• El acto encabezado por la defensora Irinea Buendía será este sábado en Netzahualcóyotl
• Ya pasaron 15 años “y estos días me siguen pareciendo tristes”, dice

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Toluca, 27 de junio, 2025.- A Irinea Buendía Cortez estos días le siguen pareciendo muy tristes e igual de dolorosos, a su memoria vienen los amargos recuerdos del asesinato de su hija Mariana Lima Buendía, ocurrido un 25 de junio de 2010.

En memoria de Mariana, su madre, una destacada defensora de derechos humano, colocará el próximo sábado 28 de junio, en la explanada de la presidencia municipal de Nezahualcóyotl, la una cruz rosa monumental contra el feminicidio.

En estos 15 años, Irinea Buendía Cortez no ha dejado de luchar ni un solo momento en la búsqueda de justicia para Mariana. El 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el primer pronunciamiento relacionado con el feminicidio.

La determinación judicial que estableció que todo homicidio violento de mujeres debe ser investigado con perspectiva de género y fijó reglas que obligan a la autoridad judicial a implementar protocolos de prevención, investigación y de procuración e impartición de justicia.

Buendía Cortez, incansable, recorrió en los últimos años todo el país para divulgar la Sentencia que muy comúnmente siguen omitiendo en los tribunales estatales y en las Fiscalías.

En días pasados y en memoria de su hija, Irinea Buendía Cortez dio un paso más al entregar junto con la presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social, Jennifer Nathalie González López, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, una iniciativa para tipificar como delito la negación de justicia por razones de género, el

primero de su tipo en el país.

Establecer como obligación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de

México que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen conforme al protocolo de feminicidio, y, tercero que sancione las omisiones de autoridades que perpetúan la impunidad.

Por ello, la propuesta adiciona una fracción al artículo 50 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, sobre las atribuciones que le corresponden a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De esa manera en el capítulo De la competencia estatal, artículo 50, fracción II, propone “investigar con perspectiva de género y debida diligencia, todas las muertes violentas de mujeres y niñas, bajo el protocolo del feminicidio, incluidos los suicidios, accidentes y cualquier forma de muerte violenta de mujeres.

También propone adicionar la fracción XXXIV del artículo 353 del Código Penal del Estado de México; con el objetivo de tipificar el delito de Negación de la Justicia por Razones de Género, para quedar como sigue: Capítulo XIII, Delitos cometidos por servidores públicos de la procuración y administración de justicia, “Estando obligado a investigar y/o sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género, incurra en actos de corrupción, omisiones, falencias, negligencias, obstruya la investigación y obstruya la justicia, en perjuicio del derecho de la víctima a la verdad, la justicia y las reparaciones.

Finalmente, la iniciativa sugiere a quien cometa los delitos previstos en las fracciones V, VI, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV, se le impondrán de cuatro a diez años de prisión, de cien a ciento cincuenta días multa y la destitución e inhabilitación que corresponda.

• Micro, pequeñas y medianas empresas, el motor de la economía del país
• La mayoría de las trabajadoras lo hacen en pequeñas empresas

Micaela Márquez

SemMéxico, Ciudad de México, 27 de junio, 2025.- De un total de más de cinco mil unidades económicas en el sector privado y paraestatal, denominadas MIPYMES en el que laboraban 27 millones 785 mil 505 personas, el 95.5 por ciento son micro donde predominan las mujeres trabajadoras con el 50.5 por ciento.

En 2023, 95.5 por ciento de las unidades económicas del país eran micro y emplearon a 41.5 por ciento de las personas ocupadas, y contribuyeron con 17.1 por ciento de los ingresos totales informa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con motivo del Dia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) que se conmemora el 27 de junio. 

Detalla que, en todas las unidades económicas, micro, pequeñas y medianas laboraban 12 millones 114 mil 562 mujeres (43.6 %) y 15 millones 670 mil 943 hombres (56.4 %). En las unidades económicas micro predominaron las mujeres, con 50.5 por ciento, mientras que los hombres representaron 49.5 por ciento.

