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El pago de alimentos debe valorarse en forma integral y oficiosa, considerar los cuidados: SCJN

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Se deben analizar las circunstancias concretas de cada y hacer efectivo el principio de proporcionalidad

Dar  atención al principio de igualdad y capacidad de ambos progenitores

Redacción


SemMéxico, Ciudad de México, 31 de diciembre, 2023.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  resolvió que las aportaciones alimentarias del progenitor o progenitora incorporado al hogar  y a sus hijos deben atenderse no sólo con base en las aportaciones monetarias o materiales, sino a los trabajos de cuidado,  indispensables para satisfacer las necesidades de las niñas y niños.

Ello permitirá una adecuada equivalencia de responsabilidades.


En el caso analizado que da lugar al resolutivo, aunque  tres tribunales colegiados de Circuito sostuvieron criterios distintos, un hombre que incorporó a su hogar a una de sus dos hijas solicitó la disminución de la pensión alimentaria que le fue impuesta por considerarla desproporcional, en tanto que a la madre le fue asignada la custodia de ambas.

Un tribunal fijó la pensión alimenticia correspondiente al padre de acuerdo a su posibilidad económica y por ser titular de un bien inmueble, además excluyó como acreedora alimentaria a la madre porque ya percibía ingresos; otro tribunal determinó que al margen de que la madre contaba con un empleo decoroso, ella absorbía gastos imprevistos, por lo que el padre debía cumplir con su obligación alimentaria por su capacidad económica basada en su experiencia profesional y laboral; el último tribunal colegiado consideró que, en atención al principio de proporcionalidad, el monto de alimentos debe fijarse según los ingresos de cada uno de los progenitores, que determinan la capacidad económica de cada uno.

De acuerdo con diversos precedentes de esta Sala, el principio de proporcionalidad resulta clave para la determinación de la obligación en cada caso y se ha entendido como la posibilidad de quien tiene la obligación de dar alimentos y la necesidad de quien debe recibirlos.

La interpretación adecuada de este precepto requiere de evitar la constitución de una obligación injusta y desproporcionada en perjuicio de las partes, por lo que no solamente implica un estudio de la capacidad económica de la persona deudora frente a la necesidad de alimentos de la acreedora, sino que vincula al juez a analizar otras circunstancias concretas de cada caso para hacer efectivo este principio.

De este modo, la Sala resolvió que es obligación de los órganos jurisdiccionales analizar las circunstancias concretas de cada caso para hacer efectivo el principio de proporcionalidad en materia de alimentos.

Ambos progenitores se encuentran capacitados para cuidar de sus hijos e hijas. Por ello, cualquiera de ambos puede cumplir con su obligación alimentaria mediante la incorporación al hogar de su descendiente. Sin embargo, es necesario en atención al principio de igualdad, repartir proporcionalmente estas obligaciones alimentarias, tomando en cuenta no solo las aportaciones económicas sino, como ya se dijo, la valoración del trabajo que se realiza para procurar el bienestar de la parte acreedora.

Además, en la determinación de la capacidad alimentaria debe partirse del principio de que el cuidado de niñas y niños es una obligación común entre los progenitores. Por ello, ninguna de las dos formas para el cumplimiento de la obligación de otorgar alimentos, la incorporación al hogar y el otorgamiento de una pensión alimenticia debe ser entendida en términos absolutos o excluyentes.

Contradicción de criterios 44/2023. Tesis: 1a./J. 97/2023 (11a.) Registro digital: 2027000 Instancia: Primera Sala. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Esta tesis se publicó el viernes 18 de agosto de 2023 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

30 libros| 30 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; Colección Al Faro Zapatista

Sentipensar el legado del movimiento zapatista: 1 de enero de 1994 – 1 de enero de 2024
30 libros – 30 años

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 30 de diciembre, 2023.- El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), en conjunto con la Cooperativa Editorial Retos, la Cátedra Jorge Alonso y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, conmemoran los 30 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con la publicación de 30 libros de bolsillo en el marco de la Colección Al Faro Zapatista.
Esta serie de 30 libros es un homenaje a las mujeres, niñas(os), ancianas(os), otroas y hombres zapatistas en sus más de 500 años de resistencia y sus 30 años de vida pública rebelde desde el levantamiento del 1 de enero de 1994.

La iniciativa fue impulsada por el Grupo de Trabajo CLACSO «Cuerpos, territorios, resistencias» y más de medio centenar de trabajadorxs de las Ciencias Sociales, activadas activistas de México, América Latina, E.U., Europa Insumisa y Asia. Los libros muestran por qué, dónde y cómo el zapatismo ha sido el faro para muchos y muchas habitantes del planeta Tierra. Un faro en medio de La Tormenta provocada por lo que en 2017 las mujeres zapatistas nombraron como el “sistema capitalista machista y patriarcal”, alimentada por el racismo y la “cisheteronormatividad”, como le llaman las diversidades sexuales en movimiento y re-existencia.

La colección se encuentra disponible para su descarga gratuita en acceso abierto a través de la Librería Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales de CLACSO, en la sección Producción editorial de los Centros CLACSO.

Editores
CLACSO
Cooperativa Editorial Retos
Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias
Cátedra Jorge Alonso
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara
Colección Al Faro Zapatista
Descarga el libro en acceso abierto haciendo click en la tapa

Garantía a la política nacional para lograr la paridad en cargos públicos o de elección popular.

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DOF publica decreto que reforma el artículo tercero de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

La reforma entró en vigor este sábado 30 de diciembre

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 30 de diciembre, 2023.-El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este viernes, en su edición matutina, un decreto por el que se reforma el artículo tercero de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El documento tiene como objetivo armonizar el concepto de representación equilibrada, a fin de que la política nacional oriente parte de sus metas y acciones a lograr la paridad en cargos públicos o de elección popular.

La reforma fue avalada en el Senado de la República el 14 de noviembre de este año, y en la Cámara de Diputados el 28 del mismo mes.

El precepto, ya con modificaciones, queda de la siguiente manera:

Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, género, color de la piel, embarazo, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, lengua o idioma, situación migratoria, orientación sexual, condición social o económica, situación familiar, responsabilidad familiar, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela.

La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y demás aplicables en el ámbito federal, en su caso, por las Leyes aplicables de las Entidades Federativas, que regulen esta materia.

En su único artículo transitorio se señala que el decreto entrará en vigor mañana sábado 30 de diciembre.

Millonaria demanda NYT a creadores de IA por derechos de autor

Edgar González Martínez  

SemMéxico,  Ciudad de México,  30 de diciembre, 2023.- La demanda de The New York Times contra OpenAI y Microsoft, acusándolos de violación de derechos de autor debido al uso de millones de artículos del periódico para entrenar modelos de inteligencia artificial, está causando gran revuelo mundial. La denuncia sostiene que tanto OpenAI como Microsoft han replicado extensivamente el contenido del Times para alimentar sus modelos de lenguaje, entre ellos, ChatGPT y Copilot, logrando resultados que imitan minuciosamente el estilo expresivo y el contenido específico del periódico.

En realidad, existen dos vertientes en esta demanda: la del derecho de autor y la estrictamente comercial. Hoy, todo escrito, idea, argumento literario fotográfico, vestuario y cualquiera de sus sinónimos, está protegido por la ley de autor. Y por supuesto que cualquier violación a sus derechos de autor además de estar protegidos por la ley, también socava sus ingresos que están sustentados en suscripciones, licencias, publicidad y, en general, de ingresos hoy por hoy tan escasos como peleados por las empresas que producen contenidos.

Y es que, en este caso, no solo se violan los derechos de contenido, sino hasta el modo de presentar las noticias. No hace mucho, fuimos testigo de la primera presentadora de noticias totalmente robótica; se trataba de un maniquí de plástico que leía noticias sin descansar, hora tras hora, día tras día, sin siquiera aceitar sus partes o recibir una palmadita en su dura cabeza. Esta mujer robot hablaba como habla una famosa presentadora de noticias; se reía o sonreía como otra famosa presentadora de noticias; cerraba un ojo como otra famosa presentadora de noticias, y así, poco a poco se fueron identificando docenas de presentadoras de noticias. ¿Esto, es una violación al derecho de autor? Bueno, el primer argumento para ganar un juicio es que la autoría debe registrarse ante la ley respectiva, de lo contrario cae en el llamado “dominio público”.

