SemMéxico reproduce este texto del semanario PROCESO, publicado en la edición de esta semana, para continuar en la tarea de #justiciaparasol
Su hija fue víctima de feminicidio en Oaxaca, estado cuya fiscalía se desentendió del caso. Así que Soledad Jarquín llevó su queja al gobierno federal, que tampoco actuó, y luego a varias ciudades europeas, donde fue escuchada por europarlamentarios, activistas y periodistas que se escandalizaron al conocer los grados de impunidad que privan en México en casos similares a los de María del Sol.
Alejandro Gutiérrez
SemMéxico/Proceso, Madrid, 14 de agosto, 2022.- Soledad Jarquín viajó por varias ciudades europeas para exponer ante europarlamentarios, organizaciones y periodistas las redes de impunidad en México que han obstaculizado que se le haga justicia a su hija, María del Sol Cruz, asesinada en Juchitán, Oaxaca, el 2 de junio de 2018.
«Lo que más llamó mi atención fue lo impactados, lo conmocionados que se mostraban los eurodiputados, los activistas de los derechos humanos y los periodistas al escuchar mi caso, y cómo en México las familias luchamos siempre ante las jugadas sucias de las autoridades -oaxaqueñas en mi caso- que se traducen en la impunidad, como con María del Sol, que cierran las puertas para que se haga justicia», dice en entrevista al final de su periplo.
«Me pasó eso en Bruselas, cuando me reuní con un grupo de europarlamentarios, y vi la sorpresa reflejada en sus caras conforme iban conociendo cada detalle.»
La también periodista y defensora de derechos humanos relata: «Me reuní con los eurodiputados Massimino Smeriglio (Italia), Diana Riba y Miguel Urbán (España), quienes me comentaron que conocían algo de lo que sucede en México, pero no tenían idea del nivel de impunidad que hay en el país. Les expuse mi caso y la actuación de la fiscalía como ejemplo de lo que pasa en todo México. Creo que les abrí los ojos”. En ese encuentro el eurodiputado italiano “me dijo que ‘México es el país de todo el mundo que recibe más recomendaciones por violaciones a los derechos humanos’”.
La misma reacción encontró en Barcelona, durante un encuentro con miembros del ayuntamiento encabezados por la regidora responsable de las políticas sobre feminismo. “Estaban impresionadas cuando conocían los detalles que les exponía, sobre el dolor de las familias y la impunidad.
“Me di cuenta que les sorprende lo que vivimos en México porque ellas tienen otra realidad. Pero coincidíamos en que la impunidad es lo que más afecta en México, algo a lo que no debemos acostumbramos. Se me quedaban viendo como diciendo ‘es que no es posible’; no daban crédito”, recuerda.
Soledad recorrió en poco más de 23 días Bruselas, París, Ginebra, Berlín, Barcelona y Madrid, donde pudo dar a conocer el feminicidio de su hija, también periodista y videasta. Unos días después de esta visita, una mujer con traje típico en la celebración de la Guelaguetza 2022, en Oaxaca, se fotografió al lado del gobernador Alejandro Murat, desplegando una pancarta que rezaba: “666 feminicidios”, en referencia a los casos contra mujeres sucedidos durante su período de gobierno. En las imágenes que circularon en redes se nota el enfado del político.
«Sobreseimiento parcial»
En noviembre pasado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca reconoció omisiones y responsabilidad de funcionarios en la desaseada integración de la investigación de los feminicidios de María del Sol y de Pamela Terán, candidata del PRI-PVEM a concejal del ayuntamiento de Juchitán, y del asesinato del chofer de ésta, Adelfo Guerra, y por ello pidió el “sobreseimiento parcial” del caso.
Eso sólo fue la última etapa de un expresidente en el que los funcionarios implicados han eliminado pruebas fundamentales, alterado declaraciones de testigos, incluso se inventaron un testigo, denuncia la entrevistada. «No me quedaba otra opción más que recurrir a instancias internacionales y visibilizar mi caso fuera de México, explica.
Por ello, el 21 de junio llevó el caso ante instancias de derechos humanos de la ONU, en Ginebra. Formalizó una denuncia contra el Estado mexicano por la impunidad en el feminicidio de su hija, sucedido durante la cobertura que hacía como parte de la campaña electoral de Hageo Montero.
María del Sol tenía poco tiempo de haber ingresado a la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca, cuando el titular, Francisco Javier Montero, la instruyó para que apoyara en temas de comunicación la campaña de su hermano Hageo; ella cedió porque no quería perder su empleo.
