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Propone iniciativa de reforma a 92 artículos

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 4 octubre 2018.- El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso una iniciativa para que la igualdad de género sea reconocida desde la forma en que son redactados los escritos que norman y motivan las tareas que se lleva a cabo en el Senado de la República.   

En conferencia de prensa al detallar la importancia de la iniciativa, la y los integrantes de la fracción señalaron que la exclusión en el lenguaje implica que las mujeres no tengan una representación simbólica, ya que el lenguaje masculino no es un lenguaje neutro, pues su uso genérico ha provocado que las mujeres pasen a segundo plano.

La fracción en la Cámara Alta presentó en la sesión ordinaria de este jueves, una iniciativa con proyecto de Decreto para que se reformen 92 artículos del Reglamento del Senado de la República, para que donde dice: senador, senadores, legislador, legisladores, desde ahora indique: senadora y senador; senadoras y senadores; legisladora y legislador; legisladoras y legisladores.

La senadora Leonor Noyola Cervantes –a nombre del grupo parlamentario del PRD integrado, además, por los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa, Juan Zepeda Hernández, Antonio García Conejo y Juan Manuel Fócil Pérez— señaló que el objetivo del lenguaje inclusivo desde una perspectiva gramatical tiene como fin erradicar toda clase de discriminación contra las mujeres, buscando así la igualdad de género desde el ámbito lingüístico.

“La opción por un lenguaje inclusivo de género, además de tener fundamentos lingüísticos, tiene objetivos sociales como el de democratizar el lenguaje y dar visibilidad social a los géneros femenino y masculino, logrando de esta manera una sociedad más igualitaria”, recalcó la senadora Leonor Noyola.

En tribuna, la legisladora añadió que para distinguir si se habla de masculino o femenino, el lenguaje inclusivo es la herramienta más adecuada para conseguir la igualdad gramatical que se busca, “por lo que debemos de incorporar la perspectiva de género en el uso del lenguaje, con la finalidad de que se hable personas y no solamente de hombres o mujeres, evitando así la generalización”.

De esta manera –dijo— se evita cualquier situación que reproduzca la idea de que hay comportamientos, valores, trabajos, actitudes, espacios u otros, propios de mujeres o de hombres, ya sea por su “naturaleza”, o bien por la “costumbre social”.

“El reconocimiento de los derechos de las mujeres, quienes representan más de la mitad de la población, nombraras se torna imperioso y un acto de justicia”, concluyó.

SEM/sj

En 40 años ninguna mujer ha sido Magistrada Presidenta

Redacción

SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de octubre del 2018.- La Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE) solicitó que la designación de quien presidirá el Tribunal Electoral del Estado se haga desde una perspectiva de género y se considere el trabajo que en esta materia han realizado algunas mujeres.

En una carta pública esta organización civil solicitó el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, para el caso de la designación de la presidencia del Tribunal Electoral del Estado que este viernes habrá de decidirse.

REPARE que ha pugnado por la igualdad en la designación en los cargos de la administración pública estatal y municipal, incluidos los organismos autónomos, como los electorales y de derechos humanos, señala que, en los 40 años de existencia del Tribunal Electoral del Estado, nunca ha presidido una mujer, y en ese tiempo, solo cuatro magistradas han integrado dicho órgano.

En su carta, la organización civil demanda la aplicación de los preceptos que tutelan los derechos políticos, electorales y laborales de las mujeres, consagrados en la Constitución Política del Estado, dado que hoy en el tribunal Electoral Estatal se decidirá a la persona que asumirá la presidencia de ese órgano, por lo que se plantea que la decisión sea consecuente con los marcos internacionales.

Explican que pese a que ni constitucional ni legalmente está considerada la alternancia de género en la Presidencia de los Órganos Electorales, no obstante, se trata de derechos humanos mismos que deben ser progresivos, sobre todo, por tratarse de la aplicación en favor de mujeres que se dedican a la toma de decisiones que impactan directamente en la vida y actividad de muchas otras mujeres, tutelados en los acuerdos internacionales y plasmado en la Carta Magna sobre la inclusión de las mujeres en paridad.

La interpretación del contenido de los derechos humanos debe ir a la par de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida, en virtud de que los textos que reconocen dichos derechos son «instrumentos permanentes» a decir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o «instrumentos vivos» de acuerdo con la jurisprudencia interamericana.

Al respecto, los estándares en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son claros en establecer que las autoridades estatales, tanto administrativas como jurisdiccionales, no solo deben condenar toda forma de discriminación basada en el género, sino también están obligadas a tomar medidas concretas para lograrlo, tales como consagrar la igualdad de género y de sexo en sus normas y, sobre todo, abolir todas aquellas leyes, costumbres y prácticas que redunden en acciones discriminatorias contra las mujeres.

Finalmente, las integrantes de REPARE recuerdan que Chiapas es una entidad con antecedentes de Violencia Política de género contra las mujeres, así como de Discriminación por razones de Género hacia mujeres que ocupa cargos de elección popular.

Por ello, sostienen, no es posible que quienes tienen la responsabilidad constitucional de resolver con perspectiva de género los asuntos que les son sometidos a su jurisdicción, no sean capaces de emitir un voto de confianza a favor de una mujer, de quien no se duda, reúne los mismos requisitos que sus pares, y que también cuenta con los mismos méritos y capacidades para poderse desempeñar como Presidenta del citado Tribunal Electoral, tan es así, que fue designada en la misma fecha que todos los integrantes del Pleno, pero, con el beneficio de contar con mayor número de años para ejercer el citado cargo constitucional.

SEM/cr/sj

Comisión del Senado señala que sí considerarán la paridad.

Redacción

Virgilio Sánchez Jiménez Leyva

SemMéxico, Oaxaca, 5 octubre 2018.- La Comisión de Justicia del Senado adelantó que van a considerar la paridad de género en la designación de quienes serán las y los nuevos magistrados de los Tribunales Electorales de 12 estados, entre ellos, Oaxaca.

Para el caso de Oaxaca, ocho de los 24 aspirantes a este cargo, son mujeres.

El presidente de esta Comisión, el senador de Morena, Julio Ramón Menchaca Salazar afirmó que tomarán en cuenta la conformación actual de estos órganos locales, para cumplir con la paridad de género.

«Independientemente de los aspirantes, el número de mujeres y hombres a ocupar la magistratura, hay que tomar en cuenta cómo está integrado en cada entidad federativa», dijo, durante la sesión de Comisión.

«Podemos tener la mitad (de mujeres) y la mitad (de hombres) de solicitantes, pero en el Tribunal local puede no corresponder precisamente al número que queremos, para que esté en términos de paridad», agregó.

El TEEO está compuesto, actualmente, por tres magistrados hombres; de los cuales, Víctor Manuel Jiménez Viloria concluye su gestión en diciembre.

A la convocatoria emitida por el Senado para elegir al suplente de Jiménez Viloria se registraron en su mayoría burócratas electorales, es decir, consejeros de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO); así como directores de áreas al interior de ambos órganos.

En el grupo de aspirantes, hay ocho mujeres: Elizabeth Bautista Velasco y Rita Bell López Vences; consejeras de la Junta Local del INE y del IEEPCO, respectivamente.

Además, la ex consejera electoral, Elvira Morales Pérez; Laura Elena Marcial Chávez, ex titular de Unidad de lo Contencioso Electoral del IEEPCO.

Del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEO), destacan las inscripciones de: la Juez Sofía Altamirano Rueda; y Amparo Arias Rivas, Secretario de Estudio y Cuenta.

