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Opinión| Chiapas vive hoy el peor de los mundos posibles

Laura Castellanos*

SemMéxico/The Washington Post, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 28 de junio del 2022.- San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al sureste fronterizo de México, es la joya colonial turística más afamada del estado. El 14 de junio fue tomada parcialmente por dos grupos antagonistas de jóvenes indígenas armados —señalados como narcomenudistas—, lo cual revela el incremento vertiginoso de la violencia organizada en la entidad ante la ausencia de programas integrales de inclusión social, un Estado omiso y el fracaso de la estrategia de seguridad militarizada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Observatorio Ciudadano Chiapas advierte que las carpetas de investigación por narcomenudeo en el estado se duplicaron en seis años: pasaron de 724 en 2015 a 1,487 en 2021. Los primeros cinco meses de 2022 ya hubo 1,533, lo cual rebasa el total de 2021, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Chiapas es el estado con mayor pobreza en México y sufre diversas expresiones de violencia estructural, algunas entre comunidades, que colisionan o convergen de forma expansiva entre sí: mafias locales indígenas y otras internacionales que trafican drogas, armas, recursos naturales, población migrante y redes de trata sexual de mujeres y niñas; también autodefensas emergentes separadas por una línea frágil de grupos paramilitares, y agentes del Estado acusados de complicidad criminal o que cometen atropellos.

Tal convulsión social es resultado del racismo y la precarización histórica de los pueblos originarios —que representan la tercera parte de la población—, lo cual ha provocado desplazamientos internos forzados, cacicazgos políticos y paramilitares armados por las propias autoridades, así como conflictos agrarios añejos, la militarización de la entidad y la subordinación del gobierno mexicano a la política migratoria estadounidense, pues Chiapas es la entrada a México de la población migrante de América Central y del Sur .

El antropólogo y periodista Gaspar Morquecho me dijo en entrevista que los jóvenes participantes en los disturbios y detonaciones de armas largas en San Cristóbal provienen de los desplazamientos forzados políticos, que sucedieron hace más de dos décadas revestidos de un cariz religioso, provocados por el cacicazgo tzotzil del pueblo de San Juan Chamula, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Morquecho precisó que dicha población desplazada de origen tzotzil se asentó en 30 colonias de la periferia de la ciudad, y cientos de sus jóvenes fueron arrojados a la economía informal, crearon pandillas como espacios de inclusión, y comenzaron a delinquir y a enfrentarse por el territorio.

Los jóvenes son conocidos genéricamente como los “motonetos”. Acostumbran a trasladarse en duplas sobre motocicletas para moverse de manera ágil en la ciudad colonial. Pobladores de San Cristóbal los acusan de extorsionar, comercializar pornografía de mujeres indígenas, narcomenudeo, actuar como grupo de choque al servicio de intereses políticos y robar vehículos y autopartes.

Es probable que el fenómeno de otros “motonetos” indígenas o mestizos precarizados esté presente en otras partes del estado. En las carpetas de investigación abiertas en Chiapas por el delito de robo de vehículos, el Observatorio Ciudadano reporta que las de cuatro ruedas descendieron de 2015 a 2021, pero las de motocicletas aumentaron de 27% a 55%.

El investigador Gerardo González Figueroa, del Colegio de la Frontera Sur, me dijo que la condición fronteriza de Chiapas convirtió al estado en un espacio de trasiego y producción de mariguana en el siglo XX, pero que en el siglo XXI ha habido una ampliación de las mafias de poder local y transfronterizo, y que están en pugnas territoriales.

Agregó que en la última década los cacicazgos indígenas que monopolizaban el tráfico de aguardiente y refrescos pasaron a traficar productos piratas, armas y droga. Se hicieron enganchadores en redes de tráfico de personas, introdujeron el cultivo de la amapola, diversificaron sus rutas de trasiego y se hicieron sicarios de organizaciones criminales foráneas.

“Mi visión es pesimista”, externó. “Esto va a crecer más, todavía no vemos la cúspide”.

Este conglomerado de impunidades acontece en un estado en el que hay desplegados 12,830 elementos de las Fuerzas Armadas que, bajo la estrategia de seguridad militarizada de López Obrador, no realizan labores de vigilancia, persecución ni detención del hampa pero sí cometen detenciones arbitrarias e ilegales y abusos contra la población migrante centroamericana agravados por motivos raciales o de género.

Las Fuerzas Armadas, gobiernos municipales y el estatal también son acusados por organizaciones sociales de cobijar paramilitares. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) advirtió en un comunicado que en Chiapas está en ciernes una guerra civil provocada por grupos paramilitares, como el de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, beneficiados con apoyos gubernamentales, que secuestró a dos de las autoridades zapatistas en septiembre pasado.

La desatención gubernamental ante los conflictos agrarios y políticos antiguos ha sido otra fuente del paramilitarismo, lo que ha generado el desplazamiento forzado de 14,893 personas de Aldama, Chalchihuitán y Pantelhó, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

La omisión del Estado para prevenir y enfrentar con efectividad este conglomerado de impunidades prolonga y exacerba la convulsión social. El negarlo desde el poder es ejercer más violencia institucional.

López Obrador visitó Chiapas en marzo y anunció que había un descenso de los hechos delictivos en el estado por su estrategia de seguridad militarizada, mientras el gobernador Rutilio Escandón Cadenas le agradeció los apoyos sociales que han influido en “el buen comportamiento de la sociedad”.

De acuerdo con el presidente, 98% de los hogares indígenas en México son beneficiados por alguna ayuda social del gobierno federal, pero estas han sido cuestionadas por organizaciones indígenas por la opacidad en el seguimiento de sus resultados, su distribución selectiva y porque su carácter individualizado provoca el clientelismo y la desmovilización social.

Este asistencialismo tampoco genera transformaciones estructurales. Si bien la pobreza disminuyó, aumentó la vulnerabilidad por carencias sociales en Chiapas de 2018 a 2020, según los índices de medición más actuales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

El punitivismo tampoco genera transformaciones estructurales. El alcalde de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, me dijo en entrevista que están por librarse órdenes de aprehensión contra líderes “motonetos”. Al cuestionarlo sobre la necesidad de atender los detonantes que los llevan a delinquir, dijo que en julio realizarán una “asamblea general” y “foros” en los 49 barrios y colonias indígenas de la ciudad para escuchar sus inconformidades.

Si el gobierno municipal, estatal y federal no reconocen la gravedad de la realidad chiapaneca y trabajan juntos en políticas públicas integrales genuinas que incluyan a la sociedad, con una perspectiva de pueblos originarios y de género, ahondará la precarización, la conflictividad social y la violencia organizada. Yo no observo visos de voluntad para hacerlo. Atinadamente Morquecho, parafraseando al EZLN, describió que hoy Chiapas vive “el peor de los mundos posibles”.

*Laura Castellanos es una periodista independiente mexicana que escribe sobre temas de violencia social, autora del libro ‘Crónica de un país embozado 1994-2018’.

Texto retomado del The Washington Post

Familiares de Angélica Landa exigen pena máxima para sus feminicidas

  • Tras año y medio de proceso penal, se llevó a cabo la primera audiencia de la etapa del juicio oral.
  • Los restos de Angie estuvieron desaparecidos hasta que el 28 de junio del 2020

Mónica Gómez Hernández/ Información de Agencias

SemMéxico/Agencias, Chignautla, Puebla, 28 de junio del 2022.- Marisol Landa García exigió un castigo de hasta 140 años de prisión en contra de los feminicidas de su hermana María Angélica, joven asesinada hace de dos años en Chignautla, Puebla, ayer se dio la primera audiencia.

Tras más de un año y medio de proceso penal, ayer lunes se llevó a cabo la audiencia intermedia en la que validaron las pruebas que fueron presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) para posteriormente dictar una sentencia en contra de los presuntos responsables.

Ante esto, la hermana de la víctima, Marisol Landa exigió la pena máxima en contra de sus asesinos que podría alcanzar hasta 140 años. “No sabemos cuánto dure el juicio, no tenemos la fecha en que podemos terminar, es la pena que la ley dicta, nosotros solo estamos sumando”, expresó.

Sin embargo, la pena podría ser menor a lo esperado por la familia, pues se calcula que otorguen entre 50 y 60 años a los presuntos feminicidas, señaló.

“Lo que buscamos es que se haga justicia, porque hay una mujer a quien le arrancaron la vida, y quienes lo hicieron, lo hicieron con odio y con saña, yo no pido más, solo que en la competencia de cada uno, se de lo que a cada quien lo que corresponda”, expresó a las afueras del Centro de Justicia Penal de Puebla.

Antecedentes

Angie Landa García de 38 años de edad, cursaba la carrera de odontología en la Universidad Veracruzana, estableciéndose en Teziutlán en donde tenía un consultorio. Fue capturada por tres sujetos el 11 de enero de 2020 cuando se dirigía al santuario de “El Cristo” en el cerro de Chignautla, ubicado en la sierra nororiental del estado de Puebla, realizaba una caminata con su asistente, el novio de esta de nombre Iván y dos menores de edad, cuando tres hombres se la llevaron con armas de fuego. Iván intentó defenderla, pero fue asesinado a balazos.

Sus restos fueron recuperados hasta junio y tres meses después, fueron detenidos Santos N. alias “El Águila”, Valentín N. alias “El Balín” e Hipólito N, “El Apoli”.

