SemMéxico, Tamaulipas, 9 agosto 2017.- Porque las violaciones sexuales atentan contra la vida y la integridad de las personas en general y de los menores en particular, en el Congreso del estado se recibió una iniciativa que pretende reformar el Código Penal local, donde se plantea que en Tamaulipas se consigne como abuso a menores cuando se cometa en contra de niñas y niños de hasta 14 años, y no de 12 como es actualmente, y que estos violadores purguen penas de hasta 40 años de prisión.
La diputada Juana Alicia Sánchez Jiménez expone que con estos cambios si la víctima del delito fuere menor de catorce años, o quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no sea capaz de resistirse al delito, la sanción será de 30 a 40 años de prisión; además de acuerdo a la reforma del Artículo 275 se equipara a la violación y se impondrá sanción de 20 a 30 años de prisión al que sin violencia realice cópula con persona menor de catorce años de edad.
Fundamenta que es obligación de cada estado adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos. En otro contexto, para que esto se vuelva una realidad en Tamaulipas, debe trabajarse en políticas públicas a fin de que, efectivamente, las niñas, niños y adolescentes logren tener oportunidades y condiciones que les permitan lograr un desarrollo integral y una vida plena, libre de maltrato infantil, violencia sexual, física y emocional.
Se hace referencia a que, de acuerdo al marco jurídico local, comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral, tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo.
Cabe mencionar que una agresión sexual de este tipo es una experiencia traumática cuyas consecuencias pueden prolongarse en el tiempo y causar daños psicológicos ya que, de acuerdo a diversos estudios, el 80% de las víctimas muestra consecuencias considerables incluso un año después de la agresión, esto sin dejar de mencionar diversos factores como el temor, la culpa, el odio, la vergüenza, la desconfianza y problemas de autoestima que experimentan las víctimas de este delito.
SEM/bc/lr
Buscan que se castigue con hasta 30 años a quien tenga relaciones con menores de 14 años
Asisten mujeres panistas, académicas, investigadoras y representantes de organizaciones civiles
SemMéxico, Cd. de México, 8 agosto 2017.- Las voces de las mujeres, que están hablando fuerte y alto, serán plasmadas en la plataforma política del Partido Acción Nacional para el 2018, y no sólo los temas que competen a ellas en lo particular, sino sus propuestas sobre cómo conducir la política, la economía y los temas sociales del país.
“Mujeres: hablemos de México, tu voz con trascendencia”, son foros que están recogiendo las propuestas de mujeres de todo el país en la búsqueda de un mejor gobierno, y son mujeres no sólo de la militancia, sino también sin filiación política, señaló a SemMéxico la secretaria de Promoción Política de la Mujer del Partido Acción Nacional (PAN), senadora Marcela Torres Peimbert.
Es la primera vez que un partido político pone en práctica el derecho de las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, a formular las políticas gubernamentales que deberían seguirse para la solución de los problemas de la agenda nacional.
Al respecto, Torres Peimbert dijo que la Secretaría a su cargo ha promovido los foros porque considera que sus voces deben ser escuchadas no sólo en temas de violencia doméstica, o agresiones que les inflige el medio que las rodea, o por la explotación salarial.
“Su participación debe ser plena en todos los asuntos que atañen al país, porque las mujeres constituyen más de la mitad de la población”, aseveró.
Dijo que históricamente la voz de las mujeres se ha escuchado “quedito”, pero que estos son tiempos en que ya nadie puede decir: “calladita te ves más bonita”.
Subrayó que la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, a su cargo, organizó cuatro foros en el país para que pudieran oírse las voces de las mujeres y tuvieran la oportunidad de que sus intereses fueran bien representados, que también son los de los hombres, en una plataforma político- electoral del PAN que los haga realidad.
Esos foros, explicó, convocan no sólo a las mujeres de la militancia panista, sino también a académicas, investigadoras y representantes de organizaciones civiles, quienes han llevado sus propuestas, las dicen en voz alta y son votadas al instante por el público asistente que decide cuáles son aceptadas y cuáles desechadas.
También han participado otras senadoras, diputadas, presidentas municipales y síndicas, entre otras, del PAN, quienes han asistido a los foros y llevado sus propuestas sobre temas dominantes de la agenda nacional.
Ya se han realizado tres foros, en los estados de Querétaro, Jalisco y Veracruz, y falta el último, en Nuevo León, pero han asistido mujeres de estados aledaños en cada uno de ellos, con el fin de recoger propuestas de mujeres de todas las entidades federativas.
“Es mediante el sistema democrático y la participación que pueden estar representados los intereses de las mujeres y pueden oírse sus voces que demandan los mismos cambios que los hombres”, recalcó Torres Peimbert.
Precisó que las propuestas serán trasladadas a una cuenta de Facebook donde estarán disponibles al público para ser votadas, y las que más aceptación tengan serán incluidas en la Plataforma Electoral del PAN.
SEM/ga/lr
Actualmente, la Ley Federal de Trabajo considera seis días laborales como periodo vacacional
SemMéxico, Cd. de México, 8 agosto 2017-. La senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para aumentar a 20 días el periodo vacacional anual de trabajadoras y trabajadores que tengan más de un año de servicios.
Actualmente, la Ley Federal de Trabajo considera seis días laborales como periodo vacacional, por ello la legisladora propuso hoy ante el Pleno una iniciativa para modificar el artículo 76 de dicha Ley para que la población trabajadora que tenga más de un año de servicios disfruten de un período anual de vacaciones pagadas, que no podrá ser inferior a veinte días.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República para su análisis y dictaminación.
La propuesta también establece que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a treinta, por cada año subsecuente de servicios; actualmente la Ley estipula un máximo doce días.
Al argumentar su propuesta la senadora destacó que mientras las y los mexicanos cuentan con seis días de vacaciones en un año laboral, Brasil, Francia, Finlandia, Alemania y Suecia tienen 30 días al año; en tanto, Chile, Colombia, Venezuela y Guatemala disponen de 15 días vacacionales.
México es el país número uno en estrés laboral a escala mundial y una de las naciones con menos días de vacaciones al año, de acuerdo a un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destacó la senadora Yolanda de la Torre.
Con la iniciativa se propone homologar los periodos vacacionales de las y los trabajadores que están integrados a los dos regímenes en materia laboral, señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señaló la legisladora.
Explicó que las y los trabajadores de los Poderes de la Unión tienen un período vacacional garantizado de 20 días al año, mientras que trabajadores que se rigen por el apartado A sólo tienen seis días garantizados de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.
