Tras una gira alrededor de 9 países, activistas contra el abuso empresarial que sufre Latinoamérica denuncian y exigen unas leyes protectoras sobre las empresas que explotan sus terrenos y a sus poblaciones

Ana Quereda

SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 13 de noviembre, 2022.- Este jueves se celebró  una rueda de prensa a cargo de la Plataforma por las Empresas Responsables (PER) con el fin de conocer de primera mano a defensoras de los derechos humanos de Brasil y Guatemala, al igual que las consecuencias que sufren las personas, sus comunidades y sus territorios por la falta de responsabilidad y el abuso por parte de empresas transnacionales que operan en sus países.

Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad y moderadora de la mesa, ha dado voz a la necesidad del proyecto de ley de Debida Diligencia en nuestro país. De esta forma, se puede contar con una legislación que acabe con la impunidad de empresas, en algunos casos españolas, que abusan de sus trabajadores en estos países más vulnerables. Durante la mañana han tomado la palabra distintas activistas que luchan por estos derechos humanos.

Tras un pequeño tráiler del documental “La ilusión de la abundancia”, que recoge la experiencia de tres defensoras frente a los impactos y la impunidad de las grandes empresas transnacionales en Latinoamérica, ha tomado la palabra Carolina de Moura, activista medioambiental y representante de las 272 personas que fallecieron en 2019 por el derrumbe de una presa de residuos de la empresa minera VALE, en las minas Gerais en Brumadinho. Ha dado voz a la catástrofe, ha puesto cara y nombre a las víctimas y ha denunciado “la irresponsabilidad y el silencio de la empresa”.

A Carolina le acompaña Danilo Chammas, abogado y defensor de derechos humanos que ha trabajado con los familiares de las víctimas mortales de Brumadinho por su justicia penal, la reparación integral y la garantía de que no vuelva a suceder.

“Que estos mártires sirvan para acabar con la injusticia”

Por otro lado, actualmente en Guatemala están operando tres empresas hidroeléctricas distintas, pero cuya producción va destinada únicamente al extranjero, dejando sus comunidades sin energía, que se ven obligadas a luchar contra apagones, y jugando con amenazas y división de territorios.

Feliciana Herrrera es coordinadora de la Alcaldía Indígena del Pueblo Maya Ixil de Nebaj, Guatemala, y defensora activa en la defensa del territorio en esta zona en la que están asentados distintos megaproyectos hidroeléctricos. Su región está muy codiciada por el agua, recurso natural que las empresas internacionales están explotando y, de esta manera, rompiendo completamente el medioambiente, “nosotros queremos defender nuestro territorio y nuestros recursos pero también la vida no solo de los seres humanos, también de todos los elementos de la naturaleza, que están desapareciendo”.

“Estas empresas explotan y violentan a los trabajadores, contaminan el medioambiente y los terrenos propios y violan los derechos humanos y los derechos contra las mujeres”

Francisca Pérez, nombre ficticio debido a su propia seguridad, forma parte del Comité de Unidad Campesina de Coatepeque, en Guatemala. Actualmente se encuentra en un proceso judicial, sufriendo las consecuencias de haberse enfrentado a una empresa española que robó las cuotas para el fondo de Seguridad Social de 270 trabajadores, los cuáles no pueden acceder a su jubilación. Las empresas que están ubicadas en Guatemala condicionan a un abuso extremo a todos sus trabajadores y al entorno natural. No permiten la organización de sindicatos, amenazando con el despido y con dar a conocer esa «rebelión» a otras empresas para que los trabajadores no puedan ser contratados por ellas. También fumigan los campos de cultivo contaminando el medioambiente y haciendo imposible cultivar a particulares, los cuales pierden todas sus cosechas; abusan del agua, dejando grandes sequías en verano y creando inundaciones catastróficas en invierno, y violan los derechos de las mujeres trabajadoras con sueldos mínimos y asesinándolas por denunciar, “nos criminalizan, encarcelan y asesinan. Yo estoy criminalizada por defender los derechos de 300 trabajadores de una empresa que asesina a sus propios trabajadores”.

