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Caperucita Roja

Conoció al usuario que se hacía llamar “Lobo”, de 15 años

Un futuro brillante le esperaba a Caperucita, con los años, se convertiría en la primera Procuradora General de la República, experta en Derechos Humanos. 

Martha Canseco

SemMéxico. Hidalgo. 1 de agosto de 2018.- Queridas amigas y amigos, les platico que la semana pasada tomé un taller de literatura infantil con la joven Karen Villeda aquí en Pachuca y luego de lo que pasó con una de mis sobrinas, me animé a escribir una nueva versión de Caperucita Roja, aquí se las dejo.

Había una vez una joven quinceañera que recibió como regalo de cumpleaños una caperuza roja que le tejió su mamá y un teléfono celular inteligente.

-Creo que ya eres lo suficientemente madura para hacerte responsable del uso de tu propio teléfono-, le dijo su madre convencida de que con la menarca llegaba la prudencia.

-Recuerda que sólo es para hablar con tus amigxs sobre tareas y para comunicarte con tu abuelita que te extraña tanto. ¡Prohibido hablar con extraños!-. Advirtió severamente la mamá de la muchacha.

Apenas subió todas las aplicaciones, caperucita habló con su abuelita por Skype.

-¡Qué bueno verte abuelita, te extraño mucho desde que te fuiste a vivir a la Ciudad de México!-.- ¿Te puedo ir a visitar?-. dijo animada la niña.

-¡Cuando quieras mijita, aquí te espero, yo voy por ti a la Terminal del Norte, no tendrás ningún problema en llegar!-, señaló conmovida la mujer.

Apenas colgó Caperucita y lejos de hacerle caso a su mamá, ingresó al internet y buscó una página para conocer jóvenes de su edad.

Así conoció al usuario que se hacía llamar “Lobo”, de 15 años, como ella y recién ingresado al Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo en Ciudad de México. Caperucita observó muy bien la foto de Lobo, no era feo, -se dijo-, se veía bien con esa camiseta del emoticonque tiene las manitas cerca de la cara con expresión de: “¡vaya usted a saber!”.

Le puso un tímido “me gusta” y a partir de ahí se desgranó una conversación que duraba varias horas al día. Lobo la entendía muy bien, en ocasiones parecía que le adivinaba el pensamiento y siempre tenía las palabras justas cuando, triste, Caperucita, le platicaba de las discusiones con su mamá y de la añoranza por su abuelita.

Un día, Lobo le escribió:- ¿Por qué no vienes a México a ver a tu abuelita y de paso nos conocemos?, ¡será muy divertido conocernos en persona!-.

Caperucita se animó, habló con su abuelita para ponerse de acuerdo. Entre las dos convencieron a la mamá para que la dejara ir ése viernes a mediodía. Estaría de regreso a más tardar el domingo en Pachuca, ¡sana y salva!

Su mamá la llevó a la Central de Autobuses, desde el torniquete vio cómo su hija, muy segura, entregaba su boleto al chofer y subía al camión.

La abuelita la estuvo esperando casi dos horas, entonces llamó a su hija. -¡Caperucita no llegó!

La verdad es que la joven se bajó del ADO en la estación Deportivo 18 de Marzo, donde la estaba esperando Lobo.

Lobo no tenía 15 años, no usaba camisetas con emoticones ni era Cecehachero, realmente era el proxeneta más conocido del Cuadrante de la Soledad en La Merced, le decían “Lobo” por su extrema crueldad con las niñas que captaba a través de las redes sociales.

Cuando Caperucita despertó del golpe seco que le habían dado en la cabeza, literal, estaba en la guarida del lobo. Recibió golpes y amenazas, lo primero que le quitaron fue el celular, y luego todo lo demás.

Caperucita vivió los siguientes 5 meses en calidad de bulto, rara vez estaba consciente, aun así en el fondo de su alma suplicaba que esa pesadilla terminara de una buena vez. Lo único que mantenía indemne su humanidad, eran las visitas cotidianas de una gatita atigrada de ojos verdes a quién le puso por nombre Puchel.

Caperucita envidiaba la valentía de Puchel, ¡esa gatita no se amedrentaba con nada!, también le daba mucho cariño, se acostaban juntas en el suelo sobre la caperuza roja que le tejió su mamá.

