• Ciudadanía femenina debe fortalecerse en la práctica para materializar lo establecido en las leyes electorales, sostiene la periodista y activista.

Redacción

SemMéxico/ElSoldeMéxico, Tlaxcala, 18 de octubre del 2022.- A 69 años de la promulgación de la reforma constitucional que reconoció el derecho de las mujeres en México a votar y ser votadas, la paridad en la representación de cargos públicos sigue siendo un pendiente, sostiene la periodista, Sara Lovera López.

Al impartir la conferencia magistral «La ciudadanía de las mujeres mexicanas», desarrollada en el Centro Cultural La Libertad, del municipio de Apizaco, Lovera López destacó la importancia de fortalecer en la práctica el derecho de reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres.

La colaboradora de la Organización Editorial Mexicana (OEM) expresó que aunque en la práctica los derechos políticos electorales alcanzados por las mujeres se ven materializados, aún existen diversos pendientes por atender.

«La ciudadanía de las mexicanas no ha sido gratis, actualmente la votación la seguimos haciendo con miedo y en muchos casos las mujeres seguimos siendo parte de las listas de relleno de los partidos políticos», apuntó ante la audiencia.

Sara Lovera resaltó que actualmente se vive una crisis en la que las mujeres deben plantearse claramente cómo ejercer sus derechos, pero de una manera empática y solidaria, con el reconocimiento de otras mujeres para lograr un frente común.

Fue clara al decir que la paridad total no se va a alcanzar si las propias mujeres no generan una conciencia de género, si no integran una agenda común imprescindible para las mujeres, con la sororidad que se requiere.

Si bien, sostuvo que en los últimos tres sexenios presidenciales ha existido un avance institucional para consolidar los derechos de ciudadanía de la población femenina, afirmó que hay un importante rezago en materia cultural.

Por lo que, en la práctica afirmó se tienen que hacer efectivas las 12 leyes que protegen los derechos de las mujeres en materia de igualdad.

Nota publicada originalmente en El Sol de Tlaxcala.

SEM/MG

• Preocupante la prevalencia y agudización de la violencia feminicida en México: defensoras.

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 18 de octubre del 2022.- En la mañana de hoy, se dieron cita en el Hemiciclo a Juárez, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) para conmemorar los XV años de su fundación.

“Para nosotras, este lugar es emblemático pues fue aquí donde Marisela Escobedo continuó la exigencia de justicia para su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, joven víctima de desaparición y posterior feminicidio, en el estado de Chihuahua. En memoria de ella, de las víctimas de feminicidio y de todas las defensoras de los derechos humanos que hoy no están con nosotras, queremos refrendar nuestro compromiso en la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, comentaron.

No obstante, a pesar de todo el trabajo y acciones que se han impulsado, la violencia feminicida se anida en todo el país y los feminicidios siguen siendo un pendiente para el Estado Mexicano. El incremento en el delito y la brutalidad de los casos nos refleja cómo la omisión de las autoridades derivó en el crecimiento del problema.

Mientras que en 2009 se registraron mil 858 defunciones femeninas con presunción de homicidio, es decir, 5 asesinatos violentos de mujeres al día, en el 2021, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fueron asesinadas tres mil 750 mujeres, sólo mil 4 casos se investigaron como feminicidio, es decir, en doce años el número de feminicidios se duplicó y desde entonces, cada día en nuestro país se asesina a un promedio de 10 mujeres. Hoy vivimos una realidad muy grave. La OCNF inició su labor con datos que les alarmaron pero ahora esas cifras se duplican y las formas de violencia son incluso inimaginables.

El surgimiento del Observatorio fue una respuesta a la inacción del Estado y a la falta de reconocimiento de una problemática grave que cobraba la vida de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez, así como a la necesidad de que organizaciones nacionales dieran seguimiento a las acciones que el Gobierno Estatal y Federal debían impulsar para poner fin a los asesinatos violentos de mujeres.

