Con motivo del 15 Mayo, día de las maestras y maestros distinciones  en ceremonia solemne

Seis  integrantes del personal académico recibirán  el emeritazgo  

También se entregará un reconocimiento a Gina Zabludovsky Kuper, por su labor en la Junta de Gobierno

 Redacción 

SemMéxico, Ciudad de México, 14 de mayo, 2024.- En ceremonia solemne con motivo del 15 de mayo día de la maestra y el maestro, presidida por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, la UNAM entregó esta mañana el Reconocimiento al Mérito Académico a 179 profesoras, profesores y de la investigación con 50 años de labores y las insignias como eméritos a seis destacados académicos y académicas.

A Gina Zabludovsky Kuper se le entregó un reconocimiento por su labor como integrante de la Junta de Gobierno, encargo que concluyó recientemente.

Las y los investigadores que fueron  distinguidos como eméritos son: Deborah Dultzin Kessler, del Instituto de Astronomía; Carlos Federico Arias Ortiz, del Instituto de Biotecnología, y Mario Humberto Ruz Sosa, del Instituto de Investigaciones Filológicas.

También tendrán esa distinción Julia Tagüeña Parga, del Instituto de Energías Renovables, y Arturo Alejandro Menchaca Rocha, del Instituto de Física. Además, Judit Ester Bokser Misses-Liwerant, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) será profesora emérita.

• Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio señala que una víctima recibe 15 % de lo que se gastan en personas privadas de su libertad
• En Veracruz recibir “ayuda” significa papeleo, trámites y mucho tiempo en oficinas

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Xalapa, Ver., 14 de mayo, 2024.- En Veracruz una víctima de violencia machista, como seguramente ocurre en el resto del país, recibe apenas un 15 por ciento “de ayuda” económica, en comparación con lo que el Estado mexicano gasta en la manutención de una persona privada de su libertad por cometer un ilícito, esté o no sentenciada.

Carolina Ramírez y Graciela Luna, ambas integrantes de la Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio, afirman en entrevista para SemMéxico que su análisis surgió luego de la publicación de un artículo de la investigadora Elena Azaloa Garrido denominado Las cárceles en México hoy, en el que afirma que en promedio una persona privada de su libertad cuesta al Estado mexicano la cantidad de 209 mil 561 pesos al año.

Cuando vimos el artículo lo comentamos, dice Carolina Ramírez una de las fundadoras del Colectivo, sobreviviente de un ataque que casi le cuesta la vida a manos de su expareja, “porque nos llenó de indignación pensar en las migajas, aunado al papeleo que nuestras compañeras pasan para recibir esa ayuda” de manos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de esta entidad.

Explica que la suma lleva a considerar que cada mes el Estado mexicano gasta entonces más de 17 mil pesos, cifra que aumenta a casi 20 mil pesos en Veracruz, esto de acuerdo con información de la Secretaria de Seguridad Pública, añade Graciela Luna y por tanto las víctimas reciben apenas un 14 por ciento de la cantidad que se destina a personas que han cometido un delito en la entidad

Ramírez y Luna explican que la comparación muestra la realidad de las víctimas directas, indirectas y sobrevivientes de violencia misógina, la gran mayoría que sobreviven con secuelas físicas y emocionales, así como discapacitantes, porque hay una diametral diferencia, “los victimarios no tienen que enfrentar los problemas que las víctimas sí tenemos después de un episodio de violencia.

Las víctimas de algún delito que se encuentran en el Registro Estatal de Víctimas (Veracruz) y que pueden acceder a los apoyos otorgados por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, que incluyen: asesoría legal, psicológica y monetaria, tienen un tope máximo de cinco mil pesos mensuales, distribuidos en: abasto alimentario y desplazamiento. 

El problema no sólo se reduce a que se trata del 14 o 15 por ciento del total del dinero que destina a la manutención de personas privadas de su libertad, sino que enfrentamos otros problemas que van desde engorrosos trámites, papeleo y, por supuesto, que los cinco mil pesos solo se otorgan la mitad del año y muchas veces no se renueva al año siguiente.

Carolina Ramírez también sostiene que la mayoría de la población penitenciaria está conformada por hombres, muchos de ellos cometieron delitos contra mujeres como violencia familiar y tentativa de feminicidio.