En contraste, en las unidades económicas pequeñas, medianas y grandes, la participación de los hombres fue mayor, con 58.1, 62.5 y 62.4 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con los censos económicos 2024, según el tamaño de las unidades económicas, las mujeres ocupadas de acuerdo con el número de personas que trabajan en ellas se clasifican en micro (0 a 10), donde laboraban 11 millones 542 mil 522.

En las grandes (más de 250 personas) ocho millones 144 mil 668; en las pequeñas (de 11 a 50 personas) cuatro millones 102 mil 17, y en las medianas (51 a 250 personas) tres millones 996 mil 298.

El 27 de junio de 2017, se celebró por primera vez el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) a iniciativa de la ONU, con el propósito de sensibilizar a la población sobre su contribución al desarrollo sostenible de las naciones al ser factores clave en la reducción de la pobreza.

De acuerdo con la Secretaría de Economía las mipymes mexicanas son el motor de nuestra economía, generan el 52 por ciento de los ingresos y emplean a 27 millones de personas, que representan el 68.4 por ciento del total de personas que trabajan en el sector empresarial. Su distribución a lo largo del territorio es diversa, concentrándose en la región Sur las mipymes dedicadas principalmente al comercio y, en el norte, aunque el número es menor, éstas realizan actividades de tipo industrial.

En México 1.6 millones de mipymes tienen como propietaria a una mujer. Ellas representan el 34 por ciento sobre el total de mipymes. Mujeres propietarias de mipymes son 76 por ciento microempresas. 18 por ciento pequeña empresas. Cinco por ciento medianas empresas. (Mipymes mexicanas. Motor de nuestra economía 2024).

El INEGI destaca que el 82.1 por ciento de las unidades económicas pequeñas emplearon internet para realizar sus actividades, en contraste con las micro, cuya proporción fue de 23.5 por ciento.

En ventas por internet que son el 5.5 por ciento de las unidades económicas, las medianas fueron las que más vendieron por este medio, con 33.4 por ciento. Le siguieron las grandes, con 32.9 por ciento; pequeñas, con 27.9 por ciento y micro, con 4.4 por ciento.

El rango de edad predominante del personal ocupado en las unidades económicas micro fue de 41 a 65 años, con 33.5 por ciento. En cambio, en las unidades económicas pequeñas, medianas y grandes sobresalió el grupo de 31 a 40 años, con 34, 32.9 y 32.2 por ciento, respectivamente.

La educación media superior fue la más representativa entre el personal ocupado de las unidades económicas pequeñas, medianas y grandes con 39.8, 38.2 y 35.9 por ciento, respectivamente. En cambio, en las micro, predominó la educación básica, con 41.3 por ciento.

Entre las unidades económicas pequeñas, medianas y grandes, más de la mitad de los establecimientos en operación tenía más de 10 años: 58.5 por ciento en las pequeñas, 75 por ciento en las medianas y 79 por ciento en las grandes. En contraste, el porcentaje de unidades económicas micro de reciente creación fue mucho mayor que en los otros tamaños de unidades económicas, con 23.4 por ciento.

SEM/mm/sj

• GIRE, el Instituto Uehiro de la Universidad de Oxford y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM fortalecen una agenda común
• Quieren contribuir, de manera sostenida y articulada, a erradicar la violencia obstétrica en México

Camila Riva Palacio Rabadán e Irékani Alarcón Acosta

SemMéxico, 27 de junio, 2025.- En 2011, GIRE amplió sus ejes de trabajo para incorporar la violencia obstétrica como parte central de su agenda, reconociéndola como una manifestación específica de violencia institucional que demuestra las fallas estructurales dentro del sistema de salud. A través de iniciativas como el Tribunal Simbólico sobre violencia obstétrica y muerte materna, publicaciones como Justicia olvidada: violencia e impunidad en la salud reproductiva y herramientas como Monitor S/R Salud reproductiva ha presentado evidencia y propuesto un enfoque que trascienda lo punitivo, insistiendo en la necesidad de transformar las condiciones institucionales que permiten la vulneración de los derechos de las mujeres y personas gestantes durante la atención obstétrica.