Soledad inició así el trámite para que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer conozca y eventualmente se pronuncie sobre el caso de su hija. Esta instancia tiene la facultad de examinar denuncias individuales y emitir resoluciones. “El propósito es visibilizar no sólo el caso de María del Sol, sino (mostrar) lo que pasa en casi todos los casos de asesinatos contra las mujeres, que se quedan en la impunidad”, sostiene.
Esta decisión la tomó después del sobreseimiento de la carpeta de investigación, en el marco de la celebración de un tribunal ciudadano sobre feminicidio -entre las juezas había abogadas que llevaron el expediente del Campo Algodonero, de Ciudad Juárez, y las que ganaron el caso de Digna Ochoa-. Las abogadas de este tribunal, al revisar el caso, le recomendaron que buscara instancias alternativas porque “’eso de sobreseer parcialmente el caso no te va a dar ningún resultado’, me dijeron. Y efectivamente, pasaron seis meses después de esa resolución y es cuando inicié este viaje a Europa”.
Soledad Jarquín tuvo oportunidad de hablar en la sede de la Organización Mundial contra la Tortura, donde la relatora había presentado el informe sobre la situación de la violencia en el mundo.
“Presenté el caso de mi hija y sí sorprendió que se hablara de un caso particular. Hubo un silencio en la sala. Y también mucha atención al caso. Esto contrastó con la participación de la embajadora de México ante la ONU, en Ginebra, Francisca Méndez, que cumplió el protocolo de dirigirse a la relatora, decir que en México se están haciendo maravillas, terminar su intervención y retirarse del recinto, sin la más mínima empatía con la realidad que ahí se exponía. Sólo es la burocracia actuando”, relata.
La que sí se acercó para agradecerle su testimonio fue la relatora especial de la ONU sobre Violencia Contra las Mujeres, Reem Alsalem.
Explica que busca estas alternativas porque “no es una justicia al pie de la letra, como la imaginamos, que se pueda detener y juzgar a los perpetradores tanto materiales como intelectuales, son tribunales de conciencia, son recomendaciones. Yo me daré por bien servida si llegamos a ese punto, ya no puedo esperar más”.
En Bruselas, antes de su encuentro con los europarlamentarios, el legislador italiano le comentó que en esos días había acudido la senadora Olga Sánchez Cordero, quien argumentó que la culpa de estos crímenes es de los estados, por las diferentes formas en que se tipifica el delito de feminicidio. “Es posible que sea una razón, pero para las madres que hemos perdido una hija sabemos que sigue imperando la corrupción y la misoginia en los aparatos ministeriales y en los tribunales”, argumenta.
Y describe que las irregularidades en su caso se presentaron desde la misma madrugada del 2 de junio de 2018, cuando María del Sol, la candidata Pamela Terán y Adelfo Jiménez Guerra fueron atacados por hombres armados cuando salían de un bar en Juchitán. Otro hombre del grupo se libró del ataque al retirarse momentos antes.
Lo primero fue que los familiares de Pamela Terán alteraron la escena del crimen al llevarse los cuerpos de la política y del chofer. Solo dejaron el cuerpo de María del Sol.
Otro hecho irregular es que Francisco Javier Montero, jefe de María del Sol en la Secretaría de Asuntos Indígenas, que depende del gobierno de Oaxaca, hubiera obligado a su hija a apoyar la campaña de un candidato. Y, peor aún, la misma madrugada del ataque un funcionario de la Secretaría de Asuntos Indígenas se metió a la habitación del hotel que ocupaba María del Sol para sustraer todo su equipo y el material de la campaña, para “borrar todo tipo de relación con ellos”.
“María del Sol nunca se separaba de su equipo, y ese día lo dejó en el hotel, pero no contaban que ella cada que llegaba a mi casa vaciaba toda su información y fotografías en mi computadora, por eso yo pude demostrar que ella sí estuvo en Juchitán de Zaragoza, en apoyo a la campaña del candidato del PRI, por orden de su jefe en la Secretaria de Asuntos Indígenas, lo que supone desvío de recursos públicos”, explica.
Jarquín sostiene que la candidata Pamela Terán -hija de Juan Terán, una persona señalada por presuntos vínculos con el crimen organizado-, había sido regidora de Energías Eólicas, por ser Juchitán el epicentro de la riqueza eólica del Istmo de Tehuantepec, donde en las últimas décadas se han ido asentando varias multinacionales del ramo.
A pesar de que la investigación fue deliberadamente obstaculizada, Soledad tiene indicios fundados de que el ataque armado estaba dirigido contra Pamela Terán. Al sumarse a la campaña del PRI, Terán había pedido licencia como regidora del municipio.
