SemMéxico, Oaxaca, 30 de abril, 2023.- La Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) obtuvo fallo condenatorio en contra de una banda de tres adultos por los delitos de trata de personas, explotación laboral y mendicidad ajena, todos agravados, en razón del origen indígena de las víctimas: 13 niños, niñas y adolescentes originarios de Chenalhó, Chiapas.
El Ministerio Público pidió la pena de más de 50 años por cada víctima, lo que representaría podrían alcanzar más de 500 años de prisión y la multa de 846 mil pesos; el juzgado determinó será el próximo 5 de mayo para la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.
De acuerdo con las testimoniales, las víctimas eran explotadas en diversos cruceros de la capital oaxaqueña, las obligaban a pedir dinero y vender producto a los automovilistas.
Los niños entregaban el dinero a Armando P.R., Olga H.R., o Aníbal P.H., a cambio recibían un “pago” de 15 pesos diarios. Los menores vivieron amenazados por los tratantes, lo que les impedía a pedir auxilio o intentar escapar.
Los presuntos tratantes, también chiapanecos, consiguieron sacar a las niñas, niños, adolescentes y adultos indígenas tsotsiles de Barrio Nuevo, Chenalhó, Chiapas, con la promesa de un trabajo donde les pagarían dos mil pesos mensuales, además de alojamiento y alimentos.
La detención de los responsables de estos delitos sucedió en octubre de 2018, por las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, misma que ejecutó un cateo en un domicilio particular en la Privada de Belén, de la Colonia Samaritana, en el municipio de Santa María Atzompa, donde rescató a 63 personas, entre ellos 56 menores de edad, en condiciones de hacinamiento.
Luego de presentar a los imputados ante el Juez que atiende la causa y tras evaluar las pruebas, así como las testimoniales de 13 menores víctimas, se dictó fallo condenatorio a dos masculinos y una femenina, como responsables de los delitos de trata de personas, explotación laboral y mendicidad ajena.
De acuerdo con la penalidad del artículo 10 fracción IV y VI, 21 fracción II y III, 24 y 42 fracción I, II, VII, VIII y IX de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos, la pena de 23 años con seis meses a 52 años con seis meses de prisión.
Por tal razón, si el Ministerio Público pide la pena de más de 50 años por cada víctima, podrían alcanzar más de 500 años de prisión y la multa de 846 mil pesos.
GESMujer impulsa en redes sociales el activismo digital de niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanas a favor de sus derechos
Redacción
SemMéxico, Oaxaca de Juárez, 30 de abril, 2023.- De acuerdo a los datos del Censo de Población de 2020 del INEGI, en México, 7.5 por ciento de las adolescentes indígenas vivían casadas o unidas. El mismo año, los estados en los que se concentraba una mayor cantidad de mujeres indígenas de 12 a 17 años casadas o unidas eran Chiapas, Oaxaca y Guerrero: en estas tres entidades habitaba la mitad de las adolescentes indígenas que se encontraban en esta condición.
Los datos estadísticos son relevantes para identificar una problemática, para visibilizar las graves violaciones a los derechos humanos de las niñas y adolescentes, pero sobre todo debe ser un llamado a la acción, por el impacto que tiene en la vida de cada una de ellas y porque representa un obstáculo para el desarrollo de nuestro estado y del país.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece el Derecho a la igualdad sustantiva de niñas, niños y adolescentes, por lo que se requiere llevar a cabo acciones específicas para alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad.
Como GESMujer reconocemos los avances legislativos, el impulso de leyes que protejan a las infancias, que tipifiquen los delitos como el matrimonio infantil, pero es urgente sumar esfuerzos y voluntades a fin de dialogar con las comunidades acerca de las costumbres sociales y culturales que alientan o permiten matrimonios o uniones de niñas y adolescentes, así como impulsar un acompañamiento desde el Estado y sus instituciones amparadas en la Ley.
Como una contribución a este diálogo comunitario, en el marco del proyecto “Por un Oaxaca de niñas y mujeres vivas, libres y sin violencias” GESMujer impulsa en redes sociales el activismo digital de niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanas a favor de sus derechos.
A través de una metodología participativa, líderes de comunidades actualmente se encuentran trabajando en la promoción de los derechos a la igualdad, sexuales y reproductivos, a vivir libres de violencias, con énfasis en desalentar el matrimonio infantil, adolescente, embarazo temprano, además de prevenir la violencia digital, pues desafortunadamente, internet también representa riesgos para la niñez y la adolescencia. Según las encuestas nacionales, 25% de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años ha vivido alguna forma de ciberacoso en México. (UNICEF,2021).
Como resultado de esta labor niñas, niños y adolescentes se encuentran generando contenidos para plataformas digitales como Tik Tok, FB e Instagram, a los cuales se puede acceder a través de las redes sociales de GESMujer.
Es evidente que las uniones tempranas y forzadas, en gran parte con hombres mayores que ellas, además de constituir un delito, representan un gran freno para el avance de las niñas y adolescentes en su educación, salud, participación comunitaria y desarrollo de liderazgos, por ello debe ser una prioridad de Estado favorecer su desarrollo a fin de que puedan ejercer sus derechos, tomar decisiones y definir planes de vida, avanzando hacia su autonomía y siendo agentes de cambio.
Una fotorreportera usa una máscara quirúrgica durante una conferencia de prensa en San Salvador el 21 de abril de 2020.
La Reunión Bianual de la Sociedad Interamericana de Prensa abordó el tema del rol y las brechas que encaran las mujeres en el ejercicio del periodismo
Según un informe del Instituto Reuters, solo el 22 por ciento de los 180 puestos jerárquicos de 240 medios están en manos de mujeres.
Karen Sánchez*
SemMéxico, Bogotá, Colombia, 30 de abril, 2023.- Líderes de editoriales latinoamericanas que participaron en el encuentro bianual organizado por Sociedad Interamericana de Prensa SIP coincidieron en que, a pesar de que las mujeres integran varias redacciones en el mundo, aún no hay suficiente reconocimiento para ellas, lo que incluso se ve reflejado en su poca representación en altos cargos.
Según un informe del Instituto Reuters 2023, que se basó en una muestra estratégica de 240 grandes medios online y offline en 12 mercados de cuatro continentes, apenas el 22 por ciento de los 180 puestos jerárquicos en estos medios están en manos de mujeres, a pesar de que, en promedio, las mujeres representan el 40 por ciento del total de periodistas que ejercen la profesión. Una cifra que es mínima en países como México, donde esta alcanza tan solo el 5 por ciento.
Para Cathy Reyes, vicepresidenta de Programación de CNN en Español“no necesariamente tener mujeres crea mejores condiciones” en las redacciones de los medios de comunicación, sino que es una situación a la que debe dársele más visibilidad y generar una política de género en los contenidos.
“Contratar mujeres no resuelve el problema en su totalidad. También tenemos que amplificar las voces de esas mujeres” ponerlas “en puestos significativos”, afirmó la periodista, durante el panel sobre inclusión, liderazgo y mujeres en el periodismo de la SIP
Un problema de adentro
Según el estudio de Reuters,en Estados Unidos, el porcentaje de mujeres que ocupan los cargos más altos disminuyó del 50 por ciento al 44 por ciento desde 2022.
Martha Ramos, directora editorial deOrganización Editorial Mexicana (OEM), y moderadora del panel, indicó que muchas oficinas de Recursos Humanos, basadas en la tradicionalidad, aún se fijan en si las mujeres tienen niños, están recién casadas o embarazadas, pero también enfrentar a nuevas reporteras activistas que, muchas veces, las han “puesto en jaque”.