Un día de manera totalmente inesperada, la policía capitalina por órdenes de la nueva gobernadora Claudia Sheinbaum, arrasaron con el lugar. En ésa ocasión no hubo “pitazo”, ni dinero, ni cochupos, ni traiciones, se llevaron a todos así, con los calzones abajo.

Lobo salió en todos los noticieros y mediante el nuevo sistema de justicia, muy pronto se logró la pena más alta alcanzada hasta entonces por el delito de trata. Ciento veinte años de cárcel sin liberación anticipada, por todas las vidas que truncó de tantas jóvenes que no quisieron creer que eso les podría pasar a ellas.

Por su parte, Caperucita tuvo mucha suerte, el día que la policía irrumpió en aquellas cuevas a las que pomposamente llamaban habitaciones, fue un enorme caos. En medio de él, apareció Puchel y literalmente la guio a las manos de una joven recién egresada de la academia policial y experta en el manejo de víctimas de trata.

Caperucita, además de estudiar, se dedicó entonces a platicar su historia en escuelas y universidades, se convirtió luego en la conferencista más joven de la plataforma TED.

Un futuro brillante le esperaba a Caperucita, con los años, se convertiría en la primera Procuradora General de la República, experta en Derechos Humanos. 

Botellalmar2017@gmail.com

Congreso habemus, pero

Las curules se repartirán finalmente, así sea en los tribuales  de una u otra forma, y  sin que una sola gota de sangre llegue al río.

La manzana de la discordia y la que llevará el asunto a los tribunales fue una diputación adicional que MORENA pretendía y que finalmente fue para el PAN.

Natalia Vidales

SemMéxico. Sonora. 1 de agosto de 2018.- Al igual que a nivel nacional en el caso de los legisladores al Congreso de la Unión,  como en otros Estados  y aún en las regidurías municipales está ocurriendo,  y Sonora no es la excepción, todo indica que, tanto acá, como allá y acullá la asignación final de las curules  de representación proporcional (las famosas pluris) se resolverán despuésen los tribunales y no en los Institutos Electorales, como fuera deseable que ocurriera.

Ayer en sesión extraordinaria y ya contra reloj (y tras dos intentos fallidos) salió   humo blanco  del Instituto Estatal Electoral(IEE), e hizo las asignaciones  por decisión dividida:  el PRI se queda con cuatro diputaciones plurinominales; el PAN con tres, MORENA dos y una para cada uno de los restantes Partido VerdeNueva AlianzaMovimiento Ciudadano.

La manzana de la discordia y la que llevará el asunto a los tribunales fue una diputación adicional que MORENA pretendía y que finalmente fue para el PAN. El acuerdo del IEE señala que así se resolvió, salomónicamente,  para “en la medida de lo posible lograr la proporcional pura sin violentar el derecho de los demás partidos”.  

Con todo y la claridad de elemental  aritmética (ya ni siquiera algebraica o logarítmica) en que la Constitución del Estado resuelve la cuestión para la debida representación popular en el Congreso conforme a los porcentajes de votación obtenidos por los partidos en las urnas, los intereses políticos confunden no solo a los partidos, lo cual es habitual, sino al IEE, lo cual también ya se está haciendo costumbre.    

El artículo 31 de nuestra carta mayor señala que  el Congreso local estará integrado por 21 diputados electos en forma directa en las urnas y hasta por 12 diputados electos por representación proporcional (los plurisfamosos), para un total de 33. Pero que ningún partido podrá tener un número de diputados que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda  el porcentaje de votación obtenido, salvo, por supuesto, en el caso de que algún partido (y que aquí sería MORENA) haya obtenido un porcentaje mayor de curules del total de la legislatura, más el 8%.

Para mayor comprensión, el artículo 32 señala que todos los partidos que obtengan el 3%, o más, de la votación tendrán derecho a la representación proporcional correspondiente. 

El problema fue  que habiendo MORENA obtenido el 40% de los votos para diputados locales (que serán muchos pero que no son todos), y habiendo ganado diez curules en la votación directa le tocarían en consecuencia al menos tres  más de las plurinominales. Y si a eso les sumamos los cinco que obtuvo el PT y cinco más de Encuentro Social (que fueron  con MORENA en coalición), completarían  un gran total de 23  escaños en el Congreso, y solo diez para el resto de los partidos,  lo cual  que riñe con la definición cabal de la democracia representativa.