“Contrario a lo que algunos piensan que a más días de trabajo más productividad, se ha demostrado en el mundo que los períodos vacacionales son muy importantes para coadyuvar a la productividad. Si las y los trabajadores tienen tiempo de estar con su familia, de descansar, de recargar energías, van a ser más productivos, pero además tiene que ver con los derechos humanos y tiene que ver con la equidad, con la justicia, con que no haya trabajadores de primera, de segunda, no importa si son del A o el B, todos los trabajadores de este país deben de contar con su derecho a los mismos días de período vacacional, me parece que esta es una iniciativa de justicia”, dijo.
Finalmente, destacó que a partir de la Reforma de Derechos Humanos de 2011, México “tiene la obligación de aplicarla de manera exacta y tendríamos necesariamente que armonizar el apartado A y el apartado B para que los derechos humanos y, además, en este caso los períodos vacacionales de las y los trabajadores sean los mismos”.
SEM/am/lr
Que el orgasmo sea nuestra revolución
Mi boca es un buzón
Lo trascendente es ser libre para hacer “ese montón de cosas”
SemMéxico, 8 Agosto 2017.- “Ven, vamos a la cama. Me debo un orgasmo”, es mi frase aggiornada luego de ser espectadora de Las 50 sombras de Gray. La vida es tan libremente sana cuando salimos del corset social. Alguna vez una amiga me dijo; “Pero, Loto….¡no se puede andar en la vida pidiendo el derecho a orgasmo! Luego nos trabamos en una discusión cuasi filosófica acerca de la emancipación femenina para unas y otras.
La charla fue años atrás en un café palermitano en medio de cervezas y tabaco. Ella me decía que las feministas hablamos de sexo solo para referir a la salud reproductiva y responsable. Yo le hablaba del camino sinuoso que estábamos andando y que cada mujer es en su circunstancia, pero que nuestro derecho al orgasmo está cuasi instalada en cierta franja social, no en todas.
Luego, sacamos de cuajo la filosofía para, al fin, poder consensuar en que el orgasmo femenino es la medalla más libertaria que se merece toda mujer.
Hoy, 8 de agosto es el día Mundial del Orgasmo Femenino. Dicen que el brasileño José Arimateia Dantas Lacerda, concejal de Esperantina (Piauí), impulsó en 2001 una ley para obligar a los habitantes de esa ciudad a que un día al año se hable sin prejuicios del orgasmo como una cuestión de salud pública.
Por entonces, en Piauí solo el 28% de las mujeres lograba llegar a un orgasmo. Luego, en Argentina, según un estudio realizado por Oh!Panel (difundido por Clarín): 5 de cada 10 argentinas llegan al orgasmo y casi el 60% de las encuestadas reconocen haber fingido alguna vez.
Recuerdo una navidad en que una tía me dijo que por prescripción médica hacía más de dos décadas que de sexo: “nada”. Al oír esa orgullosa confesión entré en un ataque que convulsionó la mesa sagrada familiar. Para mi tía es de “buena mujer”, andar por la vida frunciendo las hormonas. En cambio, creo que mis hormonas son libres que ponen en jaque el orden de las cosas.
Me gusta la palabra descontruir, porque es sano. Y me gusta razonar como lo hacía Fogwill en su Muchacha Punk. Ella no hacía el amor, porque el amor ya estaba hecho. Lo trascendente es ser libre para hacer “ese montón de cosas.”
El orgasmo femenino puede ser tan polifacético como cualquier expresión del alma. Y tiene que ser dicho sin tapujos y será por eso que Cecilia Antolini le gusta impactar y multiplicar en su Facebook la fiesta del goce donde todos los días bailan clítoris coloridos, con poesías libertarias, con más clítoris que explotan por todos lados en frutas, en sombras. En todo hay clítoris y arte. Ella me dice que le gusta “visibilizar el orgasmo femenino, el autogestivo y el compartido.”
Me cuenta que hace un tiempo una familiar, lanzó la pregunta “¿qué le pasa a Cecilia con eso que publica, ¿está caliente o será la menopausia?”
“Parece que el orgasmo, la masturbación, el placer, el deseo, están prohibidos. Por eso, nombrarlos debe ser divertido. El cuerpo de las mujeres es un eterno desconocido, hasta para nosotras, si no es para portar un bebé o una beba, está sacralizada nuestra sexualidad y al servicio de otros (especialmente varones)”, reflexiona Cecilia que además de ser una vociferante defensora de la belleza que encierra todas las expresiones de nuestros cuerpos, es licenciada en Trabajo Social y trabajó muchos años con mujeres y adolescentes sobrevivientes de violencias y abusos sexuales.
El orgasmo femenino es un derecho, que se ejerce -al igual que todo derecho- con información: conocer el cuerpo, la salud sexual integral, el poder de decisión, son esenciales y no deben ser suministradas con restricciones ni desde el desconocimiento.
Sacarse el corset es tan liberador, no solo en lo cotidiano y lo urgente, sino como construcción de futuro. Por eso, a las feministas nos gusta decir que la revolución se da en la calle, en la plaza y en la cama, y eso es revolución.
Hagamos del orgasmo femenino el derecho a la felicidad. Y, si sabemos defender ese derecho tan placentero, estaremos a un jadeo de lograr la más atractiva de las revoluciones.
SEM/nl/lr
Inmujeres y dependencias que ejecutan Proigualdad deberán incorporar indicadores
SemMéxico,Cd. de México, 7 agosto 2017.- La Comisión Permanente aprobó recientemente un exhorto para que el Instituto Nacional de las Mujeres, en coordinación con las dependencias responsables de la ejecución del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad), analicen e incorporen en el Sistema de Evaluación del Desempeño los indicadores de propósitos de planes presupuestarios que ejercen recursos etiquetados en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Importa porque según un estudio del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados, examinado por SemMéxico, 73 programas son para hombres y mujeres y no explican su aplicación específica; no se sabe el impacto de recursos derivados a los estados, especialmente Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Quintana Roo; ni tampoco se sabe dónde quedaron los recursos etiquetados para la Ciudad de las Mujeres, de Tlapa, Guerrero.
El exhorto se hizo a propuesta de la diputada Guadalupe González Suátigui, presidenta del Comité del CEAMEG de la Cámara de Diputados, quien urgió a medir el impacto de los programas que fomentan la igualdad entre mujeres y hombres, específicamente los del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Año electoral: 10 años de dinero para las mujeres
Desde 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formalizó el proceso de Presupuesto de Egresos de la Federación, denominado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Estas erogaciones son propuestas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, validadas y modificadas en su caso por la Cámara de Diputados.
Durante la actual administración, el presupuesto del Anexo tuvo un incremento de 64% ya que los recursos aumentaron de 16 a 27 mil millones de pesos.