Para Reyes, licenciada en Periodismo de la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés), el problema, más allá de las tradicionales oficinas de recursos, también radica en que existe “un problema de las culturas corporativas”. Dentro del medio en el que trabaja, rescata que la mitad de los ejecutivos son mujeres.
No obstante, enfatiza que entre mujeres se imponen “estigmas que nos limitan los crecimientos, no es globalmente, pero sí pasa”. Es decir, “una mamá… tiene que abatir esos mismos estereotipos porque… una chica por tener un bebé no quiere decir que vaya a trabajar menos o nos va a crear conflictos”.
Por estos casos, agrega, es necesario mejorar la cultura corporativa y trabajar por combatir los estigmas.
Un tema que también está relacionado con el empoderamiento de la mujer frente a sus capacidades pues, según Laura Puertas, directora de Noticias deCorporación Medcom, Panamá, “el problema es que las mujeres tampoco nos la creemos… el hombre siempre la sabe hacer, aunque no tenga idea… pero se presenta como sí tiene las aptitudes».
«Tenemos que demostrar hasta tres veces más… Normalmente lo que la mujer dice que es capaz de hacer en realidad dice menos de lo que realmente puede porque nos cuesta mucho. Como no queremos ser desplazadas…”, añade Puertas.
Afirma además que en su opinión es necesario que las mujeres líderes en la industria empoderen a otras para que vean hasta dónde son capaces de llegar y se hagan visibles: “trabajar bien no es suficiente. Hay que trabajar bien y hacer un poco de alarde”.
Otros factores
El problema de la falta de liderazgos de mujeres en los medios, según GabrielaVivanco, directora de La Hora de Ecuador, se presenta también en las facultades de periodismo: “A medida que pasa el tiempo y las carreras se van especializando, vamos perdiendo mujeres en esa vertiginosa carrera hacia las posiciones de liderazgo. Pero creo también que es un reflejo de lo que pasa en el sector privado”.
Para la Vivanco, presidenta del Comité Ejecutivo de la SIP, desde la formación universitaria no existen programas completos que indiquen cuáles son las necesidades reales del periodismo y la comunicación en el mercado ni cómo enfrentar hechos violentos, pero tampoco hay mecanismos de protección íntegros que protejan a los periodistas en general, lo que, en su opinión, también hace más vulnerable a las mujeres.
Dentro de las redacciones empujar políticas públicas para todas las mujeres
Tanto hombres como mujeres tienen mucho que aportar en las salas de redacción. En el caso femenino, la directora de La Hora de Ecuador cree que “la cosmovisión de la mujer es distinta” y más aún en América Latina, donde en muchos casos de la población, ellas tienen a su cargo la manutención del hogar y el cuidado de personas vulnerables.
En este sentido, explica, cuando una mujer está presente en cargos de toma de decisiones dentro de las redacciones, hay un tinte especial en “la forma de elegir las fuentes y la forma, el enfoque en tratar temas”.
Además, dice la periodista, su presencia en los medios es importante para tratar de influir en las políticas públicas para mejorar la situación de las mujeres en poblaciones, especialmente, invisibilizadas y apartadas de las grandes ciudades.
“Somos más sensibles a empezar a despertar frente a estas realidades y empezar a reflejarlo en nuestras coberturas”, agrega.
No obstante, asegura que en las redacciones hay que tener un posición equilibrada y objetiva. “Verlo desde afuera y no adoptar ciertos extremos que son dañinos para el avance de las posiciones feministas en la agenda púbica”, un cuidado que también tiene que ver con “un sector de la posición masculina que se siente completamente estigmatizada”.
En este sentido, dice se requiere un trabajo de las redacciones en entrenarse en temas de género, pero también responde a la responsabilidad de los medios de mantener una posición ajustada a la verdad”.
Por otro lado, Vivanco también indica que es necesario que, dentro del trabajo diario, se incluyan fuentes femeninas: “Es un trabajo nuestro de darle visibilidad a las fuentes femeninas y no tiene que ser un tema de tener editoras mujeres tampoco. Sí tener una línea editorial muy marcada en nuestros medios, que se facilita cuando hay mujeres que lo tengan en cuenta, pero también podemos trabajar con nuestro equipo de editores para irlos formando”.
Así mismo, dice Laura, no se trata solo de tener editores de género, sino que las universidades deberían formar y las redacciones deberían contar con especialistas en estos temas, como en los de derechos humanos y democracia para «evitar cometer errores al informar” y caer en “sesgos”.
* Surgió en un intento de alejar a los niños y adolescentes del mundo de la violencia y drogadicción
* La agrupación reúne a 30 integrantes, niños y niñas de seis a 14 años de edad
Patricia Briseño
SemMéxico, Oaxaca, 30 de abril, 2023.- En la colonia Pueblo Nuevo, asentada a la orilla de la ciudad de Oaxaca, viven cientos de migrantes procedentes de comunidades indígenas, carecen de servicios y seguridad pública, tampoco tienen agua potable y pocas calles están pavimentadas.
Los moradores salen de sus hogares por la mañana y retornan antes de que concluya el día. Un lugar de marginación, violencia y drogadicción donde gratamente germinó un proyecto de educación musical con la conformación de la primera banda filarmónica infantil, inspirada en la nostalgia colectiva que sienten los migrantes por su tierra de origen.
La agrupación reúne a 30 integrantes, niños y niñas de seis a 14 años de edad, herederos de las tradiciones milenarias de indígenas mixes, zapotecos, mixtecos y chinantecos, acostumbrados a mantener vínculos entre sí, ya sea alrededor de las fiestas patronales, celebraciones familiares, días de duelo y funerales.
José Pablo Antonio, padre de uno de los ejecutantes, puntualizó que el proyecto es totalmente autogestivo, surgió después de la pandemia por Covid-19, en un intento de alejar a los niños y adolescentes del mundo de la violencia y de vicios, más aún del riesgo de uso impetuoso de las redes sociales.
“Por el confinamiento, los niños y las niñas se quedaron en casa, algunos tomaron clases en línea con el celular de sus padres, pero su atención se distrajo con las redes sociales. Así estuvieron casi dos años, encerrados, mientras los adultos salimos a las calles”, comentó.
“De ahí que nos dimos cuenta que nuestros hijo e hijas estaban sumidos en las redes sociales, expuestos a mucho contenido e información, a veces perjudicial, en su formación”, agregó.
Organizados en un comité, y con el respaldo de la agenta municipal de Pueblo Nuevo, Berenice Hernández, los vecinos consiguieron un salón para que los chicos y chicas ensayaran, a la vez que gestionaron el pago simbólico al profesor de música, Antelmo Romero Sánchez, oriundo de Santiago Zacatepec, Mixe, de amplia experiencia y trayectoria que ha formado diversas bandas filarmónicas en el estado de Oaxaca.
“Es una tarea de resistencia, sobre todo, por el costo de los instrumentos; como norma general, este tipo de bandas están integradas por instrumentos de cuerda, viento y percusión”, dijo.
Actualmente, los ejecutantes cuentan con trompetas, clarinetes, saxofón, trombos y flautín, que padres y madres, lograron costear, trabajando tiempo extra en el mototaxi, la tortillería, lavando ajeno o cargando bultos en el mercado de abasto, Margarita Maza.