La demanda, ventilada por Expok, anuncia que podría ser la demanda no del siglo sino de toda la humanidad, enmarcada no solo en una multimillonaria danza de miles de millones de dólares, sino de ser el parteaguas entre la vida ordinaria y la inteligencia artificial, esto es, limitar o expandir el futuro de la humanidad.

En noviembre la creación de empleos formales inscritos ante el IMSS fue de 911 mil.

En noviembre de 2023, y acorde a cifras oficiales, la población económicamente activa (PEA) en México fue de 59.8 millones de personas de 15 años y más, de las cuales se emplearon 58.2 millones (31.8 millones en la informalidad) y se mantuvieron desocupadas, o que no laboraron cuando menos una hora, 1.6 millones. Respecto a noviembre de 2022 el número de personas empleadas creció en 911 mil. Por su parte, las personas subocupadas, es decir aquellas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4.8 millones o un 8.2% del total de personas empleadas. Adicionalmente, la tasa de desempleo, medida como la población desocupada entre la PEA, fue de 2.8%, 0.2 puntos porcentuales por debajo de la observada en noviembre de 2022, según cifras ajustadas por estacionalidad. Derivado del huracán Otis se postergó la captación de información a través de encuestas en hogares, como es el caso de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el estado de Guerrero. Los datos a noviembre de 2023 no incluyen dicho estado y el comparativo de noviembre de 2022 tampoco los considera para hacer las cifras comparables.

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A 16 meses de su desaparición en Oaxaca,  “ni rastro” de Dulce Rocío Morales Peralta

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Patricia Briseño

SemMéxico, Oaxaca,  Oax., 30 de diciembre, 2023.-  Al cumplirse más de un año de su desaparición, familiares y amistades de la ambientalista mixe Dulce Rocío Morales Peralta, de 24 años de edad, compartieron la ficha de búsqueda de la joven cuyo paradero se desconoce luego  de ser vista por última vez  el 26 de agosto de 2022 en la Central de Autobuses de Segunda Clase en esta ciudad.

La joven, originaria de San Isidro Huayápam, perteneciente al municipio de Santa María Alotepec, región Sierra Norte, es de complexión delgada, estatura de 1.49 metros, tez clara, ojos grandes color café y cabello largo negro a la altura de las rodillas.

La ambientalista se desempeñó como promotora comunitaria local para un proyecto ejecutado por la organización Rainforest Alliance, en el proyecto Mecanismo Dedicado Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales MDE México.

Además, colaboró en un proyecto con la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO).

De acuerdo con los familiares, la chica habría viajado a cursar estudios de cosmetología en la Universidad Kilei, en Monterrey, Nuevo León, cuyo primer contacto lo mantuvo en línea, durante la pandemia.

En su momento, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), informó que la desaparición de la ambientalista fue reportada 11 meses después de su desaparición en la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas.

Por último, según versiones de sus cercanos, Morales Peralta podría ser víctima de trata de personas debido a que siempre se reportaba en donde estuviera.

“Ella ( Dulce) nos llamaría, sabe que nos preocupamos por ella”, apuntó su hermana.

En riesgo acceso a la justicia para familia de Claudia Uruchurtu a 19 meses de su desaparición

La familia dice: “tenemos derecho a conocer la verdad” y protesta por el control del caso desde el ejecutivo de Oaxaca

Tortuosa la justicia, a pesar de ser el primer caso vinculado a proceso en Oaxaca, nada está claro

Sara Lovera *

SemMéxico, Oaxaca, Oax., 30 de diciembre, 2023.- Claudia Uruchurtu Cruz  una activista que tenía 47 años cuando fue víctima de desaparición,  vivía con su madre e hijo en Nochixtlán, Oaxaca. La familia pide saber la verdad, este fin de año y 19 meses desde que está desaparecida y anuncia que impugnará el procedimiento, porque no hay justicia.

El viernes 26 de marzo de 2021, Claudia Uruchurtu participó en una manifestación frente al edificio del ayuntamiento de Nochixtlán, Oaxaca en la que se exigía la liberación de un prestamista del ayuntamiento que había sido golpeado y detenido por autoridades. 

Durante la manifestación, diversos testigos observaron cómo varios sujetos se llevaron de forma violenta a Claudia forzándola a subir a una camioneta de color rojo. Desde entonces está desaparecida.

Hoy la familia de Claudia, que ha estado durante 19 meses  al pendiente afirma que a pesar de acciones que parecía que el caso tuvo consecuencias positivas,  al señalar responsables de la desaparición, advierte que  el compromiso por garantizar la justicia queda a la deriva y bajo el control del poder ejecutivo para definir la responsabilidad o no de las personas sentenciadas. En un comunicado precisa lo torcido del juicio.

La historia

El activismo de Claudia inició con la tarea de regularizar la situación legal de las propiedades familiares, cuando se dio cuenta de los problemas agrarios en la región.

“El caso de Claudia es el primer caso en el estado de Oaxaca en el que se logra la vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada y es de suma relevancia por ser en contra de autoridades municipales en funciones”.

Claudia Uruchurtu tenía 4 años denunciando actos de corrupción y se había involucrado en la defensa de pobladores de Nochixtlán, ante constantes abusos y extorsiones de las autoridades municipales.

La población carecía de los servicios más básicos, como drenaje y calles pavimentadas. Ya con la pandemia, Uruchurtu denunció que la alcaldesa Huerta había utilizado recursos destinados a combatir la covid-19 para financiar su reelección en las votaciones. Alcaldesa hoy vinculada al crimen.

Derivado al activismo de Claudia, iniciaron una campaña de desprestigio, la intimidación de la que fue víctima escalonó hasta sufrir agresiones físicas y amenazas a ella y su hijo. Finalmente fue desaparecida y hasta ahora no hay justicia, no se le ha localizado, hay sentenciados por desaparición forzada, pero ella no está. La familia acusa de ser víctimas indirectas y advierte que no dejará de luchar.

La familia advierte

Este 29 de diciembre, la familia de Claudia emitió un comunicado que a la letra dice: El 15 de diciembre de 2022, significó un día especial para el sistema de justicia en el Estado de Oaxaca y una luz de esperanza de justicia para nuestra familia, ya que se daba a conocer la sentencia condenatoria en contra de Lizbeth Victoria Huerta, expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, y de otras 3 personas más, por su responsabilidad en la desaparición forzada de nuestra hermana Claudia Uruchurtu Cruz.


Con la sentencia percibimos que se daba un paso fundamental para evitar la impunidad en el caso de nuestra hermana, esto a pesar de las terribles vejaciones e intimidaciones de que fuimos objeto durante las audiencias, ya que nuestros derechos como víctimas fueron puestos en segundo plano, explicaron en un comunicado.


No obstante de existir una sentencia condenatoria, decidimos interponer un recurso de apelación porque consideramos que la Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento, Licenciada María Teresa Quevedo Sánchez, no había considerado elementos fundamentales para una justicia integral, incluyendo: la responsabilidad por el delito de desaparición forzada de la expresidenta municipal, el reconocimiento pleno de la calidad de defensora de derechos humanos de Claudia, y la inclusión del enfoque diferenciado y con perspectiva de género, al ser nuestra hermana mujer, hija y madre.


Durante un año, los magistrados Luis Enrique Cordero Aguilar, Alejandro Magno González Antonio y Arturo Lázaro León de la Vega evitaron entrar al estudio de fondo de los agravios expresados por nosotras.


Finalmente, la semana pasada, una resolución fue emitida por los magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca sobre la cual la familia de Claudia Uruchurtu Cruz queremos hacer las siguientes precisiones y señalamientos:

  1. La sentencia de segunda instancia fue emitida el día 13 de diciembre de 2023 y notificada el día 15 de diciembre de 2023, justo al inicio del periodo vacacional del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, un año después de la sentencia de primera instancia y el último día del periodo como presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, del Doctor Eduardo Pinacho Sánchez.

Esto sin duda marca un momento donde el compromiso por garantizar la justicia queda a la deriva y bajo el control del poder ejecutivo para definir la responsabilidad o no de las personas sentenciadas.

