SemMéxico, 17 enero 2019.- Más que una respuesta, fue una reflexión la que le pedí al gobernador Silvano Aureoles, al anunciar ayer en rueda de prensa, las medidas adoptadas ante la contingencia del desabasto de gasolina en Michoacán, porque le escuchaba una realidad distinta a la dibujada unas horas antes, por López Obrador en Palacio Nacional.
¿A quién le creo: ¿a ti, y los 4 mil millones de pesos en afectaciones a la economía del estado, o al Presidente que sigue con que no hay desabasto ni daños y que vamos avanzando?
-A mí…
Y esta historia de la guerra contra el huachicoleo, me recuerda a la declarada por Felipe Calderón contra el narcotráfico, en diciembre de 2006 y estamos peor. ¿Qué va a pasar?
“Primero, ustedes tienen que escribir la realidad. Ayer en la Ciudad de México, y quisiera que no se perdieran en la confusión, ayer fue el tema central de las medidas que impulsaremos para apoyar al sector económico del estado. ¿Qué vimos ayer en la reunión con la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero)?
“Ellos traen otra realidad y se los dijimos. Me preguntaron ¿cuánto trae Michoacán en abasto de gasolina? y les expliqué que tenemos 25 por ciento, mientras ellos traen una cifra del 86 por ciento. Y con esa información, sale el Presidente a decir que no hay problema y no se está afectando a la economía. ¡Claro que se está afectando a la economía! Ahí está el Banco de México que bajó la expectativa de crecimiento del 2.6 al 1.6 %”.
“Entonces estamos hablando de cantidades muy distintas. Ustedes tienen sus cifras pero en la realidad pasa otra cosa, porque, una estación acababa su gasolina en 12 horas y ahora lo hace en 2 horas, lo que esta asociado a las compras de pánico por la falta de información.
“Luego me retaron con otras cifras. En el mismo periodo, en Michoacán, los distribuidores de Pemex entregaban de 118 a 120 millones de litros, y ahora Pemex ha facturado 128 millones ¿Qué significa? Que ha llegado más combustible pero no hay gasolina. Entonces vamos a revisar las condiciones específicas, pero si realmente tuviéramos un abasto de 86 por ciento, no tendríamos mayor dificultad. Entonces ahí hay un asunto que tiene que analizarse a más profundidad y es que al Presidente le dicen una cosa y en la realidad pasa otra.
“Lamentablemente se repite la historia. El actual Presidente trajo a ´mecate corto´ a Felipe Calderón por haberle declarado la guerra al narco y ¿cuáles son las palabras que usó entonces?: le pegaron al avispero sin saber el tamaño.
(El 20 de septiembre del año pasado, fueron descubiertos dos tráileres forenses del estado de Jalisco con cuerpos sin identificar. Al respecto, las palabras textuales del ya Presidente electo fueron: «Los muertos que ponen en dos tráileres, es producto del fraude electoral del 2006, porque se desató la violencia. No ganaron la elección en 2006, impusieron al presidente, y él, para legitimarse, le declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero. Y desde entonces hay mucha violencia en México. La guerra contra el narcotráfico debe de parar”).
Mi lectura –prosiguió Aureoles Conejo-, es que ahora tampoco sabían el tamaño de este, porque si lo habrían sabido, pues toman las medidas correspondientes. Entonces dos cosas:
“La estrategia no fue bien planeada y la otra, es que ha habido información es dispersa, confusa; porque en unos estados, como aquí, la información la Morena y el superdelegado (Roberto Pantoja) y no hay información precisa de Pemex, que es la autoridad y por eso se confunde más a la sociedad.
“La realidad es que con esta medida, no dimensionaron el tamaño y poderío del grupo de bandas que tienen ingresos de más de 100 mil millones de pesos al año derivados del robo de hidrocarburo. No lo van a creer, pero abajo de las tuberías de Pemex, han descubierto grandes almacenes para que en cuestión de horas se ordenen miles de millones de metros cúbicos de barriles; en un día chuparon más 135 mil barriles.
“Por eso creo que es un problema grande y por eso nosotros nos organizamos y movemos los barriles desde Lázaro Cárdenas para abastecer. Acordamos que si hoy tenemos pipas, las movemos, pero tampoco resuelve. Otra, que se abriría el ducto de Salamanca (este fin de semana) cuidado por soldados y marinos, pero si se detecta una baja presión, tendrán que volver a cerrar. Entonces, hay que esperar a ver qué sucede…”
***
¿Cómo entender esas expresiones del Presidente, en su informe del miércoles 16, sobre la crisis de la gasolina: “sí tenemos el control (…) pero debemos resolver rápido”?
Para Echeverri (2003) la epistemología es ese punto de vista desde el cual se relaciona una o uno, con las cosas, con los fenómenos, con los hombres y eventualmente con lo trascendente. “Esto, que se produce en el ámbito personal y cotidiano, también ocurre en el ámbito científico, donde proliferan distintas corrientes y sistemas de pensamiento que resultan ser, en definitiva, formas de ver el mundo”.
Conceptualizo: conocimiento que no lleva a indagar, buscar la verdad, así sea para confrontar –que es caso de esta columnista- y no usarlo para interpretar esas dos realidades sociales que tienen polarizados a quienes creen en la sobrenaturalidad de López Obrador y quienes no, vale queso. En todo caso, es eso que dice Echeverri: formas de ver el mundo. Pero entonces me pongo a vender galletas. ¡Híjole! También me friego: hasta eso requiere ciencia.
Dejo de filosofar y a lo que voy.
López Obrador dijo lo que dijo a 23 días de echar a andar su estrategia cucha, incompleta, apresurada con tal de “cumplir” con sus fans, porque ante lo evidente ya no tiene más excusas. El control lo perdió desde que decidió por sus calzoncillos –Rocío Nahle aseguró que ella no fue-, cerrar las válvulas sin un plan de contingencia para el menor daño posible a las cadenas productivas que mueven la economía.
Desde que decidió ser su propio vocero e improvisar –reitero- todos los días sobre la marcha y la caótica situación que seguimos viviendo en los estados más afectados.
Sin pesimismos, no tenemos ni la más remota idea de cómo va a terminar esto; cómo le dará López Obrador cerrojo a la crisis de la gasolina, o en el peor de los escenarios, que contra los huachicoleros de dentro y fuera de Pemex, le pase lo que a Felipe Calderón con la interminable guerra contra el narco.
Le escuché al especialista en temas de seguridad, Alejandro Hope, con Ciro Gómez Leyva: “esta guerra es el Vietnam de López Obrador”.
Con toda sinceridad, esperamos que no…
***
*Echeverri, Luis Guillermo (2003) “¿Qué es Epistemología?”, revista Cinta de Moebio, núm. 18, diciembre. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile.
SemMéxico. Veracruz. 15 de enero de 2019.- Las recientes manifestaciones ciudadanas en contra de las decisiones adoptadas desde la silla del Poder dejan ver que el pueblo no está dispuesto a tolerar más de lo mismo. Se perfila un problema de gobernanza, es decir, México no sale de la infiel relación gobernantes-gobernados, que se confió cambiaría con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Despreciar el mandato de quien los encumbró es un error y grave riesgo.
La gobernanza es un nuevo concepto que en su definición general analiza el funcionamiento del Estado pero también su interacción y relación con otros actores públicos y privados, y en ese ámbito la Cuarta Transformación se está tropezando.
En la postmodernidad neoliberal el Estado pierde su papel rector con respecto al desarrollo de la sociedad y a la regularización de la vida pública y ante una estructura con tintes regresivos de concentración del poder en México, fructifica el conflicto que padecemos. En la gobernanza el Estado debe interactuar con nuevos actores públicos y privados, nacionales e internacionales, bajo la premisa de la democracia, que parece no atenderse en este arranque de sexenio.
De manera natural el bono del voto de confianza se agota con el ejercicio de gobierno, sobre todo cuando persiste la impunidad, ineptitud y autocracia. Hoy se percibe en las redes sociales, las calles y en las colas de gasolinera, que el modo y la acción de gobernar están fallando y el enojo social hace su aparición ante el caos y la injusticia de la 4 T. Se toman decisiones cuyo costo lo paga el pueblo bueno, mientras que a los culpables se les otorgan el perdón (para no entramparse dice AMLO) y se le deja la puerta abierta para seguir delinquiendo en total impunidad. Ello genera desorden.
El problema es la corrupción derivada la impunidad. El “pueblo bueno” está dispuesto a asumir el costo pero solo si encarcelan a los responsables del caos al que los llevaron. El pueblo restante no está en la disposición de avalar gestas para encumbrar a un líder, a quien alguien quiere que pase a la historia por una expropiación petrolera “reloaded”.
El hartazgo de la impunidad y la corrupción tienen vigencia. La sola mención de que los expresidentes sabían el negocio del huachicol, obliga a López Obrador a actuar en congruencia o se convertiría en cómplice. No necesita sondeos, consultas para “legitima” el punto final, al que se refirió en su conferencia de prensa, que tiene un solo calificativo: Complicidad.
A las y los mexicanos les conviene más que los culpables paguen a que un presidente que juró justicia, les otorgue el perdón. Son muchas las y los sacrificados por los saqueos, del robo, de las omisiones, honrar a esas víctimas. Le compete a Andrés Manuel López Obrador, no debe traicionarlos argumentando que no quiere “empantanarse” en el pasado.
.
No es gratuito que la gobernanza en México sea la mayor preocupación entre analistas nacionales e internacionales que ven a la operación limpieza de ductos como una acción populista que impactará en la economía y sobre todo en la deuda de Pemex. No se trata de no combatir el robo a la nación, sino de hacerlo de manera eficaz e inteligente sin populismos y procurando justicia, no sancionando a mandos medios. sino a los jefes del cartel negro.
La gobernanza se está viendo afectada por la corrupción, la impunidad, la falta de estado de derecho, la ausencia de ética pública en algunos actores que hacen ya sus negocios, las mentiras, la manipulación discursiva que se les va cayendo a pedazos por las “benditas redes”. El despojo de empleos a miles de familias que alcanzaran, según los planes de la 4T- a un cuarto de millón de personas; pasar por encima del pacto federal, no solo con super delegados, sino en decisiones que no calculan.
En Veracruz un ejemplo: La palabra de la líder ciudadana se dejó escuchar fuerte y claro ante miles que se concentraron en la plaza pública de Chinameca, un poblado rural de Veracruz. –“Ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador en su filosofía, Señor Gobernador: ¡No mentir, no robar, no traicionar! ¡Ya nos mintieron, ya nos están traicionando, y están a punto de robarnos la salud!!!–, corearon junto con ella pobladores del sureste veracruzano para rechazar un relleno sanitario -de metrópolis cercanas- que pretendían imponerles.
El nivel de rijosidad en el reclamo prendió las alarmas. Apagó incluso el rumor de que se trataba de una protesta manipulada. Las decenas de familias y hombres concentrados exigían con furia al gobernante que externara públicamente y firmará una minuta, la cancelación del basurero en su zona. No tuvo otra salida que hacerlo.
Una acción -entre muchas- que exhiben el descontento popular ante operaciones que se están tomando en nombre de la cuarta transformación, sin tomar en cuenta ni el bienestar, ni el parecer del “pueblo bueno”, que en este caso se organizó para hacerle saber -con el rigor de una comunidad agraviada- al Gobernante-
El costo de las decisiones en este arranque de sexenio está siendo objeto de análisis en materia de gobernanza. Las pifias derivadas de una curva de 360 grados de aprendizaje, que no parece tener fin, están provocando una crisis social, de movilidad, económicas, del estado de derecho, del pacto federativo, financieras, empresarial, con estallidos de riesgo y hasta conflictos internacionales.
La situación es delicada y en lugar de atenderlas y asumir errores, manipulan la verdad para construir un imaginario colectivo de que se trata de una campaña de la mafia del poder, de la prensa Fifí y los derechairos, en contra su líder moral.
No entienden que no es personal. La crisis emanada de la inexperiencia o talante despótico, está a la vista.
No se trata de una persona, se trata del país, del orden, eficacia, respeto y honestidad hacia un pueblo lastimado por una élite política que solo llega a enriquecerse y los desprecia arteramente. El mandato es no hacer de la frase “primero los pobres”, la base para empobrecer más a la pauperizada nación mexicana.
Por ahora, no buscan mejorar la gobernabilidad relacionando el sistema democrático con el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. No consideran, no sólo la calidad de la gestión pública: eficiencia, eficacia y transparencia pública, sino también evaluar la capacidad de los gobiernos de actuar según los principios democráticos. Esta connotación positiva de la gobernabilidad le da un nuevo carácter que parece perder de vista en la 4 T, pese a que esa promesa de relación les dio el triunfo.
La inexperiencia de ese gabinetazo llevó a esta crisis al naciente gobierno lópezobradorista.
¿Bajó el dólar? Qué bueno, que ello ocurra, pero en el mercado y en el súper los jitomates no se pagan con dólares y el desabasto de productos básicos tiende a encarecer los perecederos.
SemMéxico. Cd. de México. 15 de enero de 2019.- ¿A cuánto han ascendido las compras (de combustibles) a Estados Unidos?, preguntó un colega en la conferencia de prensa mañanera que de lunes a viernes ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya respuesta se apoyó en la enésima descalificación a los medios de comunicación.
–Esa información de Wall Street Journal, pues, es equivocada, me da hasta pena decirlo, no tiene fundamento, se precipitaron. Sí, tenemos los datos, yo creo que, ¿los traes? (le pregunta a Roció Nahle, secretaria de Energía, quien le responde que no los lleva a la mano pero los entregaría). Por eso, no hay problema, en media hora los tienen ¿de acuerdo?, en media hora, fue una volada; es muy lamentable que un periódico tan afamado, este, publique una información que no obedece a la realidad y a las pruebas nos remitimos. Vamos a ver lo que dice la nota, dice combustible, o sea, vamos a verla, no sé cómo la interpretaron ustedes. ¿La interpretaron de que se compraba menos gasolina?, ¡ah!, ¿o crudo?, ¡combustibles!, sí, sí, ahora ya se puede componer, pero de todas maneras si se aclara es lo mejor (…)”—respondió López Obrador.