Eso nos lleva a reflexionar sobre la situación en la que quedamos las víctimas, “mujeres de por sí vulneradas por un sistema misógino y machista, que al denunciar un delito perdemos incluso el trabajo, ya que buscar justicia legal no es compatible con tener un empleo formal, además de las vejaciones y la revictimización. Los victimarios, en cambio, comen y duermen, trabajen o no trabajen, revela Carolina Ramírez.

Graciela Luna también refiere que, como sobrevivientes de un delito machista, enfrentamos una situación de precarización derivado de la pérdida de nuestros empleos, sin acceso a servicios de salud de calidad, sin duda hay inequidad entre las víctimas y los víctimarios.

En un mundo ideal, los principios que rigen el funcionamiento de las instituciones dedicadas a impartir justicia: prontitud, completitud,imparcialidad, gratuidad, independencia y efectividad en sus fallos, no serían algo excepcional sino la regla.

Como lo dice la definición de víctima: hemos sufrido un daño inmerecido y ese estatus jurídico, nos permite exigir una justicia pronta, completa, imparcial, gratuita e independiente. Es decir, concluyen ambas, en el papel todo está muy bien, pero hay un abismo con la realidad.

SEM/sj

• Quienes buscan reelegirse pagarán el costo político, señalan organizaciones
• Piden a candidatas y candidato presidenciales no poner obstáculos en el futuro

Micaela Márquez 

SemMéxico, Ciudad de México, 13 de mayo, 2024.- La LXV Legislatura concluyó sin aprobar la iniciativa ciudadana para crear la Ley General de Cáncer, reflejo de la falta de voluntad política de las y los diputados, señalaron integrantes de 13 organizaciones de la sociedad civil integradas en una Comisión de Trabajo que busca garantizar la atención del cáncer en el país. 

En conferencia de prensa, también hicieron un llamado a las candidatas y el candidato a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez Ruiz, de Fuerza y Corazón por México; Claudia Sheinbaum Pardo de Seguimos Haciendo Historia, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, a comprometerse a no poner obstáculos y se apruebe la iniciativa ciudadana que brinde certeza en el tratamiento del cáncer, que en México cobra la vida de 250 cada día, lapso en el que también se estima son diagnosticadas 550 personas.

Kenji López Cuevas, presidente de la fundación Cáncer Warriors de México, explicó que todos los grupos parlamentarios aprobaron la propuesta al principio e impulsaron mesas de trabajo para el diseño de la ley, esta voluntad política se diluyó cuando el dictamen llegó a las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos.  

Las promesas no salvan vidas, los discursos no son tratamientos, lo que verdaderamente puede mejorar la atención al cáncer son acciones reales y efectivas, afirmó López Cuevas.

El proyecto de la iniciativa de Ley General del Cáncer se presentó el 11 de octubre de 2023 en el Senado de la República. A la Comisión de Salud de la Cámara alta, encabezada por la senadora de Morena Margarita Valdez, se le encomendó estructurar el dictamen y someterlo a votación entre sus 22 integrantes, pero esto no sucedió.

Legisladores que buscan reelegirse pagarán el costo político

“Esta iniciativa de ley está en la congeladora en el Senado y eso debe tener un costo político” para quienes buscan reelegirse, subrayó Miryana Pérez, directora general de la Fundación de Alba.

El dictamen de esta ley impulsa la creación de un Plan Nacional de Control de Cáncer, una Comisión Nacional de Cáncer y una Red Oncológica Nacional. También promueve que se concrete el Registro Nacional de Cáncer aprobado desde 2017, para que México cuente con datos certeros sobre la incidencia de todos los tipos de cáncer.

El objetivo de la ley es reducir en 70 por ciento los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas y disminuir la mortalidad. En 2022, en México se registraron 207 mil 154 nuevos casos de tumores malignos, de acuerdo con el Observatorio Global del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Uno de los cuestionamientos al interior del Congreso para no aprobar la Ley General de Cáncer es que tendría un costo incalculable, pero las organizaciones aseguran que no había manera todavía de estimar los gastos, hasta que se apruebe el Plan Nacional de Control de Cáncer, contemplado en la ley.

Otra postura en contra fue que ya existe una Ley General de Salud que, en teoría, considera la atención de esta enfermedad. Sin embargo, las organizaciones promoventes sostienen que ésta es insuficiente para mejorar la prevención y control del cáncer, que decayeron durante la pandemia de covid-19.

También sostienen que México se ha rezagado en la atención del cáncer en comparación con otros países: mientras que en Estados Unidos fallece una de cada seis personas diagnosticadas, en el país muere la mitad.

