Inicio Blog Página 1471

Filtrar y publicar imágenes de victimas sería castigado en Oaxaca

  • Coinciden diputadas en la propuesta
  • Se agregaría el Derecho a la Protección de las Víctimas

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 19 de febrero 2020.- Tres diputadas y un diputado morenistas presentaron iniciativas para sancionar a quienes filtren fotografías y otros documentos y datos, que revictimicen con su publicación en medios tradicionales, electrónicos o digitales a las personas que han sufrido un delito, en específico, en el caso de las mujeres, luego del caso de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en la Ciudad de México.

Las iniciativas fueron presentadas por Magaly López Domínguez, presidenta de la comisión de Derechos Humanos; seguida de las diputadas Hilda Pérez Luis y Laura Estrada, así como el diputado César Morales Niño.

En sesión ordinaria, hoy del Congreso local, la diputada Magaly López Domínguez planteó una iniciativa que reforma el Código Penal y la Constitución local, con el fin de garantizar el resguardo de la identidad y la imagen de las víctimas de delitos y penalizarlo, al considerar que se trata de una práctica cotidiana que ejercen instancias de seguridad pública, de justicia o elementos policiacos de corporaciones municipales, que posteriormente son publicadas en las llamadas “notas rojas” de los informativos o en redes sociales.

Tras explicar que se viola el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dijo que en la actualidad constitucionalmente en Oaxaca solo se resguarda la identidad de menores de edad, pero no del resto de las personas. Por lo que aseguró que el resto de las personas o víctimas son exhibidas en los medios, “lo que deviene en un gravísimo daño moral al conjunto de personas relacionadas”, de ahí que propuso la reforma a la fracción V de la Sección C del artículo octavo constitucional

También adicionar un segundo párrafo al artículo 165 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, con el fin de estipular sanciones de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a treinta días multa, para quienes difundan dicha información, y definir que solamente puede hacerse bajo mandato judicial, o con la autorización de las víctimas.

Agregar el Derecho Humano a la Protección de las Víctimas

En su momento el diputado César Morales Niño citó las cifras que recientemente dio a conocer el fiscal General de la República que revela el incremento de un 137 por ciento de feminicidios en los últimos cinco años en México, sostuvo que las instituciones de gobierno han sido rebasadas y que persiste la exigencia de las mujeres a detener la violencia feminicida y el feminicidio.

Por ello presentó una iniciativa a la Constitución Política de Oaxaca, que aseguró busca prevenir estos casos, aunque reconoció que en Oaxaca estas expresiones se han presentado. La iniciativa, dijo, agrega el derecho humano a la protección de la víctima y no exhibir de forma lastimosa a las propias víctimas y sus familias, así como pruebas o elementos de que haya sido parte.

También propuso reformas al código penal local para garantizar que ningún funcionario en labores de primera instancia, auxilio o apoyo en el lugar de los hechos exponga a las víctimas y a sus familiares a través de la filtración o exhibición pública. Dijo que la iniciativa es un complemento de la Ley Olimpia (local) que vuelva punible la difusión de fotografías o videograbaciones que lastiman o exhiban a la mujer.

Con esta iniciativa se castigaría con ocho años de prisión y multa de 500 a mil unidades de medida a quien “indebidamente difunda, exponga, publique, revele, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografié, reproduzca, o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, instrumentos, objetos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que el Código señala como delito.

Más penas si las imágenes son de mujeres, niñas, niños y adolescentes

De igual forma y de manera conjunta se presentó la iniciativa de Hilda Pérez Luis y Laura Estrada Mauro por el que se adiciona el capítulo VI denominado Difusión de Información con relacionada con Delitos de los artículos 412 quinquies y 412 sexies al título vigésimo segundo Delitos contra el Derecho a una Vida Libre de Violencia del Código Penal.  Proponen castigo a quienes difundan, publique, transmita las imágenes.

En estos casos, las sanciones se incrementarán en los supuestos de si se trata de audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estados de salud, en este caso las penas se incrementarán en una tercera parte.

Las penas se incrementarán hasta en una mitad cuando se difundan imágenes, videos o audios de cadáveres de mujeres, niñas, niños, adolescentes, de personas de la comunidad LGTBTTTIQ; y cuando el delito sea cometido por un servidor público, las penas previstas se incrementarán también hasta la mitad.

Estrada Mauro dijo que ¡Ni una más! Es la expresión más escuchada en México y sin embargo también es la más desatendida, citó las cifras de feminicidios ocurridos en México en los primeros 48 días del 2020, los cuales ascienden a 275, 19 de los cuales han ocurrido en Oaxaca, por lo que aseguró que se trata de fallas sistemáticas del Estado, “le hemos fallado a las mujeres”.

En tanto, la diputada Hilda Pérez Luis, aseguró que la pequeña Fátima, no vestía provocativa, no salió a beber o se fue de antro, solo esperaba que la pasaran a recoger después de un día de escuela, no se encontraba en uno de los supuestos que siempre señalan para justificar la violencia sexual y feminicidio.

Ingrid estaba en casa cuando fue asesinada por su pareja, el lugar donde se debe considerar que estamos seguras y exentas de violencia, pero no es así, dijo tras reprochar la difusión de imágenes, “no es necesario difundir fotos para conocer la crueldad y el odio en que son asesinadas, por ello los responsables de la filtración deben ser sancionados más, si se trata de servidores públicos”.

Hipersexualización de las niñas

De nueva cuenta, la diputada Magaly López Domínguez propuso adiconar el artículo 18 Bis a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, para que se consideren actos de violencia simbólica en contra de las niñas y adolescentes aquellas actividades escolares, concursos, ferias o eventos folklóricos públicos o privados, que promuevan o expongan una imagen hipersexualizada de las niñas y adolescentes, a través de su participación en pasarelas, bailes o en bien en las que se les imponga la adopción de poses, códigos de vestimenta o maquillaje no apropiados para su edad.

En su exposición de motivos explicó la normatividad que protege los derechos de las niñas y niños, los cuales están considerados desde 1959 en la Declaración sobre los Derechos del Niño, así como la normatividad nacional, que en 2011 es un sistema jurídico bajo un enfoque de derechos humanos.

En ese sentido dijo que estudios revelan que, principalmente, las niñas vive un proceso de sexualización infantil, hipersexualización, en el que se les impone actividades de una persona adulta en la vestimenta atrevida o sexi, maquillaje y bailes, entre otros. Con repercusiones que van desde las pocas o nulas posibilidades de que las niñas consideren carreras científicas sino también una mayor demanda de la pornografía infantil.

La iniciativa presentada busca concientizar, visibilizar y reconocer que aquellas actividades impulsadas por adultos, tales como festivales escolares, concursos, ferias o eventos folklóricos públicos o privados, que promuevan o expongan una imagen hipersexualizada de las niñas y adolescentes, a través de su participación en pasarelas, bailes o en bien en las que se les imponga la adopción de poses, códigos de vestimenta o maquillaje no apropiados para su edad.

Actividades, que dijo López Domínguez, implican violencia simbólica en contra de nuestras niñas y adolescentes, entendida esta como la que se ejerce a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad, implica una reproducción encubierta y sistemática, difícil de distinguir y percibir, esto último cobra sentido si tomamos en cuenta que muchas de esas festividades son catalogadas como expresiones culturales o tradicionales de las comunidades, sin embargo no se puede hablar de cultura cuando se presentan a las niñas o a las adolescentes como mero objeto sexual para consumo.

Iniciativa para aumentar las penas por violación sexual

La diputada Elisa Zepeda Lagunas presentó una iniciativa con proyecto de reforma al Artículo 246 Bis del Código Penal del Estado de Oaxaca para equiparar la violación e incrementar las penas carcelarias de 14 a 20 años de prisión y una multa de 600 a mil 200 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente a quien tenga “cópula con persona mayor a los 12 años y menor a los 18, obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o engaño”. La seducción y el engaño se presumirá en todo momento.

Y párrafo primero del 248 Bis quedaría de la siguiente manera: Las penas que corresponden a los delitos de abuso sexual previstos en el Artículo 241, violación, previsto en el Artículo 246, violación equiparada, previsto en el Artículo 246 Bis y 247, y violación tumultuaria prevista en el Artículo 248, se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y su máximo.

Mujeres encabezarán las listas de candidaturas para Ayuntamientos

También desde una perspectiva de género, el diputado Othón Cuevas Córdova propuso reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, luego de que aseguró en las elecciones municipales no ha logrado la representatividad de las mujeres, sólo 52 gobiernan un municipio de los 153 que se rigen por partidos políticos, dijo.

En ese sentido, sostuvo que la actual normatividad electoral local, específicamente en los párrafos 13 y 14, del numeral 3, del artículo 182 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca obstaculiza hacer efectiva la paridad de género en la postulación de candidaturas para los Ayuntamientos de Oaxaca, las fórmulas -en caso de ser impares- deberán estar encabezadas por mujeres, además de asegurarse la paridad vertical y horizontal.

Todas las iniciativas propuestas fueron remitidas a comisiones.

Aprueban la Comisión de Seguimiento a la Atención a Víctimas.

La legislatura local también aprobó hoy la Comisión Especial de Seguimiento a la Atención de Víctimas de los casos de violencia en razón de género y feminicidios en el Estado, la cual estará a cargo de la diputada Elim Antonio Aquino, además de las diputadas Hilda Graciela Pérez Luis, Inés Leal Pérez y Luis Alonso Silva Romo (MORENA), así como de Aurora Bertha Acevedo (PVEM).

SEM/sj

Un homenaje a las Viudas de Pasta de Conchos, 14 años después

0
  • En tres décadas suman 153
  • Las viudas del carbón

Sara Lovera* Semlac, 2006

SemMéxico. Ciudad de México. 18 de febrero 2020.- La viudez en las mujeres es un estado de crisis vital, de identidad donde se conjugan el agobio económico, el abandono institucional, la vulnerabilidad emocional y una ruptura del equilibrio que pone en jaque toda su vida. A esta condición se sumaron las 65 viudas de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, Sabinas.

Mujeres jóvenes con tres hijos en promedio que saben, de acuerdo con la historia de la zona carbonífera de Coahuila, que la viudez las dejará sin casa, sin escuela para sus hijos y una pensión inferior al salario mínimo, donde el dolor y el agobio apunta a una crisis de identidad, que ya nadie ve, y nadie atiende.

Elvira, Pasta de Conchos, 2006

En la zona de las minas de carbón al menos 552 mineros murieron en los últimos 33 años desde la tragedia de Barroterán en 1969, que dejó 153 viudas.

En la zona Carbonífera de Coahuila la historia que las niñas aprenden, y las jóvenes saben al casarse, es que viven en riesgo de quedar viudas antes de los 40 años.

En cada accidente, la promesa y los hipotéticos apoyos, fideicomisos e indemnizaciones económicas, son eso, promesa. Nunca han conseguido justicia ni protección real.

