Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 8 julio 2017.- La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam falleció este viernes a consecuencia de un largo padecimiento.

Este día, las y los integrantes del grupo parlamentario del PAN expresaron su consternación por el fallecimiento de su compañera a quien desde 2007 le fue diagnosticado cáncer de mama.

Mediante un comunicado, integrantes de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados destacaron que “fue la primera mujer diputada electa por mayoría en León (Guanajuato) y también la primera secretaria del ayuntamiento, además se desempeñó como regidora y síndica en diferentes administraciones”.

Las y los legisladores señalaron que “la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam fue una política muy querida en su estado natal, Guanajuato”.

“Como integrante de la LXIII legislatura tuvo una activa participación en la Unión Iberoamericana de Municipalistas, experta en gobiernos abiertos y transparencia por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Estudios Locales”. 

“A la fecha ocupó en la Cámara de Diputados, la secretaría de la Comisión de Seguridad Pública y fue integrante de las comisiones de Justicia, Transparencia y Anticorrupción”.

Apuntaron que la recordarán como una especialista en asuntos de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, para quien la política, constituía un instrumento de bien común, “una compañera íntegra, solidaria y firme defensora de las causas ciudadanas”.

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 6 julio 2017.- La diputada perredista Maricela Contreras, propuso poner en la agenda política del país el tema de la violencia de género contra las mujeres y en específico el feminicidio que atenta contra la vida de las mexicanas en todo el territorio nacional.

Lo anterior, luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen para condenar el feminicidio de Jessica Esmeralda Cano Baas y exhortar a la Fiscalía del estado de Yucatán para que continúe con la investigación exhaustiva y con perspectiva de género.

La joven de 25 años fue asesinada el pasado viernes 23 de junio por su ex esposo Eduardo Enrique Real Castillo, de 28 años de edad, en el centro comercial “Plaza Fiesta”, en Mérida, capital del Estado de Yucatán.

La diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del PRD, afirmó que el feminicidio es una problemática que tiene que asumir el Estado mexicano, sin importar el contexto electoral “esto no tiene que ver con un asunto de popularidad ni estar pensando en asuntos electorales”, por lo que llamó a la diputación a poner el tema en la agenda política del país.

Ante el pleno, advirtió “no hay localidad, comunidad, municipio o estado donde la violencia contra las mujeres no esté presente. No es un asunto de ideologías, no es un asunto de colores partidistas o del gobierno que esté al frente, sino de una serie de circunstancias que se acumulan por ese desdén del Estado para reconocer y respetar nuestros derechos”.

Además, la legisladora cuestionó la efectividad de las normas jurídicas para combatir esta problemática, “las leyes no bastan, las mujeres siguen siendo asesinadas, la única realidad que vivimos es donde la justicia nunca llega, existe ya un fastidio de este sistema institucional y social permisivo de asesinatos contra las mujeres”.

Refirió el caso de Itzel, una joven de 15 años, quien fue atacada sexualmente en la Ciudad de México el 1 de junio, y cuestionó el actuar de la autoridad capitalina que en un principio la acusó de homicidio, “en una lucha por salvar su vida, por defenderse forcejeó y clavó el cuchillo con el que su agresor la había amenazado. El violador murió y ella fue acusada de homicidio”.

Si eso pasa en la Ciudad de México, la entidad que pese a tener los mayores avances en la materia de protección a las mujeres sucede. ¿Qué podemos esperar las mujeres cuando a pesar de tener leyes y en algunos estados no tenerla, se castiga más el robo de un ganado que la violencia de género? 

O en aquellos estados donde para los gobernadores la palabra feminicidio o alerta de género les causa escozor o le tienen miedo. ¿Qué podemos esperar las mujeres?, si esta espiral de violencia en la que está sometida el país, las mujeres parecemos un botín de guerra, Cuestionó la legisladora.

SEM/am/sj

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 6 julio 2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado urgente al Congreso del estado de Chihuahua a tipificar el delito de feminicidio en el Código Penal para hacer frente a la violencia feminicida que padecen mujeres y niñas.
“La tipificación del feminicidio en Chihuahua es un imperativo, en tanto que es obligación del Estado mexicano garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres y niñas, así como investigar e impartir justicia con perspectiva de género”, recalcó el Organismo Nacional.
La CNDH consideró que el reconocimiento jurídico del conjunto de prácticas que atentan contra la vida de las mujeres, en ejercicio de la violencia y discriminación por razones de género, contribuye a hacer frente a contextos de violencia extrema.
Agregó que el legislativo debe dar una respuesta inmediata a la iniciativa presentada por el Ejecutivo de esa entidad, a efecto de tipificar el delito de feminicidio y reconocer así la dimensión penal del problema.
La CNDH destacó que deben fortalecerse los esfuerzos para que cada autoridad del país, desde el ámbito de sus respectivas atribuciones, haga frente a la violencia feminicida que, lamentablemente, padecen mujeres y niñas no sólo en nuestro país sino en el mundo.
Adicional a lo señalado, la CNDH subrayó que es fundamental que los poderes del estado de Chihuahua atiendan lo dispuesto en los instrumentos internacionales en torno del feminicidio y tengan en cuenta que dicha entidad es la única que no prevé ese tipo penal.

Destacó que la solicitud al estado de Chihuahua de proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas en contextos de violencia extrema contra ellas, ha quedado de manifiesto a nivel internacional a través de la sentencia en 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos denominada “Caso González y Otras (“Campo algodonero”) vs. México”.

Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) ha señalado la obligación del Estado de tomar medidas y acciones tendentes a lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, y garantizarles el goce de sus derechos humanos y de las libertades fundamentales.

En este mismo sentido, como parte del Examen Periódico Universal (EPU), realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas al Estado mexicano en 2013, se concluyó la importancia de dar solución a varios temas, entre ellos “… unificar, sobre la base de criterios objetivos, las diversas definiciones de feminicidio en los códigos penales del país…”

SEM/ga/sj

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 6 julio 2017.- El grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes electorales para la Ciudad de México aprobadas en mayo pasado.

En declaraciones a la prensa afuera del recinto de la SCJN, el diputado César Cravioto Romero, coordinador de la bancada en la ALDF, informó que una acción de inconstitucionalidad es en torno a la eliminación de toda referencia a la violencia política en razón de género del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local.