A propósito del Rey Salomón, a quien se le tiene por infalible por lo sabio, justo  y prudente de sus juicios, recordemos la escena que lo pasó a la posteridad cuando dos mujeres se disputaban a un niño y entonces el Rey resolvió que lo partieran en dos, a lo que una de ellas se opuso. Y, así, se supo quién era la verdadera madre de la criatura. 

Afortunadamente en este caso no se está en ese dilema. Las curules se repartirán finalmente, así sea en los tribuales  de una u otra forma, y  sin que una sola gota de sangre llegue al río.

Encontraron la necesidad de hacer otras modificaciones para que los feminicidas o violentadores pierdan la patria potestad

Ana Alicia Osorio,

SemMéxico. Veracruz. 31 de julio de 2018.- Diputados y diputadas de Veracruz aprobaron una reforma para proteger a menores que quedaron en orfandad debido a que su mamá fue víctima de feminicidio o desaparición.

Con la reforma, los niños y niñas podrán ser catalogados como víctimas indirectas por el delito cometido contra las mujeres, por lo que podrán acceder al fondo de reparación pero además a otros derechos como becas y servicios de salud.

La diputada Guadalupe Osorno Maldonado, quien presentó la iniciativa, detalló que la reforma fue elaborada con la participación de diversas organizaciones e instituciones para verificar lo que sucede con los niños y niñas que quedan en orfandad.

“Buscar específicamente la protección para menores que estén en situación de orfandad por feminicidio o por orfandad por desaparición de su madre (…) hacer más específica la protección en concreto y a diferencia de otras víctimas indirectas además de tener acceso al fondo de reparación (…) también buscamos que se les dé cobertura de los diferentes programas y servicios que da el estado”, aseguró.

La reforma modificó la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz y el Código Penal. 

La diputada afirmó que debe crearse el fideicomiso para que comience a funcionar el fondo de reparación para las víctimas indirectas de los delitos. 

Dijo que tras el trabajo para esta iniciativa encontraron la necesidad de hacer otras modificaciones para que los feminicidas o violentadores pierdan la patria potestad sobre los y las menores.

Dentro de los espacios legislativos no hay todavía una relación paritaria en el nombramiento de las comisiones legislativas.

Magaly Rodriguez

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero. 31 de julio de 2018.- En la próxima legislatura federal habrá paridad de género, pero en el Congreso de Guerrero,  ni siquiera se acerca a la paridad, señaló María Luisa Garfías Marín, integrante de la Comisión de Seguimiento de la Alerta de Violencia de Genero, quien subrayó la necesidad de que las diputadas y diputados que están próximos a asumir el cargo, legislen para tipificar la violencia política por razones de género.

En el segundo día de la jornada informativa de la Comisión de Seguimiento de la Alerta de Violencia de Genero, y al dar continuidad a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en lo que se refiere a la participación política y pública de las mujeres, Garfias Marín reconoció que en las reformas del 2014, en el Artículo 41 de la Constitución Política, leyes secundarias como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y a la ley local de participación electoral, se establece la paridad de género en el registro de candidaturas.

Dichas reformas, dijo, han permitido el arribo de un mayor número de mujeres a los congresos locales y federales, de tal forma que tras la elección del primero julio, el Congreso de la Unión, estará conformado por casi 50 por ciento de mujeres y un tanto igual en el Senado, aunque eso no significa que podrá haber igualdad de condiciones, habrá casi paridad, pero dentro de los espacios legislativos no hay todavía una relación paritaria en el nombramiento de las comisiones legislativas, apuntó la activista.

En el caso de Guerrero refirió, las mujeres son 18, cerca de un 39 por ciento, “no se acerca ni a la paridad”, acusó, y recalcó que el número de mujeres se mantiene en relación a la legislatura que va a terminar.

Garfias Marín agregó que si bien es cierto ha habido avances en materia legislativa por parte del Estado Mexicano y en los Estados, lo cual es reconocido por la misma CEDAW, dicho organismo también observa que son insuficientes, ya que debe haber una homologación de todas las leyes para que las mujeres puedan participar con igualdad en estos espacios de decisión política, y se eliminen los obstáculos en cada proceso electoral como es la violencia política por razones de género, para que las mujeres puedan ejercer con plenitud de derechos políticos.