Durante más de diez años se ha documentado cómo esta forma de violencia ocurre durante el embarazo, el parto y el posparto, afectando de manera desproporcionada a personas jóvenes, indígenas, con discapacidad o que se encuentran en contextos de mayor vulnerabilidad. Se ha señalado que no puede ser abordada desde una lógica individualizante y punitiva, pues ello invisibiliza el origen estructural del problema, y que en lugar de apostar por la criminalización deben buscarse alternativas sistémicas: reformas normativas y de política pública que garanticen condiciones dignas de atención a la salud y reconozcan la diversidad de necesidades de las mujeres y personas gestantes.

En este sentido, conscientes de la necesidad de articular esfuerzos y generar espacios de diálogo que permitan un abordaje multidisciplinario y más efectivo del tema, GIRE, el Instituto Uehiro de la Universidad de Oxford y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organizamos un proyecto de colaboración con el objetivo de explorar la violencia obstétrica, aumentar la comprensión de sus efectos y discutir enfoques prácticos para mejorar la atención de la salud reproductiva. Asimismo, buscamos fomentar el diálogo entre personas académicas de diversas disciplinas y trayectorias para promover soluciones innovadoras y sostenibles que reconozcan las condiciones estructurales e institucionales de esta problemática.

El primer paso de esta colaboración fue un taller realizado en la Universidad de Oxford, donde participaron académicas de distintos países y disciplinas, así como parteras, doulas y organizaciones de la sociedad civil. Durante dos días, las asistentes compartieron experiencias sobre violencia obstétrica desde sus contextos locales, lo que permitió complejizar la comprensión del fenómeno y discutir rutas alternativas para su transformación. Entre los principales hallazgos de las investigaciones presentadas, destacó la persistencia de la violencia obstétrica incluso en sistemas de salud desarrollados y con esquemas de partería institucionalizados; el debate sobre los límites del concepto como herramienta para fortalecer estrategias socio-legales, así como la importancia de reconocerla como una forma de violencia institucionalizada, interseccional y racializada para potenciar su capacidad de cambio. GIRE presentó la investigación ¿Qué dicen los datos públicos? Radiografía de la violencia obstétrica y la muerte materna, con base en los principales resultados de la ENDIREH con relación a la atención obstétrica en sus versiones 2016 y 2021, enfatizando la importancia del involucramiento de la sociedad civil y la academia en la producción de información estadística por parte de las instituciones públicas.

El segundo paso consistió en un ejercicio que tuvo como objetivo contextualizar la discusión en México. Para ello, se organizó un evento de dos días. En la primera jornada, académicas y especialistas de distintas disciplinas presentaron investigaciones clave para profundizar en la comprensión de la violencia obstétrica desde diferentes ángulos. Se discutieron temas como: la experiencia de GIRE en la documentación, investigación,  incidencia y acompañamiento de casos en la última década; las consecuencias en las vidas y los cuerpos de las personas que vivieron violencia obstétrica; la evolución estadística de esta problemática en México entre 2011 y 2021;  la necesidad de pensar en modelos de atención que permitan parir sin violencia, así como los patrones institucionales que han normalizado prácticas como las cesáreas y la anticoncepción quirúrgica sin consentimiento informado. Estas reflexiones permitieron abrir un espacio colectivo de análisis crítico sobre cómo se ejerce, registra y se puede prevenir esta forma de violencia estructural.

