Inicio Blog Página 708

OCNF llama a romper la cadena de impunidad, exigen sacar de las calles a los feminicidas

0
  • De 111 asesinatos de mujeres y niñas, sólo 57 se investigan como feminicidio.
  • Todas las autoridades deben trabajar contra el machismo y la impunidad, garantizando una justicia pronta, cabal y con perspectiva de género.
  • Las recientes vinculaciones a proceso en dos casos de feminicidio, representan un paso más para que sus familiares puedan acercarse a la justicia.

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 4 de enero del 2023.- Muchos feminicidas sigan libres en las calles y en las casas,  poniendo en riesgo la vida de mujeres, niñas y adolescentes en México, por lo que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) llama a las autoridades del Poder Judicial y a las Fiscalías de Justicia de todo el país, a romper la cadena de impunidad.

En relación al feminicidio de Saraí Basurto, cometido en el mes de diciembre de 2019 se informa que después de tres años de investigación, el 8 de diciembre de 2022 se vinculó a proceso a Francisco «N». Asimismo, el 22 de diciembre de 2022, también, se vinculó a proceso a Erick «N» relacionado al feminicidio de Stephany Sarahí Santos cometido en el mes de junio de 2019.

Saraí Basurto, joven de 33 años de edad, nació en la CDMX, mujer muy inteligente con grandes ideales, entregada a sus estudios, cursó la carrera de Informática, amaba y se preocupada por la naturaleza y los animales, interesada en las afectaciones del cambio climático. El 22 de diciembre de 2019 su pareja sentimental denunció que Saraí fue encontrada supuestamente ahorcada.

Por su parte, Stephany Sarahí Santos tenía 26 años de edad, nació en Veracruz, era licenciada en Ingeniería Física. Era la mayor de dos hijos. Vivió con su familia en Xalapa, Veracruz, posteriormente se fueron a Mérida, Yucatán. En el año 2016, cuando terminó su licenciatura, Stephany se mudó a la CDMX para conseguir trabajo, tres años después, en 2019 fue desaparecida y posteriormente, víctima de feminicidio.

Ambas vinculaciones a proceso se lograron luego de que de las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México se derivaron datos de prueba suficientes que establecen que se cometieron cada uno de los hechos delictivos y que hasta este momento existe la posibilidad de que, correspondientemente, cada uno de los sujetos fueron quienes cometieron los feminicidios.

De acuerdo a los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la Ciudad de México, de enero a octubre de 2022  se cometieron 111 asesinatos de mujeres y niñas, de los cuales sólo 57 se investigan como feminicidio, ocupando el 4° lugar en número de feminicidios a nivel nacional, después del Estado de México, Nuevo León y Veracruz.

Es importante que en los casos de violencia contra las mujeres las autoridades actúen de carácter inmediato, sin prejuicios y haciendo esfuerzos adicionales para evitar que los agresores y feminicidas sigan cometiendo más delitos  en contra de mujeres, niñas y adolescentes.

Las recientes vinculaciones a proceso en los casos de Stephany Sarahí Santos y Saraí Basurto, representan un paso más para que sus familiares puedan acercarse a la justicia, para romper con las cadenas de impunidad y el abuso de poder que ponen en riesgo a las mujeres, por eso es importante que los agresores no estén en las calles.

En memoria de Stephani Sarahí Santos y Saraí Basurto y de todas las mujeres, niñas y adolescentes a las que les han arrebatado la vida, el OCNF hace un llamado a todas las autoridades a seguir trabajando contra el machismo y la impunidad, garantizando una justicia pronta, cabal y con perspectiva de género.

SEM/MG

Catalina: cuando la justicia no llega

  • Las activistas y defensoras de derechos humanos solemos pedir justicia por víctimas que usualmente son mujeres adultas, adolescentes o niñas.
  • Pero ¿cómo pedir justicia cuando la víctima es una bebé de 15 meses, que aún no habla?

Mónica Mendoza Madrigal

SemMéxico/LaCostillaRota, Ciudad de México, 4 de enero del 2023.- Las activistas y defensoras de derechos humanos solemos pedir justicia por víctimas que usualmente son mujeres adultas, adolescentes o niñas. Pero ¿cómo pedir justicia cuando la víctima es una bebé de 15 meses, que aún no habla?

El caso de Catalina es terrible, pero lamentablemente no es el único. Niñas y niños de todas las edades son utilizados como moneda de cambio por padres violentadores que les usan para lastimar a sus madres, quienes son las verdaderas destinatarias del odio, rencor, enojo o frustración que estos sujetos narcisistas sienten y que manifiestan a través de lo que hoy ya sabemos que se llama violencia vicaria, aunque en Veracruz aún no esté tipificado.

La madre de Catalina es Karen, una duranguense que conoció a Mauricio, un abogado hijo de una familia reconocida de Veracruz, con quien sostuvo un breve romance que concluyó a los pocos meses ante la evidencia de una grave celotipia y violencia. Pero ya para entonces ella estaba embarazada.

Circunstancias de dificultad en la familia paterna que son de dominio público motivaron que Karen se condoliera de ellos y tuviera el gesto de traer a la niña desde a Veracruz en septiembre, para pasar unos días al lado de su abuela,  abuelo y padre, lo que detonó el infierno en el que viven desde hace casi cuatro meses, hasta el día de hoy.

Mauricio, la corrió de casa de su madre y padre, quitándole a la niña para quedarse con ella, lo que provocó que Karen lo denunciara por sustracción de menor y violencia, denuncia que fue recibida por la Fiscalía General del Estado, pero que no tuvo ningún seguimiento.

En este punto es muy importante señalar que quien sustrae a la menor es el padre, con la complicidad de su propia madre, padre y de su familia, lo que de nuevo coloca en el centro de la discusión un caso que en esta columna ya hemos analizado antes: el ocultamiento por razón de parentesco, que debe dejar de ser omitido y debe ser penalizado.

El Código Civil de Veracruz establece claramente que la custodia de un/una bebé le corresponde a su madre cuando es tan pequeño/a, como en este caso. Pero las leyes no importan cuando hay recursos para hacerla a un lado, así que el juez 14 acreditó de manera ilegal el depósito de la niña en favor de su padre. No solo eso, sino que incluso fueron cambiadas las fechas de la denuncia para que pareciera que ésta se interpuso después del depósito en favor del padre, por lo que con ese “arreglito” el delito desaparece. Y fue hasta 3 meses después que la cuarta abogada de Karen, le aconsejó emplazarse, que iniciaron las visitas de convivencia de la madre.

No solo se presume corrupción del juez Fernández -que por cierto había sido ya suspendido por anomalías en otros procesos previos- sino de los abogados que inicialmente ella buscó para que le llevaran el caso, en el que no hay que pasar por alto el hecho de que ella no es de Veracruz, sino de Durango, y por tanto no tiene relaciones ni vínculos confiables aquí, cosa que el padre utiliza claramente a su favor, porque es del puerto y, además, es abogado.

Dado que el padre interpone un amparo, el caso pasa del juez estatal a uno federal que ha aplazado la audiencia ya en tres ocasiones, porque resulta que “casualmente” al expediente le faltan todas las declaraciones y pruebas presentadas por la madre.

Esta presunción es fundada en los hechos, porque pese a que fue el mismo juez el que desecha el depósito porque la madre acredita la custodia en Durango -en donde nace-, la niña no le es entregada, con lo que se incurre en desacato y obstrucción de la justicia, lo que en cualquier otro lugar implicaría que, si el padre no la entrega, se ordene que intervenga la fuerza pública para hacer valer la ley. Pero no en Veracruz, claro.

Lo grave de este caso no es solo la presunción de corrupción de un juez estatal y la esperanza de que “los jueces federales son más difíciles de comprar”, y entonces tal vez ahí sí haya justicia.

Lo grave es que -como lo sabemos claramente- ninguna violencia ocurre de forma aislada, sino que se enreda en una compleja amalgama de otras violencias, como aquí claramente queda de manifiesto: en su primera visita de convivencia para poder ver a su bebé, en un lugar en donde dicho por la propia Karen “te tratan peor que delincuente”, ella constató lesiones en las partes íntimas de la bebé que fueron informadas a las autoridades, quienes las consideraron sin importancia. Esta posible violencia sexual en contra de la menor no es la única, pues a su corta edad, la niña ha sido privada del afecto y el entorno que hasta ahora había conocido, sustituyendo la calidez del cuidado de su madre, por la nana y la escuela a la que ya la inscribieron, pese a tener solo poco más de un año de edad.

Además de eso, el padre ha emprendido una campaña de difamación en contra de la madre, para dañar su reputación pública, pese a que lo que ella busca, es clemencia por parte de las autoridades de Veracruz, para recuperar a su hija.

En un caso como éste y tantos otros ¿qué tipo de reparación del daño puede ofrecérsele a Karen y a Catalina?

Karen pasó sin su hija su segunda navidad y vio irse el año con el trago más amargo de su existencia. Ojalá que el reciente cambio en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, permita atender casos como éste, en donde jueces que ya han sido sancionados continúan alejando la justicia de las víctimas, presuntamente a cambio de unas monedas.

Agradecida de compartir con ustedes este espacio de reflexión generosamente brindado por el Diario de Xalapa y por La Costilla Rota, quiero en 2023 destinarlo a dar visibilidad a violencias contra mujeres, pues sacarlas a la luz es al menos una posibilidad para erradicarlas.

@MónicaMendozaM

SEM/MG

La real paridad, reto para la nueva presidenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

0
  • Su designación es un avance, ¿cuál? o es un desafío en tiempos de mujeres.
  • En el poder Judicial sólo hay 33 por ciento de mujeres.

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 4 de enero del 2023.- Alrededor de la designación de la ministra Norma Lucía Peña Hernández, como la primera mujer en 200 años que llega al frente del Poder Judicial de la Federación integrado por   la Suprema Corte de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales de Circuito (Colegiados y Unitarios), los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal, se hace necesario conocer y difundir, algunos de los principales retos que ello encarna y el significado de su próximo desempeño.

Reproducimos aquí el trabajo de Pantin, Aguilar y Suárez, examinando un meollo del asunto, el que tiene que ver con la paridad entre hombres y mujeres. Se trata de un análisis realizado por el Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, que coordina Laurence Patin.

Paridad en la SCJN: ¿dónde están los avances?

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el año (2022) con la toma de posesión de Loretta Ortiz Ahlf, la sexta mujer en ostentar el cargo de ministra desde la reforma constitucional de 1995. Con ella, cuatro mujeres integran actualmente el Pleno de la Corte: la cifra más elevada en la historia de la institución.

Este avance en la democracia paritaria se ha generado, en buena medida, a partir de las reformas constitucionales y legales que en los últimos años han dictado el incremento en la representación de las mujeres en todos los Poderes y organismos autónomos del país.

La última reforma constitucional en esta materia fue en 2019, -paridad en todo- y para el caso del Poder Judicial de la Federación (PJF), la Constitución le mandata a observar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos jurisdiccionales. Sin embargo, hay que ir más allá de las señales externas. ¿Qué nos dicen los datos sobre el resto de los puestos altos del PJF? ¿Persiste la brecha en ellos?

