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Los legisladores locales y federales deberán incorporar en una ley, lo que en un principio fue una acción afirmativa e a nivel nacional.

Josefina Aguilar Pastor,

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero. 14 de diciembre de 2018.-Del proceso electoral 2017-2018, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de Guerrero, recibió solo tres denuncias formales de violencia política contra mujeres, una de las cuales sentó un precedente a nivel nacional, informó, Nazarín Vargas Armenta, consejero presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC).

En entrevista luego de rendir el informe anual de actividades 2018, como presidente del consejo técnico del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de Guerrero, el consejero presidente del IEPC, destacó la importancia de este órgano, para medir el nivel de reconocimiento y protección de la participación política de las mujeres desde los institutos políticos electorales y las consecuencias de ello, a través de las resoluciones de los casos ventilados por las propias mujeres, ante los tribunales.

Uno de estos casos, fue el de Zulma Carbajal Salgado, aspirante a la presidencia municipal de Iguala por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien interpuso un recurso ante el propio IEPC, por el incumplimiento de su partido, del principio de paridad de género, en la asignación de candidaturas, órgano que declaró infundado el recurso, el cual fue impugnado y resuelto a su favor por una sentencia en la sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE).

Otro más, el de Rosa María Aguilar, aspirante a la diputación por el principio de mayoría relativa para el V Distrito Electoral Local con sede en Acapulco, quien interpuso un recurso de reconsideración ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), contra de la resolución de la Comisión de Candidaturas del PRD, que designó a otra persona como candidato, a pesar de haber sido ella, quien se registró; el árbitro electoral;  la denunciante  promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales a fin de controvertir las sentencia emitidas, la Sala Regional Ciudad de México emitió sentencia, por la que revocó el acuerdo de designación de candidaturas emitido por el CEN del PRD.

El tercer caso, fue el de Judith Téllez Núñez, candidata a regidora del PRD, en contra del Consejo Distrital 08 con sede en Acapulco, por la inobservancia del principio de paridad de género en la conformación del ayuntamiento, y quien debió haber sido incluida a pesar de que la sala regional  resolvió a su favor, lo hizo ya que la comuna había quedado integrada, sin embargo, sentó un precedente a nivel nacional, debido a que a raíz de este recurso, el TRIFE resolvió dar vista a todos los órganos públicos del país, tomar en cuenta esta resolución para la conformación de los cabildos.

Vargas Armenta señaló que las mujeres continuarán luchando por lograr mayor participación política hasta lograr la igualdad de participación “me parece que eso es una tarea de las mujeres y los órganos administrativos y los órganos jurisdiccionales irán respondiendo a esas demandas”.

Agregó que la participación política de las mujeres, está regulada por una serie de acciones afirmativas que deberán traducirse en ley; para ello, los legisladores locales y federales consideró, deberán incorporar en una ley, lo que en un principio fue una acción afirmativa y con ello lograr una mayor tutela de los derechos políticos de las mujeres.

Busca asegurar un trato digno durante el embarazo, parto y puerperio

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 14 diciembre 2018.- La senadora Claudia Anaya Mota presentó una iniciativa para definir con claridad la violencia obstétrica contra las mujeres, establecer las acciones para identificarla, prevenirla y erradicarla, así como asegurar un trato digno durante el embarazo, parto y puerperio.

En la exposición de motivos, afirmó que este tipo de agresión constituye una violación a los derechos humanos y se expresa por la falta de acceso a servicios de salud reproductiva o tratos crueles, inhumanos o degradantes a quienes están en proceso de gestación.

Así, propuso reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Salud, a fin de establecer que la violencia obstétrica se refiere a todas las acciones y omisiones deliberadas por parte de profesionales de la salud, que atenten sobre el cuerpo en el proceso reproductivo, durante el embarazo, parto y puerperio.

De igual forma consideró formas de agresión la criminalización de las mujeres que buscan métodos anticonceptivos, información retardada o limitada sobre los procesos reproductivos.

La iniciativa fue enviada a las comisiones de Salud, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta violencia se manifiesta de diversas formas: “prácticas médicas invasivas”, aceleración del parto, omisión de información para favorecer la cesárea y burlas por parte de servidores públicos del sector salud, refirió la legisladora del PRI.

Anaya Mota consideró que no debe caerse en la trampa punitiva para erradicar este problema. Castigar para prevenir, aseguró, es propio de una visión inquisitoria de derecho. Por ello, asentó, primero es necesario hacer visibles estas prácticas que parecen normales en el sector salud, pero que son una forma de violencia y de discriminación.

SEM/sj

Ellas en el retrovisor

• Hoy viernes se reunirá la Junta de Gobierno, se presentará y avalará la terna de candidatas para dirigir este organismo.

Atentxs a INMUJERES

LA OPINIÓN

Ivonne Melgar

SemMéxico/MujerEsMás. 14 de diciembre 2018.- Este viernes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunirá con la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para presentar y avalar la terna de candidatas a dirigir este organismo autónomo en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tomará la decisión final.

Como desde hace 22 años, cuando comenzó a funcionar una instancia del Estado para el impulso de la política de género, el proceso de designación muestra el músculo de un movimiento feminista siempre activo y creciente.

En lo personal, se trata de un momento emocionante que nos permite pulsar los diversos y ejemplares perfiles de luchadoras sociales y políticas comprometidas con las mejores causas de la agenda de equidad e igualdad sustantiva.

Justo ahora se agolpan en mí grandes recuerdos de las enormes feministas que hicieron posible con aportaciones desde distintos frentes que INMUJERES fuera lo que es ahora: una institución de todas y para todas.

Cómo olvidar el liderazgo de Dulce María Sauri Riancho, actualmente diputada federal del PRI, cuando en el sexenio de Ernesto Zedillo sacó adelante el programa y la comisión que más tarde darían paso al Instituto. Desde entonces, la exgobernadora de Yucatán pugnó porque éste fuera un espacio laico, comprometido con las banderas libertarias y democráticas de las mexicanas y de Naciones Unidas.

Después acudimos –cómo borrar de nuestra historia feminista esos gloriosos momentos de suma de esfuerzos–, en 1999, con Guadalupe Gómez Maganda, titular de la comisión gubernamental, y con activistas tan brillantes como Patricia Olamendi, Patricia Mercado y Sara Lovera, a la presentación del informe de México a la sede de la ONU en Nueva York. Ahí entendí que el feminismo iba más allá de partidos.

Y aunque en el arranque del sexenio de Vicente Fox hubo la pretensión de que una parte del INMUJERES fuera espacio para las organizaciones conservadoras de dogmas religiosos y de la normalización del machismo, demasiado pronto su presidenta, la panista Patricia Espinosa Torres no sólo comprendió el poder del feminismo sino que lo hizo suyo, convirtiéndose en una aliada de la pluralidad del movimiento.

Con el gobierno de Felipe Calderón, la jalisciense Rocío Gaytán institucionalizó la fuerza de las organizaciones sociales de las mujeres como un componente indispensable de la política de Estado con enfoque de género.

Ese legado se consolidó en la gestión de Enrique Peña Nieto con la presidencia de Lorena Cruz, quien sin regateos se hizo acompañar de las feministas de todos los signos para dar seguimiento desde INMUJERES al establecimiento de la paridad, ese gran paso que se estableció en la ley durante el sexenio anterior.

Y acaso porque he atestiguado el sostenido avance de las reivindicaciones feministas, esta vez, a diferencia de otros tiempos, más que emocionarme por una candidatura en particular, me llena de expectativa el proceso en tanto se da cuando contamos con el primer Congreso integrado por mujeres y hombres casi en igualdad numérica.

Mientras en otros tiempos esperaba la designación de alguna política o activista que me parecía con mejor perfil, ahora me preocupa y me ocupa las características del proceso, es decir, la garantía de que habrá equilibrio en la terna y que sus integrantes serán dignas representantes del poderoso y plural movimiento de mujeres en México.

Muy relevante será conocer cómo la secretaria Sánchez Cordero conduce esta deliberación que, además, contará con una mujer brillante como la actual secretaria ejecutiva de INMUJERES, Marcela Eternod, quien entregará la estafeta a la presidenta que López Obrador designe.

Y muy relevante ha sido la participación que en este proceso ha tenido la senadora de Morena, Malú Mícher, una feminista de cepa que ha dado muestras irrefutables de su compromiso con la agenda de género en los primeros tres meses de la legislatura, aún cuando se ha enfrentado a la resistencia de los varones de su bancada.

En lo personal, espero que los dotes políticos y la sensibilidad de la titular de la SEGOB se hagan presentes atendiendo los señalamientos de las consejeras del Instituto, quienes públicamente se pronunciaron a favor de una terna que sea resultado, expusieron, de “un proceso participativo, que incluya deliberaciones abiertas sobre la idoneidad de los perfiles de las candidatas”.

