En beneficio de todas las mujeres michoacanas, las dependencias ampliarán sus servicios a este sector de la población
Redacción SemMéxico. Morelia, Michoacán a 19 de febrero de 2020.- La intención es fortalecer y consolidar el programa «Palabra de Mujer», las dependencias que integran el Gabinete de Gobernabilidad, sumarán sus acciones y trabajo coordinado.
“Dar a las mujeres la atención que merecen, requiere de un esfuerzo transversal, en el que ninguna dependencia puede quedar fuera y así ofrecer servicios integrales con capacitación, atención a la violencia, empoderamiento, programas productivos, y otros acompañamientos y beneficios, ofrecer entre todas las dependencias una larga lista de ventajas a las mujeres michoacanas”, puntualizó el gobernador Silvano Aureoles Conejo, al encabezar la reunión.
El mandatario estatal, señaló que este Gobierno tiene la meta de que por lo menos 300 mil mujeres, se sumen al Programa de Palabra de Mujer y sean recipiendarias de los beneficios, que serán básicos para su desarrollo y el de sus familias.
Aureoles Conejo, destacó la importancia de consolidar bases firmes en la estrategia en pro del empoderamiento de las mujeres michoacanas.
“Genera identidad, que el programa se quede, busquemos que eche raíces este movimiento en favor del empoderamiento y desarrollo de las mujeres, que vaya más allá de un periodo de gobierno”, sentenció.
Con estas acciones el Gobierno del Estado refuerza los trabajos de atención de sectores primordiales como las mujeres y jóvenes, a través de beneficios bajo un esquema seguro y de seguimiento permanente para lograr los objetivos planteados.
Presunto autor intelectual del ataque con ácido a saxofonista
Pretenden evitar impunidad
Patricia Briseño
SemMéxico. OAXACA, Oax, 18 de febrero 2020.- La Fiscalía General de Oaxaca (FGO) dio a conocer la ficha de búsqueda y localización del empresario, Juan Antonio Vera Carrizal, por tentativa de feminicidio en contra de la saxofonista, María Elena.
Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general de Oaxaca anunció una recompensa de hasta un millón de pesos para dar con el presunto autor intelectual de rociar ácido sulfúrico a la joven de 26 años, en septiembre del año pasado.
Precisó que la ficha de búsqueda tiene el propósito de alentar la denuncia ciudadana, y evitar que este caso quede en la impunidad.
A pregunta expresa el doctor en Derecho adelantó que se valora, con las instancias federales correspondientes, el congelamiento de sus cuentas bancarias e posible suspensión del funcionamiento de las gasolinerías, propiedad del ex legislador priísta, hoy prófugo, pues sus negocios le permiten tener los medios económicos para desplazarse junto con otras dos personas, sus presuntos cómplices.
Vasconcelos Méndez aseguró que esta nueva acción emprendida por la institución a su cargo fue informada previamente a la representante legal de la víctima y a sus familiares.
SemMéxico/World Justice Proyect. TLANIXCO. 18 de febrero 2020.- Para Tomasa Estrada y Rómulo Arias la primavera del 2019 fue la más hermosa que recuerden en su tierra San Pedro Tlanixco, a 28.3 km del nevado de Toluca, en el Estado de México. Nuevamente pudieron admirar juntos los paisajes verdes y los brotes de claveles en los montes, 13 años después de estar separados por la fuerza, al ser él enviado a la cárcel.
“Estoy muy contento, muy feliz con mi familia, trabajando (…) No es fácil contar lo que vive uno dentro de la cárcel, siento que volví a nacer”, afirma Rómulo, a sus 50 años de edad, sentado en su taller mecánico, que también es su casa, a la orilla de la carretera Tenango-Ixtapan de la Sal, municipio de Tenango del Valle.
Nueve semanas después de salir de la prisión de Santiaguito y regresar a su pueblo, ya con arrugas al costado de sus ojos, se anima a contar su historia. Su esposa Tomasa, de 44 años, narra lo vivido: “Me siento muy contenta porque mi esposo está fuera y los compañeros están libres. Fue un caminar muy cansado, no se lo deseo a nadie”.
Como Rómulo, cuatro hombres y una mujer de esta comunidad indígena pasaron entre 11 y 16 años en prisión por delitos que nunca cometieron.
Se trata de Dominga González Martínez, detenida a los 49 años y liberada a los 61; Lorenzo Sánchez Berriozabal, de 54 años, y Marco Antonio Pérez González, de 39, detenidos a los 42 y 27 años respectivamente; Pedro Sánchez Berriozabal llegó a su cumpleaños 52 tras ser detenido a los 36 y Teófilo Pérez González, de 49 años, pisó la cárcel a los 33.
Mural en San Pedro Tlanixco de los defensores.
Todos eran parte activa del movimiento comunal de defensa del agua de su pueblo, una comunidad nahua de unos 5 mil habitantes, que lleva casi dos décadas peleando por este recurso que nace en su territorio y que fue concesionado en 2002 para uso de empresas particulares floricultoras del municipio vecino de Villa Guerrero, considerado el principal invernadero del país. Todos fueron acusados, procesados y sentenciados a 50 y hasta 54 años de prisión por la muerte del empresario floricultor español Alejandro Isaak Basso y la presunta retención ilegal de 11 personas de Villa Guerrero.
Tras más de una década de procesos penales con inconsistencias, dilaciones y fallas al debido proceso, los seis están libres gracias a una extenuante batalla legal encabezada por sus esposas, hermanas e hijos, quienes impulsaron un movimiento por la liberación de sus presos políticos denominado Por la libertad de los defensores del agua y de la vida de Tlanixco.
Al movimiento se sumaron otros grupos indígenas y colectivos de todo el país, y con su defensa encabezada por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero hicieron llegar la voz del reclamo a instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Front Line Defenders, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura para que su caso fuera visibilizado y revisado conforme a derecho.
Rómulo en la libertad del bosque. Foto: Axel Hernández.
Despojo en su propia tierra
Tlanixco es una comunidad ubicada en la cordillera del Nevado de Toluca o volcán Xinantécatl, a más de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, con colinas y barrancas de terrenos ejidales, en donde el frío clima permite a más de la mitad de su población dedicarse a la agricultura.
Cuenta con manantiales y lo cruza el río Arroyo Grande, al que llaman Texcaltenco, pero sufren desabasto de agua por no tener permiso para su uso urbano. Los pobladores tuvieron por años el permiso legal de los cuerpos de agua para su uso doméstico y de riego de cultivos, pero el 14 de junio de 2001 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les canceló la concesión sin explicación.
El derecho de las aguas que les quitaron se entregó en 2002 al municipio de Villa Guerrero, a ocho kilómetros río abajo y sede de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero (Asflorvi), integrada por empresas floricultoras nacionales y de capital extranjero llegadas a esta comunidad a fines de la década de los 80, lo que desató una disputa entre ambos pueblos.
Actualmente, a Villa Guerrero se le conoce como “La capital de la flor en México” por ser el mayor productor en el país. Tan sólo en 2010, el gobierno municipal reportó que generó una tercera parte de la producción nacional, con ganancias de mil 827 millones de pesos.
“La capital de la flor en México” tiene prioridad sobre el agua de Tlanixco. Foto: Axel Hernández.
Ante el despojo del agua en 2002, el reclamo de Tlanixco no se hizo esperar y para calmar el conflicto las autoridades estatales les ofrecieron acceso a un pozo artesanal. Ellos aceptaron, pero el abasto resultó insuficiente debido a la inoperante infraestructura y aumento de población. Entonces, las autoridades ejidales interpusieron un amparo y sus comisionados del agua intentaban recuperar sus derechos.
El 1 de abril de 2003 la vida cambió para Tlanixco. Al mediodía irrumpieron en su territorio doce personas lideradas por el empresario Alejandro Isaak, presidente del Sistema de Agua de Riego del Río Texcaltengo de Villa Guerrero. Llegaron por la zona de “lavaderos públicos” con la intención de entubar el agua. Acusaban a la comunidad de ensuciarla para dañar sus riegos.
Las mujeres que lavaban ropa en el lugar avisaron para que se diera una señal de alerta en la iglesia, que empezó a repicar las campanas, como parte de sus usos y costumbres. Unos 300 pobladores acudieron al llamado y camino al río encontraron a los de Villa Guerrero. Les pidieron dirigirse a la delegación del pueblo para tratar su reclamo en asamblea.
Tomaron un camino de entre 60 y 90 minutos, de veredas estrechas y empinadas, por las que sólo puede caminar una persona a la vez, y de barrancas profundas. El empresario nunca llegó a la delegación, cayó a un barranco, a 180 metros de profundidad, donde se ubica la cascada de El Salto.
Rómulo Arias muestra la zona en donde sucedió el accidente. Foto: Axel Hernández.
En las indagatorias, el gobierno mexiquense consideró que las campanas fueron un llamado al linchamiento y vieron sospechoso a todo el pueblo, en especial a sus defensores del agua. En las primeras declaraciones, los once testigos de Villa Guerrero negaron haber visto lo que ocurrió con Isaak Basso porque el terreno se los impedía, así lo ratificaron el 9 de abril de 2003.
Sin embargo, para el 16 de abril de ese año, en su ampliación de declaración, apareció la acusación contra los defensores del agua. Señalaron por homicidio a varias personas con nombre y apellidos, que la autoridad tomó como línea primordial, restando valor a los testimonios primigenios, pese a tener mayor peso probatorio.
Entre abril y junio las autoridades llamaron a declarar como testigos a distintos pobladores de Tlanixco, entre ellos a Pedro Sánchez, Marco Antonio Pérez y Rómulo Arias. “Mi declaración fue mal compuesta, porque yo no dije lo que ellos [las autoridades] consignaron”, señala Rómulo.
La persecución de los defensores
En medio de la oscuridad, los gritos de las mujeres y el llanto de niños se volvieron recurrentes por el pueblo durante meses. En varias ocasiones los pobladores fueron despertados durante la noche y sacados de sus domicilios por agentes estatales. Abrían sus puertas a golpes y lanzaban gas lacrimógeno en sus hogares para luego someterlos contra el piso, de acuerdo con el relato de pobladores y lo reportado por la ONU en sus relatorías.