También, busca este cargo, Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que funge como secretaria del Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF); y Elvia Montesinos José, que fungió como representante del PT en el distrito local de Oaxaca norte.

Por otro lado, la Comisión de Justicia solicitará a la Junta de Coordinación Política del Senado, les conceda una ampliación del plazo para la presentación de los aspirantes idóneos a ocupar las 15 magistraturas en juego, en 12 estados del país.

De acuerdo con la convocatoria, esta Comisión debe entregar, a más tardar, el 15 de octubre a la Junta de Coordinación Política, el listado con los aspirantes mejor calificados.

Los senadores argumentaron que recibieron 253 solicitudes de aspirantes; por lo tanto, advirtió falta de tiempo.

En un principio, la Comisión propuso que se elegirán por sorteo solo a 20 aspirantes por estado; para seguir en el proceso. Esta fue rechazada por mayoría.

SEM/vs

Cumbre de mujeres del G20 presiona por sus derechos en áreas rurales

Daniel Gutman

SemMéxico/IPS, Buenos Aires, 5 octubre 2018.- Las mujeres rurales cumplen un papel central en la producción de alimentos, pero son discriminadas en el acceso a la tierra o son sometidas a través del matrimonio infantil, según concluyó un grupo sobre la paridad de género dentro del G20, durante un encuentro en la capital argentina.

La situación de las mujeres rurales fue uno de los cuatro ejes de la llamada Cumbre del Women 20 (W20), uno de los siete sectores de la sociedad civil que funcionan en el contexto del G20 (Grupo de los 20), que reúne a países industrializados y emergentes y que este año preside Argentina.

La misión de estos llamados grupos de afinidad es elevar recomendaciones a los principales líderes mundiales, que se reunirán en Buenos Aires para su cumbre anual entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

Sin embargo, en un día de reuniones privadas y dos días de exposiciones públicas sobre derechos de las mujeres y cuestiones de género, entre el lunes 1 y el miércoles 3, brillaron por su ausencia, precisamente, las campesinas y las indígenas, mientras se discutía sobre la invisibilidad de la mujer rural y su rol en el desarrollo.

En cambio, en los paneles de la cumbre, en el majestuoso edificio que antiguamente era sede central del Correo Argentino, predominaron políticas, representantes de oenegés, funcionarias de organismos internacionales y directivas de empresas.

El cierre estuvo a cargo del presidente argentino, Mauricio Macri, quien recibió el documento de recomendaciones del W20, discutido durante siete meses por 155 delegadas de los distintos países y donde identifica los mayores desafíos que deben abordarse por su valor estratégico de motor para un desarrollo sostenible.

Las jornadas de Buenos Aires no estuvieron exentas de controversia, ya que un grupo de organizaciones argentinas, algunas de las cuales participaron en la discusión del documento, cuestionaron en un comunicado que “55 por ciento de las personas que integraron los paneles pertenecen a corporaciones internacionales o fundaciones vinculadas”.

“El programa de exposiciones de la cumbre (del W20) no representó la diversidad del grupo de mujeres que discutió el comunicado”, dijo Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y una de las nueve delegadas argentinas que participó en el debate “Evidentemente tuvo más que ver con darles un lugar a las directivas de las empresas que financiaron las jornadas”, agregó a IPS.

Además, en simultáneo con la reunión y a poca distancia de su sede, un grupo de mujeres integrantes del llamado Foro Feminista contra el G20 se manifestaron “contra el neoliberalismo de las empresarias del W20”.

La cumbre tuvo lugar en un momento en el que Argentina vive una situación social delicada, debido a que en los últimos meses se produjo una fuerte devaluación de la moneda local que aceleró la inflación.

Para sortear la crisis, Macri buscó el auxilio del Fondo Monetario Internacional, que impuso un drástico programa de reducción del gasto público y el propio gobierno admitió que la pobreza creció en los últimos meses y lo seguirá haciendo.

“Estas reuniones son para levantar conciencia sobre cuestiones que más adelante podrían convertirse en políticas públicas. Es muy importante que se hable, porque antes no se hablaba”, dijo a IPS la directora de Programa de ONU Mujeres, María Noel Vaeza.

Vaeza, que es una doctora en leyes uruguaya, dijo que “todavía hay 52  países donde son necesarios cambios legislativos para permitir que la mujer rural pueda heredar la tierra cuando queda viuda”.

En el caso de América Latina, la mayor urgencia es “eliminar el matrimonio infantil. En las áreas rurales hay niñas a las que se las casa a los 12 años y luego abandonan la escuela porque tienen que cuidar a los hijos”, dijo la funcionaria de la agencia de las Naciones Unidas que promueve la igualdad de género.

La situación de las mujeres y las niñas rurales fue también el eje este año del 62 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, que se celebró en marzo en Nueva York.

En las conclusiones de esa asamblea se instó a los gobiernos a “promulgar legislación para promover la inscripción de las tierras de las mujeres y la certificación de sus títulos de propiedad de la tierra, independientemente de su estado civil”.

En el caso del documento del W20, se pidió que se promueva la participación económica y la inclusión en la toma de decisiones de las mujeres rurales, a través de la asignación de fondos que permitan fortalecer las cooperativas y emprendimientos y promuevan el acceso al crédito.

Además del desarrollo rural, los otros tres ejes del W20 fueron la inclusión laboral, digital y financiera.

“Se trata de que los líderes mundiales miren cuáles son las políticas de sus propios países y vean qué es lo que tienen que cambiar”, dijo Lilianne Ploumen, política laborista holandesa y miembro del parlamento de su país.

Ploumen, que es fundadora de She Decides (ella decide), un movimiento de defensa de los derechos de las mujeres, afirmó a IPS que “las mujeres rurales producen más de la mitad del alimento del mundo pero tienen menos acceso a la tierra, a los créditos, a los insumos y a la educación”.

“Si tuvieran el mismo acceso que los hombres, el hambre podría ser reducido”, sentenció.

Por su lado, Edith Obstchatko, especialista en Políticas del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), afirmó a IPS que “todos los indicadores nos demuestran que las mujeres rurales están en desventaja con respecto a los hombres rurales y a las mujeres urbanas”.

“La falta de infraestructura en el ámbito rural les afecta de manera desproporcionada. Y nuevos problemas, como el cambio climático, las afectan más, porque son más vulnerables”, dijo la especialista del IICA, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).

De acuerdo a los datos difundidos por el W20, las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y 43 por ciento de la fuerza laboral agrícola.

La mayoría de ellas trabajan en emprendimientos de economía familiar y no reciben ningún pago por su tarea. Cuando lo reciben, el monto es en promedio 25 por ciento inferior al de los hombres.

Unas de las cuestiones centrales es la educación, en tanto se reconoció que aproximadamente las dos terceras partes de las personas analfabetas en el mundo son mujeres que viven en zonas rurales.

El tema de la propiedad de la tierra también se mencionó como relevante, ya que, a pesar de las enormes diferencias existentes entre los países, se señaló que globalmente las mujeres son dueñas de menos del 30 por ciento de la tierra.

Otro punto crítico es el del acceso a los derechos sexuales y reproductivos: las jóvenes residentes en el campo tienen tasas de embarazo que son tres veces más altas que las de aquellas que viven en ciudades.

SEM-IPS/dg/eg

Un desafortunado caso de violencia política de género: Lupita Ramos

Redacción

Elizabeth Rivera Avelar

SemMéxico, Guadalajara, 4 octubre 2018.- La candidata ganadora de la elección por la presidencia municipal de Tenamaxtlán, Jalisco, Yolanda Meza Zepeda, renunció al cargo, al igual que su suplente, para dejarle el paso libre al síndico, Gilberto Pérez Barajas, quien asumió el cargo de alcalde.