El evento ha sido cerrado por María Bardolet, responsable de programas con Sector Privado en Oxfam Intermón y ha concluido con las recapitulaciones de Almudena Moreno: “los derechos humanos y el medio ambiente no pueden esperar más, no admitimos más excusas ni que se demore más la aprobación de la ley española. Necesitamos con urgencia una ley que prevenga, mitigue y remedie los impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en toda la cadena de valor. El momento es ahora”.

La Plataforma por las Empresas Responsables está formada por 16 organizaciones españolas de sociedad civil y representa a más de 530 entidades: Alboan, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Anesvad, Amnistía Internacional, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Economistas sin Fronteras, la red Enlázate por la Justicia, Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Mundubat, Observatorio de la RSC, Oxfan Intermón, Setem-Campaña Ropa Limpia y USO.

Fotos: archivo cedidas por Plataforma por Empresas Responsables

Una representación de mujeres indígenas de América Latina y otros continentes en la COP27, que se desarrolla en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij. Hay unos 250 indígenas de todo el mundo presentes en la 27 conferencia climática. Foto: Daniel Gutman / IPS

Redacción

SemMéxico/IPS, SHARM EL SHEIJ, Egipto, 13 de noviembre, 2022 – Los pueblos indígenas ya no se conforman con estar presentes y ser vistos como víctimas de los impactos del modelo de desarrollo en la 27 Conferencia de las Partes (COP27) sobre Cambio Climático. Por eso vinieron a la cumbre en Egipto con una agenda propia, que incluye la exigencia de que sus comunidades reciban directamente financiamiento para la acción climática.

Miles de millones de dólares de cooperación son aportados cada año por gobiernos, fondos privados y fundaciones para la adaptación y mitigación climáticas. Los donantes muchas veces buscan a los indígenas, quienes hoy son considerados los mejores guardianes de los ecosistemas climáticamente saludables. Sin embargo, de esa ayuda a los territorios originarios solo llegan migajas.

“Estamos cansados de que el financiamiento vaya a fundaciones indígenas sin indígenas. Todo el dinero se va en pago a consultores y en los costos de oficinas refrigeradas”, dijo a IPS Yanel Venado Giménez, en el estand que los pueblos indígenas tienen en esta gigantesca conferencia mundial, que cuenta con 33 000 personas acreditadas.

“En esta COP27 están los donantes internacionales. Por eso vinimos a decirles que el financiamiento directo es la única vía para que en los proyectos climáticos se tomen en cuenta las prácticas culturales indígenas. Tenemos agrónomos, ingenieros, abogados y muchas personas preparadas. Además, sabemos trabajar en equipo”, agregó.

Giménez es miembro del pueblo ngabe-buglé, representa a la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Conapip) y es, ella misma, abogada.

Que los pueblos indígenas, por su presencia en muchos de los territorios mejor conservados del mundo, están en la primera línea de batalla ante la crisis ambientaría global, es un tema que ya está fuera de discusión.

Por eso, hace un año, en la COP26 de la ciudad escocesa de Glasgow, los gobiernos del Reino Unido, Noruega, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y 17 donantes privados se comprometieron a aportar hasta 1700 millones dólares para acciones de mitigación y adaptación de las comunidades originarias.

Sin embargo, aunque no hay datos ciertos sobre cuánto de esa cifra efectivamente fluyó, las comunidades dicen que ellas no han recibido prácticamente nada.

“En cada una de estas conferencias escuchamos grandes anuncios de financiamiento, pero luego regresamos a nuestros territorios y esa agenda no se vuelve a tocar”, dijo a IPS Julio César López Jamioy, integrante del pueblo inga que habita en el Putumayo, en la Amazonia colombiana.

“En 2021 se nos dijo que era necesario que construyamos mecanismos para acceder y poder ejecutar esos recursos, que generalmente son canalizados a través de los gobiernos. Por eso estamos trabajando con aliados en esa tarea”, añadió.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, junto a un grupo de indígenas latinoamericanos al final de una reunión que mantuvieron en Sharm Eel Sheij, durante la COP 27. Foto: Cortesía de Jesús Amadeo Martínez

López Jamioy, quien es coordinador de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), cree que ya es tiempo de agradecerles a muchas de las organizaciones no gubernamentales por los servicios prestados.

“Hasta cierto momento necesitábamos que nos acompañaran, pero ahora ya es tiempo de actuar a través de nuestras propias estructuras organizativas”, remarcó.