La segunda jornada consistió en un taller, facilitado por el equipo de Colmena Consultoras, expertas en gestión de proyectos, investigación y capacitación en salud pública, en el que participaron profesionales de atención a la salud sexual y reproductiva en México involucrados en el debate en torno a la conceptualización, los alcances, los desafíos y las estrategias para la identificación y eliminación de la violencia obstétrica. Se exploraron y analizaron las definiciones de esta problemática, sus manifestaciones, las causas y los factores asociados, las estrategias y las buenas prácticas dentro del sector salud para combatirla. También se discutieron y reconocieron los desafíos para cada una de las personas involucradas en la atención, y la defensa y promoción de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Estos espacios de encuentro y reflexión no fueron ejercicios aislados, sino parte de un esfuerzo más amplio por construir estrategias innovadoras que se traduzcan en transformaciones concretas. A partir del intercambio entre disciplinas, saberes prácticos y experiencias institucionales, se delinearon propuestas que apuntan a mejorar la atención en salud reproductiva, así como a incidir en la estructura misma de las instituciones y en el diseño de políticas públicas. El trabajo conjunto que se impulsa desde esta colaboración busca fortalecer una agenda común que contribuya, de manera sostenida y articulada, a erradicar la violencia obstétrica en México.

* Camila Riva Palacio Rabadán (@RivaPalacio98) es Investigadora Jurídica e Irékani Alarcón Acosta es Investigador en @GIRE_mx. * Publicado originalmente en Animal Político

• Araceli García Rico propone hacer valer el Decreto de igualdad Sustantiva para las Mujeres
• Urgente prevención de la violencia laboral, las mujeres prefieren renunciar a denunciar

Elda Montiel  

SemMéxico, Ciudad de México, 27 de junio, 2025.- Araceli García Rico comenzó a litigar en defensa de las mujeres que quedaron endeudadas durante la crisis económica del “error de diciembre” a mediado de los noventa, lo que reafirmó su convicción de género con una amplia experiencia en el desarrollo de las políticas públicas, actualmente asesora a empresas para la implementación de la política de igualdad de género.

Convencida de que debe haber un cambio cultural en este país machista, misógino donde continua el pacto patriarcal en el que se asesina diariamente a 11 mujeres como señala la ONU, le apuesta a la reeducación y a la “aplicación de facto no sólo de jure” del Decreto de Igualdad Sustantiva que se incorporó a la Constitución en 2024.

En charla con Sara Lovera López, editora de Género de la Organización Editorial Mexicana (OEM) en el Podcast de La Lovera “Feminismo desde Cero”, la doctora en Derecho señala que existe opacidad en las empresas donde se da una violencia tremenda, no se dan cuenta de nada hasta que hay una violación o un intento de feminicidio y, también que no existe la discrecionalidad, cuando alguien denuncia se esparce la información por lo que de inmediato hay represalias, lo que hace que las victimas muchas de ella prefieran renunciar a denunciar.

“Por lo que hace énfasis en la prevención de la violencia laboral en empresas o dependencias, es un tema fundamental para evitar renuncias de personal calificado, evitar efectos psicosociales, resolver los conflictos, otorgar las medidas de protección para la persona denunciante”.

Hay que trabajar intensamente, está bien que este en la Constitución la Igualdad Sustantiva pero también hay que legislar protocolos con perspectiva de género. Los Ministerios Públicos deberían ser transformados ahí no llegó la reforma judicial, ellos siguen tratando con desprecio a las mujeres y las revictimizan. Deben existir más sentencias favor de las mujeres porque no saben el daño que le hacen a una mujer que se decide a denunciar cuando dejan a su agresor en libertad.

Destaca la importancia de replantear los códigos de ética, porque hay empresas que  tienen protocolos, pero no los aplican y la importancia de la capacitación para la prevención de la violencia.

1. Afirma que es el momento de consolidar lo que hay en la Constitución, para que el Decreto de la Igualdad Sustantiva sea de “jure y no de facto” al referirse al Decreto de Igualdad Sustantiva que firmo Claudia Sheinbaum en noviembre de 2024, porque modifica siete artículos muy importantes porque está por escrito en el Artículo 4 “erradicar la violencia contra las mujeres”. En el 21 y 73 “la perspectiva de género”. El 116 y el 122 que se refiere a las fiscalías especializadas en todos las entidades federativas y las órdenes de protección. El 123 que habla de las brechas de género.  
2.  
3. Experiencia en políticas públicas
4.  

