Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 13 de junio, 2022.-  En la actualidad Latinoamérica es la región que mayor deterioro presenta en las variables democráticas, según información de los distintos organismos que monitorean el estado global de la democracia”, como la Unidad de Inteligencia de The Economist.

Así lo aseguró Laura Chinchilla, integrante de IDEA Internacional, al impartir la Conferencia Magistral Estacional de Primavera 2022 organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), Democracia y pandemia, quien destacó que desde hace casi dos años y medio la democracia de América Latina se encontraba en un estado muy precario de salud, pues varias democracias estaban en estado de observación, algunas en cuarentena, otras en cuidados intensivos y algunas ya habían sucumbido a las tentaciones autoritarias, como son los casos de Venezuela y Nicaragua.

La también ex presidenta de Costa Rica, agregó que, desde hace cerca de 40 años, pocas regiones en el mundo como Latinoamérica abrigaron con tanto entusiasmo, como lo hizo esta región el ideario democrático, sin embargo, hoy ya no es así.

“A este escenario se suma otro fenómeno en paralelo, que es el deterioro en la percepción que los ciudadanos tienen sobre la democracia, es decir, un desencanto de la ciudadanía con las instituciones de la democracia representativa y lo que es más grave, con el concepto de democracia misma”, destacó Chinchilla.

Como ejemplo, mencionó la confianza ciudadana en los partidos políticos y los congresos reportada en el Latinobarómetro 2020, en niveles del 13% y 20%, respectivamente.

En este sentido, dijo que el desafío radica en renovar procesos tradicionales de participación política e impulsar nuevos mecanismos de participación que puedan tener significativos impactos en el proceso de decisión de políticas públicas, toda vez que la pandemia no ha terminado.

 “Si no lo hacemos los demócratas, lo harán los populistas, como ya lo estamos viendo en varios países y lo harán de la manera más irresponsable posible, como al convocar una serie de instrumentos de la democracia directa, sin reglas claras y con grandes márgenes de manipulación”, aseveró.

• Por su parte, el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, coincidió en que la democracia teóricamente es el espacio incluyente y ahora muchos sectores sociales no se sienten

representados en los regímenes democráticos y van por fuera del sistema.

“Tenemos que volver a las raíces en el sentido de que la democracia vuelva a ser ese espacio en donde nos sintamos partícipes de lo que nos es común, además representados en esa institucionalidad”, concluyó.

• La institución atenta contra los derechos de las víctimas
• Hacen un enérgico llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al Congreso local y a autoridades administrativas investigadoras

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 13 de junio, 2022.-  Alrededor de cien organizaciones de la sociedad civil (OSCs) se unieron para conformar un grupo de trabajo y analizar a profundidad el actuar irregular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI) y exigir con evidencia, que la mencionada dependencia garantice los derechos reconocidos en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México.

En un pronunciamiento dado a conocer por ARTICLE 19 México, explicaron que la iniciativa surge a raíz del profundo hartazgo de las víctimas y las OSCs firmantes, ante lo que parece ser un patrón de acciones y omisiones generalizadas por parte de la CEAVI que atentan gravemente contra los derechos de las víctimas.

Señalaron que las OSCs han documentado la negativa de la CEAVI para otorgar medidas de ayuda en momentos previos a la etapa de reparación, los malos tratos, la falta de sensibilidad por parte de las y los funcionarios de la CEAVI e incluso sus respuestas violentas, agresivas y amenazantes.

En el documento destacan que, en muchos de los casos representados por las OSCs, las víctimas han tenido que ampararse ante los dictámenes emitidos por la CEAVI, lo cual ha representado un desgaste económico, físico y emocional para las víctimas.

Consideran urgente que sean revisados los métodos de trabajo de la dependencia, así como investigados todos sus funcionarios y exfuncionarios, toda vez que las actitudes indolentes de esta institución han derivado en la revictimización y la persecución judicial, de los afectados.

