• Mujeres líderes del mundo instaron a los gobiernos y a todos los sectores a colocar a las mujeres y las niñas en el centro de sus esfuerzos.

Redacción

SemMéxico. Ciudad de México. 22 de abril 2020.- La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, participó en la “Mesa redonda virtual de mujeres líderes sobre COVID-19 y el futuro”, organizada por las sedes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Francia y de ONU Mujeres en Nueva York. La reunión tuvo el objetivo de debatir y orientar las políticas que serán necesarias para garantizar que la actual crisis no profundice más la desigualdad para las mujeres.

La reunión fue presidida por Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres y Gabriela Ramos, Jefa de Gabinete de la OCDE y Sherpa para el G20. Además de Nadine Gasman, entre las mujeres líderes participantes estuvieron Sahle-Work Zewde, presidenta de Etiopía; Katrin Jakobsdottir, Primera Ministra de Islandia; Marta Lucia Ramírez, Vicepresidenta de Colombia; Helena Dalli, Comisionada Europea para la Igualdad; Bineta Diop, enviada Especial de la Unión Africana sobre Mujeres, Paz y Seguridad; Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del UNFPA; Gabriela Cuevas Barrón, senadora de México en su calidad de Presidenta de la Unión Interparlamentaria y Tarana Burke, Fundadora del Movimiento #MeToo,

Durante la reunión, las participantes coincidieron en que la pandemia por Covid-19 evidencia que las mujeres tienen el conocimiento, la experiencia y la fuerza para enfrentar los tiempos más difíciles, pero están subrepresentadas en la toma de decisiones y sobrerrepresentadas en trabajos de baja calidad y en una posición que las expone a estar en desventaja y mayor discriminación.

De acuerdo con datos de la OCDE, las mujeres representan 70% de la fuerza laboral de la salud, pero ocupan solo el 25% de los puestos superiores. Las desigualdades alcanzan a la mayoría de la población femenina: las mujeres están sobrerrepresentadas en el empleo informal, se les paga menos y están en mayor riesgo de pobreza, al comprometerse más los pocos recursos con los que cuentan.

También, coincidieron en que la violencia contra las mujeres y las niñas aumenta a nivel mundial, conforme la pandemia por COVID-19 se combina con tensiones económicas, sociales y por las medidas que restringen el contacto y movimiento. Además, señalaron que las mujeres y niñas corren mayor riesgo en contextos en donde prevalen conflictos armados o violencia social generalizada, por lo que deben ser incorporadas en los debates, toma de decisiones y ejecución de procesos de paz y seguridad.

Por su parte durante su intervención, Nadine Gasman destacó que, para brindar apoyo y servicios a todas las mujeres y las niñas en México durante la cuarentena, ha sido esencial la coordinación interinstitucional con protocolos de género que resguarden los derechos fundamentales de las mujeres y para dar respuesta desde las esferas económicas y sociales tomando en cuenta la diversidad de las mujeres y sus contextos.

 “Tenemos que aprovechar la oportunidad para salir de las crisis más fuertes, con igualdad, a través de mejores oportunidades, más educación, mejores empleos, condiciones domésticas más justas, menos violencia, más seguridad y paz para mujeres y niñas”, destacó Gasman.

La reunión de mujeres líderes concluyó con el llamado a garantizar la igualdad de género y los derechos de las mujeres como punto esencial para superar la pandemia, lograr una recuperación más rápida y construir un mejor futuro. “Las mujeres líderes instamos a los gobiernos y a todas las partes interesadas a poner a las mujeres y niñas en el centro de sus esfuerzos. Por lo tanto, el liderazgo y las contribuciones de las mujeres deben estar en el corazón de los esfuerzos de respuesta, resiliencia y recuperación de COVID-19”, indicaron.

El Instituto Nacional de las Mujeres, como órgano rector de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres reitera su compromiso con las mujeres y las niñas en México y trabaja con las instituciones de los tres poderes y niveles de gobierno, así como con la sociedad civil y organismos internacionales, para que las necesidades y demandas de las mujeres estén en el centro de las acciones y políticas que permitan erradicar la desigualdad, la discriminación y violencia hacia las mujeres.