Al momento señaló que no hay una reforma a nivel federal ni local en el caso del Estado de Guerrero, que tipifique el delito de violencia política por razones de género, la cual también deberá de incluirse en leyes secundarias como la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de partidos políticos, de delitos electorales, en la de medios de comunicación. “Sí hay avances, pero son producto del movimiento de la lucha de las mujeres”, todavía hay rezagos debido a esos obstáculos producto de la cultura patriarcal no solo en Guerrero, sino en todos los estados de la República”, recalcó.

De ahí subrayó la importancia de que las y los diputados locales que están próximos a tomar posesión, incluyan en la ley electoral de Guerrero, la tipificación de la violencia política por razones de género y las diputadas federales hagan lo propio en el Congreso de la Unión.

“Hoy es el momento en el que la mujeres que van a llegar en los espacios tanto federal como local, empujen, construyan alianzas para eliminar los obstáculos que hacen que las mujeres no puedan arribar en igualdad de condiciones en los congresos estatales y en el federal”, recalcó Garfias Marín.

El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de Guanajuato brindó asesoría y fueron canalizadas tras habérseles negado participar en campaña, usar recursos públicos, o ser amenazadas para renunciar a sus candidaturas

Redacción

Lourdes Vázquez

Periódico Correo/SemMéxico. Guanajuato. 30 de julio de 2018.- Durante el proceso electoral pasado, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de Guanajuato registró 18 casos de violencia política a los cuales se les brindó asesoría y fueron canalizados a las instancias correspondientes.

Así lo informó la consejera electoral, Indira Rodríguez Ramírez, integrante del observatorio, quien señaló que uno de los casos de violencia política fue contra una candidata a integrar un ayuntamiento que estaba embarazada y su partido le negó salir a campaña pero la amenazaron con que tenía que ayudar al candidato a presidente municipal para que lograra el triunfo, pero como no podía por estar embarazada le tenía que dejar su lugar a alguien más.

A decir de Indira Rodríguez, también se registraron hechos como negarles a las candidatas el uso de recursos públicos para realizar sus campañas o fueron amenazadas para renunciar a los primeros puestos en las regidurías y cambiar hasta las últimas posiciones, por mencionar algunos, e incluso amenazas a su integridad y la de su familia.

La funcionaria electoral aclaró que a fin de garantizar su seguridad, no se pueden dar a conocer mayores detalles de las mujeres que fueron violentadas ni los partidos políticos a los que pertenecen.

“La mayoría de los casos que asesoramos era el tema de los recursos para las campañas que algunas de las mujeres no tenían la posibilidad de decidir cómo es que querían llevar su campaña, les daban por ejemplo vales de gasolina y les decía por ejemplo ‘con 400 pesos puedes llevar a cabo tu campaña”, otras para que renunciara y cedieran su lugar en un intercambio de la lista de regidurías.

Explicó además que entre las atribuciones que tiene el observatorio no está el juzgar o investigar los hechos, sino que se orienta a las mujeres que se sienten violentadas en sus derechos políticos, se les da una atención integral y en determinado momento se remite al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses que sí tiene los recursos para dar el acompañamiento y en su caso que se presente la renuncia correspondiente.

“Y en su caso, remitir a la Procuraduría de Justicia aquellas que nosotros considerábamos que con base a los elementos para constituir violencia política pudieran denunciar ante la procuraduría, son 18 pero en concreto no sabemos quienes sí decidieron continuar con su demanda”.

Por lo que solicitaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado que se proporcione un informe de aquellas casos en los que si se inició una investigación, no obstante “hasta el momento no lo han proporcionado pero es un compromiso y esperamos que en  la siguiente sesión ya nos puedan brindar esta información”.

Indira Rodríguez consideró que el delito de violencia política contra las mujeres no está suficientemente informado y por ello las denuncias son pocas, aunado a que las mujeres tienen miedo o sienten presión.