El contexto del arribo de Loretta Ortiz Ahlf

Sin duda, la llegada de la ministra Loretta Ortiz Ahlf a la Corte no fue tersa: se dio después de dos intentos en los que el Senado prefirió otros candidatos.

Por otro lado, a lo largo de todo el camino que la llevó a la Corte Ortiz Ahlf fue señalada por su cercanía con el titular del Ejecutivo federal, ya que participó en su equipo de transición como organizadora de los Foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional, además de haber sido fundadora de Morena y representante del partido en la Cámara de Diputados. Muchos consideraron que esta afiliación política podía poner en cuestión su independencia como juzgadora, lo que la hacía una candidata poco idónea, pues, de acuerdo con los Principios de Bengalore sobre la conducta judicial, la justicia no sólo debe ser independiente, sino también parecerlo.

La preocupación expresada por el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados en su informe sobre la participación de la mujer en la administración de justicia, en el sentido de que “bajo la apariencia de nombramientos fundamentados en un enfoque de género pueden esconderse nombramientos políticos que no son compatibles con los requisitos de autonomía, independencia e idoneidad”, parecía poder aplicarse al caso de Ortiz Ahlf. Y más cuando se recuerda el proceso fast track que llevó a su nombramiento, pues pasaron apenas ocho días entre el envío de la terna al Senado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la designación por las dos terceras partes de este órgano legislativo.

Aunado a lo anterior, la participación de la sociedad civil en el proceso de selección fue nula: solamente se dieron unas horas para enviar preguntas a las y el integrante de la terna -cuestionamientos que, por cierto, no se hicieron durante las comparecencias-. Asimismo, Loretta Ortiz Ahlf y otra candidata, Verónica de Gyvés Zárate, ignoraron la convocatoria a un diálogo ciudadano en el que se buscaba que respondieran preguntas enviadas por la ciudadanía a través del hashtag #LePreguntaríaALaTerna[1].

Con todo y este contexto enrarecido, es importante reconocer el avance en materia de paridad de género que representa la llegada de una nueva ministra a la Corte y darle el beneficio de la duda. Con sus sentencias podrá demostrar su independencia y su compromiso con el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres. Ahora vayamos a la cuestión principal.

¿Hay paridad en los equipos de las ministras y los ministros de la Suprema Corte?

Es un buen momento para analizar si este avance se replica en otros espacios de la Corte y en los altos cargos de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito.

Dos puestos relevantes dentro de las ponencias [2] de las y los ministros son ocupados por las personas que designan para coordinarlas, así como las y los secretarios de estudios y cuenta, cuya función más destacada es la redacción de proyectos de sentencias.

Una revisión al directorio de servidores públicos de la SCJN [3] arrojó que solamente 33 por ciento de las personas titulares de las coordinaciones de las secretarías de estudio y cuenta [4] son mujeres -es el caso en las ponencias de los ministros Aguilar y Pérez Dayán y de la ministra Piña- [5]. Por otro lado, de las 108 personas con el puesto de secretario o secretaria de estudio y cuenta en alguna de las ponencias de las y los ministros, sólo 44 (equivalente al 41%) son mujeres.

Es importante advertir que únicamente dos de las secretarías de estudio y cuenta presentan una mayoría de mujeres y dos más cuentan con una paridad exacta. De hecho, la que tiene mayor proporción de mujeres es la del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. A su vez, las secretarías de estudio y cuenta de tres de las cuatro ministras -Yasmín Esquivel Masso, Norma Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat- están integradas mayoritariamente por hombres e incluso son de las secretarías con mayor cantidad de hombres. Loretta Ortiz Ahlf es la única ministra cuya secretaría cuenta con más mujeres que hombres, aunque con la información disponible en el directorio no es posible saber si su equipo fue heredado por el ministro José Fernando Franco Gonzáles Salas o elegido por ella.

El ministro Zaldívar ya no tiene una ponencia como tal, ya que, por ser presidente, desempeña funciones distintas a sus colegas. Por ello no está incluido en la gráfica anterior. Sin embargo, se encontró que la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la SCJN comprende 10 secretarías de estudio y cuenta, de las cuales seis son ocupadas por hombres y cuatro por mujeres.

Si ampliamos la fotografía al Poder Judicial de la Federación en general, podemos observar que estos patrones se mantienen. Los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2021 (CNIJF), arrojan que, a pesar de que las mujeres representan el 51 por ciento del personal de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, el personal femenino en los puestos con los salarios más altos (más de 70 mil pesos) en estos órganos solamente alcanza el 40 por ciento. Y, aunque representan el 50 por ciento del personal total del PJF -incluyendo órganos jurisdiccionales y unidades administrativas-, ellas sólo representan el 44 por ciento de los mandos superiores.

Ante esta realidad, el ministro Zaldívar ha impulsado acciones que favorecen la reducción de las brechas de género en los altos cargos de los órganos jurisdiccionales, entre las cuales podemos citar la realización de concursos exclusivos para juezas de distrito y magistradas, los acuerdos para garantizar la integración paritaria de todos los órganos jurisdiccionales, los concursos paritarios para designar a todo el personal de los nuevos tribunales laborales y, más recientemente, el proceso de selección exclusivo para magistradas de circuito para cubrir la vacante de consejero/a del Consejo de la Judicatura Federal. Como resultado de estas políticas, de 2018 a 2020, el número de juezas de distrito aumentó 21 por ciento, mientras que el número de jueces de distrito sólo creció en un 4 por ciento, de acuerdo con datos del CNIJF.

Aunque este tipo de acciones son positivas para acercarnos al principio de paridad de género, aún son insuficientes, pues la brecha sigue siendo muy grande.

La paridad en las instituciones de justicia es urgente

Más allá de que la paridad es una obligación derivada del cumplimiento del principio de igualdad sustantiva y no discriminación prevista en convenciones internacionales [6] y en la propia Constitución mexicana, ésta impacta directamente en la ‘calidad’ de la justicia, pues enriquece las resoluciones de la Corte con pluralidad de perspectivas, lo que le da mayor legitimidad a la Corte. 

Lograr la paridad implica derrocar aquellos obstáculos estructurales que impiden a las mujeres ascender a los altos cargos. Por ello, se requiere de una política de género enfocada no solamente a garantizar mecanismos de selección basados en procesos rigurosos y objetivos que impidan las designaciones fundamentadas en prejuicios y estereotipos, sino también a incidir en las condiciones en las que las mujeres desarrollan su labor. Esto supone reconocer la existencia de la doble o triple jornada que muchas de ellas cubren y que forma parte de una división sexual del trabajo que, a menudo, inhibe su participación en los procesos de selección para obtener puestos de mayor jerarquía.

En una sociedad donde el presidente de un Poder Judicial local puede decir impunemente que el recorte al presupuesto del Tribunal se debe a la “pendejada de una mecanógrafa” que seguramente se estaba pintando las uñas, y donde el magistrado de otro Poder Judicial es denunciado por presunto abuso sexual en contra de una menor de edad, la participación de las mujeres en los órganos de impartición de justicia es más importante que nunca.

Las ministras cargan con la gran responsabilidad de reivindicar el papel de las mujeres en estas instituciones. Es una oportunidad histórica que no deben desaprovechar para que sigamos avanzando hacia una sociedad con menos violencia de género, mayor pluralidad y una justicia fundada en el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género y el enfoque interseccional.

________________________________________

[1] Bernardo Bátiz también fue invitado, pero informó que no acudiría, lo cual no siquiera hicieron las otras dos integrantes de la terna.

[2] Se suele referir al equipo de trabajo de cada ministro como “ponencia”.

[3] Consultado el 5 de enero de 2022.

[4] Las secretarías de estudio y cuenta son conformadas por las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta, quienes son las personas encargadas de analizar los asuntos turnados a la ponencia de cada ministro y de proponer y redactar los proyectos de resolución de los mismos.

[5] A la fecha de consulta, esta información no aparecía para la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

[6] Entre ellas, podemos citar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

SEM/MG

El plagio y la integridad académica

0
  • Sectores sociales y académicos, piden que se aclare para bien de todas y todos.
  • Una petición pide a la ministra Yasmín Esquivel Mossa su renuncia como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 4 de enero del 2023.- La discusión sobre el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa no debe quedar en el olvido, por la trascendencia que tiene y porque está en peligro la justicia en México, señalaron esta semana sectores académicos y sociales. Incluso circuló una petición para que la ministra de la Suprema Corte de Justicia renuncie.

El grupo plural del Senado de la República, que encabezan entre otras y otros, los senadores Germán Martínez y Emilio Álvarez Icaza, consideran que el asunto debe quedar plenamente aclarado.

Una petición en redes, sostiene que no hubo dolo en la denuncia de plagio y que no tiene relación con un acto discriminatorio o de violencia de género, como lo señaló en su momento, la ministra Esquivel Mosa.

Un llamado a la integridad académica hace aquí Aida del Carmen San Vicente Parada, difundido por Ceprovysa, y lo anexamos para la reflexión y el análisis, puesto que se habla de numerosos casos de plagio en la vida universitaria.

La profesora en la picota

Una investigación del portal informativo Animal Político, informa que Martha Rodríguez, profesora de la UNAM y quien ha hecho pública su exalumna, -Esquivel Mossa- dirigió otros ocho trabajos que también presentan elementos idénticos entre sí y con los que ocho alumnos se titularon entre 1986 y 2008. 

Sostiene AP que hizo revisión de las 507 tesis asesoradas por Martha Rodríguez registradas en TESIUNAM, donde al menos ocho de ellas tienen títulos parecidos, índices, introducción y conclusiones casi iguales y en algunos casos, hasta los mismos agradecimientos.

Se trata de las tesis: “La estabilidad en el empleo y la crisis económica”, presentada por Carlos Arturo Loranca Olguín en 1985 y “La estabilidad laboral en época de crisis” de María Elena Galguera González publicada al año siguiente. “El reglamento interior de trabajo” presentada por Guadalupe Zarate Morales en 1987 y una década después, con una tesis con el mismo título se graduó Blanca Barragán Robles. 

“El trabajo del reo” fue la tesis de Olivia Mauleón Pérez en 1991, pero en 1993, Maribel Briseño Miranda presentó la tesis “El trabajo de los sentenciados en las penitenciarías”. Mientras que Sagrario Reyes Kimball presentó la tesis “Análisis del aviso de despido” en 2007, y al año siguiente, Rigoberto García Carvajal se tituló con una tesis con el mismo título. 

En todos los casos, la constante -además de los textos prácticamente idénticos- es que tienen a la misma asesora: Martha Rodríguez, la misma que dirigió la tesis de la ministra Esquivel Mossa y que la UNAM reconoció que se trata de un plagio este 31 de diciembre. 