El asambleísta detalló que con una “nota aclaratoria” publicada en la Gaceta oficial de la Ciudad de México, el pasado 7 de junio, pretende borrarse toda referencia a la “violencia política en razón de género”, para reducirla a violencia política.

La diputada Beatriz Rojas Martínez, de MORENA, consideró lamentable que en la Ciudad de México considerada de vanguardia se cancelen derechos políticos a las mujeres, al eliminarse la “violencia política en razón de género”, para reducirla escuetamente a violencia política.

Solicitó que se garanticen los derechos políticos de las mujeres, como lo ordena la Constitución de la ciudad, “tiene que quedar muy claro que la violencia política se da por razón de género”, de lo contrario, dijo, se deja a las mujeres que participan en política en un estado de indefensión ante la violencia política por razón de género que se cometa en su contra.

A su vez, su compañera de bancada, la diputada Aleida Alavez Ruiz, afirmó que los procesos parlamentarios en la Asamblea Legislativa se encuentran viciados, tan es así, explicó, que un dictamen puede ser modificado a última hora, previo a su entrega en la Consejería Jurídica, tal como sucedió con la Ley Electoral, “por eso venimos a reclamar, ante la SCJN, una revisión puntual del tema”. 

La segunda acción de inconstitucionalidad es sobre la integración del Congreso local porque reduce, a un máximo de 33, el número de diputadas y diputados de mayoría relativa, disposición que atenta no sólo contra los preceptos de la Constitución local, sino también de la Carta Magna, explicó César Cravioto.

El coordinador de la bancada puntualizó que el propósito de la tercera acción de inconstitucionalidad es revertir el ofensivo apartado de las alcaldías cerradas para regresarles el espíritu de alcaldías abiertas establecido por el Constituyente. Y la cuarta, explicó, es en torno de los pueblos y barrios originarios, a los cuales diputados subordinados al jefe de Gobierno, sin consultar a sus habitantes, les quitó toda representatividad.

En el tema de pueblos y barrios originarios, el diputado constituyente, Aristeo López Pérez, representante de los pueblos y comunidades indígenas, calificó de lamentable que más de un millón de indígenas que radican en la Ciudad de México se vuelvan invisibles ante las leyes.

Es absurdo, aseguró, que en las leyes electorales se desconozca a los pueblos indígenas, a pesar de que los artículos 57, 58 y 59, donde se les reconoce como sujetos de derechos, fueron aprobados por unanimidad en la Asamblea Constituyente.

Cravioto Romero expresó su reconocimiento a la legisladora Dunia Ludlow Deloya y José Encarnación Alfar, del PRI; a Carlos Alfonso Candelaria López del Partido Encuentro Social y a Armando López Velarde de Movimiento Ciudadano, porque aceptaron firmar las acciones de inconstitucionalidad para así alcanzar, e incluso rebasar, conjuntamente con los veinte diputados de morena, el 33 por ciento de legisladores exigido por ley para presentar acciones de inconstitucionalidad.

Informó que solicitarán una reunión con los ministros para plantearles las razones justas y profundas que animan las cuatro acciones de inconstitucionalidad puestas a su consideración.

Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Estatal de MORENA en la Ciudad de México, advirtió que la presentación de las referidas acciones se inscribe en la batalla democrática librada por los legisladores de su partido ante “el desaseo legislativo y la mutilación de derechos hechos por las otras fracciones legislativas”.

Cabe recordar que el pasado 7 de junio se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX el decreto para la entrada en vigor de la legislación en materia electoral. Pero el 21 de junio se publicó una nota aclaratoria que puntualiza que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales sólo debe decir violencia política y no “violencia política en razón de género”.

En un comunicado, el diputado José Manuel Delgadillo Moreno, del PAN, presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales, informó que en seguimiento al proceso se detectó inconsistencias en el tema de violencia política, respecto a lo aprobado por el pleno de la ALDF y lo publicado por la Consejería Jurídica.

Detalló que durante la discusión del dictamen en materia electoral el 31 de mayo, la diputada Dunia Ludlow Deloya presentó reservas en materia de violencia política para armonizar la legislación electoral con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, que define la violencia política en razón de género, mismas que se consideraron inviables y se rechazaron por mayoría. Finalmente, el dictamen en materia electoral aprobado por la ALDF sólo dejó el concepto de violencia política.

Sin embargo, informó el legislador panista, días después y de forma inexplicable se incluyeron dichas reservas no aprobadas, con lo cual se viola el proceso legislativo; así como, la constitucionalidad de la norma, por lo que, con copias certificadas, dijo, se solicitó al Presidente de la Comisión de Gobierno una petición formal a la Consejería Jurídica para que publicara una fe de erratas, misma que se divulgó el 21 de junio.

Ante esta nota aclaratoria, diversas instancias, como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), advirtieron de un grave retroceso en el tema de violencia política en razón de género. 

Por lo que, a través de un comunicado de la ALDF del 2 de julio, el diputado panista manifestó que existe certeza jurídica sobre los derechos políticos de las mujeres, al afirmar que en materia penal, se tipificó la violencia política en la legislación electoral de la CDMX incrementándose la pena hasta la mitad, cuando las conductas sean cometidas en razón de género contra las mujeres.

El diputadao señaló que es completamente falso que se haya eliminado dicho concepto y que no se establezca como una causal de nulidad, puesto que está contemplado en el artículo 114, fracción X de la Ley Procesal Electoral de la CDMX. 

Delgadillo Moreno explicó que “en el dictamen discutido y aprobado por mayoría en el seno de este órgano legislativo, se regula la violencia política de manera general, después de un análisis técnico y jurídico se determinó que la violencia transgrede a cualquier género en sus derechos político-electorales, en el inciso C, fracción III del numeral 4 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se establece este concepto y en el último párrafo se enfatiza, que se entiende por violencia política hacia las mujeres cualesquiera de estas conductas contenidas en el presente numeral, cometidas en su perjuicio en razón de género”.

Finalmente, indicó que la comisión dictaminadora también consideró que al establecer un concepto general de violencia política se contempla a cualquier sector de la sociedad, como a las personas con discapacidad, hombres, jóvenes, a la comunidad LGBTTTI, por mencionar algunos. 

SEM/am/sj

Ana Alicia Osorio,

SemMéxico, Veracruz, 5 julio 2017.-Los diputados veracruzanos modificaron los artículos del Código Civil que reglamentan el “depósito de personas” pero mantienen la figura legal que, según algunas activistas, vulnera los derechos de la infancia y de las mujeres. 

El Congreso de Veracruz aprobó que la persona a quien se le quitó la custodia pueda convivir con su hijo o hija, siempre y cuando, no represente un riesgo.

Sin embargo, Mayela Ramírez García, directora del Colectivo de Información y Desarrollo entre Mujeres (CIDEM), advirtió que ese tipo de modificaciones son contradictorias ya que el depósito de personas es autorizado por un juez cuando se considera que el papá o la mamá con la custodia es un riesgo. 

Detalló que se trata de una figura que existe en pocos estados, incluido Veracruz, utilizada generalmente por los padres quienes argumentan ante los juzgados que la madre es un riesgo por lo que los niños o niñas son entregadas a un familiar, quien lo solicita como abuelas o tías.

Además, dijo que se ha usado para que las mamás no puedan convivir con sus hijos durante años, posibilidad que deja abierta la reforma realizada al artículo 345 del Código Civil. La modificación al Código Civil se realizó con una argumentación que perpetúa los estereotipos de género. 

“Mientras las madres enfatizan el cuidado y la cautela, los padres acentúan el juego. De esta forma, los hombres estimulan la competencia, el desafío, la iniciativa y la independencia en sus hijos”, señala la exposición de motivos de la iniciativa presentada por la diputación priista pero que fue apoyada por todos los partidos políticos para ser aprobada. 

Según la justificación de esta reforma indica que es necesario que los hijos e hijas convivan con el padre y la madre para mejorar su desarrollo.

Ramírez García dijo que estas iniciativas se presentan debido a la necesidad de perpetuar los modelos de familia tradicional, puesto que los legisladores aún niegan otros tipos de familia.

“Un estilo de familia tradicional porque es el único que reconoce, coloca de manera estereotipada que las niñas y los niños necesitan de su padre y su madre en todo momento”, afirmó. 

Además, el mismo artículo 345 contempla la “manipulación” o “aleccionamiento parental” (incluida en noviembre del año pasado), que es una figura similar a la alienación parental que ha sido criticada por diversas activistas por presuntamente descalificar los casos de violencia familiar por una presunta alienación. 

La directora de CIDEM aseguró que es necesario que la diputación realice una modificación integral al Código Civil del estado y no continúen haciendo reformas que contravienen los tratados internacionales y vulneran a las mujeres y de la niñez.

Josefina Aguilar Pastor,

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 4 julio 2017.-Al menos mil 500 mujeres víctimas de violencia de la región de la Montaña, podrían dejar de ser atendidas de no haber una certeza en el funcionamiento del Centro Ciudad de las Mujeres, advirtió la diputada local Yuridia Melchor Sánchez.
La también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, señaló lo anterior durante su intervención en la que propuso un decreto de Creación del Centro “Ciudad Mujer” o “Ciudad de las Mujeres” en Tlapa de Comonfort. 
La legisladora llamó a los poderes Ejecutivos, Federal y Estatal, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 consideren partidas específicas destinadas a los centros de justicia para mujeres.
Incluso propuso que el Presidente Enrique Peña Nieto emita un Decreto de Creación del Centro y establezca qué Secretaría será la responsable de su administración.
Melchor Sánchez consideró necesario exhortar a la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, y al propio gobernador Héctor Astudillo Flores, para que en el marco de sus atribuciones coadyuven en la solución de este conflicto, el cual pone en riesgo el derecho de acceso a la justicia de más mil 500 mujeres indígenas, que son atendidas cada mes.
Durante la sesión de este martes, la diputada local perredista, llevó a tribuna, el conflicto que enfrenta el personal –en su mayoría mujeres-, que laboran en el Centro Ciudad de las Mujeres, a quienes les adeudan cuatro meses de salario, y pesa una amenaza de despido de la mitad del personal, aunado a un descuento del 50 por ciento a sus sueldos a las que conserven el empleo.
El objetivo principal de dicho centro, ubicado en Tlapa de Comonfort, es el de garantizar los derechos humanos y sociales de las mujeres mediante la prestación de servicios especializados en diversas materias, como salud, educación, autonomía económica, atención integral a la violencia, atención infantil, a mujeres víctimas de violencia, con un modelo de atención interinstitucional enfocado a las zonas indígenas y los municipios contemplados dentro de la Cruzada contra el Hambre.
El proyecto inició como un modelo en procuración de justicia a las mujeres, con una inversión de 121 millones de pesos en beneficio de 189 mil mujeres, de los 19 municipios de la región Montaña, que en su mayoría está constituida por población indígena y hablantes lenguas originarias. 
Sin embargo, debido a situaciones administrativas ha enfrentado diversas problemáticas por la falta de solvencia presupuestaria, señaló la diputada.
Además de que no existe certeza bajo qué lineamientos, programas y partida presupuestal debe operar, ya que en un principio dependía de la Secretaría de Desarrollo Social y ahora a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
La propuesta fue apoyada en lo particular por los diputados Ociel Hugar Trujillo y María Luisa Vargas Mejía, y aprobada por unanimidad por el pleno.

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 30 junio 2017.- La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez Valdez, afirmó que debido a que el gobierno federal “no da resultados”, es imperante trabajar con los estados para dar solución a los delitos cometidos en contra de periodistas.

Al informar de la reunión que sostuvo con el Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, para dar continuidad a investigaciones vinculadas con delitos cometidos en contra de la libertad de expresión en esa entidad del país, también consideró necesario que las autoridades federales hagan su parte, pues es “inadmisible el nivel de impunidad e ineficiencia” de las dependencias del gobierno.

Y señaló particularmente a la Secretaría de Gobernación (SEGOG), a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

A través un comunicado de prensa, Velázquez Valdez explicó que el acercamiento con el Fiscal General de Oaxaca obedece al seguimiento de los acuerdos alcanzados el pasado 14 de junio, como la creación de un Consejo de Periodistas que dé seguimiento a las carpetas de investigación, la creación de un Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas, y la celebración en este año de un Foro enfocado a la prevención de las agresiones y a las circunstancias de esa entidad federativa.

