• La reunión en la que comparecerán las aspirantes se realizará el próximo miércoles 4 de diciembre, a las 12:00 horas en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado, y la primera que expondrá será Diana Álvarez Maury.

Redacción

SemMéxico/CCO Noticias. Ciudad de México. 29 de noviembre 2019.- El pleno del Senado de la República aprobó el acuerdo por el que se establece el procedimiento para la elección de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y donde se indica que comparecerán el próximo 4 de diciembre.

El acuerdo señala que la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, ordenará la distribución a las y los senadores de los expedientes de cada una de las personas propuestas en la terna que son Diana Álvarez Maury, Ana Laura Magaloni Kerpel y Ana Margarita Ríos Farjat.

La reunión en la que comparecerán las aspirantes se realizará el próximo miércoles 4 de diciembre, a las 12:00 horas en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado, y la primera que expondrá será Diana Álvarez Maury.

La Comisión de Justicia convocará a las personas propuestas para que comparezcan a responder preguntas de los senadores para verificar si cumplen con los requisitos que marca el Artículo 95 de la Constitución.

El Artículo 95 precisa que para ser electo ministro de la SCJN se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación y poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho.

Asimismo, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.

Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

El dictamen aprobado por la Comisión de Justicia, que preside el senador morenista Julio Menchaca, se publicará en la Gaceta del Senado por lo menos 12 horas antes de la sesión en que se someta a la consideración del pleno.

Con base en el dictamen, la presidenta de la Mesa Directiva convocará a las personas que hubieran satisfecho los requisitos previstos por el Artículo 95 constitucional, para que realicen una exposición sobre la idoneidad de su candidatura ante el pleno del Senado, una vez cumplidas las 24 horas señaladas en el resolutivo anterior.

En la sesión ordinaria donde se vote el dictamen que presente la Comisión de Justicia, las candidatas expondrán cada una por 20 minutos, y en esa sesión no habrá lugar a preguntas o debates por parte de los legisladores.

Cuando concluyan las exposiciones, se realizará la votación para elegir a quien ocupará el cargo de ministra de la SCJN, y la elección se realizará a través de votación por cédula, y tendrá que lograr la mayoría calificada, que el número de votos de las y los senadores presentes en el pleno, y la persona que resulte electa rendirá inmediatamente la protesta al cargo.

El acuerdo establece que después de que se realice la designación de la ministra, la presidenta de la Mesa Directiva lo notificará al presidente de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales que correspondan.

En el supuesto de que, en la primera votación, ninguna de las personas propuestas reúna la mayoría constitucional requerida, se realizará una segunda votación por cédula de manera inmediata. Entre ambas votaciones no habrá lugar a intervenciones o debates.

Si en la segunda votación no se reúne la mayoría constitucional, la terna se tendrá por rechazada y el resultado se comunicará al titular del Ejecutivo Federal para que nombre otra terna para que ocupen esa vacante.

SEM/CCO Noticias

• Remueven a siete diputadas de las Comisiones que presidian

Estrella Pedroza

SemMéxico. Cuernavaca, Morelos. 28 de noviembre 2019.- En Morelos trece diputados y diputadas,  de 20 que integran el Congreso, reformaron el reglamento para modificar el criterio  para determinar la mayoría calificada y su primera acción fue remover a siete diputadas de las Comisiones que presidian, incluida la Comisión de Equidad  y Género para nombrar al diputado Marcos Zapotitla Becerro como presidente, a pesar de que ha sido cuestionado por su falta de perspectiva de género.

Durante la sesión realizada la noche del 28 de noviembre, los diputados de la Quincoagesima Cuarta Legislatura votaron  el acuerdo para modificar el artículo 135 del Reglamento  interno del Congreso  que establecía  que la mayoría calificada se construye con 14 votos.

Este acuerdo fue presentado ante el Pleno, el pasado 23 de octubre  por la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza.

