* Realizan miles de personas la Marca de las Mariposas

* Llaman a poner fines a los “acuerdos” en casos de violencia contra las mujeres

Mercedes Alonso

SemMéxico/SEMLac, Santo Domingo, 25 noviembre 2019.- No son nada halagüeños los resultados que exhibe el país, justo en este mes en el cual el mundo conmemora este 25 el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de Género; y como hiriente paradoja, precisamente en estas últimas semanas, la violencia machista ha cobrado la vida de nueve mujeres en República Dominicana, tierra donde nació la conmemoración, en memoria de las Hermanas Mirabal.

El hecho de que hasta los días que corren de 2019 se habla de la ocurrencia de 69 feminicidios, no solo conmociona a la sociedad dominicana, sino que expone con claridad la debilidad existente en la aplicación de políticas públicas y el mal funcionamiento del sistema judicial y demás estamentos del Estado para enfrentar esta situación. 

En marcha las Mariposas

El domingo 24 de noviembre amaneció gris en la capital dominicana, donde la “Marcha de las Mariposas” cubrió calles e intersecciones de las principales avenidas. Miles de manifestantes gritaron con fuerzas su dolor y la falta de confianza en un Estado que no acaba de controlar lo que ha sido considerado verdadera pandemia.

FINJUS pide poner fin a los acuerdos

El presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños, hizo saber públicamente este 24 de noviembre, que se debía poner fin a los acuerdos en los casos de violencia contra la mujer, avalados por la Justicia y los consideró inaplicables en el marco de la realidad social actual, ya que muchos se concretan violentando las leyes en la mayoría de los casos.

“Es un tema que debe ser analizado, ya que estos criterios de oportunidad son otorgados pese a que no se cumplen los requisitos que establece la ley en la mayoría de los casos”, afirmó Castaños y aseguró, además, que el Ministerio Público debía suspender esa medida y dar un mensaje contundente a la sociedad, tras considerar que es un problema muy grave.

Las palabras del presidente la FINJUS trascienden tras conocerse que, en menos de cuatro meses, dos mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, luego de los perpetradores llegar a acuerdos con las autoridades, aun cuando existía el precedente de haber sido ellas agredidas previamente.

Hablan dirigentes feministas 

Voces de activistas y defensoras de los derechos de la mujer, como Lourdes Contreras, coordinadora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), y Fátima Lorenzo, del Foro Feminista Magalis Pineda, coincidieron en afirmar que “el Estado debe priorizar el diseño de una política verdaderamente integral para combatir este flagelo que le ha costado la vida a casi 69 mujeres en lo que va de año. No hay una política del Estado dominicano estructurada de manera integral que permita detectar tempranamente las situaciones de riesgo. Estamos hablando de una política de carácter preventivo que involucre a las escuelas y universidades, con una adecuada capacitación para los maestros”.

Tanto Contreras como Lorenzo señalaron como otro de los serios problemas en el país el “afán de la Procuraduría General de la República (PGR), por reducir las estadísticas de feminicidios”, hecho que contabilizan cuando se da entre parejas o exparejas, e ignora los que ocurren en otras circunstancias.

“Mientras haya una mujer muerta por un feminicidio, los resultados tienen que ser cuestionados, porque cada vida vale lo que vale. Se trata de vidas perdidas, familias afectadas, niños que quedan en la orfandad”, manifestóLorenzo.

Instituciones apoyan

Ante una realidad, que lejos de disminuir, consterna cada día más, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), anunció que adoptaría medidas para apoyar la lucha contra la violencia de género,y presentó un documento elaborado por el Instituto de Investigación de Género y Familia de la academia, mediante el cual se diseña una Unidad interdisciplinaria para la prevención y atención de la violencia de género, que brinde servicios a lo interno de la Primada de América y a cualquier mujer de la sociedad que lo solicite. 