“Es particularmente preocupante que, lejos de constituir casos aislados o actitudes desafortunadas cometidas por determinados funcionarios públicos, las acciones y omisiones de la CEAVI parecen tener un carácter sistemático, al apostar por una estrategia encaminada a cansar y desgastar a las víctimas, sus familiares y representantes en el proceso reparatorio. Este tipo de violencia institucional lastima profundamente a las víctimas, quienes, paralelamente, han tenido que emprender luchas titánicas en búsqueda de la verdad y la justicia”, señala el documento.

Por todo lo anterior, hicieron un enérgico llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al Congreso local y a las autoridades administrativas investigadoras, a que emprendan una investigación seria en torno a la situación de la CEAVI, dadas las afectaciones que sus acciones y omisiones han ocasionado a las víctimas.

Dejaron claro que, como organizaciones de la sociedad civil, se mantendrán vigilantes del actuar de la CEAVI y dedicaran esfuerzos extraordinarios para impulsar que las violaciones que se cometieron contra los derechos de las víctimas sean adecuadamente investigadas y sancionadas.

• Ciudadano presenta queja por solicitud de información no contestada respecto a la aplicación en territorio nacional de la vacuna Pfizer/Biontech contra la COVID-19 para menores entre los 5 y 11 años
• INAI señala que no es la primera vez que la institución viola el derecho de acceso a la información de los ciudadanos

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 13 de junio, 2022.-  El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), reveló que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha incurrido reiteradamente en omitir respuestas y atender solicitudes por parte de los ciudadanos.

Al hacer público un recurso de revisión presentado ante el INAI por un ciudadano debido a la falta de respuesta de la Cofepris, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, destacó que no es la primera vez que ocurre que la Cofepris sea omisa en responder las solicitudes de información, de hecho, dijo, las y los comisionados del instituto han señalado que “se advierte un patrón sistemático en la falta de respuesta a las solicitudes, lo que es una violación al derecho de acceso a la información de los ciudadanos.

La comisionada explicó que una persona requirió saber si la Cofepris ya autorizó la aplicación en territorio nacional de la vacuna Pfizer/Biontech contra la COVID-19 para menores entre los 5 y 11 años, debiendo precisar cuáles son las indicaciones terapéuticas para su aplicación (dosis y tiempo entre éstas), y a partir de cuándo está vigente la autorización. Además, solicitó copia certificada del documento en el que conste dicha autorización.

Sin embargo, la solicitud de información no ha sido contestada a pesar de la relevancia del tema, por lo que destacó que la pandemia por COVID-19 aún no termina, y mientras la población disponga de información al respecto, va a poder tomar sus medidas preventivas y hacer su estrategia.

En el análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, se advirtió que la Cofepris fue omisa en dar respuesta al solicitante dentro del plazo de Ley. Además, indicó que no recibieron alegatos de ninguna de las partes.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI instruyó a la Cofepris realizar la búsqueda de la información, para poder responder al solicitante, en tiempo y forma y conforme a su derecho.

• Realiza INAI Encuentro conmemorativo 20 años de reconocimiento del Derecho a Saber en México

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 13 de junio de 2022.- Para celebrar los 20 años de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y con el propósito de analizar los avances del acceso a la información, además de plantear los desafíos de este derecho se llevará a cabo el Encuentro Conmemorativo del reconocimiento del Derecho a Saber en México.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó este lunes se realizará dicho evento, en la Ciudad de México y mañana el martes en Sinaloa.

Así se festejará la instauración de este derecho humano fundamental que es un instrumento clave para la vigilancia permanente de la función pública y el combate a la corrupción.

A través de un comunicado, el organismo aseguró que el desarrollo legal e institucional registrado en México, tanto en materia de acceso a la información como en protección de datos personales, a partir la promulgación de la citada ley constituye un patrimonio democrático, social, político y cultural que se debe difundir, proteger y preservar.