SEM/IL

• Se estima que más de 3 mil de ellas se encuentran privadas de su libertad por delitos contra la salud o son investigadas por aborto
• La ley acordada beneficiará, según SEGOB, a 6 mil doscientas personas
• Por aborto como delito federal ninguna mujer encarcelada, las criminalizadas son las más pobres, indígenas o afrodescendientes en las entidades del país
• Urge la Senadora Patricia Mercado Castro a reestructurar el sistema carcelario

Sara Lovera

SemMéxico. Ciudad de México. 22 de abril 2020.- La nueva Ley de Amnistía resultará solamente simbólica para los delitos contra la salud por la que están recluidas en las cárceles más de 3 mil mujeres, de ellas, hasta 2016, 16 por aborto y miles más por ser pobres, obligadas a  traficar con drogas y/o abandonadas en cárceles estatales, unas dos mil 77; por delito federal de aborto no hay una sola en la cárcel, y si 16 hombres que se dice ayudaron a los abortos o se trata de médicos.

Los datos oficiales de distintas fuentes, según informó a SemMéxico la senadora Patricia Mercado Castro de Movimiento Ciudadano, permiten estimar que cuatro mil 600 personas, hombres y mujeres, se beneficiarían con la ley recientemente aprobada, de 178 mil 406 personas privadas de la libertad en centros estatales y 17 mil 058 personas privadas de la libertad en centros federales, apenas el 2.5 por ciento del total de personas encarceladas.  

Esos datos hacen urgente echar a andar una estrategia nacional de amnistía, sistemas de preliberación, análisis de la situación carcelaria, reorganización de expedientes archivados, procesos empantanados, en fin, una acción de justicia a fondo.

La propuesta de una estrategia nacional sumada a la Ley de aprobación reciente, que, si habla directamente de liberar a las personas vulneralizadas en los procesos y encarceladas, de las cuales hay miles de mujeres, debería caminar en lo inmediato a lograr leyes de amnistía estatales.

Eso significa que la reciente Ley de Amnistía no alcanza para beneficiar a la población que están sin justicia en las cárceles del país y podría ser liberada, aquí se examinan los beneficios y las dificultades para hablar de una verdadera estrategia de amnistía, en beneficio de miles de personas, pero especialmente de mujeres, mujeres pobres, indígenas y afrodescendientes, que están recluidas frecuentemente sin sentencia, durante años, en cárceles alejadas de sus casas y familias.

Sin embargo, la ley se apresuró atendiendo a la recomendación la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet quien señaló: “Las condiciones de reclusión facilitan el contagio acelerado” del COVID-19 en estos momentos de emergencia, por lo que ha exhortado a los Estados a que “procedan con rapidez a fin de reducir el número de personas en cárceles.

Lo que urge dijo Mercado Castro, es poner en marcha un verdadero proceso de reinserción social. Lo aprobado es eventualmente un mecanismo de despresurización en las penitenciarías del país sobre pobladas y de acción preventiva al COVID-19, sin ir al fondo del problema, porque para mejorar el sistema carcelario de necesita de mucho más.

La estrategia nacional deseable si se armonizara la Ley con todo el país, la Amnistía podría beneficiar al menos 3 mil 18 mujeres que son investigadas, procesadas o sentenciadas que se encuentran privadas de su libertad por delitos contra la salud, aborto o delitos menores. Muchas de ellas llegaron ahí por lo que se llama delitos del fuero común, que están en la cancha de los Estados de la República.

Según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018 del INEGI y los datos oficiales disponibles en la Estadística de las personas privadas de su libertad en Centros federales, se encontró que existen 3,018 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas que se encuentran privadas de su libertad que podrían ser beneficiadas si se implementara una estrategia de amnistía. De ellas 2,777 se encuentran en centros estatales y 241 en centros federales.