Los hechos

La mañana del domingo 12 de julio a las 7 horas cuando la vieron por última vez al salir de su departamento ubicado en San Andrés Cholula.

La mañana del domingo 12 de julio del 2020 avisó a su familia que saldría con una amiga y dos amigos y perdieron comunicación con ella. La joven dejó de responder mensajes y llamadas en su celular.

Ante su desaparición, el jueves 16, familiares interpusieron una denuncia por su desaparición, además de difundir en redes sociales la ficha con los datos de la joven, que había salido de su hogar para vivir con una menor de edad en Cholula Puebla.

La fiscalía investigó la gente cercana de Angie Michelle Vera, joven de 19 años como la principal línea sobre el feminicidio que condujo a ubicar a los hoy 7 detenidos.

Se encontró que en su entorno había dos amigos de la víctima, uno de ellos con antecedentes de haber agredido a la hoy occisa y la menor con la que vivía había desaparecido.

El día del hallazgo del cuerpo de la víctima, el 16 de julio, la menor de edad se comunicó con su madre e informó que habían asesinado a su amiga y había sido testigo de los hechos.

Con fecha del 18 de julio la misma menor de edad volvió a comunicarse con su mamá y le informó que se encontraba en el Mercado Hidalgo. Los elementos de la FGE se trasladaron para localizarla, fue encontrada y llevada a la fiscalía, asistida con peritos en psicología se recabó su entrevista

El Proceso

Este lunes fue la primera audiencia de la etapa de juicio oral en el Centro de Justicia Penal de Puebla y los presuntos asesinos se encuentran en prisión preventiva imputados por los delitos de desaparición de personas, feminicidio y homicidio calificado, por lo que este 27 de junio inició el juicio, mismo que se estima que dure 15 días, pues 38 personas darán su testimonio.

Por ello acudieron familiares y un grupo de mujeres con playeras moradas, quienes exigen la pena máxima para los criminales.

Y de manera solidaria llegaron algunas militantes del PRD como Roxana Luna, una regidora de Teziutlán y una activista de Xalapa, Veracruz, para exigir justicia para Angie.

SEM/MG

Asamblea de Mujeres exigen frenar la violencia contra las mujeres en Foro Urbano Mundial

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  • La Paz es una condición indispensable para el futuro sostenible de nuestras comunidades: Asamblea de Mujeres del 11avo Foro Urbano Mundial
  • Manifiesto por la paz, para las mujeres.

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 28 de junio del 2022.-  El pasado 26 de junio las participantes de la Asamblea de Mujeres de las Cumbres, presentaron en Katowice, Polonia el Manifiesto por la Paz. Respaldado y firmado al final del 11avo Foro Urbano Mundial. Escrito y expuesto por todas las mujeres del mundo víctimas directas o indirectas de la violencia en todas sus manifestaciones.

La Asamblea de Mujeres  expone en dicho documento, en lo que se refiere a los conflictos bélicos, el deseo de que los gobiernos dejen de gastar recursos económicos en el complejo industrial militar y gaste ese dinero en paz, sostenibilidad social y cambio climático. Ya que la guerra está causando una destrucción ambiental increíble. Quieren que los presupuestos de defensa se utilicen para la paz y la sostenibilidad, no para la guerra y la destrucción.

Cabe señalar que muchas ciudades del mundo son hoy escenarios de destrucción, violencias, guerras y las participantes en la Asamblea de Mujeres arrancan un gran movimiento de mujeres “constructoras de paz”, para que se ponga sus propias fuerzas al servicio de las libertades, la democracia para lograr un alto fuego inmediato en todos los lugares de conflicto y para todas las negociaciones posibles de paz, porque la Paz es una condición indispensable para el futuro sostenible de nuestras comunidades y nuestros asentamientos humanos, afirman.

Asimismo, las participantes expresaron que se encuentran convencidas de que la Paz es la ausencia de guerra, pero también es el acceso de las mujeres y hombres de todas las edades a todos sus derechos humanos contemplados en convenciones y declaraciones, que los gobiernos de los países han firmado en el seno de las Naciones Unidas.

De igual manera condenaron cualquier expresión bélica, o amenaza de guerra, incluida la guerra fría, que ponga en peligro la integridad física y el acceso a una vida digna de cualquier ser humano.

Y destacan que en cualquier conflicto bélico las más afectadas son las mujeres de todas las edades, a lo que se suma a ser cosificadas como trofeos de guerra, una de las expresiones extremas de la discriminación de género.

Y expresaron su solidaridad y apoyo incondicional para las mujeres de todas las edades que habitan en territorios en conflicto, para quienes las participantes permanentes de las cumbres, exigen seguridad e inclusión en las iniciativas y misiones de paz, en el pleno respeto de la Resolución 1325 de la ONU y toda su agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

Exhortan a los países del mundo a construir ciudades de paz, que promuevan una verdadera sostenibilidad, protegiendo al medio ambiente y el equilibrio con las zonas rurales, que garanticen la autosuficiencia alimentaria, alimentos nutritivos seguros desde la producción, el transporte, la comercialización, el procesamiento hasta el consumo que se ve amenazada por los conflictos bélicos, la pandemia y desde hace tiempo, por el crimen organizado y los monopolios globales. Piden garantizar que las mujeres comerciantes tengan mercados inteligentes y seguros equipados con servicios públicos.

Manifiestan enorme preocupación por la decisión de los países avanzados de regresar a políticas de austeridad en 2022, en las que insisten desde hace más de 40 años. Un modelo económico que ha precarizado la vida en las ciudades, manteniendo a las economías con crecimientos raquíticos, extrema concentración de la riqueza, con modos de producción y consumo que erosionan el medio ambiente y con políticas no pertinentes que desvían recursos sistemáticamente para la guerra. El aumento en las tasas de interés no reducirá la inflación y solo provocará estancamiento y agobio en el Sur Global al aumentar su deuda externa.

Se recuerda, que la Asamblea de Mujeres pronuncia políticas macroeconómicas para reducir las brechas de desigualdad social y de género, sin otro límite que la capacidad de regeneración del planeta, de lo contrario los conflictos, incluidos los bélicos, se multiplican. Evitando que la vida humana y la del planeta sea sostenible.

Expresan el enorme deseo para que la convivencia de todos los pueblos del mundo se construya con el espíritu en que fue creada la Organización de las Naciones Unidas, nunca más un conflicto bélico de cualquier dimensión, y se realice con el sustento de los derechos humanos y las directrices de la agenda 2030.

En este sentido, puntualizan lo siguiente para lograr la paz en todos los lugares de conflicto del mundo y del conflicto geopolítico Rusia-Ucrania:

  • A la comunidad internacional, en particular a: la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), al Consejo de Seguridad, al Secretario General Antonio Gutiérrez, para restablecer completamente la Carta de la ONU  e implementar la Resolución de la ONU 1325   y la Recomendación general No. 30 de la CEDAW, sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos.
  • A la Directora Ejecutiva de ONU Hábitat, a todas las mujeres jefas de gobierno del mundo, a todas las mujeres que tienen responsabilidades de toma de decisiones a nivel regional, nacional y local, para estar al frente de las coordinaciones internacionales, regionales, nacionales de “mujeres constructoras de paz”, que involucren a las mujeres de base y a la sociedad civil de mujeres, para avivar un gran movimiento mundial que fomenta el diálogo entre las partes, garantice de inmediato un asiento a las mujeres en la mesa de negociaciones de paz, e insista en el desarme y la abolición de las armas nucleares de acuerdo con el Tratado de la ONU sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que entró en vigor el 22 de enero de 2021.
  • A los gobiernos de Ucrania y Rusia, a Volodimir Oleksándrovich Zelensky y a Vladimir Putin, para que se sientan en las mesas de negociación, usando el arma del diálogo, para un alto al fuego inmediato, y la protección inmediata de todas las mujeres y de las poblaciones civiles, las principales víctimas del conflicto.
  • A los dirigentes de la OTAN al gobierno de Estados Unidos y a los líderes de la Unión Europea (UE): al presidente de los Estados Unidos Joe Biden, a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al representante de alto nivel de la UE, Josep Borrell Fontelles, para que:
  • Activen realmente todas las diplomacias y promuevan pronto mecanismos de negociación para alcanzar la paz, garanticen el abastecimiento de alimentos en cada región y se logre un acuerdo de seguridad que proteja a todas las ciudades de los efectos desastrosos de la guerra.
  • Garanticen la participación de las mujeres en todos los procesos de reconstrucción posconflicto para “ciudades amigas de las mujeres”.
  • A los gobiernos y líderes de los países del mundo, para que impulsen cambios estructurales que garanticen una paz duradera y un desarrollo sostenible, junto con todos con políticas que favorezcan la creación de riqueza material de las naciones e individuos, mujeres y hombres; que protejan verdaderamente al medio ambiente; limiten la voracidad del capital financiero con una reforma de fondo de la arquitectura financiera global; detengan la producción y distribución de armamento; y terminen con la guerra fría recurrente.