Y mencionó que el Observatorio continuará  trabajando a través de diversas actividades que tienen que ver principalmente con las posibles reformas que se den no solo en materia penal, sino en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde consideró que debe incluirse el tema de violencia política más allá de la paridad.

Las mexicanas todavía se enfrentan a otros retos sociales como las tasas de feminicidio o la discriminación en el país

Redacción

Con información de Gabriela Villegas

SemMéxico. Cd. de México. 30 de julio de 2018.- Tras una larga lucha política y legislativa, México ha logrado la paridad en sus dos cámaras legislativas. Los resultados de las elecciones celebradas el primero  de julio apuntan a un Congreso Nacional integrado por 246 diputadas y 254 diputados, un 49,2% y un 50,8%, respectivamente. En el  Senado habrá paridad: 65 mujeres y 63 hombres.

Según  Flavia Freidenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista telefónica calificó ello  no sólo como  histórico para el país, sino también para Latinoamérica. Es la primera vez que se logra el reparto equitativo de escaños en ambas cámaras.

Con la confirmación de este resultado, México llegaría a ocupar el tercer lugar en el ranking de presencia femenina entre los parlamentarios de las cámaras de diputados de los 35 países de América Latina, El Caribe y la Península Ibérica, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El primer lugar lo ocupa Bolivia con un 53,1% de mujeres parlamentarias, seguida por Cuba con el 48,9%. España se ubica en la quinta posición con un 39,1% de representantes mujeres. El progreso en la región latinoamericana  se da por el sistema de cuotas de género en cargos de elección, puesto en marcha desde 1996 en países  como Argentina, Bolivia y Costa Rica.

Un repunte histórico

Las mujeres en el Senado de la República han triplicado su participación en los últimos 18 años. Si en el 2000 había 20 senadoras frente a 108 senadores, en esta legislatura que iniciará el primero de septiembre  las senadoras superan por dos escaños a sus compañeros.

En la cámara de diputados del 2018 – 2021, México tendrá casi el doble de mujeres congresistas, pasando de 115 en 2003 a 246 en 2018.

La victoria entre cientos de tropiezos

Al tiempo que se creaba el Instituto Federal Electoral – ahora INE – en 1990, algunas legisladoras iniciaron una lucha por una mayor representación femenina en cargos públicos.

Por aquel entonces, María Elena Chapa Hernández era diputada federal y luego senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La ex legisladora recuerda que en 1991 su única colega de bancada era Silvia Hernández Enríquez. «Siempre he tenido dificultades. Me topaba con una realidad misógina, marginal, discriminatoria de muchos de mis compañeros de bancada, ya sea en la cámara de diputados y la cámara de senadores. Y todavía existen las resistencias», cuenta por teléfono Chapa Hernández, también fundadora del capítulo mexicano del Foro Internacional de Mujeres (IWF, por sus siglas en inglés).

El punto clave del largo proceso de reforma que empezó entonces tuvo lugar en 2014, cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicó la reforma político electoral del Artículo 41 Constitucional, que exige la paridad o 50-50 entre hombres y mujeres al postular a sus candidatas y candidatos tanto federales como locales.

 Y de ahí, a las elecciones del pasado primero de julio esto «Es un logro casi utópico, si tú quieres, pero que nos ha motivado mucho el hecho de que las mujeres tienen todos los derechos sin lugar a duda, incluido el derecho humano que es la participación en la política», concluyó Chapa Hernández.

Las cifras negras

Las mexicanas pueden celebrar la paridad en sus representantes, pero se enfrentan a una fuerte discriminación y altos índices de violencia de género. México tiene una de las tasas más altas de feminicidios, de 4,4 por cada 100.000 habitantes. Se estima que siete mujeres son asesinadas al día y sólo el 10% de estos delitos son sentenciados, según el informe «Violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985 – 2016» elaborado por ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres  y la Secretaría de Gobernación. México  también ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes, dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La investigadora Freidenberg informó que  trabaja con otras  académicas, juristas y actores de la sociedad civil para impulsar una agenda por la igualdad sustantiva. La propuesta busca no sólo que se incluyan a más mujeres, sino que también logren altos cargos en bancadas, comisiones y órganos de dirección política y administración pública.