Aunque también están aquellos niños y niñas herederos del instrumento, comprado.
Por lo mismo, el padre de familia e integrante del comité de la banda hizo un llamado a las personas solidarias, a las comunidades de artistas, empresas y al gobierno estatal y federal, para que apadrinen a algún niño o niña ejecutante para que puedan seguir su formación musical.
Finalmente, Pablo Antonio confió en que el proyecto muy pronto pueda estar dando buenos frutos y que estará al servicio de la colonia y barrios vecinos interpretando jarabes, sones, chilenas y música popular.
* Son tres las personas responsables de los hechos
* Las víctimas son originarias e Chenalhó, Chiapas
Patricia Briseño
SemMéxico, Oaxaca, 30 de abril, 2023.- La Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) obtuvo fallo condenatorio en contra de una banda de tres adultos por los delitos de trata de personas, explotación laboral y mendicidad ajena, todos agravados, en razón del origen indígena de las víctimas: 13 niños, niñas y adolescentes originarios de Chenalhó, Chiapas.
El Ministerio Público pidió la pena de más de 50 años por cada víctima, lo que representaría podrían alcanzar más de 500 años de prisión y la multa de 846 mil pesos; el juzgado determinó será el próximo 5 de mayo para la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.
De acuerdo con las testimoniales, las víctimas eran explotadas en diversos cruceros de la capital oaxaqueña, las obligaban a pedir dinero y vender producto a los automovilistas.
Los niños entregaban el dinero a Armando P.R., Olga H.R., o Aníbal P.H., a cambio recibían un “pago” de 15 pesos diarios. Los menores vivieron amenazados por los tratantes, lo que les impedía a pedir auxilio o intentar escapar.
Los presuntos tratantes, también chiapanecos, consiguieron sacar a las niñas , niños, adolescentes y adultos indígenas tsotsiles de Barrio Nuevo, Chenalhó, Chiapas, con la promesa de un trabajo donde les pagarían dos mil pesos mensuales, además de alojamiento y alimentos.
La detención de los responsables de estos delitos sucedió en octubre de 2018, por las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, misma que ejecutó un cateo en un domicilio particular en la Privada de Belén, de la Colonia Samaritana, en el municipio de Santa María Atzompa, donde rescató a 63 personas, entre ellos 56 menores de edad, en condiciones de hacinamiento.
Luego de presentar a los imputados ante el Juez que atiende la causa y tras evaluar las pruebas, así como las testimoniales de 13 menores víctimas, se dictó falló condenatorio a dos masculinos y una femenina, como responsables de los delitos de trata de personas, explotación laboral y mendicidad ajena.
De acuerdo con la penalidad del artículo 10 fracción IV y VI, 21 fracción II y III, 24 y 42 fracción I, II, VII, VIII y IX de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos, la pena de 23 años con seis meses a 52 años con seis meses de prisión.
Por tal razón, si el Ministerio Público pide la pena de más de 50 años por cada víctima, podrían alcanzar más de 500 años de prisión y la multa de 846 mil pesos.
Foto: Lucía Núñez, investigadora del Centro y coordinadora de la obra. Foto: Sandra Ramírez.
El Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) presentó el libro Feminismos, justicias y derechos frente al neoliberalismo
Sandra Ramírez*
SemMéxico, Ciudad de México, 30 de abril, 2023.-En los últimos años, las protestas feministas han enfocado sus esfuerzos en prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres a través de acciones y políticas gubernamentales, pero ¿con qué visión se han fundado estos derechos? ¿En qué lugar se sitúan las mujeres que tienen la posibilidad de intervenir en las modificaciones del Estado? ¿Quiénes son las mujeres que pueden acceder a la justicia?
El Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) presentó el pasado 31 de marzo el libro Feminismos, justicias y derechos frente al neoliberalismo. Aportes para la reflexión crítica en el Centro Cultural Elena Garro, del Fondo de Cultura Económica. Este libro compila una serie de textos coordinados por la Dra. Lucía Núñez, investigadora del CIEG.
En este libro, las autoras se plantean a través de la revisión de la teoría feminista la manera reduccionista en la que se ha entendido la justicia dentro de los movimientos feministas, limitando su alcance a consecuencias punitivas.
Lucía Núñez, R. Aída Hernández, Chloé Constant, Gisel Nájera, Irma Saucedo, Jules Falquet, Laura Saavedra y Verónica Schild exploran en siete capítulos las distintas formas en las que el concepto de justicia se puede repensar y analizan los cambios que fueron considerados como un avance para el acceso a una vida libre de violencia, pero que ahora pueden significar la reproducción de desigualdades fundadas en el género, la raza, clase, etnia y sexualidad. La Dra. Margara Millán, socióloga y antropóloga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es la autora del prólogo de este libro.
“El feminismo en el que creemos y al que apostamos es aquel que tenga potencial de alcanzar su promesa: constituirse como un movimiento político y metodológico diferente a otros que perpetúan prácticas androcéntricas; un movimiento otro que imagine otras metodologías, otros mundos, otras relaciones distintas a las que nos interpelan el capitalismo neoliberal y el patriarcado”, destaca la introducción del libro —a la venta en el CIEG— titulada Animarnos a repensar las victorias para mantener vivo el feminismo crítico.
Diálogo para entender la justicia
En la presentación participaron la antropóloga e investigadora Marta Lamas, la académica María Guadalupe Huacuz y el jurista académico argentino Roberto Gargarella, así como la coordinadora del libro, Lucía Núñez.
La Dra. Núñez abrió el espacio con su texto Las alumnas: la mirada de una maestra que se niega a serlo, donde reflexionó acerca de las jerarquías que se desarrollan dentro de los espacios académicos y la importancia de priorizar el trabajo colectivo y horizontal. “A las y los alumnos no solo se les comparte el conocimiento, también se les cultiva el respeto recíproco en esa noble actividad de aprendizaje-enseñanza”, dijo.
Marta Lamas, investigadora del CIEG y autora del libro El largo camino hacia la interrupción legal del embarazo, destacó los cuestionamientos de las autoras del libro, quienes señalan al sistema neoliberal como intermediario en la violación de los derechos de muchas personas. Recuperó a cada una de las autoras para concluir en la necesidad de articular propuestas desde los feminismos que tengan en común un objetivo que reduzca las diferencias y enemistades para así basar el movimiento en la creación de vínculos y horizontes compartidos.
Verónica Schild, autora del capítulo “La emancipación como regulación moral: los feminismos latinoamericanos y el neoliberalismo” defineal neoliberalismo como “un proyecto cultural y político en constante evolución, el cual somete todas las esferas sociales a una lógica económica o de mercado y celebra la figura de la persona consumidora soberana que es liberada de su dependencia del estado de bienestar social”.
La protesta a través de la música
Como cierre de la presentación, la rapera y activista tijuanense Fémina Fatal puso a bailar y a reflexionar al público con sus rimas. Frente a más de 50 asistentes que llenaron el Salón del Centro Cultural Elena Garro, Fémina Fatal comenzó haciendo una reflexión en torno a la importancia de la creación de redes de apoyo entre mujeres de todas las áreas para la reproducción de discursos que propongan un alto a la violencia. “El rap y la cultura hip-hop es un estilo de vida y es una manera en la que te puedes expresar”, aseguró.
“Son miles de razones por lo que la gente migra, nos sobran las canciones porque nos indigna” y otros versos acompañaron el momento musical del evento.