B) Durante el procedimiento penal fuimos todas las victimas indirectas reconocidas plenamente, por así haberlo solicitado. También fuimos representadas por nuestros asesores jurídicos y la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, consideramos que la afirmación realizada por los magistrados al respecto de que la sentencia escrita no incluye a la totalidad de quienes somos víctimas indirectas, solo es una excusa para contribuir a la impunidad del delito de desaparición forzada de nuestra hermana Claudia Uruchurtu Cruz.

C) Los plazos señalados por la ley sin duda representan una guía para la actuación de los juzgadores y para garantizar una justicia pronta y expedita; sin embargo, en el caso de nuestra hermana, resulta ilógico que por un plazo de 24 horas que se dejó de observar por la Jueza María Teresa Quevedo Sánchez, se lleve la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca un año para resolver una apelación sin entrar al estudio de fondo de los agravios que expresamos.

Con esta resolución que consideramos ilegal y que fuera emitida en segunda instancia, se deja de lado por completo el principio de la tutela efectiva, la cual se traduce en la posibilidad real de que las víctimas podamos acceder a la justicia, mediante tribunales previamente establecidos, quienes deberán en todo momento asegurar el derecho a la verdad y sancionar conductas que la Ley señale como delitos, evitar dilaciones y entorpecimientos indebidos que permitan la impunidad.


D) Al ordenar la reposición de todo el procedimiento desde la audiencia de debate, consideramos que los magistrados, nos revictimizan y fallan en realizar una ponderación conforme a los estándares internacionales y en garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación, por la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz. La Ley prevé la posibilidad de subsanar omisiones y deficiencias y no necesariamente reponer todo el procedimiento, como ahora lo plantean los magistrados.

En otras palabras, debe en todo momento privilegiarse no sacrificar la justicia solo por cuestiones de formalidad.


Les anunciamos que estaremos en próximos días recurriendo a los tribunales federales para impugnar esta resolución de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y les pedimos estar atentos y atentas a lo que siga ocurriendo.


Finalmente, solo nos resta decir que tenemos el derecho a conocer la verdad de lo sucedido, también a que se nos administre justicia, no avalaremos actuaciones jurisdiccionales que atenten contra los derechos de las víctimas de desaparición forzada, no permitiremos que se construya un camino hacia la impunidad, no permitiremos el desprecio jurisdiccional por los derechos humanos, al contrario seguiremos exigiendo justicia por todos los medios posibles hasta encontrar a nuestra hermana Claudia

*Con información de Lupita Thomas, directora de Quadratín Oaxaca

Levantan la huelga y los campamentos huelguistas de Notimex, tras 46 meses de conflicto

La huelga fue sostenida en 80 por ciento por mujeres periodistas de la extinta agencia informativa del Estado Mexicano

El cierre de Notimex, luego de 55 años, no dejó a los trabajadores sin sindicato, este se transforma par defender a periodistas y comunicadores, se anunció

Sara Lovera

SemMéxico, Ciudad de México, 29 de diciembre, 2023.- En un acto estremecedor a las 16:40 de este 29 de diciembre  trabajadores y trabajadoras de la extinta Notimex, desprendieron las banderas de huelga, tras  mil 408 días de lucha por sus derechos laborales,  “sin derrota” pero bajo protesta,  dijo Adriana Urrea Torres.

Paralelamente se levantaron los 3 campamentos, donde sostuvieron el movimiento, con el apoyo de numerosas organizaciones, pero sostenida jurídicamente por el Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana, desde donde se llevó a término la negociación, los acuerdos y la liquidación.

La dirigente que encabezó una de las huelgas de mayor duración en la historia obrera de México,  anunció con voz entrecortada, que al menos 100 trabajadores y trabajadoras, fueron liquidados la mañana de este viernes, de acuerdo con la ley “esa fue la condición para levantar la huelga”.

Enseguida anunció que  el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, SUTNOTIMEX no desaparece,  se transforma en un sindicato de industria  “para la defensa de las y los trabajadores de los medios de comunicación”.

También informó que las y los huelguistas, ahora liquidados de acuerdo a su Contrato Colectivo y los derechos individuales,  lanzarán  una nueva empresa periodística para hacer visibles las luchas obreras y las de las mujeres, que podría ser una cooperativa.

Dijo que las trabajadoras, 80 por ciento quienes sostuvieron el movimiento, ya hablaron con las dos precandidatas a la presidencia de la República para exigirles que el próximo gobierno enderece la política laboral del país, puesto que el ejemplo de lo sucedido en Notimex es uno entre cientos, donde las y los trabajadores son ilegalmente tratados.

Habló a decenas de periodistas que estuvieron en el campamento desde las 13 horas y en  presencia de sindicatos, líderes sociales  y partidos políticos, quienes apoyaron la huelga que “se bajó el telón”, de una de las empresas autónomas del Estado, con el pretexto de que en el sindicato había corrupción, pero que hasta ahora nada se ha probado y en cambio “violaron nuestros derechos laborales, nuestros derechos humanos y fuimos perseguidos, amenazados”.

Emocionada, pero firme agregó que “perdimos 3 años 10 meses de salario, seguridad, algunas vidas por falta de atención médica, pero no nuestra dignidad”.

Afirmó que desaparecer, por decreto, por encima de la ley, a Notimex es resultado del pésimo desempeño de San Juana Martínez Montemayor, una periodista  directora que desde 2020 violó el Contrato “ que gastó el presupuesto de Notimex, asignado por la Cámara de Diputados durante 2020,2021, 2022 y 2023, sin que la agencia haya trabajado, y que no se explica, por lo que  “exigimos auditoría, justicia y que esto no quede en la impunidad”

En conferencia de prensa, en el campamento de Baja California 200, de la colonia Roma, en medio de consignas y aplausos, Urrea Torres,  afirmó que esta huelga es un hecho sin precedentes, cuya experiencia servirá a las y los trabajadores de los medios, los profesionales más precarizados del país.

Por ello al convertir a Sutnotimex en un sindicato de industria, en el ramo de la comunicación y el periodismo, podrá apoyar al gremio, pero no solamente, adelantó, a muchas personas trabajadoras campesinas, obreras en general, para  trabajar por una nueva política laboral.

En el mismo sentido, la empresa que pretenden levantar será una empresa de comunicación que haga visibles la problemáticas de las y los trabajadores, que están ocultas en la información cotidiana. Hay muchos conflictos que no se ven, no se conocen, dijo.

Dijo también que  la decisión del presidente Andrés López Obrador de cerrar la empresa del estado que 55 años informó al mundo sobre México, fue una decisión que lesionó al Estado, violó los derechos humanos de más de 300 trabajadores y trabajadoras y se fundó en la mentira de que ahí había corrupción y mal desempeño profesional. “Una mentira”.

“Nada de eso, se pudo probar y en cambio desde el principio se violó el derecho de huelga y sistemáticamente se negó el diálogo y la negociación.”

Rechazó  completo el argumento que Notimex cumplió la misión por la que fue creada y que sea sustituida por la conferencia mañanera, pues la labor de la paraestatal fue  más allá de la comunicación oficial que ejerce el presidente y su equipo de comunicación social todos los días.

Explicó   que las y los trabajadores buscaron por distintas vías defender su  fuente de empleo, sus derechos laborales y humanos vulnerados por Martínez Montemayor y su equipo de trabajo para encontrar una solución al conflicto y posteriormente revertir la decisión del titular del Ejecutivo Federal. “No se pudo”, expresó.

Lamentamos profundamente, que como solución al conflicto laboral originado por la pésima gestión de Sanjuana Martínez, el gobierno federal decidiera extinguir el organismo autónomo y ante este escenario, “exigimos que se cumpliera  con los procesos previstos para resarcir las violaciones a los derechos de los trabajadores en materia colectiva e individual.”

Todavía quedan pendientes algunos ajustes, lo que depende del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado  responsable de liquidar al organismo descentralizad,  responsable también   cuidar los bienes públicos y garantizar el pleno respeto a los derechos de las y los trabajadores.

En la conferencia aprovechó para agradecer el apoyo que esta huelga de 46 meses tuvo, tanto en México como en el ámbito internacional.

El beso símbolo de dominación en Roma

Foto: iStock / irisphoto2

Lejos de requerir su consentimiento, las mujeres romanas estaban obligadas a besar en la boca a sus maridos, padres o hermanos si así lo solicitaban para probar su decencia ante ellos.

