• Reprueban los asesinatos contra las defensoras triquis Adriana y Virginia Ortiz
• Exigen aparición con vida de Sandra Domínguez Martínez, abogada ayuujk

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 11 de noviembre 2024.- Ante cuatro feminicidios y la desaparición desde hace 38 días de Sandra Domínguez Martínez, organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos presentaron hoy un pronunciamiento exigiendo justicia para las víctimas y presentación con vida de la defensora y abogada ayuujk y señalan que la entidad se encuentra ¡en alerta máxima!

La acción pública se dio a conocer hoy motivada por el doble feminicidio de las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García, indígenas triquis, integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) ocurrido la noche del 5 de noviembre en el centro de la ciudad de Oaxaca.

“Amanecimos con terror, rabia e impotencia ante el clima de violencia feminicida que permea en la entidad en total impunidad y ante la inacción de las autoridades, cuyas omisiones impactan principalmente en mujeres, adolescentes y niñas oaxaqueñas, sin importar ubicación geográfica o edad”.

De acuerdo con informes oficiales y reportes de prensa, las dos mujeres indígenas triquis fueron asesinadas en la capital de Oaxaca cuando descendían de un taxi al volver de su trabajo como vendedoras de artesanías, ya que ellas como otras integrantes de su familia eran víctimas de desplazamiento forzado, originado por la violencia registrada en sus lugares de origen en la zona conocida como triqui, en la región de la mixteca oaxaqueña.

Este atentado ni es aislado, ni es casual, señala el pronunciamiento que recuerda que tanto Adriana como Virginia Ortiz García, son hermanas de la Emelia de los mismos apellidos, quien ha encabezado la lucha por la exigencia de justicia de sus primas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, víctimas de desaparición forzada en el año 2007, durante la administración del gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz.

Feminicidios recientes

El pronunciamiento menciona los feminicidios de la enfermera del ISSSTE “Presidente Juárez”, Judith Vianney Toledo Santos de 29 años y madre de dos menores, quien fue encontrada sin vida el 2 de noviembre a 12 días después de su desaparición. Cabe señalar que este domingo 10 de noviembre quedó vinculado a proceso en prisión preventiva el V.A.C. imputado por el delito de feminicidio agravado en contra Julieta Vianney.

El otro feminicidio que se denuncian en el pronunciamiento de las organizaciones no gubernamentales es el de Soledad C.G., de 20 años, reportada como desaparecida desde el 31 de octubre en Tuxtepec, y quien tras cinco días de búsqueda fue localizada sin vida.

A esta cadena de feminicidios impunes hasta el momento, se agrega la desaparición de la defensora de derechos humanos y abogada ayuujk, Sandra Domínguez Martínez, quien lleva 38 días desaparecida.

Por ello sostienen que es indignante que una mujer,tenga la edad que tenga, y la región donde viva, pueda estar segura frente a la descomposición y falta de capacidad del Estado de garantizar la vida y la seguridad.

Denunciamos la estrategia del Estado de querer inhibir la protesta y voz de las familias de las personas desaparecidas y víctimas de feminicidio.

Denuncian la ineptitud y desarticulación de las instituciones de gobierno, la omisión del Estado para priorizar la atención de agresiones a mujeres con perspectiva de género y, sobre todo, el nulo interés por garantizar la vida de las mujeres. Así como el andamiaje institucional responsable de esta ineficacia al momento de aplicar los protocolos de búsqueda y atención de violencia.

SEM/sj

Humphrey Jordan recordó que tenemos 16 años cuestionando la asignación de recursos públicos

• Propuso hacer un seguimiento de la capacitación de las mujeres en los partidos políticos

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 11 de noviembre 2024.- El INE debe crear una metodología que permita constatar que las mujeres reciben financiamiento público en procesos de campaña, porque en algunas entidades ni siquiera se destinan dinero, afirmó la consejera y presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey Jordan.

A 16 años de que inició el debate para obligar a los partidos políticos a designar al menos el tres por ciento del financiamiento público ordinario para rubros como la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, seguimos cuestionando si es necesaria esta asignación de recursos.

