SEM México, Chilpancingo, Gro., 20 julio 2017.- Con el propósito de proteger a los menores de 18 años de la comisión de delitos como violación equiparada, entre otros, la diputada Yuridia Melchor Sánchez, propuso reformar el Artículo 179, del Código Penal del Estado de Guerrero.
Durante la sesión de este jueves, la legisladora local perredista, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, presentó la propuesta para reformar la fracción I, del Artículo 179 del Código Penal del Estado de Guerrero, al argumentar que, con las reformas aprobadas por la actual legislatura, el 16 de marzo del año 2017, al Código Penal del Estado Número 499, se derogó el Artículo 187, que tipificaba el Delito de Estupro, y se estableció el de Violación Equiparada.
Dicho delito se define como la comisión de una conducta sin violencia, en que se realiza cópula a persona menor de quince años de edad; pero con ello quedaron desprotegidos los menores de entre quince y dieciocho años de edad que sufran este tipo de conductas.
Melchor Sánchez argumentó que un Estado que se dice democrático, debe aspirar como principio fundamental a proteger los bienes jurídicos más importantes de las mujeres, a través de la prevención del delito y la protección de los derechos humanos, pero sobre todo, procurar una igualdad en el trato y rechazar de manera contundente aquellos actos que atenten contra la dignidad y la persona.
“Para alcanzar estos fines es necesario que la legislación que sanciona los delitos contemple los tipos y sanciones que inhiban la comisión de conductas delictivas, y, en el caso de presentarse, se castiguen con la mayor decisión y presión por parte del Estado, porque una conducta delictiva que atenta contra la mujer, atenta contra toda la sociedad en su conjunto. De ahí, la necesidad de que en nuestra legislación penal se deben establecer instrumentos jurídicos eficaces y humanistas, dotados de garantías y acordes a los Tratados Internacionales”, expuso la legisladora local.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictaminación.
SEM/ja/lr
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género afirma que los menores entre 15 y 18 años quedan desprotegidos
La Permanente exhortó al Gobierno de Nuevo León a combatir violencia y secuestros
SEMMéxico, Cd. de México, 20 julio 2017.- La Comisión Permanente presentó un dictamen de la Segunda Comisión que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que continúe con la atención de la problemática del Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa de Comonfort, Guerrero.
En la sesión de este miércoles, el Pleno solicitó también un informe a dicha Secretaría sobre las acciones que ha tomado para resolver el conflicto laboral de la llamada Ciudad de las Mujeres.
Además, la Permanente también solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, “considere la posibilidad de asignar recursos al Centro Ciudad de las Mujeres de Tlapa, Guerrero”.
A finales de junio de este año, ante la falta de respuesta por parte de los responsables de la SEDATU, las más de 30 trabajadoras y trabajadores de Ciudad de las Mujeres, ubicada en Tlapa de Comonfort, iniciaron paro de labores y toma de oficinas, luego del anuncio de que el 50% del personal sería despedido, y la reducción del mismo porcentaje del salario de quienes permanezcan laborando.
Debido a estos recortes presupuestales, legisladoras de Guerrero han denunciado que al menos mil 500 mujeres víctimas de violencia de la región de la Montaña, podrían dejar de ser atendidas al no existir una certeza en el funcionamiento del Centro Ciudad de las Mujeres.
Mientras que en Nuevo León, las y los legisladores también aprobaron exhortar al gobierno estatal para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública lleve a cabo las acciones tendientes a combatir e inhibir los casos de violencia, secuestros y casos de feminicidios en esa entidad.
El dictamen de la Primera Comisión destaca que en 2017 se han cometido 36 asesinatos de mujeres, pero el gobierno estatal únicamente reconoce 16 casos; menciona el caso de Leslie Rubí, quien fue secuestrada el pasado 8 de junio y el 24 del mismo mes fue encontrado su cuerpo sin vida en la colonia Mirasoles.
También puntualiza que el 30 de junio de este año, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León reconoció el incremento de 350 ejecuciones y muertes en el primer semestre de 2017, respecto al año pasado.
Desde el viernes entró en vigor la violencia simbólica y mediática
SemMéxico, Cd. de México, 17 julio 2017.- Este martes entrará en vigor en la Ciudad de México la modalidad de violencia política en razón de género, luego de la modificación hecha por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, luego de la publicación hecha hoy en la Gaceta Oficial de la CDMX.
También, en la Gaceta Oficial capitalina se publicaron el pasado jueves los cambios legislativos que adicionan la violencia simbólica y la violencia mediática, que ya está vigente desde el viernes 14 de julio.
Todas estas reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia capitalina fueron aprobadas por la ALDF el 23 y 24 de mayo pasado, para fortalecer las medidas para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México.
Así, en la fracción IX del artículo 6 de dicha Ley, el tipo de violencia simbólica quedó definida como: “La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.
De igual forma, la modalidad de la violencia mediática contra las mujeres se define, en la fracción VIII del artículo 7 de la Ley de Acceso, de la siguiente manera:
“Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio de comunicación local, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.
