SemMéxico, San Luis Potosí. 28 de septiembre, 2021.- Decíamos en la última entrega: hay fechas esenciales para el movimiento feminista en su búsqueda por alcanzar el reconocimiento de derechos y libertades para todas las mujeres. Una de ellas es precisamente el 28 de septiembre, Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro propuesto en 1990 durante el Quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe.
De aquel tiempo, pervive la narrativa del aborto como un grave problema de salud pública derivado de la violencia y la criminalización de las mujeres de la región al hallarse ante un embarazo no deseado. De la década siguiente, constan investigaciones de la Organización Mundial de la Salud en las cuales se calcularon más de 4 millones de abortos clandestinos por año en América Latina y en México un 63% de hospitalizaciones derivadas de complicaciones por abortos provocados como hemorragias, desgarros e infecciones.
En esas condiciones, en las que, la sanción penal incidió directamente en la muerte de las mujeres en tanto orilló a métodos insalubres y peligrosos para interrumpir el embarazo; se mantuvo el país hasta 2007, año de la legalización en Ciudad de México en las primeras doce semanas de gestación, de ese momento hasta ahora se han realizado 237 mil 643 procedimientos de los cuales 205 correspondieron a usuarias provenientes de San Luis Potosí.
Esto no significa que en 14 años de la ILE sólo 205 potosinas hayan abortado, son las que pueden contarse en tanto fueron atendidas por personal médico bajo condiciones seguras y con un control posterior, es decir lo mínimo que tendría que pasar ante una decisión de esa categoría, de no ser porque el delito actual lo vuelve invisible, aunque no lo impida.
Y mire, ahora resulta que este asunto de decidir es algo muy rebasado dicen los opinadores, vamos tarde las feministas en considerar justa la decisión de la Suprema Corte del 7 de septiembre, a nadie le importa eso de que las mujeres estén cada vez más cerca de no morirse por abortar, porque lo de hoy es ¿Qué van a hacer los doctores? ¿Nadie piensa en ellos?
Aclaremos algo antes de atrincherarse políticamente aquí, nadie le arrebató a la comunidad médica la objeción de conciencia, pero la Corte llama a una regulación más exhaustiva, que no obstaculice la decisión de las mujeres. Cuando en 2019 se produjeron los dos primeros foros sobre violencia obstétrica en San Luis Potosí, se dio una disertación ardua y compleja acerca de la ética del personal de salud en convergencia con el respeto a las decisiones de las mujeres y su autonomía reproductiva.
Entre otras cosas se comprendió que el uso del derecho penal de prima ratio para sancionar la violencia obstétrica no era la respuesta, del mismo modo que no lo es encarcelar a las mujeres por no querer continuar un embarazo. Desde luego que el gremio médico tiene derechos y también es plenamente consciente que las mujeres morimos por abortos mal practicados.
No es un tema menor. En el último Informe Semanal de Notificación Inmediata de Muerte Materna, correspondiente a la semana 37, se registraron 792 muertes de mujeres donde las complicaciones derivadas del COVID 19 ocupan las primeras dos causas de muerte, pero en las siguientes se hallan sus originarias, las hemorragias obstétricas, las complicaciones en el embarazo y por supuesto, el aborto. Justo nuestro estado supera la Razón de Mortalidad Materna Nacional con 59.5 por ciento, 18 defunciones en este 2021.
Para encontrar un punto adecuado e introducir una política de prevención del aborto, un periodo adecuado para llevarlo a cabo de modo seguro y decidir cuándo sí penarlo para proteger a las mujeres de la violencia, requiere dimensionar que estamos en un Estado laico, que exige de nosotros soltar los atavismos y trabajar para garantizar la salud de las mujeres. Si la legalización se puede hacer de cualquier manera, ¿Por qué no hacerlo como corresponde? A más ver.
Está detrás de las resoluciones de la Corte y también en el Congreso local
Anuncia una protesta en la SCJN el 3 de octubre
SemMéxico/Ceprovysa, Chilpancingo, Gro., 28 de septiembre, 2021.- “Si empiezan a golpear a la gente, su fe, su familia, yo se los aseguro que en poco tiempo se les va a voltear a ese partido -Morena- y al Presidente”, consideró en su homilía, el Obispo Salvador Rangel Mendoza.
Luego de explicar a su feligresía de manera presencial y a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales, el obispo relacionó las lecturas bíblicas con tres temas: la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la despenalización del aborto; la objeción de conciencia y que se obligara a Legisladores locales a votar por Eduardo López Betancourt para recibir la Presea Sentimientos de la Nación.
Sobre éste tema, el obispo Rangel Mendoza dijo que un legislador -del que omitió su nombre- señaló: “nos obligaron a votar por ese señor -Eduardo López Betancourt, nos maicearon”. López Betancourt es el abogado que defendió a Félix Salgado Macedonio.
Sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa afirmó que “han condenado al inocente”, al despenalizar el Aborto y preguntó ¿por qué lo tienen que quitar, si ni la fe lo puede quitar?
Para el Obispo, el impulso de esas decisiones de la SCJN está en el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Después reconocería que él votó por “AMLO y por Evelyn”, y agregó “pero si empiezan con sus cosas voy a cambiar por lo menos de sindicato”, como “podría hacerlo la gente si empiezan a golpear a la gente sencilla, su fe, du familia”.
Anunció que pretenden protestar en Ciudad de México el domingo 3 de octubre por estas acciones de la Suprema Corte.
Equis Justicia y Red Nacional de Refugios lanzan el pacto para la construcción de un modelo de justicia abierta y centrado en la igualdad
Confían en que los tribunales puedan ser instituciones más democráticas
Micaela Márquez
SemMéxico, Cd. de México, 28 de septiembre 2021.- México es uno de los 10 países peor evaluados en impunidad y justicia, mientras que el 64 por ciento de la población considera que juezas y jueces son corruptos, por ello el Pacto por la Justicia Abierta con Perspectiva de Género tiene como objetivo abatir la impunidad, principalmente, entre las mujeres.
Equis Justicia para las Mujeres presentó el Pacto que impulsará la publicación de información sobre carpetas, sentencias y procedimientos judiciales. Así como cursos de capacitación con perspectiva de género, justicia digital y prácticas innovadoras, entre otros.
Isabel Erreguerena, coordinadora de Equis Justicia, expresó que es importante que los jueces se sumen porque la transparencia no obstaculiza la impartición de justicia y los pone al lado de las personas.
En el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, más de 30 organizaciones feministas, indígenas y de derechos humanos, así como instituciones académicas se unen para lanzar el pacto para la construcción de un modelo de justicia abierta y centrado en la igualdad y la no discriminación con la participación ciudadana.
Se convoca a un compromiso de dos años entre academia, ciudadanía y gobierno, para trabajar de manera conjunta en la implementación de siete líneas estratégicas y 20 acciones, a desarrollarse en cinco etapas distintas por parte de los Poderes Judiciales, así como por los institutos locales de transparencia.
Es un llamado para impulsar políticas y acciones que garanticen el acceso a la información y a una justicia con perspectiva de género, para que el sistema responda a las necesidades de justicia de todas las personas que habitan el territorio nacional, empezando por aquellos colectivos sociales que están en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo.
Lo que se quiere es un sistema de justicia accesible y eficaz en el que nadie quede fuera.
Las personas convocantes confían en que los tribunales puedan ser instituciones más democráticas con legitimidad social y depositarias de la confianza de todos los sectores sociales para lograr justicia, igualdad, libertad y paz social.
Consideran esta iniciativa participativa un gran reto para los poderes judiciales, pero también una gran oportunidad para caminar hacia la garantía real de acceso a la justicia.
De acuerdo con Magistrado Armando Maitret, presidente de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, signar este pacto permite al Poder Judicial saldar la deuda histórica con las mujeres y la sociedad.
Durante la presentación, además de la Red Nacional de Refugios y EQUIS Justicia para las Mujeres, organización que articula estos esfuerzos participaron representantes de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
La convocatoria para que Poderes Judiciales e institutos de transparencia suscriban el Pacto, así como para que universidades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales se sumen como impulsoras del mismo, estará abierta hasta el 5 de noviembre.
El seguimiento al cumplimiento de las estrategias y acciones antes mencionadas se realizará mediante la “Cartografía de la justicia abierta”, la cual mostrará los avances de este Pacto.
En carta pública, CLADEM llama a garantizar los métodos anticonceptivos
Destaca los avances de México y Argentina y lamenta lo que sucede en otras naciones
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 28 de septiembre, 2021.- Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, exigió hoy a los Estados de la región eliminar todos los obstáculos que impiden el derecho al aborto legal y seguro, incluidas las leyes restrictivas y discriminatorias.
Abordar y eliminar todos los obstáculos que impiden el acceso al aborto legal y seguro en los países donde es legal; garantizar el acceso a métodos anticonceptivos modernos. Incorporar la mifepristona y misoprostol en la lista de canasta básica de medicamentos.
Avanzar en la implementación de la educación integral en sexualidad con enfoque de derechos humanos y en la sensibilización de género de los equipos de salud y de justicia.
En una carta pública, CLADEM destaca los avances en México y Argentina, los cuales contrastan con las medidas adoptadas en los Estados Unidos para restringir el derecho a decidir de las mujeres. En México, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en el Estado de Coahuila. Este fallo histórico abre el camino para la despenalización del aborto en todo el país, que hasta el momento sólo se ha logrado en cuatro entidades federativas.