Y es posible que el presidente tenga razón y se trate de una confusión, pero cuando califica a la información como una “volada”, que en la jerga periodística implica una información falsa a la que se dimensiona entre la opinión pública, no sólo descalifica a The Wall Street Journal porque de paso lo hace con los medios de comunicación mexicanos que divulgaron esa versión sustentada por el diario estadunidense en fuentes confiables; el propio periódico tiene ese grado de confiabilidad.
Inductivo y manipulador, con su versión que nadie se atreve a contradecir en su equipo porque es la voz del señorpresidente, López Obrador dejó en el aire el sustento, que debió haber llevado documentalmente la secretaría de Energía, Rocío Nahle García, y que hasta anoche no había hecho públicos o por lo menos entregado a los reporteros que cubren la fuente presidencial.
Vaya, tampoco el director de Petróleos Mexicanos llevaba esa documentación que desmintiera a The Wall Street Journal, pese a que su cargo demanda contar con toda la información disponible inherente a la empresa productiva, sobre todo cuando el naciente gobierno de López Obrador enfrenta una crisis severa que, contra lo que digan las encuestas, ha generado irritación social y se encamina a escalar otros espacios de la economía nacional.
¿Bajó el dólar? Qué bueno, que ello ocurra, pero en el mercado y en el súper los jitomates no se pagan con dólares y el desabasto de productos básicos tiende a encarecer los perecederos que en la central de abastos entran en proceso de descomposición por falta de compradores que no llegan debido a la ausencia de combustibles, que eso son las gasolinas, señor presidente.
¿Hay un proceso de normalización del expendio de gasolinas en los estados que sufrieron el desabasto?, ¡excelente! Pero, ¿nos podrían decir los expertos integrantes del gabinete presidencial a cuánto ascendió el golpe a las arcas públicas por este delicado asunto que se operó con absoluta puerilidad?
Porque, mire usted, salvo Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien se presentó a la conferencia de prensa al lado de López Obrador, fue el único funcionario que demostró eficiencia y conocimiento del encargo que tiene. Cifras y datos respecto de cuánto dinero se ha blanqueado vía el huachicol y quiénes y de qué nivel están involucrados en el ilícito, refirió Nieto sin balbuceos o equívocos, como Octavio Romero, director de Pemex y la ingeniera Nahle, secretaria de Economía que, de pena ajena, se presentó a la conferencia que implica a su área sin documentos. ¿Estaría tuiteando mensajes de turismo?
El hecho es que esta conferencia de prensa debió haber ofrecido resultados pero sin el aparejo del enorme perjuicio ocasionado a millones de mexicanos que resintieron la ñoñez de quienes presumen saber de lo suyo para encaminar a la denominada 4T.
La reacción fue tardía. La información del WSJ tapizó al país con una versión que abonó en el desconcierto entre los consumidores de gasolinas –que finalmente son combustible– avivado por la inexperiencia del equipo cercano a López Obrador que operó al revés en un asunto de seguridad nacional, porque el desabasto de gasolinas tiene esa implicación.
Pero, vaya, si se trató de una “volada” como acusó López Obrador y de paso lo hizo contra los medios mexicanos, lo mínimo que debe hacer es fundamentar su dicho y no dejarlo en el aire como tantos otros calificativos peyorativos que ha utilizado para descalificar a sus críticos y aquellos que se atreven a disentir de sus gracejadas y dicharachos.
Si tiene razón y a las pruebas se remite, entonces la secretaria Nahle está obligada a respaldar documentalmente a su jefe.
Porque la inexperiencia de ese gabinetazo llevó a esta crisis al naciente gobierno lópezobradorista. Por supuesto es plausible y nadie con dos dedos de frente regatea el apoyo al combate a la corrupción, nadie se niega a respaldar estas acciones contra el huachicol producto de la complicidad de funcionarios de Pemex.
Bien que se combata a la corrupción y a esta delincuencia organizada, pero que no se mienta a la sociedad mexicana, que no se prohíje la división ni el linchamiento de quienes opinan diferente respecto de este gobierno que demostró novatez e inexperiencia. Provocó un problema y luego le buscó la solución. Y esa no es “volada”.
¿Quiénes asesoran a López Obrador? ¿Tiene Cuarto de Guerra para enfrentar estas situaciones de crisis? Todo indica que sólo el señorpresidente opera como el jefe de jefes. Digo.
SemMéxico, Cd. de México, 15 enero 2019.- La estrategia de seguridad debe tener en cuenta cómo impacta la violencia de forma distinta a mujeres y hombres, dijo la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño Zuloaga (Morena).
Durante la mesa de diálogo “Guardia Nacional, Mujeres, Seguridad y Paz”, en la que estuvieron presentes la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y la Red de Seguridad y Justicia para las Mujeres, señaló que México tiene una emergencia de años, por el incremento de feminicidios en todos los rangos de edad, pero en especial los infantiles. “Hemos recibido un país en donde hay tortura y violaciones sexuales todos los días”.
Es urgente dar respuesta a las víctimas de los distintos municipios del país “debemos mirarlas de frente y no sacarle la vuelta al problema”.
La diputada Aleida Alavez Ruiz, también de Morena, expresó que después de escuchar diferentes voces, el dictamen de la creación de la Guardia Nacional se modificó y se acordó que su mando sea civil. “Es necesario garantizar a las víctimas que no se repitan actos violentos contra ellas”.
Del mismo partido, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo, afirmó que es importante encontrar las condiciones para brindar al país seguridad, justicia y paz.
“Trabajaremos de la mano de las organizaciones para dar la batalla en este tema. No haremos oídos sordos. Revisaremos cuáles son las condiciones para la Guardia Nacional que se implementará porque es uno de los objetivos del Plan de Paz y Seguridad”.
Las diputadas Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) y Ana Lucía Riojas Martínez (Sin Partido) adelantaron que votarán en contra del dictamen porque no asegura la política de seguridad que el país necesita y porque la militarización no es la salida para la paz.
Por su parte, activistas de Sinaloa, Michoacán y Ciudad Juárez expusieron su testimonio sobre cómo ha sido el proceso de búsqueda de familiares desaparecidos y violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, y pidieron implementar estrategias que detengan la violencia en el país.
En el análisis de la creación de la Guardia Nacional los legisladores deben tomar en cuenta las voces de las comunidades indígenas, quienes coinciden en que no quieren más militares en la calle porque no brindan confianza, afirmaron.
La consultora internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Mujeres, Patricia Olamendi, leyó el manifiesto de las mujeres por la seguridad y paz en el que pidieron analizar nuevamente las reformas propuestas a 13 artículos de la Constitución con el fin de asegurar el carácter civil de la Guardia Nacional, previendo la participación de las Fuerzas Armadas en casos extraordinarios y sustituirlas en el menor tiempo posible.
Esta reforma, agregó, tiene que asegurar el fortalecimiento de las policías y de instancias en investigación del delito; solicitamos que se mandate la inclusión de perspectiva de género y de los derechos humanos.
Garantizar la representación de mujeres en pie de igualdad en todos los niveles de decisiones en las instituciones y mesas de negociación, en la construcción de reformas legales y en la política pública encaminadas a lograr la seguridad, justicia y paz, son elementos a incluirse, sostuvo.
Asimismo que se sancionen todas las conductas de violencia por razones de género que se cometan contra las mujeres por integrantes de la Guardia Nacional, como la tortura sexual. También que se instale el sistema nacional para niñas y mujeres desaparecidas y feminicidios, muchos de ellos perpetrados por y en contexto de la delincuencia organizada.
Agregó que la reforma deber considerar un mecanismo de protección inmediata para niñas y niños víctimas del crimen organizado o que su madre y padre se encuentren en prisión. Las organizaciones de mujeres piden establecer mesas de diálogo permanentes en los procesos de reformas en la materia.
De la organización Humanas Sin Violencia, A.C., Lucero Circe López Río Frío, puntualizó que la Guardia Nacional es una apuesta fundamentalista, patriarcal y bélica para no alcanzar la paz. “El dictamen adolece de la posibilidad de poner en el centro de las políticas de seguridad a las personas”.
Preocupa, agregó, que esta Guardia se centra en una disciplina militar, además justifica la estrategia bélica y armamentista al asociar la guerra con la política.
De la Red por la Paz, la Justicia y la Seguridad, de Ciudad Juárez, Imelda Rufo Nava expresó que en los procesos de seguridad para la paz no se consideró a las mujeres violentadas en sus derechos humanos por militares ni a quienes fueron parte de trata, de mujeres explotadas y en cautiverio.
“Los derechos humanos deben ser el eje fundamental de la Cuarta Transformación porque no puede haber cambios sin la participación de mujeres en los procesos de seguridad, justicia y paz en el país”, agregó.
El director Ejecutivo de la Comisión Mexicana, Defensa y Promoción de Derechos Humanos, José Antonio Guevara, consideró que el dictamen de la Guardia Nacional busca constitucionalizar la militarización del país.
“Lo que este Congreso está por aprobar en materia de seguridad nacional es un cambio de paradigma de las relaciones cívico-militares en México. Es la sustitución de la Constitución del 17 por una de corte autoritario que militariza la seguridad, viola el pacto federal, afecta la división de poderes e implicaría el blindaje jurídico más ambicioso que cualquier régimen militar pudo haber soñado”, afirmó.
Ante ello, dijo que las y los diputados deben rechazar la iniciativa, cancelar la sesión extraordinaria de mañana y abrir la discusión sin prisas, presiones y chantajes para encontrar el mejor modelo de seguridad.
El representante de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, Antonino de Leo, consideró que la reforma debe integrar a la policía a nivel federal, estatal y municipal y capacitarlos en materia de atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Agregó que es fundamental tomar en cuenta la rendición de cuentas y políticas que generen confianza en las instituciones.
Asistieron la senadora Patricia Mercado (MC) y las diputadas Beatriz Rojas Martínez (Morena) y Martha Tagle Martínez (MC).
SemMéxico, Cd. de México, 15 enero 2019.- La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucia Micher Camarena, anunció que trabajará en la creación de una agenda feminista de la mano con la sociedad, y para ello abrirá una serie de audiencias públicas para tratar temas como justicia, derechos humanos, medio ambiente y salud, entre otros, referentes a la protección de los derechos de las mujeres, porque son prioritarios para la nueva administración y para el Congreso.
Al inaugurar el Conversatorio con la periodista Lydia Cacho Rivero con motivo de la disculpa pública ofrecida por el Estado Mexicano por el caso de tortura y secuestro del que fue objeto, la senadora de Morena reconoció la trayectoria de Cacho Rivero y la calificó como una mujer que concreta muchas de las luchas nodales en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, de los adolescentes, de niños y niñas de este país.
Micher Camarena recordó que la periodista, escritora y defensora de los derechos humanos ha tocado temas espinosos como la trata de personas y la pornografía, los cuales, dijo, siempre pisan al patriarcado, evidencian el abuso del poder y el tráfico de influencias.
En el transcurso de su trabajo, indicó, ha puesto al descubierto redes de corrupción que entrelazan el poder económico y político hasta concretarse en redes de explotación infantil. Por eso estamos aquí, para reconocer su valentía, porque nunca cedió para que el Estado siguiera la investigación a fondo de lo que descubrió.
Destacó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en contra del Gobierno mexicano y en sus resolutivos incluyó que se le ofreciera una disculpa pública a la periodista, lo cual se hizo el pasado 10 de enero. Esto demuestra añadió, el claro compromiso del nuevo Gobierno con la defensa de los derechos humanos en el país.
En administraciones anteriores, la petición de disculpas públicas por parte del Estado Mexicano y solicitada por organismos internacionales en materia de derechos humanos, fue siempre minimizada e ignorada, señaló.
La legisladora refrendó la confianza de los legisladores en la nueva administración porque estamos ciertos, dijo, que habrá de acatar y respetar las sentencias de las instancias internacionales de derechos humanos. Además, se tomarán medidas necesarias para hacer justicia a las víctimas.
Por su parte, la Representante de ONU-Mujeres en México, Belén Sanz Luque, reconoció el trabajo que realiza el Senado de la República a través de la Comisión para la Igualdad de Género en la lucha para la justicia, la equidad y la labor para sacar adelante una agenda legislativa con el fundamento de erradicar la violencia contra las mujeres.
Estas acciones, aseveró, ponen en evidencia la importancia que da el Gobierno en materia de justicia restaurativa.
A su vez Lydia Cacho Ribeiro, señaló que tenemos la meta y la responsabilidad de estar a la altura de este momento histórico. “Hacer justicia para todas las mujeres”.
Aseguró que aún falta mucho por hacer, toda vez que las instituciones no se han transformado lo suficiente, y el trabajo en favor de los derechos de las mujeres, la trata de personas y la pornografía debe proseguir y profundizarse.
Sin embargo, reconoció que existen servidores públicos como los de esta Comisión que hacen la diferencia y trabajan en el cambio que requiere el país en materia de derechos humanos y la inclusión de la mujer en todos los ámbitos.
SemMéxico, Guadalajara, Jalisco. 15 de enero de 2019.- Diputados de Jalisco votaron en contra de exhortar a la Secretaría de Salud a garantizar la aplicación de la Norma 046 en la prevención de casos de violencia sexual contra las mujeres.