Por su parte el portal Eje Central, hizo una entrevista con Édgar Báez Gutiérrez, autor de la tesis registrada antes que el texto de la ministra, donde sus aclaraciones y dichos -también en video- evidenciaron que la ministra además ha mentido reiteradamente, sobre el origen y desarrollo de su tesis.

Un día -hace 72 horas- se informó que la ministra denunció a Báez Gutiérrez por haberla plagiado, que lo hizo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que esa fiscalía habría determinado que le iba la razón. Lo que aumentó los diferendos y la confusión.

Pero un día después -ayer martes- la FGJCDMX desconoció el documento difundido en el que supuestamente determinó que la ministra Esquivel Mossa no plagió su tesis de licenciatura.

“Esta Fiscalía no se ha pronunciado en ningún momento sobre el tema ni ha hecho pública alguna conclusión en el sentido de que la denunciante fuera víctima de plagio”, escribió en sus redes sociales.

La importancia del tema, donde está involucrada la ministra, y que hoy está en manos de los órganos académicos y éticos de la UNAM, será esta instancia quien terminará por aclarar lo que realmente ha pasado y cuáles serán las consecuencias.

El Presidente defiende

Ayer en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso a Esquivel Mossa, incluso para ocupar la presidencia del poder judicial, dijo que el plagio es constitutivo de corrupción. No obstante, consideró que la difusión del asunto, tiene que ver con una campaña mediática en su contra, “conservadores que no tienen vergüenza”, por lo que se piensa que se echará tierra sobre tan ominoso asunto.

Dada la discusión reproducimos un texto de la maestra Aida del Carmen San Vicente Parada, difundido por Ceprovysa, para la reflexión, y el análisis de estos hechos:

“En las últimas semanas se ha escuchado sobre plagio, en mis 10 años de experiencia docente he visto infinidad de plagios, unos más graves que otros, intencionales y no intencionales; no hay nada nuevo, porque la mayoría de los alumnos si pueden hacer trampa lo hacen, debemos de recordar que ellos están en formación, que aún no distinguen la trascendencia de sus acciones, por consiguiente el papel del profesor es esencial, para prevenir, eliminar y sancionar prácticas que atenten contra la integridad académica.

La ministra Esquivel Mossa, voto por la nueva presidenta de la Corte.

Antes de hablar del papel del profesor en la integridad académica me permito compartir 3 casos de plagio de los muchos que he visto:

1) En 2015 cuando trabajaba en el seminario de derecho penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, llevaron a revisión una tesis que resultó ser un plagio de una tesis de maestría de la Universidad Autónoma de Nuevo León y un blog de internet. Al leer el trabajo se evidenciaba drásticamente el estilo de redacción, en la introducción se apreciaba una introducción propia de un estudiante de nivel licenciatura y el cuerpo de la tesis -que era parte de la tesis de maestría- la redacción era analítica, técnica y profunda. Esto me llevó a buscar párrafos de la tesis en internet y de manera inmediata arrojó la tesis de maestría y otro blog de derecho penal. Le informe lo anterior al maestro Carlos Barragán, director del seminario, y me dijo imprime todas las evidencias y cita a la alumna. Procedí y hablamos con la alumna, no supo qué decir, el plagio era evidente, la sanción fue dar de baja la tesis en el seminario. Aquí lo más triste es que esa tesis fue aprobada previamente por el asesor de tesis, quien nunca se percató del plagio, porque mucho me temo que jamás leyó la tesis ni se tomó la molestia de revisar a profundidad el trabajo, solamente expidió el oficio de aprobación y eso adelanto desde ahora, es falta de integridad académica.

2) En 2019 dos hermanos (hombre y mujer) aspiraban al grado de especialista en derecho civil, ambos entregaron el trabajo de manera extemporánea, yo era parte del sínodo y no deseaba aceptar los trabajos porque no los entregaron en tiempo y forma, pero el presidente del sínodo aceptó los trabajos, así que procedí a revisarlos, de igual manera los estilos de redacción y la falta de citas me pareció sumamente sospechoso, incluso algunas ideas me parecían conocidas, así que busqué y encontré que los chicos habían copiado y pegado de 3 artículos publicados por la UNAM y uno de ellos era de mi asesor de tesis, con quien he trabajado casi 10 años, por eso se me hacía muy familiar la redacción y las ideas. El día del examen pregunté al sínodo sus opiniones sobre los trabajos de los hermanos y me dijeron están pésimos, pero ninguno mencionó el plagio. Me tocaba la primera réplica y sabe dios que me dio mucha pena porque los chicos habían llevado a sus padres al examen, pero tuve que ser dura, porque ellos tenían esa actitud de descaro y despreocupación, pues creían que nadie se había dado cuenta, pero en la réplica los empecé a cuestionar y les saqué las fuentes originales, total que me tocó salirme porque me llamaron de la dirección, cuando regresé me dijeron los maestros: usted se los puso parejos, ya no teníamos nada que agregar así que suspendimos los dos exámenes de inmediato. Unos meses después me encontré con uno de ellos, el chico me dijo lo siguiente: gracias maestra por el regaño de aquel día, ahora estoy consciente de lo que hice y estoy elaborando mi tesis, espero contar con su ayuda para la revisión.

3) Hace dos años, un aspirante al grado de maestro en derecho, que por cierto era servidor público, presentó un trabajo que, si bien no era como tal un plagio, sí era un compendio de parafraseo de otros trabajos que encontré en internet, así que en la réplica procedí a cuestionarlo, por ejemplo, le dije: ¿qué es el retraso cognitivo? Porque tú hablas de ello en tu trabajo, explícame por favor, obvio no me supo explicar; luego le leí un párrafo que hablaba sobre la diferencia entre retraso cognitivo y  enfermedad mental y le dije no entiendo este párrafo me lo explicas, porque tú lo redactaste, procedió a balbucear incoherencias, porque él tampoco entendía lo que había en su trabajo, esto me llevó a concluir que él pago para que le hicieran el trabajo, pues no conocía ni entendía lo que había redactado y perdón pero para redactar un trabajo de ese calibre necesitas entender el tema. Las otras réplicas fueron peores y el examen se suspendió.

En los casos anteriormente narrados, las y los maestros fueron esenciales para prevenir el plagio, sobre todo en el primer caso, y en los otros dos, no tenían director de tesis por la forma de titulación, pero el sínodo, como revisor y aval, tenía la responsabilidad de sancionar el plagio. Esto implica que, si bien las y los alumnos deben actuar conforme a valores, también es esencial que la maestra y el maestro pugnen por la integridad académica. La facilidad con la que procedieron los alumnos/as y la desfachatez implica que lo habían hecho antes y que nunca fueron sancionados, porque nadie detectó el plagio, pues sus profesores/as no solían revisar sus trabajos ni darles retroalimentación.

El profesor/a es guía y compañero/a, es quien debe zanjar actividades que comprometan la integridad académica. Todas las acciones educativas y académicas deben estar inmersas en la cultura del respeto, honestidad, sentido de justicia y responsabilidad para impulsar al individuo a vivir con valentía todos los aspectos de su vida. No se trata solo de brindar infinidad de conocimientos ni materiales didácticos sofisticados, necesitamos formar a los estudiantes en el ámbito de la virtud para que vivan con honestidad su vida personal y profesional.

Las y los profesores deben revisar, conocer la normatividad de la institución en la que trabajan y amonestar a los alumnos que incurran en este tipo de prácticas, además de reflexionar con ellos entorno a la ética y los valores. Por eso es tan difícil ser profesor/a, no es llegar a clase y entablar un soliloquio es comprometerse a revisar y retroalimentar los trabajos de los alumnos/as.

Los alumnos/as son inexpertos/as por su juventud y algunos/as les gustan las cosas fáciles y para eso está el profesor/a, para prevenir, en la medida de lo posible y atajar esas malas prácticas. Vamos a tenerlo en cuenta cuando hablemos de un asesor de tesis que las revisa a vapor y por eso tiene una alta productividad. En ese caso tiene más de un 50 por ciento de la culpa si hay plagios o deshonestidad académica.

SEM/MG

Miradas de reportero| El 4 de enero no es día del periodista

  • Una sola fecha para el periodista mexicano

Texto publicado el 22 de mayo del 2014, Miradas de reportero

Rogelio Hernández López

SemMéxico. Ciudad de México, 04 de enero del 2023.- Un día suyo. Ni siquiera eso tienen las mujeres y hombres que se dedican a informar profesionalmente en México. No existe una fecha legitimada como el Día del Periodista en México –cavilaba el viejo reportero al acercarse el 30 de mayo de 2014, cuando se cumplirían 30 años del asesinato del columnista Manuel Buendía Tellezgirón-.

–La gente que trabaja como reportera o reportero en nuestro país padece todos los días, en un sistema informativo mercantil amparado en un régimen legal insuficiente e injusto que fomenta grandes vulnerabilidades a medios pequeños y a la mayoría de los trabajadores de la prensa y los pone en situación de riesgo permanentemente. Y ni siquiera hay una fecha que propicie los recuentos y balances de su situación como periodistas y cómo mejorarla—teorizaba el reportero.

–Aunque parezca un asunto trivial sí hay que proponer que se establezca una sola fecha, porque también en esto domina la teoría del caos, que siempre impone el desconcierto. ¿Por qué no proponer que sea el 30 de mayo—se atrevió a proponer públicamente.

Es que le repercutía en la memoria que coexisten al menos cinco fechas en México donde se habla del periodismo como una “actividad necesaria para la democracia” y en que los periodistas son felicitados por “su noble trabajo” : 7 de junio, 8 de septiembre, 3 de mayo, 4 de enero y 30 de mayo son las fechas que danzan anualmente.

ELIMINAR EL 7 DE JUNIO

El 7 de junio, como el día de la Libertad de Expresión, al parecer está siendo proscrito del calendario de celebraciones del gobierno federal. Aunque la mayoría de gobernadores siguen con la inercia de hacer comida de festejos con directivos de medios y hasta entregar reconocimientos, quizá por ignorancia del origen vergonzoso del día

Rafael Rodríguez Castañeda. Director Editorial de Proceso asevera en su libro Prensa vendida (Grijalbo, 1993) que esa fecha, para celebrar la Libertad de Expresión fue impuesta en México por los empresarios más conservadores del continente americano: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y los presidentes de la república lo instituyeron porque les facilitó la incorporación de ese sector de actividad al corporativismo priista de antiguo estilo.

Eso fue, relata el periodista, durante la celebración de la 1X Asamblea Anual de la SIP (fundada en 1947), a la que concurrieron 250 delegados de 25 países del continente. La delegación del país anfitrión, México, estuvo representada por 57 periódicos. Era días de la presidencia de Manuel Ávila Camacho.

Los datos oficiales confirman que hasta 1951, el presidente Miguel Alemán Valdés, decretó ese día, 7 de junio, para celebrar la Libertad de Expresión. Y así se hizo durante muchos años. En 1976, Luis Echeverría como Presidente decretó que los 7 de junio también fuese la entrega del premio Nacional de Periodismo, que organizaba la Secretaría de Gobernación, hasta que periodistas y académicos pugnaron por un Consejo Ciudadano para hacer esos reconocimientos.

