• Desde la época virreinal, la participación de las mujeres afromexicanas ha sido relevante en el ámbito económico, cultural y social.
• Por las acciones coordinadas para reforzar el compromiso de garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres afromexicanas en el ámbito de su competencia.

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero, 12 de agosto del 2022.- Abatir la invisibilización, discriminación, exclusión, violencia política en razón de género, usurpación de sus espacios, acceso a espacios de toma de decisiones, piso parejo para su participación política, son algunos de los retos en los que deben incidir para lograr un real reconocimiento, coincidieron en señalar expertas al participar en el conversatorio “Reflexiones, avances y retos de los derechos políticos y electorales de las mujeres Afromexicanas”, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

En el evento realizado este jueves en las instalaciones del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, Luz Fabiola Matildes Gama, consejera presidenta del IEPC, en su intervención de bienvenida, dijo que desde la llegada de la época virreinal, la participación de las mujeres afromexicanas ha sido relevante en el ámbito económico, cultural y social.

La invisibilización histórica ha sido la perpetuación de las condiciones de marginación y exclusión de la población afrodescendiente, y en consecuencia, las personas de descendencia africana, se encuentran entre los grupos más marginados, y discriminados afectando directamente a las mujeres, señaló.

Agregó que la desigualdad y la discriminación, son consecuencia de diferentes factores como son la etnia, y el género que interrelacionadas afectan los derechos políticos de las mujeres afrodescendientes. 

En el caso de México refirió la consejera, fue hasta el 2019, con la reforma constitucional al artículo II, se reconocen a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural del país, también su derecho a la libre autodeterminación, autonomía, desarrollo e inclusión social. 

El reconocimiento jurídico que indicó Matildes Gama, corresponde a la larga lucha de las y los  afromexicanos  por el reconocimiento a su existencia y sus derechos, ya que a lo largo de la historia de México, se había silenciado su influencia.

En los últimos años indicó, se han realizado acciones para revertir esta subrepresentación e invisibilización de la comunidad afro en los espacios de poder y de la sociedad, los obstáculos que enfrentan son profundos, por lo que necesitan potenciar su voz y tomar acciones contundes para garantizar sus derechos, incluyendo el de la participación y representación desde su identidad étnica y de género.

Por ello, Matildes Gama apunto que es menester del IEPC, fortalecer los vínculos institucionales con las autoridades federales, el Congreso del Estado, y particularmente con la sociedad civil, que nos permitan realzar acciones coordinadas para reforzar el compromiso de garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres afromexicanas en el ámbito de su competencia.

Las conversantes fueron, Marbén de la Cruz Santiago, presidenta de la Comisión de Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado; Marina Martha López Santiago, de la Defensoría Pública Electoral de los Pueblos y comunidades Indígenas, del Poder Judicial de la Federación, y Gema Tabares Marino, de la organización Afro Caracolas.

En su exposición, la diputada Marbén de la Cruz; según datos INEGI, habla de que el Estado de Guerrero una población de 300 mil personas identificadas como afromexicanas, distribuidas en 18 municipios, en cinco regiones, costa Chica, Acapulco, Centro Norte y Costa Grande, de las cuales, la mitad, son mujeres.

A pesar de su participación en la sociedad, la población afromexicana esta invisibilizada, por lo que entre los retos y necesidades mencionó el otorgamiento de una atención específica, políticas públicas en las que puedan logara un desarrollo sostenible y sustentado en Guerrero, trabajo colectivo, y así poder acceder a los espacios de toma de decisiones y poder, y en un futuro no lejano, hay mujeres afromexicanas, siendo magistradas, juezas, gobernadora, más senadoras y diputadas, y hasta una presidenta de la república.

Marina Martha López Santiago, de la Defensoría Pública Electoral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, del Poder Judicial de la Federación,  entre los retos a vencer por parte de las mujeres afromexicanas, mencionó que las instancias públicas, garanticen espacios para ellas; evitar la violencia Política en Razón de Género (VPG),  por cuestiones de raza, y discriminación.