El vicerrector de Extensión, Antonio Medina Calcaño, alegó que la UASD se propone activar un convenio suscrito con la Procuraduría General de la República, para la formación mutua sobre violencia de género y la lucha por la construcción de la igualdad entre hombres y mujeres.

A su vez, Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Investigación Género y Familia de esta casa de altos estudios, dijo que se desarrollará en los medios de comunicación y redes, una campaña permanente de educación y prevención de la violencia de género, incluido como línea de investigación en las tesis, monográficos y en los programas docentes de las distintas carreras.

Este domingo, representantes de la familia universitaria de la UASD estuvieron presentes en la Marcha de las Mariposas, en conmemoración y homenaje a las Hermanas Mirabal y del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.

Las que no denunciaron

El pasado 22 del actual mes, la Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer que el 88 % de las dominicanas asesinadas por sus parejas o exparejas, no habían denunciado a su agresor, pese a haber sido muchas veces maltratadas.   

Jean Alain Rodríguez, procurador general de la República, se refirió al tema durante una rueda de prensa, en la cual resaltó, según su criterio, los avances en la ejecución del Plan Nacional Contra la Violencia de Género, en momentos en los cuales existe gran alarma social por los últimos nueve feminicidios ocurridos desde principios de noviembre: dos de ellos con la acusación de que se produjeron tras supuestas irregularidades en la excarcelación de los agresores, que guardaban prisión por hechos de violencia hacia las hoy occisas.

Ambos feminicidas obtuvieron la libertad de la prisión mediante acuerdos logrados con la falsificación de firmas de las fallecidas y la complicidad de funcionarios.

Con relación a los hechos, Alain Rodríguez subrayó: “Habíamos establecido formalmente y por escrito una prohibición de acuerdos ante tentativa de homicidio y esa prohibición fue violada por familiares, por abogados, notarios, fiscales, jueces que fallaron al sistema y hoy se encuentran bajo arresto algunas de estas personas”.

Agregó que la PGR prohíbe el “régimen de consecuencias” previsto para sancionar a los funcionarios que cometan irregularidades en el desarrollo de su trabajo en este campo.

No obstante, la realidad indica que el Plan Nacional Contra la Violencia de Género, puesto en marcha hace dos años, con 22 acciones enfocadas en la prevención, fortalecimiento de la persecución y atención efectiva a las víctimas, no ha tenido los resultados requeridos y aunque el procurador menciona una supuesta reducción del 25 % en el número de muertes de mujeres a manos de sus parejas en lo que va de año, y lo resalta como el mejor dato de los últimos 14 años, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), posiciona a la República Dominicana en el tope de países latinoamericanos con más incidencia de casos de feminicidios, con 1,795 mujeres asesinadas entre enero de 2010 y septiembre de 2019.

No en balde medios de prensa como la Agencia EFE y el digital InformativoMAS, publicaron de inmediato un titular que reseñaba: “Datos de feminicidios en la República Dominicana están en tela de juicio”, al enfocar los cuestionamientos de grupos de derechos humanos sobre la veracidad de las estadísticas oficiales, que registran una aparente disminución de tales crímenes, cuando en realidad, por solo poner un ejemplo, noviembre ha sido mes negro para las mujeres en dominicanas.

Discrepan también 

Los grupos Coordinadora de Mujeres del Cibao y Movimiento Feminista Hermanas Mirabal discrepan de las estadísticas que esgrimen las autoridades y plantean que, en los últimos cuatro años, la cifra anual de asesinatos de mujeres oscila entre 180 a 200, datos que, a su juicio, ellos minimizan.

La portavoz de estos dos grupos, Raquel Rivera, entiende que las autoridades no tratan los asesinatos como feminicidios a menos que la parejas o exparejas sean detenidos o acusados por sus parientes como sospechosos del crimen. “Todo esto tiene que ver con la desprotección que tienen las mujeres dominicanas cuando acuden a la Justicia a denunciar a sus parejas y exparejas por amenazas y malos tratos”, observó.