SEM/MG

Se conmemoran 12 años del feminicidio de Mariana Lima Buendía, una lucha por sentencia con perspectiva de género

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  • Oportunidad histórica del Poder Judicial del Estado de México para dictar una sentencia que establezca la verdad jurídica con perspectiva de género  ¡No fue suicidio, fue feminicidio!, señala OCNF

Redacción

SemMéxico, Estado de México, 28 de junio del 2022.- Han pasado 12 años del feminicidio de Mariana Lima y en el marco de su aniversario luctuoso el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) señala que aún se sigue esperando una sentencia ejemplar, que mande un mensaje de que la violencia feminicida en México “no debe quedar impune por cualquier sujeto que cometa este infame crimen, no fue suicidio, fue feminicidio”.

En un comunicado explica que la investigación de los hechos fue iniciada bajo la hipótesis de un suicidio, que se robusteció con la falta de debida diligencia, las omisiones y negligencias de las autoridades investigadoras, quienes determinaron el no ejercicio de la acción penal en 2011, por lo que la señora Irinea Buendía Cortez, madre de Mariana y su familia, emprendieron una lucha que llegó al máximo tribunal del país, logrando que el 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictara la sentencia histórica Mariana Lima Buendía en el Amparo en Revisión 554/2013.

El OCNF destaca que la sentencia se ha convertido en un emblema de lucha y exigencia de justicia; es hoy un ícono necesario en los casos de muertes violentas de mujeres, las cuales deben de investigarse y juzgarse con perspectiva de género.

Y refiere que como defensoras de derechos humanos, reconocen la lucha de la señora Irinea Buendía y su familia, la cual ha sido fundamental para que su caso no quede en la impunidad; además que ha puesto en evidencia que muchos homicidios culposos y supuestos suicidios de mujeres son, en realidad, feminicidios.

También informan que en México, que en promedio son asesinadas 10 mujeres y niñas diariamente, como resultado del continuum de violencia presente en todos los ámbitos, como son la casa, la escuela, la oficina, la calle, el barrio, las iglesias, hoteles, entre otros, se hace necesario que la sociedad y las autoridades de los tres niveles de gobierno, principalmente de procuración y administración de justicia, conozcan y apliquen la Sentencia Mariana Lima Buendía que, entre otros estándares, ordena que:

  1.  Todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas con perspectiva de género; es decir, como posibles feminicidios y con base en los estándares de investigación más altos.
  2. En casos de muertes violentas, las autoridades deben explorar todas las líneas investigativas posibles -incluyendo el hecho que la mujer haya sido víctima de violencia de género- con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido.
  3. En todos los casos se deben preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia.
  4. La inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la re-victimización e impunidad, por lo que los responsables deben ser sancionados.

Por lo anterior, el OCNF, exige a las autoridades de procuración y administración de justicia de todo el país que:

  • Todas las muertes violentas de niñas, adolescentes y mujeres sean investigadas con perspectiva de género, es decir, bajo la hipótesis del feminicidio.
  • Se actualicen y apliquen los protocolos de investigación en la materia bajo los estándares de la debida diligencia, perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.
  • Implementen debidamente las medidas y órdenes de protección a víctimas y testigos, para salvaguardar su seguridad e integridad.
  • Fortalezcan las capacidades técnicas e institucionales para que el personal encargado de las investigaciones puedan desempeñar su trabajo en las condiciones idóneas y con los más altos estándares requeridos para combatir la impunidad.
  • Establezcan las medidas de atención y reparación del daño necesarias a los familiares de las víctimas, con especial énfasis en las niñas y niños en situación de orfandad ante el feminicidio de sus madres.
  • Garanticen el tratamiento respetuoso y sensible a la dignidad humana de las víctimas directas e indirectas del feminicidio.

Y le recuerdan al Poder Judicial del Estado de México, que tiene la oportunidad histórica de juzgar con perspectiva de género y emitir una sentencia que establezca la verdad jurídica desde los más altos estándares, considerando todo el material probatorio recabado por la hoy Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la coadyuvancia de la señora Irinea Buendía Cortez, su familia y sus representantes después de haberse emitido la emblemática sentencia Mariana Lima Buendía por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que dicte un precedente de no repetición.


SEM/MG

Aún existen obstáculos en la participación de las mujeres en el ámbito político: Alma Delia Eugenio Alcaraz

  • Existe la necesidad de establecer una sanción ante el incumplimiento de las designaciones en forma paritaria
  • Se debe fortalecer la declaración 3 de 3 contra la violencia de género para su eficacia, señala.

Josefina Aguilar Pastor 

SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero,  28 de junio del 2022. – Si bien hay avances en la participación política de las mujeres, en el Estado de Guerrero, aún persisten saldos pendientes, retos por cumplir y retos que consolidar, señaló la magistrada del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Alma Delia Eugenio Alcaraz. 

Al participar en el foro “La Fuerza Política de las Legisladoras Mexicanas”, organizado por la comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, dijo que dentro del crecimiento, ocupan un  lugar preponderante las reformas legales iniciadas en el siglo XX, que alcanzaron sus máximos resultados en el siglo XXI. 

Dijo también, que existen numerosos  obstáculos para que la participación de las mujeres en el ámbito político sea plena y en condiciones de igualdad, entre estos mencionó, la falta de corresponsabilidad de las labores no remuneradas y de cuidados; limitación o discriminación de género en el ámbito profesional y educativo; techos de cristal en los partidos políticos que impiden el acceso de las mujeres a las posiciones de poder, reproducción de estereotipos de género o violencia política en contra de las mujeres en razón de género; “llegamos al poder pero también se incrementó la violencia política”, remarcó. 

Para superar estos obstáculos, la magistrada señaló que las entidades federativas deben cumplir con el mandato de legislar en sus leyes secundarias la paridad en todo,  “ya es constitucional, se dio un tiempo a las entidades federativas para bajarlas en sus leyes secundarias, y no han legislado, no obstante que se aplica por ser un principio constitucional que se requiere en el marco jurídico local”, destacó. 

Asimismo, mencionó la necesidad de establecer una sanción ante el incumplimiento de las designaciones en forma paritaria en los cargos con decisión y de poder, al observar nombramientos donde ese se cumple la paridad y si no hay una sanción, continuará el incumplimiento de la norma. 

También propuso estudiar los puntos débiles de la reforma para fortalecer la figura de la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, introducirla como una causal de la anulación de la elección, como ocurrió en el municipio de Iliatenco. 

Fortalecer la declaración 3 de 3 contra la violencia de género para su eficacia; capacitar las candidaturas en materia de igualdad de género antes de iniciar el proceso de designaciones, se tiene que seguir incidiendo al interior de los partidos y esta capacitación tiene que ser antes, no dentro del proceso interno, ya que cuando se da de esta manera, los intereses políticos son vastos, resaltó. 

En ese mismo sentido, Eugenio Alcaraz consideró necesario fortalecer el liderazgo de las mujeres a fin de que la participación política de estas, no solo sea descriptiva sino que se convierta en una representación sustantiva a través de la cual las mujeres tengan una mayor participación en la agenda política nacional y local. 

Implementar medidas para alternar géneros en la gubernaturas, así como para la integración de los ayuntamientos respecto a las presidencias, detalló que hay muchas síndicas, casi un 60 por ciento de regidurías, “pero requerimos de la visión y la masa crítica en las presidencias municipales y ahí todavía tenemos un déficit considerable y necesitamos alcanzar la paridad”, agregó la magistrada  del TEE.

“Construir sociedades más justas, pacíficas e incluyentes, así como consolidar democracias sólidas, son fundamentales para llevar a cabo acciones que contribuyan a eliminar la brechas de género y fortalecer los derechos políticos y humanos de las mujeres, la participación de las mujeres en todos los espacios de  toma de decisiones. Es indispensable para el logro del buen gobierno, la democracia incluyente el fortalecimiento el estado de derecho, la consolidación de la paz, aceleración de la economía, la construcción de la sociedad más igualitaria. El desarrollo sustentable no se logra sin la participación de las mujeres”, puntualizó la representante del Tribunal Electoral del Estado, Alma Delia Eugenio.

SEM/MG 

CIEG UNAM lanza edición digital de libro sobre diversidad sexual

  • La obra de Guillermo Núñez tiene la intención de facilitar el tema a las personas de manera accesible y completa.
  • Investigadores y autor coinciden en que la educación sexual en México no abarca este tipo de temas

Astrid Espinoza

SemMéxico, Ciudad de México, 28 de junio del 2022.-  Con apoyo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG UNAM) y su Comisión Interna para la Igualdad de Género (CInIGEl), el investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Guillermo Núñez, lanzó de manera digital su libro titulado ¿Qué es la diversidad sexual?

Durante la presentación, que tuvo como escenario la recién remodela e inaugurada Biblioteca Jaime García Terrés, el autor del libro electrónico aseguró que su obra “hace un llamado a tomar en cuenta la profundidad del concepto, a entender que no todas las personas vemos lo mismo y nunca lo haremos, que se habla de diversidad como un caleidoscopio”.

“Es un libro que tiene la intención de facilitar el tema a las personas de manera accesible y completa, ya sea para informarse por primera vez o para profundizar en ello”, destacó.

El investigador César Torres, puntualizó que la obra escrita por Guillermo Núñez, tiene bastante vigencia y es necesaria para repensar el debate alrededor de la diversidad y disidencia sexo-genérica-afectiva. Asimismo, agradeció el aporte de la disidencia trans, que no estuvo presente en la edición del 2011, pero sí lo está en esta del 2022.