En la reunión de trabajo también participaron integrantes del Club de Periodistas Antequera A.C. y el diputado federal por Oaxaca, Luis de León Martínez Sánchez, del PAN.

Por otra parte, el pasado miércoles 28 de junio, la legisladora panista presentó una denuncia ante la PGR, contra el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por los “atentados perpetrados en detrimento de la libertad de expresión”.

La legisladora refirió que el 27 de junio, el gobernador acusó, sin aportar pruebas, al periódico El Norte por el supuesto cobro de notas publicadas, así como generar violencia con sus reportajes y también de publicar mentiras sistemáticamente, sin presentar prueba alguna, enfatizó la diputada. 

Velázquez Valdez advirtió que la censura, descalificación, amenazas e intimidación constituyen una “táctica añeja del priismo y un retroceso a la democracia mexicana que tanto trabajo nos ha costado construir”.

Calificó de “muy graves” las declaraciones del gobernador Rodríguez Calderón en las que afirmó que “a la libertad de expresión se le debe poner un alto”.

La diputada Brenda Velázquez destacó que el derecho a la libertad de expresión está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6º y 7º.
SEM/am/sje

Alicia Mendoza

SemMéxico, Cd. de México, 29 junio 2017.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) reconoció a la asociación civil Espacio Libre Independiente Marabunta, por sus acciones y contribuciones en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos en la Ciudad de México.

Luego de solicitar un minuto de silencio en memoria de periodistas, defensores y familiares de desaparecidos y personas asesinadas por la guerra contra el narcotráfico, Armando Miguel Barrera Rocha, líder de la organización, solicitó a la instancia legislativa cumpla con lo que la gente de la Ciudad de México espera: “la defensa de sus derechos, la protección de su vida, las condiciones para desarrollarse y crecer en felicidad”.

“Venimos a señalar la normalización de la violencia, su regulación sistémica. Venimos a reiterar nuestro rechazo a cualquier estrategia de desmovilización, se trate a través de golpes, acoso, intimidación o espionaje”, sostuvo durante la sesión solemne.

El trabajo de la asociación inició en el año 2000 con actividades sociales y civiles en la colonia Gabriel Hernández, de la delegación Gustavo A. Madero, además, trabajaron en el caso News Divine, también han participado mediante la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta como mediador y observador en manifestaciones sociales de la capital, y a favor de los derechos humanos de la población en general y de los migrantes, al lado del sacerdote católico Alejandro Solalinde.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, diputado Luciano Jimeno Huanosta, indicó que por primera ocasión se otorga la presea a defensoras y defensores de derechos humanos, para reconocer a quienes de manera organizada defienden los derechos humanos de las personas.

Jesús Armando López Velarde Campa, diputado por el Partido Movimiento Ciudadano, resaltó las cifras de Amnistía Internacional en su Informe Anual 2016-2017, donde se plasma que la desigualdad e impunidad son los principales obstáculos para el pleno ejercicio de derechos humanos en nuestro país. 

A diez años del inicio de la guerra contra el narcotráfico se sigue utilizando al Ejército en funciones propias de seguridad pública, continúa la práctica de la tortura, los malos tratos, las detenciones, y la impunidad en crímenes de derecho internacional. 

La diputada del Partido de la Revolución Democrática, Beatriz Adriana Olivares Pinal, afirmó que “organizaciones como Marabunta hacen gran parte de nuestro trabajo, y que no nos ofenda lo que digo, la autocrítica debe de ser un componente que debemos utilizar con mucha más frecuencia”.

En representación del Movimiento de Regeneración Nacional, la legisladora Minerva Citlalli Hernández Mora, señaló que México ha enfrentado profundas violaciones a derechos humanos, en eventos tan dolorosos que podríamos mencionar aquí en una larga lista. 

En medio de esta gran desesperanza y a pesar de ella, los y las defensoras de derechos humanos ponen el ejemplo todos los días sobre la responsabilidad de proteger los derechos, no solo como una norma poderosa que se cita en los discursos, sino como un principio de vida que se pone en práctica donde quiera y en todo momento.

Por el Partido Encuentro Social habló el legislador Carlos Alfonso Candelaria López y señaló que la Asociación, representada por Armando Miguel Barrera Rocha, se distingue por formar y consolidar los espacios incluyentes con las mejores condiciones para que deje de imperar la violencia y la delincuencia en los espacios de los jóvenes.

El Partido Verde Ecologista de México, Eva Eloísa Llescas Hernández, mencionó que la Carta Magna establece que todas nuestras autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos y que la manifestación de las ideas no sea objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, y es donde se centra el trabajo de las mujeres y los hombres pertenecientes a la brigada de paz Marabunta.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional Janny Robles Ortiz dijo la organización galardonada hace recordar y sacar del baúl de los recuerdos los lamentables episodios del extinto Distrito Federal; ellas y ellos que gracias a sus acciones “nos obligan a recordar que un 2 de octubre de 1968 y un 20 de junio de 2008 no se deben olvidar y jamás deben de volver a ocurrir”.

Miguel Ángel Abadía Pardo, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, dijo que el colectivo Marabunta sabe cómo organizarse y bajo qué lineamientos actuar en casos de violencia, señaló que la progresividad que caracteriza a esta brigada es propuesta bajo cuatro principios internacionales: neutralidad, imparcialidad, el humanitarismo y la independencia. 

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 29 de junio 2017.- La diputada Citlalli Hernández Mora, del Movimiento de Regeneración Nacional, solicitó al jefe de Gobierno, a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública locales, establecer medidas urgentes de prevención de asesinatos de mujeres en la Ciudad de México, que en solo tres años alcanzó más de 500 casos.

Durante la sesión extraordinaria, asambleístas discutieron puntos de acuerdo para establecer medidas urgentes de prevención de asesinatos de mujeres, feminicidio, secuestros y violencia de género contra las mujeres en la capital del país.

En ese sentido, Hernández Mora requirió garantizar una investigación con perspectiva de género en el caso de Blanca Estela, una joven de 17 años, encontrada sin vida en una cisterna del deportivo Carlos Zapata Vela, el pasado 16 de junio del año en curso.