La ex candidata del PRI, Lilia Margarita López Chavarín, quien compitió en la elección del pasado 1 de julio para ocupar el cargo de alcaldesa, denunció que Gilberto Pérez fue el que encabezó la campaña electoral de la coalición Por Jalisco al Frente, conformada por el PAN, MC y PRD, y quien apareció en la publicidad que se difundió en redes sociales, en cambio las actividades públicas de Yolanda Meza fueron muy discretas.

La abanderada del PRI explicó que “todo el pueblo sabía” que Gilberto Pérez era el “verdadero candidato del PAN” y que si el blanquiazul ganaba la elección él asumiría el cargo. En redes sociales hay evidencia de que Gilberto Pérez abrió una página en Facebook denominada “Gilberto al Frente”, publicó anuncios digitales con su fotografía, acompañada del lema “Gil, Manos a la Obra”.

También presidió actos de promoción del voto a su favor en poblados, casas y plazas, en la fotografía de la planilla él apareció al centro, escoltado por las y los candidatos a ediles, y al lado de la candidata que dimitió.

“Es un acto de simulación y es un acto que en nada será un ejemplo para las nuevas generaciones”, sostuvo la regidora, quien consiguió el segundo sitio en los comicios, con una diferencia de 200 votos.

El acto de la toma de protesta de la nueva administración municipal realizado el 30 de septiembre en la plaza principal del pueblo fue encabezada por Gilberto Pérez; la maestra de ceremonias lo presentó como “quien estará al frente de esta nueva administración”.

La renuncia “por motivos personales” de la alcaldesa del municipio jalisciense y el nombramiento del alcalde ocurrió en los primeros diez minutos de la primera sesión de pleno del ayuntamiento, celebrada el pasado lunes 1 de octubre, en el punto de “asuntos varios”. La regidora tricolor, Lilia Margarita pidió que ante la renuncia de la presidenta municipal, nombraran como alcaldesa a otra regidora panista.

“Con relación a la sustitución para nadie es un secreto que esta fue una situación irregular, el hecho de tener una persona inscrita y a otra persona como candidato en la campaña, en congruencia con la ley de paridad, en congruencia con la defensa que se ha hecho de la participación de la mujer yo propongo a una de las compañeras de la planilla, a Elvia González Jacobo”, propuso la priista, pero la moción ni siquiera fue considerada.

Gilberto Pérez es arquitecto de profesión y fue director del área de Obras Públicas en el ayuntamiento saliente del PAN, es allegado al ex presidente municipal, Ricardo Hernández García. Con perifoneo a ritmo de banda solicitaban el voto a favor del político panista “Es con Gilberto con quien vamos a ganar, al PAN unido lo tenemos que apoyar, es arquitecto y tiene un noble corazón, es candidato en la nueva coalición. Con el arqui las obras continuarán, el PAN debe continuar, a Gilberto hay que apoyar”.

Como un caso de “desafortunado de violencia política” calificó la integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Guadalupe Ramos Ponce, la renuncia de la candidata, Yolanda Meza y su suplente, el cual dijo debe de rectificarse o “sería un gravísimo precedente”.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ) hizo un llamado al pleno ayuntamiento de Tenamaxtlán para que dé marcha atrás a la sustitución de la presidenta municipal.

“Exhortamos al ayuntamiento de ese municipio para que reflexione y que se opté por una mujer para que sea quien sustituya a la mujer que decidió pedir la licencia”, manifestó el presidente del organismo electoral, Guillermo Alcaraz Cross

El funcionario electoral agregó que el caso de Tenamaxtlán pone en evidencia la necesidad de una reforma legislativa que obligue a la sustitución de presidentas municipales con suplentes del mismo sexo.

SEM/era/sj

Entresemana

Rumbo al 1 de diciembre.

Disputa por el poder… en Morena

Moisés Sánchez

SemMéxico, 4 octubre 2018.- Rumbo al sábado 1 de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador rinda protesta ante el Congreso de la Unión como Presidente de la República, el presunto equipo que ocupará espacios clave en la administración federal ha entrado en un proceso de desgaste con discrepancias que evidencian ausencia de un plan de gobierno y una tendencia a elaborarlo sobre la marcha, con ocurrencias en buena parte que no son garantía de buen gobierno.

Y, del lado del Poder Legislativo, la situación no se diferencia en esto de una singular disputa por el poder, por ver quién es mejor y quién queda bien, al nivel oficioso y si quiere usted hasta servil, con Andrés Manuel López Obrador, en un ánimo de impulsar una agenda del Presidente electo que no tiene sustento ya no diga usted legal, ¡vaya!, ni siquiera de coordinación y consensos entre los legisladores del partido que parecen continuar en campaña.

Mire usted. Ayer hubo dos momentos escenificados por quienes se asumen morenistas recalcitrantes, aunque los hay del cuarto para las doce, por usar un eufemismo, con desplantes de protagonismo y ganas de quedar bien, aunque las consecuencias pueden ser adversamente graves para el gobierno de López Obrador.

Veamos. En esto de la propuesta de consulta pública para decidir dónde se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, hubo una reunión del equipo de transición relacionado con el tema, encabezado por el eterno aspirante a secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, en la que él como Alejandro Encinas y quien se presume será la próxima secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se pronunciaron contra la sede de Texcoco.

Y, frente a quienes se asumen representantes de cuatro pueblos próximos a la zona donde se construye la terminal aérea, Alejandro Encinas dijo que desde los días en que fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, en relevo de Andrés Manuel López Obrador, se opuso a la propuesta del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, de construir el aeropuerto en la zona de Texcoco.

En realidad, el impulsor formal fue Vicente Fox Quesada junto con quien fuera su secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, conocido como el Pato Cerisola porque dijo que los patos que migraban al ex Lago de Texcoco estaban de acuerdo con el proyecto y no a favor del propuesto en terrenos del estado de Hidalgo.

Pero, bueno, ahí la imagen de Felipe Álvarez, dirigente de una de las agrupaciones de pobladores de esa zona que no quieren al nuevo aeropuerto, machete en mano con la exigencia de que se cancele la construcción del NAIMX. ¿Con quién quieren quedar bien Jiménez Espriú, Encinas y asociados?

Porque impulsan una agenda falsa, tanto que sin pregunta de por medio dijeron que lo de la consulta no era para lavarse las manos, porque ésta va. ¿Y? ¿Tienen la línea de Andrés Manuel López Obrador? Sin duda, porque no dan un paso sin consultar al electo. El hecho es que éste grupo no tiene consenso entre los responsables de otras áreas, cuya opinión e intervención es toral porque toca fibras de sensibilidad política y económica.

Y, en el otro lado, en el del Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara de Diputados –aunque en el Senado hay desencuentros entre Ricardo Monreal y Martí Batres, cada quien con sus atributos políticos y aspiraciones futuras–.

La evidencia. Ayer, en el corolario de la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, la diputada federal en funciones de presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, aprovechó la ausencia del presidente Porfirio Muñoz Ledo que había dejado de conducir la sesión para atender un asunto oficial.

Y demostró ése ánimo, ambición en pocas palabras, de presidir, manejar, controlar a la Cámara baja con la mayoría morenista, en olvido de que llegó a las filas de Morena apenas unas horas después de haber fungido coordinadora de la bancada del PRD en el Senado, y que en esas condiciones se le otorgó un espacio como legisladora mas no en la opción de ser siquiera coordinadora.