Mercado llamó a impulsar iniciativas a nivel local, donde se encuentran la mayor parte de los casos. Las mujeres, las personas en situación de pobreza extrema, las personas con discapacidad y las personas indígenas sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento, tanto por la vulnerabilidad de la que provienen como porque dichas condiciones se recrudecen en el espacio penitenciario, y también después de su liberación.

Los datos tanto de hombres como de mujeres, pensando en el beneficio de libertad, aún son solamente estimaciones, no cifras cerradas, tras el análisis de los expedientes podría ampliar las cifras estimó Ángela Guerrero, de la organización Equis Justicia para las mujeres.

Hoy lo más importante es empujar la misma amnistía en los estados. Equis Justicia para la Mujeres que dirige Ana Pecova, tiene un estimado de unas 500 o 600 mujeres que se podrían beneficiar en lo inmediato. Tomando en cuenta que solamente el 5 % de la población penitenciaria son mujeres. Las que saldrían sería como el 10 por ciento de ese 5 %. El 19 de diciembre pasado, cuando ya la ley había sido aprobada en la Cámara de Diputados, fue la secretaria de gobernación quien mencionó que serían 6, 200 las mujeres beneficiadas.

La Senadora del Movimiento Ciudadana insistió en que esta ley solo representa un primer paso para construir una sociedad más justa y en paz. En medio de la emergencia sanitaria no podemos ignorar a la población privada de la libertad que permanece invisible, no podemos negar la realidad en la que viven casi doscientas mil personas con condiciones indignas y mucho menos pensar que el aislamiento o la suspensión de visitas contendrá la epidemia; por el contrario, agudizará aún más las problemáticas ya existentes.

Bases de las estimaciones sobre personas encarceladas que podrían beneficiarse de la estrategia de amnistía

Según datos del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal 2019; Censo Nacional del Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019; Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 del INEGI, las estimaciones sobre personas que pueden acceder al beneficio de la amnistía son:

• 823 personas procesadas y sentenciadas por posesión simple, de las cuales 69 son mujeres. Estas personas están privadas por fuero federal se encuentran en centros estatales.
• 259 personas que se identifican como indígenas, de las cuales 9 son mujeres.
• 382 personas con enfermedades crónicas, de las cuales 55 tiene VIH. Esta información solo está disponible para enfermedades infecciosas.
• 39 personas mayor de edad (más de 60 años), de las cuales 16 son mujeres.
• Tres mil 829 personas jóvenes (menores de 29 años), de las cuales 293 son mujeres.
• 113 personas que su lengua es distinta al español y no tuvieron acceso a un traductor.

Si hacemos la suma considerando que las herramientas censales y de muestreo no incluyen las vivencias de discapacidad, identidad de género ni trabajo de cuidado, se puede estimar que un 10% de las personas privadas de la libertad por delitos de fuero federal, que se encuentran en centros tanto federal o estatales, pueden ser candidatas al beneficio de amnistía. Esto representa a 4,600 personas. Cabe aclarar que esta cifra incluye a los distintos estatus jurídicos que se encuentran en reclusión (procesada y sentenciada).

Además, habría que considerar a otras personas encarceladas:

* “Personas en situación de pobreza” que hayan sido obligadas es incierto, pero según una estimación del INEGI, pudiera beneficiar a 8 mil personas;

* “Que pertenezcan a un grupo étnico” y hayan sido presionadas, sería a un aproximado de 100 personas según una estimación con solicitud de transparencia

* Consumidores de drogas, un aproximado de entre 3 mil y 4 mil personas, según estimaciones con datos del CIDE.

Razonamientos de la senadora Patricia Mercado Castro

Los centros penitenciarios hoy en día son espacios donde se vulneran los derechos, como ha verificado la CNDH en sus informes anuales, los principales problemas son: hacinamiento, autogobierno, insuficiencia de personal técnico y de seguridad, maltratos, y extorsiones, así como falta de condiciones dignas desde la higiene hasta las opciones de formación, educación y trabajo.