Rodríguez Castañeda asegura que durante cuatro décadas la felicitación presidencial a los periodistas ocurrió cada 7 de junio hasta que llegó el panismo a la presidencia de la República y durante una década se suspendieron las comidas de festejos

DESVANECER POR COMPLETO LOS 8 DE SEPTIEMBRE

Durante los años de la Guerra fría, los periodistas de muchos países de Europa y de América Latina promovieron una coordinación internacional de periodistas para oponerse a los dictados de la SIP y las asociaciones de periodistas que esta fomentó. Así nació y actuó en esta región del mundo la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) , que tuvo como asociados mexicanos al Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y la Unión de Periodistas Democráticos.

Estos organismos trataron de contraponer otro día distinto al 7 de junio “porque es la fecha de celebración de las “buenas relaciones” de los empresarios y el gobierno. Así promovieron como un día para las conmemoraciones de los periodistas en México los días 8 de septiembre, fecha en que “el periodismo democrático del mundo realiza reconocimientos al periodista checo Julius Fuscik”, autor del conocido libro Reportaje al Pie de la horca.

Esa fecha ya ni siquiera mantiene consensos entre periodistas europeos. En México ya no parece opción, por falta de motivos de cercanía. Se ha desvanecido por falta de promotores.

3 DE MAYO DÍA QUE FIJO LA ONU PARA LA LIBERTAD DE PRENSA

La Organización de las Naciones Unidas estableció los 3 de mayo como día mundial de la Libertad de Prensa. Esa fecha en México coincide con el día de la Santa Cruz, que propicia la celebración y festejo a los trabajadores de la construcción. Oficialmente el gobierno federal no ha decretado ese día para celebración formal y el actual presidente en 2013 mandó mensajes de felicitación impersonales, vía twitter, al igual que lo hizo el primer 4 de enero de su gobierno.

Uno de los razonamientos de la ONU para fijar el 3 de mayo es que “La libertad de prensa hoy en día sigue sin estar garantizada en muchas partes del mundo. El asesinato de periodistas es inadmisible, no solo porque viola los derechos humanos de los individuos, sino también porque es perjudicial para la buena gobernanza y la democracia, y principalmente para el flujo de información precisa y fiable”.

EL 4 DE ENERO APARECIÓ DE REPENTE

El 4 de enero de 2013, la oficina de la Presidencia de la República emitió un comunicado oficial con felicitaciones a los periodistas de México por “su Día”. Sin mayores explicaciones al año siguiente también hubo “felicitación” twittera de Enrique Peña Nieto. Es una fecha que en algunos años conmemoró el gobierno del Estado de México, también con Peña Nieto como gobernador. Pero no existe ninguna explicación que legitime por qué quiere imponerse esa fecha oficialmente como El día del periodista en México.

Algunos periodistas buscaron alguna causa para elegir esta fecha y encontraron que tiene relación con el periodista Manuel Caballero, fallecido el 4 de enero de 1826. La investigadora Laura Edith Bonilla refiere en un trabajo sobre la modernidad en México que el periodista nació en Tequila Jalisco, que mostró sus filias con los liberales de su época y que el modo de recoger información lo mostró como el reportero más avanzado de su tiempo que aportó métodos y formas modernas.

LOS 30 DE MAYO DESDE HACE 29 AÑOS

Desde 1985, hace 29 años, los días 30 de mayo se realiza una concentración de periodistas ante el monumento a Francisco Zarco en la Ciudad de México. Los convocantes iniciales fueron familiares, amigos y conocidos del columnista Manuel Buendía Tellezgirón, asesinado un año antes (1984). Las concentraciones originales fueron para increpar al gobierno federal la falta de resultados de las investigaciones ministeriales por el asesinato de quien fuera el periodista más influyente de su época.

A partir de 1990, un año después de la captura del presunto autor intelectual del asesinato de Buendía, José Antonio Zorrilla Pérez, continuaron las concentraciones de periodista en el mismo sitio ´promovidas por la Fundación Manuel Buendía, la Unión de Periodistas Democráticos, la Coordinadora de trabajadores de Medios que conformaban los sindicatos de La Jornada, Notimex, Informex, Radio Educación, de Canal 11, del SNRP y Cencos entre otros.

Para este próximo 30 de Mayo de 2014 ya comenzaron a organizar la concentración de periodistas la Fundación Buendía, varios sindicatos y la Casa de los Derechos de Periodistas. Ya se hizo tradición en esa plaza hacer un recuento de la situación de los periodistas, trabajadoras y trabajadores profesionales de la información. Que este año particularmente tendremos poco que festejar, coinciden todos los informes de organismos internacionales.

“En el fondo de todas las visiones, siempre se deriva la conclusión de que este modelo mercantil de la prensa ha creado demasiados obstáculos para el desarrollo de medios pequeños y medianos en las localidades y, que más acentuadamente, fue haciendo vulnerables a sus trabajadores y a los periodistas, que creo una amplia capa de subempleados que se llaman a sí mismos independientes o free lance. Estos medios y estos periodistas han sido los más castigados en el ya largo ciclo de agravios (2000-2013) que asola al periodismo mexicano”, se sostiene en un “Prontuario contra Vulnerabilidades” que redactó este reportero y que editaran Freedom House y la Casa de los Derechos de Periodistas

¿Por qué no promover –insiste el terco reportero—que el 30 de mayo sea el Día del Periodista en México. Sería en honor del primer periodista abatido en los tiempos de narcotráfico y con quien se inició el infausto ciclo de 30 años de agravios a los periodistas que, por realizar bien su trabajo son incomodos para quienes están inmersos en la corrupción de la cosa pública. Mirada de reportero.

SEM/MG

Instala Gobierno estatal organismo de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género en Oaxaca

0
  • El gobernador del Estado manifestó el compromiso de su administración para garantizar una vida libre de violencia para las oaxaqueñas.

Redacción

SemMéxico, Oaxaca de Juárez, 4 de enero del 2023.- El gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, instaló el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género 2023-2028.

En lo que fue también la primera sesión ordinaria del organismo, el mandatario oaxaqueño estableció que “Oaxaca no puede seguir siendo un paraíso para la violencia feminicida, ni para la impunidad; a partir de hoy diseñaremos e instrumentaremos las estrategias y acciones necesarias para garantizarle a las mujeres, niñas y adolescentes, su derecho a vivir libres de violencia”.

En este acto, desarrollado en Palacio de Gobierno, el titular del Poder Ejecutivo expresó que la instalación de este organismo tiene una relevancia estratégica, toda vez que permitirá hacer frente a la situación de violencia que desde hace varios años atraviesa el estado y que constituye una de las principales preocupaciones de su gobierno.

En tal sentido, convocó a las y los integrantes de su gabinete legal y ampliado a hacer de Oaxaca un referente nacional en la transformación de las condiciones para que todas las mujeres puedan vivir libres de violencia.

“Solo con trabajo, cercanía, sensibilidad, responsabilidad y voluntad podremos hacer posible el sueño de un Oaxaca sin violencia, con paz y con justicia. ¡No tenemos derecho a fallarle a Oaxaca!”, expresó.

En su calidad de presidente de este organismo, Salomón Jara Cruz aseveró que para el Gobierno de la Transformación que encabeza, la instalación de este sistema, su consejo y los distintos comités que lo conforman, implica el primer paso para que todas las oaxaqueñas recuperen la tranquilidad y se sientan seguras en las ocho regiones del estado.

Manifestó que su gobierno no será omiso, cómplice, ni insensible a la realidad y, que por el contrario, combatirá la violencia de género en el hogar, las comunidades, los espacios públicos y en las propias instituciones; para ello, se promoverá el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones involucradas en la prevención, atención y sanción de las distintas violencias de género.

“Nuestro gobierno es y será solidario y empático con las mujeres, niñas y adolescentes que sean víctimas de violencia. Destinaremos todos los recursos a nuestro alcance para que puedan acceder a la justicia y a una atención integral, comenzando con el debido acompañamiento legal y psicológico, hasta que puedan salir del espiral de violencia y tengan todas las condiciones para reconstruir su proyecto de vida”, señaló.

Aseveró que el gobierno y sociedad, están comprometidos a construir las condiciones que les permita a las mujeres desarrollarse y colocarse en el centro de la transformación, toda vez que vivir sin violencia es un requisito indispensable para que las mujeres puedan aportar en la construcción del bienestar colectivo.

En este sentido, exhortó a las y los integrantes de este sistema, dar seguimiento puntual e informar periódicamente a la sociedad, sobre el cumplimiento de los acuerdos que se alcancen en este órgano.

Cumple Gobierno de Oaxaca con lo dispuesto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género

En su oportunidad, Elisa Zepeda Lagunas, secretaria de las Mujeres, detalló que este sistema estatal es la instancia de coordinación entre el estado y los municipios de Oaxaca, para el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, que tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios, acciones interinstitucionales entre el Sistema Estatal, Comités y Consejos Municipales.

El Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género 2023-2028, está conformado por la Secretaría de Gobierno, en calidad de Secretario Ejecutivo y de la Secretaría de las Mujeres, como Secretaria Técnica.

Como vocales fungirán las y los titulares del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; del Honorable Congreso del Estado, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de la Dirección General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca; así como de las secretarías de Salud de Oaxaca; de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; de Finanzas; Administración; y de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

También por el Instituto Estatal de Educación Público de Oaxaca; del Instituto para la Planeación; de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión; del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida; y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

SEM/MG

Opinión| Las vísperas de 2024

Dulce María Sauri Riancho

SemMéxico, Mérida, Yucatán, 4 de enero del 2023.- Vísperas: Cosa que antecede a otra, y en cierto modo la ocasiona. RAE.

Apenas inauguramos 2023. Precede a un año crucial para México como será, sin duda, 2024.

En sí mismas, las 52 semanas y los 365 días que lo componen son importantes para las vidas de más de 130 millones de personas que habitamos en México, además de los casi dos millones de nacimientos que ocurrirán en este lapso.

Pero también partirá más de un millón, cifra superior si no se logran paliar los prolongados efectos de la pandemia del Covid y detener el desmantelamiento del aparato de salud pública.

En las instituciones, en la política y en la sociedad este año habremos de tomar decisiones cruciales para configurar la hoja de ruta hacia el próximo sexenio. Equivocarse, titubear o postergar acciones puede traducirse en un costo elevado hacia el futuro próximo.

Por el contrario, movilizar conciencias, expresar solidaridad o rechazo hacia determinaciones del poder generarán condiciones favorables para que la democracia vuelva a florecer en México.

Relevos en instituciones clave. Primero, la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus pares eligieron a la ministra Norma Piña Hernández, primera mujer en presidir el máximo tribunal del país desde su fundación, hace casi 200 años.

Apenas en 1961, casi 62 años atrás, Cristina Salmorán de Tamayo, formó parte por primera vez de una Corte entonces integrada por 21 ministros/as. Veinticinco años después, cuando la ministra Salmorán se jubiló, la presencia femenina seguía siendo una excepción.