Haber llegado a la vicepresidencia camaral fue merced a un acuerdo logrado con la anuencia de Andrés Manuel López Obrador, porque Mario Delgado se había perfilado como coordinador de la bancada de Morena por tres años.

El caso es que una comparecencia que había corrido tersa y sin aspavientos, con críticas, sí, pero despojada de esas escenas de tomas de tribuna y manifestaciones de la que fue oposición, pero hoy con su mayoría evitó el papelazo.

Acaso por ello, María de los Dolores Padierna Luna dejó de lado el ordenamiento legal y, desde la Presidencia camaral, habló a nombre de su bancada, es decir, de Morena, sin consultar con el coordinador Mario Delgado, lo que evidenció el tamaño de las diferencias que hay en la fracción.

Crítica, descalificó al gobierno de Peña Nieto en el rubro de la economía, lo que pudo haber hecho como una diputada integrante de un grupo parlamentario mas no desde la Presidencia camaral.

Y, a los reclamos de la oposición priista que le señaló la violación al reglamento, respondió: “(…) íbamos a concluir con la intervención del diputado Ramírez Cuéllar porque estamos en el Poder Legislativo y el Poder Legislativo es el último que tiene la palabra, no el Poder Ejecutivo, por eso estoy hablando yo a nombre del grupo mayoritario en esta Cámara (…) Ruego a los diputados del PRI guardar silencio y sentarse en sus sillas. A ver, guarden silencio y siéntense. Estamos respetando un acuerdo de la Mesa Directiva. Estamos en el Poder Legislativo y no será la visión del Ejecutivo lo que prevalezca en este recinto”.

Dolores Padierna no pecó de inexperta menos de ilusa. Mostró el nivel de la lucha por el control de los 257 diputados federales de Morena. ¿Quiere la Presidencia de la Cámara baja? ¡Sí! ¿Quiere la coordinación de los legisladores morenistas? ¿Alguien lo duda?

“Nosotros –dijo Padierna como si continuara la campaña–, la mayoría democrática, vamos a cambiar el modelo económico, haremos finanzas públicas basadas en la austeridad republicana (¿ahora es austera y republicana?) y le daremos vuelta a la historia (¿?). ¡Que viva la mayoría democrática que ganó en la elección!”

Y conste que esto apenas comienza. Por eso la sedicente izquierda no cuaja en los gobiernos del mundo. Las tribus, estancos de selectivo pedigrí ilustrado, mantienen la lucha por el poder. Mientras, la hoy oposición priista y panista entró en el periodo de la reconstrucción; no son hermanas de la caridad ni colegiales en examen extraordinario. Conste.

sanchezlimon@gmail.com

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@msanchezlimon

Los ejes de trabajo, las autonomías física, económica y en la toma de decisiones.

Lizbeth Álvarez

SemMéxico, Cd. de México, 4 octubre 2018.- Con el acompañamiento solidario de la “andanada feminista”, Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado, formalizó el inicio de los trabajos legislativos enfocados, se dijo, a eliminar las causas estructurales de la desigualdad y construir un Gobierno de desarrollo basado en la igualdad entre mujeres y hombres.

Mícher Camarena aseguró que “como feminista, como mujer” en la presente legislatura aportará para cumplir el gran reto de dar un giro de 180 grados para cambiar el régimen político que se ha caracterizado por una simulación discursiva “que nos ha ofendido”…“sin prácticamente nada desde la acción política”.

Para avanzar en la agenda legislativa en materia de igualdad sostuvo que contarán con el respaldo de expertas de la academia y el feminismo.

Las senadoras Blanca Estela Piña Gudiño y Alejandra del Carmen León Gastélum fungirán como secretarias de la comisión. En ese sentido, Malú Mícher comentó que no se registró ningún hombre.  

La senadora morenista indicó que trabajarán en torno a las tres autonomías que son fundamentales: La autonomía física, la autonomía económica y la autonomía en la toma de decisiones.  

La autonomía física se refiere a la salud de las mujeres, a una vida libre de violencia de género, con vivienda digna, y puedan las mexicanas acceder al pleno ejercicio de sus derechos sociales.

Explicó que es una obligación del  Estado mexicano reconocer el aporte de las mujeres a la economía mundial, como una parte de la autonomía económica, y añadió que las mujeres tienen derecho a decidir y no quieren seguir pidiendo permiso.

Mícher citó “datos demoledores”

De acuerdo con el Coneval, aproximadamente una cuarta parte de los hogares mexicanos cuentan con una jefatura femenina, es decir, en ellos las mujeres se hacen cargo de todos los gastos.

Citó que aunque el rezago educativo entre mujeres y hombres se redujo entre 2010 y 2016, sin embargo, las jefas de hogar padecen mayor dificultad para acceder a la educación.

“Nos seguimos muriendo porque somos pobres. En su mayoría tenemos acceso a la salud solo por algún familiar que goce de este derecho, lo que nos coloca en condiciones de dependencia y vulnerabilidad”. 

En 2016, por cada 100 hombres que contaban con seguridad social, solo 62 mujeres se encontraban en la misma situación. En 2016, por cada 100 hombres, 49 mujeres contaban con el derecho.

Uno de los campos de mayor desigualdad entre hombres y mujeres en el país, es el del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados de menores de edad y adultos mayores. En promedio, las mujeres dedican a los quehaceres de casa entre 12 y 17 horas semanales más que los hombres, sin recibir ninguna remuneración económica.

Mícher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado también se refirió a los datos “desalentadores y vergonzosos” sobre la violencia contra las mujeres, y dijo que las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad son indígenas, migrantes, niñas, adolescentes y adultas mayores.

“Todos los días se matan a siete mujeres en México, lo que representa la mitad de asesinatos de mujeres que se comenten en América Latina. Estos crímenes se concentran en las niñas de cero a cinco años, las adolescentes y las mayores de 65 años; es decir, prácticamente en cualquier etapa de la vida estamos expuestas a una condición de riesgo”.

Agregó que de acuerdo al INEGI, el 66.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado un acto de violencia en su vida. “No estamos seguras en el ámbito privado ni en el público” y citó que en México se producen 600 mil delitos sexuales por año, de acuerdo con cifras oficiales.

Para la senadora Mícher Camarena es un propósito el cumplir las recomendaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y en especial de las Mujeres, porque México ha adquirido el compromiso de garantizar la igualdad de derechos y de trato ante la ley entre Mujeres y Hombres.

Expresó que “vamos a trabajar para eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, asegurando el avance de respeto y protección de todos sus derechos humanos de todas las mujeres que vivimos y transitamos en este país”.

Además, anunció que propuso y, se aprobó, que las Integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género solicitemos a la Mesa Directiva del Senado la realización una Sesión Solemne al día 16 de octubre por el 65 Aniversario del Voto de la Mujer en México, que se celebra el día 17 de octubre.

“Sin nosotras no hay cuarta transformación. La igualdad no es un tema de mujeres, nos compete a todas y todos”.

Durante la Instalación de la comisión también estuvieron presentes las feministas y activistas Marcela Eternod, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); Karla Micheel Salas Ramírez, Emilienne De León, entre otras.

SEM/la/sj

Cifras alarmantes de violencia

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 4 octubre 2018.- México es un país de víctimas, de la indolencia del estado y de crisis en los derechos humanos, sostuvo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, invitada a la instalación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.