Cuestionó el hecho de que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal sostenga que “no ve una razón de género” en más de la mitad de las muertes violentas de mujeres, a pesar de que el INEGI ha informado que entre 2012 y 2015 un total de 555 mujeres fueron víctimas de homicidios violentos en la Ciudad de México.

“El caso de Blanca Estela deberá ser, en un cálculo somero, la averiguación 301 por la comisión de un presunto feminicidio, apenas 300 casos en seis años y ni siquiera el 40 por ciento de los homicidios violentos contra las mujeres está considerado como feminicidio, según cifras oficiales”.

Hernández Mora urgió a otorgar garantía de justicia para las víctimas indirectas y que se garantice que todos los elementos policiacos de la Ciudad de México reciban capacitaciones continuas y suficientes en materia de actuaciones policiales con perspectiva de género.

La legisladora expuso que a pesar de que se han adoptado legislaciones específicas, se han puesto en marcha políticas públicas y programas para prevenir y erradicar la violencia de género, se han reformado los códigos penales para catalogar las muertes violentas de mujeres por razones de género como crímenes especiales, y se han creado unidades especiales de investigación, todas estas medidas no son suficientes, pues la impunidad sigue siendo la norma y no la excepción.

Se incrementó violencia de género

La diputada de MORENA reprobó el incremento de la violencia de género, lo que se demuestra con los cientos de testimonios de mujeres que son violentadas en el espacio público, pero el indicio más grave de la escalada de este tipo de violencia.

Son las noticias cada vez más recurrentes, dijo y recordó además del asesinato de Blanca Estela, el de Lesvy Berlín, el de Stephanie Magón, o el caso de una joven de quien aún se desconoce su identidad, subida a bordo de un taxi para ser golpeada mientras una ciudadana les seguía desde su vehículo tratando de ayudarla.

De igual forma, la ALDF aprobó un punto de acuerdo solicitado por la diputada Aleida Alavez para que el gobierno de la Ciudad de México aplique operativos de seguridad en el transporte público de Iztapalapa, debido a la ola de violencia que acosa a las personas usuarias desde hace meses.

Mediante el punto de acuerdo, la legisladora solicitó a las secretarías de Seguridad Pública y la de Movilidad, así como a la Procuraduría General de Justicia del gobierno capitalino, para que además de los operativos policiacos, se coordinen con los concesionarios del transporte público y establezcan mecanismos para combatir los asaltos de esas rutas que convergen en el paradero del Metro Constitución de 1917.

La asambleísta lamentó la inseguridad que azota a Iztapalapa y que las autoridades delegacionales hayan sido rebasadas por la delincuencia que se ha asentado en la delegación.

Afirmó que el alarmante clima de inseguridad que enfrentan quienes utilizan el transporte público en esa delegación, obliga a las autoridades capitalinas a emprender acciones para devolver la tranquilidad a las y los usuarios de las rutas 119, 37, 14, 32 y 35 que constantemente son asaltados con violencia en las unidades.


564 promedio de delitos diarios en transporte público

De acuerdo con el Informe Estadístico Delictivo en el Distrito Federal, que emite la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en abril 2016 se iniciaron 16 mil 947 averiguaciones previas y carpetas de investigación, lo que significa que se reportó un promedio diario de 564; en el mismo periodo de 2017, la cifra se elevó a 17 mil 135 averiguaciones.

En abril pasado, la delegación Iztapalapa registró dos mil 331 carpetas de investigación, lo que también representó un incremento con respecto de abril de 2016, del orden de dos mil 291; sin embargo, indicó, estas cifras no reflejan la realidad que se vive, porque un número indeterminado de delitos no se denuncia, en particular los cometidos en el transporte público.

Por otro lado, también se avaló un dictamen, propuesto por la Comisión para la Igualdad de Género, para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, al Metrobús y a los servicios de Transporte Eléctrico del Distrito Federal, dependencias todas del Gobierno de la Ciudad de México a capacitar al personal de sus instalaciones y vehículos, como responsables de aplicar las políticas o programas derivados de las estrategias 30/100.

Esta estrategia es en beneficio de las mujeres y niñas usuarias de los servicios públicos y para que, en caso de sufrir de acoso o violencia sexual durante su transportación en estos servicios públicos, el personal del transporte público pueda asesorar debidamente y acompañar a las víctimas para interponer las denuncias respectivas y brindarles los servicios de apoyo previstos en dicha estrategia.

Procurador capitalino debe informar

Asimismo, la ALDF aprobó un punto de acuerdo, presentado por la diputada Beatriz Rojas Martínez, de MORENA, para exhortar a Edmundo Porfirio Garrido Osorio, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a informar sobre el trabajo y avances en las investigaciones a cargo del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes, en un plazo no mayor de 20 días.

La legisladora recordó el caso de Luz Adriana Castillo Vázquez, de 19 años, quien salió de su casa el pasado 31 de marzo y ya no regresó; Wendy Vázquez, madre de Luz, asistió al Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes de la Procuraduría General de Justicia de esta Ciudad, en donde le dijeron que primero debía llamar a LOCATEL para reportar dicha desaparición.

Después de estudios se desprendió que Luz había sido asesinada desde el día de su desaparición y su cuerpo yacía anónimo en una plancha del servicio forense desde el 8 de abril, de lo que se desprende entonces que tardaron 18 días en notificarla y 18 días en que Wendy tuvo la angustia de no saber nada de su hija Luz. 

Ante esto, la diputada afirmó que los protocolos de localización y búsqueda de niñas y mujeres adolescentes, como la Alerta AMBER y el Protocolo Alba, son insuficientes para atacar la epidemia de desapariciones entre esta parte de la población, al citar datos de la Red de los Derechos de la Infancia de México, pues a pesar de contar con estos mecanismos no se realiza la búsqueda de mujeres y niñas con la debida diligencia porque no existe personal capacitado en la búsqueda de mujeres.

“Los organismos institucionales están desarticulados y además en la mayoría de los casos las autoridades desestiman la denuncia de las víctimas. En el caso de los adolescentes, niñas y mujeres, existe una intencionalidad reconocida, pueden ser víctimas de feminicidio o ser sometidas a redes de trata de personas, esto 72 horas da tiempo a que las puedan trasladar a otros países o estados”, afirmó.


