Cuando la legalidad calla y la política se repliega, lo que queda es la incertidumbre.

Dulce María Sauri Riancho*

SemMéxico, Mérida, Yucatán, 6 de mayo, 2026.La solicitud de detención con fines de extradición formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos —a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York— contra diez ciudadanos mexicanos, tres de ellos con fuero constitucional, marca un punto de quiebre en la relación entre crimen organizado, poder político y procesos electorales en México.
No es la primera vez que ex gobernadores mexicanos enfrentan procesos en el extranjero. Ahí están los casos de Tomás Yarrington (Tamaulipas) y Mario Villanueva (Quintana Roo). Pero sí es la primera ocasión en que una solicitud de extradición alcanza a un gobernador en funciones.
El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, coloca sobre la mesa no solo un conflicto jurídico —que implicaría juicio de procedencia en la Cámara de Diputados si no hubiera mediado licencia al cargo—, sino un dilema político de gran calado. En paralelo, la situación del senador Enrique Inzunza requeriría el mismo procedimiento de desafuero.
En el ámbito local, la solicitud de licencia del presidente municipal de Culiacán evitó el traslado de su proceso de desafuero al Congreso de Sinaloa, conforme a su Constitución. Es decir, el entramado institucional existe. La pregunta es si funciona.
Lo más grave no es la extradición
La acusación estadounidense —más de treinta páginas— contiene la descripción detallada de la presunta intervención del crimen organizado en el proceso electoral de 2021. Una imputación que rebasa con mucho la dimensión penal.
Ese punto es el verdadero núcleo del problema. Porque valida, desde una instancia externa, lo que en México fue denunciado, documentado y, sobre todo, ignorado.
En su momento, el entonces candidato Mario Zamora, denunció públicamente el secuestro de numerosos operadores electorales de la alianza opositora. Los videos en los que suplicaba su liberación no generaron la reacción institucional que la gravedad del caso ameritaba.
El Instituto Nacional Electoral no abrió investigación de oficio.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se limitó a anular elecciones municipales menores en Michoacán, sin abordar el fenómeno de fondo. Ante esa omisión, las dirigencias del PAN, PRI y PRD acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin consecuencias sustantivas hasta ahora.
Hoy, casi 5 años después, la acusación estadounidense reabre ese expediente, pero lo hace desde fuera. Y eso, en sí mismo, es un síntoma del serio debilitamiento de las instituciones.
Intimidación en Tamaulipas
El efecto no se detuvo en 2021. En 2022, procesos como el de Tamaulipas mostraron patrones similares: intimidación, reducción de la competencia y debilitamiento de las estructuras opositoras. La consecuencia es clara: participar en elecciones en ciertas regiones del país se ha convertido en una actividad de alto riesgo. No es una metáfora.
Es una condición operativa.
Y en ese contexto, los órganos electorales —INE, institutos locales y tribunales— comienzan a percibirse como estructuras formales que conservan procedimientos, pero pierden capacidad efectiva para garantizar equidad y libertad del voto.
Si a ello se suman los cuestionamientos recientes sobre la integración y autonomía del INE, el escenario rumbo a 2027 es, por decir lo menos, preocupante.
Morena: hacia adentro
Frente a este contexto, el Congreso Nacional de Morena ofreció una señal reveladora: el repliegue hacia sí mismo.
La nueva presidenta del partido, Ariadna Montiel, optó por un discurso prudente en la forma, pero cerrado en el contenido. No hubo referencia alguna a la solicitud de extradición. Tampoco autocrítica.
Sí, en cambio, hubo una insistencia reiterada en la ética interna:
“Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena… si alguien detecta corrupción… hay que hacer a un lado a quien esté en estas prácticas”.
“Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato”.
La idea es políticamente atractiva. Para ella, el problema es meramente operativo.
La ilusión de la certeza
Morena plantea como condición la “certeza” de actos de corrupción para excluir candidaturas. Pero, ¿quién la define?: ¿Los jueces? ¿Los fiscales? ¿Las propias dirigencias partidistas?
La experiencia mexicana —y particularmente la de las mujeres en casos de violación de la ley “tres de tres”— muestra que la exigencia de “certeza jurídica” suele convertirse en un mecanismo de bloqueo. Sin sentencia firme, se dice, no hay sanción política. Y sin sanción política, los instrumentos para actuar en contra desaparecen.
En contextos de penetración del crimen organizado, esa lógica resulta aún más problemática. Porque la “certeza” llega tarde o no llega.
2027: la pregunta incómoda
En 2027 estarán en juego 17 gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos en 30 entidades y la renovación de la Cámara de Diputados. La magnitud del proceso contrasta con la fragilidad de sus condiciones. La pregunta ya no es si habrá irregularidades.
La pregunta es cómo se contendrán, cómo se sancionarán. Y, sobre todo, quién lo hará.
Mensaje doble y contradictorio
A esta crisis política se suma un elemento que el gobierno federal parece no haber calibrado en toda su dimensión: el impacto económico.
El mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una nueva versión del llamado “Plan México” para atraer inversiones. En un contexto de crecimiento débil y estancamiento de la inversión, su gobierno endureció el discurso frente a la solicitud de extradición realizada por autoridades estadounidenses.
La nueva consejera jurídica, Luisa María Alcalde, insistió en la exigencia de pruebas al gobierno de Estados Unidos en el caso del gobernador de Sinaloa. Su posición puede ser jurídicamente defendible. Pero es políticamente insostenible.
Porque en paralelo, el propio gobierno mexicano transmite un mensaje de negación frente a hechos que, en amplios círculos políticos, institucionales y mediáticos —a ambos lados de la frontera— se consideran verosímiles.
El costo invisible: la confianza
La atracción de inversiones no depende únicamente de incentivos fiscales o relocalización de cadenas productivas. Depende, sobre todo, de certidumbre: certidumbre jurídica.
Certidumbre política. Certidumbre sobre quién ejerce realmente el poder.
Cuando el mismo gobierno que busca atraer capitales cuestiona —de manera frontal— una acusación de tal magnitud sin abrir, al mismo tiempo, una investigación propia, sólida y creíble, el mensaje hacia los inversionistas es inevitable: el Estado no está dispuesto —o no está en condiciones— de procesar sus propios conflictos internos. Y eso pesa más que cualquier plan.
La exculpación preventiva
En ese contexto, las declaraciones del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, adquieren un significado político mayor.
Al afirmar que nunca existió obstrucción por parte del gobierno de Sinaloa a las operaciones federales, el mensaje es claro: no hay responsabilidad institucional que perseguir.
Más que una evaluación técnica, su declaración funciona como una forma de exculpación preventiva.
El problema es que esa narrativa entra en tensión directa con la investigación estadounidense y con la percepción pública generada en torno a los hechos.
En política, como en economía, la confianza no se decreta. Se construye.
Y se pierde.
Cuando un gobierno busca atraer inversiones mientras desacredita investigaciones externas y exonera anticipadamente a sus actores políticos, la cuestión deja de ser diplomática.
Se vuelve problema de credibilidad.
Y sin credibilidad, no hay Estado que alcance… ni elecciones que lo sostengan.— Mérida, Yucatán
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán