• Empleadores, familias y jueces violan los derechos de las infancias
• De los tendederos de denuncias a la Red Nacional de Deudores Alimentarios y la violencia contra las denunciantes

Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 18 de marzo, 2021.- En México 33 de cada 100 hogares las mujeres son reconocidas como jefas de la vivienda en 2020, señala el Censo de Población y Vivienda del INEGI, lo que significa que más de 11 millones de mujeres están al frente de su hogar.

Diana Luz Vásquez vivió y creció en un hogar donde su madre era la jefa de familia. Por eso cuando nació su hija supo que sería ella la encargada de la manutención, educación y todo lo necesario para Sabina.

Era como vivir siempre resignadas a la no responsabilidad de los padres, normalizamos esa ausencia, mientras escuchaba a su madre culpabilizarse de esa condición. Ella entendió que no podía repetir esa historia y al mismo tiempo descubrió que el proceso de reconocimiento de paternidad está plagado de obstáculos: los primeros fueron los abogados, uno la estafó y no resolvió nada y el segundo que la acosó.

Por razones laborales aún embarazada se fue a vivir a la Ciudad de México, lugar donde hoy vive la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando regresa a esta ciudad. En la capital mexicana se unió a un grupo de estudios sobre los derechos de las mujeres y feminismo. Con ellas habló de lo que sucedía, de cómo muchos hombres no se hacen responsables de la crianza de sus hijas e hijos.

Fue en ese grupo donde surgió la idea de hacer un tendedero para denunciar a los deudores alimentarios. Hizo una convocatoria por redes sociales. En un mes tenía a 70 mujeres de Oaxaca dispuestas a llevar una fotografía del deudor, el tendedero se hizo en la explanada del emblemático templo de Santo Domingo en la ciudad de Oaxaca.

Desde entonces este proceso ha sido acompañado por al menos 80 colectivas feministas, entre ellas Vaisnavas Guerreras, Amor no es Violencia, Las Constituyentes y Crianza Feminista, entre otras muchas. En el país se han formado seis grupos de mujeres que denuncian a los deudores alimentarios en igual número de entidades. Estas colectivas han conformado la Red Nacional de Deudores Alimentarios.

Las mujeres empezamos a romper la vergüenza de exigir el pago de alimentos a los padres de nuestras hijas e hijos y al mismo tiempo a denunciar con un megáfono en cada plaza donde se instalan lo que han tenido que pasar durante años. Fue necesario incluso pedirle a la prensa que no nos tomara fotografías a nosotras sino a ellos, a los denunciados, dice.

Esto ha derivado en mostrar el rostro de políticos, empresarios, deportistas, académicos y un sin fin de hombres dedicados a muy diversas actividades. En algunos casos para no ser exhibidos acceden rápidamente al pago de los alimentos de sus hijos e hijas. Pero en otras ocasiones se resisten, muchas veces sus empleadores los protegen, otras veces sus propias madres los encubren con el dicho misógino que niega a los nietos de sus hijos, y hasta políticos los tapan y protegen. Mientras las y los jueces siguen otorgando amparos a los deudores que violentan los derechos de la infancia.

Con la patrulla feminista, en Oaxaca y en otras ciudades, Diana Luz Vásquez llega hasta las oficinas de los deudores para denunciarlos. Ellos se esconden o los esconden, pero sus compañeras de trabajos nos dicen dónde están. Entre las mujeres hay sororidad.

Detención arbitraria

Esas denuncias han tenido consecuencias, relata Diana Luz, quien hace casi un mes fue exhibida en redes sociales y medios de comunicación por presuntamente provocar un accidente en el fraccionamiento donde vive y por conducir en estado etílico.

Al momento de los hechos un vecino y una vecina empezaron a grabarla con sus teléfonos celulares. De inmediato el video “editado a modo” inundó las redes sociales, como de inmediato llegaron más de cinco patrullas de la policía vial de Santa Cruz Xoxocotlán, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, “me trataron como una delincuente muy peligrosa”.

Fue llevada a la comandancia. Ahí, un hombre al que no le pudo ver su rostro por tenerlo cubierto, le tomó fotografías detrás de las rejas de una celda. Diez minutos después esa fotografía ya estaba en manos de algunos “periodista” que las difundieron en sus medios. Otros relataron historias para denigrarla y acusarla de ser una “mala madre”.

Nunca le hicieron la prueba de alcoholemia, ninguna persona certificó su estado de salud, simplemente asumieron que estaba tomada. Ella lo niega. Refiere que había consumido – por prescripción médica- una sustancia para dormir y muestra la receta.