Por su parte, la destacada activista Sergia Galván, organizadora de la manifestación contra la violencia hacia la mujer que tuvo lugar este domingo, recordó que uno de los problemas mayores que impide la protección de la mujer en el país, es la demora del Parlamento en aprobar el proyecto de ley para crear un “sistema de apoyo integral” capaz de erradicar la violencia contra las mujeres, estancado en el Congreso desde el año 2012.

Concluyó Galván que “cuando el Estado no da una respuesta efectiva, se convierte en cómplice”.

Finalmente…

La lucha continúa…Este domingo, la Marcha de las Mariposas inundó avenidas de la capital en la República Dominicana. Más de cien organizaciones civiles y sociales de todo el país; además de la clase política y representantes de academias se integraron a este evento, que más que conmemoración constituyó protesta y desafío a lo que no parece tener fin.

La población se unió al intenso desfile y voces de renombrados artistas y comunicadores rememoraron este día, cuando veinte años atrás, la Asamblea General de las Naciones Unidas acogió mediante resolución, el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en memoria a Patria, Minerva y Teresa, las heroicas Hermanas Mirabal, cuyo legado histórico mantiene en pie el propósito de lograr un país y un mundo justo, libre de feminicidios y de violencia contra las mujeres. 

SEM-SEMlac/ma/sj

* La sociedad espera como mínimo: que se cumpla lo que dice la ley, pero truncan el protocolo

* A 17 días para que deje la presidencia, hace un guiño a los sectores opositores al aborto

Norma Loto

SemMéxico, Buenos Aires, 25 noviembre 2019.-Tras una vergonzosa jugada a favor de los movimientos que se auto atribuyen salvar las dos vidas, el gobierno nacional argentino puso freno a la actualización del Protocolo ILE, que había anunciado quien a hasta ayer era el secretario de salud, Adolfo Rubinstein.

Si bien Argentina posee un protocolo ILE (interrupción legal del embarazo), pero no todas las provincias están adheridas. Lo que Rubinsntein publicó en el Boletín Oficial, fue una actualización que se adapta al Código Civil y Comercial que rige desde 2015 e incorpora algunas de las recomendaciones internacionales (dosis de medicamentos y AMEU).

Según la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito: “otorgaba más claridad legal en las prácticas ILE, una protección hacia las mujeres y especialmente la adaptación del Protocolo al Código Civil y Comercial en resguardo de niñas y adolescentes menores de 15 años que prohíbe como regla, la sustitución del consentimiento. Y todo esto era obligatorio para provincias con o sin protocolos”. Este punto se basa en la Autonomía progresiva que de acuerdo al nuevo Código Civil a partir de los 13 años una adolescente decidir.  

En cuanto a la responsabilidad de los profesionales refería que éstos no debían pasar más de 10 días en realizar la ILE. A la vez que se les recordaba su responsabilidad civil y penal si se negaban o si trataban de cambiar la decisión de la paciente. Respecto a la objeción de conciencia refería que ésta no significa un incumplimiento de los deberes de los profesionales prestadores de salud, ni dañar a terceros en su salud, su autonomía y su dignidad, ni restringir el acceso a prestaciones de salud contempladas en la legislación vigente. También aclaraba que, si un profesional de la salud deseaba ser objetor de conciencia, deberá notificarlo a las autoridades del establecimiento de salud.

Esta iniciativa no solo quedó derogada, sino que también provocó que Rubinstein renuncie a la Secretaría de Salud. Desde el gobierno se dijo que el conflicto surgió a causa de que fue una medida inconsulta por parte de Rubinstein. Lo cierto es que no se trataba de una inconducta, sino que es evidente que no fue en sintonía con la visión antiderecho de la cúpula del poder y pone en riesgo alianzas del macrismo.