Ante senadores, entre ellos el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama y la senadora Kenia López Rabadán, Rebeaum Pamszi dijo que, para restablecer la confianza en las instituciones del Estado, el Senado debe escuchar a quienes viven en el país, a los Organismos Internacionales y fortalecer los mecanismos de control del Estado poniendo como bien superior el interés público.

En su momento, Batres Guadarrama reveló las cifras de la violencia en México y dijo que en la última década se registraron alrededor de 200 mil ejecuciones. Hay siete feminicidios diarios, 37 mil personas reconocidas como desaparecidas y más de 300 mil desplazados en diversas regiones del país.

Recordó que conforme al artículo 1º de la Constitución, todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; además, dijo, en este ordenamiento está incorporado el principio de progresividad, por lo que los derechos humanos no se pueden restringir ni disminuir, sino que sólo se pueden ampliar.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, aseguró que las senadoras y senadores trabajarán para dar voz a quienes no la tienen: “Seremos compañeros y compañeras en las causas de las víctimas y buscaremos lograr acuerdos en tiempos de desacuerdos”.

La legisladora panista agregó que revisarán y perfeccionarán ordenamientos, se buscará presupuesto y se dará un debate e intercambio de ideas profundo, de respeto y transparencia.

Se pondrá especial énfasis en la atención a las víctimas, y en el análisis y reforzamiento de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, afirmó.

A la reunión de instalación asistieron las senadoras Martha Lucía Mícher Camarena, de Morena; Mauricio Kuri González, Gina Andrea Cruz Blackledge y Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN, así como la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Marcela Eternod; el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero; el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín; Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro.

Fórmulas aumentan riesgos de enfermedades y son costosas

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 4 octubre 2018.- La lactancia materna puede prevenir hasta un 22 por ciento de muertes neonatales, dijo la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, durante el inicio del “Sexto Foro Nacional de Lactancia Materna 2018. La Transformación empieza con la Lactancia”.

En su intervención señaló que la Legislatura debe proponer iniciativas que permitan generar un marco institucional que reconozca y apoye a las mujeres en su ámbito productivo y reproductivo, además desarrollar medidas que prevengan la discriminación de las mujeres en los lugares de trabajo.

Es importante erradicar, en la medida de lo posible, la práctica de alimentar con fórmula láctea, ya que aumenta riesgos de enfermedades e incrementa el costo del cuidado de la salud, por ello, dijo, es importante desarrollar en el Sector Salud un mejor sistema de vigilancia y control para la venta de fórmulas y que éstas no se ofrezcan de manera gratuita.

Asimismo mencionó que para incentivar la lactancia materna se debe apoyar a las mujeres considerando la realidad de las que trabajan y asegurar políticas que contemplen facilitar la lactancia; otorgar tiempo suficiente a las madres para alimentar; lugares higiénicos adecuados para que puedan recolectar y almacenar leche, además que tengan licencia por maternidad en forma remunerada y sin riesgo de perder el empleo.

De acuerdo a la Organización de Mundial de la Salud (OMS) amamantar es una de las formas más eficientes de asegurar la salud y supervivencia de niñas y niños. “Si prácticamente todos fueran amamantados, cada año se salvarían alrededor de 820 vidas infantiles a nivel mundial”, así lo expresó la diputada.

Dijo que la lactancia reduce el riesgo de padecer asma, sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiacas, colesterol alto, presión arterial elevada, diabetes y leucemias infantiles.

En su turno, el representante del Secretario de Salud designado para el periodo 2018-2024, Hugo López Gatell, celebró la propuesta de desarrollar una estrategia de comunicación a favor de la lactancia, así como mejorar la disponibilidad de información, además de fortalecer el Comité Nacional de la Lactancia Materna.

En el foro se abordaron también los temas de recomendaciones para una promoción efectiva de la lactancia; para fortalecer la legislación de protección a la maternidad; para el monitoreo de estas prácticas; análisis sobre la potencial incidencia de la industria en el proceso de revisión de la NOM 050; estudio sobre acciones y reacciones para la promoción y protección de lactancia durante las emergencias ocasionadas por los sismos de septiembre de 2017 en México.

SEM/la/sj

Patricia Mercado cede su lugar en tribuna a Marcelina Bautista

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 4 octubre 2018.- La senadora Patricia Mercado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, le cedió su lugar en tribuna a Marcelina Bautista, lideresa del primer Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar y fundadora del Centro de Capacitación para Empleadas del Hogar, para colocar en el debate nacional el tema de los derechos laborales de este sector.

Se estima que tres millones de personas en el país se dedican a esta actividad, de las cuales 93 por ciento son mujeres, los restantes son hombres. Mujeres que son explotadas, abusadas, no tienen derecho a Seguro Social, ni a otras prestaciones de ley como vacaciones, días de descanso y pagos de horas extras.

Marcelina Bautista, informó que buscan que el Senado apruebe el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), sobre trabajadoras y trabajadores domésticos (del hogar) para que lo ratifique posteriormente el Estado Mexicano; que se modifique la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que su inscripción por los empleadores sea obligatorio y no voluntario.   

La dirigente sindical, con trayectoria de 18 años, informó lo anterior, durante su participación en el Foro de Trabajo sobre las mujeres trabajadoras del hogar ante las recomendaciones del Comité CEDAW 2018, que organiza la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

SEM/em/sj

No es normal carecer de derechos

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 4 octubre 2018.- Marcelina Bautista, lideresa del Sindicato de Nacional de Trabajadoras el Hogar, el primero en México, y también fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), indicó que seguirán en su lucha, a pesar de que las autoridades no les han hecho caso.

Se refiere a la necesaria actuación del Senado de la República para que se apruebe el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece normas laborales para las y los trabajadores domésticos, y buscar las reformas a la Leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social para que se les reconozca sus derechos, compromisos que asumieron quienes participaron en el Foro sobre las Mujeres Trabajadoras del Hogar ante las recomendaciones del Comité CEDAW 2018.

Hemos avanzado, dijo, porque hay una mayor conciencia entre las trabajadoras del hogar de que es normal la carencia de derechos, pero tampoco lo es comer lo que sobra de la comida de sus empleadores; que si tienen vacaciones es para cuidar a las y los hijos de sus empleadores, que si les pagan bien es por la buena voluntad y no porque tengan derecho a un salario digno, que no tengan contrato porque las empleadoras temen que las denuncien, pero, sin embargo, ellas si denuncia a las trabajadoras del hogar y llaman a la policía para entregarlas.

Marcelina Bautista comentó el caso de una empleada a la que le debían 25 mil pesos, en lugar de pagarle, dijeron a las autoridades que no le debía nada y no le pagaron, un sistema frecuente. También señaló el caso de una mujer de 78 años, a quien su empleadora buscaba que la iglesia se hiciera cargo de ella, después de que había trabajado toda su vida productiva para ella.

El Estado, agregó, no quiere reconocer su derecho a un salario mínimo, al acceso a servicios de salud y a detener los abusos que se cometen, sobre todo, al personal de planta.

Graves condiciones de trabajo infantil

La doctora Gloria Ramírez, titular de la Cátedra UNESCO de los Derechos Humanos de la UNAM, precisó que de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo (ENOE) son cerca de tres millones de personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado, de ellas el 93 por ciento son mujeres que se ocupan del trabajo doméstico, cuidadores de personas, lavanderas, planchadoras y cocineras domésticas, quienes prestan sus servicios sin contrato de por medio.

Los datos revelan que en México no se cuenta con el marco jurídico ni con políticas públicas integrales que permitan propiciar un trabajo digno como lo determina la Ley Federal del Trabajo.  