“Me lastimaron anímicamente por todas las cosas que se dijeron de mí, pero en realidad querían golpear al movimiento que hemos iniciado”, dice Diana Luz Vásquez, al referir que hubo “brutalidad policiaca” y al mismo tiempo la injerencia de personas ligadas al gobierno municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, donde ella vive en un fraccionamiento.

Explica que una razón para la “detención”, cuando ella estaba dispuesta a pagar los daños y le llamó a su seguro, fue en realidad que en uno de los tendederos fue denunciado Daniel L.N., miembro del PRD estatal y hermano de la actual candidata a la presidencia municipal de Morena, Tania L. N. cuyas elecciones extraordinarias serán este domingo y quien además es esposa del ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Alejandro Jarquín López, explica la entrevistada.

3 de 3 y pruebas de ADN

Diana Luz Vásquez explica que demostrar la paternidad de los deudores alimentarios es todo un suplicio. Si se hace una prueba de ADN vía particular cuesta más de 10 mil pesos y en algunas ocasiones puede costar más, dinero del que no disponen las mujeres que denuncian y del que tampoco se encargan los hombres, quienes deberían hacerlo por ser ellos los infractores de la ley.

Por otro lado, la Fiscalía General de Oaxaca cuenta con el servicio, sin embargo, las citas para una prueba de ADN suelen dilatar hasta seis meses y cuatro más para la entrega de resultados. Otra falencia es que la institución no cuenta con un genetista.

Por otra parte, aunque el 3 de 3 se establece que no pueden ser candidatos quienes sean violentadores de mujeres o deudores alimentarios, resultará imposible en tanto no exista un registro de deudores alimentarios nacional.

Necesitamos, plantea, que se eficiente el proceso de reconocimiento de hijos e hijas y que se cumpla con el pago, carga que debe recaer en las instituciones y en el propio deudor. Y al mismo tiempo que la sociedad deje de ver como normal que se abandone a las criaturas.

Incluso plantea que “abandonar a una mujer embarazada debería ser considerado un delito”, indica y asegura que en México solo en Guerrero existe esa posibilidad.

La SCJN

Por otra parte, anunció que el próximo martes 22 de marzo, instalarán un tendedero de deudores alimentarios nacional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para protestar por la propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien pretende quitarle el carácter punitivo a los morosos o deudores alimentarios. Todo lo contrario, sucede en otros países.

¿Dónde quedan entonces los derechos de las infancias? Pregunta Diana Luz Vásquez y afirma que lo que se debe romper es el pacto patriarcal que sigue protegiendo a los hombres que no se responsabilizan de la crianza de sus hijos.

Este mismo día la Red Nacional de Deudores Alimentarios se reunieron con la senadora Olga Sánchez Cordero.

SEM/sj

• La CEDAW incorporará nueva recomendación obligatoria para los gobiernos: Gladys Acosa

• Mujeres indígenas hacen oír su voz y sus experiencias en foro de CSW66

Sara Lovera

SemMéxico/Cd. de México, 18 de marzo 2022.- En junio próximo se incorporará con el número 39 una nueva recomendación general que formará parte de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), para obligar a los gobiernos a atender la situación de las mujeres y niñas indígenas, afrodescendientes y originarias de todo el mundo, constatada su aporte a la vida, su situación a veces de exterminio, maltrato, explotación y la negativa a hacer efectivo el derecho a sus tierras y territorios.

Esta recomendación que llega 18 años después de la celebración del Foro Internacional de Mujeres Indígenas en que se planteó cada uno de estos aspectos, se avanzó en legislaciones y acciones de Naciones Unidas, pero aún unas 250 millones de mujeres indígenas en el mundo, podrían ser beneficiadas si los gobiernos actuaran y eliminaran, prácticas discriminatorias o racistas o de abuso, como el matrimonio forzado que en México afecta amplias comunidades de la Montaña de Guerrero o zonas de Oaxaca, asunto desestimado por el gobierno en turno; también entonces se reconocieron la discriminación, la opresión, el racismo, el desplazamiento y el genocidio de las mujeres indígenas.

Todo ello estuvo en la mesa de discusión, este jueves, en el marco de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer número 66 (CSW66) que se realiza estos días en Nueva York, donde cada año se examina la condición de las mujeres en todo el mundo. En 2022 el tema central está relacionado con su relación con la conservación de la tierra y el medio ambiente. Las mujeres indígenas son las que más han cuidado la tierra y son las víctimas de empresas extractivas, mineras y de alto consumo de agua.