Pese a que se esperaba que el exhorto fuera votado y aprobado durante la sesión del pleno, este fue enviado a la Junta de Coordinación Política del Congreso para revisión, por lo que no hay fecha para su discusión. Minutos antes de su discusión ante el pleno, la bancada de Acción Nacional y algunos diputados de Movimiento Ciudadano se movieron para que no saliera la iniciativa.
Con evidente desconocimiento de la Norma, durante la discusión el titular de la Comisión de Salud, el diputado de Morena, Arturo Herrera Lemus, se manifestó en contra de este tipo de exhorto por considerar que trata de la despenalización del aborto e incluso propuso se lleve a consulta la aplicación de la Norma 046.
“Vamos a abstenernos pero quisiera dar una justificación. En este tema que trae este apartado con relación a la despenalización del aborto hay una confusión muy grande también en la sociedad por este tema ya que no es lo mismo despenalización a aprobación o permisión, de tal manera que consideramos que sería de mucha relevancia por respeto propio a los derechos humanos y a la libre decisión de las personas a que esto llegara a ser una consulta ciudadana y que sean los propios ciudadanos los que definan la aprobación o no aprobación”, dijo.
Dicho exhorto que se mandó a la congeladora, fue impulsado por la diputada priista Sofía García Mosqueda quien explicó al legislador que el llamado es para garantizar que las instituciones de salud pública lleven a cabo el protocolo en niñas y mujeres que sufren violencia sexual y les otorguen la pastilla del día siguiente si así lo desean así como los retrovirales para prevenir enfermedades de transmisión sexual.
“No estamos despenalizando el aborto, hay una pastilla que es emergente y es para prevenir el embarazo cuando se sufre una violación, es el tema que estamos aquí defendiendo los derechos de las mujeres cuando sufren una violación. Estamos pidiendo que las mujeres tenga el derecho a que se aplique este protocolo que esta desde el 2005, no es una norma que estamos haciendo ni reformando, es exhortar a la Secretaría de Salud a que la aplique en todos los hospitales de todos los municipios”, indicó.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez tomó la tribuna para explicarle la Norma al diputado Herrera Lemus -quien es médico de profesión.
“Nadie está hablando de aborto en la Norma 046, es para la aplicación de un protocolo en cuatro vías y se las voy a explicar, doctor, por que las desconoce: atención ginecológica, atención dental, atención psicológica y atención legal y jurídica. Nadie está hablando de aborto, estamos hablando de la gravedad cuando niñas, adolescentes y mujeres sufren de agresión sexual, violencia sexual, y que el estado mexicano debe garantizar atención inmediata con un protocolo internacional”, subrayó.
En la iniciativa la diputada García Mosqueda destaca que en Jalisco, según datos de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, de enero a noviembre de 2018 se cometieron 2 mil 480 delitos contra la libertad y la seguridad sexual, de los cuales 333 corresponden al delito de violación.
Tras la discusión, con 6 votos en abstención, 2 en contra y 30 a favor, la iniciativa de exhorto se mando a la congeladora.
Apenas el 25 de noviembre pasado, durante la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, la legislatura condenó el “no respeto” a los derechos de las mujeres y se comprometieron a pugnar “en todo momento su defensa y cabal cumplimiento a sus prerrogativas”.
Además en diciembre, se presentó la bancada de mujeres, misma que quedó a deber en su primera prueba para impulsar la agenda de género en el estado que sólo está en el discurso pues además con el cambio de administración en todos los niveles de gobierno la política pública hasta ahora no ha sido definida por el gobierno del estado.
SemMéxico. Cd. de México. 15 de enero de 2019.- La presencia militar y policiaca en México ha producido heridas profundas para la vida y los cuerpos de las mujeres. Violación, abuso sexual, tortura, detenciones extrajudiciales, asesinato. La lista de casos documentados es enorme.
Los informes más recientes estiman que 8 de cada 10 mujeres bajo custodia de federales o militares, son sexualmente torturadas. Hoy no tendríamos que pensar será distinta, advierten voces feministas y hechos documentados.
Los casos emblemáticos hablan de impunidad, indiferencia y olvido.
El silencio lo rodea todo.
Donde hay fuerzas del orden, continúan las violaciones sexuales, desplazamientos forzados y asesinatos. Ahora mismo los militares custodian ductos y estaciones de hidrocarburos, están en comunidades y carreteras. Más de 5 mil 800.
A ellas las rodea el silencio. Hay sistemáticamente, desde 1956, siempre una razón. Un argumento. Se invoca la fuerza del Estado. Se justifica la seguridad nacional, el combate al narcotráfico, la guerrilla, una situación extraordinaria.
La presencia militar, en pueblos y comunidades, además tiene costos económicos, sociales y ambientales exagerados, no resuelve y sí agrava la problemática, dice la abogada chiapaneca Martha Figueroa Mier quien en los últimos 25 años ha representado y litigado el caso de tres niñas tzeltales violadas por militares en Altamirano, Chiapas, en 1994. En las zonas indígenas, agrega “es mucho peor”.
¿Casos? Históricos: Loxicha, Montes Azules, Sierra de Tezonapa, Atenco, Castaños, Chiapas, zona Triqui. Recientes, 15 estados: Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Responsables: las autoridades castrenses, Sedena y Semar; civiles de los tres órdenes de gobierno: federales, estatales y municipales.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Centro Prodh en el informe “Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”, de noviembre 2018, habla de un patrón sistemático: detención ilegal de las mujeres sin decirles por qué se las detiene. Luego son trasladadas a instalaciones oficiales o clandestinas de las fuerzas de seguridad. Ahí son torturadas sexualmente, violadas, abusadas sexualmente y con tocamientos durante un lapso de 12 horas a tres días.
Amnistía Internacional (AI) denuncia el “habitual” abuso sexual por parte de militares y policías mexicanos a mujeres detenidas. Y agrega que 100 mujeres detenidas en cárceles federales denunciaron tortura y malos tratos durante su detención. Los hechos se remontan a distintos años, a partir de 2011, según declaró Madeleine Penman, autora del informe de la Amnistía Internacional.
Las mujeres embarazadas no escapan a esta violencia: ocho de las mujeres entrevistadas por AI dijeron haber sufrido un aborto a consecuencia de la tortura.
NIÑAS TZELTALES: 25 AÑOS ESPERANDO JUSTICIA
Figueroa Mier, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C., testiga durante más de dos décadas del significado de la presencia militar en Chiapas señaló una y otra vez de violaciones cometidas por militares.
La periodista Soledad Jarquín en un ensayo denominado Construyendo la seguridad humana en un mundo inseguro, presentado en 2009 en un foro convocado por Joan B. Kroc Institute for Peace & Justicia (IPJ), University of San Diego. EE.UU, afirma que las mujeres indígenas son las principales víctimas de los actos de terrorismo a manos de militares convertidos en policías, como ejemplo está el caso Acteal, donde 21 de las 45 víctimas eran mujeres. Mujeres objeto de torturas físicas y psíquicas, desapariciones, violaciones y desplazamiento forzado.
Figueroa Mier, en entrevista, informa que el asunto de las tres niñas Tzeltales, fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, suma varias recomendaciones para el gobierno mexicano. Dijo que un día antes de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, había audiencia, cuando México ya había ofrecido “pedirles perdón y reparar económicamente el daño”, pero no se pudo llevar a cabo. Hoy habrá que esperar.
Durante estos años un grupo de periodistas mujeres fueron descubriendo el significado de la presencia militar. Hicieron un recorrido, por el país. Se recogieron historias y detalles sobrecogedores.
Las 3 niñas Tzeltales fueron violadas por militares en un retén militar en junio de 1994, cuando el Ejército fue desplegado en Chiapas, por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
En 2012, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 8 mil 502 indígenas fueron encarcelados injustamente, de los cuales, el 10 por ciento correspondió a mujeres. Señaló que además de la violencia intrafamiliar o el poco -o nulo- acceso a servicios como salud o educación, las mujeres indígenas son presas de discriminación, abusos de autoridad y en muchos casos, de violaciones graves de derechos humanos. Un caso paradigmático ocurrió en junio de 1994, en Altamirano, Chiapas.
Un grupo de militares detuvo en un retén a Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez (todas ellas indígenas tzeltales), con el pretexto de un interrogatorio las mantuvieron privadas de su libertad por dos horas. En ese lapso de tiempo las tres hermanas fueron separadas de su madre y fueron golpeadas y violadas. Las hermanas Gonzáles, a finales de ese mismo mes, con base en un examen médico ginecológico, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público Federal. En septiembre de ese mismo año, su expediente fue archivado, bajo el argumento de que “los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso”. En 1996 el caso fue sometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero fue hasta abril de 2001, que la CIDH declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por estos hechos.
Han pasado más de 25 años y más de 15 de la resolución de la CIDH, y México ha incumplido con las recomendaciones, publicó Revolución 3.0.
Hoy el grupo NiUnoNiUnaMás dice en una carta al presidente López Obrador no a la militarización y recuerdan el paradigmático caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a quienes el gobierno mexicano en 2018 pidió perdón público. También el de Ernestina Ascensio Rosario en la Sierra de Tezonapa, Veracruz.
Señalan que las investigaciones de la periodista Laura Castellanos para su libro “Crónica de un país embozado 1994-2018” encontró colusión del ejército con las bandas delincuenciales en Michoacán, Guerrero y Chihuahua.
Por ello, sostienen “nos oponemos a la creación de la guardia nacional anunciada en el Plan de Paz y Seguridad sin fecha límite para la actuación de las Fuerzas Armadas. Este 15 de enero el presidente de la República reafirmó que el mando de la guardia será militar y la administración civil.
La académica María Guadalupe Huacuz Elías, escribió: “en la ley debería estipularse la transición a una guardia civil y una modificación a la ley castrense que permita que se juzgue a quienes torturen, desaparezcan o realicen cualquier tipo de violación a los derechos humanos en especial a mujeres y niñas.
Soledad Jarquín Edgar afirma que un rasgo común en todas las agresiones de militares contra mujeres ha sido la impunidad. Luego hace un recuento de los hechos ocurridos en México, de los que han sido documentados que se refleja bien en una frase que los integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, “Luis Flores García” expuesto en 1982, durante el II Foro Nacional de Denuncia de la Represión y la Violación de los derechos humanos en México:
“El papel que el Ejército ha tenido, es el de asesinar, violar a las mujeres, quemar sus casas y robar, con el pretexto de hacernos aparecer como “gavilleros”, “robavacas” y “delincuentes”.
El resumen de las organizaciones defensoras de los Derechos Humano es: No ha habido justicia, como no la hubo en decenas de casos que seguimos descubriendo.
A lo largo de años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
llevó a cabo investigaciones y formuló más de 95 recomendaciones. En Ciudad Juárez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 22 quejas por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en 18 meses, de marzo de 2008 a septiembre de 2009.
Casos históricos, recogidos por la periodista Soledad Jarquín, quien recibió el Premio Nacional de Periodismo, por el caso de violación a un grupo de mujeres en Castaños, Coahuila, por un grupo de militares en 2006, es autora del siguiente recuento de 19 casos, entre 1956 y 2008.
Triquis 1956
Los habitantes de la etnia Triqui, una de las 18 que hay en el sureño estado de Oaxaca, habitan en la parte más occidental de la entidad en la región de la mixteca, considera como la más pobre y marginada. Los triquis ocupan una extensión de 500 kilómetros cuadrados y sus comunidades se dispersan en los distritos de Putla, Tlaxiaco y Juxtlahuaca. Originalmente –relatan los historiadores- los triquis pertenecían a los mixtecos, pero se habría separado hace 3,500 años atrás.
Las mujeres triquis visten huipiles hechos en telar de cintura, color rojo, elaborados en lana –cuando la lana se producía en la zona—y en algodón. La forma del traje depende de su estado civil, es decir, si son niñas, solteras, casadas o viudas, una situación que se repite en muchas otras etnias oaxaqueña.
Desde la época post-revolucionaria, la población triqui ha sido marcada por una permanente violencia generada por grupos políticos que pelean a muerte el poder y en ocasiones han sido los propios funcionarios de los gobiernos en turno quienes han creado la división y los conflictos entre la población. El número de víctimas que han dejado estas disputas han sido tantas que no son cuantificables ni por las mismas instancias de procuración de justicia.
En el año de 1956, muere en el barrio Cruz Chiquita el teniente Patos y varios integrantes del pelotón que lo acompañan. Patos fue asesinado por indígenas triquis casados de la extorsión de la que eran objeto. Entonces el gobierno federal ordenó la invasión del barrio Cruz Chiquita por los militares, y estos arrasaron por tierra con todo lo que encontraron a su paso apoyados por la aviación militar. Todos los que pudieron se refugiaron en la sierra, los que no lograron hacerlo (niños, mujeres y ancianos) fueron fusilados y ahorcados.
Triquis, 1978.
María Marcelina Ramírez, se dirige al gobernador del Estado de Oaxaca, en ella explica que el 31 de julio de 1978, llegó a su casa el presidente municipal de San Juan Copala, Antonio Ramírez Flores, y una partida militar, “rodearon mi casa, donde estaba mi esposo al que asesinaron y a mí y a mis hijos también nos balearon (su hija de cuatro años de edad murió días después como resultado de las heridas).
El Rastrojo, 1979
Un grupo de 14 mujeres de Rastrojo denuncian ante el gobernador del Estado que el 19 de enero militares de San Juan Copala se acuartelan en la escuela y golpean a dos niños. El 21 catean los domicilios y roban dinero en efectivo y otros objetos como huipiles y animales. Se llevan a las señoras atadas a quienes amenazan poniéndoles el cañón del fusil en la boca para hacerlas confesar, pero ellas no hablan castellano, hablan triqui, entonces nadie sabe qué confesaron.
Santa Cruz Chiquita, 1979
El 21 de enero, nueve mujeres de Santa Cruz Tilapa denuncian ante el procurador agresiones por parte de militares, queman 12 casas y les roban sus propiedades.