Ahora, el grupo Minero México ofreció una indemnización inmediata de 750 mil pesos a la familia de los trabajadores que perdieron la vida en la mina (el equivalente a 10 años del salario que percibían) y que hasta el momento no han aceptado para no desalentar la búsqueda de los cuerpos.

Los hombres de lo tiros carboníferos se mueren de asfixia, de la llamada enfermedad del pulmón negro, a causa de una explosión o un derrumbe.

El gas metano no debe rebasar el 1.5% del aire en cada túnel. Su exceso se conoce como el mal del gas grisú. Las viudas pueblan un horizonte de sordidez y angustia en cada accidente.

Un monumento con el moribundo en los brazos

En los últimos 18 años, se han registrado en la zona tres accidentes que dejaron como saldo 110 mujeres viudas y más de 400 huérfanos menores de 18 años.

En la zona, los pueblos desaparecen cuando se cierra la mina y las viudas emigran con sus hijos a la frontera, o las zonas urbanas donde se establecen las empresas maquiladoras de exportación o se pierden en las poblaciones y pueblos fantasmas de alrededor.

La viudez es uno de los estragos, que según el diagnóstico del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico y la Iglesia de Coahuila, de una industria insegura que trabaja con viejas tecnologías, sin la previsión industrial necesaria y la adecuada previsión social para esos riesgos de trabajo.

Las viudas se organizaron una vez en Barroterán y su lucha duró 14 años, sin resultados y sin justicia. Lo único que lograron fue la construcción de un monumento donde se representa a una mujer sosteniendo a un moribundo.

En México dos millones de mujeres con hijos, son viudas. De ellas 9 de cada 10 tienen hijos menores de 18 años, 3 de cada 10 vive en condiciones de pobreza, 1 de cada 4 perdió todas sus pertenencias cuando murió su marido y representan el 8.5 % de todas las madres solas del país, según los datos el Consejo Nacional de Población, en el estudio “Madres en México” 2004.

A nivel mundial, las viudas constituyen un grupo invisible, suelen estar ausentes en las estadísticas y raramente se las menciona en los informes de pobreza, desarrollo, salud o derechos humanos, afirma un estudio exhaustivo realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Women 2000-2001).

Se estima que entre el 7 y el 16% de la población adulta femenina en el mundo está constituido por viudas y entre ellas, se encuentra el porcentaje más elevado de mujeres pobres del mundo, añade el estudio.

Sostiene que es grave la dificultad que tienen los países para establecer políticas institucionales para abordar los problemas de la viudez, en tanto que en muchos países se desconoce el número de viudas, sus edades, así como las características sociales y económicas en las que transcurren sus vidas.

Así se oculta la vulnerabilidad, tanto socioeconómica como psicológica, de este grupo de mujeres en el mundo.

Ser viuda en México

El abandono institucional es una de las características que define un estado de viudez por una tragedia, un accidente o una represión. En México se es viuda por vejez, pero se es viuda por represión. Sólo en 7 años, entre 1995 y 2001, 86 viudas de actos de represión quedaron sin protección.

Ninguna de ellas ha sido indemnizada, sus maridos, -campesinos e indígenas- fueron brutalmente masacrados. Ellas se organizaron y han pedido respuestas. Ninguna ha sido atendida.

Se trata de la matanza de Aguas Blancas (1995) con 17 viudas; de la represión de Xochiltepec, en Michoacán (2002), 26 viudas, el Charco, (1998), 8 viudas y El Bosque, 1998, 5 viudas, de emboscadas en Chiapas.

Las viudas en México representan el 28 % de las jefas de hogar que laboran en el sector público, y en ese sector el 4.1 % de todas las trabajadoras son viudas.

Y aunque la viudez se hace invisible para las políticas públicas y las consideraciones demográficas o estadísticas, lo cierto es que se sabe que 600 mil mujeres por ser viudas reciben una pensión menor al salario mínimo de sus maridos trabajadores.

El 80% de ellas tiene más de 60 años y contradictoriamente al abandono, todavía en el año 2004, las viudas de hombres de la Revolución Mexicana obtuvieron un presupuesto etiquetado para sus pensiones extraordinarias de un millón 380 pesos.

Atrás de la viudez

Esther Moncarz, psicóloga argentina, especialista en duelo, sostiene que es necesario diferenciar distintos momentos en el proceso de enviudar, ya que este tendrá ciertas características para las viudas recientes (de alrededor de menos de un año), y otras para las de tiempo extenso (un año o más) quienes en el tránsito del proceso de duelo van hallando nuevos modos de organizar sus vidas.

Al enviudar los cambios en la cotidianeidad, las variaciones en la situación económica –que muchas veces se transforma en una fuente de verdadero agobio-, la soledad, la pérdida de otros vínculos –parejas de amigos y/o familia política-, los cambios en la relación con los hijos e hijas, son sólo algunas circunstancias que deberán afrontar.

Todas estas circunstancias constituyen verdaderos desafíos, que para muchas se transforman en factores de riesgo para su salud física y psíquica, para otras muchas mujeres puede ser una etapa de sus vidas donde logran poner en juego recursos insospechados de resistencia y creatividad, las ayuda a sobrevivir y a buscar nuevos lugares sociales y nuevos vínculos.

Lo cierto es que Moncarz cita su propia experiencia en este trabajo. Dice que muchas de las mujeres que han enviudado tuvieron un rechazo generalizado de ser identificadas como viudas.

Según Carole Barete (1979), en Estados Unidos hubo en muchas mujeres viudas, una reacción semejante, “la mayoría de las viudas odian esta denominación porque la gente reacciona ante ellas como si padecieran una enfermedad contagiosa” de la que nunca se curan.

Numeralia

VIUDAS EN LA ZONA CARBONÍFERA DE COAHUILA

  • 39 Viudas: 25 enero 1988 Villa Las Esperanzas
  • 12 Viudas: 29 septiembre 2001 La Morita
  • 13 viudas: 23 enero 2002 La Espuela
  • 65 viudas: 19 febrero 2006 Pasta de Conchos

*Periodista/feminista. Coordinadora de la Investigación sobre Violencia Feminicida de la Comisión Especial del Feminicidio, Cámara de Diputados LIX Legislatura.

Sara Lovera, después realizó una investigación a fondo de tres generaciones de viudas en la Zona Carbonífera de Coahuila, investigación con la que se hizo la película Las Viudas del Carbón, mujeres sin nombre, realizada por Rosario Novoa, con varios premios internacionales.

#UnDíaSinMujeres: Llaman a Paro Nacional el 9 de marzo

0
  • Celebración y coraje, huelga internacional de mujeres
  • Día Internacional de la Mujer desde 1910
  • En México se celebró en 1913, había una  huelga general en el trabajo

Redacción

SemMéxico. Ciudad de México. 19 de febrero 2020.- Una vez más la iniciativa internacional para decretar un día de huelga de mujeres para la celebración del día 8 de marzo ya se lanzó en todo el mundo. Se trata de que ninguna mujer cruce las calles, no trabajar, no realizar labor alguna, no comprar nada, las niñas no deberán ir a la escuela, las mujeres en casa no deben guisar, ni limpiar, no ir a la oficina, y hacerse oír en las demandas fundamentales para cerrar las brechas de discriminación y expresar la indignación de cara a la violencia contra las mujeres.

Ya circula en redes con el hashtag #UnDíaSinMujeres, donde las cibernautas y blogueras, las usuarias de redes sociales en muchas ciudades de México hacen  una invitación para sumarse a la huelga. Para México el 9 de marzo.  

Imaginar ¿Qué sería de este país sin las mujeres? ¿Qué pasaría si tuviéramos un día sin mujeres? ¿Cuánto sufrirá la economía? ¿Quién hará el desayuno o el café?  son algunas consignas que se han lanzado en redes sociales y en toda clase de chats privados.

El cartel electrónico, como puede leerse llama a: El 9 de marzo no salgas a trabajar, las niñas no van a la escuela, no vayas a la universidad, no cargues gasolina ni gas, no compres, nada no vendas nada”, como centro de la iniciativa. Gritar al sistema patriarcal que no se puede pensar en el mundo sin nosotras.

El 8 de marzo es el  Día Internacional  de la Mujer, se instituyó en 1910 en Copenhague, capital de Dinamarca, durante la Conferencia Mundial de Mujeres, llamada por Clara Zetkin  y adoptado por Naciones Unidas  en 1975 con motivo de la Primera Conferencia Internacional de la Mujer de los gobiernos.

Se dijo en la ONU que el 8 de marzo es  un día para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Se celebra en muchos países del mundo. En algunos de estos países es fiesta nacional.

EL TEMA  DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2020 DE LA ONU ES: «SOY DE LA GENERACIÓN IGUALDAD: POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES»

El tema del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) de 2020 es, Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres. El tema es conforme con la nueva campaña multigeneracional de ONU Mujeres, Generación Igualdad, que conmemora el 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que fue aprobada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Beijing, China, y es reconocida como la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo.

El año 2020 es un año decisivo para la promoción de la igualdad de género en todo el mundo, a medida que la comunidad mundial hace balance de los progresos obtenidos en la esfera de los derechos de las mujeres desde la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing. También marcará varios otros momentos notables en el movimiento en favor de la igualdad de género: cinco años en ruta hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el 20º aniversario de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad; y el 10º aniversario de la creación de ONU Mujeres.

El consenso que está surgiendo a nivel mundial es que, a pesar de algunos progresos, el cambio real ha sido desesperadamente lento para la mayoría de las mujeres y niñas en el mundo. Al día de hoy, ningún país puede pretender que ha alcanzado la igualdad de género. Hay una serie de obstáculos que permanecen sin cambios en la legislación y en la cultura. Las mujeres y las niñas siguen siendo infravaloradas; trabajan más, ganan menos y tienen menos opciones; y sufren múltiples formas de violencia en el hogar y en espacios públicos. Además, existe una amenaza significativa de reversión de los logros feministas que tanto esfuerzo costó conseguir.

El año 2020 representa una oportunidad excepcional para movilizar la acción mundial con miras a lograr la igualdad de género y la realización de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas.

La Observancia del Día Internacional de la Mujer 2020 por parte de las Naciones Unidas tendrá lugar en la Secretaría de las Naciones Unidas, en Nueva York, el viernes 6 de marzo de 2020, de 10 a.m. a 12.30 p.m.

La Observancia tiene por objeto reunir a las próximas generaciones de mujeres y niñas líderes y activistas en favor de la igualdad de género con defensoras de los derechos de la mujer y visionarias que fueron indispensables en la creación de la Plataforma de Acción de Beijing hace más de dos décadas. El evento homenajeará a creadores de cambio de todas las edades y géneros, y en este se debatirá en torno al modo de enfrentar de manera colectiva las tareas inconclusas del empoderamiento de las mujeres y las niñas en los años venideros.

La Observancia incluirá discursos de altos representantes del sistema de las Naciones Unidas, un diálogo intergeneracional con activistas en favor de la igualdad de género, y actuaciones musicales.

