El documento, que deriva de una iniciativa de la presidenta de la República, fue aprobado en lo general y en lo particular; pasó al Senado
Redacción
SemMéxico, CDMX, 3 de diciembre, 2025.- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma, adición y deroga 17 ordenamientos en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género, y lo remitió al Senado para sus efectos constitucionales.
En lo general recibió 439 votos a favor, y en lo particular y en sus términos 333 votos en pro, 70 en contra y 22 abstenciones. El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 25 de noviembre.
Actualiza las leyes generales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, de Cultura y Derechos Culturales, y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; las leyes federales de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, del Trabajo, del Derecho de Autor, y la de Protección a la Propiedad Industrial.
También, las leyes del Seguro Social, de Migración, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de Planeación y de la Vivienda.
Con ello, busca establecer un marco reforzado de deberes y orientados a la protección integral de mujeres, adolescentes, niñas y acciones niños frente a todas las formas de violencia, garantizando el acceso efectivo a derechos fundamentales como educación, trabajo, salud y vivienda. Armoniza la legislación vigente para asegurar que ninguna mujer vea menoscabados sus derechos, sin importar su edad, lugar de residencia, servicio público requerido o actividad que desempeñe.
Además, adecuarlo conforme a la reforma del 15 de noviembre de 2024, sobre el decreto por el que se reforman y añaden los artículos 4º, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial por razones de género, y al decreto que creó a la Secretaría. de las Mujeres.
La reforma a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres actualiza el marco jurídico mexicano conforme a los estándares Internacionales más recientes sobre derechos humanos, cerrando brechas normativas que han quedado obsoletas.
Asimismo, fortalece los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, lo cual resulta esencial para garantizar la implementación efectiva de políticas de igualdad y prevención de violencias en todo el territorio nacional, optimizando recursos y evitando duplicidades.
Entre otras cuestiones, contempla el uso del lenguaje incluyente, transfiere las atribuciones del Instituto Nacional de la Mujer a la Secretaría de la Mujer y sustituye el concepto de igualdad por el de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Precisa que la Política Nacional para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres deberá incorporar la perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad en la formación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, orientados a atender las necesidades específicas en las mujeres y hombres, con especial énfasis en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las artes y la cultura, fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo sostenible de las comunidades rurales y fomentar mecanismos que garanticen el derecho de un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las mujeres, adolescentes, niñas, niños, con especial atención en el acceso al agua y saneamiento.
Determina la integración del pleno del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Busca promover campañas nacionales, estrategias y programas culturales que difundan los beneficios de la corresponsabilidad entre mujeres y hombre en las labores domésticas y en el cuidado de las personas dependientes de ellos.
Contempla que los modelos de atención, prevención y sanción serán el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar y violencia a través de interpósita persona como parte de los deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños, considerando la perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y el interés superior de la niñez.
Impulsa acciones de cambio cultural en la sociedad para identificar, promover la denuncia y combatir el hostigamiento sexual y acoso sexual en todos los ámbitos y promover relaciones respetuosas, igualitarias y no sexistas entre mujeres y hombres; refuerza acciones de prevención, atención, investigación, sanción y reparación del daño respecto a mujeres, adolescentes, niñas y niños.
Además, actualiza la integración del Sistema Nacional para la Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, impulsa la creación de fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con las violencias de género y especifica que las autoridades federales podrán conocer de las medidas u órdenes de protección que deriven de violencias de género.
Robustece las atribuciones de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de Gobernación respecto a las violencias de género, y determina que en la impartición de justicia las autoridades jurisdiccionales deberán velar en todo momento por garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, actuando con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos humanos. Considere que en todo momento la autoridad jurisdiccional estará obligada a garantizar la aplicación de deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños.
Deja en claro que a trabajo igual, desempeñando en las mismas condiciones y jornada, deberá corresponder salario igual, sin tener en cuenta el sexo ni el género. En cumplimiento de las obligaciones del Estado de eliminar la brecha salarial de género, se promoverán acciones para erradicar las prácticas redistributivas desiguales y garantizar la igualdad sustantiva. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de género y de derechos humanos en el diseño, implementación y evaluación de los programas de desarrollo social.
Subraya que se deben garantizar los derechos a la protección de la salud con enfoque diferenciado, perspectiva de género e interculturalidad, y delimita que la Educación que imparta el Estado deberá ser inclusiva, con perspectiva de género y de derechos humanos.