Abel G.M.*

SemMéxico/National Geographic, Washington D. C., Estados Unidos,29 de diciembre, 2023 .- En Roma, siglo I a.C. Tras una mañana de trabajo en los tribunales, el magistrado Marco Quincio Flaminino (personaje ficticio) vuelve a su casa. Su esposa lo recibe con un beso en la boca, al que él responde con un gesto de aprobación, no tanto por el afecto de su mujer, sino porque gracias a eso ha podido comprobar que ella no ha bebido vino en su ausencia, algo imperdonable para una buena matrona romana.

El Ius osculi o derecho de beso permitía al marido y familiares cercanos de una mujer «honesta» besarla en la boca para asegurarse que no había bebido vino.

Flaminino ha hecho uso de un derecho establecido por ley: el Ius osculi o derecho de beso. Este establecía que no solo el marido, sino el padre, hermanos y primos de una mujer «honesta» tenían derecho a besarla en la boca para asegurarse que su aliento no olía a vino.

El consumo de esta bebida estuvo prohibido a las mujeres durante gran parte de la historia de Roma: se consideraba que podía inducirlas al adulterio e incluso que tenía propiedades abortivas.

Prohibido beber vino

La prohibición era severa: una mujer que diera “positivo” en esa dudosa prueba de alcoholemia podía ser repudiada o castigada por su marido –o en ausencia de este, por sus familiares directos– sin necesidad de un juicio público: la desdichada podía ser encerrada en una habitación, apaleada o incluso asesinada impunemente, ya que la palabra de su tutor legal bastaba como prueba. Sin embargo, raramente se llegaba a tales extremos y el encierro en casa se consideraba castigo suficiente.

El solo hecho de encontrarla en posesión de las llaves de la bodega o de haber estado ausente sin compañía de un miembro masculino de la familia bastaba para despertar las sospechas. La ley establecía que el derecho al beso podía y debía observarse cada día. Eso no significa que lo ejercieran siempre, aunque los maridos más conservadores querrían comprobar la honestidad de su mujer cuando volvían de trabajar.

Varios historiadores de finales de la República y principios del Imperio mencionan este derecho, que según la tradición habría sido establecido por Rómulo, el fundador de Roma. Estuvo vigente como mínimo hasta el reinado del emperador Tiberio (14-37 d.C.), el cual intentó prohibirlo o como mínimo limitarlo a los casos en los que existiera la sospecha fundada de que la mujer había estado bebiendo. El motivo fue más práctico que moral, pues la costumbre de besarse cada día con diversos parientes favorecía la transmisión de enfermedades, especialmente el herpes.

La costumbre de besarse cada día con diversos parientes favorecía la transmisión de enfermedades, por lo que el emperador Tiberio intentó prohibirla.

La prohibición solo valía para las mujeres consideradas honestae, es decir respetables. Un mundo aparte eran las llamadas probrosae, las “desgraciadas”, un término que engloba todas las ocupaciones que los romanos no consideraban respetables en una buena mujer: prostitutas, bailarinas, actrices, cantantes o camareras, entre otras.

* Periodista especializado en historia, paleontología y mascotas

para saber más

Reconoce Oaxaca ataques con ácido como violencia física contra mujeres

La reforma aborda consecuencias de los ataques, como ceguera, cicatrices permanentes y repercusiones sociales.

En 2022 se registraron más de 100 casos, según la Fundación Carmen Sánchez

Sara Lovera *

SemMéxico, Oaxaca de Juárez, 29 de diciembre, 2023.- El Congreso de Oaxaca aprobó este 27 de diciembre  una reforma que reconoce los ataques con ácido como forma de violencia física contra las mujeres.

Se modificó la fracción II del  artículo 7 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género  y fue respaldada con 31 votos a favor.

“Quedó establecido en el marco jurídico que la violencia física contra las mujeres es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto, sustancia ácida (…) o cualquier otro agente químico que pueda provocar lesiones”, estableció el pleno de la LXV Legislatura del Congreso.

El Congreso detalló que los tipos de ácidos más usados para dicha práctica son el sulfúrico, el nítrico y el hidroclórico. Además, señaló que traen consigo consecuencias graves para las víctimas como la ceguera, cicatrices permanentes en el cuerpo y problemas sociales, psicológicos y económicos.

En un comunicado, el órgano explicó que los ataques con ácido ocurren mayormente cuando las mujeres tienen entre 20 y 30 años y en la mayoría de los casos los agresores son sus parejas o exparejas.

El Congreso definió el ataque como el lanzamiento intencional de ácido o sustancias corrosivas con el propósito de desfigurar, mutilar, torturar o asesinar a una mujer.

“Debido a este tipo de agresión contra las mujeres, el Congreso de Oaxaca reformó la ley a fin de que este tipo de violencia no quede impune“, indicó.

Los ácidos más comúnmente utilizados en estas agresiones son el sulfúrico, nítrico y clorhídrico, conocidos por provocar lesiones severas.

Las víctimas de dichos crímenes enfrentan un camino complicado hacia la recuperación, no solo físico sino también en términos económicos, psicológicos y sociales, ya que estas agresiones tienden a ser perpetradas por conocidos o parejas sentimentales.

Mural en donde se protesta por los ataques con ácido hacia mujeres. Foto: cortesía Fundación Carmen Sánchez MX

La legislatura de Oaxaca demuestra con esta decisión su compromiso con la protección de las mujeres y su bienestar, estableciendo un marco jurídico que no solo define y reconoce la gravedad de los ataques con sustancias corrosivas, sino que también sienta las bases para una mayor protección legal y medidas de prevención más efectivas contra este tipo de violencia.

En 2020, Oaxaca marcó un precedente al ser el pionero entre las entidades federativas de México en tipificar un delito específico para combatir la violencia ácida, conocido como Alteraciones a la Salud por Razón de Género. Para este delito, en Oaxaca la ley establece sanciones que van desde los 20 hasta los 40 años de cárcel para los responsables de tales actos.

Hasta ahora solamente en  Oaxaca se  sanciona la violencia ácida como delito autónomo. Mientras que seis entidades más la incluyen en su Código Penal como agravante del delito de lesiones, estas son: CDMX, Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo y el Estado de México.

En Oaxaca, desde hace 3 años fue  la primera entidad en sancionar la violencia ácida por medio del delito Alteraciones a la Salud por Razón de Género, el cual comprende daños por medio del uso de un agente físico, químico o sustancia corrosiva.

En el artículo 412-A del Código Penal de Oaxaca, se considera que existen razones de género, cuando se presente indistintamente alguna de las siguientes circunstancias:

Que la alteración o daño haya sido cometida por desprecio u odio a la víctima motivado por discriminación o misoginia.

Que existan indicios o datos de violencia de cualquier tipo y ámbito en contra de la víctima por parte del sujeto activo, anterior o posterior a la conducta.

Que existan datos de acoso u hostigamiento sexual en contra de la víctima por parte del sujeto activo, anterior o posterior a la conducta.

Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad.

Además, se señala que se impondrá de 20 a treinta  años de prisión y multa de quinientas a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, si entre el activo y la víctima exista o haya existido una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, civil, matrimonio, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o una relación similar, laboral o docente.

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La pena prevista podrá incrementarse en dos tercios de la mínima a dos tercios de la máxima cuando:

La conducta del sujeto activo cause destrucción de cualquier función orgánica de la víctima.

Cuando la conducta del sujeto activo cause deformidad o daño permanente, pérdida parcial o total de la función anatómica de la víctima.

Cuando la conducta el sujeto activo cause deformidad incorregible en el rostro de la víctima.

Es así como la entidad tipificó el delito luego de la agresión perpetrada en 2019 en contra de María Elena Ríos Ortiz, saxofonista de entonces 26 años de edad.

Sin embargo, los Códigos Penales del resto de las entidades no están adecuados para clasificar y sancionar este tipo de violencia en específico, la cual, de acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez, ha dejado muchas  víctimas. 

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Esta nueva  reforma sigue a un registro de 20 casos reportados de ataques con ácido a mujeres en México hasta diciembre de 2020, siendo 2018 el año con el mayor número de agresiones, al registrarse siete y en 2019 ocurrieron tres actos de este tipo de violencia. En 2018,  se registraron siete ataques. 