“El nuevo régimen ha establecido que sus ejes centrales son la democracia participativa y la transparencia. El proceso de elección de la terna a la Presidencia del Instituto representa una oportunidad invaluable para poner en práctica estos principios”, plantearon esta semana las consejeras del INMUJERES.

Nuestra querida y admirada Sara Lovera, de quien aprendimos el periodismo con enfoque de género, reportaba recientemente en el portal hermano SemMéxico que uno de los principales perfiles participantes hacia la recta final era el de la médica y especialista en derechos sexuales y reproductivos Nadine Gassman Zylbermann, actualmente funcionaria de ONU Mujeres en Brasil.

Otro sitio hermano, CIMAC Noticias, confirmó la aspiración de la exdiputada federal y académica Candelaria Ochoa, cuya trayectoria suma esa feliz combinación del conocimiento experto sustentado en la investigación y el estudio del feminismo, con el trabajo político y el activismo ciudadano.

Apenas en la pasada legislatura, dimos seguimiento en San Lázaro a las iniciativas que Cande Ochoa apuntaló para visibilizar la violencia política de género, los feminicidios y los derechos humanos de las mujeres.

Y en Mujeres Es Más, Patricia Betaza, nuestra directora, nos compartió recientemente las innovadoras y sugerentes ideas de Carol Arriaga García, actual secretaria Nacional de Mujeres del CEN de Morena, quien este jueves fue respaldada por sindicalistas, empresarias, feministas, periodistas y legisladoras para que sea considerada por el presidente López Obrador como la mejor opción para encabezar el INMUJERES.

Firmada por más de 70 diputadas federales, la carta enviada a Palacio Nacional contiene el mensaje de que Carol Arriaga cuenta con el liderazgo para impulsar “la construcción de un feminismo democrático que incluye a todas por igual”.

Si bien en el documento se expone que su candidata concretaría los cambios de la Cuarta Transformación, las impulsoras de la secretaria de la Mujer de Morena sostiene que en la nueva política pública del Instituto “debe haber inclusión de todas sin importar partido político, clase social, condición económica o religión”.

Sabemos que la secretaria Sánchez Cordero ha revisado una decena de biografías y que está consciente de que sus pasos sobre el futuro del INMUJERES serán determinantes para garantizar la interlocución del gobierno con un movimiento plural que nunca se ha sometido a ninguna línea dogmática contraria a su naturaleza democrática y libertaria.

Ráfaga

• 15 días del sexenio y AMLO tiene una cauda de problemas.

Grave y peligroso el enfrentamiento entre los Poderes de la Unión

LA OPINIÓN

Jorge Herrera Valenzuela

SemMéxico. 14 de diciembre 2018.- El comienzo del gobierno lopezobradorista indudablemente ha sido con el respaldo popular en todo el país. Sin embargo apenas se cumplirán quince días del sexenio y el Presidente de México tiene una cauda de problemas, muy trascendentales, que ensombrecen el panorama. La cancelación de las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (aunque siguen trabajando los constructores), la protesta nacional de ministros, magistrados y jueces por la aplicación de reducción en los salarios y el problema de los centroamericanos estacionados en la frontera Norte.

De esos tres asuntos, el de mayor impacto es el originado por la legislación que se prohíbe y sancionaa los funcionarios percibir una remuneración mensual mayor a los 108 mil pesos, cantidad  que se autodesignó el Presidente López Obrador, desde antes de asumir el cargo. La determinación del tabasqueño encontró eco en el Congreso de la Unión, cuyo dominio está en los morenistas que están cobrando las que les hicieron cuando eran oposición.

La guerra verbal está en pleno auge. De ambos lados saltan las declaraciones, las acusaciones e inclusive el mismo Presidente López Obrador calificó de corruptos a los integrantes del Poder Judicial Federal que se han manifestado públicamente contra la disminución de sus salarios. En la Suprema Corte de Justicia se hizo una exhortación a magistrados y jueces para que no contesten las provocaciones que se están produciendo a cada hora.

Considero, desde el punto de comentarista, que el nuevo gobierno ha entrado en una lucha entre los miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, lo que no ocurrió ni en los aciagos días de los desarticulados gobiernos del Siglo XIX y menos en los tiempos posteriores a la Revolución Mexicana, sin olvidar que tanto en 1857 como en 1917 pelearon liberales contra imperialistas, así como porfiristas y revolucionarios.

En el enfrentamiento que se ha suscitado, lo grave es que hay ataques verbales descalificando a quienes consideran su derecho a defender un salario que muchos devengan desde el siglo pasado. Que no hay marcha atrás, es algo que está a la vista y eso da margen a comentar que al Presidente de la República le está haciendo falta un equipo de conciliadores, de negociadores, de personas con aptitud para equilibrar la situación en bien del país.

Está a la vista que de mantenerse ambas fuerzas en su posición, se corre el peligro de llegar a los extremos, no faltarán los que también estimen ser afectados en sus intereses personales, como funcionarios gubernamentales. La llamada austeridad republicana se aplica sin criterio alguno, en virtud de que todo se está haciendo por la disposición de un hombre, quien, además, organiza las consultas populares cuando las acciones ya se emprendieron.

Hasta ahora no he oído ni leído opiniones o comentarios de los dirigentes de las Barras, Colegios, Asociaciones, Confederaciones y Academias de Abogados. El tema no es nada más de las posiciones adoptadas por los representantes de los Poderes de la Unión, sino en torno a las mismas reformas constitucionales que en forma acelerada están aprobando los legisladores. Solamente el respetable jurista Diego Valadés Ríos, académico universitario, exprocurador del Distrito Federal y de la General de la República, nos ilustra con sus objetivos análisis jurídicos que publica en un diario capitalino. Como se dice, el doctor Valadés no tiene pelos en la lengua y su crítica es ampliamente reconocida.

PREGUNTA PARA MEDITAR:

¿Qué dirá y cómo abordará el presidente de la Suprema Corte, el próximo viernes 14, el tema del día al rendir su informe anual de las actividades del Poder Judicial de la Federación?

jherrerav@live.com.mx

Denuncian una serie de atentados en contra de la familia de la defensora

Redacción

SemMéxico, Cuernavaca, 14 diciembre 2018.- Las organizaciones pertenecientes a Alerta Temprana Red, solicitaron la intervención urgente del presidente Andrés Manuel López Obrador y de otras instancias, incluida la CNDH, ante el asesinato de Viridiana Márquez Policarpo y Luz Leydi Flores Barragán hija y sobrina respectivamente, de la defensora de derechos humanos Macrina Policarpo Rodríguez, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas; sobreviviente de tortura tras su detención arbitraria en 2016 e integrante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LImeddh).

En una carta pública dirigida también al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, que el pasado domingo las dos jóvenes, ambas de 18 años, fueron asesinadas en el camino a Los Tabiques en la colonia Maravillas Axexetla, de Jiutepec, por sujetos que viajaban en una motocicleta deportiva, rojo con negro y de acuerdo con testigos llevaban el rostro cubierto con capuchas.

Anterior a este asesinato de las familiares de Macrina Policarpo Rodríguez, el 3 de junio de 2016, policías del mando único de esta entidad y un comando armando vestido de civil ingresaron por la fuerza al domicilio de la defensora, torturaron y detuvieron arbitrariamente a Macrina Policarpo y sus hijos Víctor Manuel y Karla Yuridia Márquez Policarpo, quienes fueron encarcelados en el al Penal de Atlacholoaya. Diez días después fueron liberados.

Macrina Policarpo Rodríguez como defensora de derechos humanos y miembro de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) e integrante del grupo Actuar Familiares Contra la Tortura, realiza una labor de acompañamiento dentro de la campaña por la liberación de las personas presas injustamente, que han sido víctimas de la fabricación de delitos y de actos de tortura.

Su labor se desarrolla principalmente en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, en favor de varios presos; entre ellos Antonio Barragán Carrasco sobreviviente de la masacre de Aguas blancas, quien se encuentra recluido en este centro penitenciario desde hace 17 años, víctima de tortura, de detención arbitraria y fabricación de delito mediante falsos testimonios, en el caso Paola Gallo Delgado.

Señalan también que el 23 de octubre de 2018 en Tepetixtla Guerrero, Roberto Salgado Casarrubias, sobrino de Antonio Barragán Carrasco, fue secuestrado por un grupo de hombres armados, quienes lo interceptaron después de concluir sus labores agrícolas y exigieron a su padre 200 mil pesos, para volver a verlo con vida.

Pese a que los familiares reunieron la cantidad solicitada y la entregaron a los secuestradores en el lugar pactado, el 26 de junio del mismo año, el cuerpo de Roberto Salgado Casarrubias fue encontrado sin vida en uno de los caminos de terracería.