Desde el pasado 2 de enero, uno de los tres poderes de la Unión tiene rostro y decisiones de mujer independiente y autónoma. Una luz de esperanza que esperemos ilumine las obscuridades de la justicia en México.

Segundo, las vacancias en los órganos constitucionales autónomos. Fiel a su estrategia de desmantelamiento de todo aquello que no pueda controlar, el presidente López Obrador no ha enviado sus propuestas de comisionado/as para la COFECE (Competencia Económica), IFETEL (Telecomunicaciones), Comisión Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos.

La más grave omisión: no ratificó para 4 años más al subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Sí, el mismo que fue su propuesta en los albores de su gobierno.

La independencia y autonomía con las que ha tomado sus determinaciones el subgobernador Esquivel lo han vuelto poco confiable a los ojos de quien reclama obediencia ciega.

Tercero, las y los consejeros del INE. Desde finales del año pasado comenzó la batalla. Los primeros encontronazos en la Cámara de Diputados han sido por la integración del Comité de Evaluación, a cuyo cargo estará el examen de las y los aspirantes a ocupar una de las cuatro vacantes que, a partir del 3 de abril próximo, habrá en el Consejo General del INE.

La Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) ha ordenado la modificación de ciertos aspectos de la convocatoria aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados hace unos días.

Si la Junta de Coordinación Política se declara en rebeldía para acatar una sentencia del Tribunal Electoral, habrá una confrontación legal de la mayor importancia, no sólo por la materia -elección de consejero/as- sino por la negativa sistemática de una de las cámaras del Poder Legislativo a acatar las resoluciones de un órgano superior del Poder Judicial Federal. ¡Menudo debut para la nueva Presidenta!

Elecciones. Coahuila y el Estado de México no son sólo comicios estatales, aunque uno de ellos, Edomex, sea la entidad más poblada y con el padrón de electoras y electores más grande del país.

Ambas entidades gobernadas por el PRI serán una especie de laboratorio en que los partidos políticos, las estrategias de campaña de las y los candidatos, explorarán los límites de la legalidad, en especial en los temas de propaganda política, financiamiento y utilización de recursos, entre otros temas polémicos.

Los actos de violación a las leyes electorales pueden volverse asunto de todos los días, con el consiguiente desgaste de las instituciones responsables de aplicarlas y de imponer las sanciones que correspondan.

La viabilidad de la coalición opositora en 2024 pasa por los resultados electorales en ambas entidades.

Volver a los procesos locales de este 2023 “tierra de nadie”, una especie de Lejano Oeste electoral, anticiparía una lucha descarnada hacia el 2024 en la que no habría más límites que la fuerza y el control político. Sobra decir quién tiene ambos y está dispuesto a utilizarlos sin contrapeso alguno.

Reglas de 2024. Se “cocinan” aquí y ahora, en 2023. El 1 de febrero reanudan sesiones las cámaras legislativas y en el Senado se habrá de definir la parte final de la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador, el “famoso” Plan B.

Después vendrán las acciones de inconstitucionalidad que llegarán a la SCJN. Con nueva presidencia, los recursos contra la reforma electoral para destruir al INE y dañar al TEPJF tendrán que ser resueltos por la Corte sin dilación.

Vísperas yucatecas. Año de preparativos para 2024, que requerirá madurez y capacidad política para no perder la perspectiva. El gobernador acaricia la candidatura presidencial por su partido; PAN, PRI, PRD, discutiendo estrategias locales cuando la marea nacional habrá de definir el rumbo de las coaliciones opositoras.

En tanto, Morena pierde la oportunidad de consolidarse como partido político, enfrentado a múltiples reyertas internas. Aquí y en todas partes.

Para recordar. “La incertidumbre es un presupuesto de la libertad”. Ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primer discurso ante el Pleno.

dulcesauri@gmail.com

Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán

Autoridades de municipio oaxaqueño acuerdan multar a quien denuncie abusos

  • Encarcelan a mujer y la multan, luego de que presentara una queja ante la Defensoría.
  • DDHPO: El respeto a sus derechos humanos, “límite de la jurisdicción de pueblos y comunidades indígenas”.

Patricia Briseño

SemMéxico, Oaxaca, 4 de enero del 2023.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició el cuaderno de antecedentes para investigar la supuesta advertencia de las autoridades comunitarias de San Miguel Albarradas, municipio de Villa de Mitla, en relación a sancionar con multas económicas a la ciudadanía que denuncie actos de abuso de poder o violación de derechos humanos ante este órgano autónomo, medida que se tomó en contra de una residente de esa población.

La advertencia está consignada en un acta de asamblea respaldada por la autoridad que asienta la sanción a “toda persona o personas que salten a la autoridad municipal en turno y presenten su caso ante otra instancia (municipio, Defensoría o Fiscalía General del Estado) con una multa económica por la cantidad de cinco mil pesos, más los gastos que se generen de dar respuesta”.

Acta de asamblea testada advierte sanción económica a quien denuncie abuso de autoridad

La sanción supuestamente tiene el apoyo de la comunidad a partir de las prácticas del sistema normativo interno o usos y costumbres.

Bernardo Rodríguez Alamilla, ombudsperson advirtió que la dignidad de las personas y el respeto a sus derechos humanos, “son el límite de la jurisdicción de pueblos y comunidades indígenas”.

Expuso que el Estado mexicano reconoce el derecho que tienen las autoridades de las comunidades indígenas para desempeñar funciones jurisdiccionales dentro de su territorio y de acuerdo a sus usos y costumbres, así como con sus sistemas normativos, también, “dicha jurisdicción tiene límites constitucionales y convencionales”.

Y, es que la autoridad de Albarradas, a más de 90 kilómetros al sur de la capital, en la víspera del inicio del nuevo año encarceló a una mujer adulta por no pagar una multa de dos mil pesos, tras denunciar el abuso cometido en su contra por la autoridad local.

Según el testimonio de la agraviada, de nombre Josefina Martínez, expuesto en redes sociales, la mujer de la localidad indígena zapoteca fue encarcelada por haber excluido a las autoridades de San Miguel Albarradas a una comida celebrada con motivo de los festejos del día de la Independencia, el 16 de septiembre de 2022.

De acuerdo con la denuncia, las personas son obligadas bajo amenazas a firmar los acuerdos y callar para no ser sancionados.

Por estos actos, la Defensoría abrió la primer queja del presente año DDHPO/0001/(24)/OAX/2023 , al considerar que “los actos, hechos, sucesos, determinaciones o resoluciones producto de la jurisdicción indígena no deben ser contrarios a las normas que protegen valores esenciales compartidos por la comunidad internacional, como la tortura, desaparición forzada, esclavitud y discriminación, o bien, que atenten al núcleo duro de los derechos humanos o que constituyan actos que lesionen gravemente la dignidad humana”.

SEM/MG

Presunto feminicida de Frida Santamaría podría salir en libertad

  • El delito fue reclasificado por la Fiscalía Regional de Jiquilpan, sin avisar a la familia, en medio de declaraciones contradictorias.
  • Frida fue asesinada el 18 de marzo presuntamente por su expareja que es familiar de quien fuera presidente municipal de Sahuayo por el PRI.

América Juárez Navarro

SemMéxico, Morelia, Michoacán, 4 de enero del 2023.- El presunto asesino de Frida Santamaría García, podría quedar en libertad, esto luego de que la Fiscalía Regional de Jiquilpan que encabeza Alberto Padilla Ontiveros, reclasificará el delito, para pasar de feminicidio a homicidio culposo, pese a que durante las primeras audiencias y las pruebas apuntan a un homicidio intencional.

Lo anterior fue denunciado por la Colectiva Mapas y familiares de Frida Santamaría, que señalaron que las faltas y graves omisiones de la Fiscalía de Jiquilpan están dejando la puerta abierta a la impunidad, ya que han reclasificado el caso de feminicidio de Frida Santamaría como homicidio culposo.

En rueda de prensa, el padre de Frida, Eduardo Santamaría aseguró que la familia del imputado, Juan Pablo S, quien además aceptó haber disparado contra la joven, celebra su regreso a casa.

El caso de Frida Santamaría en el que se presume el tráfico de influencias a los más altos niveles, por tratarse del presunto responsable de un hijo de un político sahuayense, tomaría un rumbo distinto señaló Sofía Blanco representante de Mapas que dejaría sin acceso a la justicia a la familia de Frida.

Agrego que la propia Fiscalía ha solicitado, sin haber tomado en cuenta a las víctimas indirectas, la familia, el juicio abreviado para hoy 4 de enero, todo sin consultarlo a la familia de la víctima, faltando a la garantía de acceso a la justicia, al principio de no retroceso, de no regresión en las investigaciones de feminicidio, y por supuesto, con nula perspectiva de género en la investigación.

«Todo esto que les estoy diciendo, la familia de Frida fue notificada el día 2 de enero. La familia de Frida no sabía todo esto y les estaban negando tener acceso a la reclasificación del delito. Los feminicidios son delitos graves y deben ser abordados desde esa magnitud criminal, desplegando por ello todos los mecanismos, disposiciones y jurisprudencias que sean necesarias para su sanción y persecución», detalló Sofía Blanco.

En este sentido, señaló que expresan su indignación y como feministas y como colectivo, a las acciones de impunidad de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, de la falta de garantías a las víctimas indirectas de feminicidio, a su nulo conocimiento del protocolo de investigación con perspectiva de género, y sobre todo, a su negativa de seguir los marcos internacionales para garantizar la no impunidad, el alto a la repetición de estos hechos en los casos de feminicidio.

Hicieron un llamado de exigencia a los juzgadores en este caso al juez Mario Sotelo, para que ningún feminicidio quede impune, que sean consecuentes con una sociedad que exige un alto a la violencia contra las mujeres, que su imparcialidad se mantenga para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y sus familias, y en este caso a Frida Santamaría y a su familia.

Patricia García Fernández, madre de la víctima señaló que aún después de su feminicidio a manos de Juan Paulo N. ha sido pisoteada su imagen, revictimizada, y se han generado condiciones para que su feminicida quede libre.

Informó que Juan Paulo se responsabilizó de haber cometido un homicidio, pero no con intención, y desmintió a todos los testigos que testificaron a su favor en la audiencia inicial, donde negaba haber cometido un asesinato, fue este primero de enero, a las 18:00 de la tarde, cuando fueron notificado del juicio abreviado solicitado por Juan Paulo y que fue aceptado, y no sólo eso, clasificaron el delito de feminicidio a homicidio culposo.

«Se notificó que el 4 de enero, se llevará a cabo una audiencia. Todos estos hechos impunes han sido aprobados e impulsados por medio de la Fiscalía y el Ministerio Público de Jiquilpan Michoacán, dejándonos en claro el nivel de impunidad y corrupción que se está manejando», subrayó.

