marcha, dando pie a una serie de amenazas y acoso.

Se refieren a titulares y notas con expresiones que las estigmatizan y estereotipan como: ‘’vandalismo peligroso a cargo de mujeres feministas’’, ‘’feministas destruyen patrimonio’’, ‘’feministas escriben cuerpa, porque cuerpo es machismo’’, entre otros.

Frente a estas expresiones destacan la importancia del respeto a la protesta social y la protección de las defensoras de derechos humanos y señalan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido como personas defensoras de derechos humanos a aquellas que promueven o procuran de cualquier forma la realización de los derechos humanos.

En este marco, las manifestaciones sociales como forma de expresión suponen el ejercicio de derechos como el derecho de reunión y el derecho a la libertad de expresión, contemplados en los art. 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales son elementos vitales para el buen funcionamiento del sistema democrático de todos los sectores de la sociedad.

Refieren en el comunicado que justamente, las protestas por el derecho al aborto son una exigencia al Estado ante la necesidad de modificar la legislación que lo castiga, con el fin de eliminar las medidas punitivas y con esto, garantizar los derechos reproductivos de las mujeres. Así como a la salud física y mental que constituyen las condiciones previas para el disfrute de otros derechos y libertades.

Este tipo de manifestaciones, se encuentran protegidas por el derecho a defender derechos humanos, reconocido como un derecho autónomo en los estándares internacionales en la materia y que estipula que la labor de las personas defensoras de derechos humanos contribuye al fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, lo cual beneficia a la sociedad en conjunto ya que actúan como agentes contra la impunidad.

Este derecho, incluye todas las formas de expresión de la protesta social, como lo son las acciones de confrontación. La realización de pintas, graffitis, entre otras, que al no ser realizadas con violencia, entran en esta categoría y por lo tanto, en la esfera de este derecho.

Resaltamos, que la utilización del derecho penal para procesar indebidamente a personas en contextos de protesta, así como sancionar a las mujeres en el ejercicio de su derecho a manifestarse y expresarse libremente constituye una forma de estigmatización y criminalización de la protesta social, dice el comunicado.

De igual manera, el uso de lenguaje estigmatizante por parte de autoridades y medios de comunicación, no solo constituye una forma de criminalización hacia las defensoras de derechos humanos, también buscan deslegitimar la lucha y ponen en riesgo la seguridad de las activistas. Además, causa un temor generalizado, desanima al resto de las personas defensoras a continuar ejerciendo su labor de denuncia, silencia a sus víctimas, perpetúa la impunidad e imposibilita la plena realización del Estado de Derecho y la democracia.

Las firmantes del comunicado expresaron su profunda indignación e hicieron un llamado al Gobierno del Estado, Gobierno Municipal y medios de comunicación para que se abstengan de reproducir discursos estigmatizantes contra las compañeras y la protesta social.

También rechazan cualquier acción del Gobierno del Estado que busque castigar por la vía penal o administrativa el ejercicio del derecho a manifestarse y defender derechos humanos, por lo que demandan que el Gobiernos del Estado tome medidas de protección para asegurar la vida, integridad y privacidad de todas las mujeres en el Estado y en específico, de las Defensoras de Derechos Humanos que han sido amenazadas y acosadas recientemente.

SEM/lc/sj

Proponen iniciativa para que partidos garanticen participación de mujeres

  • Los partidos políticos deberán incluirlas en sus órganos de representación política
  • La legislatura será recordada por buscar criterios de igualdad: Abreu

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 2 octubre 2019.- La senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, propuso un proyecto de decreto que reforma los párrafos 4 y 5 del artículo 14; el párrafo 2 del artículo 232, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de paridad de género, para fortalecer y garantizar el derecho de las mujeres a formar parte de los órganos de representación política y lograr equidad en su integración.

La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena señaló que México ha progresado en la regularización sobre la participación política de las mujeres. Donde se recurría a recomendaciones de partidos políticos.

Se estableció un sistema de cuotas a modo que obligaba registrar un número mínimo de candidaturas de género distinto, lo que condujo, dijo, al reconocimiento de la paridad de género en la postulación de candidaturas en cargos de elección popular.