La Fundación Carmen Sánchez, que comenzó en 2021 a exponer el problema de los ataques con ácido en México, dice que los datos de salud del gobierno de 2022 sugieren que más de 100 mujeres fueron atacadas con productos químicos o algún tipo de agente corrosivo.

La Fundación Carmen Sánchez, que comenzó en 2021 a exponer el problema de los ataques con ácido en México, dice que los datos de salud del gobierno de 2022 sugieren que más de 100 mujeres fueron atacadas. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

La Ciudad de México y Puebla son las entidades con más incidentes reportados, sumando cinco casos cada uno; a estos les siguen el Estado de México con tres; Aguascalientes, dos; e Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, un caso en cada uno.

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*Con información del Congreso de Oaxaca y SemMéxico

Colectivas feministas piden al  Gobierno de Quintana Roo y a los órganos autónomos dejen atrás la simulación.

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Quintana Roo tiene cifra récord en violencia contra las mujeres

Redacción

SemMéxico, Othón P. Blanco, QRoo, 29 de diciembre, 2023.-  Al finalizar 2023 la Red Feminista Quintanarroense, constituida por más de 20 colectivas, inició esta última semana una intensa campaña señalando los pendientes del gobierno para cumplir con los mandatos internacionales, la ley nacional y la Alerta de Violencia de Genero, señalando que el gobierno local no cumple.

Este viernes llama la atención de los organismos constitucionales autónomos: Derechos Humanos Quintana Roo. Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, el  IDAIPQROO, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, al Instituto Electoral De Quintana Roo, a la  Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, al  Ayuntamiento de Othón P. Blanco y al l Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, para que atiendan la violencia contra las mujeres y enderecen acciones punitivas realmente ejemplares.

Preocupa a las colectivas que no disminuye la violencia contra las mujeres, sólo de enero a septiembre de este año, en Quintana Roo se contabilizaron 36 mil 582 casos de mujeres víctimas de violencia, cifra récord a nivel estatal. El problema se agrava en puntos como los asentamientos irregulares de Cancún, donde son escasos la seguridad y los servicios públicos.

Por ello la Red demanda que en todos los espacios, el hostigamiento y/o acoso, ya sea laboral o sexual, debe sancionarse  ejemplarmente.

Explica que se  requiere una legislación que respalde dichas sanciones; mecanismos pertinentes y no revictimizantes; protocolos que realmente funcionen; medidas de protección inmediatas para quienes decidan levantar la voz; personal con la sensibilidad, empatía y enfoque idóneo para recepcionar, investigar y sancionar; instituciones que no encubran a las y los agresores.

No basta con solo cambiar de área de trabajo a quienes cometen este tipo de violencia o de dar soluciones laxas a las víctimas. Las y los agresores deben ser eliminados de cualquier dependencia u organismo del Estado o Municipio.

Exigimos congruencia y no solo soluciones o discursos vacíos, dicen y señalan que las víctimas no deberían necesitar acudir a una Colectiva Feminista para lograr defender sus derechos. Los mecanismos efectivos deberían existir en las instituciones.

La campaña dice que ¡No tendrán nunca más la comodidad de nuestro silencio!  #AccionesNoSimulaciones, #NuncaMásSinNosotras. #RedFeministaQuintanarroense

Antecedentes

Quintana Roo es la entidad con más casos de violencia contra mujeres en todo el país en 2022, por encima de Chihuahua, Guerrero o Veracruz. Además, Cancún es el municipio con más reportes de delitos cometidos contra mujeres, especialmente en sus asentamientos irregulares, sin que existan programas específicos para atender el problema, de acuerdo con un cruce de datos de una docena de organismos públicos y documentos oficiales.

De enero a septiembre se registraron 36 mil 582 casos de mujeres violentadas en Quintana Roo, según el Banco Estatal de Datos de Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim).

 Por casos, explica Carmen Torres, la encargada de alimentar esta base de datos, se deben entender las denuncias interpuestas o los servicios solicitados a alguno de los 11 organismos públicos estatales y municipales que atienden a mujeres violentadas, ya sea por primera vez o reincidencia, es decir, mujeres que fueron violentadas en dos ocasiones o más durante el periodo de referencia.

La tasa arroja casi 3 mil 971 casos por cada 100 mil habitantes, que es cuatro veces la obtenida por Nuevo León, la segunda peor entidad para las mujeres este año.

Hay un repunte de casos en el último trienio, especialmente a partir de la pandemia por COVID-19. Si en 2013 se registraron poco más de 2 mil casos en toda la entidad, para 2019 fueron casi 11 mil, 2020 terminó con 24 mil 515, 2021 con 31 mil 455 y 2022 ya tiene en tres trimestres más de 36 mil casos, la más alta jamás registrada.

“Mucho de lo que pasó en la pandemia es que las mujeres quedaron encerradas con sus agresores. También, el impacto sobre la salud mental en general fue intensísimo. No solo por los duelos y las muertes, sino también por lo que implica desconocer lo que va a pasar, la incertidumbre, que es durísima; perder condiciones de estabilidad como el trabajo y la merma económica. Y luego también todo lo impactante que fue convivir con las personas de casa 24/7 sin escapatoria”, señala Vanesa González-Rizzo Krasniansky, presidenta de Derechos Autonomías y Sexualidades (DAS Cancún), organización feminista que trabaja temas de violencia y derechos sexuales y reproductivos.

Para Cancún, el Baesvim registró 13 mil 568 casos en 2019, 16 mil 227 en 2020 y 13 mil 914 en 2021. En 2023, se registran ya 19 mil 355: un nuevo récord histórico.

Esto quiere decir que seis de cada 10 casos de violencia hacia mujeres en Quintana Roo (57.6%) han ocurrido en Cancún, el destino turístico de playa más importante de México. Las violencias psicológica, física y sexual han sido las más comunes. 

A decir de Celina Izquierdo, docente en la Universidad del Caribe (Unicaribe), decana en el movimiento feminista de Cancún, esta violencia no solo ha aumentado en incidencia, sino que se ha vuelto más cruenta y letal.

En 2009, Izquierdo y otros investigadores publicaron el primer Atlas de incidencia delictiva, con enfoque particular en la violencia de género. “Se basó en los casos que llegaban al DIF, que era la única instancia que atendía violencia contra la mujer.

 Sacábamos de expedientes hoja por hoja y registrábamos quién era la persona, su origen, violencia, etcétera. En ese entonces se estilaba muchísimo golpes con la cacha de los machetes, en las piernas, brazos, y también lesiones con cuchillos, que son instrumentos de uso doméstico. Pero luego fuimos viendo cómo se empezaba a transformar a armas de fuego y violencia física más aguda. Cambió de tener miedo a los golpes a temer por perder la vida”, recuerda Izquierdo.

Lo dicho por la especialista tiene eco en lo reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): de enero a septiembre se registraron 10 feminicidios en Quintana Roo. Por su parte, el Baesvim informa que en los mismos meses hubo 133 mujeres víctimas de la delincuencia organizada y otras 71 carpetas por desaparición de mujeres.

Adicionalmente en esta entidad se identificaron a nueve hombres que no pueden ocupar cargos públicos en las elecciones generales que ya están inscritos en el Registro Estatal de violentadores en razón de género.

Según el registros del Instituto Electoral de Quintana Roo, son Cristian Alberto Ojeda Chuc, Ángel Antonio Ortiz Franco, Merced Ortiz Maya, Carlos Antonio Mimenza Noverlo, Luis Gamero Barranco, Luis Manuel May Alcocer, Grecia de la Rosa, María Pisté y Danna Ramírez. Se anunciaron  sanciones, pero sigue en discusión, y sus defensas dicen que no es claro que estén inscritos en el Registro.

Rosalía de Castro: de poesía y posicionamientos

La poeta feminista gallega es considerada una figura fundamental de la literatura del siglo XIX, a pesar de no haber sido reconocida en su época por ser mujer

Murió a los 48 años de edad, de un cáncer cérvicouterino, fue enterrada en el panteón de gallegos ilustres

Norma G. Escamilla Barrientos*

SemMéxico, Ciudad de México, 29 de diciembre, 023.- Una mujer nacida en 1837 en Padrón, un pueblo cercano a Santiago de Compostela, poetisa y novelista gallega que escribió en su lengua originaria y en castilla como dicen es España. Oficio que en su época, no era tan accesible para las mujeres, debido al conservadurismo y a los estereotipos familiares que les asignaban.