Expone que en la impartición de educación para menores de dieciocho años se tomarán medidas estrictas de protección para las y los educandos que aseguren el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y el respeto a su derecho a una vida libre de violencia.
En la discusión en lo particular, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI y MC presentaron propuestas de modificación, mismas que se retiraron, se pidió publicar en el Diario de Debates o no se aceptaron una discusión, por lo que fueron desechadas.
Las reservas fueron a los artículos 8, 20 y 25 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 70 de la Ley General de Salud; 8, 17, 21, 24 Bis, 25 y 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 3 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; 3 de la Ley General de Desarrollo Social; 7 de la Ley General de Educación; 1, 2 y 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los transitorios quinto y octavo.
Posturas sobre reformas y adiciones en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género
En la sesión vespertina, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, así como diputadas de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC, emitieron comentarios sobre el dictamen que reforma, adición y deroga diversos ordenamientos en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género.
Igualdad debe convertirse en una realidad palpable
Al fundamentar el dictamen, la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández (Morena), presidenta de la instancia legislativa, expresó que hoy no se está ante una reforma más, sino ante uno de los actos de justicia más profundos y trascendentes de la historia reciente, un compromiso que reconoce la fuerza, la memoria y la dignidad de la mitad del pueblo de México, es decir a millones de mujeres mexicanas.
Indicó que lo que hoy se discute no sólo modifica leyes, repara silencios, abre caminos y devuelve la esperanza a generaciones enteras que lucharon sin ser escuchadas. «Este día quedará grabado en la historia de los derechos de las mujeres. 17 leyes se modifican hoy para responder a una verdad dolorosa, pero innegable».
La igualdad entre mujeres y hombres –dijo– no puede seguir siendo una promesa, debe convertirse en una realidad palpable en cada hogar, en cada escuela, en cada centro de trabajo, en cada institución del Estado. Esta transformación tiene un origen claro, el compromiso firme, congruente y valiente de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha hecho de la igualdad sustantiva un principio rector de su proyecto de nación.
Hizo mención que su iniciativa, presentada el 25 de noviembre, marca un antes y un después en la historia de los derechos de las mujeres en nuestro país. «No es casualidad, es un acto de justicia y de Estado. Al aprobarse estas reformas, México transita de la igualdad formal, la que dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley a la igualdad sustantiva, la que exige que lo seamos también en la vida diaria, sin excusas, sin obstáculos y sin violencias».
Indicó que reformar la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres no es sólo un discurso, sino significa que la igualdad ya no será un principio aspiracional y una obligación concreta del Estado, que las tres órdenes de gobierno deberán planear, presuponer y ejecutar políticas públicas con perspectiva de género, que existirán métricas, programas, acciones y mecanismos coordinados para cerrar brechas históricas.
Burgos Hernández puntualizó que, por primera vez, la ley establece que la mediación de impacto será obligatoria. Todas las autoridades deberán evaluar resultados con indicadores claros, datos desagregados y mecanismos de seguimiento. La igualdad sustantiva ya no podrá quedarse en discursos ni en buenas intenciones, ahora deberá demostrarse con evidencia.
“Cada política, cada programa y cada peso invertido tendrá que mostrar que reduce brechas, salva vidas y mejora la vida de las mujeres. Esta medición obligatoria es la garantía de lo que aprobamos hoy se cumpla mañana. El derecho a una vida libre de violencias tendrá un compromiso reforzado”, añadió.
Subrayó que, en educación, las escuelas deberán convertirse en refugios de seguridad y dignidad, espacios donde niñas y niños y adolescentes crezcan libres de miedo, se incorpora la perspectiva de género desde la primera infancia, se fortalecen los protocolos contra el acoso y el hostigamiento y se establecen medidas reforzadas para proteger a quienes más necesitan del cuidado del Estado.
En salud se da un paso decisivo para que cada mujer sea atendida con dignidad, con respeto y sin discriminación alguna. Se garantiza una atención libre de violencia obstétrica, servicios de salud mental, sexual y reproductiva con enfoque diferenciado y la gratuidad para quienes más lo necesitan, porque la salud de las mujeres no es un privilegio, es un derecho que el Estado está obligado a proteger.
Además, en materia laboral se avanza hacia una justicia largamente postergada, igual salario por trabajo de igual valor, sin importar sexo ni género. “Esta reforma rompe décadas de discriminación salarial que han limitado la autonomía económica de las mujeres. Se establecen obligaciones claras para prevenir el acoso y el hostigamiento en los centros de trabajo y se reconoce y protege la trayectoria laboral de quienes realizan labores de cuidado, porque cuidar no debe significar renunciar a un futuro profesional”.