A través de los años, subrayó Abreu Artiñano, el Tribunal Electoral ha construido el principio de igualdad en el ejercicio de derechos político-electorales entre hombre y mujer; mediante la aplicación de tres mecanismos: cuota, paridad y alternancia.

“Esta es una legislatura histórica que será recordada donde se aprobaron criterios de igualdad por años buscados”, destacó la senadora morenista.

Refirió que esta reforma progresiva contribuirá a considerar el régimen legal a favor de las féminas y su participación en la vida política del país.

El proyecto fue turnado a las Comisiones Unidas de Gobernación, y Estudios Legislativos, Segunda.

SEM/sj

Asesinatos de mujeres trans en la impunidad: organizaciones

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  • Reprueban actuar de las autoridades al liberar a presunto transfeminicida
  •  Una constante en estos crímenes de odio, reclama activista

Adriana Erandi León Tierranueva

SemMéxico, Cd. de México, 2 octubre 2019.- Luego de que Itzayana López Hernández, mujer trans de 21 años, fuera hallada asesinada en su departamento el pasado 22 de septiembre y que el presunto responsable quedara en libertad, organizaciones de la sociedad civil reprueban el actuar de las autoridades para casos de extrema violencia y crímenes de odio en especial contra mujeres trans.

“Este tipo de irregularidades son una constante durante las investigaciones en estos crímenes”, denunció Kenya Cuevas, directora de la asociación civil Casa de las Muñecas Tiresias, quien recordó el caso de Paola Buenrostro, mujer trans asesinada hace tres años, sin que a la fecha hay un detenido.

De acuerdo con la carpeta de investigación C1-FC1H/2/UI-C/D-00316/09-2019, el Itzayana, trabajadora sexual y originaria de Pijijiapan, Chiapas, llegó a su casa donde la esperaba su novio, al transcurrir unos minutos los vecinos escucharon una fuerte discusión y tras oír gritos de auxilio llamaron al 911. Dos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontraron a Itzayana tirada en el suelo y a su novio al lado diciendo “perdón, te amo, pero nunca entendiste”. El equipo de paramédicos determinó que la víctima ya no presentaba signos vitales y que la causa de la muerte había sido asfixia por ahorcamiento.

Después de 48 horas, el novio fue puesto en libertad argumentando falta de pruebas en el delito de feminicidio. Fuentes cercanas afirman que el novio era celoso y violento, por lo que Itzayana estaba planeado salir de la ciudad y abandonarlo.

Ante esto, Kenya Cuevas, exigió a las autoridades un segundo peritaje más exhaustivo y con perspectiva de género: “Queremos manifestar nuestro desacuerdo con la decisión de dejar en libertad al presunto responsable. Estamos viviendo el mismo caso que el de Paola Buenrostro; impunidad, cada vez que detenemos nosotras a un homicida lo dejan en libertad, con Paola hubo detenidos y hoy nadie está preso”.

Cabe recordar que el 30 de septiembre se cumplieron tres años del transfeminicidio de Paola, caso emblemático para la comunidad trans en todo el país, por un inadecuado seguimiento pese a la recomendación (2/2019) de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, por la negligencia de las autoridades durante la investigación.

Por su parte, Alejandro Brito, director de la organización Letra ESE, informó que en el periodo de 2013 a 2018 se contabilizaron 473 víctimas de homicidio contra personas de la comunidad LGBTTTI a nivel nacional, crímenes que aumentaron un 30 por ciento en los dos últimos años del sexenio de Enrique Peña Nieto, “la población más afectada son las mujeres trans con 261 asesinatos, es decir, un 55 por ciento del total”.

Los estados más afectados son Veracruz, seguido por Guerrero, Quintana Roo, Estado de México, Chihuahua, Puebla y Tamaulipas.

Brito puntualizó que las víctimas más frecuentes son las trabajadoras sexuales y las que laboran en estéticas, sin embargo, “estas cifras no representan la realidad ya que fueron tomadas de los medios y no todos los casos se publican”.