El peso político y social de haber dado marcha atrás al protocolo actualizado es inmenso en una sociedad que aún espera como mínimo: que se cumpla lo que dice la ley. Es que el protocolo está pensado para actuar en los casos en los que el aborto es legal. En este país, se puede abortar si es que el embarazo representa un peligro para la vida de la persona gestante; si el embarazo representa un peligro para la salud de la persona gestante o si el embarazo proviene de una violación (se trate o no de una persona con discapacidad intelectual o psicosocial).

El derecho está (escrito) pero muchas veces cuando la persona gestante llega a solicitarlo se encuentra con múltiples obstáculos que van desde la negativa del cuerpo médico, la judicialización y todo tipo de maltrato. También el cuerpo médico que se dispone a cumplir con la ley es perseguido.

Apenas faltan 17 días para que Mauricio Macri deje la presidencia y con este escándalo se evidencia un claro guiño a los sectores opositores al aborto. Que Macri no apoya la legalización del aborto no es noticia, de hecho, durante su campaña por la reelección presidencial no escondió su postura. 

Quizás su última decisión no fue sorpresiva ya que está en sintonía con la decisión de quitar rango ministerial a la salud para reducirla a secretaría. Si bien no es la primera vez que Salud deja de ser ministerio, pero resulta indignante en esta democracia que ya lleva 36 años cumplidos y que se supone que se sabe que los errores no deben repetirse.

El hecho de dejar sin efecto al protocolo actualizado ILE otorga a Macri un horizonte más firme que le garantizaría la alianza con los celestes para un intento de volver en 2024. 

Mauricio Macri se va así como llegó: ninguneando necesidades, no garantizando derechos, truncado un protocolo que garantizaba ni más ni menos que un trato digno para quienes necesiten abortar y habiéndose perdido la oportunidad de que su gestión fuera recordada como la que consiguió hacer legal, seguro y gratuito el aborto. Es que si bien, la decisión de legalizar y despenalizar el aborto fue legislativa, el presidente Macri no supo tener responsabilidad política frente a una de las deudas sociales más urgentes.

 Recuadro:

Durante el año 2017:

• el 60% de las muertes por embarazo terminado en aborto correspondió a mujeres de 15 a 29 años. 
• la muerte por embarazo terminado en aborto está entre las primeras causas de muerte materna. 
• las muertes por embarazos terminados en abortos representaron el 14,85% del total de muertes maternas.

( Fuente: DEIS, 2018 )

* 1 Día de Acción: No más violencia

* Se envejece diferente, no solo por los cambios de carácter biológico, sino también desde los mandatos asignados y asumidos a lo largo de la vida

Redacción
SemMéxico/SEMlac, 25 noviembre 2019.- Al hablar de violencia hacia la mujer mayor no puede perderse de vista que es un tema marcado por el contexto demográfico, generacional, biográfico, el género y lo gerofóbico, apunta a SEMlac la psicóloga Teresa Orosa Fraíz, presidenta de la Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana y de la Sección de Psicogerontología de la Sociedad cubana de Psicología.

A los evidentes cambios en la estructura de edad de la población cubana—un fenómeno también del mundo—, con un población envejecida que alcanza ya el 21, 4 por ciento con 60 o más años, la especialista añade otro cambio menos mencionado.

“Es de tipo generacional, es decir, la mutación de forma de ser persona mayor, de pensar y de proyectarse, si lo comparamos con los mayores de épocas anteriores. Somos más, pero a la vez, tanto hombres como mujeres, somos diferentes respecto a nuestros abuelos por factores de protagonismo e influencias de diversa naturaleza: sociales, políticas, tecnológicas, entre otras, ocurridas en el pasado siglo. Además, cada persona cuenta con su propia historia de vida, lo cual en cualquier análisis siempre ha de destacarse, pues se vive y se vivencia la vejez, desde lo biográfico también”, insistió la profesora.