El Rastrojo 1979
El 29 de octubre de 1979, María Agustina Josefina Álvarez y Ana María denuncian ante la PGJE que en Rastrojo Pablo Martínez, alcalde de San Juan Copala, y Mateo Francisco, comandante, disfrazados de soldados asesinan a Juan Celestino Vázquez. María Agustina y Ana María señalan que también fueron saqueadas sus casas.
Santa Cruz Tilapa, 1980
Son violadas las señoras María Elena y María Cristina Martínez, en tanto que la niña Francisca Zenaida Martínez, de ocho años fue secuestrada. También destruyen el interior de la casa de las señoras.
Un grupo de seis mujeres y un hombre denuncian los atropellos de Pablo Martínez López, cometidos los días 17 y 18 agosto de 1980. Una de ellas, María Agustina Lorencia, expone que su esposo Emiliano Jesús Flores fue asesinado, el resto relata que son destruidas sus viviendas y robadas sus pertenencias y dinero.
Cuyuche, El Rastrojo y Santa Cruz Chiquita, 1981
El 11 de noviembre llegaron los militares al barrio de Cuyuche, Copala, donde torturan a un integrante del Comité de la escuela y disparan contra las viviendas. En Rastrojo roban pertenencias de las personas. En Santa Cruz Chiquita siguen las balaceras y roban. Se llevan por la fuerza.
En julio de 1982 se denunció el asesinato de María Camila García y de sus hijos Cayetano y Juan Ramírez García, por parte de un grupo de pistoleros que fueron identificados.
San Juan Copala, 1982
El 6 de septiembre de 1982 en el centro de San Juan Copala, el agente municipal Juan García López, Antonio Ramírez Flores y el comandante de la policía amarraron a Celestino Flores Pérez y en su presencia violaron a su esposa Dominga Ramírez. Si denunciaba los hechos, le dijeron, serían asesinados.
El 24 de diciembre Margarita Ita, originaria de Santa Cruz Chiquita, fue atacada cuando se dirigía a Putla con sus hijos, los agresores fueron José Mejía, Ramón Celestino y Vicente, quienes al último la secuestraron.
Los conflictos políticos de la zona Triqui, se generan por la disputa del poder entre los grupos antagónicos del MULT, MULTI y UBISORT, quienes se responsabilizan unos a otros de asesinatos, secuestros, emboscadas, donde las mujeres son objeto de violencia sexual, secuestros y despojo de sus pertenencias, además de provocar la migración forzada hacia la capital oaxaqueña u otras entidades del país.
Un recuento hecho por MULT señala que entre septiembre de 2004 y julio de 2007, fueron asesinadas dos mujeres, otras han sido violadas y obligadas a emigrar de sus comunidades; las niñas también son objeto de violencia sexual, como sucedió a una menor de 14 años violada por presuntos integrantes del MULTI y cuyos captores y violadores nunca fueron detenidos ni molestados por la autoridades judiciales, en tanto las hermanas Daniela y Virginia Ramírez Ortiz permanecen desaparecidas desde el 5 de julio pasado cuando salieron de Rastrojo para ir a otra población. El caso nunca fue investigado y el Procurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez concluyó la investigación el 18 de enero de 2008.
Antes, en una declaración señaló que no podía arriesgar a los agentes judiciales, pues los triquis son muy conflictivos y podrían asesinarlos.
A esta lista se sumó una agresión con arma de fuego contra la niña Sofía Bautista Martínez, en octubre de 2007, tras recibir un balazo en la cabeza luego de que vecinos de Guadalupe Tilapa dispararan contra la población de San Juan Cuyuchi, Copala. Los hechos ocurrieron mientras ella esperaba a su tía afuera de su casa. La menor presenta hoy una parálisis facial, camina con dificultad e intenta hablar pero no tiene dinero para ser trasladada cada mes a una terapia de rehabilitación.
También el 7 abril de 2008 fueron asesinadas las dos locutoras de Radio, Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores, quienes trabajaban en la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Radio Copala. Las dos jóvenes fueron asesinadas durante una emboscada en la que se utilizaron armas de alto poder, por lo que el caso fue atraído por la PGR, no hay resultados.
Altamirano, Chiapas 1994
Después del 1 de enero de 1994 cualquier duda en relación con la situación de violación a derechos humanos, en especial de los grupos indígenas en Chiapas, ha quedado totalmente despejada. En Chiapas, al igual que en el resto del país, las mujeres viven subordinadas a los varones en su grupo familiar o comunitario, por ello aunque no están directamente involucradas en la toma de decisiones referentes al conflicto, son ellas las más vulnerables y por tanto quienes más sufren las consecuencias del conflicto armado y la militarización, apunta el documento Derechos de las Mujeres, discriminación y violencia elaborado con motivo de la visita oficial del relator para los derechos y libertades de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen.
El 4 de junio de 1994, Ana, Beatriz y Celia (González Pérez) y su madre (Delia Pérez) fueron detenidas por un grupo de militares en un retén militar “para interrogarlas”, así como ilegalmente privadas de su libertad, violadas y amenazadas, con la complicidad de más de 30 elementos del Ejército de un retén militar en el municipio de Altamirano, Chiapas, cerca de la zona conocida como Las Cañadas.
En 2001 el Estado mexicano dijo que “decidió archivar el expediente ante la falta de comparecencia de las jóvenes a declarar y a someterse a pericias ginecológicas”. (Sara Lovera, Cimacnoticias 26 abril 2001).
En julio la SEDENA “rechaza enérgicamente las falsas imputaciones” en un boletín. A 25 años de los acontecimientos cerca de Altamirano, Chiapas, las entonces jóvenes de 12, 15 y 17 años de edad, siguen en espera de respuesta por parte de las autoridades judiciales civiles, dice la abogada Figueroa.
El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 16 de enero de 1996, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C., alegando responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos por los hechos sucedidos en 1994, el Estado alega que las autoridades competentes llevaron adelante una investigación seria, aunque no se agotaron los recursos internos, que los representes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso, por lo cual no se podía reiniciar la investigación militar y que no se configuró la violación de los derechos humanos.
Las violaciones, se informó el 18 de junio de 2001, se dieron en un contexto de violencia generada por la presencia de policías de seguridad y militares en Tenejapa, zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El saldo, además de casas incendiadas, familias desplazadas y policías expulsados fue la violación que sufrieron las mujeres. (Gladis Torres, cimacnoticias 11 de septiembre de 2008).
San Cristobalito, municipio de San Andrés Larrainzar, 1995
El 4 de octubre de 1995, son violadas tres enfermeras de la brigada de vacunación de la Secretaría de Salud y Asistencia, por un grupo de 25 hombres armados y encapuchados.
Lagos de Montebello, 1995
El 26 de octubre de 1995, Cecilia Rodríguez, ciudadana norteamericana y coordinadora de la Comisión Nacional por la Democracia en México, que opera en EEUU, fue violada por varios hombres fuertemente armados.
Para noviembre de 1995, el grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas, organismo no gubernamental con sede en Chiapas, “cuenta con una lista de casos debidamente documentados, ocurridos durante año y medio, es decir, desde que estalló el conflicto armado en esa entidad y que se recrudecieron durante las negociaciones de pacificación entre el EZLN y el gobierno federal. (Archivo de Notas, 2 Nov. 1995).
Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, 1997
El 3 de diciembre de 1997 Delfina Flores, de 28 años de edad, y Aurelia Méndez Ramírez, de 31, indígenas tlapanecas de la comunidad Zopilotepec, municipio de Atlixtac de Álvarez, Guerrero, denunciaron haber sido violadas por cinco soldados.
Loxicha, Oaxaca, 1997
La historia comienza la madrugada del 29 de agosto de 1996, cuando un supuesto comando del Ejército Popular Revolucionario interrumpe la paz en La Crucecita, Santa Cruz Huatulco, agencia municipal del emporio turístico que desde la década de los ochenta construye el gobierno federal en el litoral pacífico oaxaqueño, conocido como Bahías de Huatulco.
Los guerrilleros atacan la Partida de Infantería de Marina, de la Policía Judicial Federal, la Policía Judicial de Oaxaca, la Policía Preventiva y la municipal, así como de Fonatur; el resultado, 13 muertes: cuatro infantes de marina, tres policías preventivos, un policía municipal, un civil y cuatro personas no identificadas. Entre esos muertos estaba Fidel Martínez, ex regidor del Ayuntamiento de San Agustín Loxicha.
Esta situación trajo consigo la militarización y paramilitarización de las comunidades Loxicha, asentadas estas en la Sierra Sur, lo que provocó el encarcelamiento de unos cien pobladores (12 hombres continúan detenidos, en tanto que Isabel Almaraz, la única mujer detenida obtuvo su libertad el 17 de junio de 2008, tras seis años de prisión por un delito que no cometió), así como asesinatos selectivos, detenciones arbitrarias, tortura y otras violaciones a los derechos humanos.
En Los Loxichas se ubican entonces cuatro Bases de Operaciones Mixtas: en El Portillo de las Flores, Magdalena Loxicha, La Sirena Miramar, Loxicha y Agustín Loxicha. Se acondicionó un helipuerto doble en La Cruz para facilitar el desplazamiento de tropa a la región. Con modernas camionetas realizan patrullajes, se desplazan en camionetas último modelo y su armamento incluye Ak-47, M1 y M2. Sus prácticas eran despiadadas y sanguinarias. Tienen como papel principal delatar, pero también torturan, asesinan, violan a mujeres y participan en detenciones arbitrarias.
En enero de 1998, 15 meses después de haber iniciado la búsqueda de supuestos eperristas y acusar a Los Loxichas de ser el bastión del grupo guerrillero, se dio a conocer la violación de 21 mujeres por parte de guardias blancas, agentes judiciales y militares en Magdalena Loxicha.
Según un reporte periodístico de la época, los violadores entregaban dinero a las mujeres para que no denunciaran. El caso fue tomado por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), entonces presidida por Angélica Ayala Ortiz. Ella sostiene –años después que no fueron 21 sino 36 las mujeres zapotecas víctimas de los ataques sexuales de policías, judiciales y militares, así como los llamados “guardias blancas”.
Se presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presidida por el actual procurador general de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, pero nunca hubo intención alguna de actuar para castigar a los responsables, por el contrario, según testimonio de Angélica Ayala Ortiz, el caso no prosperó por intimidación de la CEDH, pues las mujeres fueron advertidas que tendrían que demostrar los hechos o de lo contrario irían a la cárcel.
Del caso sólo existen en la CEDH un “cuaderno de antecedentes” donde se da cuenta del inicio de una queja de oficio por la nota periodística titulada Guardias blancas, violan a mujeres en M Loxicha, que el diario El Gráfico publicó en su página 17, bajo el número: CEDH/CA/21/(17)/OAX/1998.
Incluso en febrero de 1998, la oficina de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, negó que esa dependencia haya recibido alguna denuncia o queja por violación a mujeres en la región Loxicha, pero que hicieron una investigación y encontraron “casos de convivencia y relación libre entre mujeres y miembros de una corporación policiaca, pero por propia voluntad” (febrero 1998).
Ciudad Lerdo, Durango 1997
En Cuidad Lerdo, Durango, dos menores de 11 y 14 años fueron violadas por elementos de la VI Zona militar, con sede en Saltillo, Coahuila. Del caso nada se supo. Ningún elemento militar fue detenido y ni siquiera sus nombres fueron dados a conocer por la VI Zona Militar. La violación se cometió el último día de 1997 en un cuartel establecido junto al poblado de León Guzmán. Las niñas habían sido llevadas a ese lugar con engaños por parte de una mujer. (La Jornada/Jorge Torres/ 13 de enero de 1998).
Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, 1999
El 21 de abril de 1999, Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33, de Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, y pertenecientes a la etnia mixteca ubicada en el estado de Guerrero, fueron interceptadas y violadas en casas abandonadas.
Barranca Bejuco, Acatepec, 2002
El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú, de 17 años, también fue agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero, el 16 de febrero de 2002 mientras lavaba ropa cerca de su casa.
Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero, 2002
El 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, fue violada en su casa por 11 soldados. Estos casos también fueron analizados por la CIDH. Son sólo tres los casos analizados por la CIDH.
Sobre las violaciones a mujeres guerrerenses, Amnistía Internacional refiere en un comunicado del 23 de noviembre de 2003, cuando dio a conocer el Informe Violencia Contra las Mujeres Indígenas e Injusticia Militar, que “La impunidad que rodea estos casos afecta directamente a las mujeres y a las comunidades indígenas de Guerrero, donde la fuerte presencia militar les recuerda su trauma e infunde temor, disuadiendo a otras mujeres de presentar denuncias”.
Efectivamente, el 9 de febrero de 2008 fue secuestrado y asesinado Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés, su cuerpo fue encontrado al día siguiente en Ayutla de Los Libres, municipio donde trabajaba como albañil. Como su hermana, violada en marzo de 2002, Lorenzo había sido integrante de la organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), el cual también había hecho una campaña por las 14 indígenas que denunciaron haber sido esterilizadas por la fuerza en 1998.
AI se mostró preocupado en febrero pasado por la seguridad de Inés Fernández, de su esposo Fortunato Prisciliano Ortega y de la traductora Obtilia Eugenio Manuel, también integrantes de la OPIM que han sido amenazados e intimidados a partir del 9 de febrero de 2008, fecha en que desapareció Lorenzo.
Como en el caso de Chiapas, AI reconoce los graves fallos de las prácticas de investigación de la Procuraduría General de Justicia Militar, que ponen claramente de manifiesto la falta de imparcialidad.
El gobierno mexicano ha expresado su compromiso de combatir todas las violaciones de derechos humanos quienesquiera que sean sus autores. Sin embargo, no ha tomado medidas para restringir jurídicamente la jurisdicción militar, dejando así que siga siendo uno de los principales obstáculos para poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar.