En tanto, la modalidad de violencia política en razón de género quedó establecida en la fracción IX del artículo 7 de la misma Ley como sigue: “Es toda acción u omisión ejercida en contra de una mujer, en el ámbito político o público, que tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público”.
De acuerdo a estas modificaciones la violencia política en razón de género “se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género”.
Además, se agregaron 19 incisos para considerar diversos actos de violencia política en contra de las mujeres, como:
“a) Obligar, instruir o coaccionar a realizar u omitir actos diferentes a las funciones y obligaciones de su cargo, establecidas en los ordenamientos jurídicos, incluyendo aquellos motivados por los roles o estereotipos de género.
“b) Ejercer cualquier tipo de violencia señalada en la presente Ley, en contra de las mujeres, de sus familiares o personas cercanas, con el fin de sesgar, condicionar, impedir, acotar o restringir la participación y representación política y pública, así como la toma de decisiones en contra de su voluntad o contrarias al interés público.
“c) Coartar o impedir el ejercicio de la participación, representación y facultades inherentes a los cargos públicos y políticos de las mujeres, o bien coartar e impedir aquellas medidas establecidas en la Constitución y los ordenamientos jurídicos dirigidas a proteger sus derechos frente a los actos que violenten o eviten el ejercicio de su participación y representación política y pública, incluyendo la violencia institucional”.
También se definió como violencia política contra la mujer ocultar información o documentación para limitar o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones o facultades.
Asimismo, obstaculizar o impedir el ejercicio de licencias o permisos justificados a los cargos públicos a los cuales fueron nombradas o electas, así como la reincorporación posterior; igualmente, acosar u hostigar mediante la acusación o aplicación de sanciones sin motivación que contravengan las formalidades, el debido proceso y la presunción de inocencia, con el objetivo o resultado de impedir o restringir el ejercicio de los derechos político-electorales, entre otros.
SEM/am/sj
Necesarios procedimientos menos burocráticos de adopción
SemMéxico, Cd. de México, 17 julio 2017.- Unos 30 mil niños y niñas huérfanas, así como otros más de 600 menores que viven con sus madres en centros penitenciarios constituyen la otra infancia mexicana, por lo que la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó diversos dictámenes para implementar políticas públicas y acciones que buscan favorecer su condición de vulnerabilidad.
Primero, el pleno avaló exhortar al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a coordinarse en la implementación de políticas públicas relacionadas al uso de espacios adecuados, para la estancia de las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad en los centros penitenciarios.
Con ello, también solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informe sobre las acciones que se han llevado a cabo, hasta el momento, para atender las recomendaciones y observaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto de las condiciones que afectan el desarrollo integral de la población infantil en los Centros Penitenciarios del país.
El dictamen aprobado por el Pleno indica que de acuerdo al Informe Especial sobre las hijas e hijos de las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, realizado por la CNDH, al mes de agosto de 2016, se tuvo registro de que en 30 de las 32 entidades federativas y en un Centro Federal, había una población total de 618 niños y niñas, dato que confirma que la población infantil en los Centros ha aumentado de manera progresiva, de tal forma que casi se ha duplicado en cuatro años.
El mismo informe detalla la persistencia de condiciones que dificultan la vida digna y segura, así como situaciones que vulneran los derechos humanos de las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad.
Por tanto, las y los legisladores destacaron la necesidad de buscar mecanismos y políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de los centros penitenciarios del país, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos y el acceso a una estancia digna de las hijas e hijos de las mujeres que purgan una condena por algún delito.
30 mil niñas y niños viven en casas hogar
Por otra parte, la Comisión Permanente también hizo un llamado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en coordinación con los gobiernos locales, continúen instrumentando acciones que optimicen los procedimientos y fomenten una cultura de adopción en el país.
La senadora del PRI, Lisbeth Hernández Lecona, precisó que 30 mil niños y niñas viven en albergues, casas hogares, orfanatorios públicos o privados o se encuentra en espera de ser adoptados. El 77 por ciento tiene entre 7 y 17 años.
Ante la problemática que enfrentan las niñas, niños y adolescentes huérfanos en el país, es indispensable generar entre la sociedad una cultura de la adopción, por medio de la cual se den a conocer los múltiples beneficios para aquellos que se han visto privados de la protección de una familia.
El dictamen destaca que México ocupa el segundo lugar en América Latina en cantidad de niños huérfanos con 1.6 millones de casos, después de Brasil, que encabeza la lista con 3.7 millones de los 10 millones 700 mil censados en toda Latinoamérica.
Se señala que a pesar de los esfuerzos legislativos e institucionales, la figura de la adopción en México es compleja, ya que la edad de los niños se convierte en factor clave que posibilita o inhibe el proceso. Los niños y niñas menores de ocho años presentan mayores posibilidades de ser adoptados, en comparación con los mayores de nueve o jóvenes menores de 18 años, que esperan también ser acogidos por una familia.