Ahora con 13 votos podrán aprobar  leyes y decretos.

Durante la discusión, las integrantes del Frente Progresista de Mujeres destacaron que “la votación por mayoría calificada es el quórum máximo que garantiza un alto grado de legitimación y amplio consenso del Congreso, a través del cual es posible garantizar el imperio de la ley y que el Congreso cumpla su función de ser equilibrio de los poderes”.

Y puntualizaron que el dictamen distorsiona el procedimiento legislativo, y es un atentado contra la legalidad y el estado de Derecho.

La votación se realizó y con trece votos a favor se aprobó adicionar un párrafo al artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado que dice textualmente, «cuando el número de diputados que den las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura contenga una fracción, y el decimal sea menor a .49 se debe atender al entero inmediato inferior a dicha fracción».

La  reforma de mayoría calificada quedó con el redondeo a la baja de 13.33, es decir, ahora  solo se requiriera de 13 votos  para la aprobación de leyes, decretos y abordar temas como el presupuesto 2020 y nombrar a titulares de organismos importantes.

También aprobaron reformar el artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso   que establecía que los  diputados y disputadas  podía participar en más de 10 comisiones  pero solo podían presidir dos, con la modificación ahora podrán  integrarse a las comisiones que desee.

Una acción inmediata,  fue remover a siete diputadas, que integran el FPM,  de las comisiones que presidian, incluida la Comisión de Equidad  y Género (que era encabezada   por la diputada  Keyla  Figueroa Evaristo) y nombraron  como presidente el diputado Marcos Zapotitla Becerro, quién ha sido cuestionado por las  expresiones y acciones misóginas que ha tenido desde la tribuna.

Lo anterior, se dio en medio de una manifestación protagonizada las integrantes del Frente Progresista de Mujeres que colocaron  el Pleno del Congreso una pancarta donde se podía leer: “Congreso vendido al gobernador”.

¿Qué esta de fondo?

El Frente Progresista de Mujeres subrayó, mediante un comunicado de prensa, que la acción promovida por los 13 diputados “es una clara violación a nuestra Constitución, que desde luego está por encima de cualquier reglamento, y las consecuencias de esta acción o el trasfondo político de esta arbitrariedad jurídica, no es otro más que el Gobernador del Estado tenga un Congreso a modo”,

El objetivo de esta maniobra para nombrar por mayoría mínima “es lograr  nombramientos tales como los del Titular de la ESAF (Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso de Morelos) y del consejero del IMIPE (Instituto Morelense de Información Pública y Estadística) , la aprobación de un presupuesto para 2020 a modo”.

Es de mencionar, que las Legisladoras del Frente salieron del pleno de sesiones, y en los próximos días darán a conocer las acciones políticas, sociales y jurídicas que tomarán en contra de este albazo legislativo.

¿Se pone fin a la parálisis legislativa?

En tanto, los diputados y diputadas, que votaron a favor de las modificaciones, aseguraron que esta maniobra “hará posible que el Poder Legislativo avance en las tareas parlamentarias inherentes a los temas urgentes y necesarios para dar certidumbre a los morelenses, así mismo el recinto legislativo dejara de ser rehén de los intereses mezquinos de un grupo de diputadas que se oponían al avance de los temas”, se lee en un comunicado de prensa.

Y agregan que con esta decisión “se demuestra el trabajo de la LIV Legislatura que le apuesta al crecimiento y bienestar de los diversos grupos y sectores de la sociedad y se opone a las posturas irreductibles que afectan al estado”.

¿Quién es Marco Zapotitla Becerro?

Es un diputado emanado del Partido de Encuentro Social y ha sido señalado por el discurso misógino que pronunció, durante  la entrega de la presea Xochiquetzalli 2019, realizada el 18 de octubre  en el Congreso del Estado de Morelos, donde hizo  alusión al cuerpo de la mujer “como prueba de la existencia de Dios”.