En su oportunidad, la investigadora del CIEG, Alí Siles, profundizó en la importancia del término de diversidad sexual: “es mucho más que un término, es parte de la configuración de la realidad; es político”, explicó. La obra de Núñez, agregó, permite que los lectores adviertan las diferencias socioculturales existentes y que, a partir de ello, se comprenda que es necesario cuestionarse constantemente. “Comprender la diversidad como un conjunto y no como la otredad”, manifestó.

Los participantes de este evento concluyeron que hay muchos retos en el presente, teniendo en cuenta que la educación sexual en México no abarca este tipo de temas, así como una urgencia permanente en seguir visibilizando y compartiendo información puntual y precisa.

El libro digital editado por el CIEG UNAM se puede adquirir en Libros UNAM.

SEM/MG

Cuatro mujeres fueron asesinadas en la penúltima semana de junio en Chiapas

  • Tapachula, entre los municipios con más feminicidios 
  • Del total de víctimas por Feminicidio del 2022, se tiene registrado que 8 eran madres.

Gabriela Coutiño 

SemMéxico. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 28 de junio del 2022.- Cuatro feminicidios sellaron la antepenúltima semana de junio en Chiapas. Olga, fue asesinada de un balazo por su ex esposo en Pueblo Nuevo Solistahuacán; a Celiflora, su pareja le disparó en su casa del municipio de Chicomuselo y después se ahorcó; en Bochil, el cadáver de una mujer fue abandonado a la orilla de un arroyo el sábado; el asesinato de una más de identidad desconocida de 30 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado a la orilla del río Suchiate en la frontera con Guatemala, son las víctimas más recientes de la violencia contra las mujeres.

De acuerdo a información del mecanismo, Alerta de Género en Chiapas, la violencia contra la mujer,  especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual, creció un tercio en la entidad. Tapachula presenta el mayor número de casos, le sigue Ocosingo, Pichucalco, Salto de Agua, estos últimos no tienen una declaratoria.

Pero la mayor incidencia delictiva contra las mujeres se presenta en los municipios de Comitán, Frontera Comalapa, Metapa de Domínguez, Mazatán, Amatenango Del Valle, Suchiapa, Huixtla, Benemérito de las Américas, Tuxtla Gutiérrez, Chamula, San Juan Cancuc, Juárez, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Villa Comaltitlán, Suchiate, Tapachula, Pichucalco, San Cristóbal de las Casas, Salto de Agua, Las Rosas, La Concordia y Ocosingo. 

De enero a mayo del presente año, se contabilizan 15 víctimas de feminicidio, mientras que en los primeros cinco meses del año pasado se registraron 24 víctimas.

Amas de casa, las víctimas de feminicidio

Las mujeres amas de casa, son las principales víctimas de feminicidio en Chiapas, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado y del mecanismo de Alerta de Violencia de Género dependiente de la Secretaría de Gobierno. 

De las últimas cuatro víctimas, Olga y Celiflora, se dedicaban al hogar. De la mujer hallada junto a un arroyo en el municipio de Bochil y la encontrada entre los matorrales del río Suchiate, las autoridades no han dado a conocer su identidad y ocupación. 

El pasado miércoles 22 de junio, el cuerpo de Olga Villatoro Gómez, fue encontrado en un terreno baldío cerca de un colegio del barrio Lindavista. Tenía golpes y un balazo en la cabeza. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Olga fue atacada por su ex esposo Alfredo quien huyó del lugar.

Celiflora, se encontraba el domingo 26 de junio en su casa en la colonia Raizal del municipio de Chicomuselo en la región de la Sierra, hasta donde llegó su esposo Jorge Alvarado para agredirla con un arma de fuego quitándole la vida. La Fiscalía General del Estado informó que horas después se localizó el cuerpo sin vida de Jorge, el cual pendía de un árbol ubicado junto a la cancha de fútbol del ejido Tapizala de la misma localidad.

De la víctima de Bochil, solo se cuenta con el reporte de la policía que señaló que el sábado 25 de junio a las 21:35 horas aproximadamente, localizaron en El Barrio Morelos a la orilla de un arroyo, el cuerpo sin vida de una mujer que presenta tres heridas provocadas por arma blanca, una en el cuello, otra en el pecho y la tercera en el abdomen.

El pasado 21 de junio, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer en estado de putrefacción a la altura del ejido Rayón a la orilla del río Suchiate, que sirve de línea divisoria entre México y Guatemala. El reporte de la Policía Estatal Preventiva consignó que la víctima tenía aproximadamente 30 años y “se le encontró en posición decúbito abdominal;  con signos de violación”. 

SEM/MG

Especialistas en Derechos Humanos piden cumplimiento a la ley y a las recomendaciones de la CEDAW

  • Sanciones a quienes no respeten la perspectiva de género.
  • La impunidad es una problemática estructural e incapacidad de las instituciones.

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 28 de junio del 2022.- En el 2021, se reportó la cifra más alta de feminicidios desde que comenzaron los registros en el 2015. Cabe mencionar que solo el 25 por ciento de los asesinatos se registran como feminicidios. Las desapariciones de mujeres alcanzaron un máximo histórico, al pasar de 1,894 a 2,795 en 2021. Según datos de La Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaria de Gobernación, la mayoría de las victimas están entre los 15 y 19 años de edad.

Casi 5 millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales; en el 97.3 por ciento de los casos de violación no hubo una denuncia o no se inició una investigación. El 99.7 por ciento de los crímenes de violencia sexual queda impune. (INEGI 2021).

Por ello, Patricia Galeana Herrera, fundadora y directora del Museo de la Mujer de la UNAM advirtió que hay una aceptación social de la violencia contra las mujeres propiciado por los atavismos patriarcales, por lo que planteo acciones prioritarias que se tienen que tomar para establecer el Estado de Derecho. La impunidad es una problemática estructural e incapacidad de las instituciones, aunado a la inacción del estado en los tres poderes y niveles de gobierno, expresó.

Lo anterior, se da dentro del conversatorio híbrido, “10 de junio de 2011. La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos 11 años después ¿Cuáles son los avances de los derechos de las Mujeres?”, organizado por la Federación Mexicana de Universitarias A.C y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La doctora Galeana refirió que México ocupa vergonzosamente el primer lugar de violencia sexual infantil en la OCDE y la desigualdad en la brecha salarial entre hombres y mujeres en México equivale al 50 por ciento, de acuerdo a datos del Foro Económico Mundial de Davos. Así como las acciones de nuestro país en derechos humanos, ya que México fue a la vanguardia en reconocimiento a los derechos humanos. Se detiene al estado para que no arrolle los derechos de la ciudadanía y se defiende la igualdad jurídica, en el siglo XIX con las garantías individuales. México abolió la esclavitud, también se dio la libertad de creencias y también fue a la vanguardia en incorporar a la Constitución de 1917 los derechos sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad. Pero fue a la zaga en los derechos de las mujeres y comunidades indígenas. 

A 11 años de la reforma constitucional sobre derechos humanos, que en nuestro país marca un antes y un después en los principios pro persona y progresividad, la violación a los derechos humanos de las mujeres siguen siendo una constante a pesar de que, desde el 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendó al Estado Mexicano, emprender acciones eficaces para acabar con la impunidad, como cumplir con la legislación, así como el conocimiento de los tratados internacionales para exigir su vigencia, la creación de políticas públicas afirmativas para promover una cultura de igualdad sustantiva. El considerar incluir la enseñanza de derechos humanos y el enfoque de género desde preescolar hasta posgrado. Reforzar la educación sexual en los programas desde quinto de primaria. Educación informal mediante la difusión masiva de contenido con enfoque de género y la construcción de nuevas masculinidades.

Por su parte, la doctora Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de la Catedra Unesco de los Derechos Humanos de la UNAM, coincidió con la doctora Galeana en que se requiere la aplicación de la legislación y el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Se requiere analizar, dijo, cómo se incumplen porque no se puede permitir ningún retroceso en los avances logrados y tenemos la responsabilidad de escuchar las voces de la cuarta ola feminista, que ya se cansaron y exigen acciones inmediatas ante la violencia contra las mujeres, que no tiene límites y sanciones a quien no respete la perspectiva de género sobre todo en los ámbitos jurisdiccionales.

También señaló que, tras la reforma a la Constitución, los derechos Humanos contenidos en los tratados internacionales adquieren el mismo nivel jerárquico que los derechos establecidos en la Carta Magna. Fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2013 al determinar que los derechos humanos constitucionales y de fuente convencional tienen rango constitucional, y son parámetros de validez de las demás normas del ordenamiento.

Además, decidió que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos será vinculatoria para los jueces nacionales incluso en aquellos casos en los que el Estado mexicano no se parte, con lo que se afianzo el llamado control de convencionalidad.

Atención en programas y políticas públicas: los temas de las recomendaciones

En un análisis de las recomendaciones internacionales de derechos de las mujeres, realizado por la Catedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, en el periodo de 1998 al 2019 en 65 informes, comprenden 3,485 recomendaciones en materia de derechos humanos, de las cuales 811 son recomendaciones exclusivamente de derechos de las mujeres, de estas, 316 son recomendaciones de violencia en razón de género. Se encontraron 426 temas y los más recurrentes son los programas y políticas públicas para la atención de la violencia en razón de género. 

