- Un estudio de Lizette Sandoval y Gabriela García documentan la Necropolítica en escenarios del feminicidio sexual sistémico
- Revelan que la violencia criminal contra mujeres en esa entidad es grave
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 11 de mayo 2026.- El aumento de feminicidios en Sonora va ligado al aumento en las desapariciones de mujeres, en su mayoría de 29 a 38 años, cuyos asesinatos ocurren durante la realización de sus actividades cotidianas como ir al trabajo, al médico o cuando caminan por las calles, lo que normaliza el feminicidio en un contexto del crimen organizado, junto a la impunidad y revictimización, falta de investigación, corrupción y negligencia de las autoridades.
En el artículo “Necropolítica en escenarios del feminicidio sexual sistémico en Sonora, 2015-2024” publicado en el No. 124 de la Revista Secuencia del Instituto Dr. José Luis Mora, las investigadoras del Colegio de Sonora, Lizette Sandoval y Gabriela García Figueroa, documentan como el escenario de violencia criminal en Sonora representa uno de los contextos más graves y complejos del feminicidio contemporáneo.
También concluyen que la desaparición forma parte de este continuo de violencia como una herramienta central en los feminicidios sistémicos sexuales (fss), usada para ocultar el crimen, borrar identidades y desactivar las respuestas institucionales.
Destaca entre los hallazgos que en escenarios como el crimen organizado, hasta 78.4 por ciento de las víctimas habían sido previamente desaparecidas.
El estudio se realizó a partir de un análisis cualitativo, complementado con un análisis numérico de una base de datos propia. Se realizaron también cuatro entrevistas, dos a mujeres líderes de colectivos de búsqueda de personas en Sonora, un policía municipal de Hermosillo y una policía estatal de seguridad pública de la misma ciudad.
Detallan que la categoría de Feminicidio Sistémico Sexual (FSS) de la doctora Julia Estela Monárrez Fragoso -quien ha realizado estudios del feminicidio en Ciudad Juárez-, no se circunscribe al acto homicida, lo contextualiza en la trama social, política, cultural y económica que lo propicia. El contexto fronterizo, el gobierno, el proceso de industrialización y el sistema capitalista, así como el conjunto de instancias judiciales que violentan de forma sistemática a las víctimas y sus familias.
Cabe señalar que la necropolítica es el uso del poder social y político para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo otras deben morir, convirtiendo la muerte en una herramienta de control y gestión poblacional. Acuñado por el historiador camerunés Achille Mbembe, el concepto define la capacidad del Estado para decidir qué vidas tienen valor y cuáles son «desechables».
Cuando el Estado niega la busque, profundiza el despojo de humanidad
Las investigadoras señalan que hay desinterés estatal por las desapariciones de mujeres, fenómeno que se comenzó a incrementar en 2021, y que al vincularse con los feminicidios, le niegan el derecho a las mujeres a ser buscadas, profundizando el despojo de humanidad sobre los cuerpos feminizados.
Asimismo, las formas de asesinato (asfixia, calcinamiento, tortura, violación, exposición pública) no sólo dan cuenta de la letalidad, tienen además la intención de degradar, disciplinar y deshumanizar.
De acuerdo con la Base de Datos del Feminicidio en Sonora (BDFS), un aporte de la investigación, los escenarios del feminicidio sexual sistémico de 2015 a 2024 registran que las edades de mayor prevalencia en escenarios de pareja son de 21 a 39 años, tienen el 17 por ciento de antecedentes de desapariciones. Con días y hasta seis semanas hasta que se encuentran los cuerpos.
En escenarios de violencia comunitaria y sexual las edades van de 18 a 29 años, con 47 por ciento de antecedentes de desaparición. Localizan los cuerpos varios días y hasta una semana después, la continuidad de violencia son acoso callejero, acoso sexual, acoso laboral, violencia comunitaria.
En escenarios de violencia criminal y redes delictivas, las edades de mayor prevalencia van de 18 a 29 años con antecedentes de desaparición del 78.4 por ciento (mujeres y adolescentes fueron levantadas). Tardan meses y años en encontrar los cuerpos y hay prevalencia de violencia de acosos callejero y sexual, violencia familiar, violencia de pareja y violencia comunitaria.
Cajeme y Guaymas mayores niveles de impunidad
Los municipios de Cajeme y Guaymas registran los mayores niveles de impunidad. En Cajeme, de 88 casos de fss, sólo nueve por ciento ha sido judicializado, mientras que en Guaymas es apenas siete por ciento (equivalente a cuatro casos).
Hermosillo y Nogales presentan tasas de judicialización ligeramente mejores, con 27 y 26 por ciento, respectivamente, aunque estos avances están principalmente vinculados a casos en los que la comunidad ha protestado activamente.