También, hizo referencia a la elección de la maternidad como merecedora para que las mujeres sean tratadas «como princesa, que la protejan como a una niña y que la amen como a una dama».

Además, retomó pasajes bíblicos para hacer alusión a la virtuosidad de las mujeres comparándolas con piedras preciosas, entre otras cosas y termina enviando una bendición.

En ese momento el colectivo Morelos Sin Acoso cuestionó en redes sociales  “¿Dónde está el Estado laico? Parece que el diputado no se informó que la presea es para reconocer el trabajo de las mujeres por los derechos de la mujeres, más allá de estereotipos que hacen alusión a la belleza, la virtuosidad, el cuerpo y la capacidad reproductiva de las mujeres”.

Y consideraron que “es una vergüenza que una persona así nos represente; urge visibilizar la ignorancia de los representantes en el Poder Legislativo así como entablar acciones oportunas con la finalidad de que tengan clara su labor en el congreso, que recuerden la laicidad del estado y evidencien en sus palabras y actos estar informados en temas de género”.

• Se incorpora en la ley el término violencia obstétrica
• Pretende garantizar servicios libres de estas prácticas en embarazo, parto y puerperio

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Cd. de México, 28 noviembre 2019-  La Cámara de Diputados aprobó reformas legales para incorporar en la ley el término “violencia obstétrica” y garantizar servicios de salud libres de estas prácticas a mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.

Para tal efecto se modificaron los artículos 61,62, 64 y 65 de la Ley General de Salud, así como el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El Pleno lo aprobó con 398 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones. Lo turno al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El dictamen surgió de dos iniciativas presentadas por las diputadas María Alemán Muñoz Castillo (PRI) y Mildred Concepción Ávila Vera (Morena), y dictaminadas por la Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena).

Con dicha reforma, en la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incorporó el término “violencia obstétrica”.

Asimismo, se estableció que ésta será “toda acción u omisión por parte del personal de salud médico o administrativo perteneciente a los servicios de salud públicos o privados del Sistema Nacional de Salud, que violente los principios rectores que señala el artículo 4 de la presente ley, o bien, que dañe física o psicológica, lastime, discrimine o denigre a mujeres durante el embarazo, parto o puerperio”.

“Así como la negación del servicio médico y la vulneración o limitación de los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

Respecto de las modificaciones a Ley General de Salud, se precisó que la atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio debe ser libre de violencia.

De igual manera, se instruye promover acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento de buenas prácticas en contra de la violencia obstétrica.

Además, los programas para padres destinados a promover la atención materno- infantil, también inhibirán este tipo de violencia.

Al fundamentar el dictamen, en tribuna, la diputada Briceño Zuloaga señaló que es necesario abordar la justicia reproductiva, pues no hacer algo al respecto puede ocasionar decesos y abusos de los derechos humanos.

SEM/lv/sj

• Se reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
• Cumple con los acuerdos internacionales

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Cd. de México, 28 noviembre 2019.- Para armonizar el concepto de representación equilibrada y que la política nacional oriente parte de sus metas y acciones, con el objetivo de lograr la paridad en cargos públicos o de elección popular, la diputación federal aprobó el dictamen que reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El documento, avalado por 402 votos a favor, modifica la denominación del capítulo tercero, los artículos 17, fracción III, 35 y 36 de la mencionada ley, e incluye la palabra “paridad” como parte de las reformas constitucionales en la materia.

También busca que a las mujeres se les reconozca en las designaciones de cargos donde se toman decisiones, abatir la violencia institucional que se vive en las diferentes dependencias gubernamentales, y se fortalezca el andamiaje jurídico que evite la revictimización. Se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN), expresó que esta reforma tiene como propósito armonizar el marco legal con la reciente reforma constitucional en materia de paridad de género.