Ramírez Hernández también mencionó que, en palabras del Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no solo son 10 feminicidios al día, también 10 mujeres son desaparecidas todos los días, lo que califico de un drama humanitario.

Consideró que la relevancia de la reforma del 10 de junio del 2011 permite cambios sustantivos porque se tienen el marco constitucional importante para el cumplimiento de las recomendaciones de los tratados internacionales y cambios en la educación que sean trascendentes.  

Asimismo, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, recordó que el pasado 10 de junio se cumplieron 11 años de la aprobación de la reforma constitucional al Artículo 1º que establece que, en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia carta magna y en los tratados internacionales de los que el país sea parte.

Esta reforma constitucional obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, señaló.

No hay límite para que las mujeres podamos avanzar: Luz María Mariscal Cárdenas

Luz María Mariscal Cárdenas, comisionada del INAI, expresó que se debe resolver la desigualdad, la violencia y el menosprecio a las cualidades, talento, capacidad y valor de las mujeres, lo que lastima a la sociedad entera, lastima a México.

Dijo que el conversatorio tiene como objetivo poner un alto en el camino como replantearnos políticas públicas que construyan escenarios de mayor equidad, de mayor oportunidad, reconocimiento y paz para las mujeres.

Como parte del INAI, dijo también, que se comprometen a seguir y a garantizar el acceso a la información de las mujeres como un derecho llave que les permita acceder a otros derechos y garantizar protección de los datos personales. “No hay que quitar el dedo del renglón, es tiempo de unidad de todas las mujeres. No hay un límite para que las mujeres podamos avanzar”.

Por su parte, Claudia Alonso Pesado, consejera del INAI se refirió a los antecedentes históricos de la lucha de las mujeres desde las primeras olas del feminismo y de las demandas por la educación, la liberación sexual y la participación política. Así como la Constitución de 1917 que establecía grandes derechos sociales, pero quedaban a la zaga los derechos de las mujeres.

También mencionó que la sentencia conocida como campo algodonero en 2009 es un momento jurídico muy importante que hace evidente que hay un contexto sistemático de la violación a los derechos humanos de las mujeres. Todos los planteamientos y reivindicaciones de las mujeres tomaron fuerza con la reforma del Artículo 1º de los Derechos Humanos.

Esta visión de interdependencia obliga a pensar en políticas integrales, de ahí que la Alerta de Violencia de Genero de las Mujeres ha sufrido modificaciones y la restitución de los derechos no los teníamos antes de la Reforma del 10 de junio, señaló. 

Finalmente, Pablo Navarrete Gutiérrez, especialista y consultor en Derechos Humanos, expresó que estamos en la peor crisis de los derechos humanos por una violencia social exacerbada, fuera de control por los grupos delincuenciales y en desamparo de la protección del Estado. 

Respecto a la Reforma del 10 de junio, dijo que vino a acelerar un proceso de reconocimiento de derechos que no ha estado en la misma proporción de las garantías en la protección de estos derechos. Una debilidad institucional de estos mecanismos que garanticen los derechos. 

SEM/MG

Abusos sexuales, bajo la lupa en el tenis femenino

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  •  Los escándalos sexuales siguen sacudiendo el ámbito deportivo.
  •  La Asociación de Tenis Femenino anunció que abrirá una investigación a dos de sus entrenadores más famosos.

Redacción

SemMéxico/EjeCentral, Ciudad de México.  28 de junio, 2022.- Después del caso de la tenista china Peng Shuai*, quien a finales del año pasado denunció a un alto dirigente de su país de haber abusado de ella, las jugadoras estadounidenses Andrea Jaeger y Pam Shriver señalaron esta semana haber sufrido abusos parecidos por parte de sus entrenadores a lo largo de sus carreras, cuando ellas eran jóvenes.

“Fui acosada sexualmente hasta 30 veces”, señaló Andrea Jaeger, una joven promesa que fue considerada una “niña prodigio del tenis” en la década de 1980 y que llegó incluso a ser la segunda mejor jugadora en todo el mundo.

Por su parte, Shriver escribió una columna para The Telegraph en la que declara que “Incluso para los estándares de las décadas de 1970 y 1980, lo que pasé con Don (Candy) estuvo claramente mal”, haciendo referencia a su entrenador, al que anteriormente había acusado de abusos emocionales y sexuales.

Por estos motivos, la Asociación de Tenis Femenino (WTA; por sus siglas en inglés) anunció que abrirá una investigación a dos de sus entrenadores más famosos. Como parte de sus esfuerzos por garantizar la seguridad y bienestar de las jugadoras, el organismo creó el puesto “director de protección”, una medida que fue bien vista por Pam Shriver.

“Tan pronto como la persona nueva esté en su oficina, estaré llamando a la puerta porque puedo ver una oportunidad real aquí”, escribió en The Telegraph.

La admisión de la facilidad con la que se pueden dar abusos y relaciones de poder entre las jugadoras y sus entrenadores fue también comentada por Vladímir Platenik, entrenador eslovaco con una larga carrera en el ámbito. “Nunca había visto tantos novios que también son entrenadores de tenis femenino como ahora”, señaló en el mismo medio británico.

El caso de Peng Shuai

La tenista china Peng Shuai observa durante la final de Big Air de esquí libre femenino el día 4 de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 en Big Air Shougang el 8 de febrero de 2022 en Beijing.Foto:Richard Heathcote-Getty

La estrella del tenis Peng Shuai apareció ante los medios de comunicación internacionales, asegurando a todos que en realidad nunca había acusado a un ex alto funcionario del Partido Comunista Chino de agresión sexual, y que la atención puesta en ella era un «enorme malentendido».

Su desmentido, en forma de una entrevista en persona muy controlada en la burbuja olímpica de Pekín; con el diario deportivo francés L’Equipe , fue la última de una serie de retractaciones que ha estado repitiendo durante meses . En la entrevista, Peng, quien es una de las atletas de más alto perfil de China, después de haber ganado dos títulos de dobles de Grand Slam, también pareció anunciar que se retiraba de la competencia internacional de tenis.

Hu Xijin, ex editor en jefe del tabloide nacionalista chino Global Times, resumió las expectativas de China de que las apariciones muy públicas de Peng deberían ser la última palabra sobre el asunto. “Los medios occidentales deberían respetar su propia explicación, como si fue agredida sexualmente”, tuiteó. «La propia explicación de Peng es más creíble».

Hu culpó a Occidente por haber «interpretado maliciosamente» la publicación de Peng en las redes sociales chinas en noviembre, en la que dijo que el viceprimer ministro retirado, Zhang Gaoli, la obligó a tener relaciones sexuales con él.

Sin embargo, expertos y activistas dicen que las negaciones de Peng solo generan más preguntas sobre si enfrenta amenazas o repercusiones por su acusación en las redes sociales. Además, argumentan que sus declaraciones no pueden tomarse al pie de la letra. “Los medios occidentales y el público en general reconocen fácilmente y con razón que todas las entrevistas y apariciones son un montaje, no genuinas”, dice Yaxue Cao, activista de derechos humanos y editor del sitio web chino de recursos China Change.

China tiene un historial de silenciar las voces que estropean la imagen del Partido y ha mantenido a raya la oleada de #MeToo a través de una fuerte censura de casos, incluido el de Peng. Como tal, no se debe culpar a Peng por sus apariciones públicas, dice Lu Pin, una destacada activista por los derechos de las mujeres chinas que vive en Nueva Jersey. “Culpar a Peng por esto cae en la trampa tendida por un sistema violento una vez más”, dice ella. “Debemos abstenernos de culpar a la víctima y de centrarnos en las acciones o palabras correctas o incorrectas de la víctima”.

Continúan las críticas al COI

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, habla con Peng Shuai antes de la final de Big Air de esquí libre femenino el día 4 de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 en Big Air Shougang el 8 de febrero de 2022 en Beijing.Foto Richard Heathcote-Getty

Los críticos han argumentado que el COI, como la organización internacional que más ha interactuado con Peng, debería exigir una investigación independiente sobre las acusaciones de Peng. Pero, el COI argumenta que sus poderes son limitados. “Somos una organización deportiva”, dijo el portavoz del COI, Mark Adams, a los periodistas esta semana en respuesta. “Y nuestro trabajo es permanecer en contacto con ella y, como explicamos en el pasado, llevar a cabo una diplomacia personal y tranquila, mantenernos en contacto con ella, como lo hemos hecho”. En cuanto a si se deben investigar las afirmaciones que hizo Peng contra el viceprimer ministro jubilado, Adams dijo que el COI no puede emitir ese juicio.

Leta Hong Fincher, autora de Betraying Big Brother: The Feminist Awakening in China, acusó al COI de empeorar la situación de Peng, y no mejorarla, con su participación. “Creo que el COI está traumatizando aún más a Peng Shuai al presentarla en apariciones públicas y entrevistas escenificadas, tratando de convencer al público de su bienestar”, dice. Cuando se le pidió un comentario, el COI señaló a TIME una declaración anterior que describía su reunión con los funcionarios del COI, pero no mencionó sus acusaciones.