«Necesitamos garantizar el pleno derecho sexual y reproductivo de las mujeres y adolescentes. Necesitamos que se apruebe la Ley de Violencia Política en razón de género», señala Freidenberg, también autora del libro «Cuando hacer política te cuesta la vida», editado por la UNAM y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (2017). «Necesitamos garantizar una vida libre de violencia en todos los ámbitos sociales y políticos», apunta la investigadora.

Otros de los temas pendientes para Freidenberg son el aumento de las penas en temas de acoso, hostigamiento sexual y violencia intrafamiliar y la creación de una defensa jurídica gratuita para mujeres que se dediquen a la política, de cara a que tengan más medios frente a la violencia interna de los partidos o cuando hacen campañas electorales. No obstante, el hecho de que las mujeres hayan conseguido la representación parlamentaria que les corresponde no signifique que los siguientes esfuerzos deban llevarlos a cabo sólo ellas.

 Miriam Hinojosa Dieck, del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, insiste en que las reformas por la equidad no deben ser una «doble carga» para las parlamentarias. «No deberíamos estar esperando que por la llegada de más mujeres eso se transforme. Deberíamos esperar que la llegada de más mujeres transforme el paisaje político del país, de tal forma que haya un cambio natural, por el cambio de generaciones, en el que a las niñas de este país les resulte una opción natural el ser diputadas».

El próximo primero  de septiembre, cuando tenga lugar la toma de posesión de los cargos públicos, elegidos en julio México iniciará una nueva era política en su Congreso y Senado, marcado por la consolidación de una lucha hacia la igualdad de oportunidades políticas.

El dictamen del Tribunal Electoral desechó los exámenes psicológicos realizados por la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer

Patricia Briseño

SemMéxico. Oaxaca. 30 de julio de 2018.- A pesar de acreditar los actos de hostigamiento, discriminación y golpes que ha padecido en búsqueda de su reconocimiento como sindica procuradora del municipio de Pinotepa Nacional, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) consideró que Yareli Cariño López, no es objeto de violencia política contra las mujeres por razón de género.

En su sesión más reciente, el pleno del órgano jurisdiccional desechó la demanda interpuesta por Cariño López en contra del presidente municipal, Guillermo García Cajero, y otros funcionarios del ayuntamiento costeño de Pinotepa por el presunto ejercicio de violencia política en razón de género en su contra, así como por la obstrucción del ejercicio de su cargo desde enero de 2017 a la fecha.

De acuerdo con el magistrado Víctor Manuel Jiménez Viloria, el expediente JDC/115/2018 iniciado por la servidora pública “no cumple con uno de los cinco elementos contemplados en el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres por razón de género”.

Sin embargo, reiteró a las autoridades municipales constitucionales, emanadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se abstengan de realizar acciones u omisiones directa o indirectamente, que tengan por objeto o resultado, intimidar, molestar o causar daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio de la síndica.

El dictamen del Tribunal Electoral desechó los exámenes psicológicos realizados por la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, que sustentan la  violencia política vividas por Cariño López.

La militante perredista integró la planilla ganadora de la elección municipal de Pinotepa, el 1 de enero de 2017 junto con el resto de sus compañeros tomó protesta del cargo, sin embargo, al día siguiente fue destituida.

De manera unilateral, sin explicaciones de parte del cabildo pasó a ser sustituida por otra persona, mientras que ella fue reubicada en la regiduría de Desarrollo Social.

La abogada de 33 años de edad y madre de familia ha recorridos distintas dependencias estatal y federales, incluso en un primera ocasión le demandó al TEEO su reinstalación, mientras que las organizaciones feministas y de derechos humanos la acompañaron en el proceso por la defensa de sus derechos humanos, aunque el alcalde de Pinotepa en forma reiterada desestima los emplazamientos legales.

En el transcurso del año pasado se cumplió con la reincorporación a sus actividades como concejal, no obstante, fue acotada en sus funciones por sus mismos compañeros regidores.

Tras varias oficios enviados por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Comisión Nacional de Derechos Humanos , el gobierno estatal cumplió la medida cautelar proporcionando custodia personal a Cariño López vulnerada en su persona.

