Francisco Ortiz Pinchetti
SemMéxico, Ciudad de México, 10 de abril, 2026.- El discurso oficial en México insiste prácticamente a diario en que los pueblos originarios son la prioridad ética y política del país. Sin embargo, los hechos documentados y los indicadores consolidados a este primer cuatrimestre de 2026 revelan una realidad persistente y contradictoria: la extinción de las lenguas y el deterioro de la vida comunitaria no se han detenido; por el contrario, se han profundizado bajo nuevas y complejas formas de abandono estatal que los discursos triunfalistas no alcanzan a ocultar.
Resulta cuando menos paradójica la energía diplomática y discursiva que los gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación —porque ya son dos— han invertido en exigir a España una disculpa pública por los agravios de la Conquista. Mientras se busca una reparación simbólica por sucesos de hace cinco siglos, el Estado mexicano elude su responsabilidad presente ante el despojo que ocurre hoy mismo, en tiempo real, contra las comunidades indígenas.
Y es que la retórica se concentra en las heridas del pasado para no tener que sanar las del presente; se reclama dignidad a la Corona española mientras se les niega justicia, seguridad y servicios básicos a los herederos vivos de aquellas civilizaciones.
El ejemplo más nítido de esta política de simulación lo tenemos hoy mismo frente a Palacio Nacional. Apenas este lunes, al caminar por el Zócalo capitalino, pude observar la instalación de las enormes carpas que albergan ya la jornada “Ciudad de México, Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas”. Del 5 al 14 de abril de 2026, la plaza principal del país se convierte así en una vitrina de color, danza y creatividad manual. Es la cara amable que el poder decide exhibir; sin embargo, esa escenografía de festivales y ferias artesanales funciona como un telón que oculta una realidad de marginación, violencia y despojo territorial que no cesa.
El folclor, visto así, es la máscara de la omisión.
El caso del ixcateco en Santa María Ixcatlán, en la región de la Mixteca Alta, funciona hoy como el síntoma más visible de esta patología nacional. Con la reciente pérdida de sus últimos guardianes lingüísticos —hombres y mujeres de avanzada edad que resguardaban una cosmogonía única—, esta lengua se encuentra en un estado de muerte funcional. No es un proceso natural ni una evolución inevitable de la modernidad, no: es el resultado directo de una estructura de Estado que, mientras se ufana de traducir cartillas de derechos a 67 lenguas y montar eventos en el Zócalo, permite que los territorios donde esas voces nacieron sean fragmentados por la carencia económica más elemental y la violencia impune.
En Oaxaca, corazón de la diversidad cultural en el país, el 31.4 por ciento de los hablantes de lenguas originarias reporta haber sufrido algún tipo de discriminación sistemática en instituciones públicas. Esta cifra explica por qué las nuevas generaciones optan por el silencio o el abandono definitivo de su lengua materna.
El español no se impone por una supuesta superioridad cultural, sino por una cruda necesidad de supervivencia ante un sistema judicial, de salud y administrativo que sigue siendo monolingüe en la práctica operativa. A pesar de las promesas de institucionalizar el bilingüismo, menos del 15 por ciento de la población indígena involucrada en procesos legales cuenta hoy con un intérprete certificado y conocedor de su variante dialectal específica.
El deterioro de la vida indígena es, ante todo, un problema de seguridad nacional y tenencia de la tierra. La vigilancia territorial de los pueblos originarios presenta actualmente 120 focos rojos activos en el mapa nacional, donde la presencia del Estado es nominal o inexistente. En entidades como Chiapas, Guerrero y Michoacán, la expansión y el control territorial del crimen organizado en estas regiones paupérrimas han forzado desplazamientos masivos que rompen el tejido social de manera irreversible.
Cuando una comunidad es expulsada de sus tierras ancestrales por la fuerza de las armas, la lengua pierde su contexto vital: los nombres de las plantas medicinales, la toponimia de los cerros y la narrativa de los rituales desaparecen, porque el territorio ya no pertenece a la comunidad, sino a la lógica del extractivismo criminal.
Este uso político de la identidad indígena, por supuesto, no es nuevo; pero en el actual contexto resulta especialmente contradictorio. El despojo de sus tierras los ha convertido en la reserva de mano de obra más barata del mercado global. Son los jornaleros mixtecos, triquis y nahuas quienes terminan en condiciones de semi explotación en los grandes campos agrícolas del norte. Para ellos, la lucha por el trabajo digno está ligada a la defensa de un territorio que les ha sido arrebatado sistemáticamente, a menudo bajo la complacencia de las autoridades que prefieren debatir sobre la historia colonial o inaugurar ferias culturales que intervenir en los conflictos agrarios y de seguridad que marcan la gestión de estos dos gobiernos.
La paradoja económica en las zonas indígenas es igualmente aguda en este abril de 2026. Según los datos más recientes, el 70 por ciento de esta población persiste bajo la línea de pobreza extrema, una cifra que apenas se ha movido en la última década. Si bien en muchos casos las transferencias directas de efectivo alivian el consumo inmediato, estas medidas asistencialistas no han logrado revertir las carencias estructurales. En regiones aisladas, como la Sierra Mixe, el acceso a una clínica requiere todavía trayectos de hasta ocho horas por caminos frecuentemente intransitables.
La soberanía alimentaria también se erosiona. La degradación de los suelos y la presión de los monocultivos industriales están desplazando la milpa tradicional, provocando una crisis sanitaria silenciosa: el aumento de enfermedades crónicas en poblaciones que anteriormente tenían dietas autosustentables.
El Estado llega, cuando llega, con programas de apoyo económico, meramente asistencia; pero no con políticas de salud preventiva ni con la infraestructura necesaria para tratar estas complicaciones en las propias comunidades.
El actual marco institucional, encabezado por el INPI, ha priorizado la gestión de símbolos y la entrega de bastones de mando sobre la protección real de derechos. Las consultas para grandes proyectos de infraestructura se mantienen como procesos de validación formal más que como ejercicios reales de autodeterminación. Se privilegia la ejecución de obra pública sobre el presupuesto destinado a la preservación lingüística de base comunitaria.
Un país cuyos gobiernos, que se autoproclaman «de izquierda», exigen disculpas al pasado mientras permiten que sus herederos vivos pierdan la voz, la salud y la tierra, está incurriendo en una contradicción histórica que la propaganda ya no alcanza a cubrir. La extinción de una lengua es la confirmación fehaciente de un fracaso de Estado en su deber primordial de proteger la pluralidad. La voz de los pueblos se apaga no por falta de voluntad, sino por la ausencia de condiciones mínimas para la vida digna en sus propios territorios. Válgame.