Peng también comentó a L’Equipe que es poco probable que regrese al WTA Tour, poniendo fin a su carrera profesional de tenis competitivo a los 36 años. Citó varias cirugías de rodilla y la pandemia de COVID-19 detrás de su decisión: Desde el Abierto de Qatar en febrero de 2020, Peng no ha competido y dijo que tampoco se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. “Incluso si ya no participo en competencias profesionales, siempre seré una jugadora”

SEM/GM

Mayo, el mes más violento del 2022: 27 mil casos de violencia familiar

  • Violencia contra la mujer, tendencia con más de mil llamadas diarias al 911
  • La violencia en contra de las mujeres ha alcanzado niveles sin precedentes en México

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 28 de junio del 2022.- La actualización de la información sobre violencia contra las mujeres, la incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911 dado a conocer el sábado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han  dado cuenta del mayor pico en la incidencia de delitos de violencia familiar que superó los 27 mil casos.

Esa información señala que,  la incidencia de los delitos de violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar, cuya tendencia despuntó a partir de enero en los 300 casos, pero sólo en mayo llegó a los 545 delitos, que significó un alza del 23 por ciento  respecto a la ocurrencia de enero a mayo del 2021; mientras que en el número de violaciones hubo un aumento de más de 13 por ciento.

Las llamadas de emergencia por incidentes de acoso u hostigamiento sexual, también reflejaron la mayor alza desde enero del 2016, con un total de mil 347 llamadas, lo cual también se replicó con la mayor cantidad al 911 por abuso sexual y violencia contra la mujer, con una tendencia de más de mil llamadas diarias en mayo, al cerrar con 34 mil 719 reportes.

La violencia en contra de las mujeres ha alcanzado niveles sin precedentes en México. Durante mayo, el mes más violento del año, se registraron inéditos incrementos en diversos delitos que evidenciaron el mayor aumento de mujeres asesinadas, así como la mayor cantidad de mujeres extorsionadas de los últimos ocho años.

Aunque en mayo hubo una baja marginal del 4 por ciento  en el delito de feminicidio, la cantidad de mujeres asesinadas estuvo lejos de disminuir, pues en el caso de los homicidios dolosos se alcanzó un total de 272 víctimas, mientras que en el caso de las víctimas de homicidio culposo se llegó a las 349 mujeres. Es decir, 621 en 30 días, más de 20 diarias. En ambos casos, los mayores registros desde 2015.

La histórica alza también alcanzó otras incidencias, como fue el caso de la cantidad de mujeres extorsionadas, que inéditamente en mayo, registró un total de 400 víctimas, con lo cual ya suman más de mil 600 mujeres víctimas de ese delito en los primeros cinco meses del año, que no había superado las 330 víctimas hasta este 2022.

SEM/MG

Desobediencia| El fetichismo de los derechos humanos

Olimpia Flores Ortiz

SemMéxico. Ciudad de México. 28 de junio del 2022.- ¿Cómo nos situamos las personas frente al Estado?

A juzgar por la abulia demostrada en las elecciones 2022 en 6 entidades federativas, en las que el abstencionismo osciló entre el 47% y el 70%, la esfera del Estado no se siente de incumbencia propia.

¿Cómo si no ante las relaciones de desigualdad y de discriminación?  El abstencionismo es una suerte de resistencia pasiva y no constructiva. Es uno de los síntomas de nuestra anomia.

Si bien teóricamente se ha superado la noción de que el Estado y la Sociedad son esferas diferenciadas, lo cierto es que la sociedad mexicana no ejerce ciudadanía. No es consciente de cómo forma parte del todo así llamado Estado. No cree que le corresponde tomar parte en las decisiones, sino que es pasiva ante ellas. No hay principio de responsabilidad, sino desdén, rechazo, victimismo, ira. Nuestra mentalidad es colonizada e infantil. El Estado es el Padre y no se desafía.

En el poder y en la sociedad, hay mensajes ocultos que yo aventuro son vinculantes. De ahí el éxito del discurso hegemónico de dominación. Las creencias subyacentes -traídas del mito- impiden que el Estado sea laico y la sociedad razonable. Animan el control del cuerpo y el orden de la vida convertido en principios morales compartidos que producen cultura y tradición con norma y con Ley valiéndose de tecnologías de dominación.

Es difícil deslindar a la tradición del derecho. El arraigo de las creencias y la tradición inciden en la Ley a querer o no. Es un ejercicio complicado el poder separar a las creencias que son constitutivas del lazo social y también de las mentalidades; así como del código de principios que consagra la Ley.

Hay multiplicidad de causas, pero no toda causa es resistencia ni transformación. Precisamente porque no se puede deslindar el patrón del pensamiento mítico del pensamiento laico. Se oculta, se reproduce.

No toda causa quiere una transformación ni cuestiona de fondo. Un ejemplo es el del feminismo que no puede trascender al esquema binario heteropatriarcal, (la biología es la biología -dicen- y todo lo demás es anomalía) ni a la sacralidad del cuerpo propios de las religiones de un solo dios masculino, por supuesto. Ello determina a los objetivos y al trazo mismo de la estrategia que no puede ser más que excluyente (hay un dogma) y patrimonial (un concepto patentado). Pero no sólo, también produce paquetes de productos con demanda en el mercado privado y del gobierno, por aquello de lo políticamente correcto que requiere de modelos, talleres, conferencias, pontificaciones y descalificaciones. Una posición que desemboca en prohibiciones, castigos y exclusiones, por eso son abolicionistas y anti trans. Y no cuestionan al capitalismo.

Resistencia y discurso contrahegemónico

Siempre estarán jugándose en esa trama yendo y viniendo, cruzándose entre sí produciendo tramas infinitas. Resistencia al cambio por un lado y horizontes contrahegemónicos. ¿Cuánta resistencia y cuánta transformación? ¿Cómo resolver el carácter dual de la resistencia? ¿Es retardataria?  ¿Cuál transformación?

El horizonte es tan profuso como específico puede llegar a ser.

El movimiento LGTBQI+ es una expresión de radicalidad, sin duda. Cuestiona al orden simbólico. ¿Qué tanto? 

Un considerable tanto, pero todavía puede ser más específico y por tanto pertinente, encuentro el sábado en Facebook:

#Oaxaca Que hay contingente Indígena/Disidente antirracista, para la marcha de las 2 PM. ¿Que si le caemos?

*Más comunidad Disidente / menos pride pacifista*??

El proceso de mercantilización de los derechos

El código de los derechos humanos ha devenido en mercancía, son un producto más en el voraz y pernicioso mercado capitalista. Están el mercado de la promoción, el target del mercado para todo tipo de producto y como botín político. En tanto fetiche, la mercancía se banaliza, es canjeable, es publicidad. Y también es espectáculo.

Como paradigma, los derechos humanos no cuestionan a las relaciones de producción y su mercado. Tampoco cuestionan a la democracia que se pretende inherente a un sistema que institucionaliza la desigualdad.

La feria del fetichismo

La marcha del Orgullo del sábado 25 alcanzó una convocatoria nunca vista. Hay un bullicio social en torno a la cuestión LGTBQI+ que tiene su aspecto de fondo y su aspecto mercantil y espectacular. La causa ha sido enajenada, el espectáculo vende, la causa vende y a Claudia Sheinbaum se le antojó como botín político. Su valor de cambio es apetecible para los intereses.

La potencia transformadora se mediatiza. ¿Dónde queda la política? ¿Cómo se establecen ahora los términos de la demanda o más aún de la exigencia? La multitudinaria asistencia (se habla de cuando menos 250 mil) puede ser un espejismo. Responde a la publicidad, al pink washing o a una causa que convoca.

¿Cómo afectaría este espejismo la ruta de un movimiento que en su naturaleza contiene la pugna misma entre la emancipación de los valores y su reproducción?

En el contexto de las discriminaciones no germina ese sentido de compromiso que pudiera derivar de la identidad. Es decir, no hay posición política, sino abulia.

SEM/MG

SEGOB reconoce incapacidad para atender conflicto de huelga en Notimex

  • El funcionariado de Notimex tampoco responden al llamado de la SEGOB para dar atención a la huelga

Redacción

SemMéxico. Ciudad de México. 28 de junio de 2022.- Tras 28 meses cumplidos de huelga en Notimex, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), reconoció su falta de capacidad para establecer un diálogo conciliatorio con la dirección de la Agencia y  buscar un acuerdo de solución a la huelga, por lo que se vislumbra que el conflicto se alargará el resto del sexenio.

En un comunicado, las y los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), en Asamblea Permanente, rechazan cualquier planteamiento que esté fuera de la legalidad e informan que las y los trabajadores han demostrado en diversas ocasiones la legitimidad de sus demandas.

Asimismo, resaltaron que luego de la manifestación del pasado 21 de junio con motivo de los 28 meses de huelga en Notimex, una comisión del SutNotimex (representada por integrantes de los comités Ejecutivo y de Huelga, y de la Comisión de Honor y Justicia) fue recibida por los titulares de las Unidades de Gobierno y de Normatividad y Medios, William Castillo y Manuel Marroquín Pineda, respectivamente, quienes admitieron que el conflicto está empantanado por la negativa de la dirección.

Y reconocen, que el funcionariado de Notimex tampoco responde al llamado de la SEGOB para dar atención a la huelga, por lo que propusieron a las y los trabajadores que asuman el costo y presenten una propuesta de liquidación (que se presentaría al secretario de Gobernación, para su consideración), o de lo contrario, la huelga se extendería todo el sexenio.