Las organizaciones que conformamos Alerta Temprana Red afirmamos que ninguno de estos hechos es aislado; por lo que consideramos que la vida y la integridad física de Macrina Policaro Rodríguez y de Antonio Barragán Carrasco se encuentran en grave peligro.

Por ello, solicitan a las autoridades:

1.- Realizar una investigación inmediata, imparcial y expedita para dar con los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de las dos jóvenes de 18 años, Viridiana Márquez Policarpo y Luz Leydi Flores Barragán y estos sean castigados penalmente y se haga pública la sanción.

2 Otorgar de manera urgente las medidas de protección contempladas en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en favor de Macrina Policarpo Rodríguez y sus familiares, con el fin de preservar su vida y su integridad física.

3. Garantizar condiciones de seguridad en el caso de Antonio Barragán Carrasco preso en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos.

4. Brindar el apoyo jurídico necesario por medio de la Comisión de Atención a Víctimas, en el caso de la denuncia por tortura y detención arbitraria interpuesta por Macrina Policarpo Rodríguez para que esta se resuelva favorablemente y se castigue a los responsables con fines de no repetición de los hechos.

5. Se considere el caso de Antonio Barragán Carrasco víctima de tortura y de fabricación de delito, como preso político y candidato al beneficio de la libertad en el marco de la Ley de Amnistía propuesta por el nuevo gobierno federal.

6 A las organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional expresar su preocupación ante el Estado mexicano por estos hechos y solicitar el cumplimiento de las demandas expuestas.

SEM/sj

Son ya 53 presidentas municipales por partidos políticos en Oaxaca.

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 13 diciembre 2018.- Con el triunfo de Gloria Elda Martínez Ortiz, en la población de San Juan Ihualtepec, municipio de la región mixteca, suman 53 las mujeres electas para ocupar el cargo de presidentas municipales en Oaxaca.

Así lo informó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), quien dio a conocer los resultados finales del Cómputo Municipal de la elección extraordinaria de concejalías del municipio de San Juan Ihualtepec.

Durante el acto, el Secretario Ejecutivo del órgano electoral, Luis Miguel Santibáñez Suárez rindió al pleno el informe, en el que expuso que el consejo distrital de Huajuapan de León que condujo la elección, realizó este día el cómputo correspondiente.

Explicó que, en presencia de representantes de partidos políticos, el consejo distrital cotejó y verificó los resultados de la elección.

Asimismo, calificó y declaró la validez de la misma arrojando como resultados, 158 votos para la candidatura común conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PNA), planilla ganadora quien postuló a Gloria Elda Martínez Ortiz como presidenta municipal. 

En tanto 58 votos fueron para Acción Nacional (PAN), 96 para MORENA, 7 votos nulos y se contó con una participación ciudadana de 55.29 por ciento en la elección.

Por tal motivo, al concluir, el consejo distrital expidió y entregó las constancias correspondientes a la planilla ganadora.

SEM/sj

¡Al diablo las instituciones!… hasta la autonomía universitaria

Error de dedo en la iniciativa de Amlo. Si Chucha

“Las víctimas de la Reforma Educativa”: 600 para la CNTE, mil para Moctezuma ¿De un millón 200 mil maestros?

Martha Elba Torres

SemMéxico, 13 diciembre 2018.- “¡Que se vayan al diablo con sus instituciones! …” fue la consigna lapidaria de Andrés Manuel López Obrador, ante un nutrido Zócalo capitalino agitado entonces por las banderas del sol azteca, en septiembre de 2006. El Tribunal Federal Electoral (Trife) estaba calificando el triunfo del panista Felipe Calderón en la elección presidencial, e instalaba su gobierno “legítimo”.

“Vamos a crear nuestro propio gobierno. Ya no aceptamos la República simulada. Vamos a establecer una República representativa y verdaderamente popular” (…) “tengo toda la autoridad moral y política para iniciar las transformaciones que requiere el país, desde la Presidencia de la República, hasta el Poder Judicial, que es una vergüenza”.

Pues no mintió. Doce años después, la consigna es la maldición. Y apenas asumió el poder y ya está dinamitando todo lo que puede representar “el viejo régimen”, en el cual él mismo se incubó. Por eso, no dará marcha atrás en todas y cada una de sus promesas. Cueste lo que cueste al país.

Le vale zorrillo la confianza internacional en sus proyectos. Que los poseedores de bonos del aeropuerto de Texcoco hagan el negocio del siglo con la cancelación; que se esperen tantito –seis meses- los inversionistas petroleros, si quieren. Y el último reducto del peñismo: la Reforma Educativa, ya prendió la mecha. Pero le quemó las manos.

Si no se ocupa el diputado federal y coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, de leer con detenimiento la iniciativa presidencial de reformas en materia educativa que llegó el miércoles 12 a la Cámara Baja, la ya célebre expresión del hoy director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, le habría tocado a otra gran institución del país: la autonomía universitaria.

Que fue un error de dedo, suprimir la fracción VII del Artículo Tercero Constitucional:

“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio”, para supeditarla a “lograr el bienestar de la población y de conformidad a los planes y proyectos que se establezcan a escala nacional”, como tuiteó el legislador del blanquiazul.

El escándalo en redes y la protesta universitaria fue tal, que el Presidente negó que haya sido intencional. Y como siempre, le echa la culpa de todo a sus adversarios políticos. “Los que están a disgusto por la decisión de cancelar la Reforma Educativa van a querer agarrar eso de bandera.  Entonces, mejor aclararlo. Es un principio. Conozco toda la historia de la autonomía de la UNAM, es un gran movimiento. Entonces se corrige, se agrega, es decir, se establece que las universidades mantendrán su autonomía”, dijo en conferencia mañanera de la víspera.

Seamos francas, francos y serios, ¿usted le cree? Para esta columnista no hay más que una lectura: la típica, a ver si pega.

Con el Poder Judicial, el único de los contrapesos al Ejecutivo Federal que quedaba de pie, sigue con todo.

Lo enfureció el motín de las togas que se niegan a renunciar a sus jugosos salarios. Nadie en este país puede aspirar a más de 108 mil pesos, a menos que trabaje en la iniciativa privada, se vaya a hacer carrera al extranjero, o se dedique al narco. También a ellos debería imponerles el tope salarial. Y la resolución del Tribunal Electoral a favor de Martha Erika Alonso, en Puebla, terminó sacándolo de quicio.

Por cierto, qué oportunas esas fotos con los gustos –Rolex, habanos y auto de lujo-, del magistrado del Tribunal Unitario con sede en Veracruz, Alfonso Eduardo Serrano, pero el grupo presidencial está dispuesto de echar mano de todo con tal de someter a las y los juzgadores.

Por eso también, las palabras del saliente presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, al rendir su cuarto y último informe de labores y en presencia del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador: “nada por la fuerza todo por la razón y el derecho… nada ni nadie, por encima de la Constitución”. Por lo menos, la que sigue vigente. Ya veremos a mediados de 2019 que promulgue la nueva carta magna.

Como sea, ante ese Presidente implacable que vemos todos los días en rueda de prensa en estas convulsas semanas de diciembre, Michoacán comenzó con el pie derecho, con todo y las bravuconadas del morenismo local, salvo el delegado político presidencial, Roberto Pantoja que ha asumido con seriedad su encomienda.

Y la razón es simple. Con todo el soporte técnico jurídico y las cuentas claras, el gobernador Silvano Aureoles demostró el gran quebranto que dejó a las finanzas de Michoacán, la descentralización educativa y de salud, que aun cuando la situación es similar en otras entidades, el michoacano ha sido el único mandatario con el valor de defender los intereses de su estado.

Hay que verlo así: 50 por ciento que el Gobierno Federal le diga que no y 50 por ciento que sí, a la federalización de la nómina magisterial. Hay que ser positivos y las señales son claras. Ya bajan los recursos extraordinarios para pagar las quincenas y aguinaldos a maestros y universitarios.

La próxima semana se instala la mesa, entre autoridades federales, estatales y sindicatos –hay varios: la CNTE, el SNTE y los elbistas- para revisar el tema, ya sea la atracción del servicio, que sería lo ideal si el Presidente va decir qué se hace y cómo se hace con la educación, o un nuevo convenio por lo menos más justo y equitativo.

De lo anunciado anteayer por el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, en torno a la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), rescato la vaguedad en la cifra que dio, sobre los docentes que supuestamente fueron despedidos por no someterse a exámenes de conocimientos y competencias: un millar, ¿de un millón 200 mil? ¿en dos años?

Quién sabe de dónde sacó esa cifra Moctezuma, porque la CNTE a nivel nacional, en febrero de este año, reconocía apenas 600, de acuerdo a Víctor Manuel Zavala, dirigente de la Sección 18 de Michoacán. (Recuperado en: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc37738)

En Querétaro 127, en Morelos 18 y acaba de reportar El Universal, 53 en Sonora; en Michoacán nadie puede decirse víctima de la Reforma Educativa. Porque en la gran parte del país, nunca se aplicó la norma ni se hicieron los apercibimientos legales para ese fin.