En el documento, el INAI reveló que de 2003 al 31 de mayo de 2022, han ingresado tres millones 206 mil 531 solicitudes de las cuales dos millones 657 mil 178 son de acceso a la información y 549 mil 353 de datos personales. También se han interpuesto 161 mil 199 recursos de revisión, que constituyen el medio de defensa de las personas ante su inconformidad por las respuestas otorgadas a sus peticiones; de ese total, 140 mil 419 son de acceso a la información y 20 mil 780 de datos personales.

A lo largo de dos décadas, el marco normativo que garantiza el derecho de acceso a la información de las personas en México se ha ido robusteciendo y, en la actualidad, está conformado la Ley General de Transparencia, la Ley Federal y 32 Leyes Estatales.

Además de la existencia de un organismo garante nacional, existen 32 locales, todos integran el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) del que también forman parte el Archivo General de la Nación (AGN), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las y los peticionarios pueden hacer solicitudes de información a cualquier instancia pública o persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad a nivel federal, estatal y municipal, incluidos órganos autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos.

De manera adicional se dispone de herramientas como la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la que se pueden hacer solicitudes o buscar información de los más de ocho mil sujetos obligados del país, así como el Centro de Atención a la Sociedad (CAS), un call center al que se accede gratuitamente llamando al Tel INAI 800 835 4324 y es atendido por personal experto que asesora en la presentación solicitudes de información, incluso, sin necesidad de contar con Internet.

Tras ser aprobada por el Congreso de la Unión, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de 2002, y entró en vigor al día siguiente.}

Según el INAI, el diseño legal e institucional provino de la movilización ciudadana y las ideas promovidas por académicos, periodistas y editores de periódicos, que conformaron el Grupo Oaxaca, con el fin de impulsar que este derecho fuera garantizado por el Estado.

Un año después, el 12 de junio de 2003, entró en funciones el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) a través del cual, por primera vez, las personas pudieron ejercer su derecho de acceso a la información, mediante solicitudes formales dirigidas a las dependencias y entidades de Administración Pública Federal.

En las dos últimas décadas se han realizado dos reformas constitucionales que han sido fundamentales en la evolución del derecho de acceso a la información: la primera en 2007, la cual que permitió desarrollar de manera más amplia la narrativa constitucional de este derecho; y, la segunda, en 2014 que dotó al órgano garante de autonomía constitucional, además extendió la obligación de transparentar y rendir cuentas a todas las instituciones del Estado mexicano.

• Divorcios, herencias, pago de alimentos, patria potestad, juicios que pueden durar hasta la muerte
• Con 4 años de retraso, se anuncia un nuevo Código Nacional Procedimientos Civiles y Familiares

Sara Lovera

SemMéxico, Ciudad de México, 13 de junio de 2022.- En México, el 64 por ciento de las controversias y conflictos que deben resolver un tribunal o un juzgado son familiares y civiles; es decir, su resolución puede tardar años, con costos económicos y de salud física, así como mental; hecho que generó desconfianza en los tribunales del 75 por ciento entre la ciudadanía, porque sólo se resuelven 10 por ciento de los casos y 57 por ciento se acumulan.

¿Qué tiene que ver esto con la violencia contra las mujeres? Que de acuerdo a la Red Nacional de Refugios RNR, sólo en los últimos dos años aumentó 55.59 por ciento y qué tiene que ver con la niñez violentada y los divorcios sin apoyo, que 2020, según el Inegi, se registraron cerca de 100 mil; de los cuales 90 por ciento fueron resueltos en tribunales y 50 por ciento tuvo demanda de alimentos ¿Y qué tiene que ver esto con la disputa por la patria potestad?  