Narraron que el 2 de abril de 2003 iniciaron los operativos con cientos de policiales y agentes judiciales. En el primer operativo se llevaron al profesor Benito Álvarez, representante del agua. Además, allanaron la casa de Pedro Sánchez y encañonaron a su esposa e hijas.
Tres meses después, el 22 de julio de 2003, Pedro y Teófilo Pérez fueron detenidos. No les mostraron órdenes de aprehensión ni los presentaron ante el Ministerio Público. Fueron llevados directo al penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez.
De acuerdo con la Asociación Zeferino Ladrillero —la que prestó la ayuda legal— y con los afectados, la captura de Rómulo ocurrió el 15 de julio de 2006 y fue en la que se ejerció una mayor violencia. “Vinieron muchos carros como si fuera un delincuente, me golpearon, dispararon (al aire), a mi familia y a mi papá los golpearon. Y no me presentaron ninguna orden”, cuenta Rómulo desde su taller. Durante el cateo, los agentes se llevaron escrituras de sus propiedades y de su madre, denuncia.
“Como si fuera un delincuente”, Rómulo Arias.
El 14 de diciembre de 2006 detuvieron a Marco Antonio Pérez y a Lorenzo Sánchez. También se los llevaron directo al penal. Su detención se hizo en la Ciudad de México, luego fueron entregados a la policía mexiquense, la que ejerció un trato vejatorio.
Cuatro años después de los hechos, la última en ser detenida fue Dominga González. Esta mujer campesina, parte del Comisariado Ejidal que interpuso un amparo contra el despojo de agua, fue incluida en la lista por un testigo de “buena memoria” que recordó tres años y medio después a una señora “chaparrita y morena” que instigaba al linchamiento.
La madrugada del 9 de julio de 2007, un operativo de 35 patrullas –con más de un centenar de judiciales encapuchados y armados– irrumpió en la casa de Dominga y encañonó a los suyos. Ella fue sometida, sacada en paños menores y agredida verbalmente.
Antonio Loza, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, asegura que “hubo una directriz de ser lo más crueles al momento de detenerlos”. Las detenciones pudieron ser legales y sin violencia, pero la orden era darles una lección por ser defensores.
Se creó una “historia” de los detenidos: Lorenzo, aseguraron, fue el primero que pegó, Marco Antonio le siguió, Teófilo y Rómulo lo ataron con una cuerda y Dominga incitó al linchamiento; aunque Rómulo ni siquiera estuvo ahí el día de los hechos.
Según datos del almanaque Memoria estadística de la transición entre dos Méxicos, bajo el sistema de justicia penal anterior –que cambió a partir de 2008– en México 34% de las detenciones las realizaba la Policía Ministerial o Judicial y 23% ocurrían sacando a las personas, sin una orden del juez.
El Estado de México es la entidad más poblada del país. Ocupó el sitio 27 de los 32 estados del país en el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, con una calificación de 0.36, en una escala del 0 al 1, donde 1 representa la mayor adhesión al Estado de Derecho. En uno de los ocho factores que componen este Índice, el que evalúa la efectividad y calidad del sistema de justicia penal, el Estado de México se ubica en la posición 28 de 32, con una puntuación de 0.33.
En el indicador que mide la eficiencia de la investigación penal del estado –que tiene que ver con la labor de la policía y el MP para realizar la correcta indagatoria de un delito– obtuvo apenas 0.18 puntos, con lo que se ubicó en la posición 26; en el que revisa si la justicia penal es imparcial, independiente y libre de corrupción, su calificación fue de 0.35 puntos, con lo que se ubicó en la posición 23; y en el que mide el debido proceso legal, un puntaje de 0.42 con lo que está en la posición 23 nacional. En todos estos rubros, el estado enfrenta rezagos y pendientes.
Sobrevivir en Santiaguito
Las inconsistencias y arbitrariedades en las detenciones y las investigaciones ministeriales fueron el primero y segundo eslabón de una cadena plagada de errores que no paró al llegar al Sistema Judicial del Estado de México.
Lo siguiente fue sobrevivir en el penal donde la vida es dura y cruda y se convive con quienes denuncian detenciones arbitrarias o delincuentes confesos de homicidio y delincuencia organizada. El lugar al que enviaron a los defensores de Tlanixco fue una cárcel que tiene denuncias de autogobierno, sobrepoblación, extorsiones, corrupción y tortura, según las denuncias hechas por familiares de los internos. El también llamado penal de “Almoloyita” obtuvo una calificación reprobatoria de 5.74 puntos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, de la CNDH.
Para Teófilo fue importante estar ocupado todos esos años, hacía lámparas y marcos que su esposa vendía, aprendió a tocar instrumentos y ayudó a ofrecer terapia musical. Rómulo trabajó en el comedor, como maquilador, herrero y maestro de mecánica, además estudió su bachillerato.
En cada uno de los procesos judiciales las pruebas testimoniales de los testigos de cargo –los once que acompañaban al empresario– fueron el pilar para las sentencias, aunque ninguno de ellos estuvo en el momento y lugar de la muerte de Isaak Basso, porque todos iban caminando por las veredas.
El juez cuarto penal de primera instancia de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, desestimó los testimonios presentados por los seis de Tlanixco, a quienes nunca les reconoció pertenecer a un pueblo originario y el peso de sus usos y costumbres. “Decían que no éramos indígenas porque teníamos estudios hasta la secundaria”, explica Rómulo.
El juez descartó a los testigos de Dominga que refirieron que ella estaba en la iglesia al momento de los hechos, no valoró las declaraciones de ella pues consideró que no eran espontáneas al ser detenida cuatro años después de los hechos y que tuvo tiempo de buscar una coartada.
“Todos los testigos que presentamos y las declaraciones no eran válidos. Vimos varios abogados y no sabían ni cómo, decían que estábamos peleando con personas muy poderosas”, afirma Rómulo.
Tampoco consideró la retractación de uno de los principales testigos: Adolfo Vázquez, quien, dijo, nunca vio en el lugar de los hechos a varios de los procesados y fue el único que inculpó a Marco Antonio Pérez. Más aún, reconoció ante el juez que Fátima Isaak, hermana del empresario, les instruyó para perjudicar a los liderazgos comunitarios.
Reveló que, tras la muerte del empresario, en los primeros 15 días, se reunieron en un rancho de Villa Guerrero con funcionarios del entonces gobernador Arturo Montiel para revisar videos, fotografías y periódicos de los encuentros que ellos habían tenido con los defensores y pudieran así señalar a personas específicas. El juez tampoco lo valoró.
Los primeros en recibir sentencia, el 13 de junio del año 2006, fueron Teófilo, Pedro y Rómulo, les dictaron prisión de 50 a 54 años e incluso multas económicas. El 27 de noviembre del 2017, a Marco, Lorenzo y Dominga les dictaron 50 años de prisión, resolución que apelaron y más tarde les permitió reponer su proceso y alcanzar la libertad.
¡Nos llegó la alegría!
El caso llegó a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de ONU, la cual revisó el expediente judicial y en octubre de 2018 se pronunció a favor de una revisión minuciosa del caso. En julio de 2019 emitió seis observaciones y cuatro recomendaciones a los tres poderes del Estado Mexicano, aunque esto se conoció hasta el 27 de noviembre, tres días antes de que concluir la administración del presidente Enrique Peña Nieto, quien fue gobernador del Estado de México durante los procesos de los seis de Tlanixco y no hizo nada ante las injusticias que se denunciaban.
La ONU-DH corroboró las irregularidades señaladas y las calificó de atropellos. Indicó que existió un trato desigual en los tribunales, que negaron el ingreso a las audiencias a las familias de los defensores, mientras que quienes acusaban –los vecinos de Villa Guerrero– gozaban de acceso libre a éstas, incluso a la oficina del juez.
En su análisis, determinó a partir de 10 procedimientos especiales inéditos realizados por sus distintos relatores, que la justicia mexicana no observó el derecho al debido proceso, no se garantizó la presunción de inocencia, cometió una cadena de violaciones durante la investigación y emitió sentencias máximas para criminalizarlos por su defensa al agua.
Ante la presión, las autoridades mexiquenses concedieron que no todo había sido realizado conforme a derecho. En enero de 2019, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) resolvió la apelación del caso de Dominga, Marco Antonio y Lorenzo, y ordenó reponer el proceso penal e identificar “irregularidades en la sustanciación”, lo que dejó sin efecto las sentencias.
Para las familias era inaudito que tuvieran que iniciar desde cero, si este proceso los tuvo una década sin sentencia. “Dijimos no es justo, puede llevar hasta cinco años (…) pero es ahora o nunca”, recuerda Tomasa.
En la primera audiencia para reponer el proceso, el 16 de febrero de 2019, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se desistió de las acusaciones y la acción penal contra los defensores que no tenían una sentencia confirmada. Dominga, Lorenzo y Marco Antonio salieron del penal y recobraron su libertad el 17 de febrero de 2019.
Maximiliano Vázquez Castañeda, el juez primero en materia penal de Toluca, quien en 2017 les había sentenciado a medio siglo de prisión, fue el mismo que dictó su liberación.
Pedro, Teófilo y Rómulo fueron liberados siete semanas después, el 5 de abril de 2019, tras resolverse la revisión extraordinaria de sentencia que pidió su defensa, teniendo como antecedente la liberación de sus compañeros, el mismo día en que sus esposas iban a reunirse con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Los defensores del agua de la comunidad de #Tlanixco, en reunión con Michelle Bachelet (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y Jan Jarab (Representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos). pic.twitter.com/v7KHl9g9Fv
— Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (@CDHZL) April 7, 2019
La reunión de los seis defensores con la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, se efectuó el 7 de abril de 2019. Foto: Twitter.
Tomasa recuerda el día que la semilla de la justicia por fin brotó en Tlanixco: “Eran las 5:30 de la tarde cuando nos dijo el joven Ricardo, de la oficina de Naciones Unidas, “‘¡Muchas felicidades! Los van a liberar a las 8 de la noche’”. Las esposas quedaron atónitas con la noticia y como estaban por reunirse con la Alta Comisionada de ONU-DH, se inquietaron al no saber detalles de lo que ocurría. Se miraban entre sí, sin saber qué decir. “Estábamos incomunicadas y no teníamos celular y al vernos desesperadas él nos los dio”.