Pero López Obrador ya le cumplió a su clientela electoral, la CNTE, con el decreto de abrogación. ¿Qué vendrá? Ahí está lo interesante.

Se mantiene la evaluación y capacitación, pero, sobre todo –y es lo que no esperaban los abroguistas- se endurecerán las medidas contra el ausentismo y los paros, según la nueva normatividad. Porque no hay peor daño que se le puede hacer a los estudiantes, que dejarlos sin clases.

El Presidente de México quiere una educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles educativos. Definitivamente de acuerdo. Pero finalmente conocerá el verdadero rostro de los sindicatos cuando sientan nuevamente trastocados sus cotos de poder, como en Michoacán.

El caso que esta telenovela del servicio educativo, esta mejor que la más excelsa historia de Corín Tellado. Por cierto, habrá sido por su novela “rosa” que nunca se le acreditó como la gran escritora que fue.

Pero en lo que estoy. Ponerse al frente de la causa de los estados, ha revalorado el desempeño de Aureoles.

Lo vimos en la rueda de prensa con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, tras la reunión con la Conago.

Habló en su calidad de presidente de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conferencia y por ser también el aventado frente al nuevo gobierno, en este tema.

El caso que ya se pusieron de acuerdo: sigue la coordinación entre niveles de gobierno y mantienen estados y municipios la responsabilidad en materia de seguridad, por lo que en este aspecto, no se toca el 115 Constitucional.

En proceso de formación de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina participarán en los estados, pero solamente de respaldo en tareas de seguridad, y estarán subordinados a lo que indique el mando estatal, dejó en claro Durazo. Lo que no dijo es que las fuerzas armadas del país tienen prohibido defenderse de ataques de civiles. Así sean criminales o tapaderas.

Nada menos ayer, el periodista investigativo Humberto Padget compartió ayer un video con Ciro Gómez en Tele Fórmula, tomado la tarde anterior en una zona de la comunidad poblana de San José Carpinteros. Se precia cómo un convoy de reconocimiento del Ejército es agredido  por un grupo de hombres, entre ellos un niño, con palos y piedras.

Los militares acudían al lugar para a atender un reporte de reducción de presión en un ducto de gas LP. Al llegar al punto, encontraron un camión cisterna con capacidad de 5 mil 500 litros, que contenía combustible robado.

Mientras el personal artillado se disponía a asegurar el vehículo, apareció de repente un grupo de personas que comenzó a atacarlos con palos y tubos a las unidades.

Lo más deprimente, es que ahora seguirán militares y marinos en las calles, ya nada más para que los agredan o maten. Porque el Presidente del país “cuida al pueblo…”.

Entresemana

La justicia tardía es injusticia

Lilia Angélica libre, pese al “abogado” Chapa Bezanilla

Moisés Sánchez

SemMéxico, 13 diciembre 2018.- Tal vez usted no sepa ni recuerde quién es Lilia Angélica López Negrete y por qué en diciembre de 2014 fue noticia de primera plana, mas no por su profesión de bailarina del Instituto Nacional de Bellas Artes.

El sábado último, 9 de diciembre, en contraste con la difusión que se dio a su caso pasó desapercibida la liberación de Lilia Angélica, por falta de pruebas del delito de narcotráfico que se le imputó.

El “abogado” Pablo Chapa Bezanilla influyó en la acusación pese a haber sido contratado para defender a la joven, quien sostuvo que le sembraron la droga en su equipaje, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a su regreso de Colombia el 31 de diciembre de 2014. Justicia tardía es injusticia. Veamos.

En agosto de 2015, en este espacio de entresemana referí:

“De la reaparición del ex fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla como miembro del reparto principal del enésimo escándalo de injusticia que tiene como actores a agentes aduanales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, policías federales y funcionarios de la Procuraduría General de la República, dirían los clásicos que rompió el silencio.

“Hacía bastante tiempo que el “abogado” transitaba en bajísimo perfil como litigante. Dice que su despacho no atiende asuntos de narcotráficos, pero hay una versión de hace unos años, cuando tuvo un accidente en carreteras del estado de Morelos –estrelló un lujoso Ferrari–, en la que se refiere que se dedicaba a defender a presuntos miembros del crimen organizado. Y no sería raro.

“Es posible que Chapa diga la verdad y ahora se gana la vida litigando asunto de viudas y abuelitas endeudadas, divorcios, bautizos, confetis y serpentinas. Vaya, que incluso se ha vuelto una especie de filántropo de la abogacía, tanto que por defender a la joven bailarina Lilia Angélica López Negrete cobraría la friolera de 150 mil pesos, los que usted y yo nos ganamos en una mala semana laboral.

“Sin embargo, mire usted, tal vez por mezquindad, que se le da sin reparos, o porque anda escaso de recurso fresco, piensa en emprender una demanda contra Jorge López Montes, padre de Lilia Angélica, porque lo relevó del caso y, con ello, violentó el clausulado que le obliga a pagar cien por ciento el monto acordado, del que sólo le entregó miserables 50 mil pesos.

“¡Ah!, pero dolido, en una poco ética –por usar un eufemismo—declaración a Ciro Gómez Leyva, el “abogado” aseguró que de plano él tiene sus dudas respecto de la inocencia de Lilia Angélica, presa en el penal de Santa Martha Acatitla, al oriente del Valle de México. Y hasta se dio el lujo de hacer púbicos detalles que meten ruido al caso.

“No es extraño el proceder de Chapa Bezanilla desde los tiempos en que despachaba como jefe de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia en la delegación Gustavo A. Madero, donde se hizo famoso por fabricar delitos y, por ende, delincuentes.

“Un cargo similar, pero como jefe aunque gris tirándole a gris Oxford, ocupó en la PGR y, cuando en diciembre de 1994 se aprestaba a entregar el cargo, se sacó la lotería una vez que el abogado Juan Velásquez lo recomendó para ocupar el de fiscal especial de los casos Colosio, Ruiz Massieu y Posadas Ocampo, con el entonces procurador General de la República, Fernando Antonio Lozano Gracia, preclaro diputado panista con licencia, en esos días, que se encargó de dar soberano empujón a la PGR hacia a barranca del desprestigio y la inmundicia judicial.

“El resto de la historia de Chapa durante dos años como fiscal, lo muestra ambicioso, de sangre fría, experto en recrear escenas que cualquier guionista cinematográfico le envidiaría.

“Lo mismo armó una escena en la que Raúl Salinas de Gortari estaba de pie con un bat de beisbol ensangrentado, en la diestra, y tendido en el piso con la cabeza destrozada el entonces diputado prófugo, Manuel Muñoz Rocha, y hasta el hallazgo de una calavera y huesos dispersos en terrenos de la finca El Encanto, rumbos de la delegación Cuajimalpa, que aseguró, con respaldo de Lozano Gracia, eran de Muñoz Rocha. Vaya, hasta la vidente Francisca “La Paca” Zetina dijo que sólo al olisquear una playera supo que era del multicitado legislador, a quien los sabuesos le perdieron el rastro cuando una madrugada salió de Pachuca rumbo a la ciudad de México.

“Casualmente, merced a los buenos oficios e influencias de Chapa, Marcia Cano, la viuda de Muñoz Rocha, obtuvo el beneficio de que se descongelaran todas las cuentas de su “extinto” marido y propiedades varias. Un lanal.

“Tal vez por eso, porque Chapa Bezanilla se siente exonerado y a salvo de cualquier averiguación previa, es que sin duda presume de sus influencias, los contactos en altos niveles de la PGR y en los juzgados federales, es que el amigo del amigo lo recomendó para atender un caso más de siembra de droga a un estudiante.

“¿Por qué Jorge López Montes contrató los servicios de Pablo Chapa Bezanilla para sacar de prisión a su hija Lilia Angélica López Negrete? No cabe duda: quien le recomendó al ex fiscal no le hizo propiamente un favor a su amigo López Montes y mucho menos a la joven Lilia Angélica.

“Porque, a reserva de una mejor opinión, lo declarado por Chapa Bezanilla en esa entrevista radiofónica, donde se amplió el tiempo para mostrar y leer parte de la declaración, escrita de puño y letra, de Lilia Angélica, es antiética y evidencia todo, menos que el “abogado” ex fiscal tuviese la pretensión de sacarla de prisión y demostrar su inocencia.

“Con eso de que tiene sus serias dudas de que la joven haya dicho la verdad y que ésta habría servido como “mula” para transportar la droga de Colombia hacia México, simple y llanamente demuestra que Chapa Bezanilla es el mismo policía deshonesto con ínfulas de abogado.