SEM/aelt/sj

Declaran segunda AVGM a 7 municipios de EDOMEX

  • Por desaparición de niñas, mujeres y adolescentes
  • CONAVIM exige medidas puntuales, programadas, evaluables, presupuesto y plan de financiamiento
  • Niegan la segunda alerta a Zacatecas, sigue en proceso la de la CDMX

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 2 octubre 2019.- La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) declaró una segunda  Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en siete municipios del Estado de México, por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, que en esa entidad representan el 20 por ciento de las desaparecidas en el país; debido a que este fenómeno no se incluyó en la anterior Alerta declarada en 2015 y ante la incapacidad técnica y operativa del Estado, para investigar, hacer justicia y resolver la violencia contra las mujeres.

La petición de la nueva AVGM en el Estado de México por la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres se hizo hace 15 meses por tres organizaciones civiles: I(DH)EAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Asociación Civil y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

La declaratoria es la primera en este sentido o como complementaria de lo no previsto en la de 2015; es la primera que habla en concreto de “una contingencia” y dirige las recomendaciones en ese sentido: la desaparición. Orienta y demanda cambios concretados a esta situación y elimina del texto largas disquisiciones sobre la violencia de género.

Se pudo verificar por SemMéxico que ya se informó al Gobierno del Estado de México, que fueron evaluadas las acciones propuestas originalmente por el grupo de trabajo -en octubre de 2018- en la que concluye que hubo falta de caracterización de los elementos precisos que causan la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, no obstante ser un problema público. Además de la omisión en general en esa entidad, de medidas efectivas para parar la violencia contra las mujeres.

La declaratoria ya fue informada al gobernador Alfredo del Mazo Maza, así como al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, que preside la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El documento está firmado por Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la CONAVM. Será coordinada por el titular del Sistema de Justicia y Derechos Humanos, a diferencia de otras alertas donde se responsabilizó a las Secretarías de Gobierno y había injerencia indebida de los institutos o secretarías de la mujer.

La declaratoria, aun no publicada oficialmente, conmina al gobierno del Estado de México a cumplir un programa concreto, con calendario, presupuesto, programas definidos, indicadores y resultados en los próximos seis meses, tomando en cuenta que en esa entidad en los últimos cinco años han desaparecido mil 785 mujeres en toda la entidad, significando un alto porcentaje frente a los datos oficiales que señalan que más de nueve mil mujeres están desaparecidas en el país, 25.71 por ciento del total de desapariciones, calculada en 36 mil personas.

La declaratoria se hizo para los municipios donde se han documentado 833 desapariciones sólo entre 2016 y 2019: Toluca 186; Ecatepec,153; Netzahualcóyotl, 142; Valle de Chalco,142; Chimalhuacán 86; Ixtapaluca 65, y Cuautitlán Izcalli, 59, según se lee en las consideraciones emitidas por CONAVIM, en el sustento del documento.

Esta es la primera declaratoria sobre desaparición de mujeres y no requirió amparo o presión adicional, como sí se requirió en 2015. En estos nueve meses de 2019, las organizaciones de la sociedad civil interpusieron varios amparos, lograron tres amparos favorables que obligan a CONAVIM declarar la AVGM. Negó las solicitadas en Puebla, la Ciudad de México y en Zacatecas, de ésta última, también por desaparición y trata, apenas el fin de semana que pasó.

Ahora al declarar la segunda en el Estado de México, se  lee un nuevo enfoque en el análisis, desaparecen propuestas genéricas y de largo plazo y se exige al gobierno entregar a la CONAVIM un programa de trabajo muy concreto; se le indica qué debe hacer y qué asuntos resolver, considerar que no existe coordinación institucional; que hay fallas profundas en la capacidad técnica de investigación, falta de preparación en las y los servidores públicos que deben atender la violencia contra las mujeres en toda la estructura, así como su incapacidad para diagnosticar, tener objetivos y medir resultados.