Desde ese entonces, las defensoras toman conciencia de los impactos negativos de la violencia contra las mujeres y de las características específicas de esta violencia, lo que generó que desde la sociedad civil, realizaran informes y acompañamientos en los casos para evidenciar a las autoridades, a la sociedad y a los medios de comunicación, todo lo que sucedía, particularmente en la zona fronteriza de México, con el temor que lo que estaban documentando en Chihuahua y Ciudad Juárez, también se replicara en otros estados del país, por lo que trabajan para poder evitar una mayor descomposición del tejido social.

La fundación como articulación nacional fue una apuesta colectiva. Se integró por organizaciones y defensoras de derechos humanos, mujeres comprometidas con trabajo en territorio, que desde diversas disciplinas entregan sus conocimientos, su tiempo y esfuerzo a la lucha por los derechos de las mujeres, quienes consideran  fundamental caminar juntas y concentrar los esfuerzos a la lucha contra la violencia más grave hacia las mujeres: la violencia feminicida, y contribuir en la exigencia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Junto con las familias comenzaron a recorrer el camino en búsqueda de la justicia, siguiendo los pasos de otras defensoras, que con su voz denunciaron el feminicidio y con su esperanza creativa lo visibilizaron. Así, las cruces rosas fueron instauradas como símbolo de la resistencia en la búsqueda de verdad y justicia; los zapatos rojos simbolizan la lucha por encontrar a las mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas.

En estos 15 años han visibilizado la misoginia y discriminación que se ejerce en los asesinatos violentos de mujeres. México fue uno de los primeros países en tipificar el delito de feminicidio, con ello se contribuyó a identificar las razones de género que obligan a las autoridades a investigar estos casos con perspectiva que garantice el acceso a la justicia.

A pesar de todo el esfuerzo y trabajo de las defensoras de los derechos de las mujeres y de las organizaciones de la sociedad civil, hoy las mujeres siguen enfrentando una violencia estructural, que se ve reflejada en las formas, saña y brutalidad con la que son asesinadas las mujeres y niñas; en la violencia sexual, la desaparición, los ataques con ácido, entre otras violencias.

Basta recordar casos recientes, que a pesar de ser ampliamente públicos y mediáticos, la justicia no es una respuesta rápida y eficaz.

Un ejemplo es el caso de la joven Ingrid cuyo asesinato y su brutalidad despertaron la indignación social, así como la exigencia de la “ley Ingrid” que prohíbe la revictimización a través de la difusión de imágenes de las mujeres asesinadas. A pesar de que los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 2020, el feminicida de Ingrid Escamilla fue encontrado culpable hasta el 12 de octubre de 2022.

Otro caso que causó repudio social fue el de la joven Debanhi Escobar en el estado de Nuevo León, la joven de 18 años desapareció el 9 de abril de 2022 y fue encontrada sin vida en una cisterna el 21 de abril de este mismo año. La hipótesis de un supuesto accidente ha develado las deficiencias y la carencia de cientificidad en las investigaciones. Ha pasado medio año y la justicia para Debanhi no ha llegado.

Si bien es necesario reconocer que han existido avances sustanciales en materia de los derechos de las mujeres, aún se requieren esfuerzos urgentes y estructurales, la creación de políticas públicas acordes a la dimensión y gravedad de la problemática, que garanticen una vida libre de violencia  para todas las mujeres en México.

Ante ello, las defensoras de los derechos de las mujeres y organizaciones de la sociedad civil, en el marco del XV aniversario, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) siguen alzando la voz para exigir a las autoridades municipales, estatales y federales garanticen:

Que cada estado de la República cuente con un tipo penal homologado, con razones de género objetivas que permitan su acreditación, así como un Protocolo que garantice que toda muerte violenta de una mujer se investigue de manera científica, con perspectiva de género y debida diligencia, como lo marca la sentencia Mariana Lima de  la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que dichos protocolos cuenten con los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para su efectiva implementación.

Que cada entidad federativa cuente con Fiscalías especializadas, con personal capacitado y sensible con las víctimas frente a la problemática del feminicidio, que cuente con equipos periciales en materia de medicina forense, criminalística y disciplinas sociales, con perspectiva de género, que garanticen la acreditación científica del delito de feminicidio y los contextos de violencia en los que estos ocurren.