Había llegado por fin el momento que tanto soñaron, salieron a prisa de la sede de ONU al autobús que las llevó a Almoloya de Juárez para estar afuera del penal cuando sus esposos recobraran su libertad. “La justicia la hicimos las compañeras, porque la justicia no hizo nada. En este asunto yo vi que solo hay justicia para la gente de dinero”, asegura Tomasa.
Una gran cantidad de personas acudió a recibirlos. A las 10:30 de la noche llegaron al pueblo, donde el recibimiento se volvió una verbena que se extendió durante la madrugada y hasta el amanecer, recuerda Rómulo.
Los defensores de Tlanixco buscarán la reparación del daño y el castigo a los responsables de su reclusión injusta. Ven prioritario que no se siga fabricando culpables y encarcelando a gente solo por ser “morena y chaparrita”.
A 11 años de la mayor reforma penal y a tres de su implementación en todo el país, que buscó pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, la consolidación del Sistema de Justicia Penal en México sigue pendiente.
Actualmente el gobierno de México revisa 538 expedientes de presos políticos, 59 de mujeres, que denuncian vulneración a sus derechos, la mayoría en entidades de alta marginación, con comunidades indígenas y zonas en conflicto por el territorio, el agua y recursos naturales, reveló el subsecretario federal de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, durante el acto de reivindicación a los indígenas de Tlanixco el pasado 11 de abril.
El caso de estos seis defensores nahuas del agua de Tlanixco es un emblema de las fallas que enfrenta la justicia penal en el Estado de México y en el país. Y su liberación, una corrección de la mala gestión para el acceso a la justicia. “No solamente queremos que Tlanixco sea una experiencia emblemática, sino que sea referente para la reivindicación de justicia de muchos abusos que existen”, señaló Encinas.
Se suma el hecho histórico de que la sede de la ONU en Ginebra se manifestara respecto a este caso. “Ese nivel de posicionamiento se ha dado en conflictos armados, internacionales o de crisis humanitaria. Nunca antes en un tema particular”, refiere el abogado Antonio Loza.
Tomasa asegura que en México hay que sumarse a quienes han vivido o viven causas similares para que se haga justicia. “Fue muy emocionante. A pesar de que vivimos tantas tristezas, coraje, rabia. Después de tanto, nos llegó la alegría.”
Acerca del autor:
Nantzin Saldaña. Periodista por la Carlos Septién García con diplomado de periodismo de investigación por el CIDE. Reportera y editora en diversos diarios, semanarios, radio y TV. Coautora de los libros 19 edificios como 19 heridas y Tu y yo coincidimos en la noche terrible. @tanggerine
Esta historia es parte del reportaje transmedia Panorama del Estado de Derecho en México, que realizó para World Justice Project (WJP) en el marco de la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
SemMéxio/Chiapas Paralelo. 178 de febrero 2020.- El Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE), de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), enfrenta una nueva demanda por uso político del trabajo de alumnos y alumnas del maestría en Defensa de Derechos Humanos; por acoso sexual y hostigamiento educativo.
La alumna María de los Ángeles (con apellidos reservados por la investigación en curso), documentó su paso por el CECOCISE, donde maestros y maestras contribuyeron -por acción u omisión- en el uso político para propósitos personales de los docentes, de las investigaciones y casos jurídicos que llevan estudiantes.
También, relató y presentó las pruebas en la denuncia formal que el pasado mes de enero presentó ante el abogado general de defensoría de derechos universitarios de la UNACH, Enrique Pimentel González Pacheco, del acoso sexual que vivió en los años que curso la maestría en Derechos Humanos, y la presión que se ejerció contra ella y otros cursantes, para intimidarla e intentar obligarla a darse de baja.
La denuncia, que reproducimos íntegra, pide se investigue y sancione según su grado de responsabilidad, a José Adriano Anaya, coordinador del programa de maestría en Defensa de Derechos Humanos; Delia Estrada Sánchez, coordinadora general del CECOCISE; y a los docentes Ulises Coello Nuño y Yolanda Castañeda Altamirano.
La alumna agraviada relata y presenta pruebas y elementos para que la UNACH investigue los hechos que la llevaron a verse forzada a “desarrollar la maestría en un ambiente hostil, de violencia, de intimidación constante y de tener que cuidar qué decir y cómo decirlo para evitar ser sancionada con la amenaza de ser dada de baja”.
Refiere la paradoja de que una institución como la máxima casa de estudios de Chiapas, y en particular un programa enfocado en derechos humanos, se cometan actos que incluso ponen en riesgo la integridad física a estudiantes, al usar sus casos de investigación y estudio.
En la denuncia muestra el hostigamiento sexual de que fue objeto. “los mensajes recibidos vía whatsapp se volvieron intolerables, ya que no tenían nada que ver con información académica (…) soportando desde chistes misóginos que eran enviados por el Dr. Ulises Coello Nuño y posteriormente borrados, hasta preguntas de índole sexual, comentarios sobre mi vestimenta, incluso me preguntó que si me interesaría participar en un trío, tal como se desprende de las capturas de pantalla”.
Este es el segundo caso donde estudiantes del CECOCISE denuncian públicamente estas prácticas. En el primero no se han dado a conocer el resultado de las investigaciones. En el actual, la UNACH inició el 22 de enero el proceso de investigación que se sigue bajo el número de queja Q/DDU/002/2020.
María de la Luz Estrada aseguró que en el caso de Fátima no se activó la Alerta Amber
Se sabe que hay 898 mujeres y niñas desaparecidas y en 2019 hubo mil 300 denuncias
Va lenta la AVGM en la capital del país, y sólo el 50 por ciento de los crímenes contra las mujeres provienen de violencia familiar
Por Argelia Guevara
SemMéxico. Cd. de México. 18 de febrero de 2020.- En la Ciudad de México están desaparecidas 898 mujeres y niñas, en 2019 hubo mil trecientas denuncias, sin embargo la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) auto declarada en la capital sólo se refiere a la violencia sexual, a pesar de que las desapariciones están relacionadas con la trata de personas.
Esta Alerta limitada que no abarca las desapariciones, contribuyen a la cadena de impunidad. Al estar relacionadas con una red de trata, las autoridades debían inclinar sus líneas de investigación y no re victimizar a la familia afirmó esta mañana María de Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en México.
Al referirse al asesinato de Fátima, niña de 7 años agregó al respecto que no se activó la alerta amber sino hasta las 24 horas, cuando, la experiencia señala que esta acción tardía favoreció el asesinato cuando pudo evitarlo. “Así no se hacen las cosas”.
Después de reconocer que participa en las mesas de trabajo a que llamó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que las acciones de la AVGM van lentas, y consideró necesaria declarar una segunda alerta por desaparición de niñas y mujeres, como se ha hecho en el Estado de México.
De la trata afirmó que no es posible no considerar lo que ya se sabe que las redes de trata operan en las entidades cercanas a la Ciudad, como Puebla, Estado de México y Tlaxcala, con lo que se podría desarrollar la investigación y solución del caso. Hay patrones muy claros. Y ya se sabe que hasta en el 80 por ciento, la desaparición resulta en homicidio.
Con frecuencia las denuncias de la desaparición de las menores proviene precisamente de hechos que suceden alrededor de las escuelas, y detalló que hay información precisa sobre ello, por lo que ya hace tiempo se hace necesario un protocolo de actuación y prevención, sin embargo hasta ahora, y tras las protestas se anunció, pero eso es solamente una reacción coyuntural. Habrá que ver de qué se trata: no es suficiente una investigación ahora y nada más.
Sobre la violencia contra las mujeres está informada que en 2019 en la Ciudad de México hubo 4 mil denuncias, 50 por ciento, sólo la mitad, corresponden a violencia familiar.
Hizo notar que la violencia contra las mujeres no tiene detrás un loco, un enfermo, sino que su origen está en el abuso de poder, en el control de las mujeres y en el caso de los tratantes actúan pensando que las mujeres son una mercancía o una basura, desde ahí es necesario analizar lo que está pasando, tanto como el hecho de que los crímenes han aumentado claramente en la capital.
Desde su perspectiva los operadores, las personas que están encardas de recibir las denuncias tienen que estar capacitadas, saber qué significa la trata para actuar de inmediato, saber que significa la violencia sexual, estar debidamente informadas. Ahora en el caso de Fátima es algo más que negligencia y obedece a que esa formación para policías, ministerios públicos, funcionarios o funcionarias de todos los niveles está ausente.
Para Ma. de la Luz estada en la CDMX hay un proceso y compromisos, que no están resueltos, es fundamental que ya se hagan las cosas, opinó y dijo que está justificada la protesta de las jóvenes mujeres que no cejan en su empeño para lograr cambios reales y justicia.
Estrada y su equipo le da seguimiento especialmente a las Alertas del centro del país y lleva su cuenta de crímenes contra las mujeres y las desapariciones de ellas y de niñas. Consideró que la situación es grave y urgen medidas preventivas para impedir el secuestro y desaparición de muchas niñas, generalmente tratadas con fines de explotación sexual. Eso es lo que, ante el asesinato de Fátima ya deberían actuar con diligencia las autoridades. Hay patrones claramente definidos, lo sabe la autoridad.
Belén Merino. Periodista y consultora de comunicación y RSC.
SemMéxico. España. 18 de febrero de 2020.- Acaba de estar de visita en México el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, invitado como conferencista en la primera Asamblea de la Asociación Nacional de legisladores de la Cuarta Transformación. En su intervención, Zapatero llamó a los legisladores a “encabezar la lucha sin cuartel contra el machismo criminal….” Y se mostró “a favor de la cultura feminista”.
Actualmente estas declaraciones a favor del feminismo, podrían parecer oportunistas, pero en el caso del expresidente español nada más lejos de la realidad, lo ha demostrado con sus palabras y hechos.
Está convencido de que “la mejor historia que está por venir la van a escribir las mujeres,” según manifestaba en un acto electoral en 2014. “Ese es el justo camino, la historia tienen que imprimir una gran rectificación de lo que han sido siglos y siglos de opresión,” agregaba.