Visite www.unwomen.org para obtener más información

En Guadalajara 4 feminicidios en 49 días

  • En el Congreso: Iniciativa para evitar que feminicidas obtengan libertad anticipada.
  • Campaña: Feminicidas tras las rejas, anuncian senadora y funcionarios

Redacción

SemMéxico. Guadalajara. 19 de febrero de 2020.-En Guadalajara crece el número de mujeres asesinadas. Sólo en los 49 días que han transcurrido en 2020 se han contabilizado 4 feminicidios, según datos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del estado de Jalisco.

Al anunciar la iniciativa denominada Feminicidas Tras las Rejas, la titular de la Secretaría, Fela Pelayo y la senadora del Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, detallaron que hubo dos asesinato y  en estos primeros 19 días de febrero otros dos. En el 2019 en los mismos meses se registraron nueve.

Titular de la Secretaría de Igualdad, Fela Pelayo y la senadora del Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, durante el anuncio de la iniciativa «Feminicidas Tras las Rejas».

Luego afirmaron que durante enero de 2019, cinco mujeres fueron cegadas de la vida y señalaron que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Públicade las muertes violentas, en 2019 ya suman38 víctimas.

Y son  más de 60 las víctimas de otros crímenes contra las mujeres. Es por ello que ahora Fela Pelayo y la senadora  Delgadillo han lanzado la iniciativa “Feminicidas tras las rejas” que busca que los feminicidas no gocen de la libertad anticipada.

Se propone modificar la ley para asegurar que los actores de los crímenes contra las mujeres paguen su deuda con la sociedad y con las familias de las víctimas, impidiendo acceder al beneficio de la libertad condicional o la libertad anticipada.

Se trata de cerrar la puerta a que cualquier feminicida, usando el pretexto de buen comportamiento salga de la cárcel sin haber cumplido cabalmente su pena. 

Explica que la libertad, la condicional anticipada de estos críminales, lastiman a las familias de mujeres asesinadas, a todas las víctimas de violencia, porque les roban la esperanza y se envía un mensaje de hacen creer a los agresores que privar de la vida de una mujer es permitido y se abre la posibilidad de acceder a beneficios del sistema de justicia, detalló Fela Pelayo.

Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano por Jalisco, Verónica Delgadillo, dijo que México es un país feminicida, al considerar que al día mueren 10 mujeres  en razón de género, aseguró que en los últimos años se ha incrementado el feminicidio en más del 72%.

En entrevista la militante del MC afirmó que hay que decir que México es un país feminicida, porque en este país todos los días asesinan a una decena de mujeresy niñas. A quienes “se les arrebata su sueño su tranquilidad, se les arrebata todo un futuro para ella ya sus familias y hay quienes creen que esto no está sucediendo”.

Agregó que en el país estamos experimentando índices de violencia, preocupantes. Se refirió luego a los números :en los últimos cuatro años los asesinatos de niñas y adolescentes han aumentado 72%; en Jalisco se investiga el protocolo de feminicidios, no obstante sólo en un año van 38 víctimas. 4 en lo que va del año.

Según datos INEGI, de las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más el 66.1 % que representa más de 30 millones, han enfrentado violencia de cualquier tipo en el país.

Por su parte  el presidente Poder Judicial, Jalisco Ricardo Suro Esteves informó que ahí  trabajan para erradicar la violencia contra las mujeres en el estado, en principio con mejoras legislativas, lo que tendrá que irse adecuando.

“El Poder Judicial y un servidor no vamos a descansar hasta erradicar la violencia contra las mujeres y precisamente en esta agenda firmamos el año pasado un convenio interejercutivo en el Poder Judicial para hacer políticas públicas y poder ir avanzando”

Jalisco fue uno de los primeros estados del país que firmó el pacto de perspectiva de género, recordó.

SEM/sl/GR

Pasta de Conchos, la herida sigue abierta

0

* 14 años en espera de los cuerpos, Grupo México devolverá el predio

* Inaceptable, dice la Organización Familia Pasta de Conchos

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Cd. de México, 19 de febrero 2020.- La noticia vuelve a cimbrar. El Grupo México anunció que entregará al gobierno federal la concesión de la mina 8 del complejo Pasta de Conchos, ubicado en San Juan Sabinas, Coahuila, para facilitar la búsqueda de los restos de 63 de los 65 mineros que quedaron atrapados en una explosión la madrugada de hace 14 años.

De esta forma, se cumpliría el anhelo de las familias de los mineros que murieron atrapados entonces, y a las voces que desde entonces se han unido, como la activista Cristina Auerbach Benavides y el obispo Raúl Vera Salinas, así como innumerables organizaciones de México y del ámbito internacional.

En el caso de Auerbach Benavides, quien ha dado puntal acompañamiento a la organización Familia Pasta de Conchos, que surgió desde el siniestro, ha sufrido hostigamiento, amenazas y difamación, incluso agresiones físicas, como el sucedido el 19 de junio de 2007, cuando fue aslatada en el estacionamiento de su casa, donde además de robarle sus pertenencias personales, le fueron robados documentos importantes sobre la mina Pasta de Conchos, lo que dio origen a un exhorto al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que realice las investigaciones lo que ocurrió el 7 de agosto de ese año.

La tragedia para las familias

En 2006, cuando sucedió la tragedia solo dos cuerpos fueron recuperados, los de José Manuel Peña Saucedo, de 52 años de edad, y Felipe de Jesús Torres Reyna, de 42 años de edad, para el resto de las familias no hubo más, la misma madrugada cuando las mujeres, madres, esposas, hijas, llegaron hasta las puertas de Pasta de Conchos tras escuchar la explosión y correrse la voz, las encontraron cerradas y custodiadas por elementos del Ejército mexicano.

La tragedia en la zona carbonífera de Coahuila había vuelto a enlutar a las familias. No era la primera vez que esto ocurría. Sus deudos reclamaron a sus muertos y nuevamente, en la historia de aquella región, se había puesto en evidencia las pésimas condiciones en que los mineros trabajaban, incluso a riesgo de sus vidas como se lo habían advertido especialistas antes y como lo confirmaron después especialistas, quienes también mostraron “complicidad de empresarios e inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”, cuyo titular era Carlos Abascal Carranza.

Este miércoles, en un comunicado enviado a la Bolsa de Valores, el Grupo México, encabezado hoy como hace 14 años por German Larrea, anunció la devolución de la concesión, esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador había solicitado la recuperación de los restos de los mineros fallecidos el 19 de febrero de 2006.

Una tragedia que terminó, como señaló un año después el obispo Vera López, no sólo con la vida de los 65 mineros, sino que también cambió el destino de las familias que enfrentarían un destino incierto con cientos de niñas y niños en la orfandad.

Organización Familia Pasta de Conchos dijo que en su cuenta de Facebook:

“Es absolutamente inaceptable que Grupo México “ofrezca entregar el pedazo de pa concesión en donde están los mineros y no todo el lote minero al cual no tenían derechos porque la Secretaria de Economía se los suspendió hasta que hicieran el Rescate. En el gobierno de Peña Nieto, de forma ilegal lo dividieron en 4 y le dieron nuevos nombres. No es justo, no es aceptable que manipulen la petición que hace el Presidente Andrés Manuel López Obrador de que entreguen la concesión de Pasta de Conchos, no un pedazo.  Lo único que muestran nuevamente, es que los mineros nunca les importaron sino el carbón. #ElRescateVa y Grupo México no va a decidir en qué parte ni como se hace”.

Esto tras conocer el comunicado del Grupo México anunció que entregará el título de concesión de El Olivo, donde se localiza la mina de Pasta de Conchos para que el gobierno federal reanude la recuperación de los restos y en el que califica el accidente del 19 de febrero de 2006 como la “experiencia más dolorosa que ha vivido México a lo largo de 83 años de operaciones en el país”. Además de relatar que la empresa realizó todos los esfuerzos “humanos y técnicos” para rescatar a los mineros, lo que se interrumpió porque se tuvo la certeza de que no podían seguir con vida y ponía en riesgo la integridad y la vida de los rescatistas, que asegura sumaron 270.

La tragedia para las familias

Publicado por SemMéxico hace cuatro años:

“Todo tembló la madrugada del 19 de febrero de 2006, las sirenas ulularon, la gente corrió hacia la mina, de inmediato la zona fue acordonada, el Ejército ya estaba en el lugar, nadie pudo pasar.

Debajo de la tierra, aquella fría madrugada, los túneles de la mina número ocho en el ejido Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, habían colapsado. Un desastre anunciado, en el recuerdo de sus familias están las palabras de Fermín, Gil, Feliciano, Margarito, Guillermo, Raúl y Reyes que ya les habían contado sobre las malas condiciones en que estaba Pasta de Conchos.

Las investigaciones revelarían después que la causa de aquella funesta explosión fue la mala combinación de gas metano y falta de ventilación. Una sola ventilación a lo largo de dos kilómetros. El saldo, 65 mineros quedaron atrapados, eran vecinos de Nueva Rosita, y de otras localidades cercanas de la zona carbonífera. Los gritos de justicia se fueron silenciando.

Son 10 años desde aquella tragedia que sigue impune. Salvo dos casos, el resto de los cuerpos no fueron rescatados nunca y las viudas, sus hijos e hijas no tuvieron tumbas en donde llorar, como decía una de las viudas en 2006.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, fue de las pocas personas que no quitaron el dedo del renglón y hoy siguen acusando a las autoridades del estado, entonces gobernado por Humberto Moreira, y a los concesionarios como los directos responsables al Grupo México, además de los funcionarios corruptos que se prestaron a no reportar las anomalías encontradas, personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “firmaban y se iban”, señalan mineros sobrevivientes.

Elvira Martínez Espinoza, cuyo esposo, Jorge Vladimir Muñoz Delgado, murió junto a otras 64 víctimas dentro de la mina de carbón Pasta de Conchos, fue otra de las protagonistas de aquella tragedia. Nunca aceptó la indemnización de 750 mil pesos. Nada, era apenas el 4.4 por ciento del total de las utilidades obtenidas por el Grupo México en 2005, cifra que alcanzó los mil 100 millones de pesos.

Sólo un año antes, en 2004, la misma empresa obtuvo utilidades cercanas a los 700 millones de pesos. Como otras madres, esposas, hermanas e hijos, Elvira Martínez se sintió sola desde el primer momento, al cabo del tiempo las dejaron solas.

Claudia Escobar Pacheco fue de las últimas mujeres que se separó de a alambrada que rodeaba la mina, durante largos días y noches, mientras las mantas eran desgarradas por el viento, esperó el cuerpo de Raúl su esposo. Pero esperó en vano noticias y que le entregaran su cuerpo.

Nada, nunca tuvieron nada. Se quedaron ahí a 700 metros de profundidad, cuando la explosión sorprendió a los mineros que laboraban en el segundo turno. Un total de 65 viudas y 165 huérfanos y huérfanas, familias que fueron tocadas por la tragedia y cuya vida cambió desde entonces, una historia que se ha repetido innumerables veces, como se ha documentado y como quedó plasmado en el documental Las Viudas del Carbón que documentó la periodista Sara Lovera.