Que las y los Ministerios Públicos realicen planes metodológicos de investigación con perspectiva de género y, en los casos ocurridos en contextos de criminalidad organizada, incorporen en sus investigaciones líneas de investigación identificadas por las Unidades de Análisis y Contexto, que permita la sanción oportuna de agresores y eviten que éstos vuelvan a delinquir, como lo han hecho los denominados “feminicidas seriales” bajo el cobijo de la impunidad.

Que las y los funcionarios públicos que obstruyan el derecho al acceso a la justicia sean sancionados, a fin de evitar la revictimización y para poner un alto a la violencia institucional. Asimismo, que la “Ley Ingrid” esté presente en todo el país, con el fin de sancionar a quienes atenten contra la dignidad de las víctimas a través de la difusión de imágenes claramente revictimizantes.

Que se sancionen de manera efectiva los casos de tentativas de feminicidio, incluyendo como tales los ataques con ácido, que se han convertido en una nueva y cada vez más frecuente modalidad de las agresiones feminicidas.

Que se generen acciones de prevención, atención y sanción integral a la problemática del feminicidio, a partir de la propuesta de la Ley General contra el Feminicidio, en el que se retome el tipo penal que ha demostrado eficacia en su acreditación y se incluyan los grandes pendientes relacionados con la problemática como las estrategias de prevención, la reparación del daño y la atención a las niñas y niños en situación de orfandad por este delito.

Que se generen las políticas públicas y procedimientos necesarios para la adecuada implementación de las órdenes y/o medidas de protección para las mujeres y niñas en situación de violencia, las cuales requieren de una efectiva coordinación interinstitucional.

Las defensoras de los derechos humanos e integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) han luchado contra una cultura discriminatoria y han puesto su vida para que niñas, mujeres y adolescentes puedan vivir sin miedo y en relaciones de igualdad.

Se han articulado para visibilizar esta grave problemática y combatir su impunidad. Hoy siguen con una firme convicción y compromiso para que las mujeres sigan vivas, libres y sin miedo. Es por ello, que a más de  cinco mil 475 días de su conformación, refrendan el compromiso para seguir realizando su labor de manera comprometida, profesional y ética.

Refrendan también la cero tolerancia a cualquier tipo de violencia al interior de la organización, así como el acompañamiento a todas aquellas familias cuya brújula y motor sea también el acceso a la justicia.

SEM/MG

• Después de dos años, juez de lo penal dictó pena máxima para Erick Francisco Robledo, feminicida de Ingrid Escamilla, sentenciado hoy a 70 años de prisión.

Redacción

SemMéxico/LaCostillaRota, Ciudad de México, 18 de octubre del 2022.- En la audiencia celebrada el pasado 5 de septiembre, familiares de la víctima y asociaciones civiles exigían a las autoridades la pena máxima para Erick Francisco Robledo Rosas, quien acabara con la vida de la joven Ingrid Escamilla en febrero de 2020.

En aquella ocasión la madre de Ingrid, señaló ante medios locales que “ha sido un largo camino, se aportaron infinidad de pruebas, son las suficientes para que esta persona sea declarada culpable y con la pena máxima, con 70 años”. A su petición se sumaron diversas colectivas feministas quienes se manifestaron para exigir que el hombre recibiera una sentencia ejemplar adecuada para la magnitud del crimen.

El jueves pasado, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, señaló que el Ministerio Público buscaría que se impusiera la pena máxima contra este feminicida.

“Lo reitero categóricamente, no permitiremos que el más atroz de los delitos cometidos en agravio de una mujer, como es el feminicidio, quede impune. No nos detendremos hasta lograr que en cada caso se haga justicia” comentó.

Esta noche, después de dos años en que se postergara y difiriera la audiencia para dictar sentencia en varias ocasiones, finalmente fue desechada la intentona de la defensa para que el imputado se internara en un hospital psiquiátrico, sentenciándolo a 70 años de prisión por el feminicidio de Ingrid.

SEM/MG

• “20 años que Inés continua siendo víctima de injusticia, de que no hay una sentencia a su favor y sigue siendo revictimizada con este tema de que no hay todavía”, expuso Téliz García.