En San Luis Río Colorado, sólo 28 por ciento de los casos ha sido judicializado, y ninguno de ellos está relacionado con redes delictivas. Sin embargo, aunque existe una correlación entre los municipios más importantes para los cárteles y los de mayor incidencia de fss, es importante destacar que también existen otros municipios con altos índices de homicidios y presencia de grupos del crimen organizado, pero con bajos índices de fss, como Caborca, Altar, Álamos y Benjamín Hill, entre otros.
Colectivas de Buscadoras
El perfil de las mujeres afectadas evidencia una diversidad de condiciones de vida: algunas trabajaban en maquiladoras, campos agrícolas, granjas camaroneras o empacadoras de pescado; otras eran empleadas, estudiantes o migrantes.
Se incluyen también casos de activistas y madres buscadoras asesinadas, como una mujer que operaba un comedor infantil y otra que formaba parte de un colectivo de búsqueda mientras buscaba a su esposo.
El grupo etario más afectado fue el de mujeres de entre 18 y 29 años, seguido por el grupo de 30 a 39 años, lo cual coincide con la etapa reproductiva y laboral activa (siete eran menores de edad).
Líderes de colectivos, como Cecilia Flores (Madres Buscadoras de Sonora), Cecilia Delgado (Madres Buscadoras por la Paz) y Nora Lira (Rastreadoras de Cajeme) han señalado que muchas mujeres desaparecen sin tener relación alguna con grupos delictivos. Son “levantadas” por su aspecto físico, como forma de castigo para sus parejas, o por encontrarse en el lugar equivocado. En palabras de Cecilia Flores: “las muchachas les gustaron, se las llevan y las botan después… otras son asesinadas por sus parejas, o levantadas junto con ellos, o bien, víctimas de trata.
Por su parte, Nora Lira expresó: “de cerca de 70 desaparecidas en Cajeme en dos años, solo han encontrado el cuerpo de dos. Las víctimas tienen rasgos en común: entre 17 y 25 años, bonitas, guapas y atractivas, sin relación aparente con bandas criminales”.
Feminicidios y desapariciones en Sonora se aplica una necropolítica
En el caso de la desaparición de mujeres, hasta la fecha no existe una narrativa institucional que la explique; es un problema invisible para las autoridades, por lo que en la práctica se permite, pues no existen diagnósticos ni programas de prevención.
Las narrativas institucionales sobre los feminicidios tienden a minimizar la dimensión de género en estos crímenes, atribuyéndolos a supuestos vínculos con el narcomenudeo o a relaciones con “malas personas”. Estas explicaciones oficiales refuerzan discursos revictimizantes y des responsabilizan al Estado, lo que contribuye a la impunidad.
Los datos presentados en este artículo resaltan el descuido, indiferencia, negligencia e invisibilización en la forma en que se (des)atienden los casos de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio.
La impunidad no es una falla del sistema, sino un mecanismo activo de producción de olvido, tal como lo indican los datos, acentuadamente en los escenarios de violencia criminal. Esta omisión institucional convierte a las mujeres en “vidas no lloradas” (Butler, 2009) y prescindibles, perpetuando su exposición constante a la violencia. La impunidad que este descuido propicia, permite y naturalizar dicha violencia en zonas de exclusión social, afectando a toda la comunidad.
La falta de castigo para los responsables y de justicia para las víctimas envía un mensaje de permisividad hacia estos crímenes, dentro de un contexto de gubernamentalidad neoliberal, que perpetúa un círculo vicioso entre la impunidad y la violencia sistemática.
Asimismo, al no disuadir a los agresores que ven pocas probabilidades de enfrentar consecuencias legales, también deja claro que la vida de las mujeres, especialmente de las que viven en condiciones de exclusión y marginalidad, no es motivo de preocupación para un Estado indiferente que, contradictoriamente, desarrolla prácticas necropolíticas de género en ciudades alertadas por violencia de género.
La Base de Datos del Feminicidio en Sonora (BDFS), constituye uno de los principales aportes de la investigación. Los criterios utilizados fueron la observancia del cumplimiento de al menos una de las ocho causales establecidas en el Código Penal del Estado de Sonora para tipificar el delito del feminicidio.
Advierten que antes no se reconocía los asesinatos violentos de mujeres como feminicidio, pero de acuerdo con los datos oficiales del SESNP entre 2008 y 2015, este delito aumentó y se mantuvo por encima de los 40 casos anuales. En los años posteriores hubo un descenso y se registra un nuevo aumento en 2019 con un pico en 2021, por lo que Sonora ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 45 casos anuales, y registra números máximos en 2023. Las cifras de este delito en Sonora han estado por encima de la media nacional desde 2018 (Comité Ciudadano de Seguridad Pública, 2023).
Es a partir del 2021 que las desapariciones de mujeres en la entidad han aumentado a un ritmo mayor que la de los hombres de acuerdo con colectivos de personas buscadoras. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF) ha documentado como las desapariciones de jóvenes y niñas están vinculados a los feminicidios.
Asimismo, desde 2021 se emitió la Alerta de Violencia de Género en seis municipios: Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Nogales, San Luis Río Colorado y Empalme.
SEM/em/sj