Ellas, las viudas del carbón, tenían información sobre lo que ahí sucedía. El testimonio  de Tomacita Martínez lo confirma. Su esposo quien murió en la mina Pasta de Conchos le había comentado unas noches antes que había mucho gas. Maribel Rico también recordó hace 10 años que su hermano Gil, otro de los que murieron atrapados, tenía 20 años en este oficio de rascarle a la tierra para sacar carbón.  Ella, conocía bien el trabajo por su hermano y por su padre, quien también fue minero en su tiempo, la historia era la misma, poco sueldo por un trabajo riesgoso, sabían bien que entraban, pero no si saldrían.

Pese al dolor de las familias, nada cambia. Después de Pasta de Conchos otras explosiones han ocurrido en la zona carbonífera de Coahuila, más muertos, más viudas, más huérfanos y huérfanas. La tierra de Pasta de Conchos se tragó a los mineros aquella madrugada del 19 de febrero de 2006. Sobre la tierra se quedó la tragedia que provocan la impunidad y el olvido.

SEM/sj

Amenazada Janet Miranda por buscar personas desaparecidas

0
  • Los conminan a dejar sus labores de búsqueda de personas desaparecidas
  • Más de 20 organizaciones y colectivos exigen al gobierno actuar de inmediato
  • Advierten que se necesitan condiciones para la labor de búsqueda

Argelia Guevara

SemMéxico. Cd. de México. 19 de febrero de 2020.- Janet Miranda y José Gutiérrez fueron amenazados de muerte este martes 18, ambos trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato. Urgen   medidas de protección para ellos, sus familias y para los colectivos Sembrando Comunidad y A Tu Encuentro.

Así lo denunciaron más de 20 organizaciones sociales y colectivos quienes exigieron a  los gobiernos federal, estatal y municipales actúen de inmediato con una investigación diligente y expedita ante esas amenazas  que ponen en riesgo a más de 100 familiares de personas desaparecidas.

Así lo dio a conocer Fundar Centro de Análisis e Investigación AC. En una carta abierta estas organizaciones  señalan que es obligación de  los gobiernos garantizar  condiciones de seguridad para quienes trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas y desarrollar urgentemente una política pública en materia de investigación, identificación y búsqueda de personas en Guanajuato.

La demanda también  ha sido suscrita por organizaciones nacionales e internacionales y colectivas de víctimas.

Hechos:  

La noche del martes 18 de febrero, al regresar de una reunión en la ciudad de León rumbo a Irapuato, el defensor José Gutiérrez y la defensora Janet Miranda de la organización “Sembrando Comunidad” recibieron amenazas contra su vida y la de sus familias, instándoles a dejar las labores de búsqueda del Colectivo “A tu encuentro”, conformado por más de 100 familias de personas desaparecidas, en el estado de Guanajuato.

Durante la llamada, se amenazó a Gutiérrez de la siguiente manera: “Ustedes son los que buscan personas, les tengo información, si salen a buscar personas desaparecidas se los carga la chingada a ustedes y a su familia”.

Tras las amenazas, ya en Irapuato, fueron seguidos por un vehículo durante 20 minutos, hasta que lograron perderlo. Posteriormente, llegaron a la Fiscalía General del Estado, donde realizaron la denuncia correspondiente con número 1886/2020.

Este hecho sucede tras lograr el compromiso de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato para comenzar búsquedas de personas desaparecidas en campo, lo que representa un avance crucial para la lucha de las familias en el estado.

Antecedentes

Desde el 2017, Guanajuato sufre una escalada de violencia y desapariciones. Ante este grave contexto, José y Janet han sido las voces más visibles, señalando de manera constante las dilaciones y negligencias en las investigaciones y búsquedas que ha llevado a cabo la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, así como denunciado el intento de aprobación de las leyes de desaparición y de víctimas sin la participación de familiares de víctimas.

Por ello las  exigen seguridad y protección para José y Janet y el desarrollo de una verdadera política pública de derechos humanos, firman: Organizaciones de derechos humanos: Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” AC; Fundar Centro de Análisis e Investigación AC; Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), AC; Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica AC; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A. C. (FJEDD); Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH), AC; Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC; Comité Cerezo México; Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense.

Y los Colectivos de víctimas: Colectivo Buscando Cuerpos Michoacán, Colectivo Buscando Cuerpos Guerrero, Colectivo; Buscando Cuerpos Veracruz, Colectivo Buscando Cuerpos Tamaulipas, Colectivo Buscando Cuerpos Querétaro, Colectivo Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz, Familias Desaparecidos Orizaba – Córdoba A.C, Familiares en Búsqueda María Herrera, Fuerzas Unidas por Nuestro Desaparecidos en Nuevo León.

En una carta abierta se dirigen al gobierno federal, así como a los gobiernos estatales y municipales a que, en el ámbito de sus competencias, garanticen medidas de protección inmediatas para Gutiérrez y Miranda, sus familias y a quiénes integran el Colectivo.

Además de la  investigación diligente y expedita sobre los responsables de las amenazas sufridas, y que generen condiciones propicias para la defensa de derechos humanos en el estado, especialmente para las y los familiares de personas desaparecidas, y de las personas que les acompañan en su lucha.

Piden que se  mantengan las búsquedas en terreno,  garantizando condiciones de seguridad para quienes participen en éstas, como los primeros pasos para el establecimiento de una política pública en materia de investigación, identificación y búsqueda en la entidad.

Se suman a la petición familiares de víctimas:

Margarita López Pérez, Guadalupe Aguilar Jáuregui, Carlos Castro Gurrola; Teresa Vera, Maira de la Vega, Victoria Bautista Bueno, Rocío Valencia Moreno, Olivia Guzmán, Nora Patricia Bacilio Hernández, Gloria Pastor Alcocer, Audocia González Jerónimo, Abigail Gallardo González, Lilia Vázquez López, Noé Alarcón Aguilar, Ana Dalia Ramos Solís, Rocelia Mejía Morales, Irma Barrón Vázquez, Elizabeth Muñoz Vázquez, María Victoria Torres Sánchez, Sandra Luz Garibay Magaña, Yolanda Sánchez Bautista, Ma. Carmen Escobar Baltazar, Angélica Bautista Bueno, Macai Bautista Bueno, Enriqueta Bueno Cruz, Carmelo Bautista Bueno, Adán Bautista Bueno, Miguel Ángel Bautista Bueno, Leonardo Martínez Armenta, Yolanda Medina Escalante, Jesús Castrejón, Yolanda Maldonado Nava, Génesis Alexandra Hurtado Duran, Luz Adriana Bello Vázquez, Pedro Jesús Bello Vázquez, Fausto Gallardo Trinidad, Nazaria Mendoza Abarca, Roselia Sánchez López, María Josefina Adame Valencia, Manuel Yahvet Adame Valencia, José Ibsent Adame Valencia, Antonio Alejandro Hurtado Gilbert, Silvina Mellin Herrera, Rocío Muñoz Sánchez, María del Rocío Valencia Moreno, Azucena Campos Mejía, Alan Edgardo Alarcón Maldonado, Mitzi Gisela Alarcón Maldonado, Dora Ivonne Macías Murguía, Leonardo Martínez Armenta, Noé Alarcón Aguilar, Deyla Sarahi Alarcón Maldonado, Luis Gerardo Gutiérrez Barajas, Elizabeth Muñoz Sánchez, Raquel Sánchez Contreras, Guadalupe Muñoz Sánchez, Rocío Muñoz Sánchez, Larisa Rebeca Macías Murguía, José Adolfo Macías Murguía, Monserrat Elizabeth Sotelo Dávila, Olga Lidia Salazar Hernández, Mario Sampayo Cortes, Martha Islas Cárdenas, Minerva Espinoza Méndez, Alma Miriam Ruiz, Karla del Rocío Torres Ruiz, Antonio Abad Ruiz, Roselia Sánchez López, Josefa Rendón Pineda, Roselia Mejía Morales, María Victoria Torres Sánchez, Olga del Ángel García, Jorge Hernández Ruiz, Margarita López González, Lilia Marroquín Aguilar, Daniel Gersain Martínez Alvarado, Itzel Amairany Martínez Alvarado, Yareli Carolina Martínez Alvarado, Irma Elvira Ramírez Rodríguez, Giovanni Maldonado Ramírez, Hussein Maldonado Ramírez, Sheila Elizabeth Ortiz Ramírez, Janet González Salazar, Raúl Rabadán González, Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, Manuel Ramírez Juárez, Adela Alvarado Valdez, Angélica Rodríguez Monroy, Claudia Cruz, Guadalupe Valenzuela, Perla Tapia Guido, Katia Marilin Justo Tapia, Olga Patricia Marín Mercado, María del Rocío Valencia Moreno, María del Rosario Zavala López, Adela Sandoval Soto, Julieta Ibarra Azua, Lizette Guadalupe Soria Ramírez, Sandra Luz Garibay Magaña, Nazaria Mendoza Abarca, Lilia Vázquez López, Yolanda Medina Escalante, María del Refugio Valdez Medina, Carla Gabriela Peña Álvarez, Jorge Abel Rodríguez Peña, Virginia Martínez Hernández, Bertha Ledezma Villanueva, Gloria Isabel Torres Hernández, Mirna Guadalupe Zapata Herrera, Sara Hernández, Sara Hernández Gutiérrez, Juana Álvarez González, Mayra Lorena Espinoza Vázquez, Elvira Martínez Monroy, Patricia Aradi Castañeda Salazar, Silvia Blanco Vargas, Victoria Bautista Bueno, Enriqueta Bueno Cruz, Angélica Bautista Bueno, Mafai Bautista Bueno, Miguel Ángel Bautista Bueno, Carmelo Bautista Bueno, Adán Bautista Bueno, Leonor Dircio Cantor, Guadalupe Astudillo Dircio, Lorena Guerrero González, Bellanira Chino Ocampo, Victoria Esquivel Hernández, Erika Marisol Sarmiento García.

Se suma Gabinete de Gobernabilidad a fortalecimiento de Palabra de Mujer

  • En beneficio de todas las mujeres michoacanas, las dependencias ampliarán sus servicios a este sector de la población

 Redacción
SemMéxico. Morelia, Michoacán a 19 de febrero de 2020.- La intención es fortalecer y consolidar el programa «Palabra de Mujer», las dependencias que integran el Gabinete de Gobernabilidad, sumarán sus acciones y trabajo coordinado.
 
“Dar a las mujeres la atención que merecen, requiere de un esfuerzo transversal, en el que ninguna dependencia puede quedar fuera y así ofrecer servicios integrales con capacitación, atención a la violencia, empoderamiento, programas productivos, y otros acompañamientos y beneficios, ofrecer entre todas las dependencias una larga lista de ventajas a las mujeres michoacanas”, puntualizó el gobernador Silvano Aureoles Conejo, al encabezar la reunión.
 
El mandatario estatal, señaló que este Gobierno tiene la meta de que por lo menos 300 mil mujeres, se sumen al Programa de Palabra de Mujer y sean recipiendarias de los beneficios, que serán básicos para su desarrollo y el de sus familias.
 