“Tal vez por eso, porque en el tránsito de su desempeño como “abogado” de Lilia Angélica, a Jorge López Montes le mostraron el currículum del ex fiscal como fabricante de pruebas y acusados, amén de que sin duda esos 150 mil pesos no serían más que un pago de un proceso tendente a ser perdido.

“No, no nos equivoquemos, no fue una entrevista la que Ciro le hizo a Pablo. No. Fue un espacio para el lucimiento del “abogado”, para la infidencia y la ruptura de la regla de secrecía de un caso que está en vías –de no ocurrir otra decisión política como ocurrió con el joven Óscar Álvaro—de incoar su proceso judicial.

“Sin duda, a partir de esta declaración, los clientes escasearán en el despacho de Pablo Chapa Bezanilla, porque para qué pagar a un sedicente abogado que, en lugar de defenderlos, no dudará en proceder en su contra, a mejor estilo de los tinterillos que alargan procesos para ampliar el monto de sus honorarios.

“Bien por la reaparición de Chapa. En la paráfrasis de lo que dijo su entonces jefe Fernando Antonio Lozano Gracia, “nos vamos a divertir”, cuando le informaron que los demandaría Othón Cortés Vázquez, habrá diversión con este par de vengadores justicieros. Conste.

“VIERNES. Por cierto, cualquiera que haya viajado a Colombia, sabe del estrictísimo sistema de revisión aduanera, filtros tras filtros de maletas. Algo ocurre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre aduaneros que operan como policías federales y policías federales que hacen las veces de aduaneros. ¿Y los maleteros? Si en los filtros no dejan pasar un pinche perfume en aerosol. Digo”.

Lilia Angélica está libre, pese Pablo Chapa Bezanilla, de quien existe información relacionada con otro caso de engaño a una mujer de apellido Torres. Tema interesante que involucra a otro famoso litigante. De ello le platicaré, en breve, con amplitud. Conste.

sanchezlimon@gmail.com

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@msanchezlimon

Periodistas, defensoras de derechos humanos, artistas, entre las nominadas

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 13 diciembre 2018.- Apenas poco más de una tercera parte de quienes fueron propuestos para recibir la Medalla Belisario Domínguez son mujeres.

El pasado martes, con 15 candidatos, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez cerró el periodo de recepción de postulaciones para recibir este galardón que otorga el Senado de la República a quien se haya distinguido por su ciencia y virtud, en grado eminente, en el servicio a la nación mexicana.

En total, la Comisión recibió 52 postulaciones realizadas por senadores, organizaciones civiles, instituciones académicas y ciudadanos. Las y los candidatos van desde ciudadanos que trabajan en favor de sus comunidades, activistas sociales, políticos, periodistas, investigadores y escritorios, entre otros. 

Las mujeres propuestas son la periodista Carmen Aristegui Flores; la bailarina de danza clásica Elisa Carrillo Cabrera; la activista y fundadora del Comité Eureka, además dos veces candidata a la presidencia la República, Rosario Ibarra de Piedra; María Angélica Luna y Parra y Trejo Lerdo (Post- mortem), comprometida con las causas de las mujeres, política y funcionaria pública, fallecida en noviembre pasado; así como la científica mexicana Linda Silvia Torres Castilleja-Peimbert, y Anna Zarnecki (Post-mortem) pintora y escritora.

Los otros postulados son Álvaro Genaro Carrillo Morales (Post mortem); Luis Donaldo Colosio Murrieta (Post mortem), Javier de la Fuente Hernández, Fernando Guisa Hohenstein, Ramiro Iglesias Leal, Rodolfo Neri Vela, Carlos Payán Velver, Guillermo Miguel Ruíz-Palacios y Santos y Julio Scherer García (Post mortem).

Belisario Domínguez fue un senador chiapaneco que ofrendó su vida en busca de la libertad del pueblo mexicano. Denunció la gran traición que en ese momento había ensombrecido la vida nacional.

SEM/sj

Saldos del sexenio: ¿avanzamos o retrocedimos?

Comienzo de una nueva etapa

¿Y las mujeres qué?

Sara Lovera

SemMéxico. Ciudad de México. 31 de diciembre 2018.- Intensa y profusa debió ser la actividad de las mujeres a la caída del régimen dictatorial de Porfirio Díaz en 1911. No tenemos claro cómo, en esos 34 años del gobierno de Díaz, fue posible el desarrollo de un discurso feminista que se difundió con sus propios medios y abarcó las acciones prerrevolucionarias. ¿Cómo y por qué las ideas liberadoras de las mujeres transitaron en medio de la barbarie?

Barbarie inocultable: tiendas de raya; campos de explotación inhumana en Valle Nacional, las y los expulsados de su tierra; las persecuciones de los enemigos del régimen; la pobreza boyante en todas direcciones. La insensatez del dictador. El silencio y los  indicios de persecución y violencia.

Tan semejante situación en nuestros días. Tan parecida la pobreza, la exclusión y los escándalos de corrupción y la violencia.

Ante algunos hechos históricos, nos parece tan contradictorio y apesadumbrado nuestro momento. Hemos transitado seis años de régimen priista, en un espacio de barbarie, con la suma de miles de mujeres violentadas. Asesinadas. Sólo en 2018 la violencia política se llevó a 19 de ellas, candidatas, familiares, funcionarias y personas que nada tuvieron que ver, que estaban ahí por casualidad.  Ya en el nuevo régimen, que cumple este primero de enero un mes en Palacio Nacional, eso continúa.

Los resultados electorales que llevaron a Andrés López Obrador al poder, también fueron resultado de la permanente y  profusa ola de  violaciones a los derechos humanos, de pobreza insultante en algunas regiones del país y, contradictoriamente, en ese sexenio las mujeres logramos la paridad electoral, de cara al feminicidio con más de 7 mujeres asesinadas al día; nuevos derechos y acciones tendientes a garantizar el camino de lo que hoy se llama igualdad sustantiva.

Durante la dictadura de Díaz el magisterio se convirtió en la gran oportunidad de profesionalización de las mujeres. Con el régimen de Peña Nieto, se decretó la norma de igualdad laboral al lado del tremendo problema de acoso y hostigamiento en instituciones y oficinas gubernamentales. Y hoy nos encontramos de frente a la cuarta transformación. Para nosotras confusa y contradictoria. Reducción de programas, salvación de otros y los más duro y difícil, no sabemos en qué espacio estarán las demandas feministas pendientes: como el aborto y la justicia.

El régimen derrotado en las urnas, y el gobierno de varios lustros  rompió, tenemos que admitirlo, la visión disminuida de las mujeres institucionalmente, aplicando programas y reglas, lo que era materia y afán de la lucha feminista de los años 70: toda la política pública, los programas gubernamentales y compromisos de los estados, en nombre del Plan Nacional de Desarrollo, debieron desplegar acciones contra la desigualdad. Esas acciones están en la mira, en la necesidad de su evaluación, en cómo se aplicaron los recursos, en el cómo serán transformadas. Por lo pronto sólo en la capital del país  hay una reingeniería para atender y frenar la violencia feminicida, pero desaparece el programa de cáncer de mama que se ubicaba en el Instituto de las Mujeres que este primero de enero será secretaría y se verá  qué sirve de lo construido, que se sabe hoy podría atender  la secretaría de salud. Es preocupante que sin desaparecer en el papel los enlaces de género, no tengan presupuesto; desconocemos el rumbo de las declaratorias de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, si en las entidades que las  deben continuar, también se reduce el presupuesto.

Ni idea de cuál será el futuro del Instituto Nacional de las Mujeres, mientras no se nombre a la nueva presidenta o si, en el camino donde todo se define por  la prisa y una cascada de ajustes jurídicos,  será reestructurado. Segura estoy que estorba la intervención de la sociedad civil. Estorban los consejos ciudadanos, la mera idea de la autonomía. Entonces ¿qué sucederá con la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública Federal?

Adiós al régimen. Vayamos al grano. Durante el régimen de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se reanimaron las demandas y los apuros de la segunda ola del feminismo (1970), independientemente de los discursos, algunas acciones. Las aspiraciones y los problemas de la población femenina de México no se resolvieron sin embargo. Casi 50 años después están pendientes los 4 ejes sustantivos: aborto libre y gratuito, libre opción sexual, no a la violencia contra las mujeres y la participación social y política en igualdad.

Sin embargo  se instaló en el régimen el deseo de avanzar en esos ejes. El régimen heredó, de años previos, el marco jurídico legal que le dio la oportunidad de armar el propósito. Entre el año 1995 en que el régimen creó el Programa Nacional de la Mujer (PRONAM), hasta las leyes nacionales en la década del 2000 como la de Igualdad, otra para la No Discriminación, la de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, la que creó el Instituto Nacional de las Mujeres, la de los derechos para Niñas y Niños y la de Trata, pasando por la creación de los dispositivos legales que permiten el uso de la pastilla del día siguiente, o la norma 046 para atender la violencia sexual, daba al nuevo régimen elementos para parar o continuar. ¿Hoy qué pasará?