Mientras que, en Argentina, en 2020, se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que permite la práctica legal del aborto hasta la semana 14, plazo después del cual sólo aplican los supuestos para la interrupción legal (ILE).
Lo contrario sucede en el Estado de Texas que prohibió la prestación de servicios de aborto después de la sexta semana de gestación, permitiendo además que la ciudadanía emprenda acciones legales contra las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos.
El Congreso de Honduras aprobó, en enero de este año, una reforma constitucional para clausurar el debate social sobre la interrupción legal del embarazo y blindar la prohibición del aborto de modo definitivo. Sin embargo, en septiembre de 2021 la Corte Constitucional aceptó la revisión de la despenalización del aborto.
La interrupción del embarazo continúa completamente penalizada en seis países de nuestra región: El Salvador, Rep. Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam. En estos contextos restrictivos, las mujeres son procesadas por homicidio inclusive por abortos espontáneos.
El pronunciamiento se da este #28S Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que este año como el anterior se conmemora en medio de una crisis sanitaria que no hemos superado, con impactos ocasionados en todos los órdenes de la vida social y que feministas han señalado en dos aspectos fundamentales los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas. Además de un incremento en las violencias, incluida la sexual, y sobre las crecientes dificultades para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva.
En América Latina y el Caribe, los niveles de violencia contra las mujeres ya eran preocupantes previo a la pandemia. Con los sistemas de salud saturados para atender los efectos de la pandemia, la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva se vieron impactados, incluido el acceso a la anticoncepción moderna, la atención a la salud materna y a la interrupción del embarazo (en los países donde la práctica es legal por causales o por plazos).
Una de las consecuencias previsibles del incremento de violencia sexual en niñas y adolescentes en este periodo son los embarazos infantiles y en adolescentes. Los hogares siguen siendo lugares poco seguros para ellas. Por otra parte, los riesgos de muerte materna se incrementaron en toda la región vinculados a la escasez o ausencia de controles pre-natales, así como a la probable multiplicación de las prácticas inseguras de aborto en este contexto, señala el pronunciamiento.
Consideraron urgente establecer rutas claras, accesibles y eficaces para el ILE
Exhortan al gremio médico y de salud a no utilizar su moralidad personal y creencias para objetar la decisión de las mujeres
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 28 de septiembre, 2021.- Con presencia en 20 estados de la República las integrantes de la Red Médicas por el Derecho a Decidir se pronunciaron por un aborto legal y seguro en todo el país.
Llaman al sector salud público y privado para asegurar el acceso de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a un servicio de aborto seguro, de calidad y libre de estigmas que salvaguarde la integridad y la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Consideraron urgente establecer rutas claras, accesibles y eficaces para el aborto seguro y legal en cada rincón del país, tras señalar que solo en la Ciudad de México se cuenta con clínicas gratuitas para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a pesar de que, en Oaxaca, Hidalgo, y Veracruz ya está reconocido, pero aun en estos estados se presentan resistencias.
Decidieron darse a conocer públicamente este 28 de septiembre Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro y después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomara la resolución histórica de declarar inconstitucional la criminalización de las mujeres por abortar.
Así como la inconstitucionalidad de los artículos que reconocen la vida desde la concepción en algunos estados del país y la invalidación de la objeción de conciencia.
Como profesionistas de la medicina exhortan al gremio médico y de salud a no utilizar su moralidad personal y creencias para objetar la decisión de las mujeres y de las mujeres en su autodeterminación corporal y de vida.
Consideran que a partir de este momento ninguna mujer debería morir por un aborto inseguro, en conferencia de prensa expresaron estar conscientes de la violencia de grupos pro vida, pero consideraron que es momento de alzar la voz por un aborto legal y seguro en todo México.
Su objetivo es que todas las mujeres y niñas sepan que un aborto por violación es una urgencia pueden solicitar un servicio legal de interrupción del embarazo en cualquier hospital y si no lo pueden realizar en dicho lugar por ley deben remitirlo a otro servicio médico.
Su objetivo también es vincularse con otras organizaciones a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al igual que las de las acompañantes que es considerado una práctica segura por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre todo en la pandemia.
Como profesionistas de la medicina les recordaron a las instituciones de salud que es su obligación es asegurar el acceso de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, a servicios de aborto seguro de calidad, con amplia cobertura, personal sensibilizado y capacitado.
Así como la disponibilidad de insumos adecuados para una atención digna, libre de estigmas y con salvaguarda de la integridad y la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar usuarias.
También detallaron que no todas las personas en los servicios médicos están capacitadas para realizar un aborto por lo que demandaron capacitación en las instituciones y que se incluya en los planes de las escuelas de la medicina. Incluso están conscientes que dentro de estas clínicas hay personas que no necesariamente están a favor de la interrupción del embarazo y se refleja en la calidad del servicio.
Consideran que deben contribuir que las mujeres accedan a métodos de salud a educación sexual y reproductiva para que no haya embarazos adolescentes ya que ejercen en los espacios donde las leyes y los programas de salud debieran garantizar los derechos humanos para todas las personas, pero es ahí donde se han dado cuenta de las múltiples maneras en que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se vulneran a diario.
Reconocen que la falta de acceso al aborto seguro constituye un problema de salud pública y de derechos humanos, con una causal histórica de desigualdades de género y de injusticia social, cultural y económica.
“Consideramos que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, deben tener acceso a la interrupción del embarazo por cualquier causa, en condiciones de plena seguridad y legalidad”, afirman.
SemMéxico, Pachuca, Hidalgo, 28 de septiembre, 2021.- A través de los siglos, nos han vendido la promesa de que no importa lo malo que suceda en nuestras vidas porque algún día llegará el amor verdadero, principio y fin de todo, el salvador de almas, la persona a la que debemos entregarnos incondicionalmente, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la cordura y en la locura, aunque sí te excedes la misma sociedad que te educa de esa forma después podrá juzgarte por aguantar demasiado, así que… siéntanse en casa, hoy vamos a hablar sobre el vínculo traumático.
“Ya supéralo”, “no merece tus lágrimas”, “deberías conocer a otras personas” son frases que probablemente hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas si consideramos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que cerca de 736 millones de mujeres (es decir, una de cada tres) sufren violencia infligida por un compañero íntimo, esperen, probablemente su machismo oculto les dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? La respuesta es: la violencia silenciosa.
Cuando una persona tiene una relación en donde constantemente evalúa su forma de ser y su comportamiento para evitar que su pareja se moleste, cuando tu pareja usa los celos para elevar su autoestima y destruir el tuyo, cuando piensas todo el tiempo que algo hiciste mal y te sientes culpable porque no te quiere, cuando la inestabilidad y la inseguridad son la base de ese intercambio de emociones y experiencias significa que quizá eres víctima de abuso narcisista.
Nota. Si vives una situación similar ojalá este texto pueda ayudarte. Sí sucedió. Tú no lo causaste, ni tampoco lo merecías. Continúa.
El abuso emocional narcisista es difícil de detectar porque está oculto detrás de una cortina de bondad y respeto, es decir, cuando el victimario nos vende la idea de que es la pareja ideal que ha llegado a tu vida para enseñarte lo que ni siquiera imaginabas que existía y sí lo hará porque el infierno tendrá nombre y parentesco a su lado.
Para el mundo exterior es una persona intachable, una representación fiel de los moralistas que gustan de recrear la imagen del hombre protector que salva a la mujer indefensa, pero el pago de este boleto es padecer ansiedad, baja autoestima, comportamientos autodestructivos y una severa depresión.
El narcisista creará al principio un clima de confianza que en realidad es falso para después dinamitarlo al ocasionar que pierdas la confianza en la relación y te culpará de ello. Lo anterior es secundado por la triangulación narcisista, un mecanismo de defensa de manipulación indirecto donde alguien (real o imaginario) es una fuente de respaldo para el agresor. Un ejemplo es cuando el agresor te cuenta historias sobre los halagos e intenciones de otras personas de estar cerca de él. Aunado a ello, el abuso es reforzado con los gestos buenos ocasionales del narcisista lo que te conduce a un abuso crónico y a la codependencia emocional.
Descenso al inférnum*
Una vez que la relación ha terminado (generalmente porque el agresor encontró a una nueva víctima), tal cual una adicción, en el proceso de abstinencia experimentarás lo que los anónimos llaman los Cuatro Jinetes: terror, aturdimiento, frustración y desesperación.
Voy a atreverme a asegurar que distanciarte de un narcisista sin ayuda psicológica es imposible. IMPOSIBLE, en mayúsculas. No porque seas débil sino porque va a preparar el terreno para generar el vínculo traumático, el cual consiste en un ciclo destructivo de comportamientos donde te hará creer que fuiste tú quien arruinó la relación, minimiza tus sentimientos y niega toda responsabilidad en el término de la misma, en esta etapa la víctima experimenta culpa interminable mezclada con necesidad de amor, reconocimiento y aprobación del agresor, lo cual vendrá acompañado de una manipulación compleja que hará cuestionarte sobre tus emociones y, peor aún, tu cordura.
Hay una solución
“Romantizar y extrañar una relación que anteriormente te ha destruido emocionalmente es un signo de vínculo traumático, no de amor” (sic), leí un día en redes sociales esas palabras que llegaron hasta lo más profundo de mi espíritu y le agradezco desde este espacio a la mujer desconocida que escribió ese tuit.
¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por no terminar una relación de abuso? ¿Cuántas veces las hemos dejado solas en su proceso de sanación? No es una obsesión, no es estupidez humana, no es “por pendeja”, no es “le gusta la mala vida”, es un vínculo traumático.
El vínculo traumático es aquella situación cuando ves y sientes que una persona claramente te hace daño, pero no sabes por qué no te alejas de ella y no tener valor para hacerlo te tortura aún más. Está basado en la dependencia y borra tu identidad, tu esencia. Todo.
La psicología dice que existen tres factores clave para romper el vínculo traumático:
Separación física y emocional del abusador narcisista. Reconocimiento del abuso y desarrollo de una red de apoyo porque al tratar de liberarse emocionalmente, el narcisista se esforzará para que vuelva a estar bajo su control.
Hoy los invito a ser esa red de apoyo si conocen a una persona que viva una situación similar a lo aquí descrito. No juzguen. No presionen. Solo acompañen hasta que logre salir a la luz.
Por el contrario, si te sientes identificada con este texto, busca ayuda. No es amor, es un vínculo traumático.
Atentamente: una sobreviviente.
*Palabra en latín que significa infierno (por debajo de, lugar inferior, subterráneo).
Objeción de conciencia, falta de información y formación, requisito previo o acoso de los grupos ultras, son algunas de las 45 barreras detectadas
En aborto está garantizado y es gratuito en nuestro país hasta la semana 14 de embarazo
Marisa Kohan
SemMéxico/Público, España, 28 de septiembre, 2021.- Desde hace más de once años el aborto es un derecho reconocido en nuestro país. La Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, supuso un gran salto adelante en los derechos de las mujeres a interrumpir su embarazo. Se pasó de una ley que reconocía tres supuestos bajo los que las mujeres podían abortar (riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada, violación, y malformaciones o taras físicas o psíquicas en el feto) a otra que reconoce la autonomía de la mujer a la hora de decidir sobre su cuerpo y su maternidad.
Sin embargo, a pesar de que España cuenta con una de las legislaciones más amplias y progresistas, no está exenta de barreras que, de hecho, suponen importantes trabas a la hora de que las mujeres puedan ejercer este derecho. Un reciente informe elaborado por la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya y Baleares (APFCIB), cita hasta 45 barreras que impiden o dificultan el disfrute de este derecho.
El Ministerio de Igualdad está embarcado desde hace ya unos meses en una reforma estructural de la ley que regula la interrupción el embarazo y los derechos sexuales y reproductivos. Una reforma tan amplia, afirman fuentes de Igualdad, que será tramitada con un procedimiento idéntico al que se utiliza en la elaboración de una nueva legislación. Para ello, la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, ha anunciado este lunes la apertura de un proceso participativo abierto a la sociedad civil. Tras este proceso se elaborará un anteproyecto de ley que tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros y comenzar a partir de ahí los trámites de validación por los distintos órganos preceptivos y acabar en un trámite parlamentario, con la votación en el Congreso y Senado.
Este martes, cuando se celebra Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, recogemos algunas de las principales barreras que aún a día de hoy siguen encontrando las mujeres que desean abortar y que es necesario subsanar.
La objeción de conciencia
Se trata de una de las mayores trabas que enfrentan las mujeres para poder realizarse un aborto en los centros públicos de salud. A pesar de que la interrupción del embarazo está incluida dentro la cartera básica de salud a nivel estatal, los centros públicos que realizan abortos son una excepción, en lugar de constituir la regla. En 2019 (últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad), cinco autonomías no habían realizado ningún aborto en centros públicos y en la mayoría de las otras, los datos son testimoniales. En aborto está garantizado y es gratuito en nuestro país hasta la semana 14 de embarazo, pero más del 85 % se realiza en centros concertados o privados, financiados con dinero público. El principal motivo para que no se realicen interrupciones del embarazo en hospitales está relacionado con la negativa de los médicos a realizar abortos, lo que acaba por convertir este derecho «individual» en «colectivo».
Así lo denunció recientemente una mujer, a la que el hospital Clínico San Carlos (uno de los hospitales públicos de referencia en Madrid) se negó a practicarle un aborto a pesar de que el feto era inviable y que existía riesgo para su propia salud. En motivo: todos los médicos del servicio eran objetores.
«La objeción de conciencia se ha convertido en una violencia institucional»
En nuestro país se realizan anualmente unos 100.000 abortos, por lo que no se puede considerar una práctica ocasional. Desde las organizaciones de planificación familiar y de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, denuncian que esta práctica masiva de la objeción viola la legislación y que el derecho individual a la objeción de conciencia no puede estar por encima de los derechos a la salud de las mujeres.
La Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya denuncia que este derecho a la objeción se ha convertido en «una expresión más de la violencia institucional» y reclama acciones concretas, como prohibir los convenios o contratos públicos con centro sanitarios que objeten al aborto, como los conciertos con algunos hospitales religiosos que en sus estatutos se oponen al aborto, violando la legislación.
El Ministerio de Igualdad ha manifestado su voluntad de modificar la ley para crear un registro de objetores, que clarifique en qué centros están los objetores y a qué práctica se oponen y así poder planificar recursos donde se necesiten. Que el Estado no garantice este servicio en los centros públicos es una dejación de sus funciones, denuncian los expertos.
Tres días de reflexión obligatoria
La ley que regula la interrupción el embarazo estipula la obligatoriedad de que las mujeres que quieran acceder a un aborto dentro de las primeras 14 semanas de embarazo deben recoger personalmente un sobre informativo y pasar por un período de reflexión de tres días, antes de poder tomar ninguna decisión. «Se trata de barreras disuasorias que provoca la violencia institucional en el control de los cuerpos de las mujeres», que «menosprecia la autonomía de la mujer», que es «paternalista» y que «no se da en ningún otro procedimiento sanitario», afirma un documento hecho público por la APFCIB.
Esta práctica se mantuvo en la mayoría de autonomías incluso en pleno confinamiento por la covid-19, lo que supuso un riesgo añadido a la salud de las mujeres, que debían desplazarse físicamente a un centro sanitario público o privado para recoger personalmente el sobre. En algunas comunidades, como Catalunya, Andalucía o Galicia este procedimiento se autorizó a realizase a través del correo electrónico, pero en la mayoría de las comunidades el procedimiento no se modificó, a pesar de las restricciones de movilidad para reducir los contagios.
Otro de los problemas que enfrentan las mujeres es el contenido del sobre. Éste depende de las propias autonomías, y en algunas, como en Madrid, la información que reciben está enfocada a recursos de ayuda a las mujeres que deciden seguir adelante con su embarazo, en lugar de recursos e información útil para interrumpirlo. Muchos de los centros incluidos en dicho sobre, están relacionados con organizaciones antiaborto.
Falta de información sobre el aborto
Un estudio llevado a cabo por la Asociación de Planificación Familiar de Catalunya desveló la falta de información oficial de las Administraciones públicas relativas al derecho al aborto y al itinerario que debe seguir una mujer que quiera interrumpir su embarazo. Incluso cuando se encuentra información en las webs del Ministerio de Sanidad, ésta no es relevante para las mujeres, puesto que está enfocada a profesionales o a la recopilación estadística.
Esta falta de materiales claros y fiables, tiene como consecuencia que las mujeres que buscan informaciones sobre aborto acaben consultándola en webs mantenidas por grupos u organizaciones contrarias al aborto, que no sólo facilitan información ambigua o falsa, sino que está enfocada a medidas de apoyo a las mujeres que lleven a cabo su embarazo y que desincentivan su interrupción. Un ejemplo de esto es el hecho de que la página de Red Madre, un grupo antiaborto, aparece siempre en primer lugar en las búsquedas en diversos buscadores web.
Hostigamiento por grupos fundamentalistas y antiaborto
Desde hace años, diversos grupos fundamentalistas y antiaborto organizan concentraciones delante de las clínicas autorizadas para la interrupción del embarazo. Si bien estas actuaciones se realizan a lo largo de todo el año en diversos centros de todo el país, hay momentos en los que se organizan campañas coordinadas con este fin. Este es el caso de los 40 días por la vida que ha comenzado el 22 de septiembre y que tiene previsto extenderse hasta el 31 de octubre.
Se trata de un hostigamiento y acoso tanto a las mujeres que acuden a practicarse un aborto, como a los profesionales sanitarios que los realizan. A las puertas de las clínicas, sin ningún tipo de medidas de alejamiento, reparten folletos con información falsa, tergiversada y en ocasiones acorralan e insultan a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo.
Un amplio grupo formado por 65 organizaciones agrupadas en la plataforma Pro Derechos, denunció que más de 8.000 mujeres habían sufrido hostigamiento y acoso al ir a interrumpir su embarazo. Hace una semana, el Congreso aprobó tomar en consideración una propuesta del PSOE para incluir en el Código Penal que se considere como delito penado con hasta un año de cárcel a quienes «hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo». Medidas similares ya existen en los códigos penales de otros países europeos, como Francia, Alemania o Inglaterra.
Falta de formación y desprestigio del aborto
En las universidades de medicina de nuestro país no se enseñan los métodos existentes o actuales para la interrupción del embarazo. Esta falta de profesionalización del personal sanitario y la estigmatización que se hace del aborto hace que esta práctica no tenga prestigio y que muchos médicos prefieran no practicarla. Tal como explica a Público Guillermo González Antón, presidente de Federación de Planificación Familiar (SEDRA-FPFE), muchos de los médicos que se niegan a realizar abortos no lo hacen por motivos morales o de conciencia, sino «por una objeción de tipo profesional», para no ser estigmatizados o señalados dentro de la profesión o del hospital.