Las 13 Organizaciones de la Sociedad Civil que conforman la Comisión de Trabajo que impulsa la Ley General de Cáncer, son:  Asociación Mexicana contra el Cáncer de Mama A.C. (Fundación CIMA); Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer; Casa de la Amistad para niños con cáncer, FUCAM.

Además de la Fundación Cáncer Warriors de México; Fundación COI; Fundación Barra Mexicana; Fundación de Alba; Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, (FUTEJE); Fundación Salvati;Médicos e Investigadores en la Lucha contra el Cáncer de Mama; (MILC): Sociedad Mexicana de Oncología, (SMEO) y
Unidos Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea “Francisco Casares Cortina”, A.C.

SEM/mm/sj

• Juez aplicó una jurisprudencia de la Segunda Sala de la SCJN
• Demuestra que leyes actuales vulneran el derecho fundamental a la seguridad social 

Micaela Márquez  

SemMéxico, Ciudad de México, 13 de mayo 2024.- El Primer Tribunal Laboral dictó sentencia condenatoria contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgue pensión de viudez y orfandad por fallecimiento de un trabajador, protegiendo así el derecho humano a la seguridad social.

Esto ante la inicial negativa del IMSS de otorgar la pensión argumentado que ni ella ni sus tres hijos tenían derecho, ya que el trabajador no había reactivado sus derechos, pues conforme al artículo 151, fracción III de la Ley del Seguro Social, tenía que cotizar nuevamente 52 semanas, pero dejó de cotizar durante 16 años. Sin embargo, al día de su fallecimiento, el trabajador contaba con 200 semanas cotizadas y la Ley del Seguro Social marca como requisito 150 semanas.

El juez el juez de Distrito Especializado en Materia de Trabajo, del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, Nahúm Bautista Gallardo, argumentó que a la luz del derecho humano a la seguridad social, mediante el cual al trabajador se le protege contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad, también garantiza que, en caso de muerte del beneficiario las prestaciones de seguridad social deberán ser aplicadas a sus dependientes, con lo que se busca que no queden en un estado de abandono o sin protección.

En la resolución se precisa que el trabajador en una primera etapa de su vida laboral cubrió 180 semanas cotizadas; posteriormente dejó de cotizar por 16 años, y cuando reingresó a laborar debía cotizar 52 semanas para reactivar sus derechos, lo cual no sucedió por causas ajenas a su voluntad, quien de no haber fallecido hubiera estado en posibilidad de cubrir las semanas faltantes para reactivar sus cotizaciones. 

En consecuencia, al tener más de 150 semanas cotizadas al día de su muerte, pese a no cumplir las 52 semanas necesarias para reactivar sus derechos, la viuda y sus menores hijos tienen derechos para acceder a las pensiones solicitadas. 

De las pruebas aportadas por las partes, no se evidencia que el fallecimiento del trabajador haya sido por riesgo de trabajo. Además de que se corroboró la relación de matrimonio con la viuda y de paternidad con los tres menores hijos, que al día del fallecimiento de su padre tenían 13, 9 y 3 años.

Al resolver el conflicto individual de seguridad social 99/2023, el juez de Distrito Especializado en Materia de Trabajo, Nahúm Bautista Gallardo, ordenó al Instituto cumplir con la sentencia en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación. 

Bautista Gallardo aplicó una jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que el artículo 183, fracción III de la anterior Ley del Seguro Social y el correlativo artículo 151, fracción III, de la ley vigente, vulneran el derecho fundamental a la seguridad social al no prever la figura de la reactivación de derechos de una persona trabajadora que fallece sin haber cotizado las 52 semanas después de reingresar al régimen obligatorio, como es el caso. 

Por ello ordenó al IMSS emitir una resolución de otorgamiento de las pensiones por viudez y orfandad ya que se han acreditados los requisitos, debiendo otorgar prestaciones en dinero y especie, desde el 3 de enero de 2021 y con base en el salario mínimo de esa fecha.

A uno de los menores solo se le otorgará pensión por orfandad del 3 de enero de 2021 al 8 de febrero de 2023, fecha en que cumplió 16 años de edad, ya que no acreditó estar estudiando en algún plantel del sistema educativo nacional. 

La sentencia, aclara que están a salvo los derechos de pensión por orfandad de los otros dos menores hasta que cumplan los 16 años de edad y justifiquen estar estudiando, o que no puedan mantenerse por su propio trabajo, debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico.

SEM/sj