Castaños, Coahuila, 2006
El 11 de julio de 2006, más de 20 soldados asaltaron la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, violaron a 14 mujeres, entre bailarinas y trabajadoras del sexo, golpearon y robaron a algunos clientes, sometieron a policías municipales y trabajadores de los bares Las Playas y El Pérsico.
Días antes, del pelotón MK-19, perteneciente al 14 Regimiento de Caballería Motorizado, estaba asignado a cuidar las boletas de la elección presidencial en las oficinas del Instituto Federal Electoral en la ciudad de Monclova, ésta ubicada a unos 14 kilómetros de Castaños, ambos en la zona central de Coahuila, estado ubicado al norte de México.
Un grupo de siete militares habían estado tomando en Las Playas, pero escenificaron un pleito con otros, debido al exceso de alcohol que habían tomado. Álvaro Flores iba a ser detenido en una “celda” que utilizan los policías para calmar a los parroquianos rijosos, sus compañeros de juerga intervienen, prometen llevárselo. Cómo eran soldados los policías aceptan.
Sin embargo, 40 minutos más tarde, cuando apenas rebasaba la media noche, regresaron vestidos con uniformes, utilizando armas de uso exclusivo del ejército y en un vehículo de la misma institución castrense, el argumento es que hacían una revisión.
En el lugar fueron abusadas dos de las tres mujeres que estaban en Las Playas. Ambas fueron llevadas a la parte de atrás, contra la pared fueron obligadas a desvestirse mientras los soldados les apuntaban con sus armas largas. Las dos jóvenes fueron sometidas a vejaciones y humillaciones verbales. En tanto, el cantinero y los policías fueron golpeados.
Los soldados se retiran del lugar. Se dirigen al Pérsico, donde cierran el lugar, someten a los policías y trabajadores. Un grupo de mujeres corre a esconderse en la cocina. Desde el lugar hacen llamadas a los cuerpos de seguridad pidiendo auxilio pues escuchan cómo son golpeados los trabajadores y los insultos a sus compañeras.
Los 20 soldados permanecen en el lugar unas 4 horas, nunca llega la ayuda. Después se sabrá que no llega porque “piensan que se trata de los zetas”, brazo paramilitar que emplea el crimen organizado.
La agresión fue denunciada por las trabajadoras ante el Ministerio Público, 12 soldados fueron identificados por las mujeres. Al finalizar agosto, fueron detenidos ocho soldados, el gobierno del Estado, organizaciones civiles y de la iglesia, demandaron que fueran juzgados por la vía del fuero común.
A diferencia de las ocasiones anteriores, en Castaños se alegó que no deberían ser juzgados por la justicia militar pues los soldados no se encontraban cumpliendo ninguna orden cuando cometieron la violación, incluso se encontraban fuera del municipio donde se les había asignado para cuidar las boletas electorales, finalmente fueron juzgados por el fuero común.
Como resultado de la agresión sexual una de las mujeres tuvo un aborto y otra mujer resultó embarazada. Ninguna de las mujeres recibió anticoncepción de emergencia por parte de los servicios de salud.
Durante el juicio hubo careos entre las víctimas y los victimarios, se realizó una inspección en el lugar de los hechos. En tanto las mujeres agredidas fueron amenazadas por familiares de los militares, les ofrecieron dinero en varias ocasiones, lo que provocó que al menos dos se retractaran de sus dichos, lo que afectaría la sentencia.
De los 20 soldados que participaron, 12 fueron denunciados por las trabajadoras. Ocho detenidos, uno más fue puesto en libertad en sólo una semana gracias a la declaración de un superior jerárquico, se trataba de Héctor Méndez de la Cruz, quien fue liberado en sólo ocho días y sin escuchar el testimonio de la mujer a la que agredió. Tres más permanecen prófugos: Ricardo Hernández Hernández, quien habría dirigido el ataque, así como Bardomiano Hernández García y José Raúl Ramírez.
El juez de la causa, Hiradier Huerta Rodríguez, finalmente dio a conocer la sentencia el 1 de octubre de 2007. El resultado sorprendió a las mujeres y a la sociedad que había estado pendiente del largo proceso:
Omar Alejandro Rangel Fuentes, quien fue señalado como el soldado que agredió sexualmente a cinco trabajadoras la noche del 11 de julio de 2006, fue condenado a 41 años, cuatro meses.
Juan José Gaytán Santiago, acusado inicialmente por seis mujeres, una de las cuales se retractó, fue condenado a 21 años de prisión, lloró al escuchar el fallo.
Fernando Adrián Madrid Guardiola, quien violó a dos mujeres, recibió una pena de 31 años y ocho meses de prisión.
En tanto que Ángel Antonio Hernández Niño, quien habría sido acusado de violación a una de las mujeres de Castaños, fue condenado por lesiones a policías, a tres años nueve meses de prisión. Misma que libró al pagar una multa por 20 mil 843 pesos, lo que equivale a mil 929 dólares aproximadamente.
Los militares absueltos fueron Norberto Francisco González, quien violó a una de las mujeres, misma que se retractó ocho meses después de los hechos, se le acreditó el delito de lesiones y el pago de 482.10 pesos, unos 38 dólares.
Rosendo García Jiménez también obtuvo su libertad por el fuero común, luego de que la parte acusadora se retractara de sus dichos.
Los otros dos liberados fueron Casimiro Ortega Hernández, absuelto por el delito de violación, no así por el delito de lesiones a policías, por lo cual tendrá que pagar 482.10 pesos, y Norberto González Estrada, liberado y quién pagará la misma multa por “lesiones leves a preventivos”.
La Procuraduría General de la República nunca inició investigación alguna por el uso indebido de armas, uniformes y vehículo propiedad de la nación.
Actualmente se espera la resolución de la apelación que tendrá que dar a conocer en breve el Tribunal Superior de Justicia.
Lo que se puede decir que en el caso de Castaños lo que hubo fue justicia a medias.
Villa Cloete, 30 de octubre 2007
Hubo una nueva “incursión militar” sucedió la noche del martes 30 de octubre en la villa Cloete, municipio de Sabina, como lo hicieron en Castaños el 11 de julio de 2006, seis militares estaban uniformados, armados y utilizaron vehículos del Ejército y eran, como en Castaños, elementos del 14 Regimiento de Caballería.
Pero esta vez fue quizá la inmediata intervención policiaca lo que impidió que los militares llegaran a más. Podría pensarse que ya aprendieron la lección las corporaciones policiacas quienes se sabe intervinieron casi de inmediato y trataron de detenerlos. Pero lograron llegar a su base militar.
Cuatro Ciénegas, mayo 2008
En el municipio de Cuatro Ciénegas, las autoridades policiacas decidieron ocultar el asalto con armas en la mano y portando uniformes de un grupo de militares a la zona de tolerancia, donde “se divirtieron con mujeres” y bebieron en el Salón Cruz Blanca, minutos antes otro grupo hizo disparos contra la pared del antro, nadie hizo ninguna denuncia.
Soledad Atzompa, Veracruz. 2007
En la comunidad de Tetlalzingo, municipio Soledad Atzompa, Veracruz, en la sierra de Zongolica, una de las más pobres del país, Ernestina Ascensio Rosario, de 73 años, fue violada por elementos castrenses al parecer, pertenecientes al 63 Batallón de Infantería de la 26 zona militar de Lencero, Veracruz, la mañana del día domingo 25 de febrero de 2007.
En testimonio dado a sus familiares afirmó que “los militares se le vinieron encima”, dato que obtuvieron pues fue la última declaración de la mujer antes de morir. Más tarde, debido a su crítico estado de salud, fue trasladada al hospital regional de Río Blanco en donde el día domingo 4 de marzo falleció.
El caso tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación en un principio y fue atraído por autoridades federales para su investigación. El cadáver se exhumó para su investigación. Hubo presiones para la familia. Felipe Calderón, quien era criticado por la presencia militar en el país, dijo que la señora había muerto de gastritis y debido a una anemia, incluso días antes de que oficialmente las autoridades dieran a conocer los resultados de sus investigaciones. La versión fue ratificada el 3 de septiembre de 2007 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Para los organismos sociales hubo irregularidades en el caso, uno de ellos la omisión negligente de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres (Fevim) de la PGR y la indebida intervención de la CNDH en funciones de ministerio público.
Nocupétaro, Michoacán 2007
Cuatro jóvenes que trabajan en el restaurante La Estrellita de Nocupétaro, Michoacán, fueron víctimas de violación y abuso sexual por parte de elementos de ejército mexicano, el 2 de mayo de 2007, supuestamente los militares estaban investigando los vínculos de la dueña del restaurante, Carmela, con Los Zetas.
En su relato las cuatro jóvenes cuentan que fueron detenidas con violencia en el restaurante. Llevadas en helicóptero hasta Michoacán, les dijeron que la tirarían al mar. El caso fue tomado por la CNDH, relata que también fueron abusadas sexualmente por los soldados, quienes las llevaron a un cuartel y ahí dormidas habrían sido violadas.
Después de varios días fueron entregadas a la Agencia Federal de Investigaciones, ahí denunciaron las agresiones de que fueron víctimas.
Los retos, la impunidad carta abierta para los soldados.
El reto más importante para el gobierno mexicano es su voluntad política para no permitir más impunidad por parte de elementos que tendrían que resguardar la seguridad e integridad de la población mexicana.
Otra idea importante es la presentada por la diputada Marina Arvizu, coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa. Quien presentó una iniciativa a fin de que cualquier delito cometido por militares y donde las víctimas sean civiles, los soldados deben ser juzgados por la vía civil.
La propuesta es realmente importante, pues como esta visto, los soldados están en las calles del país para combatir el crimen organizado. Eso parece bueno, pero sus efectos colaterales tienen ya varias víctimas civiles, muchas de ellas mujeres, quienes han sido sometidas a todo tipo de vejaciones.
Voces internacionales como la de Soraya Long, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con sede en Costa Rica, insiste en que los hechos de violación de derechos humanos, deben ser investigados por una jurisdicción ordinaria y no militar.
De esta forma sostiene sería la única forma de garantizar la imparcialidad y efectividad de la investigación, ya que la jurisdicción militar no es el órgano competente para investigar casos de violaciones cometidas por elementos del ejército”, señala Long en entrevista.
México no es distinto a otros países pese a su “tradición pacifista”. Igual que en otras naciones del mundo, cuando estallan los conflictos, el cuerpo femenino se convierte en campo de batalla.
Los cuerpos de coerción se distinguen porque muchos violadores pertenecen a ellos, el Ejército y las distintas policías. Al privilegio genérico se suman el privilegio y la supremacía del poder militar y policiaco sobre los civiles y la sociedad, sostiene la especialista.
SemMéxico, 14 enero 2019.- Queridas, queridos como se habrán dado cuenta me tomé tres semanas de vacaciones, entre festejos y capacitaciones que he estado tomando, ahora estoy con ustedes.
Miren con eso de la crisis de la gasolina y para entender mejor lo que está pasando, busqué el libro de Ana Lilia Pérez “El Cártel Negro”, ¡qué buena investigación y qué manera de narrar ésta tragedia, sí tragedia!
Cuando un crimen como éste, el robo de hidrocarburos, lleva tantos años perpetrándose, donde están involucrados, presidentes, gobernadores, alcaldes, “empresarios” policías, ejército, partidos políticos, funcionarios de todos los niveles, sindicatos, población civil y crimen organizado, ocurre lo que está ocurriendo cuando se trata de poner orden.
Cuando llevan tanto tiempo robando, ¡por supuesto que se sienten afectados en sus intereses más particulares!, es lo que ahora se llama un sesgo cognitivo, esto que es un crimen que ha afectado y sigue afectando a la mayoría de las y los mexicanos, para ésos que alegremente participan y siguen participando de ésta fechoría, ¡no hay delito!
Busqué más información sobre Ana Lilia, vive asilada en Alemania, las amenazas contra su vida vienen de todas partes.
Sin la menor duda, puedo afirmar que la vanguardia periodística en México va, en muy buena medida, de la mano de las mujeres, son las mujeres periodistas las que están marcando el camino del buen periodismo.
La semana pasada, Lydia Cacho Ribeiro, recibió disculpas públicas del gobierno mexicano, ante la violación de sus derechos humanos por dar a conocer una de las redes de pederastia que operan en nuestro país y que hace ocho años llevó a su arresto y vejación ordenados por Mario Marín Torres y Kamel Nacif.
Carmen Aristegui Flores, sigue ganando la batalla legal ante los infundios de MVS, luego de que diera a conocer la corrupción en la pareja presidencial de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera y su llamada “casa blanca”.
Hace varios años, Sara Lovera López recibió amenazas por dar seguimiento a la información sobre la escolta personal del entonces Sub-procurador de Investigación y Lucha contra el narcotráfico, Javier Coello Trejo, quienes se dedicaron a violar mujeres en el sur de la capital del país.
Soledad Jarquín Edgar, no cejará jamás en su lucha por que se esclarezca el asesinato de su hija María del Sol, también periodista, aunque eso implique que las autoridades oaxaqueñas tengan que reconocer que sí, que a las y los empleados del gobierno de Oaxaca se les obliga a hacer trabajo gratuito para el PRI, exactamente como ocurre en muchos otros estados del país y también aquí.
Guadalupe Lizárraga lleva años dejando al descubierto la corrupción y la indolencia de los gobiernos de Chihuahua y Ciudad Juárez ante los feminicidios que no cesan en la zona fronteriza de México.
De las periodistas que han sido asesinadas por delatar los crímenes del sistema, ni hablar, sólo recordarles que México ha sido declarado como el peor país del mundo para el ejercicio del periodismo y para ser mujer, dos circunstancias que nos son adversas a quienes nos dedicamos a ésta profesión.