Araceli García Rico después de litigar en defensa de las mujeres en cartera vencida en la crisis económica del “error de diciembre”, pasó a la responsabilidad del desarrollo de las políticas públicas como la creación del PAIMEF y el Instituto Nacional de las Mujeres en el año 2000. Actualmente apoya a empresas e instituciones gubernamentales en la implementación de la política de igualdad: Protocolo, Capacitación y Creación de Unidad de Género o Comité de Ética.

Ha sido titular de las Unidades de Género de INDESOL, INFONAVIT y del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Formó parte del grupo intrainstitucional de investigación de la Alerta de Género para el Estado de México y Nuevo León, siendo decretada por primera ocasión en el primero de ellos.

Becaria del Programa de Liderazgo del Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés), Programa de Liderazgo y economía en Taiwán, del Programa de Género y Liderazgo en la George Washington University. Conferencista nacional e internacional.

Describe a través de su experiencia como fue el desarrollo de las políticas públicas para el empoderamiento de las mujeres que hoy ya desaparecieron, y cómo le tocó colaborar con mujeres valiosísimas que si no eran feministas eran aliadas y tenían poder de decisión, como las legisladoras Beatriz Paredes, María de los Ángeles Moreno y las gobernadoras Amalia García, Dulce María Sauri Riancho e Ivonne Ortega Pacheco.

En una reflexión personal narra cómo su padre un general piloto aviador le aconsejaba primero estudiar, prepararse, antes de casarse y no caer en “el canto de sirena de los hombres” porque suelen privar de sus sueños y objetivos a las mujeres.

Señala que no entendía muy bien, pero cuando terminó la carrera de Derecho y su mamá y su tía que era asesora de El Barzón, un movimiento social que atendían litigios en varios estados del país por cartera vencida por la crisis económica del “error de diciembre”, se dio cuenta que la situación de las mujeres era de una violencia familiar extrema “muy callada en esos días”, además de las deudas por pagar.

Hace activismo social y crea la Fundación Bisbah (Asociación Civil que significa ¨Dar lo mejor de sí») para dar capacitación para la erradicación de la violencia y en el año 2000 se incorpora a la campaña presidencial del candidato del PRI (Francisco Labastida) y vuelve a recorrer el país y ve que la falta de servicios como drenaje, luz, pavimento, seguridad impacta la vida de las mujeres y las niñas. Fue así como su trayectoria profesional la llevó a afianzar su convicción de género y ser feminista.

Como dirigente de las mujeres de la CNOP en el PRI,- todavía no había cuotas de paridad- participa en un estudio para saber en qué se aplicaba el 2% del financiamiento a las mujeres en los partidos políticos y encuentra que lo manejan a discreción y para justificarlo imprimen cuadernillos y contratan más mujeres para labores de mantenimiento.

Trabaja con jefas como Beatriz Paredes Rangel y María de los Ángeles Moreno, legisladores, y en el 2003 la invitan a ser asesora jurídica en la Comisión de Género y ahí se aprueba el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) del Gobierno Federal que busca empoderar a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, brindándoles orientación y atención especializada desde los municipios, así como herramientas para su empoderamiento con recursos que fueron aumentando.