Sobre la recomendación “en proceso” la número 39, que podría estar lista para junio, cuando en Ginebra sesione el comité de expertas de la CEDAW, es especialmente importante para los países del mundo con población femenina originaria, que en México según datos oficiales es de casi 5 millones donde 7 mujeres de cada 10 autoreconocidas como hablantes de lenguas indígenas hasta 100 por ciento más pobres, que las pobres en general y el 66 por ciento de estas mujeres según el último Censo, no tienen acceso a los servicios básicos, como educación, salud y vivienda o aguas. Cerca de 200 mil es explotada en los campos de cultivo en Baja California, llamado San Quintín y algunos miles dedicadas a la producción de obras de arte en alfarería y textiles no tienen derechos sobre esas obras, plagiadas por nacionales y extranjeros. Y no son consultadas para protegerse.

IMPORTANCIA
La reunión de la mayor importancia, sin embargo, fue considerada paralela, como informa oficialmente Naciones Unidas en un boletín, y cuyo contenido se pudo apreciar vía zoom, se llamó “Contribuciones hacia la próxima Recomendación General de la CEDAW sobre Mujeres y Niñas Indígenas”, promovido por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas FIMI, y por el Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno de México, porque tiene interés en ser el país de consulta.

En México existen numerosas demandas contra r las empresas mineras, de años y sin que sean escuchadas sus mujeres, no obstante, apenas del 16 de febrero la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el Amparo en Revisión 134/2021, conocido como el caso de la Comunidad Nahua y Ejido de Tecoltemi contra concesiones mineras y contra la Ley Minera, determinando por unanimidad, que en la emisión de las dos concesiones mineras impugnadas fue violado el derecho a la consulta y al consentimiento de la comunidad nahua.

De la misma manera, entre el 8 y 11 de marzo, en San Cristóbal de las Casas, mujeres de 8 etnias y 10 entidades de la República denunciaron que la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas aprobada apenas el 17 de enero de este año, se hizo con “prisa política”, sin consultar a las bordadoras y tejedoras organizadas en cooperativas por todo México. Esa ley, dijeron quedó imperfecta, incompleta, difícil de entender, sin considerar la cosmovisión de las mujeres originarias.

Estos son sólo dos ejemplos de lo que tratará de atajar la recomendación 39; además de la obligación de los estados para atender las denuncias, operar los sistemas de justicia –ahora mayoría de mujeres encarceladas son indígenas en México- y otras denuncias. Con esa recomendación, como será vinculante, ningún gobierno podría volver a quitar los presupuestos a las Casas de Mujeres Campesinas e Indígenas, situadas en las zonas más pobres del país, y donde se redujo el presupuesto 2021 y 2022 hasta en 75 por ciento.

En esta reunión de Nueva York, dijo la presidenta del Comité de Expertas de la CEDAW, Gladys Acosta Vargas, antes de adoptarse tendrá un proceso de consulta, se harán consultas regionales. México se propone para una. Puntualizó que los derechos que se integraran a la recomendación general están contenidos en la Convención y en la carta de las Naciones Unidas, sin embargo, hizo énfasis, en que son constantemente violados, en todo el mundo, por lo que hoy se exige hacerlos visibles, difundirlos y como es vinculante la CEDAW obligar a los Estados a cumplir sus responsabilidades, proteger, promover y respetar los derechos humanos de las mujeres indígenas. “existen y debemos hacerlos valer”.

Se cuidará que la recomendación tenga un enfoque transversal de las políticas y programas de cambio climático, medio ambiente y reducción del riesgo de desastres para la implementación acelerada de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con perspectiva de género.

Este encuentro, reunió a mujeres dirigentes indígenas de diferentes partes del mundo quienes reflexionaron, en unos minutos, sobre su experiencia y cosmovisión, sobre cómo lograr que la Recomendación General se convierta en un instrumento efectivo para las mujeres y niñas originarias de todo el mundo, porque la CEDAW es vinculante y obliga.

Además de que, tras 18 años, como dijo Tarcila Rivera Zea, Presidenta FIMI, ya existen datos y convicción de cuál es la situación de al menos 250 millones de niñas y mujeres indígenas, y afirmó que la protección debe ser individual y colectiva, ligada a la cosmosivión. Recordó que hay muchos lugares en el mundo donde aún persisten prácticas coloniales.

Ahí Gladys Acosta también se refirió a todos los mecanismos con que se discrimina, violenta, maltrata, humilla y despoja a las mujeres indígenas, por lo que es hora que los gobiernos asuman sus responsabilidades.