Legislar para todo el país, como mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 2017 y que debía acatar en 180 días el Congreso de la Unión tiene un retraso de más de cuatro años, ahora, se anuncia como la reforma más trascendente que se hará en el Congreso desde la  cuarta transformación (4T), si existe acuerdo sobre tres iniciativas en foros y discusiones a partir de esta fecha y hasta septiembre, para crear un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Ahora los procesos son largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias, por lo que la justicia cotidiana requiere atención urgente; existen numerosos obstáculos para el acceso a la justicia como para que el resultado contribuya a solucionar efectivamente, como concluyen participantes a los Foros de Justicia Cotidiana, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Mientas, una mujer puede estar esperando años el pago de alimentos o la solución de un divorcio; una familia la sentencia sobre una herencia o lo que le sucederá después de un desalojo. Cosas parecidas suceden en casos mercantiles. Se llama justicia cotidiana.

Fuera de los juzgados, sólo en la Ciudad de México, en la calle de Balderas, lo que se mira es gente, mucha todos los días, un cúmulo de “gestores” y una mole de concreto llena de expedientes en espera.

La abogada argentina Haydée Birgin sostiene que en infinidad de situaciones, mujeres y varones se enfrentan a circunstancias que exceden largamente las causas penales, civiles o familiares. Lo que afecta sus vidas de un modo profundo y duradero.

La justicia cotidiana regula derechos como compradores, inquilinos, propietarios, comerciantes, padres, madres, hijos o hijas; en las filas de la burocracia, añade, serán o no respetados; recibirán o no un trato justo en situaciones de separación o divorcio o ante la de terminación del régimen de alimentos, manutención o tenencia de sus hijos e hijas menores de edad.

Según la reforma constitucional, la justicia familiar y social sólo puede ser federal, y se urgió a que el Congreso expida un nuevo código federal. Pero  no se ha legislado, dejando paradas resoluciones en más de cinco mil tribunales.

El anuncio del Senado de la República y también del Congreso de la Ciudad de México es que ahora se harán foros para crear el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque hasta ahora se reportaron tres millones 332 mil de casos sin resolver.

Esta justicia, la de la convivencia diaria está diluida en 32 códigos estatales con reglas distintas y formatos diversos, así como en más de cinco mil tribunales. ¿Cuánta energía, salud y dinero cuesta llevar a cabo un juicio civil o familiar?

Cuánto coraje se acumula en un proceso que parecía sencillo y llevo años para un divorcio, la demanda del pago de alimentos, un conflicto vecinal, un desalojo, la decisión de dónde vivirán las niñas y niños durante una separación, conflictos que se llaman de proximidad que puede tener costos económicos, de salud física y mental inimaginables.

Según el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República; estudios del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, de México Evalúa y de World Justice Project WJP, sólo 10 por ciento de las controversias logran justicia,  y mientras los  aparatos institucionales subsisten entre inmanejables cargas de trabajo, falta de profesionalización de sus empleado, ausencia de datos, opacidad y en general, acumulación de errores que impiden solucionar rápida y eficazmente lo cotidiano, los problemas que se registran día a día, entre personas y entre comunidades.

Así los conflictos vecinales no encuentran justicia ¿Quién no ha discutido con un vecino o vecina? Por el lugar el estacionamiento o por el ruido, ¿Y quién ha logrado que le hagan justicia? En México, la mitad de la población ha sido víctima en casos parecidos. Y el número de personas que lo ha resuelto, que ha obtenido justicia es una minoría: apenas el 10 por ciento.

Y aunque estos conflictos cotidianos son los de mayor incidencia, pues triplican anualmente el número de casos penales y federales —los que la ley considera que ameritan cárcel en automático y los que son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) dada su complejidad— y afectan directamente a la mitad de la población, en el país se privilegia la atención y se da más recursos a esos sistemas, señala World Justice Project WJP, luego de una encuesta con 25 mil personas en 2018.

Sostuvo que si estos conflictos no se atienden, ello, deriva, con frecuencia, en más violencia.

El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del INEGI muestra que de los más de dos millones de casos que llegaron a los juzgados locales en 2018 solo 7.6 por ciento son penales. En cambio, 38.4 por ciento de los casos son familiares; 29.7%. corresponden a la materia civil; y 22.6  por ciento a  temas mercantiles.