Reconoció algunos avances gracias al esfuerzo de las propias mujeres afro e instituciones como el INE y los Oples en los Estados, aunque admitió que hay entidades en los que no hay avances. Señaló la necesidad de la elaboración de un estudio sobre lo que necesitan hacer como instituciones para lograr la participación efectiva de las mujeres afromexicanas y puedan acceder a espacios de participación pero sin violencia política.

Gema Tabares Marino, de la organización Afro Caracolas identifico tres retos principales, uno derivado de la invisibilización sistémica, con lo que las mujeres afrodescendientes pueden sufrir múltiples formas de discriminación por la edad, lugar de nacimiento, provenir de una comunidad, el origen social, matrimonio, discapacidad, religión; el segundo sería la falta de un piso parejo para la participación política, ya que dejan la misma carga de participación política a un pueblo que ha sido históricamente racializado y discriminado, a otro que ya ha tenido avances en este tema.

Así como por la precarización económica y en desventaja de la incorporación de sus demandas en las instituciones debido al tardío reconocimiento institucional. Tercero, coincidió en cuanto a la violencia política en razón de género, relacionada con chantajes, amenazas, insultos señalamientos descalificaciones hostigamiento, que en la mayoría de los casos no se denuncia por vergüenza, desconocimiento de como denunciar, miedo, falta de acceso económico así como por las normas establecidas en la sociedad, violencias que dijo en algunos caos han terminado en feminicidios.

Mencionó que de manera particular, antes de las acciones afirmativas implementadas, en Guerrero postularon seis mujeres afromexicanas, de las cuales solo tres llegaron a los cargos políticos, debido a las barreras sistemáticas.

SEM/MG

• Se reitera el reconocimiento del derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas con vida y bajo un enfoque diferencial, así como la importancia del derecho a la verdad.

Redacción

SemMéxico/ONUNoticias, Ciudad de México, 12 de agosto del 2022.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saluda la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que confirma el amparo otorgado en favor de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, personas desaparecidas desde 2007 en Oaxaca, y de sus familiares.

El día de ayer la SCJN resolvió el Amparo en Revisión 51/2020 promovido por la hija y hermana, respectivamente, de los señores Reyes y Cruz. En su decisión, la SCJN establece criterios relevantes que ayudan a definir el rol de quienes imparten justicia en temas relacionados con esta importante y dolorosa materia que aflige a miles de personas en México.

La ONU-DH saluda particularmente la integración de los siguientes elementos en la determinación de la SCJN:

Se reconoce la gravedad de los actos de desaparición forzada, su enorme impacto particularmente en las víctimas y sus familiares, y la necesidad de fortalecer los mecanismos para combatir esta práctica, retomando la normativa internacional y los estándares adoptados por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se reitera el reconocimiento del derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas con vida y bajo un enfoque diferencial, así como la importancia del derecho a la verdad.

Se precisan criterios para la actuación de quienes imparten justicia en materia de amparo en base en el establecimiento de un estándar de prueba atenuado en la definición de las desapariciones forzadas.

Se determina que las autoridades de amparo pueden fijar medidas encaminadas a proveer una reparación integral a las víctimas.

Para la ONU-DH esta decisión, sumada a la adoptada con ocasión del Amparo en Revisión 1077/2019 (que reconoció fuerza vinculante a las Acciones Urgentes emitidas por el CED a efectos que se busque y localice a una persona desaparecida), confirma el relevante papel que están llamados a desempañar la SCJN y en general los poderes judiciales como instancias garantes de los derechos de las víctimas del flagelo de la desaparición de personas. La ONU-DH espera que la decisión del día de ayer sea un parteaguas en el quehacer jurisdiccional para las familias que buscan justicia, verdad y reparación.

En el marco del informe derivado de su visita a México, el CED definió, dentro de las prioridades que debe atender la política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, la necesidad de “remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desapariciones forzadas”, al  constatar que la judicialización de los casos “sigue siendo una excepción”, “las herramientas disponibles siguen siendo poco conocidas y aplicadas” y existe “una actitud pasiva de muchas instituciones judiciales frente a las desapariciones”. La decisión de la SCJN debe contribuir a revertir esta situación.