El libro Feminismos, Justicias y Derechos. Aportes para la reflexión crítica tendrá varias presentaciones, la próxima será el 12 de mayo, a las 18:00 horas, en la librería U-tópicas.
El webinar “Protección de datos personales en entornos virtuales” fue organizado por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
Diferentes violencias digitales: la supresión, alteración o suposición de la identidad, el doxing, el ciberacoso, la sextorsión, la violencia de género, la revancha pornográfica y el deepfake
Gisela Díaz Rivera, UDUALC
SemMéxico, Ciudad de México, 30 de abril, 2023.- Los especialistas reunidos en el webinar “Protección de datos personales en entornos virtuales, coincidieron en que la COVID-19 tomó por sorpresa a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe (ALC) e impulsó la enseñanza en línea, sin embargo, reveló también desigualdades en aspectos de conectividad y un profundo desconocimiento del derecho a la protección de datos en los centros de enseñanza.
Este webimar fue organizado por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), a través del Espacio Común de la Educación Superior en Línea (ECESELI) y la Red Internacional de Investigación sobre Educación en Línea (RIIEL)
Olivia Andrea Mendoza Enríquez, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE-México) afirmó que el cambio de paradigma en 2020 por la pandemia obligó a los estados latinoamericanos a enfrentar el gran reto de garantizar el derecho a la educación con instituciones con capacidades poco desarrolladas en los entornos virtuales de enseñanza, los cuales, aunque no son nuevos, no fueron considerados adecuados antes.
Indicó que, al menos en México, que desde hace trece años cuenta con una ley de datos para el sector privado (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares), no se había previsto que no sólo las instituciones educativas tendrían acceso a los datos personales, sino también a las plataformas digitales contratadas para los entornos virtuales; del mismo modo, la mayoría de las escuelas no contaba con avisos de privacidad que previnieran el mal uso de la información.
En relación al establecimiento de protocolos de privacidad para la protección de datos en entornos virtuales, los desafíos no sólo deben estar centrados en las instituciones educativas, sino en el uso ético de los datos por parte de las corporaciones. Ante esta situación, Mendoza Enríquez señaló que “es necesario que las instituciones educativas hagan una evaluación real de sus necesidades básicas para llevar a cabo proyectos de educación en línea, como el licenciamiento, los avisos de privacidad, las medidas de seguridad y ciberseguridad, así como la política de privacidad y protección de datos para garantizar que la información que surja a partir de los entornos virtuales no afecte los derechos de sus titulares”.
En la sesión moderada por Patricia Ávila Muñoz, coordinadora de ECESELI-UDUALC, Lorena Naranjo Godoy, directora de la Maestría en Derecho Digital e innovación de la Universidad de Las Américas (UDLA) en Ecuador, indicó que el intenso uso de las TIC’s ha transformado las estructuras jurídico, económicas, sociales y familiares, lo que se evidencia en la relación de productos y máquinas, ya que están interconectadas entre sí digitalmente, por lo tanto, vivimos ya una fusión de los sistemas físicos biológicos y digitales, es decir, la llamada Revolución digital.
Naranjo afirmó que, dentro del modelo de economía digital resultan fundamentales los datos personales como materia prima, pero también tienen que ser vistos no sólo como un concepto jurídico, sino como un derecho fundamental, sobre todo en los distintos entornos de la enseñanza virtual, como los mixtos, virtuales, flex (videoconferencias y asistencias presenciales más aulas virtuales), multiversos y metaversos.
Comentó que en Ecuador, en 2021, lograron la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que resguarda los datos personales de clientes, potenciales clientes, proveedores y colaboradores al regular el uso, procesamiento y análisis de datos personales por parte de personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, con y sin finalidad de lucro, que procesan datos personales, lo que además permitió apuntalar dos pilares fundamentales: la gobernanza, protección, el uso y talento para aprovecharlos, así como la ciberseguridad de datos personales, ya como parte de una obligación legal.
Explicó que la identidad digital es un concepto muy importante, ya que es necesario comprender que como usuarios de las plataformas dejamos un rastro del contenido producido por cada individuo que, “en conjunto, genera una percepción en línea que ya no está atada a una red social o a un juego en línea, por lo tanto, crea una percepción pública y una opinión pública sobre uno, considerando que esta reputación on line está grabada y evidenciada con una foto o algún otro recurso, no permite el olvido con facilidad, lo que abre un amplio campo a la violencia digital”.
Después de explicar los diferentes tipos de violencia digital como la supresión, alteración o suposición de la identidad, el doxing (investigación y publicación de datos personales sin consentimiento), el ciberacoso, la sextorsión, la violencia de género, la revancha pornográfica y el deepfake (imitar la apariencia y sonido de una persona), así como la pornografía infantil y el grooming, Naranjo Godoy recalcó la necesidad de cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, sobre todo en Ecuador para proteger los derechos y las libertades individuales de los infantes, adolescentes y estudiantes.
Por último, José Francisco Vega Gallardo, de la Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnología (APANDETEC) en Panamá, comentó que la experiencia panameña en el tema de la protección de datos es limitada, ya que dicho país aprobó su ley de protección de datos en 2019, pero no entró en vigor hasta marzo de 2021, por lo que no era muy conocida, hasta que los padres, en el caso de los menores de edad, y algunos estudiantes se dieron cuenta de la importancia de establecer políticas de retención de los datos personales y los plazos necesarios para cumplir con los objetivos de enseñanza, fue cuando se concientizó que la permanencia prolongada de esos datos podría someter a los estudiantes a situaciones de vulnerabilidad, por lo que las organizaciones que administran las plataformas debían eliminar los datos en cuento ya no fueran necesarios.
En el caso del sistema escolar, de acuerdo con la legislación aplicable de cada país, podría haber distintos rangos de edades en los que el consentimiento tendría que haber sido dado por el estudiante o por el guardia legal o tutor. Por ello, “se hace necesario que se incorporen en estas plataformas mecanismos de obtención del consentimiento, previo al tratamiento de los datos personales y explícitos” concluyó.
Movimiento Ciudadano se pronuncia contra la militarización
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 29 de abril, 2023.- El senador Clemente Castañeda, afirmó esta tarde que en la vida parlamentaria este es uno de los momentos más oscuros para el país. Un momento en que se pone en peligro la integridad especialmente de las mujeres, por la militarización.
Detalló el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano que el régimen que prometió ser diferente, resultó ser peor. Luego advirtió que” en Movimiento Ciudadano utilizaremos todas las herramientas legales para frenar este golpe legislativo.
“Lo decimos con toda claridad: anoche se quebró el orden constitucional vigente. La mayoría legislativa de Morena no está dispuesta a negociar ni a construir acuerdos; utiliza toda su fuerza para destruir cualquier freno a la ambición del titular del Poder Ejecutivo, sea la oposición democrática o la ley”, dijo Clemente Castañeda.
“En esta última semana, las y los legisladores de Morena y sus aliados aprobaron en lo oscurito, en un pleno improvisado y violando todo proceso legislativo, como una camarilla de cuates al servicio del Presidente, varias iniciativas muy perjudiciales para todos y todas”.
● Avalaron la desaparición del INSABI, pero en vez de corregir y mejorar sus deficiencias, sólo perpetúan un sistema que fracasó y que ha dejado a millones de mexicanos y mexicanas sin acceso a servicios de salud. Estamos más lejos de Dinamarca, Presidente.