Otro de los motivos, aducen los expertos, es que los médicos que den el paso al frente, además, temen que puedan acabar dedicándose sólo a eso. Por este motivo, González es partidario de introducir la formación sobre aborto en las facultades y desestigmatizar esta práctica. «En España se realizan 3.000 transplante de riñón, pero 100.000 abortos al año. No se trata de un acto médico con poca actividad. Eso que está estigmatizado, es un acto médico que resuelve muchos problemas a muchas mujeres de este país. Por lo que debería normalizarse e incluirse en el circuito formativo».
Restricciones a jóvenes de 16 y 17 años
La ley de interrupción del embarazo de 2010 permitía a las menores de 16 y 17 declarar su consentimiento al aborto informando al menos a uno de los sus padres o tutores legales. Pero permitía que en casos de serio conflicto, pudieran prescindir de dicha autorización. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular derogó en 2015 ese artículo. Fue la única modificación que finalmente introdujo el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que había prometido volver a una ley de plazos anterior al año 85.
Desde entonces, las menores precisan de una autorización expresa de sus dos progenitores o de sus tutores legales para practicarse un aborto, incluso en circunstancias en las que éstas se encuentren en situaciones de violencia o no puedan contar con dicha autorización. No existe otro procedimiento en el sistema de salud en que se exija este requisito, por lo que supone un obstáculo a decidir sobre su cuerpo y las empuja, en muchas ocasiones, a buscar métodos para interrumpir su embarazo que no son seguros y que ponen en riesgo su salud y su integridad mental.
España sigue penalizando el aborto
Una de las lecciones aprendidas en diversos países del mundo, es que cuando el aborto está incluido en el código penal, la salud y la vida de las mujeres corre peligro. España no escapa a esta práctica. Si bien el aborto es libre hasta la semana 14 de embarazo y puede ser recomendado por causas médicas entre ese momento y la semana 22, más allá de ese plazo se considera ilegal. Los abortos más avanzados que supongan algún tipo de peligro para el feto o para la madre deben ser autorizados por un tribunal médico, cuya conformación y atribuciones no están claras ni convenientemente reguladas en la ley, tal como han denunciado diversos expertos en salud reproductiva a lo largo de los últimos años.
Los artículos 145 y 145bis del Código Penal contienen penas de cárcel para los profesionales que realicen abortos fuera de los casos permitidos por la ley (con prisión de entre uno y tres años) y con multas para las mujeres que aborten. El artículo 145 bis de la misma norma prevé penas e inhabilitación, también, para los profesionales sanitarios que no hayan comprobado que la mujer hubiera recibido información previa antes de abortar o que cuando no se haya respetado los tres días de reflexión a los que las mujeres están obligadas antes de un aborto.
Las organizaciones de defensa de los derechos sexuales y reproductivos exigen que la única penalización que debería mantenerse en el Código Penal debe ser la que penalice los abortos que se realicen en contra de la voluntad de la mujer. Canadá es el único país que no tiene el aborto incluido en el Código Penal y recientemente una histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México decretó inconstitucional penalizar a las mujeres que aborten.
Recurso de inconstitucionalidad
El Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del que permite el aborto de 2010. Este recurso fue presentado por un grupo de 71 diputados del Partido Popular poco después de aprobarse la ley y, a pesar de que el Alto Tribunal prometió tramitarlo con carácter prioritario, más de once años después no ha emitido una resolución.
Se trata del recurso de inconstitucionalidad que más tiempo lleva sin resolverse en España y la decisión está en manos del magistrado Andrés Ollero, conocido miembro del Opus Dei y exdiputado del Partido Popular, que no esconde sus ideas antiabortistas.
GIRE: insistimos en que los sistemas de salud proporcionen servicios de interrupción del embarazo de manera legal, segura y gratuita”.
Los hospitales avisan a la Fiscalía que coacciona a las mujeres para que declaren que ellas se provocaron un aborto
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 28 de septiembre, 2021.- Alarmante el patrón de atención por parte de personal de salud y de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, señala GIRE, quien informa que entre abril y julio de 2021 tuvo conocimiento de varios casos de mujeres criminalizadas por aborto en esa entidad.
En todos los casos, los hospitales dieron aviso a la Fiscalía en cuanto las mujeres solicitaron atención médica, además de que se les coaccionó para que declararan que se habían provocado un aborto con la ingesta de pastillas, dice en un comunicado.
Asimismo, cuando el personal de la Fiscalía llegó a los hospitales, interrogó a las mujeres, les tomó fotografías y les hizo firmar su declaración sin explicarles los alcances de ese procedimiento. Todas fueron tratadas como criminales y durante su estancia en los hospitales no se les dio la información completa sobre su situación jurídica.
Por ello, la organización se suma este #28S “a las múltiples voces que robustecen el grito por la libertad y la autonomía reproductiva, e insistimos en la necesidad de que los sistemas de salud proporcionen servicios de interrupción del embarazo de manera legal, segura y gratuita”.
Explican que al conocer estos casos, se acercaron a las mujeres y sus familias para acompañarlas en el proceso penal iniciado en su contra, evitar que fueran privadas de la libertad y contribuir a que el acceso a los servicios de salud que requerían se diera en tiempo y forma.
Como muchas legislaciones en materia de aborto en el país, la de Aguascalientes refleja la creencia de que las mujeres deben privilegiar el valor de la maternidad y, en caso de no hacerlo, pueden ser penalizadas de diversas formas. Las sanciones por el delito de aborto van de 6 meses a 3 años de privación de libertad, o multas económicas que van de 40 a 80 días de salario mínimo.
La criminalización, sin embargo, impacta no sólo a quienes son procesadas penalmente por aborto, sino también a quienes cursan embarazos no deseados y deben elegir entre poner en riesgo su salud y su libertad, modificar su proyecto de vida o, bien, sufrir violencia institucional al acudir a hospitales a solicitar la interrupción del embarazo bajo alguna de las causales establecidas en las leyes.
Es alarmante lo que sucede en Aguascalientes y, por ello, con base en el acompañamiento que seguimos brindando a estos casos, hoy presentamos “Criminalización del aborto en Aguascalientes: un foco rojo”, reportaje que busca explicar el contexto en el que se han presentado las violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres en esta entidad del país.
En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro reconocemos y agradecemos a quienes, en el estado de Aguascalientes y otros estados de México y en toda la región, trabajan a favor de los derechos reproductivos.
Durante meses fue acosada por agente municipal de El Porvenir, población donde vivía
Además, su pareja tenía antecedentes por un feminicidio ocurrido en 2014, fue liberado dos años después
Patricia Briseño
SemMéxico, Oaxaca, 29 de septiembre, 2021.- Por las circunstancias dudosas de la muerte de una adolescente de 16 años de edad, ocurrido en la comunidad indígena de El Porvenir, en el municipio de San Juan Cotzocón, la Fiscalía General de Oaxaca realizará la investigación bajo el protocolo de feminicidio.
El Ministerio Público inició la carpeta de investigación 31710/FIS/FMUJ-TEHUANTEPEC/2021, para determinar la causa del aparente suicidio de Fanny Guadalupe, priorizando las necesidades particulares de las víctimas indirectas
Dora Anabel Hernández Bautista, tía de la fallecida espera que en el transcurso de las próximas horas la Fiscalía entreviste a los miembros de la familia y amistades testigos del acoso sexual y hostigamiento, además de amenazas de muerte de las que Fanny fue objeto por parte del agente municipal de El Porvenir, Isaac Hernández Guillen.
De igual manera, exige que, entre las líneas de investigación, el Ministerio Público incluya a Alexis Trujillo Varela, pareja de la víctima, quien en 2014 fue recluido por asesinar a una mujer con un arma de fuego, en la ciudad de Tuxtepec, sin embargo, fue liberado un par de años después.
En entrevista telefónica, luego de darle sepultura a su sobrina, Dora exige que la muerte de su sobrina y madre de una niña de cuatro meses, ocurrida la madrugada del pasado domingo en el domicilio conyugal, “se indague como feminicidio y no suicidio, como se pretende”.
“La autoridad municipal se dedicó a acosar a mi sobrina, de unos ocho meses a la fecha. Le insistía que anduviera con él, pero mi Fanny siempre lo rechazó; además, ella vivía en pareja y estaba embarazada”, recordó.
Según la versión de la familiar al paso de los días, el acoso subió de tono, hasta amenazarla de muerte, por lo que tía y sobrina denunciaron este abuso ante la Vicefiscalía, en Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec.
«Mira, a mí no se me va a hacer difícil matar a una perra como tú, si yo quiero te lleno la cabeza de tiros», le dijo el agente de El Porvenir a Fanny. La amenaza quedó registrada en la carpeta de investigación 23472/FIST/CODDI-MATIAS/2021.
«La autoridad fue omisa, pues nunca acudió a la localidad, ni gestionó medidas cautelares para Fanny”, aseguró.
En la carpeta de investigación quedó asentado que el agente municipal, Hernández Guillen, le advirtió que habría de expulsarla del pueblo e incluso la golpeó.
«Lárgate y de una vez te aviso que voy a denunciarte por vender drogas, voy a hacer que te metan a la correccional de menores», le gritó iracundo.
Hoy, la tía recibió amenazas del agente municipal y de la pareja de la víctima, ambos advirtieron que habrán de matarla.