Sin embargo, pese a todo pronóstico y a su preparación, Rosalía de Castro logró en muchos sentidos, posicionarse como poeta, feminista, ícono de moda y con gran valía a su palabra, tanto, que fue considerada junto con Gustavo Adolfo Bécquer precursora de la poesía moderna en España. Así también, su pluma y perspectiva, aportó al movimiento de resurgimiento de la cultura gallega, del cual formó parte de manera activa, junto a otros intelectuales. 

Los reconocimientos que Rosalía de Castro logró sumar a su obra, y que nunca se imaginó, fue que la plataforma de Google en 2015 la homenajeara poniendo su doodle, su imagen, enmarcada en una tira con algunas frases de su poesía, al cumplirse 178 años de su nacimiento. Luego en 2019, la Unión Astronómica Internacional, le puso su nombre a  una estrella.

En el 2020, el aeropuerto de la comunidad autónoma de Galicia, cambio su nombre de origen por el de Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, y según el diario Faro de Vigo, del 24 de febrero de 2021, mencionó que su imagen ha sido utilizada en camisetas, tazas, sudaderas, libretas, pendientes, calles, teatros, premios literarios y en un billete de 500 pesetas, convirtiéndose en una de las dos mujeres en España que han aparecido en dichos billetes, la otra fue, Isabel la Católica.

Su reconocimiento rebasó las fronteras españolas, en Noruega, la aerolínea Norwegian Aire, le puso a uno de sus boeing la imagen de la poetisa, como parte de su reconocimiento a 85 personajes históricos, lo cual nos habla de la vigencia e importancia de la poeta.

Ella murió a los 48 años de edad, de un cáncer cérvicouterino, fue enterrada en el panteón de gallegos ilustres. Sin embargo, sigue viva y recordada a través  de su obra, algunos de sus poemas más reconocidos son: Busca y anhela el sosiego, Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros; Era apreciable el día, Hora tras hora, día tras día; Lieders, el cual es considerado su primer manifiesto feminista, cuando ella apenas tenía veinte años y recién se casaba; algunos estudiosos de su obra dicen que fue escrito como una forma de plantearse insumisa y libertaria creadora. Uno de sus párrafos nos dice:

“Solo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios, aunque alrededor hubiese sentido, desde la cuna ya, el ruido de las cadenas que debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud. Yo sin embargo, soy libre como los pájaros, como las brisas; como los árabes en el desierto y el pirata en el mar“.

De igual forma, su poema Follas novas (hojas nuevas) en 1880, retrató a las mujeres excluidas, pobres, y abandonadas. Así también, Negra sombra o mi sombra, según la traducción, ha sido adaptada a canción, interpretada por la gallega Luz Casal y Carlos Núñez, versión que lograron posicionar con las nuevas generaciones jóvenes, al igual que fue incluida en la película Mar adentro, la cual fue protagonizada por Javier Bardem en 2004, galardonada con el Goya por mejor película.

Finalmente, la poeta Rosalía de Castro nos acerca a las sombras terroríficas que como humanidad tenemos y padecemos, pero al mismo tiempo se entrelaza, con esa capacidad libre y creativa que también tenemos y que justo pueden marcar los cambios internos, sociales y de la historia.

*Originalmente publicado en La Cadera de Eva

Tendencia en el Congreso de la Unión a relevar la maternidad y no legisla sobre aborto

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Ante la creciente violencia obstétrica diputadas piden atención humanizada del parto

En el Senado aprueba dictamen para que entidades federativas impidan a perpetradores la patria potestad y se proteja a huérfanos del feminicidio

Las diputadas Pinete Vargas y Fernández Cruz  impulsan cambios a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para parto humanizado

 Libertad López

SemMéxico, Ciudad de México, 29 de diciembre, 2023.- En la última sesión del Senado de la República, como si se acabara el tiempo, arreció la discusión y los dictámenes alrededor de la maternidad, sin resolver cuestiones apremiantes como legislar sobre aborto y cuidados.  En todos los casos de discusión se dice que es en favor de las mujeres.

También en la legislación que terminará en unos meses, se quedaron iniciativas de justicia para las trabajadoras. Si importa, en cambio, agregar y agregar asuntos de ley, en torno al feminicidio, que en cifras crece, no hay recursos suficientes para los centros de justicia y siguen acumulándose en todo el sistema judicial, las demandas de las buscadoras por desapariciones.

Así fue como el 13 de diciembre se aprobó un dictamen para solicitar a los gobiernos de los Estados  se hagan cargo, armonizando sus leyes  de garantizar la patria potestad en caso de feminicidio.

También de último minuto las  diputadas María del Carmen Pinete Vargas y Nayeli Arlen Fernández Cruz, ambas del Partido Verde Ecologista de México propusieron transformar los modelos de atención de salud reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar conductas que permitan, fomenten y toleren la violencia contra las mujeres.

El dictamen que el Senado aprobó, en la sesión del 13 de diciembre, para solicitar a los congresos locales de diversas entidades federativas para que armonicen su legislación en materia de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio.

La Maternidad  

La iniciativa de las diputadas del PVEM  propone reformar y adicionar el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que  la Secretaría de Salud fomente y propicie  condiciones para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos, a las parturientas. 

Además, plantean “educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida, a fin de dotarlos de instrumentos que les permitan otorgar una atención materno-infantil con perspectiva de género y promover un parto humanizado, intercultural y seguro que fortalezca el respeto de los derechos y la dignidad de las mujeres”.

Todo lo cual está firmado en acuerdos internacionales y en leyes y protocolos. Mientras más de 36 millones de mexicanas, no pueden acceder a los servicios básicos de maternidad y este año 545 mujeres murieron en el parto.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH  emitió a los servicios oficiales de salud 2 recomendaciones generales y más de 20 recomendaciones particulares por violencia obstétrica, debido al mal trato a mujeres en condición de parto.

De esta manera la iniciativa de la diputadas  se turnó  a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen, indican que es preciso eliminar las violaciones reiteradas en materia materno-infantil y establecer las condiciones para la humanización del parto y el respeto médico de las decisiones de las mujeres. 

Argumentan que, ante la falta de un marco jurídico que incorpore los derechos humanos de las mujeres, la pertinencia cultural y una perspectiva de género se realizan procedimientos rutinarios que no precisamente tienen sustento en evidencia científica y que causan daño físico, humillaciones y prácticas médicas degradantes para la dignidad e integridad de las mujeres.

“Se justifica también que, en nombre de la necesidad médica, no se respete la autonomía reproductiva y la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos”, agrega. Y no se menciona la CNDH. 

De ahí que se requieran acciones de política pública con perspectiva de género, diseñadas desde la interseccionalidad e interculturalidad, para combatir la violencia obstétrica y garantizar el respeto del derecho a la salud de niñas, adolescentes y mujeres, librándolas de los graves efectos de la violencia, con medidas que garanticen su acceso universal a los servicios de salud obstétrica. 

Explican que, tanto la Ley General de Salud como la NOM-007-SSA2-1993, denominada “Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio”, regulan la atención obstétrica; sin embargo, la norma oficial no incluye el término “violencia obstétrica” ni preceptos dirigidos al personal de salud en el sentido de educar para evitarla y promover el parto humanizado con pertinencia intercultural. 

Las legisladoras destacan la importancia de incluir en el marco normativo la promoción de un parto humanizado y un enfoque basado en derechos humanos, que evite el maltrato y la violencia hacia la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica. 

Añaden que “la atención tiene que brindarse con perspectiva de género e interculturalidad”, con lo cual se reconocerá a las mujeres mexicanas el derecho a un parto digno a nivel biológico y psicológico, ya que podrán elegir y/o evitar procedimientos invasivos e innecesarios, con acceso a información sobre cómo evoluciona el trabajo de parto y el estado de salud de su hija o hijo.

Urge Senado a congresos locales a legislar sobre pérdida de patria protestad por feminicidio 

El dictamen para que  los congresos locales de diversas entidades federativas  armonicen su legislación en materia de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio fue una  propuesta promovida por la presidenta de la Mesa Directiva, la morenista tlaxcalteca Ana Lilia Rivera Rivera.