Sin saber el paradero de 622 mujeres

Destacó que de enero el 2015 a junio del 2016, la PGJ de la Ciudad de México reportó mil 744 mujeres extraviadas y fueron localizadas mil mil 122, quedaron pendientes 622 que no sabemos a la fecha qué ha sido de ellas. 

Por lo que, mediante el punto de acuerdo solicitó un informe sobre “la capacitación continua de las áreas encargadas en la materia, con perspectiva de derechos humanos y género a que hace referencia el protocolo para la búsqueda inmediata de personas en situación de extravío o ausencia, en especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes en su acuerdo tercero y en su objetivo Vigésimo. Esto con el fin de que el personal, en específico de CAPEA, no se refiera al término de las 72 horas en espera para iniciar la búsqueda”.

Así como, se informe “sobre el estado que guarda el sistema de registro de personas extraviadas o ausentes, desagregando por sexo y por edad en lo que va de este año 2017. Acerca del funcionamiento de todos los mecanismos de coordinación y comunicación existente entre los entes públicos que integran el sistema de auxilio a víctimas dependientes de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad.

Además, “respecto a los resultados de las evaluaciones practicas al sistema de auxilio a víctimas, así como a las acciones que se hayan o estén llevando a cabo para subsanar o corregir en su caso las inconsistencias derivadas de dichas evaluaciones. Y qué acciones llevará a cabo PGJ en la capital del país para deslindar responsabilidades por la pésima atención que se está brindando ante un tema tan hiriente a la sociedad”. 

Redacción

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 28 junio 2017.- En tanto la diputada local de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, consideró que no debió haberse emitido la alerta de violencia de género, el pleno del Congreso Local, aprobó exhortar al gobernador del Estado, para que instruya a la titular de la Secretaría de la Mujer y al Secretario de Gobierno, para que den seguimiento a la emisión de la alerta.

Durante la sesión del pleno del Congreso local, la diputada local perredista, Elisa Hernández Valle, propuso un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Héctor Astudillo Flores, a fin de que las instancias gubernamentales antes citadas
creen el Sistema de indicadores de desempeño que les permita evaluar las metas trazadas por el ejecutivo estatal, y se reduzca la violencia feminicida y el feminicidio.

Durante el debate, Cisneros Martínez condenó que para lograr la declaratoria de alerta de género que fue hecha la semana pasada, tuvieron que morir cientos de mujeres y niñas, “mejor hubiese sido que nunca se hubiese emitido”.

Admitió que declaratoria de violencia de género en Guerrero exhibe el gravísimo nivel de la violencia contra las mujeres en Guerrero, pero reiteró que es la oportunidad para que “políticos sin escrúpulos la tomen como una oportunidad para sacar raja política y adjudicarse su impulso “pretendiendo llevar agua a su molino”.

La diputada de Morena se pronunció por el cese del feminicidio y la violencia contra las mujeres y niñas de Guerrero, “basta ya de paliativos y de simulaciones absurdas, el pueblo de Guerrero quiere solución inmediata a sus problemas y no solo saber que se están atendiendo”, dijo poco antes de votar en contra del punto de acuerdo que, en lo general fue aprobada por mayoría de votos de los diputados.

Antes la legisladora Elisa Hernández Valle hizo hincapié en el feminicidio y refirió que a nivel nacional en 2015, el 38 por ciento de las agresiones en contra de mujeres, tuvieron lugar en la vivienda.

Subrayó que a pesar de que Guerrero, es el primer Estado en contar con una Secretaria de la Mujer en el país, los resultados han sido magros y escasos, y acusó que las políticas públicas no son elaboradas desde una perspectiva de género.

También refirió la recomendación 19 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que menciona la responsabilidad de los Estados en la recopilación de estadísticas, la investigación de las causas y los efectos de la violencia, y de la eficacia de las medidas para prevenirla.

Cuando un Estado no se ocupa de medir este problema, no solo demuestra desinterés por proteger a mujeres, también propicia otro problema igual de grave: la impunidad, dijo la diputada.

Dijo que la invisibilidad del fenómeno del feminicidio significa impunidad, pues a partir ello, las posibilidades de procurar e impartir justicia se desvanecen; al omitirse la contabilidad de los cuerpos sin vida de las mujeres se entra en el círculo vicioso de la exención y la impunidad. 

Es importante e imperativo, agregó Hernández Valle, que el Ejecutivo del Estado realice un análisis “de forma crítica” de la política pública que implementa para brindar seguridad a las mujeres. 

“Se debe reconocer que la realidad de las mujeres en Guerrero es en extremo complicada, desde los índices de muerte materna, de la violencia de género, de la violencia obstétrica, violencia política y también la criminalidad, ya que no existe un solo municipio en Guerrero en el que no se presenten casos de violencia contra las mujeres. 

Consideró necesario llamar a las organizaciones no gubernamentales, para que podamos compartir esta responsabilidad, así como a los presidentes municipales donde se ha declarado de alerta de violencia de género en la entidad –Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Zihuatanejo, Ometepec y Tlapa de Comonfort-, para que integren un plan estratégico y se dé una respuesta a la problemática.

La diputada perredista también exhortó al Fiscal General del Estado, Javier Olea Peláez, para que en un plazo de entre cuatro y cinco meses fortalezca la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, ya que a la fecha no hay resultados. También pidió se consolide el Centro de Justicia para Mujeres, y se creen en los hechos las Agencias del Ministerio Público especializados en las ocho regiones de la entidad.

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 28 junio 2017.- La Red en Defensa de los Derechos Digitales presentó ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República el informe denominado #GobiernoEspía, en el cual se solicita que se transparenten, de manera inmediata, los contratos y la información relativa al proceso de contratación del malware Pegasus.

Al presentar el informe en el Senado de la República, Luis Fernando García, director ejecutivo de La Red en Defensa de los Derechos Digitales, afirmó que el estudio revela patrones de una vigilancia sistemática, porque los objetivos fueron atacados con una infraestructura de espionaje común, los mensajes de texto son muy patentes y hay un incremento en el número de intentos de infección durante coyunturas críticas del trabajo de los objetivos del espionaje.

El senador Zoé Robledo Aburto, presidente de la Comisión, dijo que el Poder Legislativo no puede ser omiso de un caso tan grave, por lo cual manifestó que la sola posibilidad de que el gobierno haya usado recursos públicos para espiar a particulares, sin autorización judicial correspondiente, amerita una investigación imparcial, autónoma y exhaustiva.