Se está organizando la Segunda Semana del Periodismo en Hidalgo, espero que no ocurra lo que el año anterior donde privó el club de Tobi y sólo hubo una mesa para mujeres.
Segunda Semana del Periodismo en Hidalgo, ¡NO SIN NOSOTRAS!
SemMéxico. 14 de Enero 2019.- Es una inquietud a dilucidar, originada por las noticias de 2019. Está presente una saturación en los medios de comunicación masiva, con el único tema, las limitaciones de gasolina en varios estados. Con extremo, se omiten otras informaciones especialmente, en los estados, mayoritarios donde no existen situaciones críticas por combustible.
La nota del día sobre la gasolina ocupa absolutamente todos los espacios de radio, televisión, medios digitales. Las noticias se regodean con detalles hasta en los embarques del combustible en los puertos de Veracruz y Manzanillo, así como los comentarios sobre el traslado por vía férrea o carreteras. Y agregan las declaraciones del presidente quien pidió no proteger a los huachicoleros y participar en la vigilancia para evitar el robo de gasolina, después que se dieron a conocer en el municipio de Acambay, en el Estado de México, donde pobladores acudieron a un ducto de Pemex a robar combustible. https://vanguardia.com.mx/
Se generan a todas horas programas de comentarios en múltiples espacios para polemizar sobre las medidas, proponen llamadas de alerta por las cuales evitar el desabasto, etc. etc. etc. Vale recordar cómo en noviembre y diciembre pasados, el tema era otro: las migraciones hacia Estados unidos, las caravanas, los relatos conmovedores de la niña fallecida o el hombre con su bebé pidiendo ayuda internacional y las irremediables declaraciones de Donald Trump, quien describió a los migrantes como un peligro, reclamando el muro. Está vigente la grave situación de miles de personas sin esperanzas que constituyen un problema social para México.
¿Dónde quedaron esas mujeres y hombres migrantes que desaparecieron de la opinión publica abruptamente?
Solo en la prensa local, Tijuana se refiere a la vida en el refugio para migrantes que, en un limbo de estancamiento político de su situación, han comenzado a adoptar ritmos habituales de un barrio: Mujeres y hombres en sus condiciones particulares trabajan; niñas y niños con las oportunidades de los centros migratorios asisten a clases; muchas mujeres juntan enormes bultos de ropa sucia para el lavado diario; mientras los vendedores improvisados, ofrecen café y otros alimentos. “Nos estamos acostumbrando a esta vida”, dijo Norma Pérez, de 40 años, quien salió de Honduras en una caravana migrante con dirección a Estados Unidos hace dos meses con su hijo de 5 años. https://www.nytimes.com/
Nada es nuevo con el desplazamiento forzado de miles de centroamericanos hacia los Estados Unidos que se agrava con el silencio, el frio y la lluvia que estimula la desesperación. La inseguridad de quienes emigran provoca la incertidumbre internacional tanto para residentes en México como para migrantes y violan los acuerdos ONU, con el primer Pacto Mundial para la Migración.
En busca de otra respuesta vale recordar las técnicas relacionadas entre sí, que crean una imagen o una idea y constituyen la manipulación de los medios de comunicación información, propaganda, con la supresión de información o de otros puntos de vista, que propician que se dejen de escuchar algunos argumentos o, simplemente, desviando su atención a otra parte.
Jacques Ellul, Francia, 1912-1994, filósofo y sociólogo en The Formation of Men’s Attitudes, afirmó que la opinión pública solo se puede expresar en canales de televisión producidos por los medios de comunicación… La manipulación de los medios de comunicación se usa en las relaciones públicas, la propaganda, el marketing y aunque el objetivo que se persigue es diferente en cada ámbito, las técnicas empleadas suelen ser muy parecidas, basadas en el supuesto de que el público tiene una capacidad de atención reducida.
Si se agrega a estas definiciones académicas el tema de la inseguridad ciudadana, los medios de comunicación como formadores de la opinión pública deben ser garantes de esas libertades y contribuir al orden social con mejor información, vale ante los temas de gasolinas, los huachicoleros, migraciones, derechos humanos y de género, libertades individuales. Todo, debe abordarse sin silencios ni manipulaciones tan evidentes.
SemMéxico, 14 enero 2019.- En la 4T no parece haber prisa para definir la política nacional de género. Hoy hace 45 días que experimentamos un gobierno que con gran prisa ha iniciado sus grandes transformaciones. Sin embargo, desde el 14 de diciembre, última reunión de la Junta de Gobierno para acordar una terna para la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres nada ha pasado.
Hay que decir que el Inmujeres es un organismo autónomo, con patrimonio propio y no depende de Gobernación, forma parte del gabinete ampliado y por eso tiene una Junta de Gobierno, donde el peso de los consejos es tan importante, consejos con mujeres del movimiento que luchó por la creación de esta institución. Por eso no es una secretaría.
Hoy estamos en espera de un acuerdo para la terna de aspirantes y se abra la designación de la nueva titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), pospuesta hasta nuevo aviso por falta de acuerdos. Se sabe que hay un argumento fundamental: falta de recursos para reunir a las consejeras que habrán de asistir, provenientes de las 32 entidades del país, y a quienes hay que sufragar sus gastos.
En realidad, parece un argumento baladí. Y lo es. Todo el proceso se enredó desde el comienzo. Para la transición el gobierno de Andrés López Obrador designó a la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y a la senadora Martha Lucía Micher, quienes desde octubre estuvieron en reuniones con el cuerpo directivo, encabezado por María Marcela Eternod Arámburu, encargada del despacho y en su calidad de Secretaria Ejecutiva, ya que la presidenta, Lorena Cruz Sánchez, renunció al cargo en marzo para participar como candidata al Senado de la República. Actualmente, forma parte de la dirección del Partido Revolucionario Institucional.
En esas reuniones las comisionadas para la transición recibieron de Inmujeres cuánta información solicitaron. Incluso pudieron examinar los perfiles de las integrantes de los consejos Social y Consultivo, órganos de colaboración del Instituto. Hecho esto, además de reconocer la labor del Instituto se hicieron dos convocatorias para la Junta de Gobierno, órgano rector de Inmujeres, una fallida, otra el14 de diciembre.
Las aspirantes, unas 12, en esos días fueron entrevistadas por la Secretaria de Gobernación quien, indebidamente, no compartió con las consejeras todos los nombres de las aspirantes. Algunas de ellas propuestas por mujeres de grupos, asociaciones, incluso de sus partidos políticos, como el caso de MORENA, con tres postulantes; así surgió la candidatura de Nadine Gassman, una mujer experimentada que reúne todos los requisitos, y que, viviendo en Brasil y ser franco-mexicana, parecía no estar en el radar de los grupos de interés, legítimamente preocupados por lo que será la política de género en la actual administración. El Inmujeres es el órgano rector de esa política, que espero no cambie.
Así las cosas, aún en el círculo acotado del feminismo en México, asunto que no importa a la “gran política”, realmente trataron de conversar, convencer y negociar con el nuevo gobierno, los asuntos más urgentes y necesarios para incorporar las preocupaciones de la condición social de las mujeres en los propósitos de la 4T. A las puertas de la casa de transición estuvieron grupos, las que hacen política, mujeres plurales, las antiguas y comprometidas feministas-políticas, como la ex gobernadora Amalia García y la ex subsecretaria Patricia Olamendi, quienes entregaron un documento de lo que debería ser la política de género en la 4T.
Igual grupos de mujeres con temas tan urgentes y preocupantes como la violencia que viven las mujeres a todo lo largo y ancho de este país, un hecho funesto que no para. Eso explica la lucha que dieron las diputadas para no reducir los presupuestos y mantener la estructura institucional creada en el pasado sexenio.
Lo mismo hubo argumentos, declaraciones de otras importantes aspirantes como María Candelaria Ochoa Álvarez, Maricela Contreras Julián, Magdalena García Hernández y, con promoción mediática, la dirigente de las mujeres de MORENA, Carol Arriaga García. Todas en una lista de 12, que incluyeron a mujeres de distintos orígenes y entidades del país.
El 14 de diciembre todas las consejeras, cuyo voto pesa, en la reunión de la Junta de Gobierno, hablaron, se quejaron de haber recibido “línea” para incluir en la terna, de donde el presidente decide, a varias de ellas. Especialmente a Nadine Gassman. Las averiguaciones que hice personalmente, señalaron a Malú Micher como la promotora insistente de incluir su punto de vista, no tenía que considerar la de Nadine Gassman en Naciones Unidas, y ¡oh sorpresa! en la terna que se pretendía acordar, apareció, sin aparente sentido, ni nada, la candidatura de Fabiola Alanís Sámano, quien se desempeñó como Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) de Michoacán, y que renunció en pleno proceso electoral para sumarse a MORENA. Una muchacha muy activa de Michoacán, según las palabras de Sánchez Cordero, el día de la reunión de la Junta de Gobierno.
Estos dos hechos confundieron, enojaron e hicieron reflexionar a las consejeras. El proceso quedó latente porque todas las consejeras se abstuvieron en el proceso de votación. Algo semejante sucedió hace seis años y Lorena Cruz Sánchez, no fue designada sino hasta enero de 2013, luego que durante semanas hubo discusión e incluso descalificaciones a la nueva presidenta de Inmujeres, quien por cierto hizo del Instituto un órgano realmente de política de género en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y durante su gestión sumó a gobiernos estatales, instituciones y grupos de mujeres. Tanto que fue en este sexenio, con su intervención, que se aprobó la paridad electoral, en la reforma política de 2014, y cuando diputadas y senadoras, habían hecho diversas y variadas iniciativas sobre el tema. Ella fue capaz de reunirlas y contribuir a que se hiciera la propuesta desde la Presidencia de la República.
Esto es Inmujeres, la piedra angular de la política de género. Si bien hay asuntos de fondo no resueltos, eso tiene que ver con las resistencias a los avances de las mujeres, tremendas resistencias. Tanto que ahora, los planteamientos de fondo de más de cuatro aspirantes a Inmujeres, de entre quienes podrá, otra vez, surgir una terna, la de la joven morenista, Carol Arriaga García, parecen querer conquistar a la 4T cuando habla de feminismo de élite, trabajo para las mujeres del pueblo, y un largo etcétera.
Me atrevo a pensar que la inmovilidad tremenda para reunir a la Junta de Gobierno, y salir del embrollo tiene que ver con una discusión interna en MORENA, que además, no es asunto principal ni para el presidente López Obrador, ni para su equipo. Por ejemplo ha quedado en el olvido, que fue reducido en 28 por ciento el presupuesto para el órgano encargado ese si dependencia de Gobernación para dar seguimiento a los trabajos y acciones que implica la Alerta de Violencia de Género, fundamental porque no paran la violencia y el feminicidio; de un plumazo se desentienden del problema los voceros de la 4T a la hora de planear la Seguridad y la Paz, olvidando a miles de miles niñas y mujeres que hoy están en el mismo riesgo que en el tiempo anterior, y sin reflexión las carreteras, los pueblos y comunidades están poblados de policías federales, integrantes del ejército y la marina, cuyo desempeño ha sido el abuso sexual, el crimen y la tortura, elementos castrenses que tienen presencia entre la comunidad con el pretexto de frenar el robo de hidrocarburos, combatir al crimen organizado y otras acciones, todas discutidas estos días.
La violencia contra las mujeres, esa específica, sólo por ser mujeres, no para. Urgen por ello las definiciones. Disponer, en medio de la prisa de la 4T, de política, actitud, reformas, las que sean necesaria, para actuar. Tener acéfalo al Inmujeres, parece tampoco preocupar a los grupos de interés, ni a las diputadas y senadoras; ni tampoco a las funcionarias de la 4T que han declarado que son feministas o proclives a atender, en integralidad, la condición social de las mujeres. Tampoco hay interés en los medios de comunicación, ni en cientos de periodistas de la televisión y la radio. Hoy la nota es otras y mientras, las cifras de la violencia, la impunidad y la falta de la política de género es lo que hay. Por eso urge resolver la presidencia de Inmujeres, ahora mismo. Veremos.
SemMéxico, 14 enero 2019.- Colegas ¿quién puede informar con datos duros que Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República o alguien de su gabinete ha pedido o sugerido que despidan o contraten a periodistas?
Ayúdenme a verificar esa versión, o a desmentirla. El lunes 8 de enero me topé con Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del Ejecutivo federal y no me comentó nada al respecto.
En aras de la precisión tenemos que documentar si los movimientos recientes de personal (despidos y contrataciones) en el periodismo mexicano tienen más explicaciones que la tendencia empresarial de alinear sus inventarios a las atonías del mercado de la publicidad.
La tendencia
Las reestructuraciones con despidos en los medios, que incluyen a periodistas, se aceleraron masivamente en el segundo semestre de 2018 pero ya eran recurrentes. Las causas son varias: revaloración de puestos por tecnología, variaciones bruscas de carteras de clientes, desarrollo acelerado de plataformas digitales, dependencia perversa de la inversión pública, mala planeación…
En ningún caso, que se sepa, las contrataciones o despidos son por peticiones expresas del gobierno federal que apenas empezó. ¿O sí?
“El número de trabajadores cesados en meses recientes se sitúa entre cinco y 10 mil y en dos años, de acuerdo con un cruce de datos del INEGI, el número llegaría a casi 20 mil. Tan sólo en Televisa se estiman entre tres mil y cuatro mil” sostiene el colega, especializado en finanzas y economía, Roberto Fuentes Vivar en su artículo del 9 de enero en el sitio almomento.mx.