El Instituto Belisario Domínguez en el estudio conocido este domingo llamado “Aspectos a considerar en la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, de los investigadores Juan Manuel Rodríguez y Miguel Ángel Barrón señaló que de un millón 577 mil 327 expedientes y causas penales ingresadas en 2020, 64 por ciento son de carácter familiar y civil, sólo 10 por ciento penal.

Sin embargo, de los cuatro mil 099 juzgados que existen en los estados para atender dichos casos 21 por ciento son de materia penal, luego están los juzgados civiles que equivalen a 16.9 por ciento del total y familiares que solo son 12.3 por ciento, pese a ser los de mayor demanda, analiza un reportaje publicado en 2019 por Animal Político, con datos de varios estudios incluido el de México Evalúa.

Los ciudadanos, indefensos ante los problemas que los acechan cada día, optan por el desquite, la venganza o hacer justicia por propia mano. Datos del Módulo de Justicia Cotidiana de la Encuesta a Población General en México del World Justice Project, 2019 (WJP) indican que ocho por ciento de estos conflictos acaban en violencia.  También hay 57% que derivan en gritos e insultos, según la Encuesta de Seguridad Pública Urbana 2019 (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Y es que, según la Encuesta Nacional de Justicia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 34 por ciento de la población está incluso dispuesta a violar la ley si eso les permite, lo que a su entender es, obtener justicia. Pues enfrentar un problema cotidiano y no tener acceso a justicia implica para el 40 por ciento de las afectaciones en su economía, salud o hasta la unión de su familia.

Lo cotidiano es Justicia de segunda

La distribución de los recursos para los diferentes sistemas de justicia no sigue los parámetros de otros países del mundo, ni siquiera los de la región, según documentaron los investigadores Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo Mayer-Serra.

México destina 0.26 por ciento de su PIB al sistema de justicia federal, porcentaje similar al de Brasil y Argentina. Pero para la justicia local solo dispone 0.14 por ciento, mientras que esos países sudamericanos lo hacen en 0.66-0.65 por ciento, el triple de lo que asignan a lo federal.

Esta distribución de esfuerzos y recursos entre sistemas de justicia en México provoca que los juzgados que reciben más trabajo tengan, a su vez, menos dinero. Por ejemplo, a los juzgados federales del país llegaron 583 mil 005 casos en 2018. Ese año, el Poder Judicial Federal tuvo 57 mil 87 millones de pesos de presupuesto.

En tanto, a los juzgados estatales, por conflictos cotidianos, llegaron dos millones 126 mil casos: cuatro veces más. Y tuvieron un presupuesto 40 por ciento inferior con 35 mil 124 millones, según los censos de impartición de justicia del INEGI.

Los datos oficiales permiten concluir que cada caso iniciado el año pasado en lo local tiene un presupuesto ocho veces inferior en comparación con cada caso federal.

El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del INEGI muestra que de los más de dos millones de casos que llegaron a los juzgados locales en 2018 solo 7.6 por ciento son penales. En cambio, 38.4 por ciento de los casos son familiares; 29.7 por ciento. corresponden a la materia civil; y 22.6 por cierto a temas mercantiles.

Sin embargo, de los cuatro mil 099 juzgados que existen en los estados para atender dichos casos 21 por ciento son de materia penal, luego están los juzgados civiles que equivalen al 16.9 por ciento del total y los familiares que solo son el 12.3 por ciento, pese a ser los de mayor demanda.

En consecuencia, si se distribuyen los casos por tipo de juez, se advierte que un juez penal debe atender 190 nuevos casos por años, cifra alta pero muy por debajo de los 911 que le corresponden a un juez de materia civil, o de los mil 619 de cada juez de lo familiar.

Sobre los conflictos vecinales y los casos de faltas administrativas: dos millones 250 mil procedimientos nuevos cada año que los jueces resuelven en 69 por ciento de las veces con multas o arrestos automáticos, sin atender de fondo los problemas.