Este Anexo es considerado como una de las medidas afirmativas (medidas especiales de carácter temporal) más importantes de la presente administración, y el INMUJERES ha desarrollado acciones para impulsar y encauzar los programas presupuestarios hacia las metas del eje transversal de género del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
En el lenguaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres constituye un “acelerador” para avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, al financiar programas estratégicos que contribuyen a garantizar los derechos humanos de las mujeres, a reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, a erradicar la violencia contra las mujeres, así como a fortalecer el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado Mexicano en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres.
El acuerdo del Congreso solicita que se generen indicadores de resultados e impacto que midan la contribución de los programas a la igualdad sustantiva de las mujeres y a la no discriminación, toda vez que el presupuesto etiquetado ha aumentado cada año, hasta llegar a los 27 mil millones de pesos del 2017.
Por ello, la presidenta del CEAMEG consideró indispensable analizar los ramos y los programas, concienzudamente. Saber dónde se aplican y cómo esos recursos, muchos canalizados a los gobiernos de los estados, algunos perdidos en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, por ejemplo.
Avance nebuloso
En materia de presupuestos públicos con perspectiva de género, México se ha ganado un reconocido liderazgo en América Latina y, a nivel internacional, el Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es considerado como una buena práctica y ha sido presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en foros internacionales, como los de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU (CSW – 2015); en la Reunión del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2016.
El presupuesto etiquetado no es el presupuesto para las mujeres: son programas presupuestarios que buscan ser estratégicos para avanzar de manera más rápida y efectiva hacia la igualdad. No obstante, aún con el avance realizado en la presente administración, la implementación y los resultados de estos programas presentan importantes desafíos. Todavía no operan cien por ciento los Sistemas Estatales de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres; ni se sabe dónde se invierte en rubros como la salud de las mujeres en muchas entidades.
Han pasado casi 10 años desde que comenzó la aplicación de recursos etiquetados con perspectiva de género. Hoy se necesita hacer un diagnóstico a la brevedad, insistió la diputada.
La legisladora panista, externó que este tipo de ejercicios servirá para que cada dependencia, desde sus facultades, realice una revisión de los indicadores y el impacto de los programas presupuestarios del citado Anexo, ahora sin evaluar.
Igualmente, ayudará a cumplir las recomendaciones derivadas de diferentes estudios, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados.
Lo dice un estudio
De acuerdo a estudio “Análisis con perspectiva de género del Cuarto Informe Trimestral 2016 e identificación de los programas presupuestarios incluidos en el Anexo 13 del PEF y su avance Presupuestal,” realizado por el CEAMEG, estos presupuestos requieren plantearse con base en la comprensión de la situación diferenciada entre mujeres y hombres y su relación con las prioridades de política pública que se piense atender. Asimismo, se requiere observar la forma en que se aplican y utilizan los recursos públicos.
El estudio señala que del total de los planes presupuestales del Anexo, 73 dan atención a hombres y mujeres; 23 atienden solo a mujeres; cuatro orientan acciones a la organizaciones de la sociedad civil como intermediarias; dos a instancias de mujeres en entidades federativas, y dos no proporcionan información suficiente para deducir a quién se orientan.
Por ello, insistió en revisar el destino de erogaciones que se incluyen en el mismo, ya que si bien la mayoría tiene relación con la promoción de la igualdad de género, persisten dudas sobre otras. Es necesario verificar otras erogaciones de la Administración Pública Federal destinadas a los mismos objetivos que están fuera del anexo.
Recordó que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece el Sistema de Evaluación del Desempeño como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar, con independencia de otros sistemas, una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos.
Lo anterior, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer el impacto social de programas y proyectos, señalando que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público verificará periódicamente los resultados de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, a fin de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público.
SEM/sl/lr
Mujeres tunecinas
En Túnez se acaba de aprobar una ley contra la violencia de género
Esa ley significa un hito y un desafío para el resto de los países islámicos
SemMéxico, 02 agosto 2017.- En el otoño de 2011, cuando ganó las elecciones con una mayoría aplastante el partido islamista Ennahda, de inmediato pidió que se abrogara el Código progresista de la familia, impuesto en 1956 por Habbib Burguiba, primer presidente laico de Túnez.
Tanto en este país como en el resto de los estados que experimentaron el levantamiento democrático llamado “primavera árabe», la demanda profunda, irreprimible, de modernización democrática, sigue latente en el núcleo de las luchas políticas y sociales; si bien ya no se advierte y pareciera que ha desaparecido de la superficie del campo de batalla, no se difuminó, sino que, por causas diversas, tuvo que esconderse muy profundo en el corazón de la sociedad, desarrollarse en el mayor secreto con toda solidez, y reaparecer más fuerte y contundente bajo unas condiciones políticas que la hicieran posible.
Así, el Parlamento tunecino acaba de aprobar, después de tres años de debates y negociaciones, una ley sin duda revolucionaria: prohibir y castigar con eficacia la violencia de género.
Eso significa un hito y un desafío para el resto de los países islámicos, una muestra de que la lucha llevada de modo ininterrumpido por las mujeres tunecinas puede desembocar en una victoria que favorezca su emancipación en los entornos público y privado, y un logro para el desarrollo del Estado de derecho.
El nuevo estatuto de la mujer consagra, al mismo tiempo, el proceso democrático que se inició en Túnez en 2011.
Toda vez que la ley que criminaliza la violencia de género no baste por sí sola: el cuerpo judicial tunecino, bastante conservador, interpondrá obstáculos, pero a través de la reivindicación de un estatuto de defensa de los derechos de las mujeres, se demostrará, una vez más, que ellas son un sujeto imprescindible, radicalmente emancipador, para modernizar en profundidad las sociedades musulmanas.
Las mujeres tunecinas son dignas de ser imitadas por muchas otras en diferentes partes del mundo que siguen bajo la opresión machista… apoyada fuertemente por múltiples gobiernos.
Por la vida y la libertad de las mujeres
custodio.isabel@gmail.com
La violencia institucional de la Procuraduría y Tribunal capitalinos, causantes de la muerte de Mireya y de su familia: Patricia Olamendi
SemMéxico, Cd. de México, 1 agosto 2017.- Después de tres años de cabildeo persistente contra la figura de Alienación Parental en la Ciudad de México, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó derogar este término del Código Civil capitalino vigente, ya que no tiene bases científicas que lo sustenten como un síndrome y porque transgrede principios jurídicos y convencionales que protegen el derecho a una vida libre de violencia.