Josefina Aguilar Pastor 

SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero, 18 de octubre del 2022.- El centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan, a través de su abogado Rogelio Téliz García, manifestó su preocupación ya que a 20 años de haber sido víctima de violencia sexual, Inés Fernández Ortega, no solo continua sin recibir justicia, si no que  ha sido revictimizada. Luego de la suspensión de la audiencia definitiva que se llevaría a cabo este lunes, fue pospuesta para el lunes 24 del mes en curso.

El representante de Tlalchinollan y abogado personal de Fernández Ortega, lamentó la suspensión de la audiencia finalmente programada para este lunes, de un proceso que inicio en el año 2002, que derivó en la detención de uno de los victimarios, Humberto “N”, quien se encuentra preso en el Campo Militar número 1 de la Ciudad de México. La justificación fue que “no hubo convalidación” para celebrar la Audiencia.

“Como Tlalchinollan nos preocupa que este asunto todavía no se resuelve, todavía no tenemos una sentencia, desde el 2002 al día de hoy, son 20 años que doña Inés continua siendo víctima de injusticia, de que no hay una sentencia a su favor y sigue siendo revictimizada con este tema de que no hay todavía”, expuso Téliz García.

Son también nueve años de proceso que no pueden concluir, por lo que pidió al poder judicial que el próximo lunes se lleve a cabo la audiencia tal y como está programada, que no permitan ningún impedimento por parte del acusado y ese día o los próximos, se pueda dictar una sentencia.

El abogado consideró que la sentencia que emita el juez federal debería de ser condenatoria luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así lo dictó en un juicio internacional el 30 de agosto de 2010.

“Para nosotros tiene que ser una sentencia condenatoria al igual que en el caso de Rosenda Cantú”, dijo.

Agregó que en una plática con el juez, les comentó que no se preocuparan, que revisaría el caso y de acuerdo a las pruebas desahogadas, dictaría una sentencia conforme a derecho.

Al mismo tiempo, el abogado manifestó su preocupación, porque en los últimos días, el ejército mexicano ha tenido una posición muy fuerte y dura, y ha estado influyendo en comunidades y defensores de derechos humanos.

“Nos preocupa esa situación, de suspensión de audiencia, porque no nos vayan a salir con que es inocente cuando no lo es”, expresó, aunque dijo confiar en la capacidad del poder judicial y que dictará una sentencia condenatoria “porque hay las pruebas, hay los elementos y todos los medios probatorios para condenarlo”, asentó.

A través de una intérprete, la señora Inés Fernández dijo que ella fue notificada de que este lunes se celebraría una audiencia pero lamentablemente no se pudo realizar porque en la Ciudad de México no realizaron los trámites necesarios para que pudiera la persona que está detenida comparecer.

“Yo lo que pido, es que ya se realice porque llevo ya muchos años luchando para que esta persona sea castigada, por eso es que yo estoy aquí, porque me interesa que se realice esta audiencia”, dijo.

Derivado de esta suspensión, organizaciones como el Centro Comunitario de Ayutla, y el Colectivo Contra la Impunidad, protestaron en la entrada principal de los Juzgados del Poder Judicial en Acapulco.

Del caso y los antecedentes

Inés Fernández Ortega, es una mujer indígena perteneciente a la comunidad indígena Me’phaa, residente en Barranca Tecoani, Estado de Guerrero.

El 22 de marzo de 2002, Inés Fernández Ortega se encontraba en su casa en compañía de sus cuatro hijos, cuando un grupo de aproximadamente once militares, vestidos con uniformes y portando armas, ingresaron a su casa. Uno de ellos la tomó de las manos y, apuntándole con el arma, le dijo que se tirara al suelo. Una vez en el suelo, otro militar con una mano tomó sus manos y la violó sexualmente mientras otros dos militares miraban.

Al momento de los hechos tenía casi 25 años, estaba casada con el señor Prisciliano Sierra, con quien tenía cuatro hijos.

Por estos hechos, presentó una denuncia el 24 de marzo de 2002 ante el Ministerio Público del Fuero Común; y desde entonces, Inés Fernández se ha enfrentado a diversos obstáculos para tener acceso a la justicia con investigaciones plagadas de omisiones y negligencias.

SEM/MG