Cabe destacar que dicho planteamiento, va en sentido contrario al compromiso del gobierno federal de respetar los derechos laborales y de huelga, así como la libertad sindical, de asociación y refleja un encubrimiento a las actuaciones ilegales que la Dirección de Notimex ha realizado en dos años y cuatro meses de huelga, informan.

También en el comunicado, señalan las y los integrantes del SutNotimex, que en la Asamblea Permanente, el planteamiento de las autoridades fue rechazado de forma unánime y se reiteró que el Sindicato estará en disposición de revisar cualquier propuesta que sea formal y en apego a la ley.

La huelga de Notimex cumplió dos años y cuatro meses, tiempo en el que los huelguistas (80 por ciento mujeres) han permanecido sin ingresos, en medio de la pandemia y han padecido la muerte de familiares directos, además de enfrentar la enfermedad, sin seguridad médica ni social, sin que hasta ahora se muestre ninguna voluntad ni empatía de las autoridades federales para los periodistas, profesionales de la comunicación y administrativos de la agencia de noticias del Estado.

SEM/MG

Aborto: ¿Por qué un retroceso de medio siglo?

Redacción

SemMéxico/SEMLac, Ciudad de México, 27 de junio de 2022.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el pasado viernes la protección del derecho al aborto vigente en ese país desde 1973, en una decisión histórica que permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo. Es el final de una antigua disputa por volver atrás el derecho al aborto en la Unión Americana.

El 5 de mayo pasado, Lola Liceras Ruiz y el Equipo de trabajo sobre los derechos de las mujeres en Amnistía Internacional, publicaron el siguiente análisis: el Tribunal Supremo de Estados Unidos se dispone a derogar el derecho al aborto vigente desde 1973, que fue ganado en una sentencia histórica de ese mismo tribunal a partir de la demanda de una mujer, Norma McCorvey, contra el fiscal de Dallas, que reclamó su derecho a abortar en ese estado.


La marea legislativa antiaborto en esa nación viene de lejos, a pesar de que la opinión pública es favorable al derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.

De acuerdo con diversos sondeos, siete de cada diez estadounidenses están contra revocar la ley actual. Porque lo que ha llevado a muchos estados a promover leyes restrictivas del aborto son decisiones políticas promovidas por el lobby antiaborto y tomadas por los gobernantes al margen de la opinión de la ciudadanía, en particular, de las propias mujeres y de su autonomía.


¿Qué consecuencias tendría revertir el derecho al aborto?


Actualmente hay 13 estados con normas restrictivas ya aprobadas, aunque todavía sin efecto, que entrarían inmediatamente en vigor al derogar la Corte Suprema la ley de 1973. Entre los que se encuentran: Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennesse, Utah, Wyoming y Texas.


En la mayoría de ellos, las leyes restrictivas –como la aprobada en Texas en septiembre del año pasado– prohíben abortar a partir de las seis semanas de embarazo, cuando todavía las propias mujeres no están seguras de estar embarazadas.


Además, la ley de Texas anima a la ciudadanía a ejercer de policía contra sus propios vecinos, vecinas y familiares, al ofrecer una recompensa de diez mil  dólares a quienes denuncien a cualquier persona sospechosa de ayudar a abortar.

Pero todavía más dura es la ley de Alabama, que prohíbe el aborto en cualquier supuesto a partir del momento en que «se sabe que la mujer está embarazada», sin ninguna excepción.

Según el Instituto Guttmacher, es casi seguro que 22 estados prohibirían el aborto una vez quede sin efecto la actual ley estatal, incluidos los ya mencionados y otros cuatro es probable que lo hicieran. Por el contrario, mantendrían la ley estatal 12 estados y, aunque otros 10 tampoco prohibirían el aborto, su población no tiene clínicas cercanas que puedan atender a pacientes de otros estados.


Así, en la práctica, millones de mujeres estarían obligadas a desplazarse a otros Estados para poder ejercer su autonomía personal y su derecho a decidir libremente sobre el embarazo y la maternidad.

El problema es que bajo la supuesta «libertad» de los gobiernos de cada Estado para legislar al respecto, se consagra la desigualdad para todas las mujeres de EE.UU. y la discriminación para las de menos recursos, para la población marginada, las más jóvenes, las migrantes y refugiadas.

Porque no olvidemos que las mujeres afroamericanas tienen tres o cuatro veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las blancas, y que Estados Unidos tiene la mayor tasa de mortalidad materna de los países desarrollados, en particular en los Estados con las leyes sobre aborto más restrictivas.

El derecho a la salud sexual y reproductiva

Negar el derecho al aborto implica negar un conjunto de derechos humanos, el derecho a la autonomía de la persona, a la salud e incluso el derecho a la vida. El aborto no es un derecho aislado, sino que forma parte del derecho más amplio a la salud sexual y reproductiva de todas las personas, a la igualdad social y económica. Penalizar el aborto no significa eliminarlo y las mujeres que se vean en la necesidad de abortar lo harán de forma ilegal e insegura.


¿Por qué se judicializa la libre decisión de las mujeres sobre su maternidad? Es muy difícil justificar por qué un gobierno no reconoce el derecho de las mujeres a decidir responsablemente sobre su maternidad y criminaliza la decisión de abortar.
La pregunta solo se puede responder desde los presupuestos patriarcales, que asignan un rol subordinado a las mujeres en todos los órdenes, con la pretensión de anular su capacidad de decidir, obviando que ellas tienen criterio y no son menores de edad.

Son las leyes penalizadoras del aborto las que las victimizan, al imputarles un delito. Porque no hay mayor discriminación de género, ni mayor anulación del hecho de ser mujer, que llevar al código penal el aborto. Precisamente porque la maternidad es consustancial al hecho de ser mujer, en todas las sociedades se ha puesto o se pone en cuestión el derecho a abortar.

¿Por qué peligra el derecho al aborto en Estados Unidos?

¿Por qué ahora la vuelta atrás en este derecho en países supuestamente garantes de los derechos humanos y de las libertades individuales, precisamente cuando se están produciendo avances en países que hasta hace muy poco prohibían totalmente el derecho a abortar?

También aquí la respuesta tiene que ver con que los derechos de las mujeres nunca están asegurados, porque cada conquista produce una reacción que intenta revertir los derechos ganados.

Estados Unidos es un ejemplo de donde se han producido cambios significativos hacia la tolerancia cero con el abuso de poder masculino en el acoso sexual hacia las mujeres a partir del movimiento Me Too, al tiempo que se extiende esta ola reaccionaria en relación con el aborto. En sentido contrario, la persistente movilización de las mujeres ha conseguido un cambio social y legislativo en países como Argentina o Colombia, para garantizar el acceso a abortos legales y seguros.

Cabe preguntarse también cómo es posible que sociedades muy permisivas con la violencia sexual hacia las mujeres, incluso cuando esta pueda ser la causa de embarazos no deseados, sean a la vez negacionistas del aborto y sus gobiernos lo prohíban, como sucede en algunos países centroamericanos como Nicaragua y El Salvador.

O cómo se convive con la contradicción legislativa en países como Malta, presentado como modelo por su ley de autodeterminación de género, al tiempo que prohíbe abortar a las mujeres en cualquier circunstancia, incluso en caso de violación o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la embarazada. También aquí la respuesta tiene que ver con la discriminación de las mujeres por el solo hecho de serlo.

Si finalmente el Tribunal Supremo de Estados Unidos deroga la Ley que garantiza el derecho al aborto seguro en todo el país, dejando que cada estado establezca sus propias regulaciones, se rompe con la igualdad de derechos, se promueve la fragmentación, el particularismo, la polarización social y, en definitiva, se quiebra el principio de universalidad al que tienden los derechos humanos, en este caso a costa de discriminar a las mujeres.

Amnistía Internacional tiene abierta una recogida de firmas en su web para exigir a Estados Unidos que proteja el derecho al aborto. ¿Nos ayudas con tu firma?

Palabra de Antígona| Matan más de 20 mujeres al día

Sara Lovera

SemMéxico, Ciudad de México, 27 de junio, 2022.- Desde los años 70 las feministas apostamos a cambios profundos: democracia en la familia, no sólo castigar a los agresores, procurar el cambio cultural y de pensamiento para abatir el machismo y el uso indiscriminado de la violencia en todos los espacios. Sabíamos muy bien que era inevitable que el ambiente violento afectaría dramáticamente a las mujeres; o sea, a más de la mitad de la población.

Sin trabajar por esos cambios deseados en las relaciones sociales, todas, todas las mujeres íbamos a quedar sometidas a una espiral de agravios, donde quiera que viviéramos o nos desarrolláramos, y seríamos inevitablemente el receptáculo de la lucha violenta entre hombres por el poder.

En aquellos años todavía no sabíamos nombrar ni conceptualizar al feminicidio como el extremo de la violencia contra las mujeres.

En estos días constatamos que el país está bañado en sangre, con actos de violencia y masacres que impactan en cada comunidad, casa, escuela, trabajo, y que ahí estamos las mujeres. No se da entre bandas o cárteles; sucede en cada recodo del camino y —por tanto— en cada sitio donde las mujeres estamos. Hay una ficción en la que insiste el oficialismo: disminuyó el feminicidio, porque mañosamente manipula los datos. A cambio, está en el abandono toda política de prevención.