Algunas de las obligaciones para el gobierno y los municipios del Estado de México:

Creación de una Comisión de Búsqueda de personas, que fortalezca el Sistema Estatal de Atención a Víctimas; diseño de un programa que rediseñe las políticas públicas; nuevos protocolos; indicadores medibles y claros; un modelo de selección para capacitar, profesionalizar y evaluar a los y las servidoras públicas, tanto en estados como municipios, reclasificación de las averiguaciones previas o carpetas de investigación para los casos conocidos en los últimos cinco años; donde sea necesario nuevas normas, modificaciones de leyes y eficacia en la aplicación; trabajo coordinado con la Universidad Autónoma del Estado de México, para medidas de tránsito seguras para las mujeres.

Se exige a la brevedad la definición de los recursos humanos, económicos y financieros para hacer frente a la contingencia, como un programa que refleje una política de prevención, atención y sanción y evaluación, frente a esos delitos.

La CONAVIM y el grupo de trabajo, instalado desde 2018, encontraron que existen fallas en el registro de las desapariciones. Son inexistentes datos claros de cuántas siguen desparecidas, cuantas halladas –muertas o vivas- y no hay datos claros sobre edad, circunstancias y otros elementos. De ahí que deberá corregir en lo inmediato este sistema de registro.

Se enfocan las recomendaciones tomando en cuenta la interculturalidad y los flujos migratorios, considerando las características del Estado de México, uno de los más poblados del país, con contrastes poblaciones y movimientos migratorios históricos. Por ello se pide georreferenciar los casos de desaparecidas y no localizadas, por sexo, edad, origen étnico o migratorio entre 2016 y 2019.

Además de la creación de la Comisión de Búsqueda, instalar un programa estatal permanente y la entrega en las próximas semanas a la CONAVIM de un diagnóstico que permita al gobierno de la entidad mostrar cómo salir de su incapacidad técnica.

Un análisis de sus capacidades profesionales, sobre todo en el terreno de la investigación. De todo ello por primera vez se exige un Cronograma de las acciones y un candelario, de modo que se pueda medir y cerrar en el futuro este proceso de contingencia. Todo lo debe notificar en 60 días naturales a partir de recibir y admitir la declaratoria. Aproximadamente en diciembre de 2019.

SEM/sl/sj

En Guerrero, organizaciones demandan despenalizar el aborto

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  • Llaman a legislativo a modificar el Código Penal
  • Piden interrupción legal del embarazo hasta la 12 semana

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 2 octubre 2019.- Asociaciones civiles del puerto de Acapulco su sumaron a la demanda de legalización del embarazo en esta entidad con un llamado a la diputación local a reformar el Código Penal de la entidad y garantizar el derecho de interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas.

En conferencia de prensa, Yoloxóchitl Ávila Alcaraz, secretaria de Acción Femenil de Acapulco nos Necesita a Todos, y Marisol Bazán Fernández, dirigente estatal de la Escuela Itinerante de Mujeres Morena, pidieron se modifique el Código Penal del Estado, y cambien el termino de aborto por interrupción legal del embarazo después de la semana 12 de gestación.

Exponen la necesidad de garantizar a las guerrerenses la libertad de decisión y la atención médico-psicológica adecuada antes y después de la interrupción del embrazo sin que sean estigmatizadas.

Las representantes de ambas organizaciones también consideran importante impulsar estrategias de información, clara y precisa, a la población adolescente a fin de reducir el número de embarazos no planeados que derivan en abortos que ponen en riesgo sus vidas.

Ávila Alcaraz refirió que la norma oficial mexicana, establece que el personal médico debe ofrecer de manera inmediata la opción de anticoncepción de emergencia a las víctimas de violación sexual; en tanto que las adolescentes y jóvenes deben ser informadas de la importancia de la anticoncepción y de la gran responsabilidad que implica el inicio de la vida sexual.

“Nadie tiene derecho de condenar a ninguna mujer de sufrir el riesgo de muerte en un aborto inducido clandestino e inseguro, el Estado debe garantizar a las mujeres a un procedimiento seguro y nunca coartar su libertad de decisión”, recalcó la activista.