En la sesión extraordinaria de este martes, la ALDF avaló por unanimidad, con 36 votos a favor, aprobar el dictamen que presentó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, por el que se deroga el artículo 323 Septimus del Código Civil del Distrito Federal, y se remitió al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
La figura de Alienación Parental fue incorporada al artículo 323 Septimus del Código Civil para el Distrito Federal desde 2004, posteriormente fue derogada en 2007 y volvió a legislarse el 9 mayo de 2014.
Al argumentar a favor del dictamen, asambleístas recordaron que el tema tomó relevancia mediática a partir de los hechos del pasado 7 de junio, en los que Mireya Agraz Cortés optó por quitarse la vida, junto a sus dos hijas y un hijo, debido a que después de un proceso judicial de siete años Mireya perdiera la guarda custodia frente al progenitor, quien violentaba sexualmente a sus niñas y niño.
A pesar de que Mireya y organizaciones de defensa que la acompañaban comprobaron que el padre de las y el menor, Leonel Olvera, abusaba sexualmente de las niñas y del niño, el Juzgado 11 de lo Familiar determinó que no había elementos para comprobar el abuso y concluyó que las y el menor sufrieron el síndrome de Alienación Parental, con lo cual el progenitor ganó la guarda.
Organizaciones civiles y de defensa de los derechos de la infancia y de las mujeres, que trabajaron por la derogación de la Alienación Parental, encabezadas por la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A. C. (Adivac), y quienes hoy estuvieron presentes durante el debate en la ALDF, se congratularon por la decisión tomada por la legislatura en pro de los derechos de la infancia y de las mujeres.
La Alienación Parental, afirmaron, es una medida regresiva, violenta y discriminatoria contra las mujeres, además de “ser confusa en su sintomatología, desestima el abuso y la violencia sexual infantil, disculpa la pederastia y genera mayor violencia en el ámbito familiar”.
Dieron a conocer un pronunciamiento firmado por 120 organizaciones y 30 defensoras de derechos humanos, como el Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de Niñas y Niños y Adolescentes, AC, el Colectivo de Investigación y Desarrollo entre Mujeres, AC y Justicia Pro Personas, AC, Patricia Olamendi Torres, Laura Martínez Rodríguez, Beatriz Cosío yMartha Lucía Mícher Camarena, entre otras.
Con este texto, llamaron a los 16 congresos locales donde todavía se aplica la Alienación Parental a que repitan la decisión de la ALDF y deroguen esta figura de sus códigos, para evitar que se sigan violando el principio del interés superior de la infancia y los derechos de las mujeres que defienden a sus hijas e hijos de la violencia y violencia sexual de los progenitores.
Las organizaciones puntualizaron que seguirán trabajando para que se castigue la “violencia institucional” que vivió la familia de Mireya, para garantizar la no repetición de los hechos de discriminación, violencia y revictimización que vivieron.
“La violencia institucional de la Procuraduría y del Tribunal (capitalinos) fueron las causantes de la muerte de Mireya y de sus hijas e hijo”, sostuvo Patricia Olamendi, integrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica.
El diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien promovió el dictamen, recordó que el texto retomó la iniciativa con proyecto de decreto que el pasado 7 de julio, Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, remitió a la Comisión de Gobierno.
Destacó que la derogación plantea un avance hacia la protección de niños, niñas y adolescentes, y que el análisis de sus implicaciones lleva a la reflexión de la situación en la que la infancia víctima de violencia, queda en un absoluto estado de indefensión y en su mayoría las madres que buscan protegerlas y protegerlos, resultan criminalizadas.
Puntualizó que el término de alienación parental se retomó de las teorías psiquiátricas del estadounidense Richard Gardner, que no ha sido calificada como científicamente válidas dentro de la clasificación internacional de enfermedades, y que la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Mexicana de Psicología o la Asociación Americana Médica tampoco reconocieron el término por su falta de fundamentación médica y clínica.
“La iniciativa es en el sentido de resguardar el interés superior del menor y de salvaguardar las relaciones familiares, más allá y al margen de la ruptura de los padres como pareja, lo anterior en consonancia con la legislación nacional e internacional, a la que varias organizaciones de la sociedad civil se han sumado para pedir su derogación”, sostuvo.
Además, adelantó que presentará un punto de acuerdo para que el Senado de la República reconsidere su solicitud, hecha en febrero pasado, para que las entidades de la República legislen en materia de la figura de alienación parental y realizan las reformas a los códigos civiles o familiares.
También, dijo, pedirá al jefe de Gobierno de la CDMX, en su carácter de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), solicite aborde el tema en el pleno de los gobernadores, y de considerarse necesario, se convoque a un debate nacional a fin de que la legislación local y federal sea armónica en cuanto a los criterios jurídicos sobre la existencia en legislaciones en ese término.
De igual forma, informó que solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva “con celeridad y apego a derecho la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que se presentó hace dos años y no se ha resuelto; es una falta de respeto a la sociedad y a las mujeres de este país”.
Desde su publicación en Gaceta, en junio de 2014, la CDHDF presentó una acción de inconstitucionalidad que hasta ahora no ha sido resuelta por la SCJN.
El asambleísta coincidió con las organizaciones de la sociedad civil con la petición a los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y recientemente Baja California, que han registrado la Alienación Parental en sus legislaciones, analicen la viabilidad de derogarla.
SEM/am/lr
La iniciativa de reforma es acorde con las propuestas emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado
SemMéxico, Cd. de México, 31 julio 2017.- Académicas integrantes del Grupo de Trabajo sobre la Solicitud de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en Veracruz aplauden la presentación de la iniciativa de reforma al Código Penal del estado, con la finalidad de ampliar las causales de aborto.
La iniciativa, presentada el pasado 27 de julio por la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, que reforma los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del estado, establecería que el aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación.
“La iniciativa de reforma al Código Penal presentada por 14 diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios del Congreso de Veracruz es acorde con las propuestas emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado para el estado de Veracruz, aceptadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Veracruz” señala un comunicado de prensa emitido por el grupo de académicas integrado por Rosa Hilda Rojas Pérez, María Lilia Viveros Ramírez, Mayela García Ramírez y Rebeca Antonia Ramos Duarte.
Estas recomendaciones se encuentran plasmadas en el Informe de Alerta de Violencia de Género para el estado de Veracruz por Agravio Comparado, presentado el pasado 10 de marzo, en el que se concluyó que “en Veracruz el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), se encuentra obstaculizados por la tipificación del delito de aborto en el Código Penal estatal y por la inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la NOM-046 en esta materia”.