Hizo este señalamiento en el Conversatorio Financiamiento Público para los Liderazgos Políticos de las Mujeres en el marco de la Tercera Edición de la Feria del Libro INE, Género, Inclusión y Democracia (FLINE), realizado este fin de semana.

La representante de FLACSO-México, Karla Jannette Ortiz Gómez propuso establecer una formación base que tengan que hacer todos los partidos políticos como parte de estos cursos que les dan a las mujeres, pensar en un proyecto de vida política, no solamente capacitación de año por año. “Tenemos paridad, tenemos una presidenta y aún se cuestiona si es necesario una mínima etiquetación de un recurso”.

También se propuso hacer un seguimiento de la capacitación de las mujeres en los partidos políticos y de las personas capacitadoras porque luego se presta a irregularidades.,. 

Para el consejero Uuc-kib Espadas Ancona el financiamiento a la participación política de las mujeres, destinado formal y obligatoriamente por la ley, hasta el que se hace en los partidos y en los órganos de gobierno, es fundamental para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, y para que la pobreza y la desigualdad no sean un factor que determine las capacidades de acceder al ejercicio del poder público. Precisó que es el principal factor que inhibe la participación política de las mujeres.

Violencia política contra las mujeres negarles recursos

La consejera Carla Humphrey Jordan afirmó que “No darles recursos a las mujeres, claramente es un tema de violencia política contra las mujeres en razón de género y es una respuesta muy clara, primero, ante las cuotas, las acciones afirmativas y después, mucho más claramente, en el tema de la incorporación del principio de paridad a la Constitución”.

El financiamiento es para que las mujeres se sientan más cómodas incursionando en política; no porque no estén capacitadas o porque no tengan liderazgos. Recordó que hay una iniciativa de hace un par de años en el Senado de aumentar cinco al 10 por ciento para el financiamiento público de las mujeres y que lamentablemente no ha pasado por Cámara de Diputados y Diputadas.

Refirió que hay cinco entidades federativas que en sus leyes locales ni siquiera lo contemplan, y “sabemos muy bien que ni siquiera erogan este tres por ciento, que esta omisión es mucho más grande a nivel local, a nivel de las entidades federativas, que se ha ido subiendo la forma en la que se sanciona”.

Cada vez que les preguntamos a las mujeres: “oigan, ¿por qué no nos hacen saber con una queja, una denuncia, que no están recibiendo estos recursos?”, la respuesta siempre es la misma, es violencia, “porque me van a quitar la candidatura, porque ya no voy a ser a quien van a elegir, porque me están amenazando”, y creo que ahí tenemos que tener mecanismos mucho más claros que como Instituto, nos han ver que los partidos están cumpliendo con una obligación porque es una obligación aprobada por el Consejo General, es un acuerdo del Consejo General del INE, que es vinculante para los partidos políticos.

La consejera Carla Humphrey destacó que la participación ha sido cada vez mayor en términos cuantitativos, porque así están, afortunadamente, las normas. Este último proceso electoral, en el 2015 estábamos en el 50 por ciento de las candidaturas; en el 18, 50.3; en el 21, 53.61 y éste último proceso electoral fueron el 57 por ciento de candidatas para diputaciones y para el Senado.

El consejero Espadas Ancona se refirió a las cargas de cuidado de las mujeres y de enfocar los cursos de capacitación en los contextos de los pueblos indígenas. 

Recordó, como dato anecdótico, “en las campañas electorales en los años ochenta, las mujeres del campo yucateco no sólo participaban ampliamente, sino que tenían funciones dirigentes; en muchas poblaciones las cabezas políticas de grupos eran mujeres, esto no ocurría en otros lugares, no particularizo porque no tengo conocimientos tan precisos”.

Señaló que hay que valorar casos concretos, a los partidos políticos les toca sentir la realidad en cada espacio y “duele ver el no ejercicio de recursos legalmente obligados a destinar”, entre otras cosas, a la investigación, es decir, no se está pidiendo nada que no se esté financiando ya, y ese dinero se queda.