Por su parte, la ex senadora de la LXIII Legislatura Angélica de la Peña, señaló que al final de la administración del ex presidente Felipe Calderón, a pesar de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores, dieron su visto bueno para aprobar el Convenio 189 de la OIT, la Secretaría de Hacienda y el IMSS dijeron que no había condiciones y desde entonces se han opuesto a la aprobación del convenio 189 de la OIT.

Señaló que México tiene fama de apoyar los tratados internacionales, pero a la hora de ratificarlos se echa para atrás. Pero explicó que en materia de tratados internacionales todos deben ser aprobados primero por el Senado, para después ser ratificador por el Estado mexicano.     

Exhortó a los presentes y a la Catedra UNESCO a no quitar el dedo del renglón respecto a la aprobación del Convenio 189 de la OIT, porque en este contexto, mencionó, es más grave el trabajo doméstico infantil, que está ligado a la trata de personas y se considera un trabajo riesgoso.

De la Peña reconoció que la Legislación nacional se aumentó un año la edad para contratar menores, que pasó de 14 a 15 años de edad, sin embargo, recordó que el trabajo infantil debería estar prohibido.

Sigue la práctica de ir a las comunidades por niñas para que hagan estas tareas, se trata de niñas que son vulnerables, porque aun cuando prometen a las familias que las enviarán a la escuela eso no es cierto.

Las recomendaciones de la CEDAW

A su vez, Gloria Ramírez, de la Cátedra UNESCO de la UNAM, se refirió a las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), al Estado Mexicano respecto a las trabajadoras del hogar.

Señaló que está pendiente revisar el marco jurídico de protección social para formular una política integral que asegure a las trabajadoras del hogar el acceso en pie de igualdad a una remuneración y tratamiento igual por trabajo de igual valor, con inclusión a prestaciones, acceso a seguridad social y a condiciones de trabajo seguras.

Ratificar el Convenio 189 de la OIT y que se derogue lo dispuesto en los artículos 181 y del 331 al 343 para reconocer el trabajo remunerado del hogar como cualquier otro trabajo y garantizar sus derechos laborales.

Además de efectuar campañas de sensibilización y de promoción de derechos y protección de las trabajadoras domésticas, así como promover la firma de contratos de trabajo entre patrones y trabajadoras.

Realizar medidas de apoyo y de difusión para promover la igualdad de género en el sector empresarial y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Gloria Ramírez explicó que la CEDAW es un tratado internacional ante el cual los países miembros se comprometen a presentar informes sobre la situación de las mujeres en el país, y también participan las organizaciones de la sociedad civil que elaboran informes alternativos.

SEM/em/sj

Coordenada

¿A quién se le ocurre?

• Alfaro gobierno sin mujeres

Lupita Ramos

SemMéxico, 4 octubre 2018.- Recientemente se dio a conocer por el gobernador electo de Jalisco Enrique Alfaro sus propuestas de conformación del próximo gabinete con el que se acompañará en su administración.

Lo primero que resalta es su decisión de no conformar un gabinete paritario, contrario a lo que ocurre a nivel nacional en donde ocho mujeres y nueve hombres integrarán las 17 secretarías de Estado del gabinete de Gobierno del presidente electo de México, incluso, una de las Secretarías más importantes, la Secretaría de Gobernación, será dirigida por una mujer, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

En Jalisco, parece no importarle al gobernador electo que la Paridad genera las condiciones para el avance hacia una sociedad más justa, incluyente y democrática, él prefiere seguir gobernando a la antigüita: rodeado de hombres con el pretexto de que se elige a los mejores perfiles sin importar el sexo.

Pues flaco favor hace con esas expresiones a las mujeres jaliscienses que según el planteamiento de Alfaro no son lo suficientemente capaces para ser convocadas a su gabinete, de los 24 puestos anunciados, solo en siete están asignadas mujeres.

Desde el año 2014 que se reforma la Constitución Política de México para garantizar la paridad en las candidaturas, se genera una tendencia progresiva para la inclusión de las mujeres en los espacios de decisión en todos los niveles de gobierno.

La paridad contribuye, sin duda, a  eliminar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad. Ojalá que alguien se lo pueda explicar al próximo gobernador. Por otra parte, se anuncia la “refundación” del Estado con algunas propuestas que pudieran ser novedosa y algunas otras que pudieran resultar ocurrencias que surgen de la ignorancia y del desconocimiento, tal es el caso de la intencionalidad de desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres para que quede inserto en la nueva Secretaría de la Inclusión Sustantiva.

La historia de creación de los Institutos de las Mujeres es de larga data y escapa a lo nacional y lo local. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se reunió por primera vez en Lake Success, Nueva York, en febrero de 1947, poco después de la creación de las Naciones Unidas. Desde su nacimiento, la Comisión contó con el apoyo de una dependencia de las Naciones Unidas que más tarde se convertiría en la División para el Adelanto de la Mujer, dependiente de la Secretaría de las Naciones Unidas.

A mediados de los años setenta, la Organización de las Naciones Unidas impulsó una serie de cumbres mundiales y de iniciativas para orientar las acciones de los gobiernos para promover el desarrollo humano sostenible incluyendo la participación activa de las mujeres. Entre estas cumbres destaca la IV Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Beijing, China en 1995, porque en ella se definió una Plataforma de Acción que debía orientar la acción gubernamental en 10 ejes fundamentales y lo más importante esta conferencia también definió la creación de Mecanismos Institucionales para el Adelanto para las Mujeres, es decir los Institutos y Oficinas de la Mujer que apoyan el desarrollo de las Políticas y acciones que mandató la IV Conferencia Mundial. Por eso pregunto

¿A quién se le ocurre que desaparecer el instituto Jalisciense de las Mujeres y fusionarlo en una Secretaría de la Inclusión es una buena opción para las mujeres? Se equivocan. No solo es una ocurrencia que parte de la ignorancia y el desconocimiento de la historia de lucha y creación de estos mecanismos de adelanto para las mujeres, sino que contraviene los mandatos internacionales en materia de Derechos Humanos.


lupitaramosponce@gmail.com

@lupitaramosponce

Ambigú

Mañana, la reunión cumbre AMLO-SAC

Dobla ´ya saben quién´ a sus propios alcaldes: coordinación con Mando Único

Martha Elba Torres

SemMéxico, 4 octubre 2018.- De veras que intensa y densa, esta semana.

Abrió el lunes primero, con ese ejercicio inédito del gobernador de pararse cerca de cuatro horas para responder a ciudadanas y ciudadanos lo que quisieron preguntarle de acuerdo a sus respectivos temas de interés

Muchas revelaciones en la transmisión en vivo de casi cuatro horas. Retomo dos, la tensa relación con algunos medios, pero en específico con una televisora por cable, a causa del impago por falta de dinero; la otra sí detonó mediáticamente en los siguientes días: el director de Seguridad Pública en Zamora y que puso el alcalde Martínez Samaguey, había sido templario.

Si no lo sabía el edil de Morena que toda su vida había sido priista, malo, porque lo primero que debió hacer era mandarlo a que se realizara los exámenes de control de confianza y revisar sus antecedentes. Si lo sabía, peor, porque entonces al que hay que mandar a pruebas, es al alcalde para garantizar que en la lucha anticrimen no juegue en contra.

“Yo meto las manos al fuego por el alcalde de Zamora”, declaró al día siguiente el dirigente estatal de Morena, Roberto Pantoja Arzola.

Perdonen la expresión, pero ¡que pinche chamuscón se dio! por hablar a la ligera, que ha sido su gran debilidad ahora en las ligas mayores de la política en Michoacán.