Presencia latinoamericana

No hay registro de cuántos indígenas latinoamericanos están en Sharm el Sheij, este balneario en la península del Sinaí, en el sur de Egipto, con distintas fuentes de financiamiento, pero se calcula que son entre 60 y 80.

Son aproximadamente 250 integrantes de pueblos originarios de todo el mundo que participan en la COP27, en la parte destinada a acoger a las organizaciones e instituciones sociales dentro del Centro de Convenciones de Sharm el Sheij.

Desde ahí alzan su voz y sus planteamientos a los salones y estands que acogen a los delegados y negociadores oficiales de las 196 partes de la Convención Maraco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), organizadora de estas cumbres anuales.

El espacio que comparten los indígenas es un gran estand que tiene un par de oficinas y un auditorio con unas 40 sillas. Aquí, durante las dos semanas de la COP27, del 6 al 18 de noviembre, hay un intenso programa de actividades acerca de la agenda que los indígenas trajeron a la cumbre climática, que atrae la atención del mundo.

La indígena panameña Yanel Venado Giménez, en el estand que pueblos indígenas de todo el mundo comparten en la COP27, en el Centro de Convenciones de Sharm el Sheij, en Egipto. Ella conduce un fondo de ayuda a mujeres indígenas, uno de los pocos de financiación directa logrados por los indígenas latinoamericanos. Foto: Daniel Utman / IPS

En el comienzo de la Conferencia, un grupo de indígenas latinoamericanos fue recibido por el presidente colombiano, Gustavo Petro. Obtuvieron su respaldo para su lucha contra las industrias extractivas que actúan en los territorios de propiedad ancestral y le pidieron que haga de nexo con otros gobiernos.

“Generalmente los gobiernos se comprometen con nosotros y luego no cumplen. Pero hoy tenemos más aliados que nos permiten incidir y plantear nuestra agenda”, reconoció a IPS, Jesús Amadeo Martínez, del pueblo lenca, que habita en El Salvador.

Los indígenas llegaron a esta Conferencia con credencial de observadores y ese es otro de los temas cruciales, ya que reclaman ser considerados parte en las negociaciones a partir del próximo año, en la COP28, que debe celebrarse en Dubái.

El planteo fue liderado por Gregorio Díaz Mirabal, peruano y miembro por el pueblo kurripaco de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Cpoca), quien en diálogo con un grupo de periodistas disparó: “Nosotros somos preexistentes a los Estados-Nación; tenemos derecho a ser parte en el debate, porque no somos una ONG ambiental”.

Eric Terena, del pueblo indígena del mismo nombre, que habita en el sur de Brasil, en los pasillos de la 27 Conferencia sobre Cambio Climático que se desarrolla en Egipto. Se ilusiona con el retorno del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, al poder, pero advierte que los indígenas deben tener acceso directo a los fondos de financiamiento ambiental y climático.

Siempre las comunidades fueron vistas como beneficiarias de proyectos de acción climática en los territorios, canalizados a través de grandes ONG que reciben los fondos y los distribuyen.

Ya en 2019, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) emitió su Política para Promover los Derechos de los Pueblos Indígenas (PRO-IP), que justamente explora la posibilidad de que el financiamiento llegue de forma más efectiva a las comunidades originarias.

Algunos de los obstáculos son que a veces los tiempos de la aprobación de proyectos son demasiados veloces para los métodos consultivos de decisiones de las comunidades y que muchas de ellas no están registradas jurídicamente, por lo que necesitan un paraguas institucional.

Las experiencias de financiamiento directo, hasta ahora, son incipientes. Sara Omi, del pueblo emberá de Panamá, contó a IPS que en su caso sí lograron recibir financiamiento directo a comunidades mexicanas y centroamericanas del Fondo Mesoamericano, para el desarrollo de las capacidades de las mujeres indígenas.

“Nos orientamos a la producción agropecuaria sostenible y en dos años de trabajo hemos apoyado 22 proyectos en temas como recuperación de semillas tradicionales. Pero no contamos con grandes recursos. La suma de todas nuestras iniciativas no alcanzó los 120 000 dólares”, explicó.