Destacó el hecho de que cuando una mujer tiene que trabajar dos turnos para a duras penas poder sostener sola a tres hijos-hijas; desde luego, hay mujeres que haciendo enormes sacrificios se incorporan a la política, pero es un factor que inhibe las posibilidades materiales de las mujeres que posiblemente más necesiten incorporarse a la política, de hacerlo. Y eso tiene que ser un factor tenido en consideración a la hora de financiar.

Hay que ver el financiamiento vinculado a la desigualdad porque las oportunidades que, en una sociedad desigual, mujeres en distintas condiciones, tienen de participar políticamente, son también desiguales. El financiamiento tiene que jugar un papel compensatorio de esas desigualdades al interior de las mujeres. Y dentro de esa focalización en el financiamiento llamó a poner de manera muy importante, un foco en los pueblos originarios.

El Conversatorio fue moderado por Graciela Díaz Vázquez, presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales.

Reconocimiento a la diversidad de la sociedad

Enoé Margarita Uranga de la organización Diversidad Equidad Social y Democracia en la conferencia “La inclusión de la diversidad en los procesos electorales” sentenció que “la mejor apuesta es el reconocimiento de la diversidad como uno de los mejores valores de la sociedad”.

Destacó que la auténtica democracia es tener un Estado que reconozca los derechos de su ciudadanía, resaltando las múltiples diferencias que hacen de México un país plural y diverso.

Subrayó la importancia de las acciones afirmativas en materia político-electoral para hacer posible que los grupos históricamente discriminados logren ejercer sus derechos y lleguen a los cargos de elección popular, erradicando los obstáculos políticos, sociales, económicos o culturales que les impiden el goce pleno de sus derechos.

SEM/em/sj

• La iniciativa fue presentada por la diputa Lidia Aguilar Gil del PT
• Necesario que instituciones sean espacios libres de violencia contra las mujeres

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 11 de noviembre 2024.- Para considerar el acoso y hostigamiento sexual por parte de los servidores públicos como faltas graves administrativas, que sean sancionados e inscritos en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares de la Plataforma Digital Nacional, la diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo envió una iniciativa a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Actualmente la ley no contempla el hostigamiento y el acoso sexual laboral como una falta administrativa en los tres tipos (graves, no graves y de particulares). En el apartado de faltas graves solo se considera el cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de la información privilegiada, abuso de funciones, conflictos de interés, contrataciones indebidas, enriquecimiento indebido, simulación, tráfico de influencias, encubrimiento y desacato.

Aguilar Gil menciona que para lograr ambientes laborales igualitarios y equitativos es necesario que las instituciones sean espacios libres de todo tipo de violencia contra las mujeres; por ello, es se deben impulsar políticas de actuación para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, que es la principal forma de violencia que contra las mujeres al desarrollar un trabajo.

En la administración pública federal en 2021, de las 321 denuncias por hostigamiento o acoso sexuales, presentadas por las presuntas víctimas, correspondieron a 276 mujeres, 11 hombres y en 34 casos no se especificó el sexo, reporta la Secretaría de la Función Pública.

De acuerdo con el Informe Anual de Denuncias 2021, la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEPPCI) proporcionó los datos recopilados de las denuncias registradas por los Comités de Ética y los Órganos Internos de Control. En 2016 se registraron 50; en 2017 se incrementó por tres, al reportarse 145 casos; en 2018 llegaron a 211; en 2019 a 274, y en 2020 se registraron 255 denuncias.

La iniciativa que adiciona una fracción I Bis y XVII Bis al artículo 3 y un artículo 64 Quater de la Ley General de Responsabilidades Administrativas define el acoso sexual como cualquier comportamiento físico o verbal de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona; en particular, cuando se crea un entorno laboral intimidatorio, degradante u ofensivo. 

Mientras que el hostigamiento lo define como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; el ejercicio del poder relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Precisa que es el asedio reiterado a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales.

La Ley Federal de Trabajo define y sanciona dichos actos, no obstante, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no se encuentran definidos dichos actos que pueden ser ejercidos por servidores públicos, por ello, que la propuesta pretende introducir los conceptos en dicho ordenamiento y en aras de tener concordancia con el Código Penal Federal y la Ley Federal de Trabajo, se utilicen las mismas definiciones.