Eduardo Santa María Cervantes, padre de Frida, refirió que el fiscal, Alberto Padilla, decidió por su cuenta hacer la reclasificación del delito, «tan fue así que esa audiencia fue el 13 de diciembre y a nosotros nos informan hasta el día primero de enero que ya habían autorizado la audiencia para el día cuatro, donde se iba a acusar a Juan Paulo de homicidio culposo, con una pena de tres años para salir en libertad», expuso.

Señaló que lo que más coraje da es que la familia de él tiene ocho días haciendo preparativos para la celebración de que él sale libre el cuatro de enero, «yo lo veo porque vive enfrente de mi casa, incluso el licenciado Alberto Padilla me dijo que iba a solicitar que se cambiaran de casa por el daño psicológico».

La familia y el Colectivo Mapas pidieron la intervención del Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y al Poder Judicial para impedir que se cometa una injusticia en este caso.

SEM/MG

Tras la Puerta del Poder| ¿Y ahora qué con Yasmín Esquivel?

Roberto Vizcaíno

SemMéxico, Ciudad de México, 4 de enero del 2023.- Desechada por el pleno de la Corte de la contienda por la presidencia de la institución -lo cual en los hechos significó que las y los ministros la consideran culpable del plagio de su tesis-, Yasmín Esquivel apenas inicia su derrumbe.

La defensa hecha en su favor por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera fue la confirmación de que era la elegida para representar sus intereses desde la cúpula de la Suprema Corte.

De eso se salvó no sólo la Corte, sino México al optar las ministras y ministros por la magistrada Norma Piña.

Dominado por la imprudencia que le impide quedarse callado, el mismo AMLO nos indicó cuánto perdió con la llegada de la ministra Piña a la presidencia de la Corte:

“… ella siempre vota en contra de nuestras reformas”, se dolió.

Ha quedado pues confirmado que ministras y ministros al final ratificaron su autonomía y que se sacudieron la amenaza que representaba para su institución y para el país la llegada de Yasmín Esquivel a la presidencia de la Corte.

Ya sin el paraguas de ese poder, la plagiaria vive en la incertidumbre.

El proceso abierto en la UNAM por su evidentísimo plagio deberá llevar a varias conclusiones y consecuencias.

La primera conclusión ya la adelantó el sábado 31 de diciembre de 2022 el rector de la UNAM Enrique Luis Graue Wiechers al indicar que la confrontación y análisis de las tesis del abogado Édgar Ulises Báez Gutiérrez y de Yasmín Esquivel dejaban en claro que la de esta era producto del plagio.

Y que él no iba a permitir que la UNAM perdiera su credibilidad por prestarse a avalar una acción de ese tipo.

Todo lo que siga para Esquivel será consecuencia de eso.

¿Perderá su título?, ¿Será echada de la Corte?, ¿Qué pasará con todos sus casos?, ¿llegará a la cárcel?… ¿o continuará adelante como si nada?

Lo que sí sabemos es que AMLO ya no domina a la Corte y eso es lo verdaderamente importante, trascendente.

Renovar concesiones de agua en beneficio de agricultores/as

Ricardo Monreal adelantó ayer que su bancada, la de Morena, solicitará al presidente Andrés Manuel López Obrador, emita un nuevo Decreto para renovar las concesiones de agricultores/as para extraer agua del subsuelo.

El zacatecano, de origen campesino, indicó que el agua es fundamental para sobrevivir, no sólo por el consumo, sino para producir alimentos.

De ahí que exista el riesgo de que la renovación de las concesiones para extraer el vital líquido perjudique a agricultores/as y ganaderos/as, advirtió.

Monreal recordó que, durante 2018, y todavía bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, se expidió un Decreto para dar facilidades administrativas y regularizar todas aquellas concesiones otorgadas en beneficio de productores/as que perforaban pozos en sus tierras y extraían agua para riego y consumo humano.

Sin embargo, dijo, muchos campesinos no pudieron renovar las concesiones por falta de información y ahora están preocupados porque se les pueda revocar sus concesiones.

“He escuchado en muchas partes del país este temeroso reclamo, son miles de concesiones. Todas y todos están preocupados y vamos a luchar con ellos/ellas para lograr que se renueven sus concesiones y no estén en riesgo de perderlas”, indicó.

Por ello, dijo, se solicitará al mandatario emita un nuevo Decreto para que las y los campesinos puedan renovar sus concesiones, pues ellos perforaron los pozos con sus recursos; “es lo justo y lo normal”.

De igual forma el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena en el Senado, aseguró que desde su cámara velará por establecer políticas públicas que ayuden al cuidado del agua.

“Que el cuidado del agua sea uno de nuestros propósitos por cumplir este y todos los años. En el Senado velaremos por establecer políticas públicas que ayuden al cuidado de este fundamental recurso natural”.

…rvizcainoa@gmail.com  / Twitter: @_Vizcaino / Facebook / https://www.facebook.com/rvizcainoa

Baja California, Jalisco y Veracruz encabezan la lista de los estados con los primeros feminicidios del 2023

  • Nuevo León y Tabasco también registran feminicidios al comenzar el año.
  • La violencia feminicida no se ha detenido.

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 3 de enero del 2023.- El 2023 inició dejando claro que la violencia feminicida no se ha detenido, y en las primeras 48 horas del año se registraron al menos 5 a 7 feminicidios en tan sólo 5 estados, 2 de ellos en Veracruz y en este estado antes de fin de año se registraron dos. Baja California, Veracruz y Jalisco adjudicaron en sus respectivos estados el título del primer feminicidio del año, ya que todos se registraron el día 1 de enero. Las otras entidades involucradas son Nuevo León y Tabasco.

La edad de las víctimas va de los 25 años la más joven, seguida de Zuleima de 27 años de edad, Queta o Bibi de alrededor de 40 años y María de 82 años de edad.

Las víctimas

En Tijuana, Baja California, alrededor de las 8:00 horas del primer día del año se encontró el cuerpo sin vida de una joven de alrededor de 25 años que había sido degollada y abandonada en la vía pública. Contaba con fuertes signos de violencia, principalmente heridas realizadas con un arma punzocortante en el cuello. Fue localizada en el parque Villa del Sol, detalla la prensa local.

Lamentablemente no se pudo identificar a la mujer que vestía una chamarra negra, pantalones del mismo color y tenis blancos, y que, al momento de ser localizada, tenía la capucha de su chamarra puesta.

Jalisco, sin nombre de la víctima

El segundo feminicidio fue reportado en Jalisco etiquetado como el primer feminicidio del año por los medios locales. Una mujer fue localizada con impactos de bala y sin vida en el interior de una vivienda del municipio de Tototlán, informó esta tarde la Fiscalía de Jalisco.

Tras un reporte de la Comisaria personal de la Fiscalía se trasladaron a la vivienda situada en la calle Jardín de Rosas, de la colonia San Agustín, donde hallaron aparentemente herida a la víctima, por lo que solicitaron la presencia de paramédicos quienes confirmaron al revisarla que ya no contaba con signos vitales. Presentaba a simple vista heridas por impacto de bala y fue detenido la pareja sentimental.

Tabasco

En Tabasco un sujeto asesinó a una mujer y luego se quitó la vida en una vivienda del Fraccionamiento 27 de octubre, en la salida de Villahermosa a Teapa. Fue la hija de los fallecidos de 16 años quien encontró los cadáveres en la mañana, se alistaba a salir rumbo la carretera federal, ya que los vecinos le informaron que encontraron el cuerpo de su madre. Al entrar al baño encontró el cuerpo de su padre colgado. Las autoridades aseguraron el cuerpo de Teófilo de 58 años de edad, así como el de la mujer de la que no dieron el nombre de 45 años de edad.     

Veracruz, al menos 4 feminicidios

Asimismo en Veracruz se reporta el feminicidio como el primero de enero del 2023 de una mujer identificada como “Bibi”, de unos 40 años de edad, quien fue encontrada sin vida al interior de su departamento en Coatzacoalcos. Por este hecho, dos hombres fueron detenidos. En twiter el medio digital “Fronterizo del Sur” y El País México la identifica como Queta.

La víctima fue encontrada sin vida en el cuarto piso, en uno de los edificios de la colonia Playa Sol, presuntamente fue degollada y golpeada. Los primeros reportes indican que presentaba huellas de violencia y tenía la boca cubierta, quizá para evitar que gritará. El edificio se ubica en la calle Jhon Spark, entre Justo Sierra y Bernardo Simonin, y fueron los vecinos/as quienes dieron aviso a las autoridades policiacas sobre el cadáver de la mujer.

En la Isla, Veracruz fue encontrada el cuerpo de Zuleima de 27 años que desapareció el 31 de diciembre tras salir de su trabajo en una pizzería del municipio de Rodríguez Clara, y dos días después fue localizada sin vida en Ciudad óIsla. Lo último que su madre y padre sabían es que abordó un taxi para dirigirse a su hogar pero nunca llego. 

El cadáver de la joven mujer fue encontrado atrás de una chatarrera, ubicada en el municipio de Isla. La zona fue acordonada por elementos policíacos y ministeriales tras el reporte de vecinos que realizaron el hallazgo la tarde de este lunes 2 de enero.

Veracruz es un caso especial, ya que el pasado 24 de diciembre, una mujer llamada María del Pilar ‘N’, de 52 años y trabajadora de Petróleos Mexicanos, fue asesinada a manos de su hijo en Minatitlán, quemada y arrojada a la basura. El 27 de diciembre otra mujer, María Yahaira Oxte, de 41 años, fue asesinada a puñaladas en Coatzacoalcos.

SEM/MG

Retrato hablado: Norma Lucía Piña Hernández, una aliada de las mujeres

  • Sus resoluciones la ubican como una de las ministras que más señalamientos críticos han realizado abiertamente en torno a la inconstitucionalidad de reformas y leyes impulsadas por el gobierno.  

Ivonne Melgar*/Ilustración: Abraham Cruz

SemMéxico/Excélsior, Ciudad de México, 3 de enero del 2023.- Hace dos meses exactamente, en la toma de protesta de 87 nuevas juezas, la ministra Norma Lucía Piña Hernández reconoció haber sentido una profunda nostalgia al preparar el mensaje que les compartió. “Las veo y me veo”, les dijo.

Y es que la ahora presidenta del Poder Judicial de la Federación tiene ahí una carrera de 34 años que hoy alcanza su punto culminante, convertida en la primera mujer en México al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pero antes de ser jueza, Norma Piña fue maestra normalista y como tal emprendió la doble y triple jornada de estudiar la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y sacar adelante a su familia.

Asistía a Ciudad Universitaria de 7 a 11 de la mañana, hacía escala en su casa para comer y continuaba por la tarde sus labores docentes.

Concluida su licenciatura en la Facultad de Derecho en 1984, continuó con su formación académica, obteniendo ahí en 1988 el doctorado. Ese año ingresó como secretaria proyectista en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Y en 1989 cursó una especialidad en el instituto de la SCJN.