Omi es abogada graduada en la privada Universidad Católica de Santa María La Antigua de Panamá, gracias a que consiguió una beca, y asegura que los pueblos indígenas ya han demostrado que están preparados para administrar los recursos de cooperación.

“Por supuesto que deben existir requisitos de rendición de cuentas a los donantes, pero deben ser compatibles con nuestras realidades. A los territorios hoy están llegando migajas”, advirtió.

En la segunda semana de la COP27 participará el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,  y eso es motivo de esperanza para los pueblos de la Amazonia, que en los últimos cuatro años sufrieron con el agresivo desprecio del presidente saliente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, por la cuestiones ambientales e indígenas.

“En el gobierno de Bolsonaro se cerraron fondos de financiamiento. Ahora reaparecerán, pero no queremos que a ellos acceda solamente el gobierno, sino también nosotros. Los sistemas tienen hoy demasiada burocracia; necesitamos que sean más accesibles porque somos una parte fundamental del combate al cambio climático”, dijo a IPS el indígena Eric Terena, quien vive en el sur de Brasil, cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay.

“Vemos que esta COP es más inclusiva que ninguna de las anteriores con los pueblos indígenas, pero los gobiernos deben comprender que es tiempo que recibamos el financiamiento”, concluyó el dirigente del pueblo terena.

IPS realizó este artículo con el apoyo Climate Change Media Partnership 2022, de Earth Journalism Network, de Internews y Stanley Center for Peace an Security.

ED: EG

Los cuidados son un trabajo, una necesidad y un derecho

Gobiernos deben establecer un Sistema Nacional de Cuidados

 Dixie Edith/enviada

SemMéxico/Semlac, Buenos Aires, Argentina, 13 de noviembre, 2022.-  Los derechos de todas las personas a vivir en sociedades del cuidado, con enfoques de género, derechos, interseccionalidad e interculturalidad, quedaron recogidos en el Compromiso de Buenos Aires,  resultado de  los debates y aportes de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de Cepal, concluida el 11 de noviembre en la capital argentina.

“Recién empieza esto”, dijo a SemMéxico/SEMlac María Noel Vaeza, directora regional para las Américas y el Caribe de ONUMujeres, minutos después de concluida la cita regional. 

“Ha sido maravilloso poner los cuidados al centro, avanzar para derribar al patriarcado de una vez, terminar con la división sexual del trabajo y poner en el centro la labor que tenemos que hacer para crear sistemas integrales de cuidados. Duro el camino, pero ha sido fantástico”, agregó Noel Vaeza.

El documento aprobado resume, en 54 puntos y varias disposiciones especiales, los cinco días de debates. Reconoce “el cuidado como un derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género”.

Por tanto, se trata de “una responsabilidad que debe ser compartida por las personas de todos los sectores de la sociedad, las familias, las comunidades, las empresas y el Estado”, precisa el texto final de la conferencia.

“El Compromiso de Buenos Aires es realmente un documento muy completo, que recoge gran parte -y avanza- sobre los debates que hace mucho tiempo estamos teniendo en la sociedad civil sobre el derecho al cuidado y su vínculo y relación íntima con los derechos de las mujeres”, dijo a SemMéxico/SEMlac Clyde Soto, psicóloga y feminista paraguaya.

“Creo que vamos a tener que estudiarlo mucho y mantenerlo como cabecera, a fin de aprovecharlo íntegramente y poder también hacer incidencia ante los diversos estados de la región para que se cumpla, para que no sea un documento perdido y sí un documento vivo, que marque el rumbo”, agregó Soto.

El desafío de la corresponsabilidad

Previo a la sesión de clausura de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer, un debate centró las miradas en las aristas múltiples de la corresponsabilidad necesaria para sistemas integrales de cuidados.

Bajo la conducción de Doris García Paredes, ministra de la Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer de Honduras, la discusión tomó como eje central la articulación de todos los elementos que intervienen en los sistemas de cuidado.

Ana María Baiardi, gerenta de Género, Inclusión y Diversidad de la Vicepresidencia Corporativa de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), consideró que no existe demasiado disenso acerca de cuáles son las políticas que deben aplicarse para avanzar hacia la corresponsabilidad.

“Se requieren políticas integrales que ofrezcan servicios de cuidado para diferentes poblaciones”, aseguró.