Intentó matizar, pero ya estaba grabado. “Nombrar a los directores de Seguridad Pública de los municipios, es únicamente (atribución) de los alcaldes (…) Pero si hay indicios y esos señalamientos son ciertos, que se investigue”.

A ver. Seamos serios y serias. Tres respiraciones profundas y a reflexionar.

¿Realmente creen que Aureoles soltaría una de ese tamaño, en vivo y directo por el sistema estatal de radio y televisión y por Facebook, sin una fundamentación contundente?

¿Ustedes realmente creen, que la intervención en Zamora, que personalmente encabezó el gobernador para hacerse cargo de la seguridad, fue por sus puros tanates y sin el conocimiento de Alfonso Durazo, de Olga Sánchez y del mismísimo ´ya saben quién´?

Pues por meter las manos al fuego, a Pantoja le quedaron solo los muñoncitos, y los diputados locales del PT, que salieron con su boletín, que la verdad sea dicha, solo exhibió su pobreza discursiva y entendimiento de las cosas.

“La Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Michoacán refrendó su total apoyo al Presidente Municipal de Zamora Martín Samaguey Cárdenas, quien en las últimas horas ha sido objeto de señalamientos a modo de presión por parte del Ejecutivo Estatal”, según dijo la coordinadora de la bancada Brenda Fraga, que es diputada por reelección.

“Los legisladores hicieron el llamado al Gobierno del Estado a cesar los ataques y a respetar la autonomía municipal, en donde queda claro que el facultado para realizar los nombramientos en los ayuntamientos es el Presidente Municipal en turno.

“No tenemos duda que estas acusaciones obedecen a la presión de Silvano Aureoles para que los municipios firmen el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad, que no es más que la figura que reemplaza al Mando Unificado, pero antes de atacar debería convencer a los presidentes que esa es la solución a los problemas de seguridad que tanto aquejan a las y los michoacanos”.

“Si es verdad que el Director de Seguridad Pública tiene antecedentes penales, por qué no procede de manera legal en lugar de hacerlo con amenazas; en todo caso la omisión sería por parte del ejecutivo que, aun teniendo información de actos delictivos o vínculos criminales, no ha procedido conforme a la ley, puntualizó Fraga Gutiérrez”. Se respetan las faltas de ortografía.

El caso que la contundencia de los hechos rebasó a la bancada petista y desde la misma noche de ese 2 de octubre, Samaguey ya estaba en las reuniones del Grupo de Coordinación para la Seguridad, disculpándose:

“Si hemos cometido errores no ha sido de mala fe, nuestra inexperiencia al frente de este municipio tan importante, y las ganas de trascender y aportar algo a nuestro pueblo, nos ha hecho cometer algunos errores».

¿Por qué le bajó de tanates –palabra de mi papá para referirse a los testículos, aclaro- Martín Samaguey? Porque le demostraron su errorzote y porque su jefe mayor, AMLO, que viene mañana, esta con la coordinación en seguridad bajo mando único.

Quién sabe por qué el alcalde de Zamora puso –o se lo pusieron- a este sujeto como director de Seguridad Pública. Ni él ni Pantoja Azola que es el líder político de Morena, dieron explicación alguna.

Para el miércoles 3, las fuerzas federales y estatales comenzaron a extender las acciones a otros once municipios de la Región de la Ciénega de Chapala: Chavinda, Cojumatlán, Marcos Castellanos, Pajacuarán, Sahuayo, Venustiano Carranza, Villamar, Tingüindín, Tocumbo, Cotija y Jiquilpan, con o sin convenio de coordinación firmado.

Al final de cuentas, todo esto tiene qué ver con la visita a Morelia de López Obrador como próximo Presidente y su recorrido por los estados. Ya entendió que no es lo mismo placearse con su bolsa de promesas, que escuchar a los gobernadores en sus respectivos terrenos, y en el proceso, medir la aprobación o rechazo a las y los perfectos desconocidos que encumbró como autoridades.

¿Qué podemos esperar de este encuentro AMLO-SAC? Veo el vaso medio lleno, porque no creo en un pleito real entre ambos, como algunos especulan. En política no hay diferencias que no puedan subsanar las coincidencias cuando el objetivo es el mismo. Tendrán tres años caminando juntos y ambos buscan trascender con sus gobiernos. ¿Tiene algún sentido pelear? Los dos pierden.

Aureoles Conejo ya había cedido a todos los pretextos de los “morenos”.

No solo dejó a la nueva Legislatura local donde Morena trae su buen número de diputados, la designación del Fiscal General del estado, sino desapareció el Mando Único Policial por el feo recordatorio con Alfredo Castillo.

Entonces ya es un hecho que los alcaldes morenistas van a firmar el convenio de Coordinación para la Seguridad, y quien quite que en una de esas, López Obrador signe como testigo de honor.

Me baso en que en Acapulco, apenas anteayer, anunció que a finales de este mes dará a conocer los lineamientos de la estrategia de seguridad, que prácticamente es la misma que desde 2015 está desarrollando Silvano: coordinación con Mando Único. Lo que son las cosas, ahora el Presidente electo le regresará el nombre.

                                                                       ***

Pero así venía sucediendo en el Congreso, con las y los 16 diputados del bloque Morena-PT que seguían sin aceptar la lógica numérica, hasta que el reparto de comisiones legislativas lo sacudió con la alianza del PRI con las y los Frentistas (PAN-PRD-PVEM).

En la tribuna, con las tablas que tiene Cristina Portillo, aceptó finalmente que no cuentan con la mayoría absoluta, como sucede en la Cámara Baja, y que la ruta a seguir es encontrar los consensos con las otras fracciones por el bien de Michoacán. Buen punto…

                                                                       ***

La Comidilla

Lo esperado con Foro Estatal de Consulta Participativa rumbo al Acuerdo Nacional sobre la Educación, que encabezó Esteban Moctezuma, futuro titular de la SEP: las únicas voces predominantes, la de la CNTE y del rector de la Universidad Michoacana…

El patético argumento con que reapareció Roberto Madrazo, quien fue candidato presidencial del PRI en 2006 y que, según él, de acuerdo a sus actas de escrutinio, el ganador fue López Obrador.

Hay que ver. Se tardó 12 años en acordarse de eso, pero no que los representantes de los partidos ante los órganos electorales se quedan con copias, en tanto que los originales se introducen en los paquetes que son abiertos en las sesiones de cómputo y obligadamente deben de coincidir los números, si no, se realiza el recuento de boleta por boleta.

Entonces, ¿cómo sale a estas alturas con que sus copias le daban más votos al entonces candidato del PRD? ¡Claro! Busca quedar bien con su paisano… (a)

Ráfaga

Gris y burócrata gobernante Quiere Cambiar la Historia

• Amieva ordena retirar las placas en las estaciones del Metro

LA OPINIÓN

Jorge Herrera Valenzuela

SemMéxico, 4 octubre 2018.- Nadie con sentido común justifica los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, pero tampoco se aplaude la determinación de un gobernante que pretende borrar la historia, simplemente porque “ya se cerró un ciclo” y así pasar a la historia, después de su burocrática actuación. Ese sujeto responde al nombre de José Ramón Amieva y cobra como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Por sus puras pistolas, el perredista Amieva sin un argumento fundamentado, quiere cambiar nuestra historia, porque su cerebrito no le da para más. El pintoresco hijo del español Julio Amieva Puertes, que se casó con la hidalguense Teófila Rosalba Gálvez Godínez, ha provocado una polémica precisamente en el cincuentenario del 2 de octubre. El agricultor asturiano compró un rancho y doña Teófila Rosalba administró locales comerciales y un restaurante en Mixquiahuala de Juárez, Estado de Hidalgo, donde nació José Ramón que el 2 de abril de 2018 recibió por herencia la gubernatura de la capital del país, sin mérito alguno.