● Aprobaron una nueva Ley de Ciencia que centralizará y dejará fuera de las decisiones a la comunidad académica, que, por si fuera poco, le da voz y voto a la Sedena y Semar en la Junta de Gobierno del nuevo Consejo. Deja en mayor vulnerabilidad a las investigadoras.
● Avanza la militarización del país. Además de aprobar la militarización del espacio aéreo, avalaron la creación de una aerolínea militar y ahora la Sedena se quedará con el 80 por ciento de los ingresos de los turistas antes destinados al Fonatur, donde las mujeres son el 57 por ciento de las trabajadoras y las afectadas.
● Extinguen a la Financiera Rural, dándole otro golpe a las y los campesinos de este país.
“En Movimiento Ciudadano junto con el Bloque de Contención no nos préstamos a este golpe orquestado desde Palacio Nacional. Morena rompió su palabra con tal de mantener paralizado al INAI y sin debate parlamentario, violentando los procesos, aprobaron estas iniciativas nocivas para México”, dijo el senador jalisciense.
“Este es uno de los momentos más oscuros de la vida parlamentaria del país. El régimen que prometió ser diferente, resultó ser peor. En Movimiento Ciudadano utilizaremos todas las herramientas legales para frenar este golpe legislativo”.
SemMéxico, Oaxaca, Oax., 29 de abril, 2023.- El día 28 de abril, la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca emitieron una alerta urgente denunciando la irrupción violenta de la Guardia Nacional, Marina y Policía Estatal en Campamento de afectadas y afectadas por el Tren Transistmico.
“Condenaron el desalojo violento, así como las detenciones de seis personas entre ellas 4 mujeres. María Magdalena Martínez Isabel, Elizabeth Martínez Isabel, Esperanza Martínez Isabel, Adela Severo Teodora de Mogoñe Viejo en el Istmo de Tehuantepec”.
Afirman que fueron detenidas mientras se encontraban en el Campamento “Tierra y Libertad” que mantienen para denunciar la afectación que genera la imposición y construcción del Tren Transístmico en sus comunidades. Denunciaron también destrozos, robo, así como golpes en contra de Adela Severo Teodora.
Desde la instalación del campamento, el 1 de marzo, en reiteradas ocasiones integrantes de la Guardia Nacional y Marina han intimidado, hostigado, amenazado y tratado de desalojar a las y los defensores originarios de Matías Romero, San Juan Guichicovi y San Juan Mazatlán, fueron también víctimas de ataques integrantes de organizaciones de la sociedad civil como UCIZONI.
La Red de Defensoras de Oaxaca y Consorcio Oaxacacondenaron la crimninalización de la protesta social, la represión y ataques reiterados. Exigieron garantías para la defensa de la tierra y el territorio en el Istmo de Tehuantepec. Esta red está integrada por más de 150 defensoras de las diversas regiones de Oaxaca y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C
Nunca más un violentador u omiso en alimentos a algún puesto público o de elección popular
Aprobada por 63 senadores y senadoras, sin los votos unánimes de 128 y tras la crisis parlamentaria más aguda de los últimos tiempos
Intransitable activar al INAI, lo ordenó Andrés Manuel López Obrador
SemMéxico, Ciudad de México, 29 de Abril 2023.- La iniciativa 3 de 3, impulsada por Las Constituyentes Feministas Mx, se acordó ayer por 63 de los 128 senadores y senadoras de la República, en una sesión celebrada en el patio del antiguo edificio senatorial de Xicoténcatl,, sin la participación del bloque opositor que se mantenía en plantón en la sede oficial del Senado y como parte de otras 17 iniciativas a las que el jefe del ejecutivo, ordenó aprobar, por la unanimidad del bloque oficialista.
La tarde de ayer AMLO instruyó a las y los senadores oficialistas a hacer intransitable la activación del trabajo del INAI, y a que sesionaran fuera del recinto oficial. A las tres de la mañana se cerró el periodo legislativo y se dejó atrás la transparencia. Un golpe a la democracia, dijo la presidenta del organismo autónomo, Blanca Lilia Ibarra. Así el “triunfo” quedó manchado.
Las Constituyentes lo logran
La 3 de 3, que se defendió en los últimos días, con la presencia de la integrantes de las Constituyentes Feministas, para que la reforma Constitucional, que sólo podía aprobarse con las dos terceras partes de las y los integrantes del Senado, pero existe una disposición que necesita esa proporción de quienes acudan a la Asamblea, de modo que finalmente concluyó, de manera exitosa, pero a cambio de que no se nombrara al comisionado o comisionada necesaria para sacar de la parálisis del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), necesario para que las mujeres, en el futuro conozcan realmente a los violentadores y omisos en el pago de alimentos, que ahora, no podrán nunca más ser elegidos a puestos de elección popular o designados para una responsabilidad pública.
La aprobación enseguida fue festejada por mujeres y colectivas de todo el país.
Así que antes de las 12 de la noche de ayer la #RedFeministaQuintanarroense escribió en sus redes sociales: “estamos felices y orgullosas de este logro para la lucha, para las mujeres y para las niñas y niños!
Felicitamos especialmente a nuestras compañeras de Las Constituyentes MX y a todas las Colectivas, Defensoras de Derechos Humanos, Activistas, Diputadas, Senadoras, Magistradas y mujeres del país que impulsaron esta reforma.
Ahora, le toca a la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo trabajar para que sea una realidad en la entidad.
Así que la 3 de 3, es un paso adelante, aprobado y ratificado en medio de la mayor de las crisis parlamentarias, fue respaldada para ser ley, luego de una campaña nacional, por otras muchas colectivas feministas y grupos de mujeres en todo el país.
La aprobación, considerada histórica de la reforma constitucional, también fue avalada por un grupo plural de legisladoras, que ayer, a las 11 de la noche, no pudieron estar y fueron impedidas de ingresar a Xicoténcatl, donde la senadora Xóchitl Gálvez, se ató con una cadena, para que la oficialidad no pudiera sesionar en el viejo salón del Centro Histórico, por lo que, sin tecnología, fue aprobada apresuradamente, sin discursos y a mano alzada. Unanimidad absoluta de la 4T.
La 3 de 3, afirmaron Las Constituyentes cierra el paso a la participación política de agresores sexuales, domésticos y políticos de mujeres y de infancias, así como a los deudores alimentarios.
Las promoventes estuvieron en la sede oficial del Senado durante 40 horas, lanzando la consigna de que querían la 3 de 3, pero también la transparencia. No habrá transparencia. A las tres de la mañana de hoy, se dio por cerrado el periodo de sesiones, sin nombrar al o el comisionado del INAI y este medio día se instaló la Comisión Permanente, en un espacio específico.
Se destacó la resistencia de las promoventes en la última semana, fuera y dentro de las instalaciones del Senado de la República; las activistas se mantuvieron firmes en la exigencia de que esta iniciativa fuera resuelta antes de que terminara el periodo de sesiones del Congreso, de modo que las modificaciones pudieran surtir efecto para el proceso electoral del 2024; la iniciativa que se pretendió archivar, finalmente en esa sesión irregular o extraña, fue la primera en aprobarse, alrededor de las 22 horas,
La #3de3VsViolencia se aprobó por 63 con votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. La única iniciativa, de las 17 aprobadas, fack track, según el mandato presidencial.
Ahí se dijo que una verdadera democracia, no basta con ser un funcionario eficiente, si se es acosador sexual; no basta ser un servidor público destacado, sí se es agresor por razones de género; no basta ser un legislador, un juez, un alcalde o un magistrado honrado y sin vínculos de corrupción, sí se es deudor de pensión alimenticia.