• Describe la importancia que tenía el PAIMEF en un país donde diariamente matan a 11 mujeres, cuando con María Angélica Luna Parra, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, (2012 al 2017) se llevaban caravanas a las comunidades de forma directa a las mujeres. Tenían autorización para instalar líneas de atención telefónicas, brazaletes de auxilio, vehículos, centros de justicia, ciudades de las mujeres.   
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• Todo eso comienza a desaparecer con la Circular que emitió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la que eliminaron los programas sociales, el PAIMEF pasó a depender de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en la Secretaría de Gobernación y al parecer ahora pasó a una dirección de la Secretaría de las Mujeres o ya desapareció.
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• Violencia laboral en Segob contra Sandra Samaniego
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• Destaca que todas las mujeres que trabajaron a lo largo de esos años trabajadora sociales, psicólogas, abogadas debieron tener una certificación por el trabajo diario que realizaban. Todo ese personal lo despidieron, algunas son consultoras o migraron a la academia, otras siguen pendientes de obtener sus bajas como servidoras públicas para tramitar su Afore como es el caso de Sandra Samaniego Breach, quien fuera asesora de Naciones Unidas y directora en el INDESOL y ahora resulta que en la Secretaría de Gobernación no le quieren dar su carta de baja para que tramite su Afore, lo que constituye una violencia laboral e institucional. Hace un llamado a las autoridades para que resuelvan el caso de ella y muchas profesionistas que están en la misma situación por haber trabajado en los programas para las mujeres.
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• Ante este desmantelamiento de las políticas públicas de las mujeres, como feminista Araceli García Rico hace un llamado a las feministas que desde hace 50 años luchan por los derechos de las mujeres a cambiar la cultura machista del país porque continua el pacto patriarcal en todos los ámbitos que afecta la vida de las mujeres.
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• Hace hincapié en reeducarnos al recordar que cuando se gradúo de Derecho en 1996 no existían todas las leyes; la de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Decreto de Igualdad, las órdenes de protección que existe una resistencia a otorgarlas, el Anexo 13 en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que ayudaba a tantos programas que había en beneficio de las mujeres.
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• SEM/em/sj

• Se gradúa octava generación del Diplomado en línea sobre Trata de Personas, suman mil 719 personas egresadas
• Concluyen estudiantes de 12 países

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 27 de junio, 2025.- Ante la situación del país y la crisis de violencia por la que atraviesa, la Universidad Nacional debe fortalecer su trabajo conjunto, interdisciplinario e interinstitucional, sostuvo el titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM, Mario Luis Fuentes Alcalá.

Por ello, abundó, hay que reforzar el trabajo por la cultura de la paz; facultades, seminarios y cátedras “tenemos que hacer mucho más para enfrentar una situación que nos abruma y nos rebasa, pero que nos convoca a enfrentar y detener la espiral de violencia”.

Durante la ceremonia de clausura del Diplomado en Línea sobre Trata de Personas, en su octava edición, el también presidente del Patronato Universitario dijo que en esta ocasión se graduaron más de 100 alumnas y alumnos, con lo que suman mil 719 egresados.

Los estudiantes fueron: de México, 51; Costa Rica, 30; Chile, siete; Uruguay, seis; Argentina, dos; Perú, dos; y uno de Bolivia, Cuba, Ecuador, Polonia, Panamá y Venezuela, respectivamente. “Se reconoce el Diplomado como un esfuerzo de la UNAM para formar nuevos agentes de cambio y enfrentar todas las violencias”.

Luego de agradecer a las diversas instancias su participación anunció que existe una iniciativa para que se modifique el documento de creación de la Cátedra, y la Escuela Nacional de Ciencias Forenses (ENCiF) sea parte de su Comité Técnico.

En tanto, la directora de la ENCiF, Zoraida García Castillo, recalcó el trabajo que pueden realizar las entidades académicas de la Universidad Nacional, sobre todo “cuando unimos esfuerzos para abordar temas tan importantes como la trata de personas, que cruza con la mayoría de violencias que pueden sufrir, y que en nuestro país es un problema muy visible”.

Implica referirse a la violación de prerrogativas fundamentales, desaparición, feminicidio y otros delitos y violencias. Este es un problema estructural, sistemático, que aqueja a nuestra nación y a la región; de ahí la preocupación de la Universidad por atenderlo. La ENCiF, recalcó, tiene la capacidad de aportar en los temas que trabaja la Cátedra.