Colaboradora de Sánchez Cordero

A partir de 1992 fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala de la Corte, una tarea estratégica para la formulación de los proyectos que las y los ministros desahogan en materia de derechos humanos.

Una sala que en su momento encabezó la ministra Olga Sánchez Cordero, para quien la penalista Piña Hernández trabajó en ese encargo hasta 1998, año en que se convirtió en jueza por oposición en Morelos, responsabilidad que continuaría en el Distrito Federal como jueza de Distrito en Materia Administrativa.

A esa fase de su biografía hizo alusión la ministra Piña Hernández el 3 de noviembre pasado ante las juzgadoras que asumían ese rol. 

“Han pasado tantos años y lo recuerdo como si fuera ayer: ¿Qué hay detrás de este día tan significativo? ¿Cuántas horas de estudio, cuántas noches sin sueño, qué malabares se inventaron para estudiar y no dejar de atender a sus hijas e hijos, a sus padres? ¿Quién fue su red de apoyo para lograr estar hoy aquí? ¿A cuántas de ustedes les persiguió la culpa? Esa culpa que no nos suelta a las mujeres, aunque sepamos que no debiera estar ahí”.

Algunas juezas lloraron al escuchar el emotivo discurso en el que la ministra habló de la exclusión sistemática y estructural de las mujeres en el Poder Judicial y del desafío aún interminable de superar cotidianamente el desequilibrio en el balance entre el trabajo y la familia. 

Sin lugar para el protagonismo

Varias advertencias resonaron ese día en la explanada del Consejo de la Judicatura General, cuando la nueva presidenta de la Corte les dijo que la honestidad personal es piedra angular de la imparcialidad y que el juzgado era un espacio para el estudio en soledad para la construcción de sentencias que definen vidas.

“Si lo que les llena en la vida es el protagonismo, el individualismo y la fama, este no es el lugar”, les advirtió.

Fueron consejos sobre cómo soportar las presiones internas y externas a la hora de impartir justicia, y del necesario y obligado trabajo en equipo que entre ellas debían procurar.

“Si priva la humidad, si hay sororidad, todo será más fácil, o tal vez debería decir, menos complicado”, les alertó.

Larga es la lista de las definiciones que ahí se compartieron y que, en retrospectiva, hoy se configuran como premisas de la ministra que una semana después, el 11 de noviembre, buscaría abiertamente el respaldo de sus compañeros y compañeras. 

Porque entonces la ahora presidenta de la SCJN transgredió la regla no escrita de nunca ventilar en los medios las aspiraciones de ocupar ese cargo. 

Rompiendo el silencio

Y es que Norma Piña rompió el silencio en una entrevista con el periódico El País, afirmando que quería ser la primera mujer en encabezar la Corte.

Fue un destape sorpresivo para una ministra que hasta ayer no tenía cuenta en Twitter y que habrá de suceder en la presidencia de la Corte a uno de los personajes de la vida pública mexicana con más éxito en las redes digitales, destacando su presencia en TikTok.

Como sorpresiva resultó su designación este lunes, en tanto sus resoluciones en el actual sexenio la ubican como una de las ministras del pleno de la SCJN que más señalamientos críticos ha realizado abiertamente en torno a la inconstitucionalidad de reformas y leyes impulsadas por el Presidente de la República y la mayoría legislativa de Morena.

De manera que, a juzgar por los votos en los casos más controvertidos de 2019 a la fecha, Piña Hernández es junto con Luis María Aguilar la que menos coincidencias ha tenido con los alegatos de la autoproclamada Cuarta Transformación.

Mas no fue la independencia con respecto al Ejecutivo Federal el punto subrayado por la ministra en su pública postulación, sino el referente a la escucha y protección a los actores más cuestionados por la actual administración, al grado de que las ternas enviadas al Senado para definir a las y los cuatro ministros que se han designado hasta ahora prescindieron de los cuadros de carrera judicial.

Lealtad a la Constitución

“Hay mucho trabajo por hacer en el Consejo de la Judicatura para defender a jueces y magistrados muy valientes, muy fuertes, que sufren presión cada día y nadie está para ellos. A veces se enfoca mucho el tema en la Corte y no se habla tanto de los juzgadores a los que el narco amenaza o incluso mata. El papel del presidente también es defenderlos”, expuso Piña en noviembre al esbozar su oferta para encabezar al Poder Judicial.

Esa reivindicación de lo que sucede en los juzgados y tribunales también fue parte del mensaje del 3 de noviembre al responder en voz alta a las interrogantes de “¿cómo ser juezas íntegras? ¿Qué es la independencia judicial? ¿Cómo aguantar las presiones externas e internas?”.

Les dijo a las 87 juezas que las virtudes judiciales se construyen sentencia a sentencia, con paciencia y conciencia.

Y es que la ministra de la Corte que en 2021 defendió el derecho de las mujeres a interrumpir libremente el embarazo y en 2022 fue la más crítica de la Ley de la Industria Eléctrica al considerar que violaba principios constitucionales como el del derecho a un ambiente sustentable, al tiempo que advertía de la confusa votación que se dio en el pleno, sabe -y así lo compartió- que México requiere de una realidad de pesos y contrapesos que a su vez reclama imparcialidad e independencia judicial.

Habló de la importancia de la modestia y la valentía. E hizo una definición de la que a partir de ahora tendrá que dar cuenta como presidenta de la SCJN: “Una jueza independiente mantiene absoluta lealtad a nuestra Constitución, resistiendo cualquier tipo de presión”.

Feminista y liberal

Considerada por diversas colectivas feministas como una aliada del movimiento de las mujeres, aun cuando ella siempre aclara que no le gustan las etiquetas, Norma Piña contó en 2015 con el respaldo de senadoras de diversas fuerzas políticas cuando fue propuesta por el presidente Peña Nieto para ocupar la vacante que dejaría la ministra Sánchez Cordero.

El cierre de filas de las legisladoras en esa postulación resultó clave, ya que la magistrada había sido incluida en una ocasión anterior dentro de las ternas de prospectos para la Corte por el presidente Felipe Calderón.

Magistrada en el Decimocuarto y en el Vigésimo Tribunal Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito durante 15 años, una trayectoria que inició en el año 2000, Piña Hernández conoce del doble rasero para las mujeres.

Se auxilió del ademán de las comillas que hizo al aire con sus manos e ironizó: “Ellos son decididos, nosotras, mandonas. Ellos son enérgicos, nosotras agresivas”.

Y advirtiéndoles a las juezas que “sobre nosotras hablarán y mucho”, criticándolas, les aconsejó enseguida: “No repliquemos lo malo: la palabrería inútil, el descrédito. No hagan caso, centrémonos en impartir justicia en apego al derecho”. 

Contra los pisos resbalosos

Bajo la consideración de que son las sentencias y las instituciones las que permanecen, la ministra Piña es enfática en la idea de que la imparcialidad es aplicar el derecho sin sesgos de ningún tipo y que sólo la congruencia interna genera la tranquilidad que para un juez resulta invaluable y necesaria para tomar las fuerzas requeridas para seguir.

Convencida de la progresividad de los derechos y de la fuerza que la ciudadanía tiene frente a una SCJN que debe responder a sus reclamos para hacer cumplir la Constitución y los tratados internacionales, su nueva presidenta ha votado también a favor del uso recreativo de la mariguana, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en los asuntos laborales, los derechos de las parejas del mismo sexo y de los hijos o hijas que nacen y se desarrollan en esa familia y por eliminar la prisión preventiva oficiosa.

Fue ella quien estableció la posibilidad de que organizaciones pudieran presentar amparos para defender el derecho a un medio ambiente sano, en 2016, por la Laguna del Carpintero, precedente que dio pie a algunos amparos para frenar el proyecto del Tren Maya.

Responsable hasta ayer de la Igualdad de Género de la SCJN y del Poder Judicial, sostiene que México atraviesa tiempos muy complejos porque la violencia es costumbre y “la vida humana, particularmente de las mujeres, desaparece sin registro ni consecuencia”.

Vista como una ministra de agallas, Norma Piña reclama a las nuevas generaciones nunca olvidar que cuando las mujeres rompen el techo de cristal, están obligadas con aquellas que no han llegado todavía para “ayudarlas a levantarse del piso pegajoso”. 

*Con el permiso de la autora, para beneficio de nuestras y nuestros lectores.

SEM/MG 

Mujer y Poder| En la presidencia de la Corte: una mujer

Natalia Vidales de Bitterlin

SemMéxico, Sonora, 3 de enero del 2023.- Mujer y Poder se congratula de la designación de la ministra Norma Lucía Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que desempeñará por los próximos cuatro años.

Después de tantas noticias malas en el 2022, inicia el 2023 con una buena.   

Hace ella historia al ser la primer mujer que ocupa tan delicado cargo, y se espera que haga historia también en que lo ejerza con honestidad e independencia, fortaleciendo la institución que representa.

Este nombramiento, hay que destacarlo, fue un triunfo más de la sociedad civil participativa que logró parar la elección de Yasmin Esquivel, mujer recomendada por el Ejecutivo, quien obtuvo su título en base al plagio de tesis desatándose el escándalo que todos conocemos.

De haberse concretado su triunfo, el daño a la Corte hubiera sido mortal pero afortunadamente no sucedió así y    no dudamos que Norma Lucia logrará ser ejemplo del profesionalismo que debe imperar en el poder judicial porque cuenta con la trayectoria y credenciales para ello. 

No es ninguna improvisada.

Trabajará, ya lo dijo, en materia de género, igualdad social e independencia judicial. 

Y, para rematar y dejarlo claro, informó que su compromiso será desempeñar sus funciones en términos del marco nacional e internacional y, principalmente, conforme a la columna vertebral de la encomienda constitucional: la independencia judicial. Como debe de ser.

¡Enhorabuena por ello!

Más de 42 millones de niños, niñas y adolescentes viven sin derechos por una política irracional, absurda, incomprensible e indignante

0
  • Esta administración marca el mayor déficit conocido, agudizado en menos de 5 años y se ahondan las diferencias regionales.
  • Mario Luis Fuentes Alcalá y Saúl Arrellano Almanza elaboraron un estudio que muestra cómo se lesionan derechos en salud, alimentación, violencia y educación.

Sara Lovera

SemMéxico, Ciudad de México, 3 de enero del 2023.- Más de 42 millones y medio de niñas, niños y adolescentes en México fueron abandonados por el estado mexicano, sin derechos, sufren pobreza, abandono, mala educación, violencia y carecen de cobertura en salud y vacunación, sostienen Mario Luis Fuentes Alcalá y Saúl Arrellano Almanza, de México Social.

Califican esta situación como irracional, absurda, incomprensible e indignante, agudizada en los últimos 5 años, con desigualdades regionales que evidencian una diferencia entre las y los niños de Baja California y Chiapas es de 300 por ciento, pero la pobreza infantil es grave en entidades como Oaxaca, Veracruz, Puebla, Durango, los derechos afectados en espacios menos dramáticos con la pobreza y la violencia contra NNA está en todo el país.