También se puede ver la disparidad en los salarios. El estudio de Ana Laura Magaloni Kerpel citado en el libro Reforma en Materia de Justicia Cotidiana, indica que un juez federal gana cuatro veces más que un juez de Campeche o siete veces más que un juez de Chiapas, pese a que los jueces locales multiplican la carga de trabajo de sus homólogos federales.

El Instituto Federal de la Defensoría Pública y los poderes judiciales en los estados reportan mil 519 defensores para temas penales. En cambio, para temas no penales solo registran 267 asesores jurídicos disponibles.

“La justicia cotidiana es predominantemente local. Está mucho más relacionada con los conflictos civiles y familiares que con los penales. Se resuelve a través de juicios y medios a nivel local. Sin embargo, nos hemos concentrado en lo opuesto, en lo federal y lo penal. Este abandono de la justicia cotidiana también impacta en la manera en que se distribuyen los recursos financieros y humanos”, señala Javier Martín Reyes, investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) y autor del libro Reformas en Materia de Justicia Cotidiana.

Ciudadanía sin defensa  

Los problemas del sistema de justicia cotidiana y lo tardado y complicado que es resolver casos deriva en que las víctimas desconfíen de las instituciones y decidan no acudir a ellas. La encuesta del WJP concluye que solo 20% recurre a una autoridad o a un tercero para mediar o intervenir en la búsqueda de resolver sus conflictos cotidianos.

Y tiene sentido cuando, al revisar casos, resulta que quien acude al sistema de justicia tarda años en recibir una respuesta o, mueren antes de recibir justicia. Por eso, la mayoría decide aceptar una pérdida económica o asumir las consecuencias del conflicto cotidiano, el 70 por ciento que buscó a una autoridad o tercero para resolver su problema considera que los juicios son lentos y 30 por ciento que, además, son caros.

El nivel de desconfianza es tal, que 75 por ciento dice que su gobierno es incapaz de solucionar conflictos y un porcentaje similar cree que la policía no puede resolver de forma justa un problema, según las encuestas de Seguridad Pública Urbana 2019 (ENSU) del INEGI y la Encuesta Nacional de Justicia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“La justicia cotidiana incide en el día a día de la gente y es la que resuelve los problemas que le afectan directamente. Y quizá por ello la justicia cotidiana debería de estar en el centro de nuestra discusión pública. Sucede, sin embargo, que la justicia cotidiana ha sido una justicia olvidada en México”, dice Martín Reyes.

La Reforma

El 15 de septiembre de 2017, se publicó la reforma constitucional en materia de Justicia Cotidiana que entre otras cosas facultó al Congreso de la Unión para expedir una legislación única en materia procesal civil y familiar, fijando para tal efecto un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma, sin embargo, después de casi cuatro años, esta legislación todavía no ha sido aprobada, como destaca un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).  

El análisis “Aspectos a considerar en la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, de Juan Manuel Rodríguez y Miguel Ángel Barrón, apunta que la nueva legislación deberá contemplar la implementación del juicio oral civil, mecanismos para garantizar la ejecución de las sentencias y la justicia digital, ésta última a través de figuras como el juicio en línea, las notificaciones electrónicas y los sistemas de gestión operativa. 

Hasta la fecha se han presentado en el Congreso de la Unión tres iniciativas para expedir un CNPCF, las cuales se encuentran pendientes de dictaminarían. 

Adicionalmente, el 28 de abril de este año se aprobó en la Cámara de Diputados la creación del Grupo de Trabajo en Materia de Justicia Cotidiana, el cual tiene como objetivo identificar, revisar, analizar, modificar y proponer la armonización y la homologación de las leyes respectivas. 

Según el documento del IBD, los juicios civiles y familiares son los asuntos que representan una mayor carga a los poderes judiciales estatales, pues tan solo en el 2020 representaron el 64% del total de expedientes y causas penales ingresadas en los tribunales del país. 

En ese sentido, subraya que es importante que estos cuenten con procedimientos que les permitan tener una mayor eficiencia en su desempeño, ante el diagnóstico que se antecede.