Por otra parte, dijo, un enfoque de género no solo llevaría a tener en cuenta la diferente expectativa de vida entre mujeres y hombres, que en ellas es mayor. Realmente se envejece diferente, no solo por los cambios de carácter biológico, sino también desde los mandatos asignados y asumidos a lo largo de la vida, especialmente vinculados al ejercicio y expectativas del rol de cuidador. De hecho, los denominados eventos vitales de la vejez, es decir, la jubilación, la abuelidad y la viudez, también se vivencian y elaboran determinados por el género.

Todo ello, en una sociedad aún gerofóbica, con temores o evasiones a ser viejo o vieja, debido a prejuicios aún existentes hacia el envejecimiento, la vejez y las personas mayores, más fuertemente expresados “hacia y en” la propia mujer mayor.

¿Cuáles son las principales manifestaciones de la violencia en esta etapa de la vida?
Abuso, maltrato y violencia no siempre se expresan de forma evidente y lo invisible, si bien está dado por la naturaleza de la agresión en ausencia de golpe físico, también está determinado por la no concientización de lo que ocurre, y el hecho de que no se identifica como forma de maltrato.

Por tanto, puede haber abuso sexual cuando la propia pareja insiste y viola el deseo de la esposa o compañera, pero también hay violencia hacia la mujer mayor cuando la sociedad, la cultura, los prejuicios (de muchas personas y familias), le reservan en exclusiva su espacio de cuidadora, abuela o esposa abnegada, ignorando la necesidad de logros en proyectos y de las más diversas necesidades como hacedora social y protagónica, igualmente, de importantes transformaciones sociales.

De tal forma, violencia invisible ocurre hacia la abuela como una incondicional cuidadora o hacia la esposa, no como compañera, sino como segunda mamá que la vida provee al hombre para el cuido y únicamente para esta función.

Por otra parte, violencia invisible también existe cuando continúa ocurriendo un ensañamiento de “los otros” hacia los cambios del cuerpo y la imagen de la mujer mayor. Ello refuerza la necesidad o importancia del parecer joven, desde esa mirada externa o de espejo que le dedican los otros y que le puede provocar temor a dejar de ser mirada, o la pérdida de “deseabilidad”. En ello se ha afincado exitosamente en el mundo la llamada industria del rejuvenecimiento, dirigida más a la mujer.

Finalmente, aunque no es el caso de Cuba, persisten exclusiones a nivel social, de tipo legal, y desigualdades en los sistemas de pensiones, por brechas de género en los ingresos y posteriores retiros, e inclusive en derechos de carácter hereditario.

¿Pueden disminuirse desde el accionar social los costos psicológicos de la violencia en las mujeres mayores?

Resulta importante la toma de conciencia de estas u otras situaciones que afecten la integridad psicológica de la mujer mayor, aunque —como sabemos— el principal antídoto lo ha sido su historia de vida y su protagonismo social, aun cuando se desenvuelva en hogares o entornos que le estigmaticen.

Están demostrados la mayor disposición de ellas, inclusión y participación en agrupamientos y convocatorias sociales, mayor capacidad de identidad con sus cambios y su edad. Lo más importante es que se conviertan en paradigma de empoderamiento comunitario, que le permite el ejercicio de toma decisiones y mayor aporte a la sociedad, a la gestión del desarrollo local y de sus propios derechos.

SEM-SEMlac

* No debe ser solo punitiva sino debe «crear las bases para implementar un sistema integral de prevención y atención».

* Solicitamos un instrumento que permita y exija a otras normas el reconocimiento y atención a la violencia de género

Redacción

SemMéxico/SEMlac, La Habana, 25 noviembre 2019.- Unas 340 personas habían dado su apoyo hasta la noche del 24 de noviembre a una Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de género en Cuba que, desde el pasado 21 de noviembre, hicieron llegar 40 cubanas a la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano con potestad constituyente y legislativa en la nación caribeña.