Destacó que el informe precisa que la afectación tendría un costo de 77 mil dólares por persona afectada, y el informe da cuenta de 12 casos, por lo cual se estima un total de 16 millones 632 mil pesos, “es decir, el 90 por ciento del presupuesto asignado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.

El gobierno podría estar gastando lo mismo en espiar a los periodistas, que en protegerlos, sólo por ese hecho, vale la pena generar un compromiso del Senado para acompañar una investigación independiente, exhaustiva, a un proceso democrático que nos permita llegar a las últimas consecuencias, ante “una de las mayores violaciones a los derechos humanos de las que tengamos conocimiento en los últimos años”.

Luis Fernando García informó que a través del envío de mensajes de texto, los cuales están diseñados para que la persona le dé click a un enlace que infecta el dispositivo con el “malware Pegasus”, a través del cual se pueden conocer las llamadas, mensajes, correos, chats, fotos almacenadas, contactos e inclusive se puede prender la cámara y el micrófono.

Es necesario conocer qué agencias del gobierno mexicano han adquirido licencias para la utilización del malware, así como la creación de un panel de expertas y expertos independientes, auspiciado por un organismo internacional que permita supervisar la investigación, “dado que la misma se encuentra en riesgo de caer en la impunidad”.

La senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo Gurza, afirmó que el espionaje contra civiles, es una forma de violencia, acoso e intimidación que no se debe tolerar.

Su compañera de bancada, senadora Laura Rojas Hernández recordó que varios legisladores presentaron un punto de acuerdo para que el Gobierno de la República, solicite la creación de un panel de expertos independientes en las investigaciones de este tema. 

El senador del PRI, Enrique Burgos García, coincidió en que este tema debe ser investigado.

Josefina Aguilar Pastor,

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 27 de junio de 2017.- Iván Pachuca Domínguez, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), propuso reformar el artículo 195 de la ley orgánica del Poder Legislativo, para crear una nueva comisión ordinaria, denominada Comisión de Familia y Desarrollo Humano.
Argumentó que la familia es considerada como institución fundamental para la transmisión de valores donde se cultivan los vínculos afectivos y se inician los procesos básicos que forjan la seguridad para el desenvolvimiento de la personalidad del individuo y sus patrones de conducta.
Y cuando esta institución no cumple con su función, el Estado tiene que invertir una gran cantidad de recursos financieros en remediar los males que su descuido, y entonces se requieren de más policías, patrullas, más cárceles, más casas hogar, asilos, orfanatorios, más presupuesto para labores asistenciales, más partidas burocráticas destinadas a cubrir tareas que la familia puede realizar, acusó el legislador panista.
También indicó que corresponde a los órganos legislativos federales y locales generar los espacios suficientes y necesarios para atender a la familia de manera especializada, así como dotar a la legislación con una perspectiva de familia que coadyuve al fortalecimiento de sociedades democráticas.
La nueva Comisión de Familia y Desarrollo Humano tendría el propósito de legislar con perspectiva familiar, realizar acciones parlamentarias encaminadas a defender, difundir y promover los derechos humanos de quienes integrantes de la familia; dar impulso a políticas públicas que incidan en forma eficiente y eficaz en la cultura de convivencia y respeto de la familia; labores que permitan la armonización y transversalidad con los tratados internacionales y regionales protectores de la familia,
También propone que podría apoyar a otras instancias legislativas relacionadas con el tema a través de informes, opiniones o resoluciones que contribuyan a que el Congreso del Estado de Guerrero cumpla a cabalidad con sus atribuciones constitucionales y legales en beneficio de la familia, entre otras.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Estudios constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminazación.

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 27 junio 2017.- La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez Valdez, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) “por las amenazas pronunciadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a las y los periodistas y activistas”.

En un comunicado, la legisladora del PAN declaró que no podemos permitir que se siga violando de manera impune el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, ni que el Ejecutivo federal amenace e intimide a los periodistas y activistas en el ejercicio de sus derechos y profesiones.

Consideró que el pasado 23 de junio, en un evento público, el titular del gobierno federal declaró que no aplicaría la ley en contra de quienes violaron el derecho de las personas que fueron espiadas, sino que “castigaría a quienes han acusado a su gobierno de haberlos espiado”.

La diputada panista aseveró que fueron generadas amenazas a quienes han denunciado los hechos de espionaje y explicó que como titular del gobierno federal, está actuando con excesos de su función, al tratar de intimidar a los profesionales de la comunicación.

Ante ello, Brenda Velázquez resaltó que no se puede permitir que el Ejecutivo “amenace e intimide a los periodistas y activistas en el ejercicio de sus derechos y profesiones”.

Consideró que su actuación es una demostración más del autoritarismo del gobierno y el desprecio por la libertad de expresión y el gremio periodístico; tenemos que ponerle un alto.

Por otro lado, la diputada Brenda Velázquez exigió a la PGR atraer el caso del periodista Salvador Adame Pardo, asesinado en Michoacán, esto dijo a través de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).

La diputada Velázquez Valdez subrayó que Adame Pardo es el décimo periodista asesinado de noviembre de 2016 a la fecha, por lo que llamó al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que se garantice la seguridad de las y los periodistas. Y al procurador General de la República para que se castigue a los responsables.

Destacó que en Michoacán aún siguen desaparecidos cuatro comunicadores: José Antonio García Apac (2006), Mauricio Estrada Zamora (2008), María Esther Aguilar Cansimbe (2009) y Ramón Ángeles Zalpa (2010).

Velázquez Valdez indicó que, entre febrero y mayo, desde la Comisión Especial se enviaron seis solicitudes de información sobre agresiones a periodistas al gobernador de Michoacán, al titular de la Procuraduría de Justicia estatal, y al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de los cuales no hemos tenido respuesta alguna.

La legisladora convocó al procurador de Michoacán, José Godoy Martín Castro, a que rindiera informe sobre las agresiones a periodistas en Michoacán el 22 y el 29 de marzo, y el 5 de abril. También informó que funcionario se negó a acudir a la Cámara de Diputados.

Finalmente, indicó que la Comisión Especial tiene un reporte de que el pasado 11 de febrero el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, lanzó amenazas a la reportera Alejandra María Martínez.