La adopción es un esquema que transforma no solo la vida de los adoptantes que se convierten en padres o madres, que por diversas circunstancias no tienen hijos con parentescos biológicos, sino también de los niños, niñas y adolescentes que, por razones excepcionales, no son parte de un núcleo familiar, puntualiza el documento.
Finalmente, la diputada del PRD, Maricela Contreras Julián, afirmó que es necesario flexibilizar los procesos de adopción en el país, ya que debido al sistema burocrático para realizarlos, es que el número de niñas y niños adoptados es mínimo, “debemos garantizar las posibilidades para que el derecho a tener una familia se cumpla”.
En 2010, había en México 229 mil hogares compuestos por parejas del mismo sexo
SemMéxico, Cd. de México, 17 julio 2017.- Con el objetivo de identificar realidades de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, transexuales (LGBTTTI), la Comisión Permanente solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que incluya en los censos que habitualmente realiza a nivel nacional a este sector de la población.
El dictamen, avalado por el Pleno en la sesión pasada del 12 de julio, destaca “el valor que tiene la información estadística para el Estado, como un recurso esencial para la toma de decisiones y como consecuencia implantar acciones focalizadas a demandas globales y específicas de la población”.
Señala la importancia de la comunidad LGBTTTI, pues el propio INEGI informó en el censo poblacional 2010, que en el país hay alrededor de 229 mil hogares compuestos por parejas del mismo sexo.
También destaca que la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 refiere que se entrevistaron a cinco mil jóvenes; el 1.5 por ciento de las mujeres encuestadas indicó ser bisexual, mientras que el 1.4 por ciento se definió como lesbiana; de los hombres tres por ciento indicó ser homosexual, 1.3 por ciento bisexual y 94 por ciento heterosexual.
Además, retoma que la Segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación, realizada en 2010, apunta que el 52 por ciento de personas homosexuales, lesbianas y bisexuales consideraban que el principal problema que vivían es la discriminación, la cual puede en tratos denigrantes que en muchos de los casos puede generar pensamientos suicidas.
En el 2005, la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, realizaron la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación, que señaló que el 90 por ciento de la población homosexual en México percibía discriminación hacia su persona por su condición humana, además de que el 48 por ciento de la población en México manifestó que no estarían dispuestas a vivir con personas homosexuales.
El dictamen indica también que a nivel nacional no se cuentan con datos o cifras oficiales actuales sobre este grupo poblacional, “solo existen algunas estimaciones en torno al mismo”.
Finalmente, señala que «como todo ser humano, los miembros de la comunidad
LGBTTTI, requieren ser reconocidos y tomados en cuenta en la toma de decisiones a nivel nacional, revirtiendo con esto la exclusión social en que se les ha colocado históricamente.»
SEM/am/sj
No hablen por mi
Mi boca es un buzón
Hacer periodismo con visión de género es un nuevo estándar de calidad
SemMéxico, 17 julio 2017.- “Mi abogado (…) solicitó, en los últimos días, que por favor se tratara el caso con perspectiva de derechos lo que implica, entre otras cosas, resguardar mi intimidad y preservarme, junto a mi entorno, de situaciones que me expongan a un proceso de revictimización”. Este es un extracto de la carta que escribió a los medios la sobreviviente del ataque femicida ocurrido en Punta Lara el sábado pasado.
La carta fue dirigida a algunos medios que difundieron detalles innecesarios acerca del hecho. De más está decir, que el mal tratamiento de los casos de violencia de género en los medios de comunicación es una constante en el periodismo. Sin embargo, indigna que siga sucediendo en este tiempo en que las buenas prácticas están al alcance de todos.
Sabemos que el tratamiento informativo no sólo condiciona el encuadre de las noticias, sino que transmite también una determinada forma de entender por parte de las audiencias ¿Qué aporta el amarillismo a la construcción de estas noticias?. Nada. Lo único que hace el sensacionalismo es robustecer el ideario equivocado con el cual es digerida.
Así se instala la idea de que cada hecho de violencia machista se trata de cuerpos ensangrentados, cuando en realidad es una cuestión socio -cultural. Así se instala también que la solución está en la justicia, haciendo de la sanción la fórmula para un mundo mejor.
Siempre digo que hacer periodismo con visión de género es pensar en implementar un nuevo estándar de calidad. Es decir que la noticia sea un servicio, que aporte a un cambio. El periodismo con visión de género es pensar en el otro o la otra y por eso vale recordar que las malas construcciones de la noticia pueden redundar en ahondar el trauma de una sobreviviente.
Por eso no hablen por ellas. Detengan la rutina para pensar que la contextualización puede ser otra, es decir que se puede referir al problema de la violencia machista como una violación a los derechos humanos, dejando de lado cuánta sangre había esparcida por el suelo. Porque detrás de cada hecho hay una persona y a la par de cada persona hay un derecho. Por eso, “no hablen por mí”.
Diputada pide intervención del Alto Comisionado de DH
SemMéxico, Cd. de México, 12 julio 2017.- La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez Valdez, acudió ante las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, para entregar la denuncia presentada en junio pasado en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto por la violencia contra periodistas.