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por agravio comparado, es una modalidad del mecanismo que tiene como finalidad eliminar las desigualdades producidas por un ordenamiento jurídico o política pública que impidan el reconocimiento o el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
De acuerdo a la solicitud de alerta por agravio comparado, en el estado de Veracruz las mujeres se enfrentan con regulaciones restrictivas, así como con diversos obstáculos para el acceso a servicios de salud para un aborto seguro.
Además, el documento señala que “existe una falta de capacitación aunada a prejuicios y temores en el sector salud y en las y los operadores de justicia, lo que impide a las mujeres acceder a la ILE y las criminaliza, situación que se agrava al no visibilizar a las mujeres como sujetos de derechos sino como personas enfermas e incapaces de tomar decisiones sobre su vida”.
El informe señala que en Veracruz 53 mil 390 mujeres no tienen acceso a servicios de anticoncepción, lo que violenta su derecho a la salud, y a decidir cuándo y cuántos hijos tener y destaca que las instancias de salud no cumplen con su obligación de atender integralmente a las mujeres en situación de violencia sexual.
En cuanto al aborto, en el estado se encuentra regulado en el Código Penal en los artículos 149 a 154 y las organizaciones señalan que “dicho ordenamiento genera una situación de discriminación jurídica en la cual las mujeres veracruzanas, además de ser criminalizadas por el ejercicio de sus derechos reproductivos, encuentran limitado su derecho a la ILE en razón al lugar de su residencia. Por otra parte, dicho Código no contempla todas las causales de ILE reconocidas a nivel nacional e internacional.”
En este sentido, la ILE en Veracruz procede en casos donde el embarazo es producto de una violación sexual, pero está restringido a su práctica durante el primer trimestre del embarazo; mientras que en 22 entidades del país no se establecen plazos en ese mismo supuesto.
Asimismo, el marco normativo veracruzano no contempla los supuestos de ILE por graves daños a la salud de la mujer, causal que se encuentra prevista en trece entidades de la República. Tampoco considera los supuestos de causas económicas y voluntad de la mujer en las primeras doce semanas de gestación, los cuales sí están contemplados, al menos, en una entidad federativa.
En este sentido, el estándar nacional contempla, por lo menos, las siguientes excluyentes de responsabilidad penal cuando una mujer realiza una ILE: cuando es producto de violación, aborto imprudencial, peligro de muerte de la mujer, exista malformación del producto de la gestación, ella hubiere sido víctima de inseminación forzada, la salud de la mujer esté amenazada, por causas económicas y por voluntad de la mujer.
La legislación punitiva “orilla a que las mujeres recurran a abortos clandestinos que ponen en riesgo su salud y su vida. Según información de OSC locales, de abril de 2007 a mayo de 2015, al menos 265 mujeres veracruzanas se tuvieron que trasladar a la Ciudad de México para tener acceso a una ILE. Al mes de febrero de 2016, se habían contabilizado 308 mujeres en esta situación” según el informe.
El tercer agravio que señalan las solicitantes de la AVGM es la iniciativa de reforma al artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el Gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa, mediante la cual se busca regular constitucionalmente el derecho a la vida, considerando la misma desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos.
La iniciativa presentada la semana pasada representa un avance, y fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales; para la Igualdad de Género y la de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, para su estudio y dictamen.
Las académicas del grupo de trabajo instan a todas las autoridades para que en el ejercicio de sus competencias lleven a cabo todas las acciones necesarias a efecto de cumplir con las propuestas emitidas y aceptadas en el Informe de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado para el estado de Veracruz.
SEM/gr/lr
Defensoría señala que ya se admitió la solicitud en el Sistema Nacional
SemMéxico, Oaxaca, 28 julio 2017.- La legisladora local Eufrosina Cruz Mendoza presentó ante el pleno de la LXIII Legislatura del Congreso Local, una Proposición con Punto de Acuerdo exhortando a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para declarar la Alerta de Violencia de Género en el Estado de Oaxaca.
En su intervención, señala un comunicado de prensa, apuntó que en los últimos 10 años más de 600 mujeres han sido asesinadas en nuestro estado, se han denunciado más de tres mil delitos de violencia intrafamiliar y han ocurrido cientos de violaciones y abusos sexuales en contra de niñas y jóvenes.
La violencia de género es uno de los problemas estructurales más graves y sus consecuencias son muy negativas, advirtió la diputada de Acción Nacional, quien en tribuna afirmó que “hay una guerra invisible que a diario cobra la vida de siete mujeres y otro tanto de mujeres desaparecidas, víctimas de trata y tortura sexual, agudizando la desigualdad estructural en la que viven las niñas, adolescentes y mujeres en México”.
Asimismo, estableció que la violencia en contra de las mujeres no es normal, y por ello, exhortó a sus pares a “trabajar juntos para que tanto en Oaxaca como en México, más allá de dogmas partidistas o credos políticos, se arranque de raíz este fenómeno”.
Cabe señalar la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra Mujeres fue presentada por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y ésta fue admitida por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM).
La Defensoría de los Derechos Humanos señaló que en fechas recientes fue notificada respecto a la admisión de la solicitud, y explicó que lo que sigue en el proceso es la investigación de la solicitud por parte de un grupo interinstitucional y multidisciplinario para el estudio y análisis de la emisión de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en el Estado de Oaxaca.
También el Sistema Nacional, según su página de internet ha emitido las convocatorias públicas para integrar el grupo de trabajo encargado de estudiar la viabilidad de la solicitud y de conformidad con las bases octava y novena de dicha convocatoria, el Comité de Selección eligió a representantes de instituciones académicas o de investigación especializadas, de carácter nacional y local.
Entre las académicas e investigadoras de instituciones nacionales, precisó la Defensoría, fueron convocadas Claudia Domínguez Hernández, representante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UNAM), y a Noemí Domínguez Gaspar, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco.
La institución defensora añadió que, en la convocatoria para el estado de Oaxaca, el comité de selección convocó a Érika Lilí Díaz Cruz y Mónica Miguel Bautista, ambas investigadoras de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
La alerta consiste en implementar acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. El objetivo es que nunca más se violente la integridad física, moral o sicológica de las mujeres oaxaqueñas y para que nunca más sean víctimas de la discriminación; que nunca más se cometa un feminicidio y para que ninguna agresión en contra de las mujeres quede impune.
SEM/sj/lr
También exhortan al INMUJERES y al DIF a fortalecer campañas contra violencia familiar
SemMéxico, Cd. de México, 27 julio 2017. El Pleno de la Comisión Permanente aprobó ayer varias medidas; en primer lugar, pidió al gobierno de la Ciudad de México fortalecer la seguridad para las mujeres en las instalaciones del Metro; solicitó al INMUJERES reforzar las campañas contra la violencia familiar. También pidió a instancias del Gobierno Federal trabajar para la ratificación del Convenio 156 de la OIT.