Por ello la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet recomendó: “Las condiciones de reclusión facilitan el contagio acelerado” del COVID-19 en estos momentos de emergencia, por lo que ha exhortado a los Estados a que “procedan con rapidez a fin de reducir el número de personas en cárceles.

La Ley de Amnistía es un paso necesario, de ahí que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha presentado varias iniciativas y proposiciones antes de la pandemia para atender esta situación, porque además no concebimos que la cárcel sea el instrumento más importante para lograr paz y seguridad.

En México cerca de la mitad de la población vive en situación de pobreza. Según ha constatado la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las zonas del país con los índices de violencia más elevados son justamente las zonas con más altos índices de pobreza y desigualdad. En esto intervienen factores de exclusión social, de pobreza, de estigmatización, de precariedad laboral y de otras expresiones de discriminación.

Se agrega que, desde hace décadas la guerra contra las drogas y la política punitiva desprovista de perspectiva de derechos, desmedida y con efectos trascendentes en el entorno familiar y comunitario que en ningún momento tomó en cuenta, las condiciones de involucramiento, ni los modos de participación de las personas en estos delitos al momento de ser encarceladas.

En lo federal y local se cuenta con tres mecanismos legales para que las personas en reclusión salgan: amnistía de ley, beneficios preliberacionales e indultos. Nuestro Grupo Parlamentario considera necesario que se adopte cuanto antes una estrategia que incluya todos estos instrumentos, además de un impulso decidido a la política de reinserción, donde exista acompañamiento a las personas, en sus comunidades y hogares, de tal forma que el rechazo y el olvido no las orille a reincidir.

Un programa de reinserción social integral lograría despresurizar el sistema penitenciario y dar un paso para romper, también, los círculos de violencia.

Es cierto que la ley aprobada de amnistía federal que incluye a mujeres, adultos mayores, personas indígenas o afro mexicanas, jóvenes y personas con discapacidad que hayan cometido ciertos delitos menores o que no cuenten con una víctima directa, es una muestra de buena voluntad.

Advierte que no es aumentando la exclusión, en una cárcel con condiciones indignas, como se combate la reincidencia delictiva y la reproducción de la violencia, sino con el reconocimiento del derecho al porvenir, es decir, que delinquir no sea una opción para quienes salen de prisión.

Es necesario abandonar ese modelo obsoleto de detener primero e investigar después. De nada serviría liberar hoy a miles de personas vulnerables y que padecen injusticias si mañana volveremos a llenar las prisiones de presuntos culpables y de quienes habitan en los círculos de reproducción de la violencia.

Podemos empezar a cambiar un sistema punitivo y que criminaliza la pobreza. Aprobar esta ley para liberar a más de 6 mil 200 personas en situación de vulnerabilidad dentro de las cárceles de nuestro país. Hoy, ante la emergencia Sanitaria no es solo un acto de justicia, sino un acto humanitario.

Propuestas concretas

• Impulsar iniciativas a nivel local, donde se encuentran la mayor parte de los casos;
• Hacer uso de los instrumentos de la Ley nacional de Ejecución Penal para lograr que se sustituya la medida de prisión por otras medidas cautelares;
• Instar a los gobiernos locales a conceder indultos y preliberaciones para la población más vulnerable que no está incluida, y
• Establecer acciones emergentes de reinserción social para restablecer los derechos como la atención médica inmediata por autoridades gubernamentales; la movilidad a la vivienda donde se dirigen; entregar documentos de identidad para tener acceso a programas sociales y ayudas gubernamentales, y establecer albergues para aquellas personas que no cuentan con una vivienda.

Esta crisis sanitaria representa también una oportunidad para replantearnos la forma en que utilizamos las prisiones y el castigo, para entender que las fórmulas punitivas no han solucionado el problema de violencia y seguridad.

SEM/sl/IL

* En la etapa de mayor velocidad de contagio del COVID-19.

* SEP da respuesta a las quejas de que no saben por dónde dan las clases a distancia.