SemMéxico, Cd. de México. 28 de septiembre, 2021.- En tiempos de la revolución y cuando esta tendía a los acuerdos a plomazos entre los bandos discordantes con el reparto del poder, fue práctica socorrida llevar al paredón al enemigo capturado y sometido a juicio sumario, para fusilarlo.
Muchos asesinatos se consumaron en aras de la supuesta justicia y contra traidores, a los que por lo general se negó el derecho de defensa y contra quienes obró, por encima de cualquier argumento, la palabra del gobernante en turno, del jefe militar e incluso del Presidente de la República.
Un caso emblemático fue Plutarco Elías Calles cuando combatió a los cristeros que, debe decirse, no eran hermanas de la caridad. Lea usted el siguiente párrafo y ubíquelo en cualquier momento de la historia nacional.
“¿Por qué nada más se va a castigar a los pobres, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, a los que no tienen agarraderas, a los que no son influyentes? No, tiene que acabarse con la impunidad, sea quien sea. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, sean amigos, colegas, familiares, que se entienda”.
Sin duda, usted simpatizará con quien plantea esa reflexión con sus conclusiones que entrañan aplicar la ley sin distingos. Perfecto, con ese tipo de mensajes una campaña prospera porque la idea toral mueve sentimientos, gana empatía con el candidato.
El riesgo es que, ese candidato triunfe en la contienda y asuma el poder, incluso el poder máximo que otorga el cargo de elección popular, pero incumpla y lo utilice para dividir a la población entre ricos y pobres, buenos y malos, e invoque a la muchedumbre a llevar hasta la plaza mayor al influyente para, sin mediar proceso legal, quemarlo con leña verde, o lincharlo públicamente.
El riesgo, gran riesgo de ser gobernado por un iluminado y justiciero que, con la investidura de Su Alteza Serenísima declama esa reflexión y asume el papel de juez y parte, en un proceso en el que su palabra es la ley, el paredón frente al cual se ajusticia a aquel que osó discrepar del gobierno e incluso denunciar ilícitos cometidos por el funcionario en turno y uso del poder en nombre de la 4T.
Ese perverso comparativo en la aplicación de la ley que hizo el Duce Andrés Manuel, en la mañanera del pasado viernes 24 de septiembre, forma parte del linchamiento que ha alimentado contra 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, organismo de consulta del Conacyt que desde 2019 dejó de recibir la partida presupuestal aprobada por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de ese año.
A los 31 investigadores, analistas, exfuncionarios públicos, docentes e investigadores de diferentes Universidades, se les acusa hasta de crimen organizado y lavado de dinero
¿Son culpables? ¿Hay sustento en la acusación que presentó la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla?
Sin duda el hecho de contar con altos títulos académicos y respetabilidad en espacios de la ciencia y la investigación, no implica carta de buena conducta ni vacuna contra las tentaciones de la corrupción. Ni santos ni beatos mucho menos impolutos y honestos.
Es posible y solo posible que entre estos 31 notables y respetados mexicanos haya quien, finalmente humano, sucumbió a esas tentaciones y se hizo de algunos dineros pero ¿es delito viajar en primera clase cuando hay un órgano directivo que lo autoriza?, ¿es delito consumir bocadillos de salmón en lugar de galletas saladas con sardina en jitomate, si el gasto es aprobado por un cuerpo administrativo?
Y, vaya, si los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico compraron un inmueble en Coyoacán y no en Iztapalapa, como perversamente cuestiona Su Alteza Serenísima, ninguno de ellos escrituró el inmueble a su nombre.
Hay mucha perversidad y ganas de joder a estos personajes que han servido y sirven a México, que son aspiracionistas y han estudiado e incluso imparten cátedra en prestigiadas universidades en el extranjero.
Mal tino, pésima jugada ésta en la que lo mismo el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, proceden con el respaldo oficioso y rencoroso del licenciado presidente y linchan a mexicanos que no son santos ni santas pero tampoco criminales que se organizaron para saquear al Conacyt.
Pero, he ahí que la palabra de Andrés Manuel es el paredón frente al cual nadie se salva de ser fusilado políticamente y linchado con ese objetivo de desmadrarle la existencia y convertirlo en perro del mal que no merece el mínimo espacio para defenderse.
¿Hay culpables? Andrés Manuel, Duce, deja que la ley lo determine. Desciende del Olimpo y recuerda que sólo restan tres años a tu gestión y después serás el civil que, despojado del poder, sufrirá la consecuencia de aquella máxima: los carniceros de hoy serán las reses de mañana.
Y no, no se trata de una amenaza. Es la ley aplicable en la política.
Porque, mire usted, si Su Alteza Serenísima tiene pruebas cuando acusa y estigmatiza e insulta, que las presente porque, de otra suerte incurre en esa condición de ser juez y parte. Lo peor es que usa el poder para el cobro de facturas propias y ajenas. Lea usted.
“Ahora que hay esta polémica con los del Conacyt, tenían una asociación civil, un grupo de investigadores, y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos, y como tenían mucha influencia y buenas agarraderas, y buenas relaciones con los medios y con la intelectualidad orgánica del régimen, era una especie de chantaje y se les tenían que entregar estos fondos; y cuando ya desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, esos lujos, el derroche, pues entonces se inconforman y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica”, dijo Andrés Manuel sin pruebas.
Lo de aquel tuit en el que dejó mal parada a su cónyuge, es anecdótico finalmente, como parte de la estructura mental de Su Alteza Serenísima, un asunto que seguramente se dirimió en la intimidad de la alcoba presidencial.
El problema, grave contra la salud del país, es la palabra presidencial que se convierte en paredón para juzgar y sentenciar al opositor, sin mediar un juicio, la aplicación de la ley.
Diríase que es mejor caer en una jaula con lobos hambrientos, que en la lengua rencorosa y vengativa del licenciado presidente. Digo
Ninguna mujer debe ser juzgada como criminal, por decidir sobre su propio cuerpo, GESMujer
Raquel Chávez Solano impartirá este miércoles 29 de septiembre, la charla «Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe”
Redacción
SemMéxico, Oaxaca, 28 de septiembre, 2021.- Raquel Chávez Solano, feminista y socióloga, impartirá este miércoles 29 de septiembre, la charla «Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe” con lo que el el GESMujer cierra su ciclo de video charlas del mes de septiembre, dedicado al derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo, en el marco del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
La proclamación de este día por parte del movimiento feminista, se da en el marco del Quinto Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, en San Bernardo, Argentina, en el año de 1990, tomando como referencia el 28 de septiembre, como la fecha cuando en 1871 se promulgó en Brasil, la Ley de Libertad de Vientres, la cual declaró la libertad a todos los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavas.
Cabe mencionar además que si bien, actualmente en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional encarcelar a las mujeres por abortar, aún su legalización varía por entidad federativa.
La finalidad de esta actividad virtual, es la de entablar un diálogo acerca de las luchas feministas que se han dado en torno a la despenalización del aborto, tanto en Oaxaca como en otros estados del país, además de los movimientos históricos que las activistas por los derechos de las mujeres, han realizado durante años en otros países de américa latina.
La transmisión de esta charla, se podrá ver en el muro de la fanpage de facebook del GESMujer, este miércoles 8 de septiembre a las 5 de la tarde.
SemMéxico, La Paz, Bolivia, 28 de septiembre, 2021.- Sobre el odio a las “minorías” escribe Arjun Appadurai, sobre ese odio “a vastas regiones y modos de vida como si estuviesen fuera de lo tolerable” porque se consideran “perniciosos y fuera del círculo de la humanidad”. Habla de las identidades predatorias que sienten ira por la presencia de “otra”. Identidades predatorias que sienten una “angustia” y una frustración ante la evidencia de que no son culturas puras, de que allí está ese grupo más débil y distinto recordándoselo, lo que les provoca furia y puede llevarles a cometer atrocidades.
¿Qué hace esta gente colla aquí?, con sus construcciones estilo alteño, con su música, su ropa gruesa, su distanciamiento con el baño, sus maneras hoscas como el altiplano, con su regateo en el comercio… ensuciando mi paisaje. ¿Qué hace esta gente camba aquí? Expansiva, irrespetuosa y de lengua fácil, ruidosa, concupiscente y básica como la selva… Son algunas de las estigmatizaciones conocidas entre poblaciones de dos regiones de Bolivia que, entrelazadas con una lucha de clases muy racializada, hoy se han trasladado al campo político y de lucha por el poder.
Hace unos días, celebrando el aniversario de la ciudad oriental de Santa Cruz, se produjeron actos que han generado una crisis política. Se descolgó la bandera indígena wiphala que había sido izada; el blanco Prefecto impidió que hiciera uso de la palabra el indígena Vicepresidente del Estado que ejercía de Presidente y que asistía al acto; éste y su comitiva tuvo que salir del lugar ante actitudes de agresividad de la gente; el también blanco presidente cívico cruceño dijo que no era carnaval para que estuviera allí gente disfrazada, refiriéndose a indígenas collas y no a los cambas que iban también en traje típico; un dirigente indígena de occidente fue azotado y echado del lugar por otro de oriente en un ambiente de franca hostilidad promovida desde las autoridades de la región.
Lejos de calmar los ánimos, éstos han sido exacerbados como arma de lucha política. El racismo, ese odio al otro por su origen, su fenotipo, cultura y lengua y sus representaciones simbólicas, como es la wiphala, se ha convertido en un instrumento para la toma del poder político. En este camino no se están valorando los riesgos del racismo, los riesgos de excitar el odio al punto de que se considere al “otro” como no humano y que no merece consideración ni empatía alguna.