El primer exhorto se dirigió al Gobierno de la Ciudad de México para que en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo, (STC) implementen una estrategia integral para prevenir y erradicar toda forma de violencia en contra de las mujeres en las instalaciones del Metro.
De acuerdo con ONU Mujeres, 9 de cada 10 que utilizan cualquiera de las 12 líneas del Metro han sufrido algún tipo de acoso o acto de violencia, según se destaca en el dictamen elaborado por la Primera Comisión y que fue aprobado en la sesión de este miércoles.
Aunque las y los legisladores reconocen que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y del STC han implementado mecanismos para garantizar que el transporte público sea un espacio sin violencia contra las mujeres, advierten que aún quedan pendientes en la materia, por lo que exhortan a las autoridades a redoblar las acciones de seguridad.
El texto señala que el Sistema de Transporte Colectivo ha identificado 14 puntos con más incidentes de violencia sexual contra las mujeres, estos son: Balderas, Hidalgo, Pino Suárez, Indios Verdes, Tacubaya, Mixcoac, Taxqueña y los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) de Huipulco-Estadio Azteca, Indios Verdes, Mixcoac, Pantitlán, Tacubaya y Taxqueña, según datos del programa Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.
Afirman que resulta preocupante que 6 de cada 10 de las agresiones sexuales se presentan principalmente en el interior de los vagones y durante los trayectos del viaje.
En el año 2008, el Gobierno capitalino implementó el Programa Viajemos Seguras, el cual presta servicios en módulos de atención para denunciar casos de abuso sexual en el STC; servicios de autobuses exclusivos para mujeres (Atenea); separación de hombres y mujeres en el Metro, Metrobús y Tren Ligero.
Sin embargo, sostienen que estas acciones no han sido suficientes para lograr que el transporte público sea un espacio seguro.
La comisión dictaminadora resalta que el transporte de la Ciudad de México se encuentra entre los tres más peligrosos para las mujeres a nivel mundial, según una encuesta en 14 capitales del mundo, incluida Nueva York, realizada por Thomson Reuters Foundation en 2014.
Con el dictamen aprobado también se avaló solicitar al STC para que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, se refuercen las estrategias para salvaguardar la seguridad de los usuarios y el combate a conductas delictivas.
Lo anterior porque en los últimos años la incidencia delictiva en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo ha venido en aumento. Mientras en el año 2013 se presentaron 376 averiguaciones por robos, en 2014 fueron 401; en 2015, 469; en 2016, 738; y en los primeros cinco meses de 2017 se han presentado 599 denuncias, subraya la Primera Comisión.
El dictamen sumó dos iniciativas, una del grupo parlamentario del PRI en el Senado y otra de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN.
Por otra parte, el pleno también aprobó un dictamen de la Segunda Comisión el cual exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que, de manera coordinada, impulsen y fortalezcan las campañas de prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia familiar.
Las y los integrantes de esta comisión recuerdan que desde 2007 este tipo de violencia está definido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero advierten que el delito de violencia familiar no se encuentra tipificado de manera uniforme en todos y cada una de las disposiciones legales que se aplican en cada entidad federativa.
En 2006, el Fondo de las Naciones unidas para la Infancia (UNICEF) señaló que más de 6 millones de niñas, niños y adolescentes en América Latina son objeto de agresiones, de los cuales aproximadamente 80 mil mueren a causa de la violencia familiar.
De igual forma, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que por lo menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada u obligada a tener relaciones sexuales o ha sido objeto de violencia psicológica a lo largo de su vida y que por lo general el agresor es un miembro de su propia familia, se destaca en el dictamen.
Por último, la Comisión Permanente aprobó otro dictamen de la Segunda Comisión para exhortar a “las dependencias competentes del Gobierno Federal para que analicen la viabilidad de realizar las acciones necesarias a efecto de que el Estado Mexicano ratifique el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo de los trabajadores con responsabilidades familiares”.
En el dictamen se destaca que las mujeres en edad de trabajar con hijas e hijos siguen sufriendo discriminación, pues les cierran las puertas por el hecho de ser madres y no encuentran posibilidades para conjuntar su vida laboral con la familiar.
SEM/am/lr
Proponen la interrupción legal del embarazo hasta la doceava semana
SemMéxico, Veracruz, Ver., 27 julio 2017.- Las veracruzanas podrían decidir si continúan o no un embarazo hasta la doceava semana, en caso de que se apruebe la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado este jueves en el que se busca modificar el Código Penal.
Diversas diputadas y diputados de varios grupos legislativos, presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Veracruz para que sea considerado como delito el aborto cuando se practique después de las 12 semanas de embarazo y no se encuentre en las causales de exclusión.
Entre las modificaciones que se proponen, para los casos de violación, malformación del feto, riesgo a la salud o a la vida de la madre, no exista un tiempo límite para interrumpir legalmente el embarazo.
También propone como causal de exclusión el riesgo a la salud de la mujer, que hasta el momento no se encuentra contemplada en el Código Penal veracruzano.
Hasta hoy, las veracruzanas enfrentan una regulación restrictiva para el acceso a la interrupción legal del embarazo, en la que destaca la ausencia de la causal de riesgo para la salud en el Código Penal; ello ha permitido una dinámica que contribuye a mantener una tasa alta de muerte materna. Los datos estadísticos señalan que el 10.2 por ciento de los fallecimientos maternos son derivados de un aborto y el 27.1 por ciento por causas obstétricas indirectas, indica la exposición de motivos de la iniciativa.
La propuesta señala si una mujer interrumpe su embarazo después de la semana número 12, las mujeres podrían recibir una pena carcelaria no mayor a dos años.
La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, para la Equidad de Género, Derechos Humanos y Atención de Grupos Vulnerables, donde los diputados y diputadas deberán analizarla para presentar un dictamen y su votación.
La iniciativa fue presentada por recomendación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Ello, luego de que diversas asociaciones civiles solicitaran una segunda Alerta de Violencia de Género -en esta ocasión por agravio comparado- debido a que consideraron que se estaban vulnerando los derechos de las veracruzanas.
SEM/ao/lr
Se castigará también a quien impida su integración a la sociedad, les discrimine, explote o ponga en riesgo su persona, bienes y derechos
SemMéxico, Cd. de México, 25 julio 2017. El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó modificaciones a leyes capitalinas con las que se castigará hasta con tres años de cárcel a quienes teniendo la obligación de cuidarles, abandonen a personas adultas mayores o personas con discapacidad en la Ciudad de México.