La ONU-DH reconoce a las familias de las personas desaparecidas y a quienes les han acompañado y asesorado por más de quince años. Ellas, sumadas a las más de 100 mil familias con algún ser querido desaparecido en México, son el motor que impulsa las acciones de combate a la desaparición en el país. Corresponde a todas las autoridades del Estado erradicar esta práctica, que constituye un delito y una grave violación a los derechos humanos.

Finalmente, la ONU-DH hace un llamado al cumplimiento diligente de la decisión de la SCJN por parte de todas las autoridades concernidas y reitera su compromiso de continuar asistiendo al Estado mexicano en su conjunto para que tome decisiones y adopte políticas públicas que sienten la base para la erradicación de la desaparición de personas en México.

SEM/MG

• México tiene un sistema de justicia que tan solo resuelve el 1 por ciento de las denuncias.

Redacción

SemMéxico/ONUNoticias, Ciudad de México, 12 de agosto del 2022.- La Alta Comisionado de la ONU, Michelle Bachelet, exhortó al Gobierno de México a mantener la naturaleza civil de la Guardia Nacional y de la seguridad pública.

Todo esto se produce, después de que el presidente mexicano, López Obrador, planteara la militarización de la seguridad pública.

“La Alta Comisionada ha reiterado en relación con varios contextos que la creciente militarización de funciones civiles básicas supone un debilitamiento de la institucionalidad democrática”.

La ONU ha sido muy clara, más que militarizar la Guardia Nacional hay que “fortalecer las instituciones civiles, así como la transparencia y la rendición de cuentas en materia de seguridad de autoridades civiles y militares”.

México tiene un sistema de justicia que tan solo resuelve el 1 por ciento de las denuncias.

¿No sería preciso llevar a cabo antes una reforma en esta materia?

SEM/MG

•      Un bajo porcentaje ante el contexto de violencia política contra las mujeres por razón de género y ante políticos y políticas que descalifican o dan trato diferenciado a las candidatas por el simple hecho de ser mujeres.

SemMéxico, Ciudad de México, 12 de agosto del 2022.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2023, a partir de la fórmula establecida en la Constitución, por un importe de 6 mil 233 millones 510 mil 798 pesos, conforme a lo siguiente:

En sesión extraordinaria, el Consejero Presiente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que “el modelo de financiamiento predominantemente público de los partidos políticos es uno de los pilares de nuestro sistema electoral y es el producto de la evolución de dicho sistema a partir de una serie de reformas que, consensuadas entre las propias fuerzas políticas, se han ido perfeccionando y mejorando las condiciones de legalidad, certeza y equidad en la contienda política”.

Córdova recordó que cada año el INE calcula el monto del financiamiento que reciben los partidos, con base en una fórmula establecida en la Constitución. Dicha fórmula de cálculo, enfatizó, no admite debate o negociación alguna, sino que es un mandato establecido en el artículo 41 de la Constitución.

El 3 por ciento en promoción y liderazgo político de las mujeres es el piso mínimo

Respecto al tres por ciento del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes que cada partido político debe destinar para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, la Consejera Dania Ravel Cuevas recordó que ese porcentaje es un piso mínimo.

“Este recordatorio es aún más necesario en un contexto en el que seguimos presenciando violencia política contra las mujeres por razón de género y viendo a políticos y políticas que descalifican o dan un trato diferenciado a las candidatas por el simple hecho de ser mujeres”, lamentó.

Financiamiento público evita tentación de venderse a intereses privados

Por su parte, el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, recordó el origen histórico de por qué está en las leyes el financiamiento público a los partidos políticos y cómo se ha convertido en una contribución a la democracia mexicana.

“El Estado mexicano va a gastar algo más de seis mil millones de pesos en financiar a sus partidos políticos y ese gasto le ahorrará a la sociedad a lo largo y ancho del país, muchísimo más dinero, evitando compromisos, evitando la tentación de venderse a los intereses privados”, dijo.

En su intervención, la Consejera Norma De la Cruz Magaña llamó a los partidos políticos a hacer un uso responsable de los recursos asignados, “demostrando que serán empleados de acuerdo con la normativa aplicable vigente y que cumplen con la funcionalidad para la que son designados, que deberán de aplicar el financiamiento para los fines establecidos en la normativa, transparentando su uso y destino, así como rendir cuentas no sólo a esta autoridad, sino a la sociedad”.