Aureoles Conejo, destacó la importancia de consolidar bases firmes en la estrategia en pro del empoderamiento de las mujeres michoacanas.
 
“Genera identidad, que el programa se quede, busquemos que eche raíces este movimiento en favor del empoderamiento y desarrollo de las mujeres, que vaya más allá de un periodo de gobierno”, sentenció.
 
Con estas acciones el Gobierno del Estado refuerza los trabajos de atención de sectores primordiales como las mujeres y jóvenes, a través de beneficios bajo un esquema seguro y de seguimiento permanente para lograr los objetivos planteados.

Ofrece Fiscalía de Oaxaca 1 mdp por Vera Carrizal

  • Presunto autor intelectual del ataque con ácido a saxofonista
  • Pretenden evitar impunidad

Patricia Briseño

SemMéxico. OAXACA, Oax, 18 de febrero 2020.- La Fiscalía General de Oaxaca (FGO) dio a conocer la ficha de búsqueda y localización del empresario, Juan Antonio Vera Carrizal, por tentativa de feminicidio en contra de la saxofonista, María Elena.

Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general de Oaxaca anunció una recompensa de hasta un millón de pesos para dar con el presunto autor intelectual de rociar ácido sulfúrico a la joven de 26 años, en septiembre del año pasado.

Precisó que la ficha de búsqueda tiene el propósito de alentar la denuncia ciudadana, y evitar que este caso quede en la impunidad.

A pregunta expresa el doctor en Derecho adelantó que se valora, con las instancias federales correspondientes, el congelamiento de sus cuentas bancarias e posible suspensión del funcionamiento de las gasolinerías, propiedad del ex legislador priísta, hoy prófugo, pues sus negocios le permiten tener los medios económicos para desplazarse junto con otras dos personas, sus presuntos cómplices.

Vasconcelos Méndez aseguró que esta nueva acción emprendida por la institución a su cargo fue informada previamente a la representante legal de la víctima y a sus familiares.

TLANIXCO: Criminalizar a los defensores

0

Por: Nantzin Saldaña /Fotografía: Axel Hernández.

SemMéxico/World Justice Proyect. TLANIXCO. 18 de febrero 2020.- Para Tomasa Estrada y Rómulo Arias la primavera del 2019 fue la más hermosa que recuerden en su tierra San Pedro Tlanixco, a 28.3 km del nevado de Toluca, en el Estado de México. Nuevamente pudieron admirar juntos los paisajes verdes y los brotes de claveles en los montes, 13 años después de estar separados por la fuerza, al ser él enviado a la cárcel.

“Estoy muy contento, muy feliz con mi familia, trabajando (…) No es fácil contar lo que vive uno dentro de la cárcel, siento que volví a nacer”, afirma Rómulo, a sus 50 años de edad, sentado en su taller mecánico, que también es su casa, a la orilla de la carretera Tenango-Ixtapan de la Sal, municipio de Tenango del Valle.

Nueve semanas después de salir de la prisión de Santiaguito y regresar a su pueblo, ya con arrugas al costado de sus ojos, se anima a contar su historia. Su esposa Tomasa, de 44 años, narra lo vivido: “Me siento muy contenta porque mi esposo está fuera y los compañeros están libres. Fue un caminar muy cansado, no se lo deseo a nadie”.

Como Rómulo, cuatro hombres y una mujer de esta comunidad indígena pasaron entre 11 y 16 años en prisión por delitos que nunca cometieron.

Se trata de Dominga González Martínez, detenida a los 49 años y liberada a los 61; Lorenzo Sánchez Berriozabal, de 54 años, y Marco Antonio Pérez González, de 39, detenidos a los 42 y 27 años respectivamente; Pedro Sánchez Berriozabal llegó a su cumpleaños 52 tras ser detenido a los 36 y Teófilo Pérez González, de 49 años, pisó la cárcel a los 33.

Mural en San Pedro Tlanixco de los defensores.

Todos eran parte activa del movimiento comunal de defensa del agua de su pueblo, una comunidad nahua de unos 5 mil habitantes, que lleva casi dos décadas peleando por este recurso que nace en su territorio y que fue concesionado en 2002 para uso de empresas particulares floricultoras del municipio vecino de Villa Guerrero, considerado el principal invernadero del país. Todos fueron acusados, procesados y sentenciados a 50 y hasta 54 años de prisión por la muerte del empresario floricultor español Alejandro Isaak Basso y la presunta retención ilegal de 11 personas de Villa Guerrero.

Tras más de una década de procesos penales con inconsistencias, dilaciones y fallas al debido proceso, los seis están libres gracias a una extenuante batalla legal encabezada por sus esposas, hermanas e hijos, quienes impulsaron un movimiento por la liberación de sus presos políticos denominado Por la libertad de los defensores del agua y de la vida de Tlanixco.

Al movimiento se sumaron otros grupos indígenas y colectivos de todo el país, y con su defensa encabezada por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero hicieron llegar la voz del reclamo a instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Front Line Defenders, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura para que su caso fuera visibilizado y revisado conforme a derecho.

Rómulo en la libertad del bosque. Foto: Axel Hernández.

Despojo en su propia tierra

Tlanixco es una comunidad ubicada en la cordillera del Nevado de Toluca o volcán Xinantécatl, a más de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, con colinas y barrancas de terrenos ejidales, en donde el frío clima permite a más de la mitad de su población dedicarse a la agricultura.

Cuenta con manantiales y lo cruza el río Arroyo Grande, al que llaman Texcaltenco, pero sufren desabasto de agua por no tener permiso para su uso urbano. Los pobladores tuvieron por años el permiso legal de los cuerpos de agua para su uso doméstico y de riego de cultivos, pero el 14 de junio de 2001 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les canceló la concesión sin explicación.

El derecho de las aguas que les quitaron se entregó en 2002 al municipio de Villa Guerrero, a ocho kilómetros río abajo y sede de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero (Asflorvi), integrada por empresas floricultoras nacionales y de capital extranjero llegadas a esta comunidad a fines de la década de los 80, lo que desató una disputa entre ambos pueblos.

Actualmente, a Villa Guerrero se le conoce como “La capital de la flor en México” por ser el mayor productor en el país. Tan sólo en 2010, el gobierno municipal reportó que generó una tercera parte de la producción nacional, con ganancias de mil 827 millones de pesos.

“La capital de la flor en México” tiene prioridad sobre el agua de Tlanixco. Foto: Axel Hernández.

Ante el despojo del agua en 2002, el reclamo de Tlanixco no se hizo esperar y para calmar el conflicto las autoridades estatales les ofrecieron acceso a un pozo artesanal. Ellos aceptaron, pero el abasto resultó insuficiente debido a la inoperante infraestructura y aumento de población. Entonces, las autoridades ejidales interpusieron un amparo y sus comisionados del agua intentaban recuperar sus derechos.

El 1 de abril de 2003 la vida cambió para Tlanixco. Al mediodía irrumpieron en su territorio doce personas lideradas por el empresario Alejandro Isaak, presidente del Sistema de Agua de Riego del Río Texcaltengo de Villa Guerrero. Llegaron por la zona de “lavaderos públicos” con la intención de entubar el agua. Acusaban a la comunidad de ensuciarla para dañar sus riegos.

Las mujeres que lavaban ropa en el lugar avisaron para que se diera una señal de alerta en la iglesia, que empezó a repicar las campanas, como parte de sus usos y costumbres. Unos 300 pobladores acudieron al llamado y camino al río encontraron a los de Villa Guerrero. Les pidieron dirigirse a la delegación del pueblo para tratar su reclamo en asamblea.

Tomaron un camino de entre 60 y 90 minutos, de veredas estrechas y empinadas, por las que sólo puede caminar una persona a la vez, y de barrancas profundas. El empresario nunca llegó a la delegación, cayó a un barranco, a 180 metros de profundidad, donde se ubica la cascada de El Salto.

Rómulo Arias muestra la zona en donde sucedió el accidente. Foto: Axel Hernández.

En las indagatorias, el gobierno mexiquense consideró que las campanas fueron un llamado al linchamiento y vieron sospechoso a todo el pueblo, en especial a sus defensores del agua. En las primeras declaraciones, los once testigos de Villa Guerrero negaron haber visto lo que ocurrió con Isaak Basso porque el terreno se los impedía, así lo ratificaron el 9 de abril de 2003.

Sin embargo, para el 16 de abril de ese año, en su ampliación de declaración, apareció la acusación contra los defensores del agua. Señalaron por homicidio a varias personas con nombre y apellidos, que la autoridad tomó como línea primordial, restando valor a los testimonios primigenios, pese a tener mayor peso probatorio.

Entre abril y junio las autoridades llamaron a declarar como testigos a distintos pobladores de Tlanixco, entre ellos a Pedro Sánchez, Marco Antonio Pérez y Rómulo Arias. “Mi declaración fue mal compuesta, porque yo no dije lo que ellos [las autoridades] consignaron”, señala Rómulo.

La persecución de los defensores 

En medio de la oscuridad, los gritos de las mujeres y el llanto de niños se volvieron recurrentes por el pueblo durante meses. En varias ocasiones los pobladores fueron despertados durante la noche y sacados de sus domicilios por agentes estatales. Abrían sus puertas a golpes y lanzaban gas lacrimógeno en sus hogares para luego someterlos contra el piso, de acuerdo con el relato de pobladores y lo reportado por la ONU en sus relatorías.

Narraron que el 2 de abril de 2003 iniciaron los operativos con cientos de policiales y agentes judiciales. En el primer operativo se llevaron al profesor Benito Álvarez, representante del agua. Además, allanaron la casa de Pedro Sánchez y encañonaron a su esposa e hijas.

Tres meses después, el 22 de julio de 2003, Pedro y Teófilo Pérez fueron detenidos. No les mostraron órdenes de aprehensión ni los presentaron ante el Ministerio Público. Fueron llevados directo al penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez.

De acuerdo con la Asociación Zeferino Ladrillero —la que prestó la ayuda legal— y con los afectados, la captura de Rómulo ocurrió el 15 de julio de 2006 y fue en la que se ejerció una mayor violencia. “Vinieron muchos carros como si fuera un delincuente, me golpearon, dispararon (al aire), a mi familia y a mi papá los golpearon. Y no me presentaron ninguna orden”, cuenta Rómulo desde su taller. Durante el cateo, los agentes se llevaron escrituras de sus propiedades y de su madre, denuncia.

“Como si fuera un delincuente”, Rómulo Arias.

El 14 de diciembre de 2006 detuvieron a Marco Antonio Pérez y a Lorenzo Sánchez. También se los llevaron directo al penal. Su detención se hizo en la Ciudad de México, luego fueron entregados a la policía mexiquense, la que ejerció un trato vejatorio.

Cuatro años después de los hechos, la última en ser detenida fue Dominga González. Esta mujer campesina, parte del Comisariado Ejidal que interpuso un amparo contra el despojo de agua, fue incluida en la lista por un testigo de “buena memoria” que recordó tres años y medio después a una señora “chaparrita y morena” que instigaba al linchamiento.