Durante los últimos seis años se instalaron los ejes, mediados por la transformación del movimiento feminista en uno de organizaciones e instituciones que colaboraron con el panismo  para avanzar jurídicamente y en la construcción de políticas públicas; así el PRI, con Peña Nieto, no podía desestimar esas acciones, no pudo evitarlas, pero la emergencia lo hacía imposible. Se había corrido la cortina y el feminicidio aparecía como la evidencia más clara de la desigualdad entre hombres y mujeres.

Es en este marco como puede analizarse el régimen antiguo en materia de género. Sin maquillaje, como se dice, con intención de analizarlo al margen de su circunstancia y de las características que lo hacen tan funesto. Qué sucederá ahora, a partir de mañana, qué se conservará o se desechará todo, para algo que no sabemos, que no tenemos claro.

En  estos años se visualizó a profundidad el gravísimo asunto de la violencia feminicida. Se rompió el mito de no aceptar la Alerta de Género para las mujeres. Se cambió el reglamento y hoy 13 entidades del país declararon esa alerta que se vive, no obstante, como inconsistente y sin resultados. Lentamente se ha construido el banco de datos, sin temor a reconocer el problema y sus consecuencias. Ello, rendirá con el tiempo. Por ahora, lo que tenemos es información, datos oficiales, sobre cómo ha escalado la violencia y el acoso sexual.

Otra cuestión significativa fueron los programas para las mujeres indígenas, donde el trabajo de las feministas fue permanente a partir de 1994, en el marco de la rebelión zapatista. En 13 entidades del país hay casas de la mujer campesina, donde se discute su condición subordinada, a contrapelo de costumbres y tradiciones. ¿Se mantendrán esas casas?

Sin menospreciar los intereses del gran capital, desde el gobierno central, se pusieron en discusión la igualdad y el reconocimiento de la condición femenina, en el terreno de la economía. Los bancos y las empresas han tenido que certificar buenas prácticas en su tarea de propiciar la promoción de las mujeres. El capital internacional ha horadado para ello. Los brazos femeninos son hoy, reconocidos, como fundamentales para el desarrollo de esta etapa capitalista. Pensé que  ello sólo  redundará en la mejoría del sistema. ¿Hay en la cuarta transformación intención o no de mantener estos cambios?

Todo ello, y lo poco y muy poco hecho en educación y salud, respecto de la condición subordinada de las mujeres, probablemente contribuyó  al cambio cultural. Algún aprendizaje forjará nuevas conciencias. Estoy segura. Es verdad que hasta ahora diputadas y senadoras, de todos los partidos, y no obstante las consignas para las de MORENA, el discurso de avance se mantiene. Pero en lo concreto la disminución hasta de 30 por ciento en el personal, que sólo en INMUJERES, será de 69 personas, muchas con  una antigüedad hasta de 15 años nos lleva a la duda; y en los institutos estatales y municipales, todo es una incógnita.

 Los cambios en la Constitución para ungir en la vida política la paridad electoral, tuvo, desde mi perspectiva dos efectos. Uno, el crecimiento del orgullo de las políticas por las acciones y compromisos de género, impulsadas, en paralelo, por las propias mujeres y el gobierno de Peña Nieto. Concretado en 2018, numéricamente,  con 546 presidentas municipales, casi el 25 por ciento.  Resultado de la Reforma Política de 2014 y sólo posible por esa reforma. ¿Se cambiará? o ¿cómo? La iniciativa presidencial, en este sistema, obligó a los gobernadores, a las y los legisladores y al Instituto Nacional Electoral a secundarlo. Fiel reflejo de la cultura política mexicana. Hoy nos han anunciado cambio de luces. ¿Cómo se conservará?

El otro efecto fue y es la aparición pública de la violencia política. El hostigamiento y el acoso de las mujeres, pre candidatas, candidatas y en el ejercicio del poder. Ello muestra el gran atraso cultural, pero evidencia que la omisión de esta política de género, tiene su principal escollo en los cambios, apuntados pero relegados, en la operación, concesión y vigilancia de los medios de comunicación, que podrían hacer la diferencia. Pero más grave aún, es que la Reforma Educativa, de la que el régimen ya ido, se sintió orgulloso,  no se sumó a la propuesta de gobierno inscrita en el Plan Nacional de Desarrollo. Parece una contradicción mayor la resistencia en los centros de educación superior y aun en la academia. ¿Pero qué sucederá con lo que ya llaman nueva reforma educativa? Si el régimen corrupto  no tuvo una política, ni fue capaz de sumar a estos dos sectores, fundamentales para el cambio cultural. ¿El nuevo régimen la tendrá?

Las tareas del régimen antiguo en cuanto a su política de género, ahora sin resultados contables, visibles, apetecibles, lo pensé  como antaño, que se construyó un piso desde donde podrían generarse cambios trascendentes en el corto plazo. Antaño, porque la dictadura de Díaz creo escuelas para las mujeres. Hoy no puedo decir lo mismo. Las mujeres no constituimos un eje central en la cuarta transformación.

¿Por qué? Si el régimen, como piensa un elevado porcentaje de la población, decía, si el régimen de Peña Nieto generó por sus acciones, corrupción y desprecio a la tradición política, un retroceso en la democracia y en la economía mexicana, hoy  habría que tener esperanza. Dependerá de nosotras, las organizadas y convencidas. No podemos desestimar que el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, nunca calculó el tamaño de los cambios al propiciar la educación para las mujeres y la libertad para plantear sus demandas en la vida pública. Es probable que la reforma educativa, sea la diferencia como en la época de Díaz, pero por las acciones y los deseos, cientos de mujeres en estos años accedieron a la toma de conciencia sobre la problemática de las mujeres y adquirieron un nuevo lenguaje. ¿Serán hoy valladar para evitar un retroceso?

También la creación de estructuras, algunas instituciones y los cambios en la administración pública, podría ser un factor de cambio. Ello va a depender de la existencia de una masa que lo reclame, como bueno.

A pesar de todo ello, lo que está en el escenario es la aparición del feminismo juvenil, las me too mexicanas, las que saben el significado de decir no. Ellas harán la diferencia en breve. ¿Les será posible? Al tiempo, veremos.

saraloveralopez@gmail.com

¡Arriba Zapata!

AMLO propone créditos, apoyo técnico y precios de garantía a sus pocos productos.

Dios nos libre de darle otra vez la misma vuelta a la historia

Natalia Vidales

SemMéxico. Sonora. 12 de diciembre de 2018.- El título de este texto es, desde luego, de lo más desfasado; digno de un editorial de principios del siglo pasado en los albores de la Revolución Mexicana. E incluso hasta la época del presidente José López Portillo, autollamado el último mandatario de aquella lucha armada. Y si se quiere, aunque ya de manera puramente testimonial hasta Salinas de Gortari (cuya primera foto se tomó junto a un  puñado de campesinos prototipo de la ruina agraria y le puso Emiliano, en honor del caudillo del sur, a un hijo suyo).

Salinas mismo, paradójicamente si atendemos a lo arriba señalado, dio por concluido el reparto rural y derogó las leyes agraristas en 1992 creando una de corte civilista: desamortizó los bienes de manos muertas de los ejidos de manera similar a como lo hizo Juárez a mediados del siglo antepasado con las propiedades del clero.

En aquel entonces el Benemérito  fue  en contra de los bienes de la iglesia (cuando en México se dice iglesia y hasta nuestros días,  siempre se refiere a la católica) que eran inalienables e imprescriptibles: estaban en manos de Dios. Pero las leyes de reforma no los diferenciaron de las tierras comunales y ejidales de los campesinos, así que igualmente pasaron a ser objetos del comercio civil y, desde luego, los campesinos pobres en cuanto tuvieron la libre disposición de sus bienes los vendieron y, a poco, se concentraron en unas cuantas manos aumentando así el latifundismo de la época.

Los campesinos,  entonces, pasaron a ser peones y  encasillados en  las que fueron sus tierras ancestrales, hasta que  llegó Zapata, el Libertador del Sur  con su ¡Tierra y Libertad! y ¡la tierra es de quien la trabaja!  para restituirles sus parcelas enajenadas en aquellas condiciones ventajosas para los acaparadores y especuladores agrarios. Mientras,  acá,  el Centauro del Norte, Francisco Villa avanzaba con su propia revolución centrada en el poder político (se refería a Zapara como el defensor de “las tierritas”).

Creadas las leyes protectoras de las tierras campesinas  -a partir de 1917 con el artículo 27 constitucional que dispuso amén de la restitución también la dotación y la creación de nuevos centros de población ejidal para satisfacer las necesidades agrarias-, decenios después llegó Salinas y reformó la Carta Magna para que los campesinos, otra vez, pudieran disponer libremente de sus parcelas, lo que volvieron a hacer, vendiéndolas o rentándolas y empleándose en las que fueron sus tierras. Aunque todavía algunos de ellos le siguen haciendo la luchita a sus terruños.