Algo así pasa con las mujeres cuando son odiadas por los hombres y finalmente las matan. En el proceso hubo una deshumanización, un desprecio creciente y una violencia cada vez mayor, al punto de que los feminicidios inclusive van cargados de saña y sadismo.
En Bolivia hay una clase social blanqueada que tradicionalmente ha estado en el poder político y en los últimos 15 años se ha visto fuera de él ante la presencia indígena que ha tomado espacios antes prohibidos, como el de la riqueza.
Paralelamente, hay una pugna entre oriente y occidente donde también se producen choques de tipo racial y de clase. Es un panorama complejo que lleva a situaciones contradictorias, como que indígenas de oriente reclamen por la presencia de poblaciones de occidente en su territorio y no por la presencia de terratenientes blancos porque se les considera de la zona (aunque vengan de familias europeas llegadas hace pocas generaciones).
Si bien el debate y la confrontación política son normales y necesarios como parte de la democracia, es vital para la sociedad que estas diferencias no vengan cargadas del odio del racismo, no puede haber mensajeros de este odio.
En un panorama en que pueden producirse enfrentamientos que pongan en riesgo la democracia, las dirigencias políticas tienen una responsabilidad. No puede haber dirigentes bravucones que tengan el racismo como bandera de lucha, no puede haber dirigencia política que calle ante esos hechos y expresiones porque conviene, ya que en realidad a nadie le conviene. Una sociedad que se dice no racista y no excluyente no lo puede permitir, ni avalar.
Desde las trabajadoras universitarias hasta la Marea Verde, nada venció al feminismo
Desde batallas campales, intimidación, amenazas y descalabros, todo cuenta en la historia del derecho a decidir
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 28 de septiembre, 2021.- Septiembre es para las oaxaqueñas un mes emblemático. Tanto por lo sucedido en 2019 cuando se reformó el Código Penal del Estado para no criminalizar a las mujeres por abortar antes de la doceava semana de gestación, como por lo sucedido el pasado 22 de septiembre, cuando se reformó la Ley Estatal de Salud para que la interrupción legal de un embarazo sea considerada como un servicio básico en clínicas y hospitales del sector salud de la entidad.
Sin duda, reformas que colocan a Oaxaca “como la punta de lanza en la progresividad de los derechos humanos de las mujeres” como señaló Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, tras la reforma del pasado 22 de septiembre.
Este #28S recordamos las emblemáticas luchas de las feministas. En 2007, en la Ciudad de México se concretó una vieja demanda al despenalizarse el aborto hasta la doceava semana. Doce años después, Oaxaca fue la segunda entidad mexicana –de 32- en despenalizar la interrupción de un embarazo en el mismo periodo de gestación y, contrario a lo que vaticinaba la derecha, el aborto legal es hoy una opción que salva vidas y por tanto un asunto de salud pública y un acto de justicia social.
“Por un aborto libre y gratuito”
1979 fue el año en que, por primera vez de forma pública, trabajadoras de la UABJO, rompieron el aire en una marcha del STEUABJO al desplegar una manta con la leyenda: “Por un aborto libre y gratuito”, así abrieron una puerta que no se volvería a cerrar. Esta acción “atrevida y valiente” generó primero sorpresa y después indignación de otras personas que se hacían a un lado de ellas, mientras una que otra se les acerba. Estas mujeres fueron Hilda Scherenberg, Guadalupe Cruz, Flor Cervantes, Patricia Hernández, Catalina Ocampo y Patricia Jiménez, ésta última leyó un comunicado con esa exigencia.
Después, a lo largo de los últimos 42 años existe un amplio registro de acciones realizadas por feministas y mujeres diversas para impulsar las reformas constitucionales, exigencias que se volvieron “batallas campales”, que pasaron por amenazas e intimidación, pero también por agresiones físicas, la decepción ante la respuesta de las legislaturas y la intromisión constante de las iglesias cristianas, los grupos próvida y políticos conservadores, cuya oposición a lo largo de estas más de cuatro décadas provocó la muerte o discapacidad de cientos de mujeres.
Recuento de una historia
En la última década del siglo XX, Oaxaca ocupó el segundo lugar nacional en muertes maternas, con más de 70 decesos por año, y el aborto constituía una de las cuatro principales causas de fallecimiento de mujeres, cuyas edades fluctuaban entre los 20 y 34 años, de acuerdo con INEGI. En 1997, las estimaciones oficiales daban cuenta que el aborto ejecutado de forma insalubre iba incrementándose entre las oaxaqueñas.
En 2003, Consorcio Oaxaca, GesMujer y la Red por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos rechazaron la presencia de Provida, que inició actividades en noviembre de ese año en Oaxaca, por ser contraria a los derechos humanos de las mujeres. El aborto es una opción de vida para las mujeres y nadie puede quitarles esa posibilidad de tomar decisiones oportunas ante la disyuntiva de tener o no un hijo cuando así lo permiten las leyes, planteó entonces Beatriz Casas.
Unos meses después, durante el proceso electoral en 2004, el PAN, PRD y Convergencia, que conformaron una coalición, excluyeron de sus plataformas políticas la despenalización del aborto. Al mismo tiempo las organizaciones presentaron a cada candidato –todos hombres- la Agenda Oaxaca a favor de la Equidad.
Ana María Hernández, de Consorcio Oaxaca, señaló: «tenemos que dejar de ver el aborto como delito y plantear que se trata de un derecho». Exigió el establecimiento de protocolos de atención en casos de aborto por violación, luego de que personal médico del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso y de un visitador de la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos obstaculizaron ese derecho a “María” de 19 años y con discapacidad auditiva que había sido violada sexualmente por su tío.
Frente a esa injusticia, el colectivo Huaxyacac en septiembre de 2004 presentó una iniciativa de ley para reformar el Código de Procedimientos Penales del estado de Oaxaca, para que el aborto por violación se realizara de forma segura, gratuita, oportuna y con respeto a su dignidad. De igual forma, un día después el IMO propone modificaciones al artículo 315 del Código Penal y agrega excluyentes en el artículo 316. Así como un mecanismo para hacer efectivo el derecho legal al aborto en caso de violación y de inseminación artificial no consentida en el Código de Procedimientos Penales del Estado.
Entre los avances más importantes de 2005 destaca la inclusión de la píldora de anticoncepción de emergencia en el cuadro básico de medicamentos. La academia planteó la necesidad de realizar un debate serio, científico, democrático y basado en el respeto a la diferencia y al libre albedrío.
En agosto de 2005, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Colectivo Huaxyacac acusó al gobierno de Oaxaca de no apegarse a la normatividad internacional y solicitó las modificaciones legales para un aborto legal en caso de violación.
El 6 de marzo de 2006, en el 124 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH, Yesica Sánchez Maya, de la Limedh, presentó la violación a los derechos de María, quien después de más de 40 horas de hospitalización no recibió la atención para realizarse un aborto legal en un hospital público, por lo que tuvo que ser atendida en otro hospital, gracias a la intervención de Consorcio Oaxaca.
En septiembre de 2006, nuevamente nueve organizaciones no gubernamentales feministas pidieron reformas para garantizar el derecho de las mujeres a decidir como un principio de todos los derechos.
En 2007, organizaciones de la sociedad civil calificaron como mala la actuación de la LIX Legislatura local. Huaxyacac señaló que fue una legislatura de simulación y complicidad, donde nada pasó a favor de las mujeres y en cambio fungió como comparsa y tapadera del Ejecutivo.
Ese año, tras la despenalización del aborto en la ciudad de México, organizaciones no gubernamentales y activistas presentaron en tiempos distintos casos de aborto mal practicados para demostrar cómo la desigualdad social pone en riesgo la vida de mujeres pobres y jóvenes, principalmente. Buscaban de esa manera evitar la criminalización de las mujeres tanto de forma social como jurídica.
El PRD retomó la iniciativa que en 2004 habían propuesto las organizaciones sociales para favorecer el acceso de las mujeres al aborto por violación.
En enero de 2009, el PAN presentó la iniciativa de reconocimiento a la personalidad jurídica del feto, mediante un proyecto de decreto al Artículo 12 constitucional. A su vez las organizaciones rechazaron la propuesta impulsada por la diputada Perla Woolrich Fernández, y señalaron que se trataba de una estrategia nacional para contrarrestar la reforma de la ciudad de México.
Por otro lado, se libró un nuevo frente tras modificaciones hechas por funcionarios de salud federal y exigieron al ejecutivo local la publicación de la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar y sexual contra las mujeres (NOM-046), conforme se acordó en junio de 2008.
El 9 de septiembre de 2009, Oaxaca se convirtió en el estado 16 en criminalizar el aborto, a pesar del intento que grupos de feministas hicieron buscando detener el albazo legislativo de la reforma al artículo 12, mediante el cual se protege la vida desde el momento de la concepción y aunque el IMO propuso al gobernador ejercer el veto y derogar la reforma, esto no sucedió.
Educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar,
aborto legal para no morir
Ese año fue memorable la conmemoración del Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, en medio de papelitos y pañuelos morados, al menos tres generaciones de mujeres se reunieron en la calle de Alcalá para exigir su derecho a decidir. Pidieron a la CEDH interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la reforma aprobada 20 días antes, hecho que se negaron a realizar. Días antes de la concentración de Alcalá, una joven murió desangrada en Salina Cruz tras realizarse un aborto en condiciones no adecuadas.