Se prevé que las discusiones derivadas de esta reflexión informarán y mejorarán la redacción de la Recomendación General y establecerán el tono y la aspiración para el próximo proceso de consulta, en junio, se dijo y desde México, se propuso.

El evento inició con una ceremonia espiritual dirigida por Jandi Craig, indígena Montaña Blanca Apache y Xicana, Defensora de Derechos Humanos, Becaria Indígena del ACNUDH y contó con la participación de Nadine Gasman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México, (INMUERES); Miriam Huacani, Viceministra de Igualdad de Oportunidades, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional, Bolivia; Maria Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe; Belén Sanz, Representante de ONU Mujeres México; Tarcila Rivera Zea, Presidenta FIMI; Gladys Acosta, Presidenta del Comité de la CEDAW; Sara Mux Mux, Colectiva Ixpop, Guatemala; Faith Nataya Saningo, Centro de Recursos y Conocimiento Olorukoti, Kenia; Eleanor Dictaan-Bang-oa, Red de Mujeres Indígenas de Asia (AIWN), Filipinas y Teresa Zapeta, Directora Ejecutiva FIMI. La moderación del evento corrió a cargo de Elvira Pablo Antonio, Oficial de Políticas y Compromiso de Girls Not Brides para América Latina y el Caribe e integrante del antiguo Grupo de Trabajo de Juventudes Generación Igualdad.

La Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno de México, Nadine Gasman Zylbermann, -quien difundió su propio boletín- dijo que México considera “imprescindible la adopción de la Recomendación General 39 sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas, que brinde una guía a los Estados sobre las medidas legislativas, políticas, sociales y culturales para garantizar la protección a sus derechos.”

Por su parte, la Representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz, reiteró que “desde ONU Mujeres y de la mano de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, estaremos trabajando en apoyo a las consultas regionales, en particular la que se llevará a cabo en México en donde estamos seguras escucharemos voces diversas que nutrirán esta Recomendación General’.

Tarcila Rivera Zea, Quechua de Perú, recordó que, “hemos iniciado el proceso por la recomendación general desde el 2004 durante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, considerando que como mujeres y niñas tenemos especificidades por nuestro origen étnico y por la multidimensionalidad de las violencias”. Recalcó que “esperamos que esta recomendación general obligue ética, moral, políticamente a los Estados miembros y que las mujeres con discapacidades deben de estar presentes en la recomendación así como todas nuestras diversidades”.

De Guatemala, Sara Mux Mux, Maya Kaqchikel, destacó que esta recomendación será un instrumento clave porque contribuirá a la interpretación intercultural y descolonizadora de los derechos humanos; y exaltó que “los Estados podrán rendir cuentas y nos permitirá generar cambios frente a las desigualdades e invisibilización de nosotras como Mujeres Indígenas”.

Faith Nataya Saningo, Masai de Kenia, expresó que esta Recomendación General implica justicia para diferentes comunidades, siendo “necesario el reconocimiento de los Pueblos Indígenas y la implementación de acciones concretas que salvaguarden nuestros derechos”. En la misma línea, Eleanor Dictaan-Bang-oa, Kankanaey Igorot de Filipinas, reafirmó el urgente llamado a eliminar las causas de la explotación y discriminación contra las Mujeres Indígenas, planteamientos entregado al Comité de CEDAW, y espera sean considerados de forma categórica.

Teresa Zapeta Mendoza, Maya K’iche de Guatemala, reconoció las valiosas alianzas que se han dado para lograr una recomendación histórica y estratégica. Que signifique una reparación del colonialismo y desigualdades en las 7 regiones del mundo. Anunció que, gracias al esfuerzo colectivo, será publicada el 25 de Marzo una página web que permitirá estar interconectadas y ampliar la información. Para finalizar mencionó extrañar las voces de los Estados en la reunión para dialogar; pues aún los Estados están lejos de los Pueblos Indígenas, y por ello deben de permanecer juntas, porque juntas son más fuertes.

Por su parte, Gabriel Muyuy Jacanamejoy, Secretario Técnico del Fondo para el desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) expresó que la Recomendación General es un hito histórico no sólo en favor de las mujeres y las niñas indígenas sino para los derechos humanos de los pueblos indígenas de todo el mundo. «Como FILAC seguiremos trabajando en pro de la garantía de los derechos de las mujeres y niñas de nuestros pueblos indígenas.»

En su participación, Miriam Huacani, Viceministra de Igualdad de Oportunidades, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional, Bolivia, mencionó que es importante reconocer los desafíos pendientes, avanzar con la sociedad civil y los distintos órganos de gobierno. Además, reconoció que la lucha contra la violencia debe ser encabezada desde los gobiernos.