Este breve ensayo viene a cuento porque el 2019 será el Año de Emiliano Zapata, según lo declaró AMLO y con ello vendrá el rescate del campesinado dejado en el olvido desde la política neoliberal que iniciaron De la Madrid y, ni se diga, Salinas con el TLC que privilegió a las productivas tierras de los agrotitanes (muchos de ellos rentistas de tierras comunales al amparo de las nuevas leyes agrarias que lo permiten).

Para esos campesinos dejados de la mano de Dios y del gobierno, AMLO propone créditos, apoyo técnico y precios de garantía a sus pocos productos.  Se trata, ya no de que generen mayor riqueza (ícono del neoliberalismo), sino simplemente de que vivan mejor (ícono de la justicia social).

Ojalá  desde luego –y esperemos no estarle dando la idea– que no se le  vaya a ocurrir derogar las leyes antiagraristas de Salinas y se ponga en el plan revolucionario de Zapata en ésta llamada Cuarta Transformación.  Dios nos libre de darle otra vez la misma vuelta a la historia.

Desaparición Forzada, instrumento del narco Estado

Se trata de una crisis humanitaria que ni en países en guerra se ve.

La desaparición forzada es la principal arma para encubrir la corrupción.

Billy Parker

SemMéxico. Veracruz. 11 de diciembre de 2018.- El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en noviembre del 2018, indicaba un total de 37.485 personas. Cada caso una familia que vive el infierno. La dimensión de la tragedia es inimaginable.  Se trata de una crisis humanitaria que ni en países en guerra se ve. 

«Y seguramente el número es más grande», reconoció el entonces secretario de Gobernación , Alfonso Navarrete Prida en la presentación del nuevo Sistema Nacional de Búsqueda de Personas SNBP, creado a 53 días de que dejará Peña Nieto un país bañado en dolor.

De los infaustos datos oficiales, la cifra negra es mucho más amplia admitió el funcionario, pero lo más patético de un gobierne saliente, fue el cinismo y la impunidad de, no únicamente un omiso deber legal de proteger a sus gobernados, sino de la colusión con los autores de la desaparición de la población. Se desconoce la cifra de casos resueltos conforme a la ley y la amnistía otorgada por el nuevo presidente,  se torna una afrenta para los agraviados familiares.

No es gratuito que para “administrar “ la irritación social de los colectivos por el perdón otorgado a los artífices de las desapariciones forzadas, se apliquen declaratorias de crisis humanitarias, como las que se decretaron en Veracruz el mismo día de la toma de protesta del gobernador Cuitláhuac García, que colocó al tema como asunto prioritario.

Y no es para menos, se estiman en más de 15 mil desaparecidos en Veracruz  aunque las cifras “oficiales” solo registren tres mil 600, estaríamos hablando  que el aproximadamente  30 por ciento de víctimas de este delito  en México ocurrió en el estado. Las narcos fosas aún ocultas, se suman a las mega exhumaciones, donde hay más de 700 rastros de cuerpos en una sola, lo que revela el tamaño del problema.

La declaratoria de emergencia era la única manera de controlar el daño y recibir a AMLO en su primera gira de trabajo nacional como presidente constitucional de México. La experiencia de los Foros por la Paz hasta octubre encendía las alertas de lo que podía pasar en Veracruz si no controlaban a miles de familias que padecen, no sólo la pérdida de sus seres queridos, sino la indolencia de una fiscalía y la decepción del anuncio del “ borrón y cuenta nueva”.  Les colocaron en lugar privilegiado en el evento y se comprometieron a buscar a los desaparecidos.

En junio del 2018 la ONU- derechos humanos denunció que de las más de 37.000 desapariciones,  «nadie sabía cuántas fueron cometidas por las autoridades mexicanas”, que comandaba el  ahora expresidente priista Enrique Peña Nieto, cuya desastrosa gestión gubernamental hizo virar al país hacia la izquierda radical, cansados de su corrupción  que ocasionó miles de víctimas fatales no nada más en materia de seguridad, sino en todos los órdenes generando que hoy se le acuse el tribunal de La Haya de crímenes de Lesa Humanidad.

Los capos del narco señalan públicamente la complicidad del presidentes de México y gobernantes de entidades federativas, como aliados del crimen organizado que, amparado por el poder, ahora se dedican a succionar la gasolina del país, levantar a migrantes o matarlos, seguir cobrando piso a las y los mexicanos y desapareciendo a quienes les estorbe o no pague sus extorsiones.

Cada cambio de gobierno, estatal o nacional, viene aparejado al fortalecimiento o nacimiento de un cartel, igualmente cobijados por infiltrados funcionarios que desde la cúpula  fingen preservar el orden desde la instituciones.

Como es de suponerse lo órganos autónomos, son comparsas para control de daño. Reaccionan tarde y sin mayor impacto, como por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)  que manifestó su preocupación por que México se ubica en la posición 135 de 180 países de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de la organización Transparencia Internacional, y a nivel región se ubica  entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, según la OCDE.

Si bien la CNDH no tiene dientes si cuenta con presupuesto para exhibir los delitos que derivan de la corrupción y sus estrategias para cubrirlas como, en el caso de los periodistas que nunca atendió y reaccionó con una campaña ya cuando se iba Peña Nieto.

La desaparición forzada es la principal arma para encubrir la corrupción y resulta una ofensa para el desamparado pueblo mexicano, el más afectado por la amenaza, que reclama que se considere como un delito NO GRAVE para dejar en la impunidad a los ejecutantes.

La desaparición forzada la han convertido en un negocio propio de un país corrupto y con una élite en el poder que solo busca enriquecerse, vendiendo jóvenes al narco, migrantes, mujeres, niños y niñas o, desaparecer a periodistas, defensores de derechos humanos o cualquier persona que les impidan sus” bisness”,  que los señale o exhiba o simplemente que sospechen pueda denunciarlos.

Los tres poderes tendrán  coadyuvar para que el delito de la desaparición forzada no siga siendo el principal instrumento de un narcoestado. Las entidades donde  la alta incidencia de desapariciones es directamente proporcional a dónde existen las autoridades más corruptas, como Veracruz, que otorga el beneficio de la duda a un gobernante de izquierda y el estado del sureste se erige como la prueba de fuego para el combate de una de las herramientas del crimen organizado para seguir en el poder, desde el poder.

*Directora General de billieparkernoticias.com

Asunto de leyes

En memoria de mi amigo Daniel Jesús Benítez Gordillo

El Presidente de la República no puede enfrentar y emplazar a los otros poderes con una obtusa visión de avasallarlos.

Moisés Sánchez

SemMéxico. Cd. de México. 11 de diciembre de 2018.- En la naciente que no bisoña administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, la inmensa mayoría de los mexicanos no sabe de qué se trata eso de la IV Transformación, aunque los seguidores del debutante Jefe del Ejecutivo Federal creen que es vía libre para el linchamiento mediático y vociferante de quienes consideran sus enemigos. Se asumen dueños del poder.

Sin duda, incluso, buena parte de legisladores de Morena no atinaría a enderezar una defensa despojada de fundamentalismos acerca de los motivos por los que el debutante jefe del Ejecutivo Federal  se mantiene al frente del Movimiento Regeneración Nacional y ha emprendido la descalificación del Poder Judicial y tirado línea a la mayoría morenista en el Legislativo.

Mire usted. En efecto, es insultante la existencia de esa burocracia dorada que por encima de los estipendios que por ley corresponde a los servidores públicos, se autorizaba compensaciones y bonos, viáticos y apoyos que finalmente sumaban millones y ofendían a los salarios del grueso de la burocracia.

Y procede procesar y encarcelar a esos pillos que desde hace rato han hecho carrera en ámbitos de la corrupción que primero cobró el diezmo y luego, en la administración que recién concluyó, llegó a asociarse con proveedores y se convirtieron en empresarios que hicieron negocios entre sí.

No es difícil saber nombres y apellidos, tampoco es imposible conocer el monto de su riqueza no aclarada, esa que no aparece en el famoso 3 de 3 ni en la obligatoria declaración patrimonial de inicio y término de gestión.

Por tanto, cuál es la razón por la que el licenciado López Obrador después de que se ha pasado meses y años en la denuncia recurrente y el amago de aplicar la ley y meter a prisión, incluso, a quienes hicieron negocios pingües con los contratos en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y licitaciones de diversa índole, de pronto se quedó en el pusilánime peace and love.