Se  urge a los congresos locales a que hagan las adecuaciones normativas correspondientes en su legislación local en materia de suspensión de la guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio, desde el momento de la vinculación a proceso de los perpetradores, que se ostentan como padres biológicos.  

Concretamente, las entidades a las que se les hace el llamado son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Jalisco. 

También a Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas. 

En el documento, las y los senadores detallaron que el pasado 2 de marzo fue avalada una reforma al Código Penal y Civil del estado de Puebla, iniciativa bautizada como “Ley Monzón” que consiste en suspender la patria potestad a posibles feminicidas y retirarla si se confirman las sentencias. 

Con ello, la entidad se convirtió en el primer estado del país en promulgar una ley de este tipo y sentó un precedente que activistas, colectivos feministas y familiares de víctimas esperan que se convierta en ley nacional. 

Por ello, las y los legisladores coincidieron en la necesidad de que se discuta y analice este tipo de modificaciones en los códigos penales de todas las entidades federativas.  

Con este exhorto se busca impulsar la modificación del marco legal del sistema jurídico mexicano, con el propósito de legislar en favor de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de la violencia feminicida. 

Además de proteger no sólo a las mujeres ante la violencia extrema que se ejerce contra ellas por ser mujeres,  sino también garantizar la seguridad e interés superior de la niñez, de sus hijas e hijos que quedan en la orfandad por el delito de feminicidio. 

Mirada Interior| El aciago 2023

Isaías Alanís

SemMéxico, Cuernavaca, Morelos, 28 de diciembre, 2023.- Intentar sintetizar en unas cuantas líneas los acontecimientos de este año que finaliza, es imposible, me referiré a solo tres temas opuestos y cercanos. La guerra sionista despiadada, causante de: destrucción, muerte, racismo, odio, invasión y locura étnica que se cierne sobre la franja de Gaza desde hace decenas de años, es un acto genocida contra el pueblo palestino que debería ser reprobado por todas las naciones del mundo.

En México, la paradoja es grotesca, existe la negativa de un sector de los poderes fácticos opositores a la creación del Tren Transoceánico y el Tren Maya, que ha rayado en lo estrambótico y ridículo. Y en el otro tema opuesto, la destrucción causada por el Huracán Otis en el puerto emblemático de Acapulco.

Imposible parar el genocidio en Gaza, mujeres, niñas y niños, adultos mayores y jóvenes han sido masacrados por la aviación israelita. Los sionistas quieren el territorio y la desaparición de un pueblo con todo y seres humanos, los palestinos lo defienden como pueden y cuando pueden. Escuelas, sanatorios, hospitales, templos, han sido destruidos bajo el fuego -día y noche-con una lluvia de bombas y misiles que han dejado en ruinas a ese asentamiento de 2 millones y medio de habitantes que ahora se ha reducido por la muerte de miles de palestinos. La “limpieza étnica” es el objetivo, exterminar a millones de seres humanos y sacarlos de su territorio.

Los EEUU se oponen al cese total al fuego en Gaza y el gobierno genocida de Netanyahu y su grupo de asesinos inspirados en Hitler y su corte de criminales de millones de seres humanos, persisten, insisten y están decididos a eliminar cualquier brote de Hamas que huela a rebelión por la defensa de su territorio y su libertad.

Nadie sabe con exactitud que pasará los próximos días en Gaza. Lo que sí es muy claro, que Estados Unidos, sus aliados y la monarquía Jázara de Israel, no pararán.

Hoy la muerte se presiente

Sobre toda nuestra tierra.

Suenan tambores de guerra.

El poderoso nos miente.

El abuso en lo corriente,

La violencia es general.

Nada nos libra del mal.

Casi a todo le tememos.

Crece el riesgo que hoy corremos,

Mucho más de lo normal.

Como lo canta Rafael Mendoza en su décima puntual, “Quién parara esta locura”. El mundo se parte en pedazos y nadie levanta la mano para detener este tsunami irracional y destructor¡. ¿Quién parará el genocidio, la invasión, la destrucción de Gaza?

Acapulco

A partir de la media noche y madrugada del 24 de octubre un meteoro atípico de categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, destruyó Acapulco, la zona vip, las favelas acapulqueñas, desmanteló edificios, hoteles, elevó por los cielos barcos y lanchas, taló con su fuerza miles de árboles que fueron arrancados de cuajo. Creo un pánico total en la población, donde hubo: muertos, pescadores desaparecidos, marinos y habitantes de la costera y poblaciones de la zona rural. En los primeros días, el gobierno de Guerrero, la gobernadora, brilló por su ausencia. Y la visita por tierra del mandatario mexicano, porque por aire era imposible, fue criticada y ridiculizada en redes sociales por un sector con capacidad económica de subir noticias falsas a la red y difundirlos.

Acapulco empieza a ponerse de pie. Viví muy de cerca la devastación de la tormenta tropical y huracán “Ingrid y Manuel” en Guerrero y los dos eventos, tuvieron diferente atención gubernamental. Lo extraño, es que parte de los medios masivos de nota roja, se dedicaron a criticar y pegarle al gobierno federal por la “no atención inmediata” al drama de los acapulqueños por la fuerza del Otis.

Al 24 de diciembre se puede transitar por Acapulco, se ha restablecido el sistema eléctrico y de agua potable, se atiende a la gente de escasos recursos y la sentencia del ejecutivo de levantar Acapulco, ya es un hecho.

No se necesita ser (tomado del argot contradictorio) “chairo o fifí” para saberlo. El problema es que hoteles de la zona VIP, fueron asentados en humedales y zonas de riesgo. Esperemos que la reconstrucción siga una ruta acorde con la bahía de Santa Lucia sin alterar su naturaleza y respetando planes de desarrollo urbano y reconstruir Acapulco con un sentido transversal, mar, tierra, así como los nuevos asentamientos para los habitantes que lo perdieron todo.

Me parece muy extraño, que un sector se oponga a la construcción de un tren que le dará movilidad transoceánica a México. ¿En qué país sucede esto?

Con todos los a segunes de ecologistas, una red ferroviaria de esta naturaleza que unirá al Océano Pacífico con el Atlántico en pleno auge del comercio asiático es una medida trascendental, además la importancia de crear polos de desarrollo con el Tren Maya en el sur sureste mexicano, abandonado durante siglos.

La movilidad forma parte del desarrollo, por qué medios nacionales le han dedicado a señalar “los errores en su construcción” y que afectará la selva, los pueblos, cenotes y gallinas de doña Chofita. ¿Por qué ante la destrucción de los Montes Azules, bosques de Michoacán, Guerrero, Morelos; la desaparición de millones de hectáreas por la contaminación de las minas del norte de México; la consumación de un atraco peligroso, el del agua en manos de transnacionales, el daño del glifosato, los asentamientos inmobiliarios en zonas protegidas, la contaminación de ríos y del mar, ante este delito los medios callan, en forma semejante ante el asesinato de ecologistas en todo el país?

De reojo

Líneas aéreas, negocios de constructoras, así como el Tren Maya está en manos de militares, la militarización del país es un hecho, ese es un tema delicado dado el sentido del estado mexicano. No hay que olvidar que las dictaduras del Cono Sur fueron realizadas por militares sumisos al poder de Washington y la oligarquía criolla; Chile, Uruguay y Argentina, que últimamente se ha derechizado por la llegada al poder de un neoliberal, Javier Millei, cercado por halcones de la derecha internacional que están descuartizando al pueblo argentino y a su economía en aras de privatizarlo todo.

¿Qué viene para México en esa línea abierta de participación en labores exclusivas de civiles para los de verde olivo? Cómo se va  a erradicar la violencia extrema que se vive en el país y el claro reto a las fuerzas de los tres órdenes de gobierno por los barones de la droga?

Saludo uno a uno a los lectores que han seguido la Mirada Interior con la certeza que si no se construye, tampoco se deja de señalar lo justo y lo injusto del acaecer de este tiempo que nos ha tocado vivir, ¿No es así Cristina Pacheco? Nos despedimos de este año aciago del 2023 y continuaremos la Mirada a partir del próximo mes de enero del 2024. Que hayan pasado la Navidad en familia y que el año que viene nos agarre con las mismas ansias de libertad para la rebeldía y paciencia para lograrlo a través de la palabra.