Redacción

SemMéxico/Billie Parker Noticias. Ciudad de México. 21 abril 2020.-Ante el asombro de la población el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que, ante la pandemia de Covid-19, el regreso a clases se tiene previsto para el 1 de junio y que el fin del ciclo escolar se aplazará hasta el 17 de julio.

 “El 1 de junio todo el País regresará a clases, como lo ha señalado el señor Presidente y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo, como acaba de señalar el doctor López-Gatell (subsecretario de Salud). Lo primero es la salud, lo primero es la vida, lo primero es seguir todos juntos para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos”, informó.

 “También rescataremos el ciclo escolar aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio. Agradezco la excelente disposición de maestras maestros y dirigencias sindicales de autoridades educativas locales para asumir juntos este esfuerzo”, apuntó el titular de la SEP.

En la conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, el encargado de la política educativa en México felicitó a las educadoras y educadores de preescolar que festejan hoy su día, y destacó el compromiso de todo el magisterio que no abandonaron a sus alumnos, se mantuvieron en comunicación o bien adelantaron tareas y trabajos para quienes dejaron de acudir a las aulas a partir del 23 de marzo.

 “Hoy la sociedad mexicana ha revalorado al magisterio, porque al tratar de apoyarlos en su casa las madres y padres de familia se preguntan: cómo pueden, cómo le hacen para guiar a nuestras hijas e hijos y que se concentra en el aprendizaje todos los días”, señaló Moctezuma Barragán.

Quejas de padres y madres de familia por falta de información

Al respecto de la falta de información sobre las clases a distancia que está generando la SEP Esteban Moctezuma señaló que se están llegando a todo el país apoyados por televisoras locales estatales, y se hace el trámite para hacer un canal exclusivo de la SEP, y que la SEP pueda tener un canal exclusivo, pero acotó que como son tantas clases, porque estamos hablando de todo el Sistema de Educación Básica, que incluye preescolar, primaria y secundaria y parte medio superior, el horario impide que en un solo canal podamos transmitirlo todo, por eso dijo “estamos usando tres canales”.

Además anotó que hay una plataforma de “Aprende en Línea”, en donde está precisamente el curso. Y cada vez vamos ir robusteciendo la demanda que hay sobre el aprendizaje a distancia, “un trabajo emergente. Tenemos que pedirle a la sociedad paciencia porque esto lo paramos en días y

 “Vamos a cometer seguramente errores, pero son cuestiones que estamos salvando todos los días para que le llegue la señal a todo aquél que lo desee. De momento, sí tenemos una cobertura muy amplia, me atrevo a decir que en todos los estados llega, aunque no necesariamente en todas poblaciones de los estados”, sostuvo.

Definió que ante lo anterior se tiene como base el libro de texto gratuito. Televisión, radio y la educación en línea es un auxiliar, “pero los maestros que le están dejando tarea a los niños para que sigan su libro de texto gratuito, esa es la base y ahí sí tenemos certeza de que todos los niños la tienen”, concluyó.

• Se debe garantizar las condiciones óptimas para el personal de salud, reconocer la partería tradicional, señalan un pronunciamiento emitido por organizaciones civiles y colectivos.
• Sustitución del secretario de Salud estatal por expertos en epidemiología.

Elda Montiel

SemMéxico. Chiapas. 21 de abril 2020.- Las organizaciones sociales, civiles, y colectivos de Chiapas exigen al gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, la sustitución inmediata del Secretario de Salud por expertos en epidemiología, tras considerar que la emergencia sanitaria del COVID-19 pone en evidencia el desmantelamiento de los sistemas de salud pública, que han privilegiado al mercado en lugar del derecho a la vida y a los derechos humanos de las personas.

Al gobierno federal le solicitan observe con especial atención la forma de implementación de la estrategia sanitaria por el gobierno local chiapaneco.