Establece la participación y representación política paritaria entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socio-económicas, en los cargos de elección popular, en las estructuras de los partidos políticos, en los altos cargos públicos y en los procesos de selección, contratación y ascensos en el Servicio Civil de Carrera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Con el dictamen, agregó, se podrá cumplir con los acuerdos internacionales para lograr la paridad en cargos de representación o de servidores públicos. “En la Legislatura de la Paridad de Género, tengan la certeza de que en la comisión estamos trabajando de manera plural y comprometida para avanzar en el reconocimiento y respeto de todos los derechos de las mujeres del país”.

Para fundamentar también, la diputada de Morena, Beatriz Rojas Martínez, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, dijo estar a favor del documento que armoniza la ley con la reforma constitucional, estableciendo la representación paritaria en el ámbito del poder y la toma de decisiones políticas.

Celebró que se dé un paso más en el cumplimiento de lo que establece la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que reconoce que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional de ambos en la sociedad y en la familia.

Para modificar este papel tradicional, añadió, es indispensable erradicar los estereotipos de género que crean un imaginario colectivo sobre qué función deben desempeñar los hombres y las mujeres. “Sin mujeres no hay democracia”, aseveró.

La promovente de la iniciativa, diputada Fabiola Loya Hernández (MC) afirmó que el propósito es armonizar el concepto de representación equilibrada, con la finalidad de lograr la paridad en los cargos públicos o de elección popular como uno de los principales objetivos de la política nacional en materia de igualdad.

SEM/lv/sj

• Aprobó la Cámara de Diputados reformas a la Ley General en Materia de Delitos Electorales
• Se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Ciudad de México, 28 noviembre 2019.- La violencia política en razón de género ya es delito electoral y se impondrán multas de 100 a 400 días y prisión de uno a tres años, a quien menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de una o varias mujeres.

Así se determinó hoy, cuando el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen fue avalado por 417 votos a favor, en lo general y en lo particular, para adicionar el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Se establece prisión de seis meses a tres años a quien emita propaganda política o electoral con elementos denigrantes en contra de una precandidata, candidata o de una mujer que ocupe un cargo público, o de algún tercero con quien guarde relación familiar, vida en común o lazos afectivos.

Asimismo, de cuatro a siete años de prisión si en la comisión de las conductas prohibidas se empleare violencia física, sexual o amenazas. Además, en caso de que se trate de funcionarios partidistas, candidatos o precandidatos, la pena se incrementará hasta en un tercio de la que se imponga.

La sanción se incrementará hasta en una mitad, se destituirá e inhabilitará para el desempeño de cualquier cargo o empleo, si se trata de un servidor público quien intervenga en estas conductas.

Al argumentar el dictamen, la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, destacó la importancia de que sea un delito electoral, la violencia política contra las mujeres, para erradicar jerarquías eminentemente masculinas, una especie de minusvalía femenina y la marginación en este ámbito.

Refirió que en la elección de 2018 se perpetraron al menos 237 agresiones a quienes ejercían actividad política o contendían por cargos de elección popular, 27 culminaron en feminicidios. Las medidas para paliar este tipo de violencia no han sido suficientes, es necesario que el Estado garantice el libre acceso a la política sin contrapisas ni violencia.

La diputada Zulma Espinoza Mata (PVEM) mencionó que es necesario que la legislación establezca como delito la violencia política de género y que esta pueda ser perseguida y sancionada por las autoridades especializadas en materia penal.

Es fundamental trabajar en políticas públicas que vayan en contra de la “normalización” de esta práctica, ya que esto minimiza sus consecuencias.

La legisladora priista María Lucero Saldaña Pérez resaltó que con esta reforma se cumple con la lucha del sector femenino y se favorece a la democracia. “Hoy México se encuentra entre los 20 países que más violenta a las mujeres, el Estado debe garantizar una vida libre de vulneraciones que permita desarrollarse profesionalmente a quienes aspiramos a ser candidatas o servidoras públicas”.

SEM/lv/sj