La iniciativa, difundida la pasada semana por correos electrónicos e Internet, desde la página en Facebook Yo sí te creo en Cuba, pide «que se incluya en el cronograma legislativo (previsto para entregar hasta abril de 2020) un proyecto de Ley Integral Contra la Violencia de Género».

La solicitud está dirigida al presidente de la Asamblea, Esteban Lazo; su vicepresidenta Ana María Mari Machado; el secretario del Parlamento, Homero Acosta y Arelys Santana, quien preside la Comisión Permanente de Atención a la Niñez, la Juventud y los Derechos de Igualdad de la Mujer.

La carta abunda en que la mencionada ley integral no debe ser solo punitiva y sancionar los delitos, sino que debe de «crear las bases para implementar un sistema integral de prevención y atención».

Aboga para que eduque a la ciudadanía en una vida sin violencia de género, garantice el acceso a la justicia, preserve las vidas de las mujeres, considere la necesidad de la habilitación de refugios y casas de acogida para las víctimas, y construya programas de concientización para las mujeres, los agresores, las instituciones y la sociedad en su conjunto.

«Lo que solicitamos no es una norma fragmentada, sectorial ni focalizada, sino un instrumento que, en su integralidad, permita y exija a otras normas el reconocimiento y atención a la violencia de género y ampare, regule y estimule el diseño de políticas públicas en ese sentido», afirma la misiva que han suscrito activistas y profesionales de diversas disciplinas y sectores.

La solicitud alega que Cuba cuenta con personas, instituciones e historia para dar ese paso y contar con instrumento indispensable para el diseño de políticas públicas que intervengan en los procesos de producción y reproducción de la violencia, identifique sus causas, reconozca la diversidad de víctimas (incluidas niñas, adolescentes, personas trans y con identidades no binarias), permita acompañarlas y disminuir progresivamente su número.

Explica, además, que la necesidad de una ley específica sobre violencia de género ha comenzado a integrarse al debate desde 1999 desde las voces de activistas, juristas, investigadoras y académicas, y cuenta ahora con más sustento en la nueva Constitución aprobada en febrero de este año.

La Carta Magna señala el deber de Estado de proteger a las mujeres de «la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios» y crear «los mecanismos institucionales y legales para ello».

Pese al trabajo que se ha hecho, la violencia de género se reproduce y es notable, indica la misiva y cita datos de la Encuesta Nacional de Igualdad de Género.

Aunque 51,9 por ciento de la población encuestada considera que la violencia contra la mujer es poca, 26,6 por ciento de las mujeres han sido víctima de violencia en sus relaciones de pareja en los 12 meses previos a la encuesta y 39,6 por ciento ha sufrido violencia en algún otro momento de su vida.

Esa investigación reveló también que la búsqueda de ayuda institucional no es una práctica recurrente en las víctimas, quienes carecen de redes de apoyo e información para buscar asistencia.
En tanto, la tasa de femicidios fue de 0,99 por 100.000 adolescentes y mujeres a partir de los 15 años de edad en 2016, para un promedio de una muerte por semana, de acuerdo con las primeras cifras oficiales de este tipo divulgadas en el Informe Nacional sobre la implementación de la Agenda 2030.

Sin embargo, el Código Penal cubano no reconoce la violencia de género como un crimen específico y tampoco los femicidios, insiste la misiva.

A la par, testimonios y evidencias reportadas por investigaciones cualitativas y medios de comunicación muestran diversas barreras en la atención de estos casos desde la gestión policial y judicial, desamparo institucional, inexistencia de refugios y de espacios seguros para las mujeres denunciantes, señala la solicitud.

También alude a la persistencia de estereotipos que dificultan la búsqueda de apoyo en casos de violencia, así como la inexistencia de normas sociales que reconozcan la diversidad de escenarios y formatos en los que se expresa la violencia de género.

SEM-SEMlac