La madrugada del 9 de julio de 2007, un operativo de 35 patrullas –con más de un centenar de judiciales encapuchados y armados– irrumpió en la casa de Dominga y encañonó a los suyos. Ella fue sometida, sacada en paños menores y agredida verbalmente.

Antonio Loza, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, asegura que “hubo una directriz de ser lo más crueles al momento de detenerlos”. Las detenciones pudieron ser legales y sin violencia, pero la orden era darles una lección por ser defensores.

Se creó una “historia” de los detenidos: Lorenzo, aseguraron, fue el primero que pegó, Marco Antonio le siguió, Teófilo y Rómulo lo ataron con una cuerda y Dominga incitó al linchamiento; aunque Rómulo ni siquiera estuvo ahí el día de los hechos.

Según datos del almanaque Memoria estadística de la transición entre dos Méxicos, bajo el sistema de justicia penal anterior –que cambió a partir de 2008– en México 34% de las detenciones las realizaba la Policía Ministerial o Judicial y 23% ocurrían sacando a las personas, sin una orden del juez.

El Estado de México es la entidad más poblada del país. Ocupó el sitio 27 de los 32 estados del país en el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, con una calificación de 0.36, en una escala del 0 al 1, donde 1 representa la mayor adhesión al Estado de Derecho. En uno de los ocho factores que componen este Índice, el que evalúa la efectividad y calidad del sistema de justicia penal, el Estado de México se ubica en la posición 28 de 32, con una puntuación de 0.33.

En el indicador que mide la eficiencia de la investigación penal del estado –que tiene que ver con la labor de la policía y el MP para realizar la correcta indagatoria de un delito– obtuvo apenas 0.18 puntos, con lo que se ubicó en la posición 26; en el que revisa si la justicia penal es imparcial, independiente y libre de corrupción, su calificación fue de 0.35 puntos, con lo que se ubicó en la posición 23; y en el que mide el debido proceso legal, un puntaje de 0.42 con lo que  está en la posición 23 nacional. En todos estos rubros, el estado enfrenta rezagos y pendientes.

Sobrevivir en Santiaguito

Las inconsistencias y arbitrariedades en las detenciones y las investigaciones ministeriales fueron el primero y segundo eslabón de una cadena plagada de errores que no paró al llegar al Sistema Judicial del Estado de México.

Lo siguiente fue sobrevivir en el penal donde la vida es dura y cruda y se convive con quienes denuncian detenciones arbitrarias o delincuentes confesos de homicidio y delincuencia organizada. El lugar al que enviaron a los defensores de Tlanixco fue una cárcel que tiene denuncias de autogobierno, sobrepoblación, extorsiones, corrupción y tortura, según las denuncias hechas por familiares de los internos. El también llamado penal de “Almoloyita” obtuvo una calificación reprobatoria de 5.74 puntos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, de la CNDH.

Para Teófilo fue importante estar ocupado todos esos años, hacía lámparas y marcos que su esposa vendía, aprendió a tocar instrumentos y ayudó a ofrecer terapia musical. Rómulo trabajó en el comedor, como maquilador, herrero y maestro de mecánica, además estudió su bachillerato.

En cada uno de los procesos judiciales las pruebas testimoniales de los testigos de cargo –los once que acompañaban al empresario– fueron el pilar para las sentencias, aunque ninguno de ellos estuvo en el momento y lugar de la muerte de Isaak Basso, porque todos iban caminando por las veredas.

El juez cuarto penal de primera instancia de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, desestimó los testimonios presentados por los seis de Tlanixco, a quienes nunca les reconoció pertenecer a un pueblo originario y el peso de sus usos y costumbres. “Decían que no éramos indígenas porque teníamos estudios hasta la secundaria”, explica Rómulo.

El juez descartó a los testigos de Dominga que refirieron que ella estaba en la iglesia al momento de los hechos, no valoró las declaraciones de ella pues consideró que no eran espontáneas al ser detenida cuatro años después de los hechos y que tuvo tiempo de buscar una coartada.

“Todos los testigos que presentamos y las declaraciones no eran válidos. Vimos varios abogados y no sabían ni cómo, decían que estábamos peleando con personas muy poderosas”, afirma Rómulo.

Tampoco consideró la retractación de uno de los principales testigos: Adolfo Vázquez, quien, dijo, nunca vio en el lugar de los hechos a varios de los procesados y fue el único que inculpó a Marco Antonio Pérez. Más aún, reconoció ante el juez que Fátima Isaak, hermana del empresario, les instruyó para perjudicar a los liderazgos comunitarios.

Reveló que, tras la muerte del empresario, en los primeros 15 días, se reunieron en un rancho de Villa Guerrero con funcionarios del entonces gobernador Arturo Montiel para revisar videos, fotografías y periódicos de los encuentros que ellos habían tenido con los defensores y pudieran así señalar a personas específicas. El juez tampoco lo valoró.

Los primeros en recibir sentencia, el 13 de junio del año 2006, fueron Teófilo, Pedro y Rómulo, les dictaron prisión de 50 a 54 años e incluso multas económicas. El 27 de noviembre del 2017, a Marco, Lorenzo y Dominga les dictaron 50 años de prisión, resolución que apelaron y más tarde les permitió reponer su proceso y alcanzar la libertad.

¡Nos llegó la alegría!

El caso llegó a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de ONU, la cual  revisó el expediente judicial y en octubre de 2018 se pronunció a favor de una revisión minuciosa del caso. En julio de 2019 emitió seis observaciones y cuatro recomendaciones a los tres poderes del Estado Mexicano, aunque esto se conoció hasta el 27 de noviembre, tres días antes de que concluir la administración del presidente Enrique Peña Nieto, quien fue gobernador del Estado de México durante los procesos de los seis de Tlanixco y no hizo nada ante las injusticias que se denunciaban.

La ONU-DH corroboró las irregularidades señaladas y las calificó de atropellos. Indicó que existió un trato desigual en los tribunales, que negaron el ingreso a las audiencias a las familias de los defensores, mientras que quienes acusaban –los vecinos de Villa Guerrero– gozaban de acceso libre a éstas, incluso a la oficina del juez.

En su análisis, determinó a partir de 10 procedimientos especiales inéditos realizados por sus distintos relatores, que la justicia mexicana no observó el derecho al debido proceso, no se garantizó la presunción de inocencia, cometió una cadena de violaciones durante la investigación y emitió sentencias máximas para criminalizarlos por su defensa al agua.

Ante la presión, las autoridades mexiquenses concedieron que no todo había sido realizado conforme a derecho. En enero de 2019, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) resolvió la apelación del caso de Dominga, Marco Antonio y Lorenzo, y ordenó reponer el proceso penal e identificar “irregularidades en la sustanciación”, lo que dejó sin efecto las sentencias.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) –ausente por 15 años– apareció a fines de 2018 y solicitó al Tribunal conocer el estado procesal de la apelación y un informe sobre los derechos de los procesados como indígenas. En enero de 2019 hizo un pronunciamiento y pidió reponer el fallo del Tribunal  y se garantizaran la legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y una defensa adecuada para los defensores.

Para las familias era inaudito que tuvieran que iniciar desde cero, si este proceso los tuvo una década sin sentencia. “Dijimos no es justo, puede llevar hasta cinco años (…) pero es ahora o nunca”, recuerda Tomasa.

En la primera audiencia para reponer el proceso, el 16 de febrero de 2019, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se desistió de las acusaciones y la acción penal contra los defensores que no tenían una sentencia confirmada.  Dominga, Lorenzo y Marco Antonio salieron del penal y recobraron su libertad el 17 de febrero de 2019.

Maximiliano Vázquez Castañeda, el juez primero en materia penal de Toluca, quien en 2017 les había sentenciado a medio siglo de prisión, fue el mismo que dictó su liberación.

Pedro, Teófilo y Rómulo fueron liberados siete semanas después, el 5 de abril de 2019, tras resolverse la revisión extraordinaria de sentencia que pidió su defensa, teniendo como antecedente la liberación de sus compañeros, el mismo día en que sus esposas iban a reunirse con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La reunión de los seis defensores con la Alta Comisionada, Michelle Bachelet,  se efectuó el 7 de abril de 2019. Foto: Twitter.

Tomasa recuerda el día que la semilla de la justicia por fin brotó en Tlanixco: “Eran las 5:30 de la tarde cuando nos dijo el joven Ricardo, de la oficina de Naciones Unidas, “‘¡Muchas felicidades! Los van a liberar a las 8 de la noche’”. Las esposas quedaron atónitas con la noticia y como estaban por reunirse con la Alta Comisionada de ONU-DH, se inquietaron al no saber detalles de lo que ocurría. Se miraban entre sí, sin saber qué decir. “Estábamos incomunicadas y no teníamos celular y al vernos desesperadas él nos los dio”.

Había llegado por fin el momento que tanto soñaron, salieron a prisa de la sede de ONU al autobús que las llevó a Almoloya de Juárez para estar afuera del penal cuando sus esposos recobraran su libertad. “La justicia la hicimos las compañeras, porque la justicia no hizo nada. En este asunto yo vi que solo hay justicia para la gente de dinero”, asegura Tomasa.

Una gran cantidad de personas acudió a recibirlos. A las 10:30 de la noche llegaron al pueblo, donde el recibimiento se volvió una verbena que se extendió durante la madrugada y hasta el amanecer, recuerda Rómulo.

Los defensores de Tlanixco buscarán la reparación del daño y el castigo a los responsables de su reclusión injusta. Ven prioritario que no se siga fabricando culpables y encarcelando a gente solo por ser “morena y chaparrita”.

A 11 años de la mayor reforma penal y a tres de su implementación en todo el país, que buscó pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, la consolidación del Sistema de Justicia Penal en México sigue pendiente.

Actualmente el gobierno de México revisa 538 expedientes de presos políticos, 59 de mujeres, que denuncian vulneración a sus derechos, la mayoría en entidades de alta marginación, con comunidades indígenas y zonas en conflicto por el territorio, el agua y recursos naturales, reveló el subsecretario federal de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, durante el acto de reivindicación a los indígenas de Tlanixco el pasado 11 de abril.

El caso de estos seis defensores nahuas del agua de Tlanixco es un emblema de las fallas que enfrenta la justicia penal en el Estado de México y en el país. Y su liberación, una corrección de la mala gestión para el acceso a la justicia. “No solamente queremos que Tlanixco sea una experiencia emblemática, sino que sea referente para la reivindicación de justicia de muchos abusos que existen”, señaló Encinas.

Se suma el hecho histórico de que la sede de la ONU en Ginebra se manifestara respecto a este caso. “Ese nivel de posicionamiento se ha dado en conflictos armados, internacionales o de crisis humanitaria. Nunca antes en un tema particular”, refiere el abogado Antonio Loza.

Tomasa asegura que en México hay que sumarse a quienes han vivido o viven causas similares para que se haga justicia. “Fue muy emocionante. A pesar de que vivimos tantas tristezas, coraje, rabia. Después de tanto, nos llegó la alegría.”