El sábado pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que los asesinatos de mujeres en el país durante mayo marcaron un récord, con 621, un máximo histórico. Se trata de 272 víctimas de homicidios dolosos y 349 homicidios culposos. No se sumaron 385 asesinatos considerados feminicidio.

Esta narrativa engaña y no coloca el problema y la desgracia en su justa dimensión. Ya estamos en ese escenario que temíamos. El “avance de las mujeres”, por su participación creciente, en todas las actividades sociales, nos ha colocado en una situación de alto peligro. El Estado está rebasado, el gobierno sin respuestas y la sociedad cada vez más dividida y expuesta en todos los rincones del país. Es suficiente leer los reportes, informes y noticias.

Somos asesinadas en medio de los “enfrentamientos”, de las riñas familiares, comunitarias, de los cárteles, de las masacres, de los robos, los secuestros, las balaceras, en medio de una cotidianidad criminal que rebasa toda interpretación. ¿Dónde se declara feminicidio y dónde el asesinato que se califica de doloso o culposo?  Un enredo que conviene a quienes son responsables de actuar y que ofrecieron que entraríamos a una época de recuperación de la paz. Encima, un sistema de justicia hecho pedazos.

Pero ahí están las cifras. Por ejemplo, el SESNSP en el detalle dice que desde el inicio de la pandemia, la violencia familiar aumentó en la Ciudad de México, la cual hoy liderea al conteo a nivel nacional en lo que va de 2022. Pero se disparó en 41 por ciento entre 2020 y 2022.

De abril a mayo, las víctimas mujeres de homicidio doloso aumentaron 21.4 por ciento, al pasar de 224 a 272 en números absolutos. En los primeros cinco meses de 2022 sumaron un total de 3 mil 105 asesinatos de mujeres, considerando homicidios culposos y asesinatos dolosos, más 385 feminicidios. O sea, no hay previsión, no hay recursos para los refugios y disminuyó al mínimo la tarea de prevención. Las autoridades mienten sistemáticamente. Veremos…

*Periodista, directora del portal informativo SemMéxico.mx

En México 8 de cada 10 mujeres privadas de su libertad, fueron víctimas de violencia en su proceso judicial, revela el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual

  • La indagación mostró que en el 80 por ciento de las violaciones sexuales y a los derechos humanos, los perpetradores fueron agentes de seguridad del Estado Mexicano.
  • 48 por ciento de las detenidas en esta administración.

Sara Lovera

SemMéxico. Ciudad de México. 27 de junio 2022.- Se confirmó que el mal trato y la tortura sexual, el abuso y las agresiones a las mujeres hoy privadas de su libertad es un problema que existe, – las entrevistas se hicieron en octubre de 2021 con presas de hace 4 años y más-; igual se constató que son los cuerpos de seguridad los perpetradores, en el 37 por ciento de los casos esas autoridades han ejercido tortura sexual contra ellas; en el 42 por ciento de los casos los responsables son integrantes de los ministerios públicos.

Entre 2006 y 2001 se denunciaron 13 mil 293 quejas de tortura por presas de las cárceles mexicana o simplemente detenidas, de las cuales casi 400 fueron de tortura sexual, 221 de violación, más, golpes, retención ilegal antes de ser presentadas al ministerio público, mal trato en los ministerios públicos y violación a sus derechos humanos en más de 10 formas.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, presentó ese diagnóstico y   resumió la responsabilidad de los funcionarios del sistema de justicia, que afirmó es un desafío para enfrentarlo. De la lectura del resumen ejecutivo del Diagnóstico se desprende el número de quejas. Encinas anunció que están por resolver y dar libertad a 38 mujeres en las cárceles, precisamente por violación a sus derechos humanos.

El documento hecho por la autoridad, muestra, una verdadera tortura, dijo el funcionario, y afirmó que este flagelo sí existe, más allá de datos estadísticos, la constatación de hechos obliga al Estado Mexicano a erradicarlos.

EL DOCUMENTO

El diagnóstico de 231 páginas, reporta algunas cuestiones lamentables. Habla con números y entrevistas de una situación estrujantes,  también habla de lo que pasa en la cárcel donde están recluidas actualmente, según el documento, 12 mil 625 mujeres, de las cuáles se entrevistó sólo al 10 por ciento; las gráficas de lo hallado indican que la tortura comienza desde el momento de la detención, hasta la vida dentro del reclusorio, además de que son extorsionadas, obligadas a trabajos pesados y  discriminadas; solamente la mitad de ellas tiene sentencia y el 69 por ciento no tiene ayuda legal.

La indagación fue ordenada por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras los abusos sexuales y la tortura que sufrieron al menos 50 mujeres detenidas en mayo de 2006 en Salvador Atenco, de las cuales 31 refirieron haber sido agredidas sexualmente por la policía que actuó ahí.

De ellas, 11 que llaman sobrevivientes, presentó el Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México, y siguió su denuncia hasta las últimas consecuencias. Ya este gobierno les hizo una disculpa pública. Y esta mañana dos de ellas, reconocieron que este diagnóstico, 15 años después, pone en blanco y negro lo que sucede con las mujeres, que por alguna razón son detenidas y llevadas a las cárceles.

Ese caso  reconoce como víctimas sobrevivientes de tortura sexual a Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara ltalia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. 

El estudio oficial señala que  a través de mil 280 entrevistas a mujeres privadas de libertad en 66 penales distribuidos en las 32 entidades de la república,  se da cuenta de la compleja condición que las mujeres enfrentan cuando están involucradas en hechos delictivos, se identifican las condiciones sociales, económicas y culturales a las que se enfrentaban previo a su detención, se identifica que muchas de ellas no cuentan con solvencia económica, no son tomadas en serio por sus defensores y en los centros penitenciarios son abandonadas por sus familias.

Se describe con detalle, que 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual, en las diferentes etapas del proceso, como el arresto y traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, traslado y estancia en centro de reclusión y la etapa de juicio.

El porcentaje de las detenciones de las mujeres entrevistadas respecto a los años se resume de la siguiente manera: el 48.82 por ciento ocurrieron de 2019 a 2021; el 31.53% de 2013 a 2018; el 15.46% de 2006 a 2012; el 3.04% de 1992 a 2005; y el porcentaje restante no proporcionó información.

Se pone en evidencia la limitada capacidad institucional para perseguir, investigar y sancionar esta cruel práctica, como lo es la violación sexual, el abuso, las humillaciones a las supuestas responsables de algún delito y de una vida carcelaria que viola los derechos humanos.

Dice el estudio que, al conocer las historias de vida, se detectó que sus historias están transversalmente marcadas por un miedo permanente a ser agredidas de nueva cuenta.  Además, la indagación publicada coloca en la agenda pública a la tortura sexual como un problema prácticamente invisibilidad, además de fallas estructurales en el sistema de procuración e impartición de justicia

Reconoce, nos permite identificar los retos de la administración pública y los desafíos que como sociedad debemos superar, en donde la corrupción, la inseguridad y la violencia mantiene como rehenes a las personas más pobres, marginadas y desvalidas, quienes han sido históricamente las víctimas permanentes de la violación a sus derechos humanos.

La encuesta se aplicó en 66 centros penitenciarios, 19 femeniles y 46 mixtos, ambos del fuero común de las 32 entidades federativas del país; así como un centro femenil del fuero federal. La mayoría de las mujeres entrevistas están procesadas o sentenciadas por delitos del fuero común.

Participaron en la investigación 100 servidoras públicas, organizadas en 20 equipos de entrevistadoras. La aplicación de la encuesta se realizó en dos fases, la primera comprendida del 25 de octubre al 5 de noviembre de 2021 en 29 entidades del país, y la segunda, los días 7 y 8 de diciembre de 2021 en las entidades de Tlaxcala, Guanajuato y Morelos.

De las 220 mil personas población privada de la libertad en centros penitenciarios del país en 2021, solo el 5.7% de la población son mujeres, siendo el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Baja California las entidades con mayor número de mujeres en centros penitenciarios.

LA ENCUESTA NACIONAL DE POBLACIÓN PRIVADA DE SU LIBERTAD DE INEGI

El diagnóstico recoge información de la ENPOL que estima que 39.5% de la población privada de la libertad fue detenida en los últimos 4 años, mientras que solo el 8.7% fue detenida hace 16 años o más. El 6.8 por ciento de las mujeres entrevistadas señaló haber sido juzgadas por algún delito de manera previa a su reclusión actual, el 44.4 por ciento señaló que estuvo recluida 6 meses o menos.

 El 20.7% de las mujeres privadas de la libertad con antecedentes penales fueron sentenciadas previamente por delitos de posesión ilegal de drogas, robo a negocio, comercio ilegal de drogas y robo de vehículo principalmente. En la mayoría de los casos las mujeres encuestadas señalaron haber sido objeto de alguna agresión, en el 54.8 por ciento fueron esposadas, en el 48 por ciento los agentes aprehensores utilizaron la fuerza física para someterlas, al 31.5 por ciento las amenazaron con algún tipo de arma y en el 11.5 por ciento le causaron alguna lesión grave.

Informa la encuesta que el 22.1 por ciento fue desvestida, el 27.5 por ciento fue presionada para denunciar a un tercero.

Para conocer el diagnóstico que incluye resultados de ENPOL la liga es: https://we.tl/t-yfLumYBoWR