En el acto, efectuado en el auditorio de la ENACiF, la directora del Instituto de Investigaciones Sociales, Marcela Amaro Rosales, alertó que la persistencia de la pobreza, el crecimiento de las desigualdades, el aumento de los conflictos armados, la profundización de las violencias estructurales y el debilitamiento de las instituciones públicas han dado paso a escenarios de inseguridad humana sin precedente.

Esta realidad expone a millones de personas al riesgo de ser víctimas de delitos como la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, acotó.

En este contexto, prosiguió, resulta urgente y necesario formar, articular y fortalecer capacidades institucionales y sociales para defender la dignidad humana y garantizar una respuesta con enfoque de derechos, género y justicia social frente a las formas de esclavitud moderna y violencias múltiples que enfrentan las poblaciones más desprotegidas.

“Este Diplomado se ha confirmado como un espacio de formación que reafirma nuestro compromiso colectivo con la defensa de los derechos humanos y la erradicación de los crímenes más graves que enfrenta nuestra sociedad”, agregó.

Al hacer uso de la palabra, la directora de la Facultad de Derecho, Sonia Venegas Álvarez, recordó que la octava edición se estructuró como un riguroso recorrido académico de 224 horas distribuidas en siete módulos temáticos. Este esfuerzo interinstitucional y académico es resultado de un trabajo constante, comprometido y sostenido a lo largo de los años.

Desde su primera edición en 2017 se ha consolidado como referente nacional e internacional. Mil 719 personas han recorrido este camino formativo, entre ellas 756 servidores públicos; 160 integrantes de comunidades académicas y 136 integrantes de organizaciones de la sociedad civil, refirió.

La directora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Nora del Consuelo Goris Mayans, destacó que la misión de la Universidad de la nación es atender los retos que en ocasiones no volteamos a ver, se vuelven cotidianos y se normalizan.

Más adelante, la titular de la Facultad de Economía, Lorena Rodríguez León, dijo que mediante esta actividad académica se ha formado a especialistas comprometidos con la defensa de las garantías inalienables y la dignidad de las personas.

Hay condiciones económicas que posibilitan y perpetúan la situación de violencia: precariedad, desigualdad, exclusión y pobreza, por eso “reafirmamos desde la Facultad el compromiso que tenemos con iniciativas como la Cátedra y el Diplomado, que promueven una formación crítica y transformadora”.

En este contexto, el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Alejandro Chanona Burguete, aseguró que los conocimientos y las herramientas que proporciona el Diplomado, desde la parte conceptual y legal hasta los aspectos más técnicos, instruyen personas altamente capacitadas en materia de prevención, atención a las víctimas y lucha contra ese delito.

Con perspectiva de género, detalló, los módulos incluyen el acceso a la justicia, reintegración y garantía de no repetición. La trata de personas es una de las manifestaciones de la delincuencia organizada que más daño causa; afecta la integridad física y emocional de las víctimas y su círculo cercano.

Se trata de uno de los delitos más rentables, ya que ocupa el segundo puesto en economías ilícitas predominantes a nivel internacional. “De ese tamaño es el reto que tienen las y los egresados”, enfatizó.

En representación de los graduados, Ana Karen García Álvarez, agente del Ministerio Público en la Fiscalía del Estado de Guanajuato, agradeció a la UNAM y a la Cátedra crear un espacio vital de aprendizaje, “por su rigor académico y profundo enfoque humano que muestra una vez más que el compromiso de esta Universidad es con los más grandes y dolorosos problemas nacionales y globales”.

Nuestro deber es ser la voz que exige, la mano que protege y la acción que transforma; honremos a las víctimas, a los sobrevivientes y a aquellas personas que aún no han sido rescatadas, con nuestro trabajo diario, incansable y con profundo respeto a las garantías individuales, y construyamos un mundo donde la dignidad de cada quien sea, por fin, inviolable, apuntó.

SEM/sj