“Por las características de los contratos (en muchos casos personales y negociables entre dos partes) es casi imposible conocer a detalle el número de despedidos en Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, Multimedios, Radio Fórmula, Radio Centro, Organización Editorial Mexicana, Reforma, La Jornada, El Universal, La Crónica, El Heraldo de México y otros medios más que han incurrido en deshacerse de personal para sortear la crisis o han negociado baja de salarios o prestaciones”, añade el reportero.
Siete de los movimientos notables, fueron en Radio Centro
Entre todos esos movimientos de personal, atraen el interés de nosotros y ciertos sectores políticos, los reacomodos recientes de ocho colegas de los más conocidos y que siete de ellos han sido en el corporativo Radio Centro.
Seguramente han sucedido otras separaciones forzadas de periodistas destacados pero sus casos no saltaron a la gran vecindad de las llamadas redes sociales en su modalidad del chisme, especulaciones y noticias falsas.
El grupo Radio Centro anunció, después de las elecciones federales, que incorporaría a Carmen Aristegui a su barra de noticieros. Ella cumplirá cuatro años (marzo de 2015) de que MVS le rescindió el contrato. La empresa arguyó incumplimiento, frente a la percepción general de que la empresa obedeció a petición de la Presidencia por la investigación de la Casa Blanca. Aristegui ha ganado el juicio civil en varias instancias. López Obrador, ya como presidente, dijo que se había cometido una injusticia contra la libertad de prensa. Pero ni Carmen, ni en la empresa ni algún morenista ha dicho que el gobierno federal haya intervenido para su contratación en Radio Centro. Su noticiero inicia este lunes 14. Fue decisión de la empresa.
Luego, también en Radio Centro, vino la salida del reportero y conductor de noticieros en Televisa, Carlos Loret de Mola. Andrés Manuel López Obrador le ha señalado públicamente tres veces de mentir en sus columnas, como lo ha hecho también con cuatro trabajos del Diario Reforma. Eso sí es presión extrema con palabras de presidente. Pero la decisión de marginarlo fue de la empresa. Loret, en redes digitales explicó que los directivos de la cadena quisieron cambiarle horarios, días y pago distintos a los que se habían convenido; sugirió que la empresa lo desplazó por ser crítico al nuevo gobierno federal; sus seguidores, en redes sociales, especularon censura sin aportar el dato duro de la petición o sugerencia del Ejecutivo Federal. Carlos Loret, ya anunció el regreso de su noticiero a W radio, propiedad de Televisa.
Una tercera noticia muy notable para los periodistas, fue el anuncio oficial de Radio Centro que incorpora a su barra noticiosa a Julio Hernández López, director de La Jornada de San Luis Potosí, creador de la columna Astillero y del sitio digital Julio Astillero. En el comunicado, la cadena resaltó (lo que sabemos entre colegas) que lo invitó por su credibilidad y por ser uno de los tres más influyentes en redes sociales. La nota fue replicada intensamente. En la viralización se recordó que el reportero-columnista desde hace años muestra empatía con el movimiento de Morena y, por supuesto con López Obrador. Julio comienza su programa, según me comentó, el 16 miércoles de enero. Este, como en el caso de Carmen es iniciativa y arriesgue empresarial.
El 8 de enero nos enteramos por anuncios de los propios periodistas que serán retirados de La Red de Radio Red, propiedad de Radio Centro, Lupita Juárez y Sergio Sarmiento que por años trabajaron juntos. Su retirada ocurrirá en los días próximos de enero. Jesús Martín Mendoza, quien laboró muy cercano a José Gutiérrez Vivó en Radio Red, también anunció en Twitter que el sábado 12 de enero dejaría de trabajar allí. El jueves 10, la periodista de cultura Elvira García informó en Facebook la terminación del noticiero Entre Nos de Radio Red-Radio Centro después de 17 años.
La mayoría de reacciones por estos anuncios fueron de buenos deseos para los cuatro colegas que esencialmente informaban con profesionalismo, lo que incluye la crítica. Una parte de los comentarios sugirió que obedecían al nuevo gobierno, pero tampoco sin datos concretos de quién o cuándo se haya pedido explícitamente.
La reportera entrevistadora Elvira García, interpretó mejor que los especuladores de las redes sociales: “…el Grupo Radio Centro ha entrado en un período de reestructuración del perfil de sus estaciones. Es en ese marco que yo dejo, por ahora, ese espacio radiofónico y esa empresa, para la cual no tengo más que agradecimiento por el respeto a mi trabajo y la libertad de expresión de la que siempre he gozado, a lo largo de 17 años… Agradezco a la familia Aguirre y en específico a Francisco Aguirre su generosidad”.
Siete movimientos de notables. Todos en Radio Centro. Y la única certeza es que ha sido la empresa quien planeó y decidió los despidos y contrataciones. Si alguien puede documentar lo contrario, compártanlo.
Otra vez Alemán
El mismo 8 de enero, ocurrió otra salida de un notable. Ricardo Alemán difundió en redes sociales que la empresa editora del sitio y el impreso 24 horas le presionó para que él optara por “retirarse del medio ya que argumentaron que de permanecer en él correrían el riesgo de perder importantes ingresos en publicidad”. Fue por ser crítico al presidente, añadió e interpretó que cuatro de los retirados de Radio Centro fueron también por su actitud crítica al nuevo gobierno y deslizó que esto es “como si fuera una cacería de brujas”. En este otro despido Alemán tampoco aportó datos de quién o cómo presionaron a la empresa para que fuese retirado, igual que de Televisa y de Canal 11 cuando caducó su convenio.
Si en estos u otros casos alguien nos diera datos precisos y concretos del regreso de que hubo acciones directas y expresas de gobernantes para despedir a colegas de sus empleos en empresas nos sumariamos a la defensa de la libertad de expresión y de prensa de los colegas afectados como lo hacemos desde hace décadas, incluso de mi amigo Ricardo Alemán pese a que fue perdiendo aceptación, confianza y credibilidad de la gente y sus empleadores, factores que si tienen Carmen y Julio, como lo reflejan sus miles de seguidores.
SemMéxico. 12 de Enero de 2019.- A cuatro días del periodo extraordinario de sesiones, programado para aprobar la Guardia Nacional, los líderes parlamentarios de Morena lucen confiados.
Hacen cuentas favorables para sacar adelante esa institución militar, vértice de la estrategia de seguridad del nuevo gobierno.
Son cuentas alegres que estarían incluyendo los votos de la oposición.
Porque, al tratarse de una reforma constitucional, se necesita de una mayoría calificada, equivalente al 66% de los diputados y de los senadores, es decir, a las dos terceras partes de cada Cámara.
En la Cámara de Diputados, el bloque del presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con 306 curules: 256 de Morena, 30 del PT y 20 del PES.
A esa cifra debe anexarse la bancada del PVEM, partido que opera como aliado del gobierno y que en San Lázaro puede ofrecer 11 votos.
De manera que, por descontado, el Presidente tendría 317 votos a favor de la reforma que modifica 14 artículos de la Constitución.
Así que en una hipotética sesión a la que asistieran los 500 diputados, el coordinador de Morena, Mario Delgado, necesitaría cabildear el apoyo adicional de 13 diputados de la oposición (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano) hasta alcanzar los 330 legisladores a favor.
Y si este miércoles 16 o jueves 17 se aprobara el dictamen que crea la Guardia Nacional en San Lázaro, acto seguido en la Cámara de Senadores, el jefe de la bancada morenista, Ricardo Monreal, tendría que conseguir 8 votos de la oposición para alcanzar la mayoría calificada de 84 legisladores de un total de 128.
Es ahí, en el Senado, donde la suerte de la Guardia Nacional puede convertirse en un momento cardiaco para el gobierno de López Obrador y una experiencia de mucha adrenalina para los representantes del PAN, PRI, PRD, MC y el independiente Emilio Álvarez Icaza.
Porque si bien las bancadas oficiales cuentan con 70 escaños (59 morenos, 6 del PT y 5 del PES) y a éstos habrán de anexarse los 6 del PVEM, los 52 senadores de la oposición tienen potencialmente un poder de veto cuando se trata de reformas constitucionales.
Pero todo indica que, en medio de las duras críticas de la CNDH, la ONU, organizaciones de derechos humanos y académicos al proyecto, la Guardia Nacional será una realidad.
Todo apunta a que los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda, contarán con el aval legislativo y el respaldo político gubernamental, para emprender un nuevo intento de parar, por la vía armada, al crimen organizado.
Lo sucedido esta semana en las audiencias públicas, en la Cámara de Diputados, permite perfilar un escenario favorable para el proyecto presidencial, el cual ayer fue políticamente defendido, ante los legisladores, por los militares del gabinete y el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.
Hay que reconocer la disposición de los funcionarios para comparecer en este ejercicio y ceder, al menos de palabra, a los reclamos que gobernadores y alcaldes hicieron para que el mando de la Guardia sea transitoriamente militar y se fortalezcan las policías locales.
Quedan para el registro del debate las reflexiones ahí compartidas.
“La guardia nacional en la Constitución, pero sobre todo subordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional es un error mayor a los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, cuestionó el panista Javier Corral, gobernador de Chihuahua.
La petición del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de MC, fue clara: “Lo único que pedimos, es que nuestra voz sea tomada en cuenta”.
Alcaldes y legisladores de Morena defendieron la propuesta presidencial bajo el argumento de que ahora las cosas serán distintas en las Fuerzas Armadas, porque su comandante en jefe es un Presidente honesto.
La réplica que sobre ese acto de fe expuso Alejando Madrazo (CIDE) ilustra las advertencias que estudiosos del tema dejaron en San Lázaro sobre el poder político que por la vía de la Guardia Nacional podría tomar el Ejército.
“La Constitución no se diseña para un hombre, se diseña para un país, y deben de pensar en qué va a pasar en la siguiente elección, a menos de que sean tan soberbios que creen que nunca van a perder una elección o nunca se va a morir su líder político”, expuso el académico.
Esa advertencia será retomada en el debate de la próxima semana por los legisladores de la oposición que alertan sobre los riesgos de un creciente poder militar: Martha Tagle (MC), los panistas Damián Zepeda, Adriana Dávila, Juan Carlos Romero Hicks y Xóchitl Gálvez y el perredista Miguel Mancera, entre otros.
Pero la señal de alarma también provino de Morena, con la diputada Tatiana Clouthier, quien pidió al presidente López Obrador aceptar que el mando militar de la Guardia Nacional sólo dure tres años.
“El tener cinco años el mando militar estaría hablando, inclusive, de poder decir que el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos seis años en este país. Me niego a poner esto como una antesala”, alertó.
En las próximas horas sabremos si esas advertencias fueron escuchadas o se quedarán como registro del derecho al pataleo en los tiempos de la hegemonía de la Cuarta Transformación.
SemMéxico, 10 enero 2019.- Al despuntar el 2019 continuamos atestiguando la construcción del mito de Andrés Manuel López Obrador. No hay mejor proceso de construcción que la de nuestra propia leyenda y el líder de la cuarta transformación no está al margen de este ejercicio.
Todos los días los humanos nos refundamos, reiventamos y construimos nuestra propia historia-ficción para trascender, no es de extrañarse que un proyecto como la 4T no esté erigiendo su mito fundacional como una estructura simbólica que tiene la función de dar sentido y de explicarse a las instituciones nacientes, remitiendo su historia a los «tiempos originales».
Fuimos testigos de diversos símbolos en la investidura de Andrés Manuel López Obrador como Presidente Constitucional de la república mexicana, que van más allá de una expresión populista o de campaña como se ha interpretado. Se trata de la construcción del discurso fundacional e incluso algunos observan una edificación ideológica base, tal como ocurrió con el villismo que luchaba contra el latifundio y el autoritarismo del porfiriato. El repudio al modelo neoliberal y a los fifís, expresado en los discursos del 1 de diciembre, así lo exhiben.
Los mitos fundacionales son los que nos explican los surgimientos de las ciudades o de los estados, pero también se podría aplicar a personas ya que etimológicamente viene de la palabra griega “aition” que significa causa. En lo personal considero que la estructura discursiva de AMLO es la construcción del líder que el país, por ahora, necesita para llevar a cabo la ansiada e ineludible transformación de México.
El mito fundacional como el resto tipo de mitos sigue las características principales de estos, siempre destaca el héroe que se convierte en el salvador de la ciudad o la nación, pero que todo lo ha conseguido gracias también a la ayuda de un Dios, fuerzas espirituales (como Francisco I Madero), en el caso de México, se vinculan a la causa indígena y su cosmovisión. Ya probó el zapatismo que es redituable.
Para entender el comportamiento de Andrés Manuel López Obrador y algunos cercanos, no el de su equipo advenedizo -esa es otra historia-, hay que recurrir a Antonio Gramsci y otros autores del pensamiento marxista, que reflejan la Cuarta Transformación pacífica: “las clases que imponían su dominio social lo hacían no solo por medio de la fuerza (coerción), sino que necesitaban constituir una hegemonía ética y cultural, es decir, forjar un consenso en torno a ideologías y valores. Esta hegemonía era la tarea del «intelectual orgánico”. En la 4T lo intentan con el proyecto de la Constitución Moral y la pedagogía política mañanera donde “la verdad os hará libres”.
No sabemos si calculado o no López Obrador realiza actos, como la ceremonia indígena del zócalo, -que la posmodernidad no acepta y hasta repudia-, para preservar su postura de líderazgo opositor al estatus quo. No obstante, pierde de vista que los verdaderos “tatas”, no están de acuerdo que se le ofrezca el conocimiento y el poder de la “tinta roja y negra” en un acto multitudinario -al estilo hollywoodense- en el pleno corazón de Tenochtitlán.
En Veracruz por ejemplo esos rituales, entre otros, es efectúan en el Kantiyan Totonaca, resguardados, con unos cuantos invitados, por la solemnidad que implica para su cultura el conocimiento oculto. En Malinalco, a los guerreros Águila y Ocelote se les investían en centros ceremoniales donde solo los sacerdotes entraban, lejos de las miradas del que desconoce. El ritual es un transitar entre energías sutiles que la mayoría no comprende y hay que evitar las burlas que generan por ignorancia.