Financiamiento público favorece la equidad en la contienda

El Consejero Jaime Rivera Velázquez coincidió en que, por consenso de una serie de reformas electorales pactadas por las distintas fuerzas políticas, se acordó el financiamiento público de los partidos políticos como un mecanismo que favorece las condiciones de equidad en la competencia por el poder.

“Morena mientras fue oposición no reclamó la disminución del financiamiento público porque lo necesitaba para competir por el poder, ¿por qué será que ahora desde el gobierno lo desdeña e incluso pretenda desaparecerlo o al menos el financiamiento ordinario para que los partidos puedan funcionar de manera permanente?, cuestionó.

INE no impulsa financiamiento a capricho o beneficio de ningún actor político

“El INE no está impulsando ningún acuerdo a capricho o a beneficio de uno u otro actor político, sino aplicando literalmente la Constitución como venturosamente lo hace desde que esta disposición de financiamiento público predominante quedó en la Carta Magna, allá en 1996”, defendió el Consejero Ciro Murayama Rendón.

Pero el financiamiento público predominante, precisó, “es parte de un modelo, es una pieza que también incluyó permitir el financiamiento privado, pero con límites y acotado y, a la vez, prohibió de manera clara y terminante que hubiera otra forma de llevar recursos públicos a los actores políticos o a sus campañas que no fueran los que expresamente contemplan la Constitución y las leyes y que dan las autoridades electorales”.

Fiscalizan a organizaciones observadoras de Revocación de Mandato

En otro punto de la sesión, las consejeras y los consejeros conocieron y aprobaron el Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización y la Resolución respecto de los Informes de Ingresos y Gastos de las actividades realizadas por las organizaciones de observación electoral, correspondientes al proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, aprovechó este punto para reconocer a las organizaciones que realizan tareas de observación electoral. “Es un momento para poder resaltar una figura que ha cobrado ya, desde hace 28 años, carta de naturalización en nuestro sistema jurídico electoral”.

“Creo que es muy importante conocer hoy este informe, este proyecto de dictamen, no solamente porque el INE tiene la función legal de revisar las cuentas de las organizaciones que realizan observación electoral, sino es un magnífico pretexto para poder reiterar el llamado a la sociedad mexicana y a los actores políticos ahora que se ha iniciado un proceso abierto e incluyente, que desde aquí celebramos, de discusión sobre nuestras normas electorales, sobre nuestro sistema electoral”.

Al respecto, el Consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, destacó la importancia que la observación electoral ha tenido en México desde hace ya varias décadas. “Ha sido éste un derecho ciudadano que ha fortalecido la democracia como un puntal para la confiabilidad en las elecciones”, subrayó.

En total, se acreditaron como observadores electorales 91 organizaciones. “De éstas, 10 presentaron en tiempo y forma sus informes relativos a su actividad y, en su caso, el ejercicio de recursos para su actividad. 81 organizaciones no entregaron su informe a tiempo y cuando fueron requeridas, 23 de ellas presentaron su informe reportando, en todos los casos, que no tuvieron financiamiento”, detalló Rivera. El resto, si bien no presentaron informe de ingresos y gastos, tampoco hubo evidencia de que realizaran gastos o que hubieran tenido ingresos, por lo que a ninguna se le impuso sanción, aclaró.

No se puede prescindir de la transparencia al fiscalizar

La Consejera Dania Ravel llamó la atención sobre el hecho de que del 100 por ciento de las organizaciones de observación electoral registradas, el 63.73% no cumplió con su obligación de declarar el origen, monto y aplicación del financiamiento que hubiesen obtenido para el desarrollo de actividades relacionadas con la observación de la Revocación de Mandato.

“No podemos prescindir de la transparencia y de la rendición de cuentas, toda vez que son elementos fundamentales para la óptima realización de las encomiendas institucionales”, como es la función de fiscalización establecida en la Constitución, consideró.

SEM/MG