En octubre de ese mismo año, feministas interpusieron un total de 198 solicitudes de amparo ante la justicia federal contra la reforma al artículo 12 de la Constitución de Oaxaca que protege la vida desde la fecundación, fue presentado este miércoles en las oficinas del Poder Judicial Federal.
Los pañuelos verdes
A principios del nuevo milenio, en América Latina un movimiento empezaba a crecer y hacía visibles los pañuelos verdes que en poco tiempo se convertirían en una Marea Verde. Tanto en Chile como Argentina la idea cundió y se volvió una parte iconográfica fundamental en la lucha por la despenalización del aborto. México no fue la excepción, pero hubo un nuevo ingrediente, las jóvenes salieron a las calles, el cambio generacional había llegado para tomar las calles cada 28 de septiembre.
#YaEsLey
El 25 de septiembre de 2019, con 24 votos a favor y 10 en contra, la 64 Legislatura legalizó la interrupción del aborto. El Congreso de Oaxaca paritario y compuesto por 23 mujeres, fueron las morenistas las impulsoras de la reforma. Días previos recibieron amenazas de muerte y advertencias de que sus carreras políticas estaban aniquiladas, dijo entonces Hilda Luis. En sororidad, diputadas federales y de otras entidades del país las respaldaron, así como organizaciones de la sociedad civil. El fantasma de Margaret Sander estaba presente. Ese día terminaron décadas de espera.
24 votos a favor, 10 en contra. Los votos a favor fueron emitidos por: de Morena, Leticia Collado Soto, Mauro Cruz Sánchez, Othón Cuevas, Elena Cuevas Hernández, Karina Espino, Migdalia Espinosa, Laura Estrada, Elizabeth Guzmán, Inés Leal, Magaly López, Rocío Machuca, Pavel Meléndez, Hilda Pérez Luis, Gloria Sánchez, Alfonso Silva, Griselda Sosa, Horacio Sosa, Timoteo Vásquez y Elisa Zepeda; del PT, Saúl Cruz, Noé Doroteo Castillejos y César Morales. Y del grupo Mujeres Independientes: Alim Antonio Aquino y Aleida Serrano.
En contra: Ericel Gómez Nucamendi, Ángel Domínguez Escobar, Arcelia López, Juana Aguilar, Fredie Delfín Avendaño, Joaquín García y Alejandro López, solicitó permiso.
Después de la votación un grito largo y prolongado se escuchó en el pleno del Congreso local, lágrimas, cantos y alegría, había terminado una larga espera.
¿Qué pasó después?
En lo legislativo se cerró la pinza con la reforma a la Ley Estatal de Salud, aprobada este 22 de septiembre. La reforma obliga a las instituciones públicas de salud a realizar la interrupción del embarazo, de manera gratuita, garantizando además la no discriminación, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad del servicio, sostiene la diputada Magaly López Domínguez, una de las más importantes promotoras de la reforma.
Yésica Sánchez Maya de Consorcio Oaxaca explica que hacen falta presupuestos y que esa es una responsabilidad del Ejecutivo local, quien pronto iniciará la cuenta regresiva de su mandato, que se caracterizado por hacer el vacío a los avances legislativos que tienen algún significado para las mujeres, pero un costo para él.
Al mismo tiempo ha surgido nuevas iniciativas, como son Las Consejeras, integrado por jóvenes profesionistas que dan acompañamiento a mujeres que ejercen su derecho a decidir y que conjuntamente o por separado realizan también campañas de información, es decir, suplen con sus propios recursos la tarea que el Ejecutivo local no realiza.
Jamil Márquez explica que Las Consejeras nacieron en 2019 para brindar primero información de forma gratuita, libre de prejuicios a quienes quieren ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
Una de sus acciones más importantes fue una campaña informativa realizada en 2020 para promocionar el derecho a la interrupción legal del embarazo, lo que dio como resultado, explica Teté Jasso, coordinadora de Las Consejeras, dijo que en poco más de 60 días, recibieron casi 30 llamadas telefónicas pidiendo información, además de dar acompañamiento telefónico. Ahora reciben 10 llamadas por semana.
Ambas activistas dijeron que el 90 por ciento de las usuarias son mujeres y el 10 por ciento fueron hombres, la mayoría eran jóvenes de entre 20 y 29 años de edad (57.7 %) y de 18 a 19 años, constituyeron el 11.5 por ciento de las llamadas. Sin embargo, expusieron que las mujeres que solicitaron información sus edades oscilan entre los 18 y más de 40 años.
Hasta ahora el Hospital General Dr. Aurelio Valdieso, la Clínica de la Mujer en Santa Rosa y recientemente el Centro de Salud de Volcanes son las instituciones donde personal especializado atiende las solicitudes de aborto legal.
Por su parte, Tete Jasso señala que la Covid 19 fue sin duda un parteaguas, no sólo en la atención de la salud sino también en las solicitudes de las mujeres para interrumpir el embarazo y afirmó que las instituciones de salud deben saber que la atención a las mujeres es una prioridad.
“En nuestro imaginario podríamos decir que todas las mujeres saben que el aborto es un derecho, pero no lo saben a ciencia a cierta, no hay información directa a la población usuaria y, por otro lado, los estigmas sociales siguen siendo un obstáculo para que el aborto legal sea una realidad”.
En ello coincide su compañera Jasso quien revela que persisten ideas que criminalizan y culpabilizan a las mujeres que abortan, mitos que han sido internalizados en las personas y que se convierten en obstáculos que impiden acceder de forma libre y voluntaria a ese derecho.
Sin embargo, confía en que a través de las redes sociales la información fluye a cientos de mujeres y eso podría ayudar a la toma de decisiones.
Aurelia y la esperanza
“Soy un pañuelo verde, abrimos las puertas, salimos a la calle, gritamos por nuestros derechos y me da gusto que por esa puerta pasen hoy las más jóvenes, dice Aurelia quien hace varios años tuvo un aborto. Explica que fueron las circunstancias económicas las que la obligaron a tomar esa decisión que no es fácil.
A lo largo de su vida permaneció al margen de la lucha feminista a favor de la despenalización del aborto hasta que tuvo que hacerlo. Hoy lo entiende mejor y está más tranquila desde que se aprobó el aborto en Oaxaca, “eso evita que las jóvenes arriesguen su vida como lo hicimos muchas de mi generación o que tengan que pagar fortunas a médicos sin escrúpulos y, en el peor de los casos, que mueran ante una mala práctica médica.
Lo que hoy tenemos que hacer es quitar el estigma y la discriminación, desechar las ideas patriarcales sobre la obligación de las mujeres a ser madres por siempre, porque las más jóvenes aspiran a mucho más de lo que hicimos nosotras.
SemMéxico, Colima. 28 de septiembre, 2021.- México alerta, se aproxima la toma posesión de gobernadoras y de candidatas electas a las diputaciones federal y estatales, después de las elecciones 2021, en las cuales por primera vez en la historia seis mujeres ocuparán los cargos de las gubernaturas de los estados.
La presencia femenina en los espacios públicos presenta el reto de reclamar paciencia y aprendizajes para percibir, detener y neutralizar a tiempo, la más mínima manifestación de misoginia que, en ocasiones, se recibe con una leve sonrisa de aceptación o silencio por otra compañera, quien luego, más temprano que tarde, recibirá en carne propia alguna manifestación de esas mismas violencias, como monstruo de mil cabezas omnipresente.
Resulta improcedente acusar solo a los varones de presentar esta manifestación de violencia estructural y cultural, según el concepto expresado en el diccionario: Misoginia, concepto que sirve para referirse al odio, hacia las mujeres y las niñas. Y como señala el psicólogo Arturo Torres, Máster en Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona: “Hay que tener en cuenta que la misoginia solo es una idea que describe conductas reales de personas reales, y por lo tanto, solo existe a través de los actos de ciertas personas.”
A esta evaluación puede agregarse, atendiendo a las opiniones de la maestra Marcela Lagarde, UNAM, quien aporta un nuevo punto de vista al proponer desmontar la misoginia del pensamiento femenino.
Resulta muy triste y lamentable cuando se ponen epítetos con ironías y apodos hacia alguna mujer que logró alcanzar un mérito, un puesto de gobierno o un cargo legislativo por elección. Incluso la suspicacia no solo considera sus “cualidades” es en el plano sexual sino hasta familiar, con alusiones como, “Claro, ella es hermana, amiga, familia de algún noble varón importante en la política, el gobierno o la economía.”
Se da por sentado a la mujer destacada que debe superar sus limitaciones intelectuales y en muchos casos, se omiten sus referencias profesionales. Incluso hasta después de la muerte, la misoginia revictimiza con la duda, a las mujeres muertas por feminicidio a manos de sus exparejas.
En la propuesta de Marcela Lagarde, urge reflexionar en las manifestaciones de la misoginia femenina, como resultado de una formación de siglos, que ha sido delicadamente bordada, desde el pensamiento y la filosófica patriarcal, que presenta la rivalidad entre mujeres, como su mayor triunfo.