Amieva Galván llegó a este mundo cuatro años después de registrado el suceso del 2 de octubre y luego de titularse como licenciado en Derecho, en la Universidad Valle de México, comenzó su carrera burocrática. Nada relevante en su actuación dentro de las oficinas de la Ciudad de México y va cubriendo vacantes por escalafón hasta llegar a la Secretaría de Gobierno, de donde, también por ascenso rutinario, recibe el cargo que ostentará hasta los primeros días de diciembre próximo.

Pues bien, este individuo el pasado lunes ordenó, “porque soy el jefe y aquí mando yo”, que quitaran las placas metálicas colocadas, en las paredes, el 4 de septiembre de 1969 en las estaciones del Metro Pino Suárez, Balderas, Insurgentes, Zócalo e Hidalgo, así como en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva, en la Magdalena Mixhuca, Iztacalco. Enviando dichas placas a un almacén “para que una comisión decida qué hacer con ellas”; esto sí que raya en lo estúpido y muestra la mente del burócrata ignorante.

Bueno, todo está relacionado con el cumplimiento de quitar las placas en que se lee que siendo Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el licenciado Gustavo Díaz Ordaz y jefe del Departamento del Distrito Federal, el general y licenciado Alfonso Corona del Rosal, se ponía en servicio el Metro, éste bajo el rubro de Servicio de Transporte Colectivo de la Ciudad de México.

Para el ilustre desconocido perredista Amieva Galván borrar los nombres de los gobernantes, significa “entrar a la historia”. Total, Díaz Ordaz y Corona del Rosal ya se murieron, “ya se cumplió el ciclo y se cierra”. Le dejo de tarea, al susodicho hidalguense, cambiar el nombre a las 19 Colonias Díaz Ordaz que hay en nuestra hermosa capital mexicana y de paso que se lance hacia Tamaulipas para que también le pongan otro nombre a Ciudad Díaz Ordaz, ubicada a 40 kilómetros de Reynosa, y que es paso fronterizo, donde se sigue usando, para cruzar el Río Bravo, un “chalán” o sea un ferry que se desplaza con fuerza humana.

De estos días hasta que entregue el despacho a la jefa de Gobierno, Don Ignorante Amieva Galván podría “cerrar el ciclo” de otros personajes, cuyos nombres figuran en calles, avenidas, colonias, escuelas y delegaciones (hoy Alcaldías) como Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata, a quienes la historia nos presenta como responsables de matanzas contra campesinos y militares. Sin olvidar a Pancho Villa.

Pregunta para meditar:

¿Qué pensará Cuauhtémoc Cárdenas de este obscuro cierre de gobierno de la Ciudad de México, luego de 21 años de que el PRD conquistó el poder en la Capital del País?

jherrerav@live.com.mx

Verdad o Reto

La institución soy yo

• El ejercicio del poder no se debe supeditar a una persona

LA OPINIÓN

Elizabeth Castro

SemMéxico, 4 octubre 2018.- Durante décadas el poder político en México se ha sustentado sobre la capacidad que tienen las personas de influir en las contrataciones y licitaciones en las instituciones, no se trata de quién gana elecciones, sino de quiénes operan al interior de las dependencias y son capaces de colocar el mayor número de recomendados y de controlar la asignación de obra pública. Las instituciones forman parte de los partidos y contribuyen al clientelismo y la corrupción; en algunos casos fungen como apoyo de las campañas políticas y sus recursos son destinados a fines políticos, convirtiéndose en las cajas “chicas” de los partidos y de las y los servidores públicos que las utilizan como trampolín.

Sobrevivientes de la demagogia las dependencias cambian de dueño a la par de las transformaciones del sistema político y el cambio de partido en el gobierno; incapaces de frenar los privilegios que se sustentan sobre su explotación, las instituciones padecen y carecen la falta de autonomía y la separación que debería existir entre lo que representan y quien las encabeza. Tras un sexenio marcado por el escándalo, en México se hace necesario evaluar el comportamiento de las y los servidores públicos, y terminar con la idea de que señalar los errores y omisiones de las personas equivale a debilitar la institución.

La idea de que las dependencias y quien las dirige son “uno mismo”, es arcaica y parece estar sustentada en la lógica del partido hegemónico en que todo y todos se debían al partido y el partido a ellos; aunque las instituciones sobre las que se fundó esta nación se crearon en un afán progresista fueron invadidas por funcionarios del régimen que se creían parte intocable de la vida política y la administración pública; y que trasladaron los “valores” de: lealtad, cohesión, falta de crítica, silencio y omisión a las instituciones, generando y promoviendo la idea de que criticar el actuar de las personas era criticar la organización y que esto dañaba la institución y al gobierno mismo. En pocas palabras, si Luis XIV dijo “el estado soy yo”, los servidores públicos en México dijeron “la institución soy yo.”

Y ahí radica el problema, en creer que por dirigir o ser parte de una dependencia, la sociedad debe guardar silencio ante los errores y omisiones de los servidores (secretarios de estado, directores, gobernadores, jefes de unidad, jefes de departamento, sub secretarios, sub secretarias, secretarias, directoras, etc), asumir que la investidura se vulnera cuando la ciudadanía demanda disculpas, renuncias o soluciones ante actos de abuso de autoridad y corrupción, es un pensamiento propio del siglo XVII e incompatible con la era en que vivimos.

Los poderes del estado y las instituciones existen para poder dar orden a la forma de gobierno que hemos elegido para nuestro país, el ejercicio de sus funciones no debe estar supeditado a una persona. Emanadas del consenso y la pluralidad, las dependencias no representan a un servidor, sino que sirven a los fines que como sociedad le hemos encomendado, su objetivo es procurar el bien común y promover el desarrollo de la nación. Quienes las dirigen y trabajan en ellas no son dueñas de, sino empleados, trabajadores, ciudadanos y ciudadanas que ocupan un cargo público de manera provisional y que al finalizar su encargo no deberían llevarse ni un lápiz de ahí.

Sin embargo, en la realidad algunas personas que se desempeñan al frente de las instituciones se asumen como la institución per se. Y para quienes los nombran y sostienen al frente de las distintas dependencias parece inconcebible “vulnerar” el nombramiento que han otorgado, por el contrario, prefieren el silencio cómplice, la impunidad, la desaprobación y el descontento social antes que admitir públicamente que sus “amigos”, “compañeros de partidos”, “compadres”, “aliados políticos” cometieron actos de corrupción a través de las distintas dependencias gubernamentales. Los gobernantes en turno prefieren tener amigos corruptos y guardar silencio, que reconocer sus errores y dar solución a las demandas de justicia; dando muestra de que la sociedad solo importa cuando se trata de buscar votos y que durante el mandato es mejor hacerse de personas que robarán pero “nunca traicionarán” al partido, al Presidente o al Gobernador. Prioridades.

La impunidad y la injusticia se mantendrán como una constante en tanto quienes dirigen la administración pública mantengan prácticas antiquísimas que vulneran el estado de derecho y la procuración de justicia, porque ni Luis XIV era el estado ni los “amigos del gobernador” son los dueños de las Secretarías, al menos no en el país que queremos.

elizabethcastro.mx

Fb. elizabethcastrooax

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