“Por todo ello yo estuve en un jaloneo sistemático con la fiscalía para que investigaran y mostraran los avances, lo que molestó mucho al fiscal de Oaxaca (Rubén Vasconcelos), y él opta por cerrarme las puertas. No vuelvo a tener acceso desde octubre de 2018 hasta febrero de 2020”. Rubén Vasconcelos fue suplido al frente de la fiscalía por Arturo Peimbert, en marzo de 2021, y premiado como titular de la Secretaria de Bienestar.
Cuando Soledad Jarquín pudo consultar nuevamente el expediente, “descubrimos que estaba totalmente alterado: no están las pruebas de balística del caso y se suplieron con las pruebas de otro crimen, no estaban las pruebas de telefonía, no estaba uno de los teléfonos de Pamela, no está la prueba georreferencial, hay alteración a las declaraciones de los testigos, y lo peor del caso es que habían inventado un testigo, que era la prueba reina para mantener preso al único detenido que había en ese momento”.
Este es el expediente alterado que motivó que fuera sobreseído parcialmente, en noviembre pasado. Y luego se abrió una nueva carpeta de investigación, que no tenía ningún sentido ante la pérdida de las pruebas antes descritas.
Impunidad e intereses
Muy poco tiempo después del ataque donde murió su hija, Soledad fue amenazada de muerte, con la advertencia que la matarían a ella y a sus otras hijas, lo que le obligó a abandonar Juchitán.
De inmediato, el Observatorio Nacional contra el Feminicidio empezó a trabajar con ella, en su petición para que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República. “Había argumentos fundamentados si partimos que en el ataque se usaron armas de alto poder, porque se realizó en un contexto de un proceso electoral y por la inacción de la fiscalía de Oaxaca”, sostiene.
Soledad acudió a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en noviembre de 2020. Expuso su situación y la de familiares de 18 mil víctimas más, para pedirle que moviera todos los recursos del Ejecutivo para frenar los feminicidios en México.
«El presidente nos envió con la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que nos escuchó. Y a su vez ella nos envió con Fabiola Alanís (titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), pero esta funcionaria no pudo con el paquete, porque le planteó la atracción del caso al fiscal Alejandro Gertz, abordándolo en unas escaleras, sin la más mínima seriedad. Por supuesto el fiscal no quiso atraer el caso. Sin embargo, desde aquel entonces ya no hubo ningún seguimiento del caso por parte de la Presidencia de la República”.
Reconoce que esa falta de tacto desde el gobierno federal “es un golpe muy grande para mí y para otras madres, porque teníamos muchas esperanzas en el presidente. Siempre pensamos que era necesario el cambio en México, y cuando se produce a mí me agarra con esta grave situación. Nos hemos ido decepcionando poco a poco, porque el presidente da instrucciones, Sánchez Cordero nos escuchó durante tres horas, pero al final no hay resultados y no hay ningún seguimiento. Me deja un terrible sabor de boca».
La periodista explica a Proceso que cuando repasa el caso de María del Sol es inevitable pensar en los viejos y profundos lazos políticos e intereses que existen entre la familia Montero y la familia Mural.
En Oaxaca es ampliamente conocido, dice, que el exgobernador José Murat (padre del actual gobernador, Alejandro Murat) y Porfirio Montero (padre del jefe de María del Sol y del candidato del PRI en aquella elección) tienen una relación de amistad y de relaciones políticas desde los setenta.
“Ellos están trabajando juntos desde los años setenta, siempre en contra de la COCEI (Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil del Istmo) desde que ésta se fundó. Y a lo largo de este tiempo han sido señalados por la COCEI de estar detrás de grupos de guardias blancas que han asesinado coceístas.”
Recordó que “cuando José Murat llegó al gobierno de Oaxaca (1998-2004), y se supo que llegarían las compañías eólicas a la zona, Porfirio Montero compra tierras con prestanombres e invade otras en la Venta y la Ventosa”. Actualmente preside la Unión de Propietarios de Energías Renovables del Istmo, organismo que renta las tierras a las compañías extranjeras que ahí operan.
Porfirio Montero ha sido operador político de José Murat y ha crecido políticamente al lado del exgobernador.
Coincidentemente, Alejandro Murat hizo secretario de su gobierno a uno de los hijos de Porfirio Montero, Francisco Javier Montero. Y el PRI nominó como candidato al otro hijo, Hageo, en cuya campaña trabajó María del Sol.
“Por eso no me extraña que el fiscal Rubén Vasconcelos fuera tan rotundo en obstaculizar en todo momento la investigación, para que prevaleciera la impunidad. Hasta ahora seguimos sin saber quién lo ordeno”, acusa.