En el “Pronunciamiento Conjunto por la Vida” exigen el cumplimiento de medidas, entre las que destacan garantizar las condiciones apropiadas para el personal de salud, reconocer la partería tradicional para el registro civil de nacimientos, y el acceso a estrategias de apoyo para mujeres, niñas, y niños víctimas de violencia intrafamiliar como resultado de las medidas tomadas por la fase 2 y 3 de la emergencia sanitaria.

Así como implementar medidas eficientes de vigilancia epidemiológica en general, y similar para las 9,950 víctimas de desplazamiento forzado, y una respuesta efectiva ante la violencia generalizada ocasionada por los grupos de corte paramilitar.

En un diagnóstico claro de las necesidades del territorio chiapaneco, las diversas organizaciones sociales demandan atender a la población migrante, niñas y niños trabajadores y en situación de calle, pobladoras/es de periferias urbanas, personas en situación de detención, trabajadoras/es precarizadas como sectores con mayor vulnerabilidad al contagio y al acceso al tratamiento.

Difundir de manera amplia las medidas estatales de atención y acompañamiento para niñas, niños y mujeres que vivan violencia intrafamiliar. Que la atención sea de fácil acceso y con enfoque de derechos humanos.

En el caso de pueblos originarios y reconociendo las estrategias históricas de salud comunitaria, respetar plenamente el ejercicio de su derecho a la autonomía y a sus propios modelos de atención a la salud en sus territorios. En el marco de los Acuerdos de San Andrés, el artículo segundo de la Constitución, y los instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Reconocer la complejidad de la movilidad humana en Chiapas por ser estado de origen, tránsito, destino y retorno.

Afirman que migrar no es un delito, por lo que insta a las autoridades federales a suspender las detenciones migratorias, evitar el hacinamiento en los centros de detención, la liberación inmediata a todas las personas y que se garanticen sus derechos humanos.

A lo anterior se suman a la exigencia de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, que desconocen un liderazgo efectivo en el Estado para enfrentar esta contingencia, ya que no representa los intereses de la salud pública, y al mismo tiempo los trabajadores se comprometen a organizarse para hacer frente a la pandemia.

Exigen garantizar condiciones apropiadas para los y las trabajadoras de la salud en todos los niveles. Abasto de insumos, equipo y capacitación suficientes para el fortalecimiento de servicios de salud de primer nivel para la atención No COVID y COVID -19, incluyendo el reforzamiento de los espacios de atención y colaboración horizontal con agentes comunitarios de salud: parteras, promotores/as, médicas/os y pasantes.

En el caso de parteras que el Estado facilite y acelere el reconocimiento de la partería en el registro civil y extienda los certificados de nacimiento sin condición alguna. Que se les respete para seguir ejerciendo atención y cuidado, que sea suficiente con el reconocimiento comunitario, y en el caso de que ellas lo soliciten aprovisionar con suficiencia materiales e insumos necesarios para la atención de partos.

Que el proceso de reconversión hospitalaria, sea transparente a nivel estatal y distrital con promoción y difusión clara y precisa de la ruta crítica de atención urbana, periurbana y rural de cobertura. Sin descuidar la atención hospitalaria y consulta externa a pacientes NO COVID-19

Garantizar servicios básicos en las redes de suministro de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica y saneamiento para la población en general y con particular atención a los hospitales, casas de salud, casas de personas adultas mayores, centros de detención a migrantes, prisiones y estancias infantiles.

Y garantizar y regular el abasto de alimentos que eviten la especulación en los precios de artículos de primera necesidad. Para las/los pequeños productores de excedentes mantener precios de garantía y facilitar la distribución de sus productos agroecológicos, en transición agroecológica y mercados campesinos de distribución local.

Generar planes económicos oportunos, sin condicionamiento alguno, para acompañar de forma digna a las familias que no cuentan con salarios y trabajos asegurados y que estos subsidios no se conviertan en objeto de clientela y corrupción.

Finalmente piden que bajo ninguna circunstancia se apliquen medidas de fuerza desde los cuerpos policiacos y militares para efectos de contención de la población que puedan incurrir en acciones ilegales y violaciones a los derechos humanos de las personas.

SEM/em/IL