“Por eso, es necesario legislar para que se garantice la idoneidad de las personas que aspiran a acceder a cargos públicos”, enfatizaron las y los legisladores.
Una vez que fue aprobada por el Pleno del Senado –sin los opositores-, la reforma constitucional que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, sobre suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, fue enviada a las 32 legislaturas locales de las entidades federativas para su conocimiento y aplicación en la materia. Sin la mitad de estas legislaturas, no podrá ser vigente, ni promulgarse. Se espera que no haya nuevos obstáculos.
La Doctora en Derecho y activista por el movimiento de la #3de3VsViolencia, Patricia Olamendi, celebró en sus redes sociales la aprobación que se da después de varios años de lucha y de una extensa jornada final en la que permaneció estoicamente en el Senado, agradeciendo a su equipo.
Así mismo, Yndira Sandoval, la más visible impulsora del proyecto desde la colectiva Las Constituyentes Feministas Mx, permaneció con sus compañeras por más de 40 horas instalada en el Senado de la República, siendo este acto de defensa de la reforma, un elemento crucial.
Como se recordará las activistas llegaron a manifestarse desde el 26 de abril con apenas algunas pertenencias, sin prever que los Senadores les informarían que estaba en riesgo la discusión de la iniciativa por la falta de acuerdos en otras materias, lo cual, implicaba que la sesión donde se discutiría estaba en posibilidades de extenderse o de no suceder.
Así mismo, fueron advertidas sobre que si salían del recinto no se les volvería a permitir el acceso, por lo que decidieron permanecer defendiendo la causa aún sin contar con lo más básico para pernoctar, alimentarse o mantener la conectividad, lo cual da cuenta de su compromiso y da testimonio de su determinación para lograr que la #3de3VsViolencia hoy sea Ley.
Con esta aprobación, dijeron las feministas, la lucha feminista avanza para sanear los espacios en que las mujeres mexicanas experimentan su participación política. Lo que sigue es dar seguimiento a la listas o registros de violentadores y omisos en pago de alimentos. En algunas entidades, como Sonora, se rechazó la reforma estatal. Por lo que la tarea no ha terminado.
▶️ Senado aprueba la reforma constitucional, conocida como "Ley 3 de 3", para que ningún agresor sea candidato a puestos de elección popular. pic.twitter.com/Xm2r1GQSd9
Dictamen emitido por la Comisión de Justicia, derivado de una propuesta del diputado Ociel Hugar García Trujillo del PRD
Redacción
SemMéxico/Ceprovysa, Chilpancingo, Gro., 29 de abril, 2023.- Con las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que aprobaron diputadas y diputados de la LXIII Legislatura, la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso Cometido en Agravio de Mujeres y demás personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género, será considerada dentro de dicho ordenamiento y no solo en su reglamento, dotándola de todas las facultades legales para su debida actuación.
En el dictamen emitido por la Comisión de Justicia, derivado de una propuesta del diputado Ociel Hugar García Trujillo (PRD), se menciona el propósito de crear vínculos de coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como en lo relativo a las actuaciones ante las instancias jurisdiccionales.
Además, señala que por la relevancia de esta instancia especializada, su titular debe tener el visto bueno del Congreso del Estado, como lo señala la ley, buscando el profesionalismo y entrega de la persona que desarrolla tan importante función.
“Las mujeres de Guerrero necesitan de un fiscal especializado comprometido con su causa, no solo para abrir carpetas de investigación, sino que aporte resultados palpables”, apunta.
Dentro de las atribuciones que tendrá la Fiscalía Especializada está investigar los hechos que las leyes consideran como delitos, en los que se encuentre involucrada una mujer o personas con orientación o preferencia sexual o expresión de género y exista privación de la vida.
Además, podrá proponer al fiscal general los nombramientos y la remoción de los servidores públicos adscritos, e instruir al personal de la fiscalía a efecto de guardar la debida secrecía en la información y documentación que tienen a su cargo, en virtud de las funciones de cada unidad administrativa.
De la misma forma, podrá gestionar cursos de actualización y especialización que resulten necesarios para el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar, para el mejor desempeño de sus funciones, como también solicitar a las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno el auxilio y colaboración para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.
Asimismo, canalizará a las víctimas y ofendidos a la Dirección General de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito, para su atención; someterá a aprobación del titular de la Fiscalía General el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio, y creará un sistema de registro electrónico, con la colaboración de la Dirección General de Tecnologías de la Información, que contenga datos de las víctimas, como edad, sexo, estrato social, ocupación, relación víctima- agresor, posible móvil del homicidio y/o feminicidio, y la causa de muerte.
las facultades y tareas del instituto no las pueden hacer o absorber otras instituciones, enfatizó la Comisionada Presidenta
•Que el Pleno no pueda sesionar, no significa que las autoridades estén exentas de responder las solicitudes de información y cumplir sus obligaciones de transparencia
SemMéxico, Ciudad de México, 30 de abril, 2023.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no debe desaparecer, ya que tutela, defiende y promueve dos derechos humanos que atienden las necesidades de la sociedad: el acceso a la información y la protección de sus datos personales, reiteró la Comisionada Presidenta de esta Institución, Blanca Lilia Ibarra Cadena.
“Si llegara en alguna circunstancia a desaparecer el INAI estaríamos ante un retroceso en materia de derechos humanos, contrario al principio de progresividad, y creo que hemos dado muestras muy claras de cómo el INAI defiende los derechos de las personas.
“Se cree que las facultades, las tareas que realiza el INAI, podrían pasar a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación, o bien podría realizarlas la Fiscalía General de la República y bueno, pues no, la respuesta es que eso no puede suceder.
“El INAI fue creado y emana de una lucha de la sociedad civil, de académicos, periodistas y organizaciones que en el año 2000 se reunieron y lograron que, en su momento, todos los grupos parlamentarios promulgaran la primera Ley Federal de Transparencia, entonces emana de la sociedad este organismo, y, por lo tanto, responde a los intereses única y exclusivamente de la sociedad”, advirtió.
Durante su participación en una conversación efectuada en Spaces de Twitter, a convocatoria de la organización VotoXelClimaMX, Blanca Lilia Ibarra remarcó que el hecho de que el Pleno del INAI no pueda sesionar, no significa que las autoridades estén exentas de responder las solicitudes de información que se les hacen; por ley están obligadas a responderle a la gente, además de subir su información pública a la Plataforma Nacional de Transparencia.
En el diálogo público con organizaciones civiles y especialistas en la protección del medio ambiente, la Presidenta del organismo garante nacional enfatizó que éste también contribuye a que la gente pueda tener más información para la toma de decisiones, en casos específicos como la defensa del medio ambiente.
Recordó que el Acuerdo de Escazú, firmado por México, busca asegurar la defensa del medio ambiente, a través de garantizar el acceso a la información, en materia ambiental, de manera oportuna y de calidad.
“Queremos transparentar y coadyuvar a la información, para que la gente pueda exigir mayor rendición de cuentas, exigir también que se cumplan con los protocolos y con las medidas que impidan que siga avanzando la contaminación (…) esperamos y deseamos heredar a nuestros hijos un medio ambiente sano”, indicó.
También explicó que el derecho a saber sobre el medio ambiente tiene tres dimensiones: la individual, porque es un derecho que permite allegarse de información de interés; la colectiva, porque las informaciones que implica son de interés público e involucran a diversas comunidades; y la instrumental, que permite facilitar el goce de otros derechos, como la salud.