La diputada federal dio a conocer que además solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, que la Relatoría Especial considere un esquema de prevención y protección exclusivo para periodistas.
En un comunicado, la legisladora panista explicó que previo a la visita que realizará la Relatoría Especial de este organismo internacional a México, la cual se prevé sea en agosto próximo, es necesario que tome en cuenta un mecanismo de prevención y protección aplicable solo a periodistas.
Dijo que a pesar de que la legislación en México contempla la protección de las y los periodistas en conjunto con las personas defensoras de derechos humanos, en la práctica estas medidas son poco eficientes, por lo que es necesario un modelo de prevención y protección único para el gremio periodístico.
Recordó que de diciembre 2016 a la fecha, han sido asesinados 11 periodistas. Recientemente, el caso de Edwin Rivera, periodista hondureño, quien buscó en México la seguridad que en su país no tenía y, lamentablemente, fue asesinado hace tres días en Veracruz.
Ante este hecho, afirmó que “México se confirma como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el Continente Americano”.
“He acudido a instancias internacionales para que nos ayuden a resolver esta grave crisis de violencia en contra de la libertad de expresión que continúa cobrando vidas de periodistas. No podemos permitir que continúen los homicidios, las desapariciones, el espionaje y las agresiones a periodistas”, expresó.
SEM/am/sj
Abrió camino en política a las guanajuatenses
SemMéxico, Cd. de México, 12 julio 2017.- El Pleno de la Comisión Permanente guardó un minuto de silencio por el fallecimiento, el pasado viernes 7 de julio, de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam.
En la sesión de este miércoles, diputados y diputadas de todas las fracciones parlamentarias externaron sus condolencias, además de aludir al trabajo de la legisladora en pro de los derechos políticos de las guanajuatenses.
La diputada Gloria Himelda Félix Niebla, presidenta en funciones de la Comisión Permanente, expresó sus condolencias a sus amigos y familiares, “fue una política muy respetada, apreciada y reconocida por la sociedad en Guanajuato y todos los integrantes de la LXIII Legislatura lamentamos el sensible fallecimiento”.
Asimismo, la senadora Dolores Padierna Luna, coordinadora en el Senado de la República del grupo parlamentario del PRD, refirió que la diputada fue una pionera para abrir el Ayuntamiento de León a la participación de las mujeres, ya que ella fue la primera secretaria y ocupó los cargos de representación más importantes a nivel local, estatal y nacional.
El diputado panista Miguel Ángel Salim Alle señaló que su compañera de bancada fue una luchadora incansable de los derechos e igualdad de la mujer, “siempre se le va extrañar en Guanajuato y en la Cámara de Diputados”.
En tanto, la diputada del PRD, Maricela Contreras Julián, manifestó que es urgente que se le ponga mayor atención al problema que representa el cáncer de mama, “ya que sólo la prevención y la atención permitirán que las mujeres tengamos una vida mucho más larga”.
El diputado de MORENA, Vidal Llerenas Morales, aseguró que siempre fue una diputada muy comprometida con los temas de transparencia, “es una pérdida importante para la Cámara de Diputados y muy sentida para muchos de nosotros”.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del PRI, expresó que su fallecimiento representa una gran pérdida en la Cámara de Diputados, “ella siempre actuó de manera solidaria, con humildad y siempre trabajó, pese a sus condiciones de salud”.
Urgen que entidades apliquen Protocolo con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio
SemMéxico, Cd. de México, 12 julio 2017.- Ante la creciente ola de casos de feminicidio en todas las regiones del país, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó varios dictámenes con puntos de acuerdo para atender tanto el feminicidio, como la violencia y acoso contra las mujeres en México.
En la sesión de este miércoles, la Permanente exhorta a las autoridades de Procuración de Justicia y Órganos Judiciales Federales y Locales apliquen de manera rigurosa el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio y señalaron que en México se registraron más de 27 mil asesinatos de mujeres entre 2000 y 2015.
Al argumentar los 24 dictámenes presentados por la Segunda Comisión, aprobados por el Pleno, la diputada Maricela Contreras Julián calificó de “lamentable que se nieguen a reconocer este delito y los asesinatos contra las mujeres, catalogándolos exclusivamente como homicidios simples. Esto es una constante en todas las entidades de la República que minimizan la violencia de la que son objeto las víctimas de feminicidio”.
Agregó que la negación del delito de feminicidio genera impunidad “desde Baja California, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, la Ciudad de México y hasta Yucatán, todo el país está siendo omiso en garantizar la justicia con perspectiva género”.
La legisladora perredista destacó que en las nueve reuniones de trabajo de la comisión que preside el grave problema del feminicidio ha estado presente y recordó los casos de Lesvy, asesinada en Ciudad Universitaria de la UNAM, y los feminicidios de Alondra y Joana cometidos en el Estado de México.
Contreras Julián adelantó que para la siguiente sesión de la Permanente “tendremos el punto de acuerdo del asesinato de Meztli, en Puebla”.