Esta percepción a raíz de los estudios feministas permite analizar el doble carácter formativo educativo de cultural sexista, que exhiben los cuentos infantiles especialmente de Charles Perrault, París 1628-1703, conocido personaje de la corte francesa de Luis XIV. Vale percibir con otra perspectiva los muy reconocidos cuentos de literatura infantil: La Cenicienta, La Bella durmiente del bosque, Caperucita roja, entre otros. http://www.hottopos.com/videtur26/
En todos, absolutamente en todos, las mujeres agreden, acusan, envenenan, odian o golpean a las otras mujeres, encarnadas por las brujas, las madrastras, hermanastras y las reinas. Ellas nunca son solidarias, siempre están en las competencias y que hacen imposible la cooperación ni la unidad.
Sin negar la calidad en el texto de esta literatura, sirve analizar de manera subliminal, dónde las mujeres, dependen de la acción masculina del leñador, el príncipe, o el rey.
Para neutralizar la misoginia femenina, la propuesta es la sororidad. Una acción, reacción, opción y voluntad consciente de las mujeres que aceptamos el reto de construir un mundo nuevo con pensamiento, palabra y obra. Se trata de deconstruir lo aprendido, estar atentas ante las manifestaciones sutiles de valorar, juzgar, opinar y discriminar a la otra, para colocarnos desde otro punto de vista con perspectiva de género.
Vale recordar que mientras más ilustrada es una mujer, más ha bebido de las fuentes del conocimiento que fueron y esencialmente masculinas, porque durante siglos fueron ellos, los varones, quienes dictaron las normas de convivencia, económicas, sociales, políticas, religiosas, científicas y su validez resulta difícil de cuestionar.
Con cada toma de protesta a sus puestos en cargos de elección popular, se celebran días de cosechas en la historia feminista de México. El reto en complejo, ellas deben mantenerse alertas, aunque exista aprobada la paridad, pero las violencias están y estarán presentes o sumergidas, en el ejercicio cotidiano de la toma de decisiones, donde la sororidad como práctica, puede convertirse en nueva forma del quehacer político gubernamental para que desarrollen las necesarias agendas de género.
Despenalización y legalización del aborto… una lucha constante
Elvira Hernández Carballido
“Me declaro absolutamente cobarde para enfrentar otra vez el reto maternal. Me declaro absolutamente egoísta porque en este momento pienso en mí y en mi desarrollo profesional. Me declaro absolutamente pecadora porque no quiero cumplir con los sagrados mandamientos. Me declaró absolutamente herida porque mi decisión no puede hacerme feliz. Me declaró absolutamente traicionada porque yo no elegí esta situación. Me declaro absolutamente deprimida porque preferiría no tener que decidir. Me declaro absolutamente inmoral porque no cumplo la ética patriarcal. Me declaro absolutamente valiente porque pese a todo dije no. Me declaro absolutamente responsable de mi cuerpo porque es mío. Me declaro absolutamente una mujer que está segura de interrumpir un embarazo no deseado…”
SemMéxico, Pachuca, Hidalgo. 28 de septiembre, 2021.- Hace tanto tiempo que escribí esta declaración personal e íntima en una historia de vida que mereció Mención Honorífica en los concursos que Documentación y Estudios de la Mujer (DEMAC) convoca para mujeres que se atreven a contar su historia, ¿Cuántas más ayer y hoy seguimos enfrentando esta decisión? Es cierto, hoy tres entidades lo han legalizado, pero eso no garantiza el respeto ni tampoco la sensibilización de la sociedad mexicana. Todavía falta, pero esta lucha es constante.
Así lo observo al revisar publicaciones clásicas de los años setenta donde el tema era expuesto y debatido.
“La Revuelta”, publicación fundada por el Colectivo Feminista la Revuelta conformado, entre otras, por Eli Bartra, Berta Hiriart, Lucero González y Ángeles Necochea, en diciembre de 1976 dedicaron todo su número al tema titulando la primera página con una frase reiterativa en esa época: “El aborto no es por gusto, es un último recurso”. Uno de los primeros ensayos se afirmó: “El aborto voluntario no sucede por crueldad sino como una defensa de la vida. El derecho al aborto voluntario significa recobrar nuestras propias vidas y las de nuestros hijos; es una forma, no solo de dignidad, sino de amor. Los datos estadísticos que presentaron, denunciaron que: De cada 100 mujeres que abortan, 34 recurren a médicos, 20 a comadronas, 19 se lo autopractican, 8 recurren a parteras y 5 a enfermeras. Denunciaron que, en 1973, el aborto mal practicado constituyó la quinta causa de mortalidad femenina del país. Que el 86 por ciento de mujeres que tuvieron que practicarse un aborto se habían declarado católicas. En su texto “Contra la ley sobre el aborto”, señalaron: “Queremos el aborto libre y no condicionado”.
Por su parte, revista FEM, durante sus treinta años de existencia abordó la temática desde diferentes ángulos y tipos de textos como el ensayo, el artículo, testimonios, reportajes, notas informativas y géneros literarios. Un referente obligado para comprender la perspectiva feminista nacional en torno al aborto es el número dos, publicado en marzo de 1977, los títulos y autoras pueden ar una aproximación a la importancia de este ejemplar:
El aborto y la legislación mexicana. Mireya Toto.
El aborto en una colonia proletaria. Concepción Arroyo.
El aborto y el psicoanálisis. Diana Rozenfaig.
La moral y el aborto. Graciela Hierro.
¿Abolición de las leyes del aborto? Iván Illich.
El aborto en zonas rurales e indígenas. Elena Azaola.
Por un aborto gratuito. Ilda Elena Grau.
Aspectos sociales del aborto. Clara Elena Molina.
Legislación mundial y aborto. Carmen Lugo.
La opinión pública y el aborto. Nora Landau.
En su editorial, la revista apuntó:
“Fem apoya la legislación del aborto.
El aborto clandestino se practica en México, según datos confiables, en más de un millón de casos cada año. Veinte por ciento de la mortalidad femenina es por abortos.
Fem opina que la mujer tiene el derecho de terminar un embarazo no deseado que afectaría su propia vida y la de su hijo desfavorablemente.
El aborto debe ser libre y gratuito para que esté al alcance de todas las mujeres.
Fem pide que sea modificada la legislación sobre el aborto. Que se escuche a las mujeres y que las legisladoras se comprometan a elaborar las nuevas disposiciones.
El aborto no es un delito: es un grave problema de salud pública. Una quinta parte de las mujeres que recurren al aborto clandestino mueren y muchas quedan afectadas en su salud física y psicológica.
Fem considera urgente una campaña de educación sexual, así como una difusión amplia de métodos anticonceptivos que pueden evitar un aborto.
El aborto no es un método anticonceptivo. No es un medio: es un recurso.”
En mayo de 1977 apareció Cihuat (mujer en náhuatl), fundada por la Coalición de Mujeres. El grupo advertía desde su primer número que sus colaboradoras no eran pasivas ni abnegadas y que a través de sus contenidos demostrarían su rebeldía, a veces agresiva cuando fuera necesario, pero siempre combativas.
En la revista el tema del aborto fue tratado prácticamente en todas sus ediciones. En el número dos se denunció que el nuevo Plan Nacional de la Salud ignoraba el problema de la legalización del aborto,
En los números tres y cuatro, hicieron referencia a las “Actividades en Pro del Aborto” que ellas habían organizado, específicamente a través de la repartición semanal de volantes que eran entregados a mujeres de cualquier sector social para sensibilizarlas sobre la problemática
El número cinco presentó un gran encabezado que advertía el tema principal: “Aborto en México”. Ofrecieron cifras sobre la situación que se vivía en torno a dicha problemática: Un millón doscientos mil mujeres se practican al año. Otros artículos fueron: “El Aborto y la Legislación Mexicana. Aborto: Problema Político”, “Aborto y Política” y señalaron que los métodos empleados en esa época eran:
De cada 100 mujeres que abortan:
24 lo hacen por legrados o raspados.
23 por introducción de cuerpos extraños.
15 por ingestión de fusiones.
14 por inyecciones.
6 por medicamentos orales.
3 por ejercicios bruscos o golpes.
Sin duda, en la década de los ochenta y noventa el suplemento Doble Jornada, coordinado por Sara Lovera, marcó una pauta del periodismo feminista y el tema de aborto fue abordado a través de reportajes y artículos. Destacó el número publicado en mayo de 1989 donde se abordó totalmente el aborto. Entre algunos textos están “Historias naturales”, Carlos Welti; “La posición de la iglesia”, Sara Lovera; Nueva Píldora y… Nueva Política, Laura Fraser; y, El RU 486, Perla Oropeza. En octubre de 1989, la cuestión fue otra vez tratada con texto como “Aborto o Esterilización”, Aborto en América Latina”, “Apropiación femenina de la técnica abortiva”. En 1991 Marcela Lagarde escribió “El aborto, derecho humano de las mujeres” y Rosa Rojas “La interrupción voluntaria del embarazo, un derecho a la salud”. En diversas notas y relatos fue un tema que siempre destacó:
“Mientras el Papa Juan Pablo II oficiaba una misa ante 750 mil zacatecanos, Leonor Aída Concha, religiosa católica, denunciaba, en la ciudad de México, que la ley moral no puede estar por encima de la vida humana: “No es posible que un grupo de señores decida lo que es bueno o malo para un conjunto global de personas. En el caso del aborto, un grupo de señores deciden qué es malo, pero sin consultar a la globalidad, es decir, a las mujeres.”
Durante la segunda y tercera ola del feminismo en México, las publicaciones feministas no dejaron de abordar el tema, hoy las redes sociales hacen posible que el aborto sea discutido en más escenarios y miradas. Se ha legislado en tres estados, hay ciertos avances, el aborto, una lucha constante.