Recordó que el Pleno del INAI, al resolver recursos de revisión en materia medioambiental, a lo largo de su labor ha votado a favor de la apertura de información relacionada con la construcción del Corredor Transístmico, del aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, del Tren Maya, así como de casos graves de contaminación del pasado, por ejemplo, el registrado en 2014 en el Río Sonora.
En el conversatorio participó también la Presidenta del Consejo Consultivo del INAI, Nuhad Ponce Kuri, quien se sumó al llamado para que, a la brevedad, se designe en el Senado a las tres personas que faltan por sumarse al Pleno del organismo garante nacional para que funcione con siete integrantes.
SemMéxico, Querétaro, Qro., 29 de abril, 2023.- El adultocentrismo sostiene una visión del mundo y de la sociedad muy arraigada a valores, según los cuales las personas adultas están en el derecho de poseer el poder y, por ende, son considerados el conjunto de personas que se encuentra en la cúspide de la pirámide jerárquica de la sociedad, con todo lo que ello conlleva. *
Cifras de violencia infantil
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), advierten que en lo que va del 2023 se incrementó un 36.2% las incidencias de lesiones (de 3,815 a 5,195) en contra de menores de 0 a 17 años.
Por otra parte, datos de la UNICEF refieren que en México 6 de cada 10 niños de 1 a 14 años han experimentado algún tipo de disciplina violenta o maltrato en el hogar, lo que causa una afectación profunda en sus vidas. **
Además, dicha agencia internacional señala que a nivel mundial el 40% de niñas, niños o adolescentes justifica que las personas que les cuidan, usen la violencia como método de corrección disciplinaria. Los castigos físicos o humillantes para criarles, se han convertido en una práctica normalizada.
Los efectos de la violencia en infantes
Las consecuencias negativas de estas prácticas afectan los derechos humanos básicos de la infancia y adolescencia al discriminar, subordinar y relegar sus ideas, propuestas y sentimientos solo por el hecho de tener una edad menor, lo que a largo plazo genera relaciones asimétricas, además de reproducir y perpetuar el autoritarismo.
De ahí que, las infancias y los adolescentes sigan esperando el pleno reconocimiento del respeto por su dignidad e integridad física. Ya que, durante siglos, han sufrido violencia disfrazada de disciplina a manos de quienes se supone, deberían protegerlos.
El adultocentrismo ha ocultado la violencia ejercida contra los infantes, en especial las infligidas por sus progenitores; infanticidio, castigos crueles y humillantes, trato negligente y abandono, abuso sexual y otras formas de violencia. Las cuales en pocas ocasiones son denunciadas, investigadas y sancionadas.
El miedo de los menores de edad para denunciar los incidentes de violencia por temor a sufrir castigos por parte de sus agresores, que en ocasiones suelen ser familiares, y la falta de apoyo de quienes deberían protegerlos, propicia que las agresiones en contra de estos, queden impunes al formar parte de los secretos familiares.
Lo que trae como consecuencia, exposición temprana a la violencia, lo cual, dependiendo de la edad, impacta en el proceso de maduración; en el caso de exposición prolongada, ocasiona perturbación del sistema nervioso e inmunológico que puede provocar limitaciones sociales, emocionales y cognitivas, así como dar lugar a comportamientos que causan enfermedades en la salud física y mental, lesiones y problemas sociales.
Acceso a la justicia y el reconocimiento de los derechos de las y los menores
Socialmente, el paradigma de la incapacidad en los menores de edad, tiene su más fuerte expresión en las normas que, al negarles la “capacidad de obrar”, privan a los niños de la posibilidad de ejercer con cierta autonomía sus derechos, estableciendo las potestades de los padres como derechos absolutos.
Si bien, en la actualidad, se observa una tendencia que considera cada vez más a la minoría de edad no como un supuesto de incapacidad de actuar, sino como una limitación a la capacidad que se fundamenta en razones de protección de sus derechos, aún siguen prevaleciendo en impunidad las agresiones y delitos contra las infancias.
Y esto se debe a que no existe un trato diferenciado y especializado que parta del reconocimiento de la naturaleza estructural e inmodificable de las características de las y los menores de edad.
Por ello, es preciso garantizar que todo infante víctima del delito cuente con un efectivo acceso a los medios jurídicos necesarios para defender sus derechos. Si bien el Estado dispone de diversos medios para la protección de sus derechos, estos han sido diseñados en consideración de personas usuarias adultas.
Como regla general, las niñas, niños y adolescentes han quedado excluidos de actividades o servicios diseñados para adultos.
De modo que, se les ha colocado en un contexto histórico de discriminación arbitraria que les ha impedido ejercer sus derechos como cualquier otra persona. Exclusión que no tiene origen en las normas, sino en un defecto de aplicación en el que no se es consciente de las necesidades y características propias de las y los menores de edad.
Si los niños son los titulares de sus derechos, la Ley debe reconocerles mecanismos efectivos para ejercerlos: otorgarles libertad y protegerlos de todo obstáculo que perturbe el ejercicio legítimo de sus derechos.
Revertir los daños causados por la violencia infantil
El primer paso que se requiere, es reconocer el impacto real que la violencia provoca en la vida de cada infante y adolescente, para después visibilizar y analizar las causas estructurales que generan que se perpetren actos violentos en contra de esta población.
Para ello, es necesario que se considere a las niñas, niños y adolescentes como sujetos en desarrollo, que por su inmadurez psicológica y física requieren ser apoyados en el ejercicio de sus derechos.
De modo que, al identificar las particularidades de la infancia y adolescencia, se les asigne el carácter de un sujeto jurídico especial y se les reconozca una autonomía progresiva en el ejercicio de sus derechos de acuerdo con la evolución de las facultades de cada infante.
De ahí que, se deban implementar estrategias que partan de la corresponsabilidad entre la ciudadanía y el Estado, para que prevengan, eviten y rompan el ciclo de violencia que sistemáticamente ejerce la sociedad en contra de la infancia.
Se han reportado casi 7 mil casos de violencia contra menores de edad, pero son muchos más los que no se denuncian / Víctor Félix | Tribuna de San Luis
El Sistema la el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local indicó que en 2020 recibió 724 reportes de violencia, en 2021 la cifra bajó a 576 y en 2022 creció a 644
Aabye Vargas
SemMéxico/ El Sol de México, Ciudad de México, 29 de abril, 2023.- Los reportes de violencia contra niñas, niños y adolescentes subieron en 2022, año en que la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México recibió 644 y comprobó dos de cada 10 casos, cifra menor a la de años anteriores.
En respuesta a una solicitud de información, el Sistema la el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local indicó que en 2020 recibió 724 reportes de violencia, en 2021 la cifra bajó a 576 y en 2022 creció a 644.
Mientras en 2020 la Procuraduría comprobó actos de violencia en 35 por ciento de las denuncias de ese año, el porcentaje disminuyó a 28.8 por ciento en 2021 y a 18 por ciento en 2022.
Referente a las 297 denuncias registradas entre enero y el 17 de marzo de 2023, las autoridades constataron violencia en 27, en 193 no hubo tal y 77 están pendientes por resolver.
La directora Ejecutiva de la Procuraduría, Lizzeth del Carmen Hernández Navarro, justificó la disminución de las comprobaciones en 2022 al asegurar que en 82 por ciento de los casos no fue confirmó la agresión.