Sobre seguridad social se da un paso contundente para garantizar que ninguna mujer vuelva a ser tratada con desigualdad cuando acuda a un hospital, a una clínica o a una ventanilla del Estado. Tanto el IMSS como el ISSSTE deberán eliminar prácticas discriminatorias arraigadas durante décadas, capacitar a todo su personal con perspectiva de género y generar estadísticas que permitan identificar y corregir las brechas que afectan a las mujeres.
Las reformas relativas a vivienda abordan uno de los rezagos más profundos que han enfrentado las mujeres en nuestro país: el acceso a la propiedad y a un patrimonio propio. Los programas de vivienda deberán incorporar criterios preferentes que garanticen su acceso, reconocer su derecho a la propiedad en igualdad y asegurar medidas de seguridad en el diseño urbano.
Respecto a migración, las reformas reconocen la profunda vulnerabilidad que enfrentan miles de mujeres que cruzan el país buscando refugio, seguridad o una vida mejor. La ley ahora obliga a actuar con perspectiva de género y otorgar medidas de protección inmediatas para garantizar que ninguna mujer migrante vuelve a enfrentar sola los riesgos de la trata, la explotación y la violencia sexual o el abuso. El Estado asume que proteger a las mujeres en movilidad es un acto de humanidad y de justicia.
En cultura y ciencia, las reformas derriban barreras que durante décadas mantuvieron a las mujeres al margen de los espacios de la creación, innovación y reconocimiento público. Se reconoce de manera explícita que las mujeres creadoras, investigadoras y artistas han enfrentado obstáculos estructurales que limitaron su visibilidad, sus oportunidades y su acceso a recursos. Establece acciones afirmativas para garantizar su participación equitativa, impulsar su talento y asegurar que sus obras, descubrimientos y aportaciones sean valorados en igualdad, porque un país que respeta y promueve la creatividad y el conocimiento de sus mujeres es un país que se abre a la verdad, a la diversidad y al futuro.
La diputada Burgos Hernández mencionó que la creación de la Secretaría de las Mujeres es sin duda un parteaguas histórico, por primera vez eleva al más alto nivel institucional la agenda de igualdad, enviando un mensaje claro y firme: las mujeres son prioridad de Estado. “No se trata de una instancia simbólica ni decorativa, es una institución con el poder real diseñada para transformar vidas, para garantizar derechos, para que ninguna mujer vuelva a estar sola al frente de la violencia o la desigualdad”.
Con su creación –dijo–México cumple una deuda histórica y abre un horizonte nuevo de justicia, dignidad y libertad para todas. Por ello, externó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que su iniciativa no es sólo un proyecto legislativo, sino una visión de nación, una apuesta por la dignidad, la igualdad y el humanismo que han guiado cada paso de su vida pública.
“Lo que hoy aprobamos no es un decreto más, es un acto de justicia, es una respuesta a décadas de silencios, a heridas abiertas y a luchas que nunca se rindieron. Hoy enviamos un mensaje que cruzará generaciones, a cada niña que merece crecer sin miedo, a cada adolescente que merece caminar sin acoso, a cada mujer que merece decidir su propio destino, a cada madre que sueña con un futuro distinto para sus hijas, a cada sobreviviente que alguna vez creyó que el Estado no le vería”, abundó.
Subrayó que se legisla para que las mujeres no tengan que pedir permiso para vivir sus derechos, sino para que el Estado esté obligado a garantizarlos, protegerlos y hacerlos realidad, con convicción, responsabilidad, esperanza, memoria hacia quienes nos antecedieron y compromiso hacia quienes vendrán después. “Cumplimos con México y con sus mujeres, cumplimos con la vida, con la libertad y con la dignidad de millones”.
Posturas a favor
La diputada Any Marilú Porras Baylón (Morena) señaló que la reforma no sólo actualiza y armoniza el marco jurídico, sino representa un paso decisivo hacia la igualdad sustantiva, hacia la justicia para las mujeres, niñas, niños y adolescentes, hacia un país que coloca en el centro la dignidad humana. “No es un simple ajuste técnico, es una transformación de fondo, una transformación que fortalece los deberes del Estado para protegernos, para reconocernos y para garantizar nuestros derechos sin simulaciones”.
