• Es un mecanismo para proteger a las mujeres, señalan las y los legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano.

Redacción

SemMéxico. Ciudad de México. 19 de julio 2020.- Integrantes del grupo parlamentario del PAN y Movimiento Ciudadano hicieron un llamado al Gobierno Federal para que no se recorte el presupuesto destinado a la operación de la Alerta de Violencia de Género en varios estados de la República.

La senadora Nadia Navarro Acebedo, de Acción Nacional, explicó que la Alerta es un mecanismo para proteger los derechos humanos de las mujeres, que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida.

En un mensaje que publicó en sus redes sociales, consideró inaceptable que las Secretarías de Gobernación, y Hacienda y Crédito Público “quiten” estos recursos a varias entidades, entre ellas, Puebla”, como se dio a conocer en estos días.

 “Las prioridades se miden en el presupuesto y las mujeres no lo somos para este gobierno. Urgen acciones que garanticen la seguridad de las niñas y mujeres”, demandó.

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, advirtió que el recorte asciende a alrededor de 37 millones 583 mil pesos al presupuesto destinado a ochos estados para la operación de la Alerta de Género.

Esto, dijo, es gravísimo, sobre todo porque aplicará a entidades que han registrado el mayor número de feminicidios en lo que va del año, como el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla y Jalisco.

 “Rechazamos este recorte y hacemos un llamado, para que corregir y fortalecer los programas de protección a los derechos de las mujeres”, remarcó.

En sus redes sociales, el senador Emilio Álvarez Icaza dijo que es una “irresponsabilidad” recortar 70 por ciento de recursos a dependencias y ayudas federales para combatir la violencia contra las mujeres.

SEM/IL

• La iniciativa, que tiene como antecedente la Ley Olimpia
• Este delito se perseguirá de oficio y la autoridad competente ordenará a la empresa de prestación de servicios digitales o informáticos, el retiro inmediato de la publicación que se realizó sin consentimiento de la víctima.

Estrella Pedroza

SemMéxico. Morelos. 17 de julio de 2020.- El Congreso de Morelos aprobó la “Ley Olimpia” con la que se tipifica como delito grave la violencia digital en contra de las mujeres y se establecen sanciones de seis a 12 años de prisión a quien incurra en esta falta.

La iniciativa de ley fue presentada por la diputada morenista Ariadna Barrera Vázquez , durante la última sesión ordinaria, y establece como violencia digital a los siguientes actos:

Acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas.

La iniciativa, que tiene como antecedente la Ley Olimpia admitida por primera vez en el Estado de Puebla, establece una reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia con la que se modifica Código Penal para el Estado de Morelos y con ello se tipifica como delito pena grave la violencia digital y castiga esa conducta con seis y hasta 12 a años de prisión y multa de mil a dos mil unidades de medida y actualización, este delito se perseguirá por querella.

Lo anterior se considerará cuando:

• El delito sea cometido por el cónyuge o por persona que haya estado unida a la víctima por una relación de afectividad, aun sin convivencia;

•  El sujeto activo mantenga una relación laboral, social, política;

• Se someta en contra de una persona que por su situación de discapacidad no comprenda el significado del hecho,

•  A quien con violencia afecte a una persona en situación de vulnerabilidad social, por su condición cultural, étnica o su pertenencia a algún pueblo originario;

•  Cuando se cometa con menores de edad;

• A quien con violencia obligue a la víctima a fabricar, hacer el contenido íntimo, sexual o erótico publicado sin consentimiento, y cuando un medio de comunicación impreso o digital compile o reproduzca estos contenidos o los haga públicos.

Este delito se perseguirá de oficio y la autoridad competente ordenará a la empresa de prestación de servicios digitales o informáticos, servidor de internet, red social, administrados o titular de la plataforma digital, medio de comunicación o cualquier otro donde sea publicado o compilado el contenido íntimo no autorizado, el retiro inmediato de la publicación que se realizó sin consentimiento de la víctima.

La denominada Ley Olimpia, fue aprobada por unanimidad por diputadas y diputados de la LIV Legislatura.

Ariadna Barrera Vázquez, diputada por Jiutepec, destacó que esta iniciativa “fue impulsada por la sociedad civil, que se inspiró medidas ya tomadas en otras entidades”.

Y reconoció que las legisladoras y legisladores “se sumaron para dar un respaldo jurídico y tranquilidad a las mujeres que están expuestas”.