En la sesión extraordinaria de este martes se avaló por unanimidad, con 40 votos a favor, el dictamen propuesto por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, del PRD, el cual adiciona y reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal, de la Ley para la Integración y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal y del Código Penal para el Distrito Federal.
Así, el reformado Artículo 156 del Código Penal para el Distrito Federal establece que a quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión o daño alguno. Si el responsable es ascendiente o tutor del ofendido se le privará también de la patria potestad o de la tutela.
En tanto, el Artículo 158 prevé la misma pena privativa de la libertad a quien exponga en una institución o ante cualquier persona, a un incapaz de valerse por sí mismo, incluyendo a las personas adultas mayores y/o con discapacidad, respecto del cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo.
Los cambios aprobados por el Pleno sancionan también que se les impida su participación plena y efectiva en la sociedad, se les discrimine, explote o ponga en riesgo su persona, bienes y derechos.
Además, se tipifica el abandono como todo acto de aislamiento o hacinamiento sistemático, permanente, consciente y deliberado hacia las personas adultas mayores, entendidos como una exclusión o como actos discriminatorios o de menosprecio hacia su persona.
El dictamen aprobado, que fue presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Administración y Procuración de Justicia, se remitió al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables destacó que cada día en nuestro país unas 850 personas cumplen 60 años de edad, lo que representa que 306 mil adultos mayores se sumen a los existen al año, cuya población total se duplicará para 2030.
La CDMX está conformada por una densidad de población mucho mayor al resto de las entidades de la República Mexicana, razón por la cual existe una mayor cantidad de personas adultas mayores en crecimiento desde los últimos años, a diferencia de cualquier otro grupo de edad en dicha entidad.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social en México cerca de 11 millones de habitantes, 11 de cada 100 mexicanas y mexicanos tiene al menos 60 años de edad, y según el informe del Consejo Nacional de Población, en México existen 10.5 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa a cada 9 de 100 mexicanos de ese grupo de población, 82 por ciento vive algún grado de pobreza, ya sea monetaria o alimentaria, señaló la legisladora perredista.
En México, tres de cada cinco personas adultas mayores sufren violencia al interior de la familia y otro 16 por ciento es víctima de maltrato, como golpes, ataques psicológicos, insultos y robo de bienes, a decir del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
Mateos Hernández puntualizó que otro tipo de maltrato es el abandono, lo cual incide también en que el 62 por ciento de los accidentes que sufren las personas adultas mayores ocurra en casa y un 26 por ciento en la calle; en muchos de los casos, la víctima requiere hospitalización, expuso.
Finalmente, dijo que el dictamen aprobado por la diputación de todas las fracciones parlamentarias promueve un acto de justicia entre los integrantes de ese grupo de la población toda vez que el abandono no estaba tipificado en la Código Penal para el Distrito Federal.
SEM/am/lr
– Hasta el momento, la definición únicamente se encontraba en la Ley de Acceso de las Mujeres
SemMéxico, Veracruz, 25 julio 2017.- El Congreso de Veracruz aprobó ingresar al Código Electoral del Estado la modalidad de violencia política de género, los actos u omisiones que la conforman y sus sanciones.
A partir de la aprobación de la reforma, el Organismo Público Local Electoral formará parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y será el encargado de sancionar a aspirantes a cargos de elección popular, integrantes de partidos políticos o personas en el servicio público que ejerzan este tipo de violencia contra las mujeres.
“Violencia Política en razón de género, la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”, señala la nueva definición en la entidad integrada a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Electoral del Estado de Veracruz.
Hasta el momento, la definición únicamente se encontraba en la Ley de Acceso de las Mujeres pero no contemplaba todas las formas en las que se ejerce ni se presentaban sus sanciones, tales como impedir que una mujer que recibió un cargo público tome protesta o restringir las actividades que debe realizar.
Esta modificación únicamente incluye la Violencia Política de Género en el Código Electoral pero todavía se mantiene pendiente la iniciativa que se encuentra en analizar de colocarla en el Código Penal para que constituya un delito.
La diputada Teresita Zuccoloto Feito, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, señaló que en múltiples ocasiones se ha presentado en el estado los casos de violencia política por lo que era necesario los cambios en las leyes.
“Tengo conocimiento que desde el 2009 han venido a este Congreso mujeres funcionarias que les han negado su derecho a ejercer plenamente su tarea pública, mujeres que les pagan la mitad o menos del sueldo que por ley les corresponde ganar, cuántas veces hemos escuchado que una regidora o una síndica es humillada por su alcalde por el simple hecho de ser mujer”, señaló.
SEM/ao/lr
Fiscales de Chiapas Quintana Roo, y Ciudad de México, así como organizaciones de periodistas acudieron a la reunión
SemMéxico, Cd. de México, 21 julio 2017. La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez Valdez, denunció 35 agresiones contra periodistas, entre amenazas, intimidaciones, ataques físicos y privación de la libertad en Chiapas, Quintana Roo y la Ciudad de México.
En reunión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el pasado martes, con fiscales de estas tres entidades y organizaciones de periodistas, la diputada Brenda Velázquez Valdez pidió a las autoridades información del estado que guardan las investigaciones de estas agresiones, así como de las indagatorias por abuso de autoridad, amenazas y lesiones contra periodistas.
Sobre la Ciudad de México, la legisladora del PAN dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia capitalina reportó dos abusos de autoridad, siete amenazas y cuatro robos, por lo que pidió al titular de la fiscalía información sobre los avances de cada caso y acerca del asalto a las oficinas del medio digital ‘Endirecto.com.mx’, el pasado 11 de julio.
También informó que en el caso de Chiapas se tiene conocimiento de ocho amenazas e intimidaciones, cinco ataques físicos o materiales y dos por abusos de autoridad, así como una privación de libertad; en Quintana Roo se reportaron cuatro ataques físicos y una privación de la libertad, según el informe de la misma fiscalía local.
Destacó que de los 11 asesinatos de periodistas, ocurridos de diciembre pasado a la fecha, sólo han sido presentados sospechosos en los casos de Maximino Rodríguez y Miroslava Breach Velducea. De los otros nueve periodistas, puntualizó “no hemos conocido avances de las investigaciones y las autoridades federales permanecen en la indiferencia”.
El fiscal Especial para Periodistas de Chiapas, Carlos Tovilla Padilla, informó que tiene sólo siete carpetas de investigación orientadas a los delitos de amenazas, robos, lesiones y otras vulneraciones contra el gremio, una dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal del 2016 y seis más del 2017.