Exhortos a dependencias del Ejecutivo
En otro dictamen, la diputación pidió a los gobiernos locales que, en coordinación con las autoridades de la federación competentes, realicen las acciones para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, en especial para combatir los feminicidios y se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Las y los diputados solicitaron al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) que remita un informe a la Comisión Permanente para conocer el estatus de las solicitudes de emisión de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en las diversas entidades federativas.
En el dictamen, se indica que de acuerdo con las cifras de homicidios publicadas anualmente por el INEGI, entre los años 2000 y 2015, se registraron en México un total de 251 mil 035 homicidios, de los cuales 28 mil 175 que representan 11.2 por ciento, fueron homicidios de niñas y mujeres.
Otro punto de acuerdo aprobado es un exhorto a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las autoridades locales a fortalecer la investigación de delitos sexuales relacionados con el ‘grooming’, que es una práctica que se caracteriza por el contacto inicial en redes sociales, para intercambiar mensajes e imágenes con contenido sexual, el cual puede desembocar en un encuentro entre una persona adulta y un o una menor de edad, que generalmente da pie a otros delitos, como la trata de personas, abuso sexual o violación sexual.
El dictamen puntualiza que el acoso sexual a menores de edad por parte de adultos, a través de redes sociales, conocido como grooming, se ha triplicado en los últimos años y, al menos, uno de cada siete casos ha recibido solicitudes de amistad de perfiles falsos, con la posibilidad de que termine en la comisión de algún delito.
La diputada Maricela Contreras Julián señaló que el acoso sexual en las redes ha sido poco estudiado, pero con frecuencia está presente en nuestra sociedad, dijo que es inaceptable que un adulto, a través de las redes sociales, se gane la confianza de menores de edad para obtener imágenes o videos con contenido sexual.
Finalmente, otro de los dictámenes aprobados exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que apruebe las medidas legislativas necesarias para la prevención, atención y sanción de la violencia política de género.
SEM/am/sj
Fue la primera mujer diputada electa por mayoría en León
SemMéxico, Cd. de México, 8 julio 2017.- La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam falleció este viernes a consecuencia de un largo padecimiento.
Este día, las y los integrantes del grupo parlamentario del PAN expresaron su consternación por el fallecimiento de su compañera a quien desde 2007 le fue diagnosticado cáncer de mama.
Mediante un comunicado, integrantes de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados destacaron que “fue la primera mujer diputada electa por mayoría en León (Guanajuato) y también la primera secretaria del ayuntamiento, además se desempeñó como regidora y síndica en diferentes administraciones”.
Las y los legisladores señalaron que “la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam fue una política muy querida en su estado natal, Guanajuato”.
“Como integrante de la LXIII legislatura tuvo una activa participación en la Unión Iberoamericana de Municipalistas, experta en gobiernos abiertos y transparencia por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Estudios Locales”.
“A la fecha ocupó en la Cámara de Diputados, la secretaría de la Comisión de Seguridad Pública y fue integrante de las comisiones de Justicia, Transparencia y Anticorrupción”.
Apuntaron que la recordarán como una especialista en asuntos de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, para quien la política, constituía un instrumento de bien común, “una compañera íntegra, solidaria y firme defensora de las causas ciudadanas”.
Congreso de la Unión condenó feminicidio ocurrido en Yucatán
SemMéxico, Cd. de México, 6 julio 2017.- La diputada perredista Maricela Contreras, propuso poner en la agenda política del país el tema de la violencia de género contra las mujeres y en específico el feminicidio que atenta contra la vida de las mexicanas en todo el territorio nacional.
Lo anterior, luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen para condenar el feminicidio de Jessica Esmeralda Cano Baas y exhortar a la Fiscalía del estado de Yucatán para que continúe con la investigación exhaustiva y con perspectiva de género.
La joven de 25 años fue asesinada el pasado viernes 23 de junio por su ex esposo Eduardo Enrique Real Castillo, de 28 años de edad, en el centro comercial “Plaza Fiesta”, en Mérida, capital del Estado de Yucatán.
La diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del PRD, afirmó que el feminicidio es una problemática que tiene que asumir el Estado mexicano, sin importar el contexto electoral “esto no tiene que ver con un asunto de popularidad ni estar pensando en asuntos electorales”, por lo que llamó a la diputación a poner el tema en la agenda política del país.
Ante el pleno, advirtió “no hay localidad, comunidad, municipio o estado donde la violencia contra las mujeres no esté presente. No es un asunto de ideologías, no es un asunto de colores partidistas o del gobierno que esté al frente, sino de una serie de circunstancias que se acumulan por ese desdén del Estado para reconocer y respetar nuestros derechos”.
Además, la legisladora cuestionó la efectividad de las normas jurídicas para combatir esta problemática, “las leyes no bastan, las mujeres siguen siendo asesinadas, la única realidad que vivimos es donde la justicia nunca llega, existe ya un fastidio de este sistema institucional y social permisivo de asesinatos contra las mujeres”.