Indica la legisladora que el acoso sexual afecta negativamente a la persona trabajadora y al proceso, repercute sobre la satisfacción laboral, aumenta el ausentismo y disminuye el ritmo de trabajo. Tiene consecuencias psicológicas, estrés, ansiedad, depresión, estado de nerviosismo, desesperación, impotencia, y consecuencias físicas como trastornos del sueño, dolores de cabeza, náuseas e hipertensión, entre otros.

SEM/em/sj

• Realizarán el 4º Seminario Internacional de Políticas Públicas de Protección
• Chiapas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Estado de México con más agresiones

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 11 de noviembre 2024.- En México las personas defensoras y periodistas “enfrentan graves riesgos” en los últimos cinco años hubo 103 asesinatos, informaron el Espacio para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (Espacio OSC) y Brot Für Dei Welt (Pan para el Mundo).

Al anunciar el 4º Seminario Internacional de Políticas Públicas de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se realizará los días 13 y 14 de noviembre, señalaron que la discusión se centrará en las buenas prácticas y estrategias que deben adoptar en un plan de acción por parte de los gobiernos federal, estatales y municipales y los tres poderes públicos, para fortalecer las políticas de protección garantizando así el ejercicio pleno de sus derechos.

En un comunicado señalan que en México las personas defensoras de derechos humanos y periodistas enfrentan graves riesgos relacionados con su labor, incluyendo campañas de desprestigio, amenazas, vigilancia, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos.

Entre enero de 2019 y enero de 2024, se registraron al menos 103 asesinatos de personas defensoras y 43 de periodistas, además de siete trabajadoras de medios. De las víctimas mortales, al menos 35 contaban con medidas de protección del Estado, 20 a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. También se reportaron 38 desapariciones, de las cuales 25 fueron resueltas y 13 siguen sin respuesta.

Las agresiones más frecuentes afectan a quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente, especialmente en comunidades indígenas, así como a quienes promueven los derechos humanos de las mujeres, la diversidad sexual y de género, y el derecho a la justicia. Los estados más afectados son Chiapas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Estado de México.

En cuanto a las/os periodistas, el 60 por ciento de las agresiones se concentraron en Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Estado de México y Oaxaca. Los asesinatos se dieron principalmente entre quienes cubren temas policiales y políticos, con un notable aumento de feminicidios desplazamiento forzado de mujeres periodistas.

El Estado mexicano ha desarrollado un marco normativo e institucional para enfrentar estos problemas, incluyendo la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en 2010, y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2012, a través de la cual se estableció el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Asimismo, en 2020 se ratificó el Acuerdo de Escazú, que busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección de las y los defensores del medio ambiente.

Estas acciones han sido importantes para avanzar en una política de protección, sin embargo, persisten retos significativos como la coordinación interinstitucional, la asignación efectiva de medidas de protección, la prevención de la impunidad y el abordaje de la violencia desde una perspectiva de género y enfoques comunitarios.

Estos desafíos fueron documentados en un diagnóstico de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) en 2019 y siguen vigentes.

El Espacio OSC ha facilitado tres espacios de discusión sobre políticas públicas de protección, resultando en los seminarios llevados a cabo en 2018, 2019 y 2023. La cuarta edición del seminario se lleva a cabo coincide con la llegada de un nuevo gobierno federal y la elección de nuevos cargos públicos a nivel de las entidades federativas y municipales.

Este seminario busca reflexionar sobre los logros y fallas de las políticas de protección en México y comparar con experiencias internacionales en países como Brasil, Colombia, Guatemala y Honduras, que guardan ciertas similitudes y permiten un análisis comparativo que refleje mejor el contexto en el que las personas DDH y periodistas desarrollan sus actividades.

El seminario abordará las políticas públicas de protección e investigación, con el objetivo de generar propuestas y buscar esfuerzos conjuntos entre actores de gobierno y personas defensoras y periodistas, para revertir la violencia. Es fundamental considerar no sólo la violencia física, sino también los factores que facilitan u obstaculizan la defensa de derechos, para asegurar que estas personas sean reconocidas como sujetos de derechos y no sólo como objetos de protección.