La diputada, hizo un llamado a establecer las medidas de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, a fin de prevenir, sancionar, erradicar y reparar el daño ocasionado por la violencia digital y propuso revisar constantemente el marco jurídico para que sea una herramienta efectiva que proteja y reconozca la realidad que se vive, para contribuir al cuidado y bienestar ciudadano en esta.

Legisladores aseguraron que con esta Ley, se rindió un tributo a Olimpia Corral Melo, quien a los 18 años fue víctima de violencia digital, cuando un video sexual acabó con su reputación en la ciudad de Huauchinango, Puebla, pero se armó de valor e impulsó una ley para sancionar  esta conducta y  ahora ha sido replicado en distintas entidades.

• Ackerman miente, sí participó en en la selección de los diez hombres y las diez mujeres.

Redacción 

SemMéxico. Cd. de México. 17 de julio de 2020.- Las y los integrantes del Comité Técnico de Evaluación  entregó al congreso la lista de las y los mejores candidatos al Consejo General del INE. 

En un comunicado de prensa aseguran que la integración de las cuatro quintetas –dos de hombres y dos de mujeres-, fue el resultado de un trabajo de deliberación transparente, respetuoso y profesional, que tomó meses de revisión, consulta e investigación sobre el perfil de cada uno de los y las candidatas participantes en el proceso.

“Las y los integrantes del Comité nos propusimos hacer desde el inicio un trabajo de revisión y ponderación de las diferentes candidaturas, basado exclusivamente en los méritos de cada uno de las y los participantes y en las calificaciones que obtuvieron en las entrevistas. Fue un proceso simple que, aunque tomó horas y días que se alargarán aún más por efecto de la pandemia por la que atravesamos, resultó ser, en su conjunto, el más adecuado técnicamente y, a la larga, el más expedito” señala el documento.

El Comité Técnico de Evaluación  integrado por Diego Valadés, Silvia Giorguli, Blanca Heredia, Ana Laura Magaloni, José Roldán Xopa, Sara Lovera y al John Ackerman –a invitación de la Cámara de Diputados, la CNDH o el INAI-, aportaron experiencia y conocimientos para lograr la mejor selección posible de quienes integrarían las quintetas. 

“La búsqueda del consenso, y aún de la unanimidad, fue lo que nos guió. Las y los 60 participantes que llegaron a la cuarta fase reunían las mejores trayectorias y presentaron las mejores propuestas para mejorar y fortalecer al INE. Nuestra responsabilidad consistió en entrevistarlos de manera rigurosa a cada una y a cada uno de ellos con la intención de conocer su templanza y la manera en cómo afrontarán la toma de decisiones difíciles en el Instituto, cómo órgano autónomo que organiza y arbitra elecciones, y que vigila que los actores políticos, todos, observen el cabal cumplimiento de la legislación vigente en materia electoral”.

Respecto a lo dicho por John Ackerman, ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, intentando descalificar el proceso el Comité señala que está faltando a la verdad que sí participó en la selección de los diez hombres y las diez mujeres que al final integraron las quintetas. 

“Hubo un diferendo –natural en un órgano llamado a deliberar-, sobre quienes deberían ocupar los últimos dos lugares de la lista de diez mujeres. El Dr. Ackerman sí participó en la designación de estas últimas dos personas, las cuales se decidieron mediante votación de los integrantes del Comité, resultando minoritaria la opción apoyada por él. Con posterioridad a esa votación, el Dr. Ackerman decidió abandonar los trabajos del Comité.”

 Como resultado de ello, en la integración específica de las quintetas ya no estuvo presente, por su propia decisión, el Dr. Ackerman. 

Sin embargo, precisan que el método aleatorio escogido para integrar las quintetas empleó, en orden ascendente, el número de folio de las y los integrantes asignado hace más de 5 meses y que, dado que ese identificador fue asignado aleatoriamente, el método seleccionado para integrar las quintetas cumplió con la indicación señalada en la Metodología aprobada por la JUCOPO de que la integración de las quintetas debía hacerse de modo aleatorio Con base en el método seleccionado, así, la primera quinteta la integraron los primeros cinco folios a partir del número menor y así sucesivamente.

“Por otra parte, expresamos con toda claridad que atendiendo a la normativa que rige al Comité, no se presentó, como lo afirma el Dr. Ackerman, en ningún momento del proceso de evaluación, situación de conflicto de interés o que afectara la objetividad en el juicio de los integrantes del Comité”.