Refirió el caso de Itzel, una joven de 15 años, quien fue atacada sexualmente en la Ciudad de México el 1 de junio, y cuestionó el actuar de la autoridad capitalina que en un principio la acusó de homicidio, “en una lucha por salvar su vida, por defenderse forcejeó y clavó el cuchillo con el que su agresor la había amenazado. El violador murió y ella fue acusada de homicidio”.
Si eso pasa en la Ciudad de México, la entidad que pese a tener los mayores avances en la materia de protección a las mujeres sucede. ¿Qué podemos esperar las mujeres cuando a pesar de tener leyes y en algunos estados no tenerla, se castiga más el robo de un ganado que la violencia de género?
O en aquellos estados donde para los gobernadores la palabra feminicidio o alerta de género les causa escozor o le tienen miedo. ¿Qué podemos esperar las mujeres?, si esta espiral de violencia en la que está sometida el país, las mujeres parecemos un botín de guerra, Cuestionó la legisladora.
SEM/am/sj
Legislativo debe dar una respuesta a la iniciativa del Ejecutivo
SemMéxico, Cd. de México, 6 julio 2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado urgente al Congreso del estado de Chihuahua a tipificar el delito de feminicidio en el Código Penal para hacer frente a la violencia feminicida que padecen mujeres y niñas.
“La tipificación del feminicidio en Chihuahua es un imperativo, en tanto que es obligación del Estado mexicano garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres y niñas, así como investigar e impartir justicia con perspectiva de género”, recalcó el Organismo Nacional.
La CNDH consideró que el reconocimiento jurídico del conjunto de prácticas que atentan contra la vida de las mujeres, en ejercicio de la violencia y discriminación por razones de género, contribuye a hacer frente a contextos de violencia extrema.
Agregó que el legislativo debe dar una respuesta inmediata a la iniciativa presentada por el Ejecutivo de esa entidad, a efecto de tipificar el delito de feminicidio y reconocer así la dimensión penal del problema.
La CNDH destacó que deben fortalecerse los esfuerzos para que cada autoridad del país, desde el ámbito de sus respectivas atribuciones, haga frente a la violencia feminicida que, lamentablemente, padecen mujeres y niñas no sólo en nuestro país sino en el mundo.
Adicional a lo señalado, la CNDH subrayó que es fundamental que los poderes del estado de Chihuahua atiendan lo dispuesto en los instrumentos internacionales en torno del feminicidio y tengan en cuenta que dicha entidad es la única que no prevé ese tipo penal.
Destacó que la solicitud al estado de Chihuahua de proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas en contextos de violencia extrema contra ellas, ha quedado de manifiesto a nivel internacional a través de la sentencia en 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos denominada “Caso González y Otras (“Campo algodonero”) vs. México”.
Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) ha señalado la obligación del Estado de tomar medidas y acciones tendentes a lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, y garantizarles el goce de sus derechos humanos y de las libertades fundamentales.
En este mismo sentido, como parte del Examen Periódico Universal (EPU), realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas al Estado mexicano en 2013, se concluyó la importancia de dar solución a varios temas, entre ellos “… unificar, sobre la base de criterios objetivos, las diversas definiciones de feminicidio en los códigos penales del país…”
SEM/ga/sj
Lamentable que en la CDMX se cancelen derechos políticos a las mujeres
SemMéxico, Cd. de México, 6 julio 2017.- El grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes electorales para la Ciudad de México aprobadas en mayo pasado.
En declaraciones a la prensa afuera del recinto de la SCJN, el diputado César Cravioto Romero, coordinador de la bancada en la ALDF, informó que una acción de inconstitucionalidad es en torno a la eliminación de toda referencia a la violencia política en razón de género del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local.
El asambleísta detalló que con una “nota aclaratoria” publicada en la Gaceta oficial de la Ciudad de México, el pasado 7 de junio, pretende borrarse toda referencia a la “violencia política en razón de género”, para reducirla a violencia política.
La diputada Beatriz Rojas Martínez, de MORENA, consideró lamentable que en la Ciudad de México considerada de vanguardia se cancelen derechos políticos a las mujeres, al eliminarse la “violencia política en razón de género”, para reducirla escuetamente a violencia política.
Solicitó que se garanticen los derechos políticos de las mujeres, como lo ordena la Constitución de la ciudad, “tiene que quedar muy claro que la violencia política se da por razón de género”, de lo contrario, dijo, se deja a las mujeres que participan en política en un estado de indefensión ante la violencia política por razón de género que se cometa en su contra.
A su vez, su compañera de bancada, la diputada Aleida Alavez Ruiz, afirmó que los procesos parlamentarios en la Asamblea Legislativa se encuentran viciados, tan es así, explicó, que un dictamen puede ser modificado a última hora, previo a su entrega en la Consejería Jurídica, tal como sucedió con la Ley Electoral, “por eso venimos a reclamar, ante la SCJN, una revisión puntual del tema”.
La segunda acción de inconstitucionalidad es sobre la integración del Congreso local porque reduce, a un máximo de 33, el número de diputadas y diputados de mayoría relativa, disposición que atenta no sólo contra los preceptos de la Constitución local, sino también de la Carta Magna, explicó César Cravioto.