En su opinión, hay que hacerse dos preguntas: ¿cómo implementar políticas de cuidado que logren equilibrio entre calidad de cuidado, protección de derechos y respeto a necesidades particulares de cuidadoras y cuidadores?, y ¿cómo identificar y mitigar riesgos de factibilidad y sostenibilidad de estas políticas?

Según Karina Batthyány, directora ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), cuando hablamos de corresponsabilidad estamos hablando directamente de los sistemas integrales de cuidado y eso implica el nivel político y el de las prácticas cotidianas, que pretenden cuestionar cómo se reparte el cuidado entre Estado, familias, mercado y sociedad civil.

El análisis debe posicionarse desde perspectivas de género y de generaciones y en dos niveles: el micro, que alude a las prácticas cotidianas y el macro, que es absolutamente determinante y alude a la responsabilidad de los Estados. Colocar el análisis en el nivel macro implica directamente hablar de políticas públicas de cuidado. Tenemos, entonces, que retomar la idea el cuidado como un derecho, señaló.

“Se ha hablado mucho de las tres erres en torno a los cuidados: reconocer, reducir, redistribuir, pero más que tres ya van como por cinco si se agrega reformular y revalorizar”, comentó Batthyány.

Insumos para no perder el rumbo

En la sesión de clausura de la XV Conferencia participaron Noel Vaeza, Raúl García-Buchaca, secretario ejecutivo adjunto para Administración y Análisis de Programas de la Cepal; Ayelén Mazzina, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina; y Amina J. Mohammed, vicesecretaria General de las Naciones Unidas, quien participó de manera virtual.

García-Buchaca reconoció el aporte esencial de las mujeres y los movimientos feministas para llegar hasta estos debates.

La XV Conferencia aporta, además, tres documentos programáticos esenciales para avanzar hacia sistemas de cuidados, “una hoja de ruta para transitar a un nuevo modelo de desarrollo inclusivo y con los cuidados al centro”, dijo García-Buchacha

Así, quedan como insumos para el trabajo el documento de posición La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género y la publicación Romper el silencio estadístico para alcanzar la igualdad de género en 2030: aplicación del eje sobre sistemas de información de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, ambos de Cepal.

Además, el informe El financiamiento de los sistemas y políticas de cuidados en América Latina y el Caribe: aportes para una recuperación sostenible con igualdad de género, elaborado de manera conjunta por Cepal y ONU Mujeres.

Desde la convicción de renovar nuestras reflexiones a partir de las crisis en cascada que nos interpelan, es que la CEPAL propone continuar con los esfuerzos feministas de transformación y un profundo cambio civilizatorio: la sociedad del cuidado”, dijo García-Buchaca

Nos mueve el sueño de una región más inclusiva, más plural y más feminista, agregó el funcionario de Cepal.

Noel Vaeza, en tanto, felicitó al plenario porque “ahora tenemos una hoja de ruta para transitar a un nuevo modelo de desarrollo inclusivo y con los cuidados al centro”.

“Tenemos que seguir esa revolución cultural hacia la corresponsabilidad. Este compromiso prueba que se pueden lograr consensos. Ahora tenemos que trabajar en el ‘cómo’ lo implementamos”, remarcó la directora regional de ONUMujeres.

Por su parte, Ayelén Mazzina, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina y presidenta de la XV Conferencia, agradeció a las feministas posicionar que los cuidados son un trabajo, una necesidad y un derecho.

“Nada muestra tanto la injusticia de género como la división sexual del trabajo”, aseveró Mazzina y agregó que es momento de políticas integrales y audaces.

Para Soto, “tanto durante la lectura del documento final como durante toda la conferencia, hubo un reconocimiento explícito e insistente al rol que hemos jugado desde las organizaciones de la sociedad civil para llegar a formular este conjunto de conocimientos, convicciones y compromisos en torno a transformar lo que siempre fue visto como una obligación ‘natural’ de las mujeres”, dijo a SEMlac.

El ciclo que comienza

Más de 1.100 personas participaron de lo que se considera como el principal foro intergubernamental regional de las Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, que justo este año celebra su 45 aniversario.