Las leyes de Zapatero que hicieron de España un referente en la Agenda feminista
Además de sus declaraciones, los hechos lo avalan. Ladefensa de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la eliminación de las barreras que impiden el progreso de las mujeres, fueron una de las líneas estratégicas de la acción de su Gobierno. De hecho con Zapatero, España dejó atrás su imagen exterior de cultura machista y se convirtió en uno de los países más avanzados del mundo impulsando normas como la Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la ley del Matrimonio igualitario y una nueva ley contra la violencia de género.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva demujeres y hombres, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, obliga por primera vez a todas las empresas y administraciones con más de 250 empleados a aplicar planes de igualdad para impulsar la presencia de mujeres en todos los departamentos de las empresas y en sus órganos de Gobierno, así como a establecer medidas para eliminar la brecha salarial y la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexoespecialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Esta ley también hace hincapié en tipificar el acoso sexual y acoso por razón de sexo, obligando a las organizaciones a establecer mecanismos para su prevención y cómo actuar ante un posible caso.
Asimismo, la citada ley establece “principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo, impulsando la transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.” La ley también ha promovido el uso del lenguaje no sexista en la Administración, en los medios de comunicación y en general en todos los ámbitos de la sociedad.
Aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo
En 2005, España se convierte en el cuarto país del mundo en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, una ley que generó el enfrentamiento de la Iglesia católica, con manifestaciones públicas, y del principal partido en la oposición, el Partido Popular. Una ley que hoy en día nadie pone en duda en España, y que actualmente ya se reconoce en 30 países del mundo.
Nueva ley contra la violencia de género
Con Zapatero también se aprobó en 2004, laLey Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ese año 72 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y solo un año antes se habían comenzado a contabilizar de manera oficial las víctimas mortales. Antes de 2004 no se distinguía la violencia de género de la doméstica. Además la ley no se limita a establecer sanciones penales agravadas para los autores de lesiones y malos tratos contra esposas, hijas o compañeras, sino que introduce una nueva óptica en la concepción de la igualdad de sexos, convertida en asignatura curricular desde la enseñanza secundaria.
Esta norma permite entre otros avances, la creación del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, la puesta en marcha de Juzgados de Violencia sobre la Mujery Unidades especializadas dentro de las diferentes fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado para la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas, así como protocolos de actuaciones sanitarias y medidas de protección contra los malos tratos, entre otras.
En México 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han sido sujetas a actos violentos y discriminatorios.
Redacción
SemMéxico. Cd. De México. 18 de febrero de 2020.- La senadora Patricia Mercado propone introducir en la Ley General de Salud que los casos de violencia sexual se traten como urgencias médicas de atención inmediata y que se informe a las víctimas sobre las normas oficiales mexicanas en la materia y que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia (LGAMV) se introduzca claramente que el personal médico se capacite a fondo para atender debidamente a las víctimas.
En una iniciativa que modifica tanto la Ley de Salud como la LGAMV señala que los trabajadores de la salud deberán realizar el aviso correspondiente al Ministerio Público en los casos de violencia sexual, especialmente cuando la víctima sea una persona menor de edad.
La senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en su una iniciativa para reformar diversas disposiciones de ambas leyes busca modificar el artículo 8 de la LGAMV que, además de mencionar las entidades federativas, se indique la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, y añadir un correlativo donde se señale que se proporcionará atención médica integral a las víctimas de abuso.
De igual forma, pretende imponer un correlativo en el artículo 38 que eduque y capacite en materia de derechos humanos de las mujeres, al personal de servicios de la salud para otorgar atención médica a las víctimas, a fin de dotarles de instrumentos que les permitan la correcta atención médica con perspectiva de género.
Se explica que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), la violencia contra las mujeres es un problema social bastante serio y que se extiende en todo el país.
El texto detalla que 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más, en el territorio nacional, han experimentado violencia de distintos tipos, tales como violencia emocional, física, sexual, económica e incluso discriminación laboral.
La legisladora señala que estas violencias son ejecutadas por distintos agresores, sea la pareja, el esposo, compañero de escuela o trabajo, vecinos o incluso personas conocidas o extrañas. Esto es, 30.7 millones de mujeres en México han sido sujetas a actos violentos y discriminatorios alguna vez, a lo largo de su vida.
Las diputadas y ahora las senadoras buscan hacer efectiva la alerta para que tenga resultados.
El decreto de la cámara baja, modifica poco e introduce el reglamento que la enredó.
Se precisan términos y definiciones al dictamen de la Cámara de Diputados: hoy mesa de análisis.
Por Sara Lovera
SemMéxico. Cd. de México. 18 de febrero de 2020.- Las acciones para hacer efectiva la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) deberían durar solamente 3 años suficiente para medir y evaluar su efectividad, propone la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, quien elaboró hace 15 años la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia y sugiere que no sea la Secretaría de Gobernación quien la declare, sino que ello lo haga el comité de expertas.
Igualmente la ex diputada, al opinar sobre el dictamen de la Cámara de Diputados para ajustar el funcionamiento de la AVGM señala que la reforma debe establecer claramente qué dependencias y funcionarios son responsables de atender la Alerta, para evitar la discusión y la confusión; propone evitar politizarla y sugiere asegurar con conocimiento, la disposición de recursos y reparación del daño.
Las observaciones de la antropóloga quien definió la violencia feminicida, cobran importancia ahora que el Senado de la República discute los términos finales de la reforma y ante la cita para esta tarde a una primera Mesa de análisis de la Minuta en materia de AVGM, en la que ha trabajado la Comisión de Igualdad de la cámara alta.
Hasta hoy las declaraciones de la alerta, tanto por las feministas, legisladoras y opinión pública se ha identificado como la piedra angular de la política para atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida, cuando son acciones temporales, precisas y que requieren de un plan de acción claro y con responsabilidades bien definidas.
En un texto detallado elaborado por Lagarde y de los Ríos y la abogada feminista Andrea Medina, se expresan otras preocupaciones como que no se repitan en cada ley las definiciones, muchas que no son tipología de la violencia contra las mujeres; advierte que hablar de violencia de género produce confusión entre los sujetos de género y las identidades, lo que ha hecho invisible la violenciacontra las mujeres. Como ejemplo, detalló, al hablar de las distintas iniciativas, que en una de ella se proponía quitar la referencia de las mujeres en la alerta de género contra las mujeres, absurdo.
La violencia contra las mujeres, en su contenido explicativo y epistemológico es lo que da sustento al concepto de la violencia contra las mujeres: su existencia no se debe a causas de la naturaleza o biologicistas, sino por las relaciones de poder históricas y sociales entre hombres y mujeres, es decir, por su condición de género.
Al sustentar por qué Gobernación no debe declarar la Alerta, la ex diputada y la abogada señalan que por la experiencia, se considera que la partidización y ejercicio discrecional de poder que se ha aplicado al operar las alertas de género, que tiene un referente importante al asignar a SEGOB la responsabilidad de que “declare” la alerta”, que “en los hechos ese ha sido una función de los grupos de trabajo. Por eso se proponen que sea el Grupo Interdisciplinario quien sehaga cargo de fundamentarla para que la SEGOB sólo la notifique, ya que tiene la autoridad para ello.
Ese grupo, dicen las observaciones deberá ser interinstitucional y multidisciplinario. Interinstitucional pues las decisiones que ahí se tomen deben ser asumidas por una autoridad, tanto para su validez, autoridad y evaluación, garantizando, al mismo tiempo, la participación ciudadana con el respaldo académico. No es necesario, recomienda, nombrar las disciplinas en la ley, sino sólo señalar que será multidisciplinario. Eso es para el reglamento.
No se sabe si estas observaciones habrán sido tomadas en cuenta.
DIPUTADAS REFORMAN POCO: INTRODUCEN COSAS DEL REGLAMENTO QUE LA ENREDÓ
La Minuta a deliberación responde al dictamen de noviembre último de las diputadas, quienes proponen modificar 9 artículos de la Ley de Acceso para ajustar y hacer efectiva la AVGM.
Ajusta con claridad que la declaratoria debe ser temporal y para un territorio determinado; mantiene la Alerta por agravio comparado –cuando la autoridad viole los derechos de las mujeres; define que es obligación de las y los servidores públicos, las dependencias y entidades del gobierno de atender y actuar dentro de un tiempo razonable y brindar una respuesta eficiente, eficaz, oportuna y responsable. Lagarde dice que deben actuar de inmediato.
Define a la Alerta como una protección colectiva, definición que para Lagarde no es conveniente, confunde; introduce en la Ley que debe establecerse un plan estratégico, que deberá hacerse del conocimiento público. Que explique el motivo de la alerta de violencia de género – de la violencia contra las mujeres dice Lagarde-; incluir indicadores de seguimiento –ahora no se hace- y que se hagan reportes especiales de la zona donde se declaró la Alerta.
También en la reforma de las diputadas se especifica que deberán asignarse los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género, a lo que Lagarde replica que debe considerar que los municipios dependen de las asignaciones estatales, recomienda mejorar la redacción.
El dictamen de las diputadas, como sucede con muchas leyes, propone crear un consejo interinstitucional de seguimiento a las alertas emitidas integrando a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM),al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), así como a integrantes de los institutos o secretarías de la mujer que participen en los Sistemas estatales y municipales para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y una Comisión Diseñada específicamente para ello del Poder Legislativo Federal.
Esto es las diputadas consideran indispensable que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión deberá mantener y garantizar la progresividad de la asignación presupuestaria para la ejecución de las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De todo esto se discutirá hoy en el Senado de la República.
¿A quién le importa el asesinato de Hanalí Huaycho?
Por Drina Ergueta
SemMéxico. La Paz-Bolivia .18 de febrero de 2020. Sin duda alguna, Hanalí Huaycho es recordada por su familia, amistades, periodistas y todas las personas, especialmente mujeres, que anhelan justicia en Bolivia; sin embargo, son distintos los motivos que hoy impulsan, al parecer, a que su caso salga nuevamente en el escenario mediático.
Aún muerta, asesinada por su marido policía delante de su pequeño hijo y de su madre que resultó herida, ella deja de ser importante en relación a su asesino.
En febrero del año 2013 la periodista Hanalí Huaycho recibió quince puñaladas de su esposo Jorge Clavijo, un teniente de policía. Ya había antecedentes de violencia. Luego de unos días de haber huido el asesino, la Policía anunció que encontró su cadáver. Él se habría suicidado colgándose y su cadáver, expuesto sin pudor en algunos medios, hacía dudar al sentido común ya que, por cómo estaba, parecía tener mucho más tiempo muerto. Un estudio forense contratado por la familia doliente dijo que no se trataba de él, nadie hizo caso.