En entrevista con El Sol de México, la funcionaria comentó que dicho porcentaje es elevado porque incluye denuncias falsas, acusaciones de padres o madres tras una separación o cambios de domicilio, los cuales dificultan la atención.
“(En 82 por ciento de los casos) no hay violencia. Uno: se descarta al detectar que hay una situación de índole familiar, vecinal, de amistad o de padres en conflicto. Dos: los niños, lamentablemente, pudieron haber cambiado de domicilio, ahí tienes un riesgo y deben ser rastreados.
«Tres: no encuentras el domicilio. Cuatro: el factor pobreza. Entre esas es que vas descartando y en muchos de los casos realmente no hay (violencia).
Un caso de pobreza, ejemplificó Hernández Navarro, podría ser cuando vecinos denuncian los gritos de niños presuntamente maltratados, pero las autoridades después corroboran que fue por un baño con agua fría debido a la falta de recursos para pagar gas y no por un acto violento.
De acuerdo con el DIF-CdMx, el incremento de denuncias se debe a la apertura de canales de denuncia, como el del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), además de que simplificaron los requerimientos para interponerlas, pues anteriormente solicitaba nombres, edades y parentesco del presunto agresor, así como de los menores de edad violentados.
PROTECCIÓN INFANTIL
El DIF-CdMx atiende los reportes con cuatro equipos multidisciplinarios conformados por trabajadores sociales, abogados y psicólogos, quienes visitan los domicilios y dan prioridad a situaciones “muy urgentes”.
Si las autoridades confirman la violencia, elementos del DIF retiran al menor de edad y presentan la investigación a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX), la cual da seguimiento y determina la situación jurídica.
“Todos los días tratamos muchas veces de alargar las horas para estar en condiciones de atender hasta seis reportes por día», aseguró Hernández Navarro, tras asegurar que no hay rezago en investigaciones de años anteriores
Los apoyos que brinda el DIF van desde brindar un espacio de esparcimiento, apoyo alimentario, vestido, escuela y servicio de salud.
PREVENCIÓN DE ATENTADOS
El coordinador de posgrados de la Facultad de Humanidades de la Universidad La Salle, Emiliano Villavicencio Trejo, consideró que hay riesgo de que los menores de edad atenten contra su vida si los casos no son atendidos con prontitud.
“Niños de siete y ocho años comienzan a atentar contra su vida, a cortarse, por estar en un ambiente no adecuado. Es un trastorno que está presente.
«Es atender la estabilidad emocional, pues si no se le atiende de manera temprana y adecuada, en los próximos 10 o 15 años estos niños serán jóvenes con un estado emocional dependiente, depresivo y no adecuado mentalmente”, mencionó el especialista de La Salle.
Señaló que el DIF debe de robustecerse para una mejor atención, pues el número de casos de violencia comprobado es muy bajo y el de denuncias va al alza.
“Los niveles de estrés e irritabilidad son altos, porque la pandemia trajo un cambio en la dinámica familiar, que agravó o agudizó los problemas de comunicación en la familia. El hecho de haber regresado a la ‘normalidad’ no significa que en automático esas situaciones se resuelvan», dijo el especialista.
“Además, la pandemia trajo que el empleo y la economía se precarizara, pues en algunas familias de cierto estatus económico tuvieron que trabajar los dos cuidadores (padres), por lo que hubo cierto descuido de los niños que crían en casa. Hay que robustecer el personal para darle mejor atención, (el rezago) se ve todos los años”, indicó el especialista.
La denuncia puede interponerse a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), por el número 911, o de manera presencial en el Área de Atención Ciudadana de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF.
De acuerdo con las cifras del ONPRENNA, en 2022 este delito de alto impacto registró dos mil 417 casos
Alfredo Fuentes
SemMéxico/El Sol de México, Ciudad de México, 29 de abril, 2023.-En México, diariamente son corrompidos seis menores de edad, de acuerdo con las cifras del Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la Delincuencia Organizada (ONPRENNA).
Considerado como el delito de alto impacto que más se cometen en contra de este sector de la población, en 2022 la corrupción de menores registró dos mil 417 casos, que se traducen a un promedio de seis diarios, según cifras oficiales.
Dicha cantidad representó un aumento de 25 por ciento respecto a 2021, cuando se reportaron oficialmente mil 992 casos de este ilícito que consiste en obligar a niños, niñas y adolescentes (NNA) a cometer crímenes o a participar en actos de exhibicionismo corporal, lascivos, de prostitución, ebriedad, consumo de narcóticos y/o prácticas sexuales.
El segundo delito fue homicidio doloso, que también tuvo un alza de 3.6 por ciento entre 2021 y 2022, pues pasó de mil 80 a mil 119, respectivamente, indicó el ONPRENNA.
El Observatorio, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), contempla otros 12 delitos como trata, feminicidio, lesiones, secuestro y extorsión, que junto a los dos previos sumaron 33 mil 242 casos en 2022.
Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), explicó que la comisión de estos delitos en contra de los NNA suele ser el resultado de su reclutamiento forzado mediante las desapariciones, modus operandi con el que se engrosan las filas de los grupos criminales.
El atajar este delito era uno de los objetivos principales de la creación del ONPRENNA en 2021, sin embargo, desde el punto de vista de la activista esto no se ha traducido en resultados tangibles, pues se siguen conociendo casos de desapariciones de jóvenes que son potenciales blancos del crimen organizado.
“Lo seguimos viendo, siguen llegando adolescentes al sistema penal por delitos relacionados con las actividades ilícitas de grupos delincuenciales o del crimen organizado, entonces no se ha avanzado en solucionar el problema”, comentó.
PENDIENTES
El ONPRENNA fue creado en 2021 como una herramienta para sistematizar información que permitiera a las dependencias gubernamentales desarrollar planes de trabajo y políticas públicas. Este órgano es liderado por la SSCP e integrado por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
Algunos de los pendientes del Observatorio son establecer un sistema de datos sobre los menores asociados al crimen organizado, ejecutar acciones para impedir que los grupos delincuenciales y concretar la tipificación de un nuevo delito conocido como reclutamiento forzado, como lo recomendó Naciones Unidas.
“Uno de los temas que se ha conversado al menos en dos de las reuniones es desarrollar una propuesta legislativa para presentar en torno a la tipificación del reclutamiento, pero hasta donde yo sé no existe todavía ninguna propuesta”, lamentó Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, en entrevista con El Sol de México.
El propósito de establecer este nuevo tipo penal, explicó Tania Ramírez, es generar una mayor conciencia a la población sobre la problemática y trasladar las condenas hacia quienes los reclutan y no a los menores, ya que en ocasiones son captados por los grupos aprovechándose de su vulnerabilidad.
“A veces son captados y cooptados a través de redes sociales, de videojuegos, etcétera, y están huyendo de una condición de violencia, de una condición de exclusión, de una sociedad que les rechaza, que les expulsa cotidianamente y que de pronto entrar en estos grupos les puede representar una suerte de tipo de pertenencia”, advirtió. Por ello, para evitar que cada vez más niñas, niños y adolescentes sean reclutados y objeto de otros delitos como la corrupción de menores y homicidios, hizo un llamado a no criminalizarlos o estigmatizarlos y, en cambio, ser conscientes de la violencia y desigualdad en la que crecen y los deja vulnerables ante los grupos criminales, ya que actualmente hay entre 250 y 400 mil NNA en esta situación