Plantean los autores que el Estado Mexicano, además omite cumplir con los derechos en la ley y los compromisos internacionales. Hablar de violencia, es hablar de un crecimiento hasta de más del 64 por ciento en violencia sexual contra las niñas en sus hogares.

El estudio elaborado por estos investigadores se llama “Índice de los derechos de la niñez 2022, cinco años de incumplimiento de derechos” y plantea que es una realidad lacerante, si se considera que de acuerdo con el censo la población más grande del país, de 42 millones 561 mil 974 es de niños, niñas, adolescentes de cero a 19 años.

Mario Luis Fuentes Alcalá califica lo encontrado en el estudio como “inapropiado”, donde es claro que estamos en “un país que no quiere a sus hijos/hijas, al que sus hijas/hijos le son indiferentes, al que no le importa tener expectativas sobre sus niños y niñas. Y dramático como irracional, absurdo, incomprensible”.

El estudio que puede hallarse en la página de México Social sostiene que el promedio de cumplimiento de todos los derechos de la infancia medido indica que fue de 0.558 lo que significa que estamos con nuestros niños/niñas y apostamos por su futuro a medias, a pesar de que nuestra economía es la número 16 en el mundo y podría brindar mejores condiciones de vida a sus Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).

Agrega que este Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana, muestra que México sigue siendo un país en el que existen condiciones generalizadas de incumplimiento de los derechos de NNA.

El estudio se hizo con base en la información oficial disponible, y puede sostenerse que no existe un solo ámbito de derechos en el que el país haya tenido un buen desempeño. Lo más preocupante de esta situación es que se trata de una cuestión histórica, estructural y sistémica a la que este gobierno de la 4T no le ha dado importancia.

Si la situación de vida, salud y educación es dramática, también lo es la violencia contra este sector de la población, que ha crecido en 5 años en 46 por ciento. El Índice destaca que, hasta ahora, México ha sido incapaz de construir un entramado institucional integral que haga realidad los derechos que nuestra Constitución y diversas leyes reconocen para los NNA.

Los investigadores Fuentes Alcalá y Arellano Almanza que forman parte, además, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, consideran que es necesario poner en el centro de los derechos humanos a las niñas, niños y adolescentes, hoy no garantizados, como tampoco se puede hablar de una infancia digna.

Menos se ha logrado una estrategia de desarrollo; además, los menores de edad no son tomados en cuenta, a pesar de constituir el grupo poblacional más grande y tiene que ver con una mirada “adulta céntrica”.

Los hallazgos que se tienen en la investigación que da origen al estudio, se muestra cómo, al menos desde el 2008, cuando se llevó a cabo la primera medición multidimensional de la pobreza y hasta el año 2020, de forma constante, el 50 por ciento o más de la población menor de 18 años en el país vive pobreza y pobreza extrema, sin que alguna medida impacte esta situación, como becas o dinero directo.

Este Índice muestra claramente las dramáticas condiciones en que vivía la niñez mexicana, justo al inicio de la pandemia de la Covid19 y del confinamiento obligado; por lo que, en posteriores mediciones, podrá compararse con toda precisión cuál fue el impacto que tuvo la pandemia en el grado de cumplimiento de sus derechos.

El Índice, acentúan los autores, es una herramienta útil desde muchos puntos de vista que, si hubiera políticos interesados en la infancia, tendrían aquí un punto de partida valiosísimo para emprender numerosas acciones.

El resumen que hacen los autores no podría ser más contundente: “La evidencia que se presenta caracteriza a México como un país inapropiado para la niñez, pues las condiciones en las que viven las personas menores de 18 años son, sin caer en un exceso retórico, dramáticas”,

El texto hace un llamado a la indignación frente a la inaceptable y dolorosa realidad que describe, con datos y números demoledores, esos datos simples no logran transmitir las realidades complejas ni el dolor que implica vivir bajo condiciones tantas veces indignas e infrahumanas que padece la mayoría de los niños y niñas en nuestro país.

Especial atención requieren los NNA indígenas quienes cuentan con los indicadores más bajos en el cumplimiento de derechos. De acuerdo con INEGI, en 2020 había 1.96 millones hablantes de lenguas indígenas entre los tres y los 19 años de edad. De ellos, 338,880 no eran hablantes del español por lo que se requiere garantizarles el derecho a una educación bilingüe.

Otro grupo que se enfrenta a condiciones más difíciles para el cumplimiento de derechos es el de NNA que cuentan con alguna discapacidad, limitación o condición mental. De acuerdo con INEGI, en 2020, éstos eran un total de 2.97 millones de NNA de 0 y los 19 años de edad, lo que representa al 7 por ciento de la población de este grupo de edad. El estudio da cuenta que la pobreza afecta más a la infancia que a cualquier otro grupo etario, además de ser una condición estructural e intergeneracional.

Lo más grave

Entre 2008 y 2020, poco más del 50 por ciento de los NNA han sido considerados en circunstancias de pobreza multidimensional mientras que para el resto de la población el porcentaje fluctúa alrededor del 44 por ciento. De igual modo, mientras que el porcentaje de la población mayor de 18 años considerada no pobre o no vulnerable fue en 2020 de 25.8, para los NNA el porcentaje fue de 17.9.

El estudio describe la pobreza y las condiciones de vulnerabilidad de la niñez, entre ellas, la carencia de seguridad social en su hogar, así como de ingreso laboral, nutrición de calidad, rezago educativo, servicios en la vivienda o ser hablante de alguna lengua indígena, el Índice contiene datos tan demoledores como los siguientes: cuando los NNA registraron simultáneamente carecer de seguridad social y de servicios de salud, presentaban 96.9 % de probabilidades de ser considerados/as como pobres; mientras que, cuando se registró simultáneamente vivir en áreas rurales, habitar en viviendas donde se cocina con leña, carecer de seguridad social y hablar alguna lengua indígena, el porcentaje de probabilidad de ser pobre fue de 100 por ciento.

Este último dato muestra las profundas desigualdades que persisten en nuestro país sobre todo si se toma en cuenta que, a nivel nacional, el promedio de NNA en situación de pobreza en 2016 fue de 50 por ciento. Sólo que este promedio esconde la diferencia en la proporción de NNA en pobreza entre Chiapas, que es de 84.5 % y Baja California Sur, con 23.7 %, es decir, una diferencia de 3.56 veces. También hay que decir que, para 2020, el porcentaje de NNA en situación de pobreza se incrementó en 5 puntos porcentuales al pasar de 50.3 a 55.6 %.

NNA en situación de violencia

Otro grave problema que afecta también a la infancia es la violencia. El Índice reporta que de 2016 a 2021, 7 mil 752 NNA perdieron la vida a causa de lesiones provocadas de manera intencional y desglosa con todo detalle tanto los números absolutos como las tasas por 100 mil habitantes de cada entidad federativa.

En relación con las carpetas de investigación sobre denuncias de casos de violencia familiar, se observa un incremento de 46 por ciento en tan sólo 5 años, de 2016 a 2020 (de 191 mil casos a 254 mil) y un incremento de 64.5 % en las agresiones de tipo sexual. Se trata de un fenómeno que ha ido escalando de manera dramática por lo que queda claro que las medidas que se han tomado para detenerlo resultan insuficientes y muestran, sobre todo, un nivel preocupante de deterioro del tejido social y una falta de entendimiento de los resortes que activan esta violencia.

El estudio no sólo constituye una denuncia, sino que arriesga hipótesis para entender la violencia, una de ellas: que la pobreza no es necesariamente su principal detonante, y que hay diversas formas de ejercicio de la violencia que no están ligadas a condiciones socioeconómicas, sino a factores como la salud mental y la presencia o no de una ética de respeto, solidaridad y protección de la otredad.

Hace unos días, se hizo una presentación del estudio en la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, donde Fuentes Alcalá expuso que en los hogares y las viviendas existe una fractura de origen, limitada por la pobreza; mientras que las escuelas se han erosionado y transmiten estereotipos y abusos. Dijo que “la educación es la otra tragedia”.

Se analizó como en la educación la pandemia tuvo efectos demoledores que se suman a los acumulados por la falta de un proyecto educativo sólido con metas precisas que permitan trazar una ruta para superar los profundos rezagos y desigualdades que la educación tiene en nuestro país. Los autores consideran que se puede hablar ahora, al comienzo de 2023, de un escenario catastrófico para la educación y para la salud.

SEM/MG

Jornada laboral de 6 horas para mujeres con discapacidad: Olga Luz Espinosa Morales

0
  • Son mujeres el 32 por ciento de las personas con discapacidad que trabajan.
  • La reforma es congruente con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y apoya jurídicamente el cumplimiento de acceso al derecho a un trabajo digno.

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 3 de enero del 2023.- La diputada Olga Luz Espinosa Morales del PRD propone que la jornada laboral de las mujeres trabajadoras con discapacidad no exceda las 6 horas diarias, dado que las mujeres con discapacidad que trabajan reciben menor salario pero trabajan las mismas horas que las trabajadoras sin discapacidad.

La propuesta concebida como una acción afirmativa y un ajuste razonable para el ejercicio de otros derechos humanos, propone adicionar los artículos 61 de la Ley Federal del Trabajo y 22 de la Ley Federal de las y los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en 2019 las mujeres sin discapacidad ganaban en promedio 4 mil 600 pesos mensuales y las mujeres con discapacidad, percibían alrededor de 3 mil 59 pesos, es decir, mil 541 pesos menos. 

La iniciativa pretende que, mediante el empleo, las mujeres trabajadoras con discapacidad alcancen la inclusión social y laboral, mediante acciones que les permita ejercer plenamente su derecho a un trabajo digno con un horario preferente. 

La reforma es congruente con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y apoya jurídicamente el cumplimiento de acceso al derecho a un trabajo digno, señala la iniciativa, y fue remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La diputada Espinosa Morales menciona que la tasa de empleo para las mujeres con discapacidad es de apenas 20 por ciento, según el Informe Mundial sobre la Discapacidad. Destaca que el 32 por ciento de las personas con discapacidad que participan en alguna actividad económica, son mujeres. 

De acuerdo con el IMCO, solo 4 de cada 10 personas con discapacidad realizan alguna actividad económica y aquellos que laboran ganan 33.5 % menos que el resto de la población económicamente activa, mientras que las que no laboran ni dependen de alguien más, un 39 por ciento, obtienen sus ingresos de algún programa social del gobierno. 

El documento argumenta que diversos análisis señalan que las personas con discapacidad tienen una menor probabilidad que el resto de la población de insertarse en el mercado de trabajo. El ingreso laboral mensual promedio, exponen, es menor para esta población, sobre todo en las categorías donde se concentran, auto-empleados y empleadores o patrones. Respecto a las horas de trabajo, son similares a las 48 de las personas sin discapacidad. 

Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 estiman que la tasa de participación económica de las mujeres con discapacidad es de 21 por ciento. 

La iniciativa toma relevancia al conocer que 56.9 % de las mujeres con discapacidad están en el grupo de los 30 a 39 años de edad.

SEM/MG