Tras el asesinato de Huaycho y el efecto mediático producido, el gobierno de entonces, de Evo Morales, aceleró la elaboración y aprobación en ese año de la “Ley Integral 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” con lo que se estableció el delito de feminicidio, junto con una lista de varios tipos de violencia machista y una sanción para el feminicida de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Hoy, siete años después, vuelve el caso a la palestra y se presenta al teniente Jorge Clavijo como personaje relevante no porque se crea que está todavía vivo y libre, no porque sería muestra del encubrimiento que habría hecho la Policía a uno de sus miembros, no porque esta institución esté investigando cada uno de los múltiples casos de violencia machista en los que aparece involucrado un policía. No.
Hoy, Clavijo es importante porque era miembro de la Unidad Táctica de Articulación, Reacción y Control de Crisis (UTARC) y porque, el 16 de abril de 2009, formó parte del grupo que mató a tres extranjeros europeos en el hotel Las Américas de Santa Cruz, quienes, se dijo, eran parte de una célula terrorista que buscaba asesinar a Evo Morales y Álvaro García Linera.
Si está vivo, deducen que es porque recibió protección del anterior gobierno para que no explique lo ocurrido. En todo caso no fue el único ¿Verdad? Hay otros policías vivos que participaron y podrían explicarlo.
Aquí es donde Hanalí Huaycho aparece. Se usa su sentida y trágica muerte para llegar a su marido feminicida y a la relación de éste con ese caso oscuro del anterior gobierno y para usar este hecho políticamente, para acusar en un momento electoral. Ella no les importa.
La justicia en Bolivia es servil al gobierno de turno, antes y ahora. Los titulares de diarios de cada día lo muestran, últimamente salen y entran personas de las celdas según convenga y a mandar por las autoridades del Poder Ejecutivo.
No se sabe si realmente hay gente que merece salir libre o entrar en prisión porque simplemente no existe independencia de poderes y la institucionalidad de la justicia es una verdadera vergüenza.
Por ejemplo, los casos del alcalde José María Leyes detenido por corrupción durante el anterior gobierno y liberado hace poco; de Manfred Reyes Villa, con cinco sentencias y 11 procesos más, va libre por las calles; del ex gobernador Mario Cossío acusado de corrupción y ya de vuelta en Bolivia para ser candidato; y también están los innumerables procesos contra ex autoridades y personas allegadas al anterior gobierno que enfrentan una serie de acusaciones. El criterio de quien administra la justicia es, por lo visto, hacer lo que le vaya bien al gobierno de turno y, de paso, a conveniencia electoral.
Que se revise el caso del asesinato de Hanalí Huaycho es positivo, pero debe ser por ella y para darle justicia, si es por motivos políticos es una indecencia y una humillación para el estado de derecho y también para la democracia.
SemMéxico. 18 de febrero de 2020.- En pasados días, se dio a conocer el escalofriante feminicidio de Ingrid Escamilla; quien fue brutalmente mancillada por su agresor, por los medios de comunicación, las redes sociales y todas las personas que infamemente difundieron y compartieron las imágenes que fueron filtradas por funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Quienes, al acudir al domicilio del feminicida, ante su falta de inteligencia se les ocurrió capturar fotografías del cuerpo desollado de Ingrid, así como un video con la declaración del feminicida, para posterior a ello difundirlas en medios de comunicación.
Capturas que fueron viralizadas por diferentes medios, sin que las personas que las compartieron -desde los que las expusieron en medios periodísticos hasta los que compartieron por medios personales-, se pusieran a pensar no solo en la afectación que le causaría a la familia de Ingrid, sino en las implicaciones que pudieran causar dentro del procedimiento penal.
No se pusieron a pensar que, en un país donde el sistema judicial encuentra más sencillo alegar violaciones al debido proceso y declarar reposiciones al procedimiento que acreditar un feminicidio; sus acciones pudieran implicar una deficiencia y entorpecimiento en el acceso a la justicia en el caso de Ingrid Escamilla.
Imaginemos un escenario en donde al sistema se le ocurra declarar inimputable al feminicida, argumentando que al momento de cometer hecho no tenia capacidad para comprender el carácter ilícito que cometió, por padecer algún trastorno mental y que la única opción para declararlo culpable del feminicidio de Ingrid fuera su declaración.
Y esta no pudiera ser utilizada por ser considerada excluida o nula, al haberla obtenido sin respetar las formalidades y con violación a los derechos fundamentales del feminicida; esto es, sin la presencia de su abogado, sin haber tenido una comparecencia pronta ante el fiscal o juez de control para emitir declaración y conocer sus derechos.
Pero, además por haber violado su derecho a la presunción de inocencia al haber difundido material probatorio de forma pública y haberlo señalado y exhibido en los medios de comunicación como culpable sin que fuera declarado por una resolución judicial; situaciones que pudieran ser consideradas en algún momento para argumentar violación al debido proceso por no haber respetado las formalidades esenciales de un procedimiento.
En una situación de impunidad como la anterior, los únicos responsables serian los servidores públicos que difundieron información a sabiendas de las consecuencias que generarían su indebido e ilegal actuar; así como las personas que ante su falta de sentido común prefirieron satisfacer su morbo en vez de comportarse respetuosa y solidariamente con la víctima y los ofendidos.
La falta de empatía y la naturalización de los feminicidios se han convertido en un espectáculo de los cuales se ha hecho escarnio al culpar a la víctima; se ha generado burla y minimizado las exigencias de mujeres que han salido a manifestarse; pero sobre todo se ha generado la indiferencia de los representantes de Estado, quienes justifican los feminicidios como resultado de un modelo neoliberal.
Es preciso entender que toda la ciudadanía es parte del problema, no solo el Estado esta siendo cómplice por omisión de los feminicidios; sino también las personas que solo se dedican a culpar al mismo Estado de incompetente cuando ni siquiera son capaces de cooperar con las investigaciones y de denunciar la corrupción e impunidad de los servidores públicos e instituciones.
Las mismas personas que señalan a las mujeres de provocadoras; que culpabilizan a la mujer de estar en el lugar y la hora inadecuada; esas mismas personas que de forma severa señalan, son las mismas que no atienden una llamada de auxilio, las mismas que son indiferentes ante el dolor ajeno y las mismas que desde sus privilegios también ejecutan acciones violentas y niegan la existencia de un problema.
Si tú compartiste las imágenes de Ingrid; si las viste en tu grupo de amigos y no dijiste nada; si opinaste responsabilizando a Ingrid y te mofaste; créeme, que tú y el grupo de personas que te aplauden y secundan también son parte del problema.
SemMéxico. Cd. de México. 18 de febrero de 2020.- “Los delincuentes son seres humanos y merecen nuestro respeto”, dijo el licenciado López Obrador ante disciplinadas integrantes de la Guardia Nacional, en el cuartel de Pénjamo, Guanajuato, el pasado fin de semana.
Por supuesto, las guardias uniformadas en gris de camuflaje no aplaudieron ni vitorearon la declaración del señor presidente por elemental respeto a quien, con ese abdomen prominente y desgarbado con la hebilla del cinturón fuera de lugar, se le llama Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
La expresión más elemental a esa declaración del licenciado fue un abrir de ojos como no queriendo para que no se notara que les ofendía la referencia de tratar con respeto al enemigo, sí, al enemigo que asesina con saña e incluso utiliza a integrantes de ese pueblo bueno para agredir y vejar a elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional.
¡Ah!, pero cómo se solaza el señorpresidente cuando llama a la población a portarse bien y desde hace un año transita por esa misma ruta de convocar a la delincuencia organizada, a sicarios de perversa visión de cobrar víctimas y matar con saña y sin ella, a portarse mejor so riesgo de acusar a sus integrantes con su mamá o su abuelita.
Y aquí se concreta esa historia del malquerido, de aquel político que creció en los tiempos del populismo galopante, del “arriba y adelante”, de las filas de indígenas y campesinos que, llegados de diversos puntos de la república, dormían afuera de la residencia oficial de Los Pinos, o hacían largas antesalas cerca de la puerta del Salón Venustiano Carranza, donde el licenciado Luis Echeverría Álvarez encabezaba maratónicas reuniones de las que solían salir órdenes para crear un fideicomiso que atendiera demandas de solución urgente.
Así nació, por ejemplo, la Productora Forestal de la Tarahumara que, al paso del tiempo se convirtió en un elefante blanco y nunca resolvió la tala clandestina y no tanto de los bosques que debían dar estabilidad económica y llevar desarrollo y justicia social a los rarámuris.
Sí, estos indígenas con quienes todos los candidatos a la Presidencia de la República se han tomado la foto; sí, estos andarines que se presumen como mercurios en la carrera de fondo, pero que siguen en el atraso y mueren por desnutrición y enfermedades que, desde esos días del arriba y adelante y desde antes, los políticos prometieron atender. Demagogia.
Y qué de este personaje que hoy presume de levantarse de madrugada y que dice atiende la agenda de seguridad nacional todas las mañas con el gabinete del ramo, pero que ha superado un año en el poder y ni con fuchi y guácala o con fuchi caca ha logrado contener a la delincuencia que se ha convertido en poder fáctico en prácticamente todo el país.
Sí. Érase que se era un joven que, arrobado por el estilo de gobernar del presidente Luis Echeverría, soñaba con emularlo y, en ese objetivo personal que luego se convertiría en obsesión, abandonó sus estudios universitarios con la idea de graduarse en la escuela de la vida, aunque ahora presume que en 1976 concluyó sus estudios en la Faculta de Ciencias Políticas de la UNAM y, con nivel de pasante, se fue como director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, pero entonces cursaba el sexto semestre de diez y sus calificaciones no daban para lograr el nivel de pasante.
Lo que ahora no presume el tabasqueño, es que en esa ruta que se trazó para llegar al máximo cargo de elección popular del país, se afilió al PRI, partido del que aspiró a ser su dirigente y hasta le compuso un himno –del que ahora reniega pero ahí está en su ficha del Cisen-, aunque sólo llegó a dirigirlo en su estado natal, donde aprovechó el abrigo del poeta Carlos Pellicer y del maestro Enrique González Pedrero.