En el 4º Seminario Internacional de Políticas Públicas de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se busca intercambiar experiencias en el diseño e implementación de acciones interinstitucionales, así como en el monitoreo de políticas públicas a nivel de América Latina. Este intercambio involucrará a instancias de gobierno, actores de la sociedad civil, cuerpo diplomático, medios de comunicación y academia.

Por último, se busca continuar fomentando una masa crítica en relación con el diseño, implementación y rendición de cuentas de políticas públicas de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Este enfoque se basará en los derechos humanos, en la Declaración sobre las personas defensoras de los derechos humanos que fue adoptada por consenso por la Asamblea General en 1998, y adoptará una perspectiva de teoría del cambio.

Participan representantes de instituciones de gobierno, comisiones de derechos humanos, fiscalías, jueces, congresistas, instituciones académicas, cuerpo diplomático, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, colectivos/as de defensa de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, activistas, comunidades y pueblos indígenas, líderes y lideresas sociales.

Destacan Mary Lawlor, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos (Video-Pregrabado), así como las participaciones presencias de Diana Lepe Sánchez, directora ejecutiva, Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz A.C.; Ricardo Neves Cancela, Oficial de Derechos Humanos en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; Piero Vásquez. Secretaría Técnica, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Andreas Zürn, director Adjunto – Goethe-Institut Mexiko, entre otras personas.

SEM/sj

• La propuesta fue presentada por la legisladora del grupo parlamentario del PRI, Verónica Martínez
• La condición de prematura cuando nace vivo antes de 37 semanas de gestación

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 11 de noviembre, 2024.- Acciones como atención, cuidados, detección oportuna y la aplicación de todos los tratamientos necesarios para estabilizar y controlar las complicaciones que presenten las y los nacidos prematuramente hasta su total recuperación, así como la revisión de retina y tamiz auditivo, se busca garantizar a través de una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud.

Turnada a la Comisión de Salud para su análisis, la propuesta de la diputada priista Verónica Martínez García propone reformar los artículos 61 y 64 de dicha ley a fin de que las instituciones de salud pública garanticen la atención médica, insumos y tratamientos necesarios que requieren las y los nacidos de forma prematura.

Estipula que en la organización y operación de los servicios de salud las autoridades sanitarias competentes establecerán los procedimientos y acciones jurídico administrativos que sean necesarios para garantizar la atención médica a los nacidos prematuramente, estabilizándolos hasta su total recuperación, ya sea por sí o en coordinación con instituciones privadas de salud.

En la exposición de motivos, indica que se establecerá la posibilidad de que las instituciones de salud tengan mecanismos administrativos adecuados para satisfacer las necesidades de los prematuros y de sus familias, al estabilizarlos y alcanzar su recuperación.

Menciona que se amplía la cobertura de los servicios médicos sobre todo de las personas con mayor vulnerabilidad y favorece para asegurar plenamente su acceso al derecho a la salud en cumplimiento a lo previsto en la legislación de la materia.

Refiere que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud una o un recién nacido se considera prematuro cuando nace vivo antes de completarse 37 semanas de embarazo.

Estima que la propuesta abonará a salvaguardar los derechos fundamentales de los derechohabientes y a fortalecer al sector público de salud en esta materia.

Otorgar a las instituciones de salud la capacidad de tomar decisiones y poner en práctica acciones preventivas específicas en relación con la atención a los neonatos prematuros contribuiría a fortalecer significativamente la Ley General de Salud, enfatiza.

También, salvaguardará el acceso oportuno y adecuado a la atención médica necesaria para los nacidos prematuros, evitará traslados innecesarios y optimizará la capacidad de respuesta de las instituciones de salud pública.

Además, abonará al fortalecimiento de las medidas orientadas a reducir la brecha de desigualdad que padecen las mujeres, sobre todo las más vulnerables al garantizarles el acceso universal a la salud sexual y reproductiva.

Puntualiza que la propuesta contribuye avanzar y redoblar esfuerzos para que las instituciones de salud pública garanticen la atención médica.

SEM/sj