Acerca del autor:

Nantzin Saldaña. Periodista por la Carlos Septién García con diplomado de periodismo de investigación por el CIDE. Reportera y editora en diversos diarios, semanarios, radio y TV. Coautora de los libros 19 edificios como 19 heridas y Tu y yo coincidimos en la noche terrible. @tanggerine

Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizó para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.

Alumna documenta uso político de un programa de estudios y acoso sexual en CECOCISE

0

Por: Redacción/Chiapas Paralelo

SemMéxio/Chiapas Paralelo. 178 de febrero 2020.- El Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE), de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), enfrenta una nueva demanda por uso político del trabajo de alumnos y alumnas del maestría en Defensa de Derechos Humanos; por acoso sexual y hostigamiento educativo.

La alumna María de los Ángeles (con apellidos reservados por la investigación en curso), documentó su paso por el CECOCISE, donde maestros y maestras contribuyeron -por acción u omisión- en el uso político para propósitos personales de los docentes, de las investigaciones y casos jurídicos que llevan estudiantes.

También, relató y presentó las pruebas en la denuncia formal que el pasado mes de enero presentó ante el abogado general de defensoría de derechos universitarios de la UNACH, Enrique Pimentel González Pacheco, del acoso sexual que vivió en los años que curso la maestría en Derechos Humanos, y la presión que se ejerció contra ella y otros cursantes, para intimidarla e intentar obligarla a darse de baja.

La denuncia, que reproducimos íntegra, pide se investigue y sancione según su grado de responsabilidad, a José Adriano Anaya, coordinador del programa de maestría en Defensa de Derechos Humanos; Delia Estrada Sánchez, coordinadora general del CECOCISE; y a los docentes Ulises Coello Nuño y Yolanda Castañeda Altamirano.

La alumna agraviada relata y presenta pruebas y elementos para que la UNACH investigue los hechos que la llevaron a verse forzada a “desarrollar la maestría en un ambiente hostil, de violencia, de intimidación constante y de tener que cuidar qué decir y cómo decirlo para evitar ser sancionada con la amenaza de ser dada de baja”.

Refiere la paradoja de que una institución como la máxima casa de estudios de Chiapas, y en particular un programa enfocado en derechos humanos, se cometan actos que incluso ponen en riesgo la integridad física a estudiantes, al usar sus casos de investigación y estudio.

En la denuncia muestra el hostigamiento sexual de que fue objeto. “los mensajes recibidos vía whatsapp se volvieron intolerables, ya que no tenían nada que ver con información académica (…) soportando desde chistes misóginos que eran enviados por el Dr. Ulises Coello Nuño y posteriormente borrados, hasta preguntas de índole sexual, comentarios sobre mi vestimenta, incluso me preguntó que si me interesaría participar en un trío, tal como se desprende de las capturas de pantalla”.

Este es el segundo caso donde estudiantes del CECOCISE denuncian públicamente estas prácticas. En el primero no se han dado a conocer el resultado de las investigaciones. En el actual, la UNACH inició el 22 de enero el proceso de investigación que se sigue bajo el número de queja Q/DDU/002/2020.

Para la CDMX urge una segunda AVGM por desaparición de niñas y mujeres

0
  • María de la Luz Estrada aseguró que en el caso de Fátima no se activó la Alerta Amber
  • Se sabe que  hay 898 mujeres y niñas desaparecidas y en 2019 hubo mil 300 denuncias
  • Va lenta la AVGM en la capital del país, y sólo el 50 por ciento de los crímenes contra las mujeres provienen de violencia familiar

Por Argelia Guevara

SemMéxico. Cd. de México. 18 de febrero de 2020.- En la Ciudad de México están desaparecidas  898 mujeres y niñas, en 2019 hubo mil trecientas denuncias, sin embargo la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) auto declarada en la capital  sólo se refiere a la violencia sexual, a pesar de que las desapariciones están relacionadas con la trata de personas.

Esta Alerta  limitada que  no abarca las desapariciones, contribuyen a la cadena de impunidad. Al estar relacionadas con una red de trata, las autoridades debían inclinar sus líneas de investigación y no re victimizar a la familia afirmó esta mañana  María de Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en México.

Al  referirse al asesinato de Fátima, niña de 7 años agregó al respecto que no se activó la alerta amber sino hasta las 24 horas, cuando, la experiencia señala que esta acción tardía favoreció el asesinato cuando pudo evitarlo. “Así no se hacen las cosas”.

Después de reconocer que participa en las mesas de trabajo a que llamó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que las acciones de la AVGM van lentas, y consideró necesaria declarar una segunda alerta por desaparición  de niñas y mujeres, como se ha hecho en el Estado de México.

De la trata afirmó que no es posible no considerar lo que ya se sabe que las redes de trata operan en las entidades cercanas  a la Ciudad, como Puebla, Estado de México y Tlaxcala, con lo que se podría desarrollar la investigación y solución del caso. Hay patrones muy claros. Y ya se sabe que hasta en el 80 por ciento, la desaparición resulta en homicidio.

 Con frecuencia  las denuncias de la desaparición de las menores proviene precisamente de hechos que suceden  alrededor de las escuelas, y detalló que hay información precisa sobre ello, por lo que ya hace tiempo se hace  necesario un protocolo  de actuación y prevención, sin embargo   hasta ahora, y tras las protestas se anunció, pero eso es solamente  una reacción coyuntural. Habrá que ver de qué se trata: no es suficiente una investigación ahora y nada más.

Sobre la violencia contra las mujeres está informada que en 2019 en la Ciudad de México hubo 4 mil denuncias, 50 por ciento, sólo la mitad, corresponden a violencia familiar.

Hizo notar que la violencia contra las mujeres no tiene detrás un loco, un enfermo, sino que su origen está en el abuso de poder,  en el control de las mujeres y en el caso de los tratantes actúan pensando que las mujeres son una mercancía o una basura, desde ahí es necesario analizar lo que está pasando, tanto como el hecho de que los crímenes han aumentado claramente en la capital.

Desde su perspectiva los operadores, las personas que están encardas de recibir las denuncias tienen que estar capacitadas, saber qué significa la trata para actuar de inmediato, saber que significa la violencia sexual, estar debidamente informadas. Ahora en el caso de Fátima es algo más que negligencia y obedece a que esa formación para policías, ministerios públicos, funcionarios o funcionarias de todos los niveles está ausente.

Para Ma. de la Luz estada en la CDMX  hay un proceso y compromisos, que no están resueltos, es fundamental que ya se hagan las cosas, opinó y dijo que está justificada la protesta de las jóvenes mujeres que no cejan en su empeño para lograr cambios reales y justicia.

Estrada y su equipo le da seguimiento especialmente a las Alertas del centro del país y lleva su cuenta de crímenes contra las mujeres y las desapariciones de ellas y de niñas. Consideró que la situación es  grave y urgen medidas preventivas para impedir el secuestro y desaparición de muchas niñas, generalmente tratadas con fines de explotación sexual. Eso es lo que, ante el asesinato de Fátima ya deberían actuar con diligencia las autoridades. Hay  patrones claramente definidos, lo sabe la autoridad.

Rodríguez Zapatero, expresidente español, ¿es feminista?

Belén Merino. Periodista y consultora de comunicación y RSC.

SemMéxico. España. 18 de febrero de 2020.- Acaba de estar de visita en México el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, invitado como conferencista en la primera Asamblea de la Asociación Nacional de legisladores de la Cuarta Transformación. En su intervención, Zapatero llamó a los legisladores a “encabezar la lucha sin cuartel contra el machismo criminal….” Y se mostró “a favor de la cultura feminista”.

Actualmente estas declaraciones a favor del feminismo, podrían parecer oportunistas, pero en el caso del expresidente español nada más lejos de la realidad, lo ha demostrado con sus palabras y hechos. 

Desde sus inicios, hace más de 15 años, se declaró “feminista”. En 2004, recién elegido presidente del Gobierno de España y tras haber creado el primer gobierno paritario en el país, y nombrado por primera vez a una mujer vicepresidenta del Gobierno, declaraba a TheNew York Times, soy un “feminista radical”.  http://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-noticia-en-el-archivo-de-rtve/primer-gobierno-paritario-zapatero/1054939/)

Está convencido de que “la mejor historia que está por venir la van a escribir las mujeres,” según manifestaba en un acto electoral en 2014. “Ese es el justo camino, la historia tienen que imprimir una gran rectificación de lo que han sido siglos y siglos de opresión,” agregaba.

Las leyes de Zapatero que hicieron de España un referente en la Agenda feminista

Además de sus declaraciones, los hechos lo avalan. Ladefensa de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la eliminación de las barreras que impiden el progreso de las mujeres, fueron una de las líneas estratégicas de la acción de su Gobierno. De hecho con Zapatero, España dejó atrás su imagen exterior de cultura machista y se convirtió en uno de los países más avanzados del mundo impulsando normas como la Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la ley del Matrimonio igualitario y una nueva ley contra la violencia de género. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva demujeres y hombres, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, obliga por primera vez a todas las empresas y administraciones con más de 250 empleados a aplicar planes de igualdad para impulsar la presencia de mujeres en todos los departamentos de las empresas y en sus órganos de Gobierno, así como a establecer medidas para eliminar la brecha salarial y la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexoespecialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Esta ley también hace hincapié en tipificar el acoso sexual y acoso por razón de sexo, obligando a las organizaciones a establecer mecanismos para su prevención y cómo actuar ante un posible caso.

Asimismo, la citada ley establece “principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo, impulsando la transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.” La ley también ha promovido el uso del lenguaje no sexista en la Administración, en los medios de comunicación  y en general en todos los ámbitos de la sociedad.

Aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo

En 2005, España se convierte en el cuarto país del mundo en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, una ley que generó el enfrentamiento de la Iglesia católica, con manifestaciones públicas, y del principal partido en la oposición, el Partido Popular. Una ley que hoy en día nadie pone en duda en España, y que actualmente ya se reconoce en 30 países del mundo.

Nueva ley contra la violencia de género

Con Zapatero también se aprobó en 2004, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ese año 72 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y solo un año antes se habían comenzado a contabilizar de manera oficial las víctimas mortales.  Antes de 2004 no se distinguía la violencia de género de la doméstica. Además la ley no se limita a establecer sanciones penales agravadas para los autores de lesiones y malos tratos contra esposas, hijas o compañeras, sino que introduce una nueva óptica en la concepción de la igualdad de sexos, convertida en asignatura curricular desde la enseñanza secundaria. 

Esta norma permite entre otros avances, la creación del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, la puesta en marcha de Juzgados de Violencia sobre la Mujery Unidades especializadas dentro de las diferentes fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado para la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas, así como protocolos de actuaciones sanitarias y medidas de protección contra los malos tratos, entre otras.

Demanda Patricia Mercado reformar la Ley General de Salud a favor de mujeres víctimas de abusos y violencia

  •  En México 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han sido sujetas a actos violentos y discriminatorios.