En sus palabras de cierre, la Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza, señaló que esta “Recomendación General debe exhortar a los Estados a considerar en sus leyes nacionales, presupuestarias y programáticas la acción por el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, considerando sus interseccionalidades y reconociendo sus aportes al desarrollo de los pueblos y a la conservación de nuestra gran casa común, el planeta tierra”.

CONTEXTO
Las preocupaciones sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas han cobrado fuerza en los debates ambientales, culturales y de desarrollo internacionales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007, establece los estándares internacionales y una guía crucial para construir sociedades que garanticen la plena igualdad y los derechos de los pueblos indígenas.

Los derechos de las mujeres indígenas están protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por los Pactos Internacionales y tratados posteriores de Derechos Humanos, los cuales Incluyen sexo y raza como categorías a considerar en la protección del derecho a la igualdad y la prohibición contra la discriminación.
Sin embargo, la (CEDAW) es el único instrumento internacional vinculante que protege específicamente los derechos de las mujeres, incluidas las mujeres indígenas. La próxima Recomendación General de la CEDAW es una oportunidad única para integrar las prioridades colectivas, la cosmovisión, las experiencias y las lecciones compartidas por parte de las mujeres indígenas para un cambio transformador y asegurar la preservación de las distintas culturas que representan la encarnación de su identidad, supervivencia y desarrollo.

En 2004 se dijo:
El Foro reconoce las singulares contribuciones de las mujeres indígenas en el seno de sus familias, comunidades y naciones y en el plano internacional. Al propio tiempo, el Foro expresa su preocupación por las múltiples formas de discriminación que experimentan las mujeres indígenas, por razones de género, raza y etnia, y los complejos problemas que se derivan de esa discriminación. Además, la globalización presenta nuevos desafíos y problemas para las mujeres indígenas en muchas partes del mundo.

Las funciones de las mujeres indígenas se han erosionado debido al efecto combinado de la pérdida de los recursos naturales y el agotamiento de los ecosistemas, su transformación en economías monetarias, la modificación de las estructuras locales, sociales y de adopción de decisiones y la carencia de reconocimiento político en el contexto del Estado.

Las mujeres indígenas, aunque comparten con otras mujeres de todo el mundo muchas de las preocupaciones e intereses en las esferas de la pobreza, los derechos humanos y el desarrollo económico y social, aportan también una perspectiva singular e importante respecto de estas cuestiones. La circunstancia de que las mujeres indígenas no constituyan una categoría homogénea, pues plasman una amplísima variedad de culturas con diferentes necesidades y problemas, debiera ser una premisa central en la formulación de las normas y programas.

Redacción

SemMéxico. Morelos. 17 de marzo e 2022.- A iniciativa de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., organización peticionaria de la AVG, se llevó a cabo, en las instalaciones del Instituto de la Mujer del Municipio de Cuernavaca, una reunión con 7 de los 9 municipios que cuentan con ésta declaratoria.

Las integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, realizaron una explicación de las investigaciones que dieron origen a la emisión de la AVG, desde el año 2000 hasta 2013 para solicitarla y desde 2015 a la fecha para hacer una revisión puntual de las medidas que deben ser evaluadas a través de indicadores de cumplimiento, el más importante sin duda alguna es lograr la erradicación de los feminicidios en Morelos.

Con la presencia de las instancias de la mujer de los municipios de Cuernavaca, Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata, Xochitepec, Puente de Ixtla y el de Xoxocotla, se llevó a cabo ésta mesa de diálogo y trabajo, donde se entregaron materiales y documentos de análisis que se han elaborado cada 6 meses para evaluar todas y cada una de las acciones mandatadas por la AVG para Morelos.

En un esfuerzo de coordinación y determinación de superar deficiencias, falta de apoyo y contradicciones en las instituciones, se avanzó en éste trascendental diálogo y transmisión de experiencias, para fortalecer las capacidades de quienes tienen la tarea de coordinar las diferentes áreas de los Ayuntamientos en la implementación de las medidas de prevención, atención, seguridad, salud y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia feminicida.

Ante la violencia patriarcal y machista, misogina y de discriminación, es necesario fortalecer todas las iniciativas que permitan garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

«Valoramos la respuesta a esta convocatoria, y esperamos que en la próxima reunión se pueda contar también con los dos municipios que hoy no estuvieron presentes, Yautepec y Cuautla» señala la Comisión en un comunicado de prensa.