Griselda Mendoza

SemMéxico, Ciudad de México, 13 de junio de 2022.-  La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, (FGJCMDX), Ernestina Godoy y la presidenta  de la Comisión de Igualdad del Congreso de la capital del país, Ana Francis López Bayhhen, se reunieron para dialogar sobre la integración y judicialización de carpetas de investigación de delitos como violencia vicaria.

Durante la reunión, en la que participaron diversas legisladoras del Congreso de la Ciudad de México, se solicitó que se incluya en estas carpetas delitos como: delitos de deudores alimentarios, delitos sexuales, feminicidios y transfeminicidios, así como de violencia familiar.

En un comunicado, la FGJCDMX precisó que este encuentro se realizó en “aras de la coordinación interinstitucional con todos los niveles de gobierno y de representación popular, para combatir la impunidad en todos los delitos que lastiman a las y los habitantes de la capital del país, particularmente sobre violencia de género”.

La abogada de la ciudad enfatizó a las diputadas que la mejor forma de prevención “es acabar con la impunidad como en el caso de los feminicidios, donde difícilmente nos toca prevenir, pero lo que sí nos toca cuando se comete, es brindar información que permita a las víctimas acercarse a denunciar”.

“La mejor manera de hacerlo es fomentar la denuncia, que se sepa que siempre pasa algo cuando una víctima viene a denunciar a su agresor y buscamos las medidas de protección que nos permiten las leyes. No hay manera de fomentar la denuncia que dando resultados”, aseguró Ernestina Godoy.      

Y entre las herramientas con que cuenta la institución para fomentar la denuncia, Godoy Ramos destacó el funcionamiento de programas como Abogadas de las Mujeres, Jóvenes por la Justicia, el chatbot TEO, la Línea Directa con la Fiscal, así como la instalación de cámaras en las agencias del Ministerio Público mediante la Unidad de Asuntos Internos; todo esto con el objetivo de generar confianza y brindar atención rápida.

Asimismo, recordó que la FGJCDMX aboga por los mecanismos alternativos de solución de controversias, donde justicia no sólo es cárcel, a través de 20 Centros de Mediación Especializados.

Durante su intervención, Ana Francis López Bayghen manifestó la importancia de tejer una red de con la FGJCDMX para que a través de los módulos legislativos de atención, orientación y quejas ciudadanas que tiene el Congreso capitalino, se pueda canalizar a las instancias correspondientes a los usuarios.

Enfatizó la importancia de tener comunicación directa sobre cómo van los casos y carpetas de investigación; cómo funcionan las Fiscalías Especializadas como la de Violencia Familiar, a fin de poder dar respuesta a la ciudadanía.

Los presentes coincidieron en que es necesario crear un canal de comunicación periódico, mediante reuniones que permitan avanzar de la mano en materia de iniciativas legislativas y el punto de vista técnico jurídico de la Fiscalía General.    

Asimismo, se acordó un recorrido por todas las instalaciones de la FGJCDMX especializadas en violencia de género, capacitación en estos temas, por parte del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores, así como tender puentes con las alcaldías para un trabajo coordinado y unir a las mesas de trabajo a instancias como con la Secretaría de las Mujeres, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud local para tratar estos temas.  

Josefina Aguilar Pastor 

SemMéxico, Chilpancingo, Gro, 13 de junio de 2022. –  La mortalidad materna, destruye hogares y corta proyectos de vida; en Guerrero, a pesar de que se ha observado una disminución importante de muertes maternas en los últimos años, al cierre preliminar de 2021 fue de 68.17 por cada 100 mil nacidos vivos estimados.

En el marco del l Día Mundial de la Lucha contra Mortalidad Materna, el gobierno de Guerrero organizó la Carrera  de Acción por la Salud de las Mujeres”, que partió del hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, al sur de la capital del estado.