De Pellicer Cámara fue, incluso, confidente y cercano colaborador, tanto que hasta estuvo en la condición de ayudarlo a vender unos cuadros obra de José María Velasco, que unos ladrones robaron de la residencia del entonces senador por Tabasco, que moriría en 1977 y dejaría en el escaño a un entonces joven Nicolás Reynes Berzaluce.
¿Habrá heredado Andrés Manuel esa filosofía humanista del poeta Carlos Pellicer?
Tal vez, pero con ánimo fundamentalista, porque en este ánimo que hoy lo lleva a invocar respeto hacia los delincuentes podríamos encontrar esa influencia, aunque entre sus advocaciones del pueblo bueno discurre en la demagogia del paraíso en México, mientras en las calles transita el recurrente feminicidio que él había soslayado en su justa dimensión hasta que la feminista Frida Guerrera lo arrinconó en la conferencia mañanera, sacándolo de su espacio de confort y en riesgo de sacarlo de sus casillas.
Su respuesta de un decálogo simplista, barnizado con lugares comunes, es ejemplo de cómo suele mentir y salirse por la tangente, recurrir a la retórica y evitar esas respuestas que solo requieren de un sí o no.
Así, Andrés Manuel se asume víctima de los fantasmas del neoliberalismo cuya muerte declaró hace unos meses. Es malquerido y todos los días recurre, victimizándose, a culpar a los conservadores, a los malditos conservadores responsables de todos los males, de estar en esos medios de comunicación que se confabulan en su contra y descalifican la obra de su gobierno. ¿Cuál?
Sí, érase que se era un estudiante mediocre, de pésimas calificaciones que encontró la vocación en la práctica de la polaca y en su ruta por hacer realidad su sueño de ser Presidente de la República hizo alianzas que luego desconoció y deshizo acuerdos porque se convirtió en la estrella de una causa en la que el PRI le ayudó, en ésta en la que incluso el PRD permitió se hiciera de su andamiaje para llegar hasta donde ha llegado y gobierna como siempre quiso: como un solo hombre, el poder centralizado para hacer lo que le venga en gana. Y para cobrar la factura a sus malquerientes, a los neoliberales y conservadores.
Así, hoy una fuerte corriente social se pregunta por qué votó por él. Pero él desoye el descontento y lo endilga los conservadores, a la gente mala, aunque ya no alude a la mafia del poder, porque a una parte integrante de estos neoliberales los tiene dispuestos a servirle y apoyarle en una farsa de rifa que no es rifa y aportan cientos de millones de pesos a cambio de tamales de chipilín y chocolate vendido, seguramente, por sus hijos que tienen a la chocolatera que lleva el nombre de su extinta esposa.
Negocio es negocio y, de paso, cobra la afrenta a estos capitanes del dinero en México, a los que no lo querían e hicieron todo lo posible para evitar que llegara, en dos intentos, a la Presidencia, aunque en el tercero no contaron con la sapiencia delictiva de los amigotes de Enrique Peña Nieto y la omisión cómplice de éste, que hicieron todo lo posible por perder la elección federal de 2018.
Pero, ya en la Presidencia sus estrategas le quedan mal y su estado de ánimo se desgasta recurrente e incurre en yerros que luego pretende recomponer con esa misma idea de culpar al pasado que ya es pasado, olvidándose de que ha superado un año en la Presidencia de la República.
Y cuando se le trata el aberrante asesinato cometido contra la menor que se llamaba Fátima, responde que “es muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo”.
¿Cómo? Bueno, dice que “lo más eficaz es procurar entre todos, y desde luego el gobierno es el principal responsable de aplicar una política para tener una sociedad mejor”. Vaya respuesta y más esa perla de buscar culpables.
“Yo sostengo –acotó en la mañanera– que se cayó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Siempre he dicho que se mide el desempleo, el crecimiento económico, se mide, incluso el número de homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo la política neoliberal.
“(…) Entonces, son crímenes que tienen que ver con odio, crímenes que tienen que ver con problemas sociales, problemas familiares, es una enfermedad social. Entonces, esto no sólo se resuelve con policías ni con cárceles, ni con amenazas de mano dura; aquí tenemos que atender el fondo, que haya bienestar material y bienestar del alma”.
El prócer descubrió el hilo negro. En el PRI no lo quisieron, en el PRD lo detestan, ¿lo quieren en Morena? ¿Qué le aprendió al poeta Pellicer Cámara, a su alter ego Ovalle Fernández y al maestro González Pedrero? Su discurso es similar al de Luis Echeverría Álvarez. Pues, vaya, ¡arriba y adelante! La historia es cíclica. Digo.
Declaraciones de Ana Peláez Narváez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres e integrante del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
Por Redacción
SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 18 feb. 20.- La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), Ana Peláez Narváez, ha advertido de que, pese a que en ocasiones se decide esterilizar sin su consentimiento a niñas y mujeres con discapacidad con el objetivo de protegerlas, “lo único que provocan es una mayor exposición a la violencia y al abuso, porque el entorno más próximo conoce que no va a haber posibilidad de embarazo”.
Esos fueron los términos con lo que Peláez Narváez, del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), expresó su parecer respecto a las esterilizaciones forzadas, durante una entrevista en el espacio ‘Mujer tenías que ser’, con Sandra Sabatés, de ‘El Intermedio’ de La Sexta. Puede consultarse íntegramente aquí: Entrevista Ana Peláez Narváez.
La experta internacional denunció durante la entrevista, que en el tema de las esterilizaciones forzosas es “el Código penal el que lo consiente y lo permite”. El artículo 156 del CP sigue recogiendo como excepción, previa incapacitación judicial, que se puedan ejecutar esterilizaciones no consentidas por razón de discapacidad, una práctica que sufren principalmente mujeres y niñas.
En este sentido, la vicepresidenta de la FCM criticó que en determinadas ocasiones, “cuando una mujer con discapacidad da a luz, en ese momento se hace un ligamento de trompas porque se piensa que es lo mejor para esa mujer o porque se piensa que así se evitarán abusos o embarazos no deseados, cuando realmente lo único que provoca es una mayor exposición al abuso y a la violencia”.
En su opinión, este tipo de prácticas se dan porque se considera que las mujeres con discapacidad “es como si no tuviéramos sexo, por el miedo a que reproduzcamos esa discapacidad en nuestros hijos o hijas”. Además, la percepción de la sociedad es que “las mujeres discapacitadas no valemos para ser madres”, lo cual esconde los prejuicios de las mujeres discapacitadas que se ven como “incapaces de cuidar y apoyar a sus hijos e hijas”.
Mercado laboral
Por otra parte, Peláez Narváez también comentó a cerca de la situación de la población femenina con discapacidad en el mercado laboral. La experta apuntó que “las mujeres con discapacidad comparten toda la problemática de la falta de igualdad, pero además, con las barreras del ámbito de la discapacidad”. Ella misma destacó que únicamente “1 de cada 14 mujeres con discapacidad que están en edad de trabajar consiguen un empleo” y que, respecto a los salarios, no es que las mujeres con discapacidad ganen menos que las mujeres, “es que ganamos menos que los hombres con discapacidad”.
La vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad también recordó durante la entrevista la gran diversidad que hay en el ámbito de la discapacidad, y el error que comete la sociedad al “conceptualizar a la gente con discapacidad en un todo único, sin darse cuenta de que la diversidad de la discapacidad es tanta como la diversidad humana, y que la contribución a la sociedad de las personas con discapacidad es tanta como la contribución de las personas sin discapacidad”.
Finalmente, Peláez Narváez relató partes de su historia personal sobre cómo se dio cuenta de que por el hecho de haber nacido ciega y ser mujer iba a tener que enfrentarse con más fuerza a los prejuicios y desigualdades de la sociedad. Ahora, siendo ya madre, admite emocionada que “como madre transmito ese apasionamiento y convicción clara sobre los derechos de la mujer”.
SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 18 feb. 2020.- Las mujeres constituyen un pequeño porcentaje de la población penitenciaria. En España las reclusas representan un 7,4% según el Internacional Centre for Prison Studies, de las cuales el 70% cumplen condena por delitos contra la salud pública. La escasa presencia de mujeres en las prisiones mixtas unida al rol de género que vincula a la población femenina a las tareas domésticas y al cuidado, ocasiona desigualdades de género dentro del sistema penitenciario. El desequilibrio, que se hace notable sobre todo en cuestiones de trabajo y formación, genera además la problemática de que no haya programas para dar respuesta a las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad.
Dentro de la penitenciaría las horas pueden llegar a pasar muy lentas y las reclusas buscan abstraerse a través de talleres o ejerciendo algún trabajo remunerado. Algunas de ellas esperan aprender un nuevo oficio o conocimientos que les garanticen poder acceder a un empleo una vez cumplan su condena, sin embargo, muchas desconocen es que esto resulta más complicado si se encuentran en una prisión mixta, en lugar de en una específica para mujeres.
Concepción Yagüe Olmos, psicóloga y experta en criminología, delincuencia e igualdad, explica que el sistema de trabajo dentro de la prisión mixta perpetúa lo que la sociedad ha querido durante décadas para las mujeres. Las desigualdades laborales de la calle se ven reflejadas dentro del penal debido a que a las reclusas se les da sistemáticamente las labores de mantenimiento y limpieza, mientras que no se les ofrece la oportunidad de participar en otro tipo de trabajos más complejos que las capacitarían para encontrar un trabajo tras su salida.
“A las mujeres se las utiliza porque tienen unos hábitos aprendidos de cuidados, atención y limpieza, pero cuando salen de prisión apenas se les ha enseñado nada nuevo debido a que han estado usando las habilidades que ya tenían. No suelen salir con mejores capacidades para el mercado laboral”, declara la experta. Aquí se percibe una notable desigualdad con respecto a los hombres ya que estos sí que tienen la oportunidad de ocupar los puestos más complejos. Así los reclusos adquieren nuevas habilidades y conocimientos mediante un proceso de aprendizaje, lo que los capacita para desarrollar un determinado oficio.