SEM/am/sje

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 22 de junio 2017.- La diputada Brenda Velázquez Valdez, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, presentó este miércoles una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PRG) «contra quien resulte responsable por el uso ilegal del malware Pegasus, que fue utilizado al menos en 76 ocasiones para espiar a periodistas, activistas y políticos».
En un comunicado, la legisladora del PAN dio a conocer que con la denuncia exige a la PGR realice una investigación exhaustiva para castigar a los servidores públicos involucrados en estos ataques a la libertad de expresión y a la privacidad de los comunicadores, y reiteró una vez más su condena a esta práctica.
“Consideramos que se trata de una táctica añeja del priismo y un grave retroceso a la democracia mexicana, que tanto trabajo nos ha costado construir”, afirmó la diputada por el estado de Nuevo León.
En la reunión que sostuvo el pasado martes con la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), informó que desde lunes 19 de junio, la instancia abrió una carpeta de investigación y posteriormente anexó una denuncia por un grupo de personas sobre el espionaje a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Sánchez Pérez del Pozo dio a conocer que la FEADLE recibió este lunes una denuncia por parte de un grupo de personas que fueron señalados en la información periodística del periódico estadounidense The New York Times y puntualizó que la investigación es por el delito de intervención de comunicaciones, y que las diligencias se harán de acuerdo con lo que marca la ley y contra resulte responsable. 
E informó que desde la creación de la FEADLE al 31 de mayo de 2017, se tiene conocimiento de 121 homicidios a periodistas, de los cuales 31 se presentaron del 2000 al 2006; 61, de 2007 al 2012, y 29 de 2013 a la fecha.
En esa reunión la legisladora federal condenó el uso de recursos públicos para espiar a periodistas y no para protegerles, “queremos que nos explique porque sí cuenta con presupuesto para espiar a periodistas y no para el mecanismo de protección, y aclare las actividades de espionaje que realizó la SEGOB a reporteros”, y adelantó que realizaría la denuncia ante la PGR. 
El lunes, el diario The New York Times publicó información sobre el espionaje del gobierno federal de México a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos, mediante un software llamado Pegasus que habría adquirido para investigar a criminales y terroristas.

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 22 junio 2017.- Académicas y representantes de organizaciones de defensoras de derechos humanos, coincidieron en los riesgos que implica la aprobación de la iniciativa de Seguridad Interior y al igual que la senadora Angélica de la Peña señalaron que la militarización de la seguridad pública no es la solución.
Al participar en el Conversatorio Seguridad Pública y Derechos Humanos, realizado en el Senado de la República, De la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que es urgente avanzar en el tema de la seguridad interior para regular la participación del Ejército e insistió en que los militares no tienen que hacer las tareas de la policía, sino que deben de estar en sus cuarteles.
La senadora Angélica de la Peña destacó que el Artículo 21 constitucional es muy claro al señalar que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, no a las fuerzas armadas.
En ese sentido, dijo es necesario regular la actuación de las fuerzas armadas con la Ley de Seguridad Interior y que el Congreso trabaje en la resolución de la crisis de inseguridad de manera pública y transparente.
Señaló que es importante que se fortalezcan las corporaciones policiacas para lograr que la sociedad se sienta segura y se garantice tranquilidad y la paz, y sobre todo que quienes cometen delitos sean llevados ante las autoridades.
La académica y politóloga Denise Dresser, aseguró que la propuesta de Ley de Seguridad Interior “busca una modificación constitucional para permitirle al Ejército que haga lo que pasó en Palmarito, pero que eso ya sea legal”, además, agregó esta ley también permitiría el espionaje contra periodistas y activistas.
Por ello, consideró que no debe haber un periodo extraordinario, ya que la Ley de Seguridad Interior no puede aprobarse “sin debate, sin las reglas fundamentales del parlamento abierto”.
No se puede construir un Estado Derecho sin policías funcionales, si permitimos que el Ejército mexicano cuente con cobertura constitucional para ampliar su actuación, acumular más poder y permitir la perpetuación de este contexto de seguridad con guerra, eso lo vamos a pagar, “porque cualquiera podrá ser detenido en un retén, convertido en un presunto culpable y acribillado como tal”. 
Citó que el mes de mayo pasado ya ha sido registrado como el más violento del sexenio de Enrique Peña Nieto y el peor en 20 años, ya que se registraron dos mil 254 homicidios dolosos y mil 246 culposos en todo el país, según con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Finalmente, Dresser preguntó: “¿Por qué seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos?”.
La investigadora Catalina Pérez Correa expuso que es inconstitucional lo que sucede hoy en México, de ahí que sean necesario herramientas y advirtió sobre el riesgo de las iniciativas que plantean una ley de Seguridad Interior, pues buscan legalizar la presencia del Ejército en las calles.
La investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) dijo que tenemos “en México es un estado de emergencia en distintas partes de la República, esto es lo que sucede cuando un Estado no tiene policías capaces de realizar esas labores”. En cualquier otro país se declararía un estado de emergencia, en lugar de hacer una ley que regule el hecho de que un estado en particular no tiene las capacidades para cumplir con sus funciones constitucionales de garantizar la seguridad pública para la ciudadanía de esa entidad.
Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, sostuvo que el debate en el país “debe ser si realmente las instituciones de seguridad y de justicia por sí mismas son suficientes, tienen capacidad, fuerza y profesionalismo para lograr el acceso a la justicia que requiere el país, y lograr revertir esta realidad de impunidad escandalosa”. 
Creemos que nuestras instituciones requieren la cooperación internacional. Creemos que las instituciones tienen que hacer su tarea, pero no es suficiente su capacidad y entonces hay que generar mecanismos, asentó. 
El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, señaló que aprobar una Ley de Seguridad Interior incrementaría las violaciones a derechos humanos, porque se ha demostrado empíricamente que el despliegue militar, lejos de reducir la violencia, incrementa los riesgos de abusos. 
Por su parte, José Antonio Guevara, también integrante del colectivo llamado Seguridad Sin Guerra, sostuvo que México debe tener una política de seguridad consistente con sus obligaciones constitucionales y respetuosas de los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano, “buscamos el regreso de México a la normalidad democrática, que se ha perdido por estas fallidas políticas de seguridad de los últimos años”.
SEM/AM/SJ