Para la diputada Ana María Balderas Trejo (PAN) el proyecto que modifica más de 17 leyes federales y prácticamente reescribe el funcionamiento de la política de igualdad en todo el país, presenta focos rojos que no se pueden ignorar. “No estamos ante una reforma técnica, estamos ante una recentralización de poder, ante un diseño que abre la puerta a usos políticos, que crea mandatos de gasto sin techo financiero y pone en riesgo derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la imparcialidad judicial”.
De Morena, la diputada Claudia García Hernández indicó que el dictamen es para sanar heridas históricas y saldar una deuda moral con cada mujer, adolescente y niña de la nación; los cambios surgen del mandato constitucional publicada el 15 de noviembre de 2025, en donde se reconocer la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y el derecho de las mujeres a una vida libre como pilares fundamentales de la República. “Votamos a favor por convicción y responsabilidad histórica”.
Ana Luisa Del Muro García, diputada del PT, argumentó que no solo se actualiza leyes sino trasforma la vida de millones de mujeres, niñas y adolescentes que han luchado por la justicia, la igualdad y el derecho a vivir sin miedo; se consolida la creación de la Secretaría de las Mujeres, incorpora los llamados deberes reforzados de protección, fortalece los entornos educativos, laborales, comunitarios e institucionales para erradicar estereotipos, prevenir el acoso, garantizar espacios seguros y promover una educación con perspectiva de género desde la primeras etapas de vida.
La diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) mencionó que el dictamen responde a una exigencia histórica de justicia para todas las mujeres en el país y atiende uno de los principios esenciales de su partido, el ser un promotor firme y coherente de la igualdad sustantiva, ya que la igualdad es un principio universal, paridad de género y el acceso a una vida libre de violencia para todas las mujeres. “Esta reforma no es un trámite, es un paso decidido a la armonización de 17 leyes que integran y que están a la altura de la reforma constitucional”.
De MC, la diputada Anayeli Muñoz Moreno precisó que en este dictamen se reconocen las distintas formas de violencia de género en nuestro país y busca eliminar los estereotipos; pero el gran tema es presupuestal porque “la pregunta es cómo se van a financiar todas estas reformas”. Consideró que hay muchos temas pendientes y se sigue reformando las leyes, “pero la vida de las mujeres en el campo es distinta”, porque sufren violencia en el hogar y en el trabajo.
En tanto, la diputada María Teresa Ealy Díaz (Morena) se enfatizó que hoy se reforman 17 leyes federales porque la igualdad no puede seguir enfrentándose a instituciones que operan con reglas del siglo pasado. Se armoniza la norma legal con la nueva Secretaría de las Mujeres y se transforma la manera en que el Estado debe actuar en la justicia, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la cultura y “todos los espacios donde por décadas las mujeres han sido relegadas”.
Por el PAN, la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza estimó que la igualdad sustantiva requiere presupuesto, profesionalización, instituciones sólidas y corresponsabilidad en los tres niveles de gobierno. Reconoció la visión del Ejecutivo Federal, “pero advertimos con firmeza que sin recursos, sin planeación financiera, sin indicadores obligatorios y sin atender omisiones fundamentales como la ausencia de derechos reproductivos, esta reforma corre el riesgo de ser monumental en papel, pero insuficiente en la práctica”.
Xitlalic Ceja García, diputada del PRI, destacó la importancia del dictamen porque son reformas necesarias e indispensables para la armonización de las leyes, pero para poder enfrentar todos los retos que viven las mujeres y la violencia se requiere recursos. Por ello, anunció su voto a favor, “siempre y cuando se garantice el presupuesto por ley, por derecho, para poder atender todos los casos de violencia en este país”.
En su turno, la diputada Tania Palacios Kuri (PAN) subrayó que hoy se reforman más de 17 leyes porque ya quedó claro: “la desigualdad no es un problema sectorial, es un problema sectorial-estructural y no se arregla con parches, sino con decisiones”; no se puede pedir transformación con presupuesto de contención. “Las leyes que hoy se reforman necesitan músculo, no solo marco jurídico, necesitamos refugios, prevención, coordinación real, padrones limpios, indicadores, no solo discursos”.
Mildred Concepción Ávila Vera, diputada de Morena, señaló que las 17 leyes que se modifican son imprescindibles porque responderán con evidencia, con recursos y con visión de Estado. Se establece que las escuelas sean espacios libres de violencia, con protocolos reforzados y con perspectiva de género; se garantiza la atención libre de violencia obstétrica, servicios de salud mental y reproductiva con enfoque diferenciado, y se obliga al cumplimiento de igual salario por trabajo igual; prevenir el acoso y hostigamiento.