Para las mujeres hay tres categorías laborales. La primera la constituyen los trabajos de mantenimiento ordinario del centro, como la limpieza y la lavandería, la segunda los empleos propios, como la cocina, y la última categoría corresponde a aquellos especializados ligados a empresas externas. Si recogemos los datos de estas tres categorías y comparamos el porcentaje de mujeres y hombres que hay en cada uno de los niveles podemos ver que los resultados muestran cómo se perpetúa el rol femenino que liga a la mujer a la limpieza y los cuidados.
Se puede concluir que las labores que se asignan a las mujeres no requieren de un aprendizaje, ya que son cosas que ya saben hacer. Debido a esto, tras cumplir su pena, es un hecho común que la mujer vuelva a ser ama de casa o trabaje en el sector de la limpieza y los cuidados. No se las capacita para que puedan postular a otro tipo de trabajo, ventaja con la que sí cuentan los hombres ya que adquieren conocimientos de automoción o cerrajería, por ejemplo. “En algunos centros he visto a los hombres trabajar como cocineros, empleo que tiene un alto nivel de remuneración, y por la tarde llevaban a las mujeres a limpiar. Es terrible”, atestigua Concepción Yagüe, que lleva años trabajando en las Instituciones Penitenciarias como psicóloga e investigadora.
Otro ámbito en el que se manifiesta la desigualdad es en algunos de los talleres desarrollados en prisión por las asociaciones con la intención de transmitir habilidades, conocimientos y responsabilidades a la población penitenciaria. Además, estos espacios constituyen un puente para que las organizaciones puedan conocer a las reclusas, lo que es determinante para ellas debido a que cuando obtengan un permiso necesitarán el visto bueno de alguna de estas entidades para poder alojarse en alguna de sus casas de acogida.
Los talleres son una gran opción para las mujeres privadas de libertad, tienen un efecto positivo en su día a día y gracias a ellos adquieren competencias sobre distintas disciplinas; sin embargo, como se explicó antes, esta realidad cambia dependiendo de si la prisión es mixta o no. En una prisión específica para mujeres todo está pensado para ellas, los talleres, los puestos de trabajo, los programas homologados que dan respuestas a necesidades como la drogodependencia, todo. En una prisión mixta esto es diferente debido a que es una institución pensada para hombres en la que se ha habilitado algún módulo para mujeres. Por esta razón, este tipo de prisiones no responden al 100% a las necesidades de las reclusas.
Determinados talleres que se llevan a cabo en la penitenciaría también sirven para perpetuar los roles de género ya que, como explica Concepción Yagüe, mujeres y hombres no realizan las mismas actividades. Ellos salen mejor preparados al mundo laboral tras haber realizado tareas como la cerrajería, mientras que ellas se encuentran en desventaja al dedicar su tiempo a tareas como coser o bordar. La experta y exdirectora de la prisión de Alcalá de Guadaira, cuenta que durante su dirección impulsaron un taller de cerrajería para las mujeres con el propósito de que las reclusas accedieran a una disciplina diferente. “Después del esfuerzo de implantar ese taller, durante la crisis lo retiraron para llevárselo a un centro de hombres, el centro I de Sevilla. Decían que esos hombres necesitaban más el trabajo. Esta es la dinámica y lo hacen con la absoluta normalidad de que las cosas tienen que ser así”, declara Yagüe.
A pesar de esto, las asociaciones impulsan también otro tipo de talleres que no entienden de estereotipos de género. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el taller de jardinería en vivero impulsado por Acope en el Centro Penitenciario de Madrid I-mujeres (Alcalá Meco) o el taller de radio impulsado por la Asociación Arcoíris.
Dentro de los centros mixtos se presenta otro inconveniente, el del espacio habitable. Las reclusas son un porcentaje muy pequeño dentro de la prisión y esto es determinante a la hora de concederles un espacio en la institución. Se les asigna un módulo para que convivan todas juntas y aquellas que atraviesan, por ejemplo, un proceso de drogodependencia no tienen acceso a un módulo exclusivo para este tipo de problema. Los hombres, por el contrario, sí pueden estar en un módulo más ajustado a sus exigencias, por ejemplo, el módulo de respeto, el de estudios o el de drogodependencia.
Reclusa y madre, una doble condena
Cuando una mujer entra prisión lo hace para cumplir con la condena que se le ha impuesto judicialmente. Sin embargo, no es la única a la que tiene que hacer frente. La condena social existe y sobre todo para aquellas que son madres y han dejado una familia fuera.
La asociación Acope nace de una red de voluntarias y voluntarios que procedían de diversas asociaciones y que, tras entrar en la prisión de Yeserías y compartir su labor allí, se dieron cuenta de que las mujeres en el contexto penitenciario estaban marginadas. Desde ese momento decidieron dedicarse a ellas y fundaron Acope, que lleva 34 años trabajando por las mujeres privadas de libertad. Mariú D’ Errico, miembro de la junta directiva y voluntaria de la asociación desde sus inicios, explica que, mientras se produce esa marginación, estas mujeres cumplen dos condenas, la social y la penitenciaria.
Socialmente se le reprocha que haya dejado de cumplir con el rol femenino que dicta que la mujer debe cuidar a los hijos e hijas, ser una mujer ejemplar, ocuparse de la casa… “Yo he oído varias veces en prisión: ¿Cómo es posible que hayas hecho esto y hayas abandonado a tus hijos?, eras el pilar de la familia…” cuenta la voluntaria de Acope. Las menores suelen quedarse en manos de otras personas que a menudo son las abuelas, tías o hermanas… El papel del padre en el cuidado de los menores es menos frecuente debido, entre otras cosas, a que un número considerable de estas mujeres constituyen familias monomarentales.
El malestar psicológico para aquellas que son madres enseguida se hace notar. La mujer lleva consigo la culpabilidad cuando entra en prisión. Socialmente se juzga a estas mujeres con más dureza que a los hombres porque una madre no puede “abandonar” el núcleo familiar, debe cumplir con las tareas de cuidados que se esperan de ella. Esto conlleva una desigualdad entre padres y madres. Además, es frecuente que una vez en prisión sigan escuchando comentarios de familiares y conocidos acerca de su ausencia en el cuidado de sus hijos. “Esto genera un malestar psicológico grave ya que, la mayoría de mujeres, no consiguen dejar a un lado esa culpabilidad durante su estancia en la prisión. Incluso algunas de ellas no se lo perdonan ni cuando han salido”, explica Mariú.
Un lugar para reaprender
Acostumbrarse a estar dentro de prisión es un proceso complejo, pero salir de ella requiere volver a aprender una serie de hábitos. Tras un tiempo de reclusión, normalmente largo, a las mujeres privadas de libertad no les resulta fácil volver a la rutina que tenían antes de entrar en prisión. La vida dentro y fuera del sistema penitenciario es diferente y adaptarse implica un tiempo que variará según cada mujer y sus necesidades. En este proceso, los pisos de acogida desarrollan un papel fundamental para ayudarlas a recuperar su rutina y unos hábitos saludables.
La labor de acogida recae sobre las asociaciones, que se encargan de gestionar sus propios pisos. En nuestro país hay diversas agrupaciones que se dedican a esta labor, como Concaes, Arcoiris o Acope, que desarrollan su actividad en Madrid. Los inmuebles que gestiona Acope se dividen en dos, por un lado, aquellos destinados a las mujeres en situación de segundo grado –las que tienen entre tres y cinco días de permiso cada mes y medio- y, por otro lado, los que acogen a las mujeres que consiguen el tercer grado.
Mariú explica que el objetivo de este tipo de pisos es acompañar a las mujeres, sobre todo para que puedan retomar todas las habilidades sociales que han perdido. “Muchas de las mujeres que vienen a nuestro piso dejan las luces encendidas porque normalmente la luz en prisión se enciende y se apaga automáticamente; dejan correr el agua de los grifos, no recuerdan cómo se pone una lavadora… Han perdido todas las habilidades diarias porque en la cárcel algunas de estas cosas se las dan hechas”, ejemplifica la voluntaria de Acope. El hecho de hacer la compra es otro punto muy importante, aunque no lo parezca. Algunas de ellas pasan años en prisión, por lo que, cuando salen, no saben medir qué producto es barato y cuál es caro. Desde la asociación se encargan de acompañar a estas mujeres a realizar la compra para que aprendan qué es sano o no para ellas y, además, sepan medir cuándo un producto tiene un precio asequible o no.
El piso nunca está solo, siempre está cubierto, bien con trabajadoras o voluntarias para que esas mujeres estén acompañadas. De esta forma se procura que tengan un apoyo cerca para conversar, pedir consejo y realizar las actividades cotidianas. Cada mujer tiene la libertad de gestionar sus días, pero deben tener en cuenta el horario determinado para llegar a casa. Este horario es diferente dependiendo de la asociación puesto que cada una marca las reglas de su casa de acogida. “Deben saber que el piso no es una pensión, es un hogar. Por ello, les pedimos que vengan a comer o que pasen tiempo en casa para poder conversar y trabajar las habilidades que deben recuperar”, aclara Mariú. A pesar de esto, las mujeres pueden salir con quien quieran y visitar los lugares que deseen, siempre y cuando cumplan con las reglas de la casa entre las que se encuentran: respetar el horario, la implicación por recuperar las habilidades perdidas y la limpieza de la casa, incluida su habitación.
Dentro del proceso de recuperación de hábitos también se encuentra el ocio. Se las acompaña a ver exposiciones, al cine o a tomar algo con el objetivo de enriquecer su día a día y que vayan adquiriendo hábitos de ocio saludables. Conocer la ciudad en la que van a vivir durante su permiso es otra de las cuestiones importantes que atienden los voluntarios y voluntarias. “Hay mujeres que han llegado a un aeropuerto y directamente se las ha enviado a la cárcel. Estas mujeres no conocen en absoluto la ciudad. Otras, por ejemplo, vienen de pueblos y jamás han cogido el metro”, explica un voluntario de una de las asociaciones, quién prefiere no dar datos sobre su persona. Debido a su desconocimiento de la ciudad, se las acompaña para enseñarles cómo funciona el tráfico, dónde se encuentran las zonas más relevantes y cuáles son los medios de transporte que tienen a su disposición. Esta labor permite que, poco a poco, estas mujeres vuelvan a experimentar la autonomía e independencia que un día tuvieron.