Afirmó que en Chiapas lo que genera mayor complejidad para el ejercicio de la libertad de expresión es la actuación de algunos funcionarios de los ayuntamientos, “hemos identificado que nos hacen falta mecanismos de actuación en la materia”; por lo que adelantó que la fiscalía ya construye un protocolo, que parte del nuevo Sistema de Justicia Penal, a fin de hacer un análisis de riesgo y medidas de protección, para dar seguimiento y cumplimiento a cada caso.
Resaltó que en la última década, la entidad no tiene ningún documento o evento asociado a los periodistas, en donde se diga que está en riesgo su vida o su libertad; sin embargo, reconoció que existen casos de amenazas, donde ya cuentan con indicios.
Advirtió que aún se tienen tres incompetencias de la Procuraduría General de la República (PGR) remitidas al fuero común sobre el ejercicio del periodismo asociado a la libertad de expresión.
Puntualizó que los delitos de amenazas, lesiones, daños, no son considerados como de prisión preventiva oficiosa por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y se está en interlocución para mitigar la situación de riesgo, pero también para obtener la reparación del daño y sobre la investigación ejercer las acciones, porque “si no se atiende el tema del riesgo en el momento y la medida de protección, entonces, se puede tener una noticia lamentable”.
A su vez. Miguel Ángel Pech Cen, fiscal General de Quintana Roo, dijo que de un total de 45 denuncias interpuestas en las diferentes agencias del ministerio público, hoy fiscalías, sólo una ha sido por el delito contra la libertad de expresión, y que en Cancún se ha tenido la mayoría de estas denuncias.
No obstante, admitió que no se ha instalado el Comité para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, aun cuando la ley ha sido normada, sin embargo, dijo, están en discusión diversos grupos sociales en aras de ajustar la ley en la materia o abrogarla.
Tampoco, dijo, existe una fiscalía para atender delitos contra los periodistas y aclaró que los mecanismos de protección están ya contenidos en una ley, tanto de protección de periodistas como para grupos defensores de derechos humanos.
Margarita Vázquez Sánchez, fiscal Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales de la Ciudad de México, consideró imperante legislar el delito de amenaza en las redes sociales, por lo que pidió a la legislatura analizar la posibilidad de normar las intimidaciones cibernéticas, ya que en muchos casos las compañías no facilitan información para esclarecer esos casos.
Indicó que otro hecho grave, es que las y los periodistas agredidos no denuncian y los que lo hacen, en muchas ocasiones no regresan para dar continuidad al proceso, por lo que queda sin resolver.
Teodoro Rentería Arróyave, presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe), subrayó que “los informes emitidos por las fiscalías son terribles y todos los asuntos quedan en total impunidad. Desde hace 16 años se creó el primer grupo que buscaba la protección a los periodistas, aquí, en la Cámara de Diputados, y desde aquel tiempo no se ha avanzado nada”.
Afirmó que es indispensable la federalización de los delitos contra informadores y medios de comunicación; se logró una iniciativa de ley en la que se comprometieron los líderes políticos de distintos partidos; sin embargo, no se ha hecho nada, pese a que es una ley que debería ser defendida desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Resaltó que un estudio de Artículo 19 refiere que las agresiones a periodistas provienen primordialmente de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, entonces, se requiere que estos delitos en contra de la libertad de expresión se reconozcan con un fuero federal.
Teodoro Rentería Villa, de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. (Faparmex), estimó que se debe impulsar una iniciativa para elevar a rango constitucional la protección del secreto profesional de comunicadores y una Ley de Equidad Publicitaria Gubernamental como medida para lograr un periodismo libre.
Además, destacó que debe otorgar a los periodistas contrato de trabajo y seguridad social, pues cerca del 90 por ciento del gremio no tiene esas garantías.
En la reunión de trabajo de la Comisión también participaron la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa y el diputado Miguel Ángel Salim Alle, del PAN: el diputado de MORENA, Virgilio Caballero Pedraza; y el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del PRI.
SEM/am/lr
Las rutas más peligrosas en la entidad son Periférico Norte, Gustavo Baz, Texcoco, Vía López Portillo, Avenida Central, Adolfo López Mateos y la Vía Morelos
SemMéxico, Cd. de México, 20 julio 2017.- Ante los casos de feminicidio y altos índices de violencia e inseguridad que padecen usuarias y usuarios del transporte público en el Estado de México, ayer la Comisión Permanente aprobó exhortar al gobierno encabezado por Eruviel Ávila Villegas a reforzar la estrategia de seguridad en las unidades de transporte público.
De igual forma, el Pleno llamó al gobierno mexiquense a fortalecer los procedimientos de evaluación y certificación para los conductores de las unidades de dicho transporte, así como fortalecer la estrategia para disminuir los accidentes viales y garantizar la protección y vida de las personas.
El dictamen retoma datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (RNVIPR) 2016, que indican que el robo o asalto en la calle o en el transporte público se encuentra catalogado como el delito más frecuente en esa entidad.
Se puntualiza que el Estado de México ha sido señalado como la entidad con mayor número de casos de feminicidio y acoso sexual hacia mujeres en el transporte público; por ello, resulta fundamental que se refuercen las medidas de seguridad en esta materia “para evitar la incidencia de feminicidios”.
Además, se destaca que el Estado de México ha desarrollado una serie de problemas en términos de movilidad, tiempos de traslado, calidad de transporte y seguridad vial, que conllevan a múltiples afectaciones, tanto a la salud, como a la competitividad y, por tanto, a la calidad de vida de más de 17 millones de habitantes en la región.
El texto indica que la seguridad que se ofrece a las y los usuarios a bordo de las unidades es nula, pues también se dan casos de maltrato de los conductores hacia las y los pasajeros, tanto de manera verbal, como en la forma de conducir.
El dictamen aprobado concentró tres proposiciones con puntos de acuerdo que fueron presentadas el 21 y 28 de junio pasados, después del feminicidio de la niña Valeria, cometido por el conductor de una combi de la ruta 40, en el municipio de Nezahualcóyotl. Las iniciativas fueron presentadas por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del PAN; el diputado Jesús Serrano Lora, del grupo parlamentario de MORENA; y por el diputado del PRD Felipe Reyes Álvarez.
Los asaltos a mano armada dentro de las unidades cada vez son más frecuentes y con mayores pérdidas materiales y humanas; según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mexiquense, las rutas más peligrosas en la entidad son Periférico Norte, Gustavo Baz, Texcoco, Vía López Portillo, Avenida Central, Adolfo López Mateos, Vía Morelos, ubicados en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Atizapán, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coacalco y Tultitlán, destaca en su punto de acuerdo el diputado Jesús Serrano.
SEM/am/lr