Ávila Alcaraz se refirió a la “Objeción de Conciencia”, por lo que de manera particular, algunas y algunos médicos podrían negarse a practicar la interrupción legal del embarazo antes de la 12 semana, lo que no quiere decir que la paciente no reciba atención, es obligación de quien se niega a realizar un aborto canalizarla con otro médico o médica, “pero jamás negarle a una mujer este derecho”.

Añadió que cuando la paciente llega al hospital con sangrado, alguna complicación o con un aborto inducido, la o el médico objetor de conciencia tiene que intervenir de manera inmediata. En estos casos la objeción de conciencia no aplicaría.

SEM/jap/sj

Mirada Violeta

#NoSinNosotras, el movimiento que visibiliza la ausencia de las mujeres

  • Los feminicidios son una forma directa no solo de violencia sino también de su “borramiento”.

Lupita Ramos Ponce

SemMéxico, 2 octubre 2019.- Históricamente, las mujeres han sido excluidas del mundo público. Se les constriñó al ámbito privado y doméstico. Los aportes de las mujeres, su sabiduría y logros quedaron invisibilizados en la historia a partir de un lenguaje androcéntrico que reconoce exclusivamente la “evolución del hombre”.

El borramiento de las mujeres en la historia es parte de la cultura patriarcal. Hacerlas presentes solo en sus roles madres, esposas y cuidadoras del hogar es una de las cargas históricas que justifican su exclusión casi de cualquier ámbito.

La incorporación de las mujeres en la vida pública y el reconocimiento de su papel en la ciencia, la historia y en los grandes avances de la humanidad, ha sido lento y se lo debemos casi exclusivamente al movimiento feminista.

Sin duda, los feminicidios son una forma directa e indiscutible no solo de violencia de género contra las mujeres, sino también de su “borramiento”. Pero hay otros “borramientos” que son igual de atroces, cuando se “desaparece”, “oculta” y “borra” a las mujeres de la historia y también cuando se les impide su participación.

En los años recientes, el feminismo se ha dado a la tarea de recuperar los grandes aportes que las mujeres han tenido en la evolución de la humanidad. También se ha dado a la tarea de visibilizar en los distintos ámbitos de participación pública la invisibilización de las mujeres.

Así es como surge el movimiento internacional #NoSinNosotras que trata no solo de demostrar que una de las violencias que pasa desapercibidas contra las mujeres es ocultar la contribución en el desarrollo social, político, económico, científico que ellas han dado, sino que además compromete a las instituciones públicas, gobiernos y universidades a la realización de eventos asegurando siempre la participación de las mujeres de manera paritaria.

Una de las justificantes que esgrimían los partidos políticos ante la obligatoriedad de incluir candidaturas de mujeres en la época del sistema de cuotas, era que “no existían mujeres que quisieran participar en la política” o bien que “no estaban preparadas”. Esos mismos argumentos discriminatorios los siguen utilizando en las universidades cuando incluyen paneles, mesas redondas de discusión, etc., sobre todo cuando se trata de temas científicos o políticos, con el argumento de que “no hay expertas”.

Cada vez es más vergonzoso encontrar espacios en donde solo aparecen hombres. Resulta inadmisible e injustificable la ausencia de las mujeres en cualquier ámbito, especialmente si se trata de discutir temas trascendentales. Esto habrá que informarles en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara que están convocando para este miércoles 09 de octubre al Conversatorio: ¿Por qué y para qué de un Congreso Constituyente en Jalisco?, invita la División de Estudios Jurídicos, el Departamento de Derecho Público y la Academia de Derecho Constitucional. Sin duda, el tema es pertinente y relevante, lo preocupante es que son siete hombres los que estarán discutiendo en el Auditorio Salvador Allende estos temas tan importantes. Vergonzoso que convoquen solo a hombres, vergonzoso que, a estas alturas, los espacios de discusión de las ideas en las universidades se realice sin la participación activa de las mujeres expertas en esos temas también. Eso, amiguitos de Tobi, es machismo también.

#NoSinNosotras.

lupitaramosponce@gmail.com

@lupitaramosponc