Si la razón por la que se abstiene de enjuiciar penalmente a quienes sabe parte de esa mafia del poder que tanto ensalzó como la causante de los problemas de México, es para evitar que haya una crisis de Estado, entonces se entiende que descalificar al Poder Judicial Federal sea la pauta para allanar espacios de impunidad en los que él, como jefe del Ejecutivo, se instalará por el resto de los próximos cinco años con diez meses. Desprovisto de contrapesos.

Poner en duda la honestidad y verticalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de un resolutivo del ministro Alberto Pérez Dayán, cuando es sólo una suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, porque no se ha discutido el fondo de la Litis ni entraña la revocación de facto, es el elemento perverso que sumado a la otra calificación de antidemocrática a la que confirmó el triunfo electoral de Martha Érika Alonso Hidalgo como gobernadora del estado de Puebla, evidencia una ruta hacia la dictadura.

El licenciado López Obrador debe asumir el cargo por el que votaron 30 millones de mexicanos, estos ciudadanos que creen en su palabra y lo consideran un demócrata honesto, y dejar de actuar como candidato en campaña y presidente del consejo de administración de Morena. Es Presidente de la República y no puede enfrentar y emplazar a los otros poderes con una obtusa visión de avasallarlos.

En esa línea de avasallamiento proceden los diputados federales Mario Delgado y el senador Ricardo Monreal, que amén de descalificar y satanizar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocan a las leyes como sustento para minar a un procedimiento elemental en el fondo de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pero soslayan el hecho de que el famoso párrafo tercero del artículo 64 de la Ley Reglamentaria, se perturbó con esa decisión unilateral del licenciado López Obrador de cobrar su primera quincena como Presidente de la República a la mitad de lo que percibía Enrique Peña Nieto.

¿Era necesario legislar fast track el tema del salario presidencial? Les ganó la prisa; pretendieron con esa mayoría legislativa quedar bien, darle gusto al Presidente, pero generaron un conflicto con el Poder Judicial y parte del Legislativo.

La mayoría de Morena en el Senado, representada por Zuleyma Huidobro González, directora general de Asuntos Jurídicos, interpuso recurso de reclamación contra el ministro instructor Alberto Pérez Dayán, que concedió la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

El senador Ricardo Monreal calificó como falta grave la suspensión y pidió resolver con urgencia el recurso por su importancia para el orden público, el interés social y la economía nacional.

Pero, ¿por qué las urgencias de diputados y senadores de Morena? Si como refieren Mario Delgado y Pablo Gómez el paquete económico de 2019 se puede procesar por encima de la suspensión provisional, entonces para qué se rasgan las vestimentas. Simplemente dejen unos meses que el licenciado López Obrador cobre los 259 mil 627 pesos que Peña Nieto percibía y no bonos y compensaciones, para que no se vea mal y luego lo procesan en el Congreso de la Unión. Lo cierto es que un país no puede gobernarse con  voluntarismos porque, hecho el daño, luego esconda la mano y diga que todo queda en ámbito de los legisladores. Conste.

NOTAS. Por cierto, en el Congreso del Estado de México se ha retomado el caso de la nueva Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México de 2018. Sólo que en la actual LX Legislatura la mayoría de Morena ha procedido con fundamento en la tarea de revocar dicha ley cuya entrada en vigor está prevista para el primer día de enero de 2019.

Por ello se apresura el análisis y las propuestas para enmendar la plana a la mayoría priista que, con fecha 19 de julio de este año recibió del gobernador Alfredo del Mazo Maza la iniciativa de la nueva Ley del ISSEMYM y la aprobó en microondas; el decreto correspondiente se publicó el 10 de agosto último y, en unos días más entrará en vigor, pero implicaría severo retroceso en los beneficios que gozan los derechohabientes.

Un documento elaborado en el Congreso mexiquense, para efecto de sustento del procedimiento que evite la entrada en vigor de esa Ley, aduce que “es poco solidaria y tiene como finalidad última la pauperización de las pensiones y de los servicios médicos a los que todo trabajador y trabajadora debe tener acceso”. El caso no es simple; el jueves le platico. Digo.

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Las iniciativas fueron presentadas por el PAN, PES, PRD y PMC

Redacción

Lorena Vaniescott

SemMéxico, Aguascalientes, 11 diciembre 2018.- Diputadas y diputados del congreso local aprobaron por mayoría el reconocimiento al derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios del PAN, PES, PRD y PMC en diversas fechas.

La penalización del aborto fue discutida en las Comisiones Unidas de la Familia y Derechos de la Niñez, que este lunes fue aprobada por unanimidad, pese la oposición de grupos de mujeres que alertaron ante posibles retrocesos orquestados desde la diputación local.

Son derechos conquistados por las mujeres, señalaron en un comunicado integrantes del colectivo Morras Help, quienes advierten que no permitirán que se invaliden el derecho a decidir de las mujeres en casos de violación o cuando la vida de una madre se encuentra en riesgo.

Las iniciativas fueron presentadas en distintas fechas durante este 2018, por la diputada Mónica Raquel Delgado Enríquez, a nombre de la fracción parlamentaria del PAN, quien planteó la adición del párrafo segundo del Artículo 2º  de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, mediante el cual se reconoce el derecho de todo ser humano a la protección jurídica.

La modificación del segundo párrafo del Artículo 4º también de la Constitución Política del Estado fue presentada por el diputado Jesús Morquecho Valdez, integrante del grupo parlamentario mixto del PAN y del Partido Encuentro Social; en tanto que la iniciativa para modificar los artículos 2º y 4º de la misma Constitución la presentó Gustavo Báez Leos a nombre del grupo parlamentario mixto del PAN, PRD y PMC.

En Aguascalientes el Código Penal contempla como legales los abortos por violación, imprudencial o culposo y peligro de muerte.

SEM/lv/sj

Botella al Mar

• El dinero no es dios, dios no es el dinero

Jesusa Rodríguez al tomar posesión como Senadora

Martha Canseco

SemMéxico, 10 diciembre 2018.- Al tomar posesión como Senadora de la República, la directora de teatro y activista Jesusa Rodríguez dijo en el recinto:

“No hay dios. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. Con ésta frase, un joven de apenas 18 años, Ignacio Ramírez, el Nigromante, estremeció al México del siglo XIX e inauguró la era moderna de nuestro país.

Después, junto con los liberales de la Reforma, lograron lo que parecía imposible: Separar la iglesia del Estado. Si el Nigromante viviera en éste apocalíptico siglo XXI, tal vez diría: El dinero no es dios, los seres de la naturaleza deben ser respetados, las personas de todos los sexos y de todas las especies que anhelamos la cuarta transformación enfrentamos un reto histórico separar el poder político del poder económico”.

La cita de Jesusa Rodríguez la saqué de la nota que la periodista española Ruth Toledano hizo para el diario El Español, de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador.

De mi querida amiga Magdalena García Hernández recibí la información del periodista norteamericano David Leonhardt sobre el discurso de la senadora demócrata Elizabeth Warren en la American University en Washington D.C.

Warren planea presentarse a las elecciones presidenciales del 2020 con una innovadora plataforma que dé respuesta a la interrogante de ¿porqué la típica familia estadounidense tiene hoy en día un patrimonio neto más bajo que la familia típica de hace 20 años?

Dice Leonhardt que la plataforma de Warren contempla una economía en la que las empresas vuelvan a invertir en sus trabajadores y comunidades, como una manera de frenar la codicia corporativa.

En la Alemania de la socialista Ángela Merkel ya están haciendo algo para enfrentar la idea de la ganancia a toda costa, el 40 por ciento de los puestos en el consejo de las empresas germanas, son elegidos por los empleados como una forma de asegurar que dichas juntas tomen en cuenta los intereses de los clientes, empleados y comunidades.

Así, de todo esto se deduce que el neoliberalismo de los Chicago Boys no está funcionando ni en su cuna, Estados Unidos, ni en muchas otras partes, incluido México.

Es que de verdad que si los Chicago Boys les hubieran preguntado a las feministas sobre sí funcionaría su teoría del libre mercado sin restricciones para garantizar la máxima ganancia con la idea de que los empresarios harían fluir recursos a los demás, nos habríamos evitado tanta miseria y explotación, un sencillo análisis de género habría bastado.

Por supuesto la respuesta es ¡No!, el capitalismo neoliberal no fue capaz de prever que en un sistema hegemónico como el que vivimos, la acumulación, en éste caso, de bienes y dinero sería lo lógico ante la premisa eminentemente masculina de “todo para mí, nada para las y los demás”.

Pero bueno, amigas, amigos aquí estamos en México, donde los intereses hegemónicos empresariales han urdido una red de complicidades con los diferentes gobiernos, las iglesias, el crimen organizado, las fuerzas de seguridad, el ejército, más lo que se acumule en la semana.

Así es, el gran reto del nuevo gobierno es separar el poder político del poder económico. Todas y todos habremos de abonar para que lo logre.

¡El dinero no es dios, dios no es el dinero!

botellalmar2017@gmail.com