Delegadas y delegados de 30 de países de América Latina y Caribe y otras regiones; representantes de 17 agencias de las Naciones Unidas y de 14 organismos intergubernamentales; parlamentarias de 15 países de la región y más de 750 integrantes de la sociedad civil visibilizaron la responsabilidad de los Estados ante las políticas de cuidado y la necesidad de avanzar hacia sistemas de corresponsabilidad.

En ese camino, el documento final llamó a “adoptar marcos normativos que garanticen el derecho al cuidado a través de la implementación de políticas y sistemas integrales de cuidado desde las perspectivas de género, interseccionalidad, interculturalidad y derechos humanos, y que incluyan políticas articuladas sobre el tiempo, los recursos, las prestaciones y los servicios públicos universales y de calidad en el territorio”.

Igualmente, reconoció la necesidad de garantizar recursos para el financiamiento de los cuidados, a la vez de implementar políticas fiscales diferenciadas para favorecer la corresponsabilidad.

Visibiliza también otros temas, como la protección del planeta y su diversidad; el acceso a la salud sexual y reproductiva; la eliminación del matrimonio infantil y la violencia de género; la protección de los derechos de las trabajadoras domésticas y el reconocimiento de la importancia de la autonomía e independencia individual de las personas con discapacidad.

Aplausos atronadores del plenario recibió el reclamo a la legalización del aborto y la no discriminación de las poblaciones LGTBIQ+, así como a la protección de las luchadoras por los derechos humanos y la salud del medio ambiente.

Durante la clausura se anunció que la XVI Conferencia será en México, en 2025, y Cuba está entre los países que integran la mesa directiva para el próximo periodo.

Música de María Elena Walsh, pañuelos feministas, junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fueron parte del cierre de la XV Conferencia.

«La única lucha que se pierde es la que se abandona», afirmó Tati Almeida. reconocida activista argentina por los derechos humanos e integrante de las Madres de Plaza de Mayo.

La página aporta datos e información legislativa para la derogación de leyes discriminatorias y el apoyo a medidas de protección legales igualitarias

Redacción

SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 12 de noviembre 2022. – La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y ONU Mujeres han presentado hoy una web que recoge información actualizada sobre derechos económicos y género en los 22 países iberoamericanos. El objetivo de este proyecto es avanzar en igualdad entre mujeres y hombres, ofrecer datos e información legislativa e impulsar la derogación de leyes discriminatorias para promover protecciones legales adecuadas. La web ha sido presentada durante la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Buenos Aires, Argentina.

La plataforma virtual ofrece información legislativa para el seguimiento de los avances de los países de la región en cuanto a la reforma y/o derogación de leyes nacionales que directa o indirectamente pudieran generar discriminaciones vinculadas a la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres.

Este sitio web, desarrollado por SEGIB y ONU Mujeres, permite filtrar la información por países y subregiones, por tipo de legislación, estado de ratificación de tratados internacionales vinculantes y áreas clave para el empoderamiento económico de las mujeres en 8 áreas clave como son: la igualdad de género y no discriminación; la libertad de elección de empleo; la igualdad salarial; la protección de la maternidad; la licencia de paternidad; la seguridad social; los cuidados; y el trabajo doméstico no remunerado. Además, la página también brinda información en torno a distintos aspectos vinculantes tales como el estado de ratificación de tratados internacionales claves para la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres; presenta datos regionales y nacionales, recomendaciones por país, así como recoge recursos para el público general.

“El valor añadido de este proyecto reside en su potencial transformador, al tratarse de una herramienta que permite visibilizar leyes y políticas públicas que coadyuvan al avance de los derechos de las mujeres en un ámbito clave como es el del empoderamiento económico y a nivel iberoamericano. Monitorear esas normas es trabajar por romper la desigualdad estructural del sistema”, aseveró Marta Carballo, Coordinadora del Área de Género de la SEGIB durante la presentación de la web. Por su parte, María Noel Vaeza, Directora de la Oficina Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, enfatizó “que las leyes tienen un papel fundamental para conseguir la igualdad legal en primera instancia y para impulsar políticas y medidas que actúen sobre las desigualdades, reconozcan las necesidades específicas de las mujeres y promuevan la igualdad real.”

Foto: archivo AmecoPress, cedido por UNMIT