El coordinador de la bancada puntualizó que el propósito de la tercera acción de inconstitucionalidad es revertir el ofensivo apartado de las alcaldías cerradas para regresarles el espíritu de alcaldías abiertas establecido por el Constituyente. Y la cuarta, explicó, es en torno de los pueblos y barrios originarios, a los cuales diputados subordinados al jefe de Gobierno, sin consultar a sus habitantes, les quitó toda representatividad.
En el tema de pueblos y barrios originarios, el diputado constituyente, Aristeo López Pérez, representante de los pueblos y comunidades indígenas, calificó de lamentable que más de un millón de indígenas que radican en la Ciudad de México se vuelvan invisibles ante las leyes.
Es absurdo, aseguró, que en las leyes electorales se desconozca a los pueblos indígenas, a pesar de que los artículos 57, 58 y 59, donde se les reconoce como sujetos de derechos, fueron aprobados por unanimidad en la Asamblea Constituyente.
Cravioto Romero expresó su reconocimiento a la legisladora Dunia Ludlow Deloya y José Encarnación Alfar, del PRI; a Carlos Alfonso Candelaria López del Partido Encuentro Social y a Armando López Velarde de Movimiento Ciudadano, porque aceptaron firmar las acciones de inconstitucionalidad para así alcanzar, e incluso rebasar, conjuntamente con los veinte diputados de morena, el 33 por ciento de legisladores exigido por ley para presentar acciones de inconstitucionalidad.
Informó que solicitarán una reunión con los ministros para plantearles las razones justas y profundas que animan las cuatro acciones de inconstitucionalidad puestas a su consideración.
Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Estatal de MORENA en la Ciudad de México, advirtió que la presentación de las referidas acciones se inscribe en la batalla democrática librada por los legisladores de su partido ante “el desaseo legislativo y la mutilación de derechos hechos por las otras fracciones legislativas”.
Cabe recordar que el pasado 7 de junio se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX el decreto para la entrada en vigor de la legislación en materia electoral. Pero el 21 de junio se publicó una nota aclaratoria que puntualiza que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales sólo debe decir violencia política y no “violencia política en razón de género”.
En un comunicado, el diputado José Manuel Delgadillo Moreno, del PAN, presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales, informó que en seguimiento al proceso se detectó inconsistencias en el tema de violencia política, respecto a lo aprobado por el pleno de la ALDF y lo publicado por la Consejería Jurídica.
Detalló que durante la discusión del dictamen en materia electoral el 31 de mayo, la diputada Dunia Ludlow Deloya presentó reservas en materia de violencia política para armonizar la legislación electoral con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, que define la violencia política en razón de género, mismas que se consideraron inviables y se rechazaron por mayoría. Finalmente, el dictamen en materia electoral aprobado por la ALDF sólo dejó el concepto de violencia política.
Sin embargo, informó el legislador panista, días después y de forma inexplicable se incluyeron dichas reservas no aprobadas, con lo cual se viola el proceso legislativo; así como, la constitucionalidad de la norma, por lo que, con copias certificadas, dijo, se solicitó al Presidente de la Comisión de Gobierno una petición formal a la Consejería Jurídica para que publicara una fe de erratas, misma que se divulgó el 21 de junio.
Ante esta nota aclaratoria, diversas instancias, como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), advirtieron de un grave retroceso en el tema de violencia política en razón de género.
Por lo que, a través de un comunicado de la ALDF del 2 de julio, el diputado panista manifestó que existe certeza jurídica sobre los derechos políticos de las mujeres, al afirmar que en materia penal, se tipificó la violencia política en la legislación electoral de la CDMX incrementándose la pena hasta la mitad, cuando las conductas sean cometidas en razón de género contra las mujeres.
El diputadao señaló que es completamente falso que se haya eliminado dicho concepto y que no se establezca como una causal de nulidad, puesto que está contemplado en el artículo 114, fracción X de la Ley Procesal Electoral de la CDMX.
Delgadillo Moreno explicó que “en el dictamen discutido y aprobado por mayoría en el seno de este órgano legislativo, se regula la violencia política de manera general, después de un análisis técnico y jurídico se determinó que la violencia transgrede a cualquier género en sus derechos político-electorales, en el inciso C, fracción III del numeral 4 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se establece este concepto y en el último párrafo se enfatiza, que se entiende por violencia política hacia las mujeres cualesquiera de estas conductas contenidas en el presente numeral, cometidas en su perjuicio en razón de género”.
Finalmente, indicó que la comisión dictaminadora también consideró que al establecer un concepto general de violencia política se contempla a cualquier sector de la sociedad, como a las personas con discapacidad, hombres, jóvenes, a la comunidad LGBTTTI, por mencionar algunos.
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Reformas al Código Civil perpetúan los estereotipos de género
SemMéxico, Veracruz, 5 julio 2017.-Los diputados veracruzanos modificaron los artículos del Código Civil que reglamentan el “depósito de personas” pero mantienen la figura legal que, según algunas activistas, vulnera los derechos de la infancia y de las mujeres.