Previo a la carrera, Jesús Ulises Adame Reyna, subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud estatal, dio a conocer que a pesar de las diferentes estrategias implementadas a través de los años, la mortalidad materna continúa siendo un problema de salud pública mundial y parte de los desafíos más importantes en cualquier sector salud del mundo. 

En las últimas décadas, han observado una disminución del 45 por ciento, sin embargo, reiteró el funcionario, se continúan presentando problemas en  embarazadas antes, durante y después del parto. 

A pesar de una disminución importante en los últimos años, aún existen grandes brechas entre las entidades federativas. 

En Guerrero, al cierre preliminar de  2021, la muerte materna fue del 68.17 por cada cien mil nacidos vivos estimados, las casusas principales de muerte materna directa fueron la hemorragia obstétrica, la enfermedad hipertensiva del embarazo y como causas indirectas se agregó el Covid-19 en estos dos últimos años. 

“Cuando fallece una mujer embarazada, es una tragedia que afecta a las familias, pero principalmente a las hijas y los hijos, desintegra la familia, los hijos se vuelven vulnerables y enferman, la hija adopta el papel de la mama y trunca su proyecto de vida, es expuesta a un acoso sexual y posiblemente a un incesto, la deserción escolar está muy marcada, el pobre desempeño laboral está muy presente y eso ocasiona un alto costo social”, expuso Adame Reyna. 

Señaló que en el sector salud, no pueden darse el lujo de decir que el gobierno nace y fallece cada seis años; por lo que el gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda,  debe marcar diferencia, darle continuidad a todas las estrategias en la reducción de la muerte materna, la cual también dijo, es tarea son de médicos, medicas enfermeras, enfermeros y de todo el personal del sistema de salud.

“Es momento de movilizar voluntades para poner fin a este grave problema, lograrlo será un gran logro y reflejará un compromiso institucional  compartido que va en el bien de la atención que se debe de brinda a una parte de la población más vulnerable que son nuestras mujeres embarazadas”, recalcó  el Subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades. 

En este sentido, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, expuso que su gobierno redobla esfuerzos, trabajando para erradicar la mortalidad materna, promoviendo una atención rápida, oportuna y multidisciplinaria, en una constante comunicación y coordinación todas las áreas que integra el gobierno estatal para erradicar la mortalidad materna, “este es un reto que nos toca asumir», dijo. 

Su meta agregó,  es que ninguna mujer se quede sin el acceso a los servicios médicos de maternidad, con atención oportuna, de calidad, calidez y profesionalismo como en el hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, que registró el año pasado, más de 4 mil egresos hospitalarios, de los cuales, solamente dos fueron defunciones maternas.

“Soy madre de dos hijos y mi responsabilidad es mayor, es un tema muy sensible que no solo mueve el corazón no solo es discurso, sino aportar recursos, todos los recursos para que avance”, expuso la mandataria. 

Llamó al personal médico a atender a las mujeres siempre de manera oportuna, con calidad, calidez y  profesionalismo a todas las mujeres que lleguen a este hospital.  

Consideró que a  veces no solo son las instalaciones que tenga todo de calidad y de primer nivel, también tiene mucho que ver la calidez que puede tener, puede ser un hospital muy bonito pero sino tiene la calidez de quienes lo integran, es muy difícil trabajar de esa manera, apuntó la mandataria. 

“Cuando llegan viene en muy mal estado eso complica muchas veces salvar a esa muere ahí es donde deben redoblar esfuerzos”, la meta es que al monta también tena ese servicio de excelencia en todas las regiones, y ninguna se quede atrás en materia de salud, la cual recalcó, es lo más importante para las y los guerrerenses. 

El director del hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, Carlos Michel González Jiménez, comentó que esta institución médica brinda atención a más de tres mil 500 mujeres embarazadas al año y son mil 602 muertes maternas que se han evitado de mujeres graves que han sido atendidas en la Unidad de Terapia Intensiva desde la apertura de este hospital y cada una de ellas, es una familia que no se desintegró.