El zapatismo del sub Marcos logró un impactó que ha perdurado un cuarto de siglo por un contexto mundial dónde se requerían líderes emergentes que abonaron por años su nicho; y eso es lo que pasan de largo los asesores del presidente López Obrador. Él es el poder, ya perdió la figura del opositor al sistema, tampoco se le ve como un candidato violentado institucionalmente. Ya no puede fungir como un intelectual orgánico que abandera las causas sociales ante “la mafia de poder”, sin embargo, continúa la construcción del mito entre discrepancias y afectaciones a los que dice defender.
Estamos ante una crisis de legitimación y la pérdida del potencial justificativo disponible para sostener las pretensiones de legitimidad, y como asevera el filósofo José Antonio Pérez Tapias, la crisis actual se caracteriza por ser también trances de las ideologías del pasado reciente, incluida la burguesa-liberal.
La conciencia tecnocrática ganó terreno entre la alta burocracia, implicó una visión de conjunto, por más que ésta fuera distorsionada y distorsionante de la realidad. Despojó a las nuevas generaciones de referencias a la tradición ancestral, que es necesario recuperar con los rituales, pero que instaurándolas desde el poder, será complicado recobrarlas, sobre todo cuando hay un doble discurso.
No son gratuitos los rituales que articula el poder para lograr una utopía, bajo un liderazgo distinto. El problema es la incongruencia de lo que el Presidente de México dice y lo que se hace en su gobierno. Despojar del empleo a miles, simular, la vigencia de la corrupción, discursos de odio contra la prensa, fomentar el resentimiento social, el perdón a la mafia del poder, etc. Es decir, la distancia entre el discurso y la realidad indica que hay poca importancia en sanar la fatal herida de la credibilidad y eso implica un riesgo que tarde o temprano está destinado a implotar.
SemMéxico, 10 enero 2019.- Abierta parcialmente al público, más que al que Andrés Manuel López Obrador ha llamado pueblo sabio –el que votó por él, por supuesto– la residencia presidencial de Los Pinos, registra un constante flujo de visitantes que intercambian comentarios, ya de sorpresa que de ofendida condición personal por observar y enterarse del que algunos consideran lujo excesivo, con el que vivían los presidentes en turno en las casas construidas a modo en ese espacio del rumbo del bosque de Chapultepec, en la que fue Hacienda de La Hormiga.
Y mire usted que en cada uno de los letreros que aluden lo mismo a la recámara presidencial, en la Casa Miguel Alemán que en la oficina que, con absoluta certidumbre refiere el anuncio orientador, el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río pensó y redactó las líneas del decreto de la expropiación petrolera y la entrega de millones de tierras a los sintierra, se lee: “Así lo recibimos”.
En efecto, así recibieron los administradores de este espacio residencial que se denomina Los Pinos, por cierto, custodiado por elementos de la Policía Militar y jóvenes civiles que orientan y ordenan a los visitantes por dónde caminar y no entrometerse en espacios que en realidad nada tienen de especial ni secreto.
Pero, en el alto mando del primer círculo de Andrés Manuel López Obrador, ungido Presidente de la República hace 41 días, no pueden presumir en este momento que “así recibieron al país”, porque en ese breve tiempo con una tendencia que venía desde los días más crudos de la campaña electoral, al país le han variado ofensivamente la pretendida esencia del cambio aterciopelado.
Sí, el 1 de diciembre de 2018 no hubo gritos ni sombrerazos, ausentes los grupos de anarquistas que seis años atrás provocaron al Ejército y a la Policía Federal, en una bravuconada al entrante presidente Enrique Peña Nieto, en el Palacio Legislativo de San Lázaro corrió la ceremonia de la unción de López Obrador en un ambiente de sobrado aburrimiento.
En la residencia oficial de Los Pinos los vestidores de las recámaras presidenciales lucen brillantes, sin brizna de polvo; la amplísima cocina sin enseres, por supuesto, más parece un limpísimo quirófano, en tanto las salas de juntas de gabinete o las de espera y el llamado búnker de paredes recubiertas de aislante de ruido y hasta la sala de cine con cómodos sillones de espacio VIP.
Así la recibieron los nuevos dueños del poder en México: limpia y dispuesta a ser auscultada por visitantes nacionales y turistas extranjeros. Analizada por estos simpatizantes de López Obrador que acusaron la ausencia de libros sin conocer cómo estaban los estantes de las bibliotecas de las casas de este espacio enorme, o que acusaron robo de obras de arte en una prisa por llevar a picota a los anteriores inquilinos.
Pero, al país que recibieron el 1 de diciembre lo han comenzado a desmantelar en su estructura institucional merced al voluntarismo de un hombre que se ha gastado la vida en busca de llegar al máximo cargo de elección popular en México y, cuando lo logró, no sabe cómo se gobierna, carece del tamaño de un estadista y se entretiene con dichos muy suyos como si el país se gobernara por mis cojones, que es finalmente una de las traducciones del me canso ganso.
Sí, la residencia presidencial de Los Pinos tiene sus asegunes, como en su momento lo acotó cada inquilino con su familia, con sus voluntades como la de construir una residencia de pedigrí, la que pidió Miguel Alemán Valdés porque la anterior, la Lázaro Cárdenas era muy pequeña para recibir a visitantes distinguidos, o la cabañita acogedora, según confesó Marta Sahagún Jiménez en su momento al espacio donde dormía su entonces jefe y luego marido Vicente Fox Quesada.
No obstante, han sido medidos y específicos los voluntarismos para decorar o hacer cambios en esa residencia que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador desdeñó para vivir porque ofendía a sus convicciones de austeridad juarista, aunque Benito Juárez nunca vivió en la medianía.
Así la recibieron, pero al país que recibieron con sus bemoles de violencia, inseguridad, corrupción y diversidad cuando también enorme pobreza, no le han hecho más que sumirlo en la zozobra, en el enfrentamiento de buenos y malos, de llenarlo de expectativas que tienden más a la oscuridad aderezada con la galopante impunidad que López Obrador maquilla con la gracejada, la frase del chistorete, la burla y la difamación, la descalificación y el insulto hacia los periodistas.
De esa decisión de echar al bote de la basura la avanzada obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que a los mexicanos costará pagar hasta el año 2040, cuando Andrés Manuel dijo implicaría un ahorro de cien millones de pesos, se suma esta pésima estrategia del combate al huachicol que tiene tantas aristas como sospechas derivadas del dizque accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo y su esposo Rafael Moreno Valle Rosas.
Al país no lo recibieron así hace 41 días
Del insulto y la sospecha de componendas al perdón ofensivo que tiene tufo a impunidad como se respira en ese apoyo del dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, el mismo que fue cuestionado y del que se tiene un número no cuantificado de demandas, incluidas las del orden penal, pero que el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, ha ponderado, se desprende todo lo que usted quiera pensar respecto de acuerdos bajo cuerda.
Sí, como está hoy recibieron a la residencia presidencial de Los Pinos, por aquello de que falte o sobre algo. Pero al país que hoy vivimos no lo recibieron así, en la ruta de una severa crisis. ¿Y el crimen organizado y los huachicoleros y los funcionarios enriquecidos con ese saqueo a Pemex, incluido el dirigente sindical prácticamente exonerado? Bien, gracias. Insisto, Presidente, ¿por qué le tiembla la mano? México no se merece ser gobernado con chistoretes y voluntarismos. Digo.
SemMéxico, 10 enero 2019.- “A ver quién se cansa primero: ¿los que se roban el combustible o nosotros?”, dijo desafiante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el lunes 7, día que comenzó a invadir el desabasto de gasolina a su gran bastión: la Ciudad de México.
“Cerraremos válvulas de combustible el tiempo que sea necesario”, advirtió. Luego entonces, no hay para cuándo. Y en Michoacán, que cumple este viernes 17 días a cuentagotas, la crisis en la cadena económica se agudiza y el encabronamiento social explota.
Martes 8 en la gasolinera de la Poza Rica, en los límites del Centro Histórico de Morelia.
Un chamaco de unos 14, 15 años de edad, se acerca a una camioneta de lujo en la larga fila de espera y ofrece al conductor dos garrafas de 18 litros a 500 pesos cada una -28 pesos el litro-. Las rechazó. Unos vehículos atrás, una mujer los acepta, sale de la fila y se estaciona metros adelante para hacer la transacción. A las cuatro horas que ya no pudo cargar, mi conocido reconsideró:
-Sí… pero ya le cuesta 850. (47 pesos el litro)
Lo mandó al rancho de López Obrador.
Mediodía del miércoles 9, en el estacionamiento de Superama en la residencial zona de Las Américas.
Un joven de unos 25 años, se acerca discreto a conductores que van saliendo de la tienda.
-Tengo gasolina… se la doy a 28 de pesos.
En 20 minutos ya había conectado a cinco clientes que prefieren pagar caro con tal de no perder el día en las desgastantes y humillantes colas.
Jueves 10 por la tarde, en un chat vecinal de los tantísimos que hay en la ciudad, por eso de la seguridad.
Un vecino ofrece traer gasolina de Apatzingán, este fin de semana…
-¿A cuánto el litro?
-Por galón. 20 en 700. (35 pesos el litro)
Las hipótesis:
En tiempos de válvulas cerradas, los chupaductos pasaron a la reventa; dos, los propios gasolineros y espontáneos están haciendo el negociazo de la vida, y tercera, el crimen organizado nunca pierde y lo que más tiene es tiempo. Al Presidente se le agota ante la falta de resultados contundentes que puedan aplacar la ira social por la afectación tan drástica a su cotidianidad.
¿De qué se trató ayer, ese aplauso sarcástico de López Obrador a la prensa? Ahora resulta que es la responsable de que en las estaciones de servicio no haya gasolina, o los ex presidentes Fox, Calderón y Peña que no hicieron nada por combatir el huachicoleo. Si fue así, entonces que los procese y meta a la cárcel como demostración fehaciente e irrebatible de su máxima contra la corrupción. Fuera de eso, todo lo demás es fantochada.
Lo que sí queda claro, es que las mafias dedicadas al robo de combustible han de estar revolcándose de la risa, ante un plan en su contra malhecho e improvisado al no considerar que cerrando las válvulas trastocaría toda la cadena productiva. La gasolina es lo que mueve la economía.
Del 27 de diciembre hasta ayer, en estos 15 días de locura, solo –y perdón por la grosería-, ocho pinches trabajadores de Pemex corridos y denunciados. Según el Presidente, ya están perfectamente identificadas las redes que operaban desde la paraestatal. ¿A sí? ¿Quiénes son y dónde están?
Que ya se congelaron cuentas bancarias relacionadas con este delito, según dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; que ya están detenidos saboteadores y conductores de pipas piratas. ¿Sí? Otra vez ¿dónde están? ¿cuántos exactamente?
Desde el señalamiento directo al general Eduardo León Trauwitz, quien fungía como subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, ningún implicado “gordo” más. En las siguientes 72 horas, y al cierre de esta entrega no se había informado de alguna acción en su contra. Pero como sea, el robo de combustible todavía no es delito grave y por tanto en cualquier eventualidad judicial, la librará con fianza, pues el artículo 14 constitucional garantiza la no retroactividad.
Milenio reportó ayer, que en este periodo extraordinario legislativo que comienza el miércoles 16, se presentará ante el Pleno de la Cámara Baja, el dictamen relativo a la ampliación de la lista de delitos graves que establecen la prisión preventiva oficiosa.
A los delitos graves como homicidio doloso, delincuencia organizada, violación, secuestro, trata de personas, contra la salud y los cometidos con medios violentos como armas y explosivos, se sumarán: el uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y los relativos al robo de hidrocarburos.
Lo que no esperábamos: que Morena eliminará el abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio y la desaparición forzada. En todo caso la minuta tendrá que regresar al Senado y a ver qué pasa.
***
Pero estoy con la noticia madre de la temporada.
Todos los días el Presidente se ha ocupado en pedir paciencia –que no la hay- y a la gente que está en el huachicoleo, que abandonen esa actividad, porque los ingresos que obtenían, los compensarán con los programas de empleo y becas del Gobierno Federal.
Vamos por partes.
A jóvenes “Construyendo el Futuro”, ofrece 3 mil 600 pesos al mes para capacitarse en algo, por un año y después corre por su cuenta.
En mayo de 2017, El País, entrevistó a un huachicolero que había sido policía. Como tal, ganaba dos mil 700 pesos a la quincena; como delincuente 250 mil pesos a la semana, y empleaba a cuatro halcones y dos choferes para sus pipas pirata. (Recuperado en https://elpais.com/internacional/2017/05/23/mexico/1495496778_273384.html)
Por halconear se paga mil pesos diarios.
Por sembrar árboles frutales y maderables, el gobierno lopezobradorista pagará 4 mil 500 pesos al mes y 500 pesos depositados en un fondo para el ahorro.
Para todos aquellos con título y cédula profesional –es requisito indispensable- en agronomía, desarrollo rural, forestal, agrobiotecnología, agrotecnología, biología, ingeniero ambiental, zootecnistas, sistemas de producción pecuarios, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, economistas, administradores y pedagogos, que apoyen “Sembrando Vida”, el sueldo es de 18 mil pesos al mes, durante seis meses y podrán ser recontratados por otros seis, dependiendo de los resultados.
El resto de los programas sociales son becas para estudiantes y universitarios y pensiones a adultos mayores y discapacitados. Lo más terrible: desapareció el apoyo para madres jefas de familia y la pensión alimenticia para hijas e hijos menores de edad, en caso de fallecimiento. ¡Que chingadera! ¡Perdón!