Redacción

SemMéxico. Cd. De México. 18 de febrero de 2020.- La senadora Patricia Mercado propone introducir en la Ley General de Salud que los casos de violencia sexual se traten como urgencias médicas de atención inmediata y que se informe a las víctimas sobre las normas oficiales mexicanas  en la materia y que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia (LGAMV) se introduzca claramente que el personal médico se capacite a fondo para atender debidamente a las víctimas.

En una iniciativa que modifica tanto la Ley de Salud como la LGAMV señala que los trabajadores de la salud deberán realizar el aviso correspondiente al Ministerio Público en los casos de violencia sexual, especialmente cuando la víctima sea una persona menor de edad.

La senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en su una iniciativa para reformar diversas disposiciones de ambas leyes busca modificar el artículo 8 de la LGAMV  que, además de mencionar las entidades federativas, se indique la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, y añadir un correlativo donde se señale que se proporcionará atención médica integral a las víctimas de abuso.

De igual forma, pretende imponer un correlativo en el artículo 38 que eduque y capacite en materia de derechos humanos de las mujeres, al personal de servicios de la salud para otorgar atención médica a las víctimas, a fin de dotarles de instrumentos que les permitan la correcta atención médica con perspectiva de género. 

Se explica que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), la violencia contra las mujeres es un problema social bastante serio y que se extiende en todo el país.

El texto detalla que 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más, en el territorio nacional, han experimentado violencia de distintos tipos, tales como violencia emocional, física, sexual, económica e incluso discriminación laboral.

La legisladora señala que estas violencias son ejecutadas por distintos agresores, sea la pareja, el esposo, compañero de escuela o trabajo, vecinos o incluso personas conocidas o extrañas. Esto es, 30.7 millones de mujeres en México han sido sujetas a actos violentos y discriminatorios alguna vez, a lo largo de su vida.

Marcela Lagarde y de los Ríos dice que la AVGM no debe durar más de 3 años

0
  • Las diputadas y ahora las senadoras buscan hacer efectiva la alerta para que tenga resultados. 
  • El decreto de la cámara baja, modifica poco e introduce el reglamento que la enredó.
  • Se precisan términos y definiciones al dictamen de la Cámara de Diputados: hoy mesa de análisis.

Por Sara Lovera​

SemMéxico. Cd. de México. 18 de febrero de 2020.- Las acciones para hacer efectiva la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) deberían durar solamente 3 años  suficiente para medir y evaluar su efectividad, propone la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, quien elaboró hace  15 años la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia y sugiere que no sea la Secretaría de Gobernación quien la declare, sino que ello lo haga el comité de expertas.

Igualmente la ex diputada, al opinar sobre el dictamen de la Cámara de Diputados para ajustar el funcionamiento de la AVGM señala que la reforma debe establecer claramente qué dependencias y funcionarios son responsables de atender la Alerta, para evitar la discusión y la confusión; propone evitar politizarla y sugiere asegurar con conocimiento, la disposición de recursos y reparación del daño.

Las observaciones de la antropóloga quien definió la violencia feminicida, cobran importancia ahora que el Senado de la República discute los términos finales de la reforma y ante la cita para esta tarde a una primera Mesa de análisis de la Minuta en materia de AVGM, en la que ha trabajado la Comisión de Igualdad de la cámara alta.

Hasta hoy las declaraciones de la alerta, tanto por las feministas, legisladoras y opinión pública se ha identificado como la piedra angular de la política para atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida, cuando son acciones temporales, precisas y que requieren de un plan de acción claro y con responsabilidades bien definidas.

En un texto detallado elaborado por Lagarde y de los Ríos y la abogada feminista Andrea Medina, se expresan otras preocupaciones como que no se repitan en cada ley  las definiciones, muchas que no son tipología de la violencia contra las mujeres; advierte que hablar de violencia de  género produce confusión entre los sujetos de género y las identidades, lo que ha hecho invisible la violenciacontra las mujeres. Como ejemplo, detalló, al hablar de las distintas iniciativas, que en una de ella se proponía quitar la referencia de las mujeres en la alerta de género contra las mujeres, absurdo.

La violencia contra las mujeres, en su contenido explicativo y epistemológico es lo que da sustento al concepto de la violencia contra las mujeres: su existencia no se debe a causas de la naturaleza o biologicistas, sino por las relaciones de poder históricas y sociales entre hombres y mujeres, es decir, por su condición de género. 

Al sustentar por qué Gobernación no debe declarar la Alerta, la ex diputada y la abogada señalan que por la experiencia, se considera que la partidización y ejercicio discrecional de poder que se ha aplicado al operar las alertas de género, que tiene un referente importante al asignar a SEGOB la responsabilidad de que “declare” la alerta”, que “en los hechos ese ha sido una función de los grupos de trabajo. Por eso se proponen que sea el Grupo Interdisciplinario quien sehaga cargo de fundamentarla para que la SEGOB sólo la notifique, ya que tiene la autoridad para ello.

Ese grupo, dicen las observaciones deberá ser interinstitucional y multidisciplinario. Interinstitucional pues las decisiones que ahí se tomen deben ser asumidas por una autoridad, tanto para su validez, autoridad y evaluación, garantizando, al mismo tiempo, la participación ciudadana con el respaldo académico. No es necesario, recomienda, nombrar las disciplinas en la ley, sino sólo señalar que será multidisciplinario. Eso es para el reglamento.

No se sabe si estas observaciones habrán sido tomadas en cuenta. 

DIPUTADAS REFORMAN POCO: INTRODUCEN COSAS DEL REGLAMENTO QUE LA ENREDÓ

La Minuta a deliberación responde al dictamen de noviembre último de las diputadas, quienes proponen modificar 9 artículos de la Ley de Acceso para ajustar y hacer efectiva la AVGM.

Ajusta con claridad que la declaratoria debe ser temporal y para un territorio determinado; mantiene la Alerta por agravio comparado –cuando la autoridad viole los derechos de las mujeres; define que es obligación de las y los servidores públicos, las dependencias y entidades del gobierno de atender y actuar dentro de un tiempo razonable y brindar una respuesta eficiente, eficaz, oportuna y responsable. Lagarde dice que deben actuar de inmediato.

Define a la Alerta como una protección colectiva, definición que para Lagarde no es conveniente, confunde; introduce en la Ley que debe establecerse un plan estratégico, que deberá hacerse del conocimiento público. Que explique el motivo de la alerta de violencia de género – de la violencia contra las mujeres dice Lagarde-; incluir indicadores de seguimiento –ahora no se hace- y que se hagan reportes especiales de la zona donde se declaró la Alerta.

También en la reforma de las diputadas se especifica que deberán asignarse los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género, a lo que Lagarde replica que debe considerar que los municipios dependen de las asignaciones estatales, recomienda mejorar la redacción.

El dictamen de las diputadas, como sucede con muchas leyes, propone crear un consejo interinstitucional de seguimiento a las alertas emitidas integrando a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM),al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), así    como a integrantes de los institutos o secretarías de la mujer que participen en los Sistemas estatales y municipales para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y una Comisión Diseñada específicamente para ello del Poder Legislativo Federal.

Esto es las diputadas consideran indispensable que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión deberá mantener y garantizar la progresividad de la asignación presupuestaria para la ejecución de las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De todo esto se discutirá hoy en el Senado de la República.

Textura Violeta

¿A quién le importa el asesinato de Hanalí Huaycho?

Por Drina Ergueta

SemMéxico. La Paz-Bolivia .18 de febrero de 2020. Sin duda alguna, Hanalí Huaycho es recordada por su familia, amistades, periodistas y todas las personas, especialmente mujeres, que anhelan justicia en Bolivia; sin embargo, son distintos los motivos que hoy impulsan, al parecer, a que su caso salga nuevamente en el escenario mediático.

Aún muerta, asesinada por su marido policía delante de su pequeño hijo y de su madre que resultó herida, ella deja de ser importante en relación a su asesino.

En febrero del año 2013 la periodista Hanalí Huaycho recibió quince puñaladas de su esposo Jorge Clavijo, un teniente de policía. Ya había antecedentes de violencia. Luego de unos días de haber huido el asesino, la Policía anunció que encontró su cadáver. Él se habría suicidado colgándose y su cadáver, expuesto sin pudor en algunos medios, hacía dudar al sentido común ya que, por cómo estaba, parecía tener mucho más tiempo muerto. Un estudio forense contratado por la familia doliente dijo que no se trataba de él, nadie hizo caso.

Tras el asesinato de Huaycho y el efecto mediático producido, el gobierno de entonces, de Evo Morales, aceleró la elaboración y aprobación en ese año de la “Ley Integral 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” con lo que se estableció el delito de feminicidio, junto con una lista de varios tipos de violencia machista y una sanción para el feminicida de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.    

Hoy, siete años después, vuelve el caso a la palestra y se presenta al teniente Jorge Clavijo como personaje relevante no porque se crea que está todavía vivo y libre, no porque sería muestra del encubrimiento que habría hecho la Policía a uno de sus miembros, no porque esta institución esté investigando cada uno de los múltiples casos de violencia machista en los que aparece involucrado un policía. No.

Hoy, Clavijo es importante porque era miembro de la Unidad Táctica de Articulación, Reacción y Control de Crisis (UTARC) y porque, el 16 de abril de 2009, formó parte del grupo que mató a tres extranjeros europeos en el hotel Las Américas de Santa Cruz, quienes, se dijo, eran parte de una célula terrorista que buscaba asesinar a Evo Morales y Álvaro García Linera.

Si está vivo, deducen que es porque recibió protección del anterior gobierno para que no explique lo ocurrido. En todo caso no fue el único ¿Verdad? Hay otros policías vivos que participaron y podrían explicarlo.

Aquí es donde Hanalí Huaycho aparece. Se usa su sentida y trágica muerte para llegar a su marido feminicida y a la relación de éste con ese caso oscuro del anterior gobierno y para usar este hecho políticamente, para acusar en un momento electoral. Ella no les importa.

La justicia en Bolivia es servil al gobierno de turno, antes y ahora. Los titulares de diarios de cada día lo muestran, últimamente salen y entran personas de las celdas según convenga y a mandar por las autoridades del Poder Ejecutivo.

No se sabe si realmente hay gente que merece salir libre o entrar en prisión porque simplemente no existe independencia de poderes y la institucionalidad de la justicia es una verdadera vergüenza.  

Por ejemplo, los casos del alcalde José María Leyes detenido por corrupción durante el anterior gobierno y liberado hace poco; de Manfred Reyes Villa, con cinco sentencias y 11 procesos más, va libre por las calles; del ex gobernador Mario Cossío acusado de corrupción y ya de vuelta en Bolivia para ser candidato; y también están los innumerables procesos contra ex autoridades y personas allegadas al anterior gobierno que enfrentan una serie de acusaciones. El criterio de quien administra la justicia es, por lo visto, hacer lo que le vaya bien al gobierno de turno y, de paso, a conveniencia electoral.

Que se revise el caso del asesinato de Hanalí Huaycho es positivo, pero debe ser por ella y para darle justicia, si es por motivos políticos es una indecencia y una humillación para el estado de derecho y también para la democracia.