Reiteraron su determinación para honrar la invitación de la que fueron objeto y su propósito de integrar cuatro quintetas con las y los mejores candidatos a ocupar un lugar en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, “una de las instituciones baluarte de nuestra frágil democracia, producto de décadas de luchas por hacer de México un país más libre, justo e igualitario”. 

Toda la información del proceso, incluyendo las sesiones filmadas de las entrevistas se puede consultar en el micrositio:  http://consejerosine2020.diputados.gob.mx/

* Diputada Anilú Ingram pide que reconsideren la eliminación de recursos

* “Esta administración federal va como el cangrejo”, dice

Redacción

SemMéxico/BillieParkerNoticias, Ciudad de México, 16 de julio, 2020.- Ante el recorte hecho por la Federación al presupuesto de las Alertas de Violencia de Género en el Estado de México, Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco y Puebla, la diputada federal Anilú Ingram Vallines exhortó a reconsiderar esa decisión ante la creciente violencia que viven niñas y mujeres en el país.

Como ejemplo de lo anterior, la vice coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) en la Cámara de Diputados, enfatizó que las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondientes al pasado mes de mayo, reportaron 64 feminicidios en un solo mes, haciendo un acumulado anual de 375 mujeres asesinadas por razones de género; más todos los casos de ultraje y violencia doméstica que, desafortunadamente, todos los días se presentan.

“Esta administración federal va como el cangrejo. No solo no asigna los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la violencia de género contra las mujeres, sino que los lleva al mínimo. No dar marcha atrás al recorte será otra muestra de insensibilidad; cada peso que se reduce es la vida de una niña, de una joven, de una mujer, en vilo”, lamentó.

Por lo anterior, junto con sus compañeras diputadas Lourdes Erika Sánchez Martínez y Margarita Flores Sánchez, presentó un Punto de Acuerdo en el que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Gobernación (SEGOB), a observar en todo momento lo establecido en el párrafo tercero de la fracción III del artículo 58, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, principalmente en lo que hace a las modificaciones presupuestales realizadas a la partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios” que elimina el presupuesto de las Alertas de Violencia de Género en los siete estados antes mencionados.

La legisladora veracruzana recordó que en diciembre del año pasado el pleno de la Cámara de Diputados le aprobó una iniciativa, con la cual se fortalecerían los procedimientos, mecanismos e instrumentos en materia de Alerta de Violencia de Género, con el objetivo de que los actores se coordinen de forma más adecuada, así como la población conozca a la brevedad su emisión

“El objetivo fundamental de las Alertas de Violencia de Género Contra las Mujeres es garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Con estos recortes de la actual administración federal es casi imposible cumplir con el cometido. En el PRI no permitiremos que más niñas y mujeres sean violentadas en México”, remató Ingram Vallines.

SEM-BPN

* Se robustece el marco legal en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios

* Paridad de género en los nombramientos del Consejo de la Judicatura del Estado

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 16 de julio, 2020.- Las recientes modificaciones a ordenamientos jurídicos consideran la violencia de género contra las mujeres como faltas administrativas graves y podrían derivar en sanciones económicas, señala el Congreso local en un comunicado.

De acuerdo con la información con reformas a diversos ordenamientos jurídicos, el Congreso de Oaxaca amplió la protección hacia las mujeres al considerar la violencia de género como una falta administrativa grave.

Entre las modificaciones resalta la reforma al Artículo 7 la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, por la que el Poder Legislativo facultó al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, poder investigar los actos de violencia de género que sus servidores públicos cometan en contra las mujeres.

También, la adición de un párrafo al Artículo 47 de la misma Ley, para considerar como faltas administrativas graves de las y los servidores públicos, los actos de violencia de género cometidos contra las mujeres, de acuerdo a la establecido por la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.

Dichos actos podrían derivar en sanciones económicas, que tendrán el carácter de créditos fiscales. Asimismo, podría procederse al embargo precautorio de los bienes de los servidores públicos presuntamente responsables.

En cuanto a las nuevas disposiciones aprobadas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la reforma del Artículo 52 incluye el principio de paridad de género para nombrar y remover a jueces y juezas; secretarias y secretarios de estudio y cuenta, de acuerdos, administrativos y demás personal del Poder Judicial que no dependa del Tribunal Superior de Justicia.

Con lo anterior, se robustece el marco legal de protección al derecho humano de las mujeres a vivir libres de violencia, respecto a actos cometidos por servidoras y servidores públicos, los cuales, deben cumplir desde el desempeño de su cargo y actuar con los objetivos y funcionamiento de un Estado democrático.

SEM/sj