Paridad no solo en candidaturas

Es necesario avanzar para seguir potenciando la paridad a fin de que las mujeres compitan en igualdad de circunstancias.

Felipe de la Mata Pizaña y Karem Rojo García

SemMéxico/La Silla Rota, Ciudad de México, 28 de diciembre, 2023.- En días recientes la Sala Superior del TEPJF resolvió un asunto relacionado con la modificación a los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres por razón de género; en él se estableció aumentar del 40% al 50% el porcentaje de asignación del financiamiento público y de los tiempos del Estado en radio y televisión a las candidaturas de mujeres.[1]

La cuestión planteada se centró en la posible vulneración a los principios de autoorganización y autodeterminación de los partidos para desarrollar las estrategias de participación de las candidaturas que postulan en los procesos electorales en curso.[2]

La Sala Superior validó el aumento en el porcentaje de participación de las mujeres en la distribución de las prerrogativas de los partidos políticos, al considerarla como una forma de igualar las condiciones de participación política, y contribuir a corregir las desventajas históricas en las que se ha colocado a las mujeres.

Acontecimientos relevantes

Debemos tener presente que en 2020, el Consejo General del INE emitió los Lineamientos, en ellos estableció que, para la obtención del voto de las candidatas, los partidos no podrían otorgar a las mujeres menos del 40% del financiamiento público y del acceso a los tiempos en radio y televisión; al advertir que la participación de las mujeres en el financiamiento público es un componente fundamental para una representación más equitativa en la política.

En los procesos electorales en curso (federal y locales), el INE advirtió la necesidad de aumentar el porcentaje de distribución de tales recursos, para quedar en una proporción de 50% de acceso para las candidaturas de mujeres y 50% para candidaturas de hombres.

La implementación de la medida se basó en el principio de paridad total establecido en la reforma constitucional de 2020, y en la obligación de todas las autoridades de potenciar la participación política de las mujeres y respetar los derechos de igualdad y no discriminación.  

Inconforme con la modificación, un partido político nacional impugnó, en esencia las temáticas estaban relacionadas con: vulneración al principio de reserva de ley, porque corresponde al poder legislativo reglamentar en materia de paridad de género; transgresión al artículo 105 de la Constitución Federal, al sostener que, la modificación debió expedirse por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral; y vulneración a los principios de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos. 

Razones por las que Sala Superior confirmó

El TEPJF resolvió confirmar el aumento en el porcentaje de participación de las mujeres, al considerar que el INE no excedió las facultades que tiene conferidas, pues el artículo 44, párrafo 1, inciso j) de la LGIPE lo faculta a emitir Lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la VPG. Además, el Instituto cuenta con atribuciones para vigilar que dichos institutos políticos cumplan las obligaciones a que están sujetos.

Con base en dichas facultades, el INE modificó el umbral de participación de las mujeres a fin de dar efectividad al principio constitucional de paridad, sin que ello implique un exceso en sus funciones, ni que haya invadido la competencia del legislativo.

Además, sostuvo que no se vulneró el artículo 105 Constitucional, porque el ajuste a los Lineamientos no es una modificación sustancial a las reglas de los procesos electorales.

Al respecto, tomó en cuenta los criterios en los que ha señalado que se consideran modificaciones fundamentales aquellas que varían o eliminan algún derecho u obligación de los actores políticos o se involucren elementos rectores del proceso electoral. Sin embargo, en el caso, el INE instrumentó el cumplimiento estricto del principio de paridad de género, para evitar una práctica discriminatoria contra las mujeres como es el acceso diferenciado a las prerrogativas de los partidos.

Finalmente, desestimó los planteamientos relacionados con la transgresión de los principios de autoorganización y autodeterminación en las estrategias de los partidos, al estimar que el impugnante no desarrolló cómo dichas estrategias se verían afectadas. 

Conclusiones

Está claro que cuando la Constitución establece el concepto de paridad en todo, debemos entender justamente “en todo”, y no limitarlo a la participación igualitaria de las mujeres en los procesos para el acceso a los cargos o en la integración de los órganos de Estado.

En esa misma línea progresista, es necesario avanzar para seguir potenciando la paridad, sin considerar que es un tema agotado; pues el principio de “paridad en todo” también debe permear en las condiciones de participación de los procesos electorales, a fin de que las mujeres compitan en igualdad de circunstancias.

Pues no solo es razonable y deseable, sino necesario, el aumento en la proporción del acceso a las prerrogativas por las candidaturas de mujeres, para lograr un porcentaje igualitario respecto de las candidaturas de hombres, y con ello borrar la brecha de desigualdad.

Ello porque si los partidos políticos están obligados a postular en la mitad de las candidaturas a mujeres, por qué no creeríamos que las mujeres deben tener acceso igualitario a las prerrogativas de los partidos para el desarrollo de sus candidaturas.

Aceptar la postura de igualdad es el primer paso para nivelar el terreno de la contienda y superar las barreras de participación política, a fin de corregir las desventajas históricas en las que se ha colocado a las mujeres.

Así, garantizar el acceso igualitario de las mujeres a los recursos y a los tiempos del Estado en campaña es coherente con los principios de igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, que las autoridades están obligadas a garantizar. Negar este acceso perpetúa las desigualdades de las mujeres.

@FdelaMataPizana

[1]  Aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el Acuerdo INE/CG591/2023.

[2] SUP-RAP-328/2023.

Buscan que el sector salud garantice a las personas adultas mayores el acceso a programas de cuidados paliativos

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La diputada Gabriela Sodi Miranda del PRD, presentó una iniciativa que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 28 de diciembre, 2023.- Ana Cecilia Gabriela Sodi Miranda diputada del Partido de la Revolución Democrática PRD propuso adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de que las instituciones públicas del sector salud garanticen a esta población el acceso a programas de salud dirigidos a cuidados paliativos en todos los niveles de atención.

La iniciativa plantea  adiciones a los artículos 3, 5 y 18 de dicha ley que también plantean establecer las garantías para a las personas adultas mayores al  derecho a tener acceso a servicios de salud en materia de control del dolor.

Define a los cuidados paliativos como: atención y cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento curativo o sufren dolores evitables. Implica una atención primordial al control del dolor físico, psicológico y emocional y de otros síntomas.

El documento menciona que la Ley General de Salud contiene disposiciones jurídicas que buscan proporcionar en los sistemas básicos de salud la atención médica paliativa, preservando la calidad de vida y el control del dolor de los pacientes; de igual modo, en el Título Octavo Bis, “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal”, se determinan disposiciones generales, los derechos de los pacientes y las facultades o atribuciones de las instituciones de salud que proveen del servicio paliativo, siendo un referente en la materia.

En la actualidad, argumenta, en todo el país no se cuenta con normatividades referente a cuidados paliativos específicos para las personas adultas mayores, las cuales, por criterios de edad, por factores de riesgos y enfermedades crónicas no transmitibles, son proclives a necesitar o requerir la atención medica paliativa.

Precisa que cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que a nivel global “40 millones de personas requieren de cuidados paliativos, debido al envejecimiento poblacional o el incremento de enfermedades”. De igual forma, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que había “17 millones 958 mil 707 personas de 60 años y más, lo que representa el 14 por ciento de la población total del país”.

Resalta que las personas adultas mayores son propensas a padecimientos y enfermedades crónicas degenerativas, como hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, cáncer o enfermedad coronaria, las cuales en un nivel avanzado son causantes de dolores físico, psicológico y emocional, lo que provoca la pérdida gradual o progresiva de capacidades y funciones orgánicas, y afecta directamente el bienestar y dignidad de este grupo etario.

Por ello, afirma, es necesario implementar acciones, procesos, y políticas públicas en materia de cuidados paliativos específicos para estas personas, debido a que diferentes proyecciones poblacionales a nivel nacional, como la del Consejo Nacional de Población (Conapo), prevén un aumento del 22 por ciento, de tal manera que se requiere una atención de salud prioritaria a favor de una vida libre de dolor.

La iniciativa, fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen, recalca que la finalidad es el fortalecimiento de normatividades de aplicación nacional en las que se contemple la atención y cuidados paliativos especializados para las personas adultas mayores, así como garantizar y salvaguardar sus derechos fundamentales.