El Congreso de Veracruz aprobó que la persona a quien se le quitó la custodia pueda convivir con su hijo o hija, siempre y cuando, no represente un riesgo.
Sin embargo, Mayela Ramírez García, directora del Colectivo de Información y Desarrollo entre Mujeres (CIDEM), advirtió que ese tipo de modificaciones son contradictorias ya que el depósito de personas es autorizado por un juez cuando se considera que el papá o la mamá con la custodia es un riesgo.
Detalló que se trata de una figura que existe en pocos estados, incluido Veracruz, utilizada generalmente por los padres quienes argumentan ante los juzgados que la madre es un riesgo por lo que los niños o niñas son entregadas a un familiar, quien lo solicita como abuelas o tías.
Además, dijo que se ha usado para que las mamás no puedan convivir con sus hijos durante años, posibilidad que deja abierta la reforma realizada al artículo 345 del Código Civil. La modificación al Código Civil se realizó con una argumentación que perpetúa los estereotipos de género.
“Mientras las madres enfatizan el cuidado y la cautela, los padres acentúan el juego. De esta forma, los hombres estimulan la competencia, el desafío, la iniciativa y la independencia en sus hijos”, señala la exposición de motivos de la iniciativa presentada por la diputación priista pero que fue apoyada por todos los partidos políticos para ser aprobada.
Según la justificación de esta reforma indica que es necesario que los hijos e hijas convivan con el padre y la madre para mejorar su desarrollo.
Ramírez García dijo que estas iniciativas se presentan debido a la necesidad de perpetuar los modelos de familia tradicional, puesto que los legisladores aún niegan otros tipos de familia.
“Un estilo de familia tradicional porque es el único que reconoce, coloca de manera estereotipada que las niñas y los niños necesitan de su padre y su madre en todo momento”, afirmó.
Además, el mismo artículo 345 contempla la “manipulación” o “aleccionamiento parental” (incluida en noviembre del año pasado), que es una figura similar a la alienación parental que ha sido criticada por diversas activistas por presuntamente descalificar los casos de violencia familiar por una presunta alienación.
La directora de CIDEM aseguró que es necesario que la diputación realice una modificación integral al Código Civil del estado y no continúen haciendo reformas que contravienen los tratados internacionales y vulneran a las mujeres y de la niñez.
Necesaria intervención de Sedatu y gobierno de Guerrero
SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 4 julio 2017.-Al menos mil 500 mujeres víctimas de violencia de la región de la Montaña, podrían dejar de ser atendidas de no haber una certeza en el funcionamiento del Centro Ciudad de las Mujeres, advirtió la diputada local Yuridia Melchor Sánchez.
La también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, señaló lo anterior durante su intervención en la que propuso un decreto de Creación del Centro “Ciudad Mujer” o “Ciudad de las Mujeres” en Tlapa de Comonfort.
La legisladora llamó a los poderes Ejecutivos, Federal y Estatal, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 consideren partidas específicas destinadas a los centros de justicia para mujeres.
Incluso propuso que el Presidente Enrique Peña Nieto emita un Decreto de Creación del Centro y establezca qué Secretaría será la responsable de su administración.
Melchor Sánchez consideró necesario exhortar a la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, y al propio gobernador Héctor Astudillo Flores, para que en el marco de sus atribuciones coadyuven en la solución de este conflicto, el cual pone en riesgo el derecho de acceso a la justicia de más mil 500 mujeres indígenas, que son atendidas cada mes.
Durante la sesión de este martes, la diputada local perredista, llevó a tribuna, el conflicto que enfrenta el personal –en su mayoría mujeres-, que laboran en el Centro Ciudad de las Mujeres, a quienes les adeudan cuatro meses de salario, y pesa una amenaza de despido de la mitad del personal, aunado a un descuento del 50 por ciento a sus sueldos a las que conserven el empleo.
El objetivo principal de dicho centro, ubicado en Tlapa de Comonfort, es el de garantizar los derechos humanos y sociales de las mujeres mediante la prestación de servicios especializados en diversas materias, como salud, educación, autonomía económica, atención integral a la violencia, atención infantil, a mujeres víctimas de violencia, con un modelo de atención interinstitucional enfocado a las zonas indígenas y los municipios contemplados dentro de la Cruzada contra el Hambre.
El proyecto inició como un modelo en procuración de justicia a las mujeres, con una inversión de 121 millones de pesos en beneficio de 189 mil mujeres, de los 19 municipios de la región Montaña, que en su mayoría está constituida por población indígena y hablantes lenguas originarias.
Sin embargo, debido a situaciones administrativas ha enfrentado diversas problemáticas por la falta de solvencia presupuestaria, señaló la diputada.
Además de que no existe certeza bajo qué lineamientos, programas y partida presupuestal debe operar, ya que en un principio dependía de la Secretaría de Desarrollo Social y ahora a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
La propuesta fue apoyada en lo particular por los diputados Ociel Hugar Trujillo y María Luisa Vargas Mejía, y aprobada por unanimidad por el pleno.