La libertad, un nuevo reto
Cuando estas mujeres salen del sistema penitenciario, su principal prioridad, a parte de ver a la familia y conocidos, es buscar un trabajo. Algunas de ellas han roto sus vínculos familiares durante su estancia en prisión debido a que la familia se siente decepcionada e incapaz de volver a mantener una relación. Sin este apoyo, estas mujeres no tienen a nadie que las ayude los primeros meses hasta que encuentran un empleo. “Cuando salen de prisión tienen un subsidio excarcelario con el que pueden malvivir durante un tiempo. Aquí en Madrid apenas les da para pagar una habitación”, menciona Mariú.
Por ello, encontrar un trabajo mientras se alojan en los pisos de acogida es vital para ellas ya que cuentan con el apoyo de la asociación y una casa a la que acudir. “Cuando tienen que ir a una entrevista las apoyamos y las aconsejamos en cuanto a vestuario, posibles nervios y apariencia. Siempre les proponemos una serie de cosas que las pueden favorecer”, aclara la voluntaria de Acope.
La búsqueda de empleo es una tarea difícil para las mujeres privadas de libertad, pero sobre todo para aquellas que son extranjeras. Estas apenas tienen posibilidades para encontrar un empleo estable debido a que no tienen los papeles en regla, lo que deriva en que la mayoría se vean obligadas a aceptar trabajos remunerados en negro y que, finalmente, acaben siendo explotadas debido a que necesitan ese sustento para garantizar su independencia.
A pesar de las dificultades con las que se encuentran las reclusas o exclusas a la hora de encontrar trabajo, algunas de ellas consiguen salir adelante y encontrar un empleo, ya sea gracias a la ayuda de sus familiares o por sus propias capacidades. “Es difícil pedirle a estas mujeres que cuando salgan de la prisión vivan dignamente porque muchas de ellas no tienen absolutamente nada”, denuncia Mariú.
Otro de los impactos que experimentan las reclusas cuando van a ser puestas en libertad es el estrés. Existen diversos factores que determinan que estas mujeres se tomen su salida de una forma más negativa o positiva. La ayuda familiar y el trabajo son dos cuestiones clave. “A veces me han expresado el estrés que sienten los días previos a su salida de prisión. Es algo que yo podía detectar sin que me lo dijeran… Cuando no hay familia esperándote fuera y tampoco hay trabajo incluso padecen ansiedad”, expresa el voluntario de una de las asociaciones.
La importancia de que estas mujeres trabajen su formación dentro de la prisión día a día, aprovechando el tiempo, es una de las cuestiones más importantes, ya que es la única forma de combatir la pobreza o soledad a la que algunas se ven abocadas. La formación, los talleres y la compañía de las personas voluntarias hacen más amena la estancia de las reclusas en prisión y garantizan que su paso por el sistema penitenciario cumpla su fin último, la reinserción social.
Una cuota de paridad de género para las elecciones mexicanas ha dado lugar a muchos “cargos simulados” en municipios de Chiapas que funcionan mediante la autodeterminación de los pueblos indígenas. Con frecuencia, las mujeres electas constitucionalmente sirven únicamente como prestanombres para los hombres electos por las costumbres tradicionales.
Por: Marissa Revilla/ Global Press Journal
SemMéxico/Global Press Journal. MUNICIPIO DE ALDAMA, MÉXICO. 18 de febrero 2020.- En 2018, una mujer fue electa como presidenta municipal de esta complicada y conflictiva área.
Pero es un hombre quien gobierna esta zona del estado mexicano de Chiapas.
A pesar de la elección triunfante de Verónica Ruiz Pérez, la comunidad reconoce a Adolfo López Gómez como el presidente “real”.
Este es un fenómeno común en los municipios de Chiapas, gracias a dos leyes aparentemente contradictorias entre sí: una ley constitucional mexicana que exige la paridad de género, y otra que estipula la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Ruiz Pérez dice que ella no quería ser presidenta; fue su esposo el que buscaba el cargo. Ignacio Pérez Girón, su esposo, fue asesinado en mayo de 2019. Él había sido electo para la presidencia en lo que se conoce como plebiscito a mano alzada: una reunión de la asamblea donde se vota levantando la mano.
Mediante ese proceso informal se han elegido los presidentes municipales durante décadas.
Verónica Ruiz Pérez, figura del presidente municipal de Aldama, y Adolfo López Gómez, presidente municipal por usos y costumbres, en un evento para celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Aldama, Chiapas, México. Marissa Revilla, GPJ México
Desde 2001, la Constitución mexicana estipula el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. En municipios como Aldama, la población local puede decidir “sus formas específicas de organización social [e] implementar sus propios sistemas normativos para la regulación y resolución de conflictos internos”.
Por tradición, eso ha significado un sistema de liderazgo realmente cerrado para las mujeres.
Luego, en 2014, se agregó un principio de paridad de género a la Constitución mexicana, que exigía que todas las elecciones tuvieran una candidata mujer. La ley entró en vigencia con las elecciones de 2015.
Entonces surgió una nueva costumbre local: elegir a un hombre por medio de un referéndum a mano alza, y después elegir a una mujer como su prestanombres.
“Las candidatas tienen siempre un pariente en el cabildo, esposos, hermanos, papás, cuñados”, dice Aracely Burguete Cal y Mayor, investigadora y integrante de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, mejor conocida por su acrónimo, REPARE.
Se pone en las boletas locales a un número suficiente de mujeres para cumplir con la cuota, explica Maricela Hazel Pacheco Pozos, investigadora del Instituto de investigaciones jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.
“Hay muchos cargos simulados”, dice.
Eso fue lo que sucedió con Ruiz Pérez, a quien propusieron como candidata a la presidencia municipal de Aldama solo porque era la esposa de Pérez Girón y porque su partido necesitaba una mujer en las boletas. En 2018, antes de que asesinaran a su esposo, ella ganó la elección y nombró a su esposo síndico, en el entendido de que ella implementaría todo lo que él propusiera.
La función del presidente municipal es parecida a la de un alcalde que organiza reuniones ciudadanas, consulta con los residentes locales acerca de sus necesidades, ratifica e implementa las decisiones políticas locales y representa al municipio en los eventos importantes. El presidente también controla a las fuerzas policiales del municipio.
Cuando asesinaron a su esposo, Ruiz Pérez continuó como presidenta municipal titular, pero nombraron a otro hombre para que se encargara de los asuntos locales.
Ese hombre, López Gómez, dice que la situación no es inusual.
“Verónica [Ruiz Pérez] llega sin que haya contendido, sin que tenga ambiciones en la política, simplemente lo hace por apoyar a su pareja”, explica López Gómez.
Después de que su esposo murió, Ruiz Pérez decidió continuar en su puesto, a pesar de que temía por su seguridad.
La vida en Aldama suele estar marcada por el tipo de violencia que le costó la vida a su esposo. Pérez Girón fue asesinado en el contexto de un conflicto territorial por 60 hectáreas de tierra entre los municipios de Aldama y Chenalhó. De acuerdo con las autoridades, Pérez Girón fue secuestrado por dinero y asesinado más tarde por cuatro personas que ya fueron arrestadas.
“Sí, llegué a pensar en dejar el trabajo, murió mi esposo, seguro a mí me matan también, eso pensé; después pensé, mejor tengo que echarle ganas al trabajo, haré todo hasta donde puedo con el trabajo, eso dije”, señala Ruiz Pérez.
Antes de convertirse en la figura de la presidenta de Aldama, Ruiz Pérez trabajaba en la elaboración de artesanías tradicionales. Tiene tres hijos y tres hijas. Dice que no le importa el acuerdo actual con López Gómez; de hecho, confía en él.
“No puedo sola porque soy mujer, pero como eligieron mi asesor y me apoya, trabajamos juntos, salimos juntos en las reuniones”, dice.
Al terminar su mandato en 2021, Ruiz Pérez dice que no planea seguir en la política y que regresará a su trabajo de artesana.
* Se coordinará con la Fiscalía General de la
República.
* Su objetivo,
definir la tipificación de ese delito que cobra la vida de 10 mujeres cada día.
Redacción
SemMéxico/Billie Parker Noticias. Ciudad de México. 18
febrero 2020.- Este lunes quedó integrado el Grupo de Trabajo para el Análisis
del Delito de Feminicidio conformado por 12 diputadas y diputados, quienes se
coordinarán con la Fiscalía General de la República (FGR) para definir la ruta
a seguir en la tipificación de ese delito.
El grupo surgió de la reunión que diputadas de distintos
grupos parlamentarios tuvieron con el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero,
el pasado 11 de febrero. En esa ocasión se expuso la necesidad de homologar el
tipo penal del feminicidio en todas las entidades del país.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, destacó la integración del
grupo de trabajo con la fiscalía. “Es muy importante tener ese análisis que
puede concluir en una reforma o no al tipo penal”.
Comentó que “no sólo hay que fortalecer el tipo penal, sino
apostar a una política integral, eficaz y pronta para prevenir los
feminicidios”.
Añadió que el grupo estará encabezado por la presidenta de
la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, y conformado por diputadas y
diputados de dicha comisión, además de las presidentas de las comisiones de
Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga, y de Puntos Constitucionales, Aleida
Alavés Ruiz.
Además, la diputada Laura Rojas, presidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, dijo que dicho grupo de trabajo contará
con su respaldo y acompañamiento.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) en 2018 se registraron 3 mil 752 homicidios de mujeres, que
es la cifra más alta registrado en los últimos 29 años, lo que en promedio
significa la muerte de 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales.
El grupo de trabajo lo integran: Laura Angélica Rojas
Hernández, presidenta de la Mesa Directiva; Pilar Ortega Martínez, Wendy
Briceño Zuloaga, y Aleida Alavés Ruiz, presidentas de las comisiones de
Justicia, de Igualdad de Género, y de Puntos Constitucionales
Además de las presidentas de las Comisiones, la diputada
Lorena Villavicencio Ayala (Morena), coordinadora de la Subcomisión de Atención
a Feminicidios; Mariana Dunyaska García Rojas (PAN); Mariana Rodríguez Mier y
Terán (PRI); Ana Ruth García Grande (PT); Juan Carlos Villarreal Salazar (MC); Esmeralda
de los Ángeles Moreno Medina (Encuentro Social); Marco Antonio Gómez Alcántar
(PVEM) y Verónica Juárez Piña (PRD).