El Tribunal Estatal Electoral descalificó los juicios interpuestos por concejales agraviadas, víctimas de violencia política por razón de género, se trató de los casos de la  ex regidora de Santa Gertrudis  Zimatlán; la síndica de San Martín Zacatepec y la solicitud de la revisión de los candidatos a presidentes municipales de San Juan Colorados y San Juan Bautista Lo de Soto, señalados por ejercer violencia política en contra de sus compañeras concejales por razón de género.

Armoniza la ley en la materia, federal y estatal, con el objetivo de poder incidir en la mayor medida posible en la atención de las mujeres.

Magaly Rodriguez

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero. 30 de julio de 2018.- El Congreso del Estado, aprobó en la última sesión del Tercer Periodo del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el proyecto de Decreto para reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, con lo que buscan una mayor participación de los gobiernos municipales, en la atención de las mujeres y la erradcación de la violencia de género.

Yuridia Melchor Sánchez, diputada presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, fue la encargada de motivar el dictamen presentado por las comisiones de Asuntos Políticos y Gobernación y para la Igualdad de Género.

La legisladora señaló que esta reforma no limita las facultades, atribuciones y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de igualdad entre hombres y mujeres, al contrario, armoniza la ley en la materia, federal y estatal, con el objetivo de poder incidir en la mayor medida posible en la atención de las mujeres y erradicar la violencia de género y actos de discriminación.

Uno de los aspectos que se precisan con esta reforma, es que la Dirección Municipal de la Mujer deberá estar a cargo de una persona que será designada por el Cabildo, a propuesta del Presidente municipal, cuya función se deberá desarrollar de manera independiente de las Regiduría de Equidad y Género, cuyas funciones podrán coordinarse, pero en ningún momento subordinarse una a la otra, ni mucho menos ostentarse dichas funciones en una sola persona, puntualizó la diputada.

En su argumentación, Melchor Sánchez, dijo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su Artículo 8, establece que los modelos de atención, prevención y sanción que establezca la federación, las entidades federativas y los municipios son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

En tanto la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en su capítulo primero, establece las competencias y la coordinación inter institucional entre la federación, los estados y los municipios, correspondiéndole a estos últimos, implementar políticas en materia de igualdad entre mujeres y hombres en concordancia con las políticas nacionales y locales correspondientes. 

Los ordenamientos nacionales y locales, tienen como objetivo general establecer  procedimientos de actuación de los profesionales que atienden los casos de violencia de género contra las mujeres en un marco de derechos humanos, ciudadanía de las mujeres y perspectiva de género con el fin de que las mujeres víctimas reciban la atención que necesitan con dignidad, confidencialidad y profesionalismo, por lo que es necesario crear un esquema de coordinación inter institucional que garantice el acceso a todos los servicios a una mujer víctima de violencia de género así como de sus familiares y testigos.

Articular las acciones de los espacios de atención que correspondan a distintos ámbitos del sector público a fin de disminuir el estado de riesgo de las víctimas, atender y detener las secuelas causadas por la violencia de género con calidad y profesionalismo y generar mecanismos de evaluación de los servicios que se brindan como del persona que los ofrece así como del nivel de aplicabilidad del modelo.

La propuesta de reforma y adiciones, conlleva a generar ese espacio personal sobre todo esa parte funcional en el ámbito municipal para la implemenntación de acciones en lo local y de coordinación con las demás instancias estatales o federales haciendo una red de servicios que generen mayores oportunidades de acceso a las mujeres víctima de violencia a los servicios de atención, prevención y en su caso de erradicación. Al ser sometida a consideración del pleno, la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.

AMLO, no improvisen. La UNAM y CNDH tienen un plan de protección integral para periodistas

Es que ya son tres sexenios en los que los presidentes del país no entendieron que nuestras crisis de inseguridad tienen causas estructurales

Ya hay diagnósticos actualizados, propuestas y las tienen CNDH y el Programa Universitario de Derechos Humanos del IIS-UNAM.

Rogelio Hernández

SemMéxico. Cd. de México. 30 de julio de 2018.- Casi puedo asegurar que no podré exponer este asunto a Andrés Manuel, tampoco a César, a Jesús, ni a Encinas y ni siquiera a Virgilio. Pero si abrieran el chance (quizá porque valoren que somos viejos conocidos), comenzaría sugiriéndoles que si quieren ayudar a los periodistas, por favor ¡No improvisen!

Es que ya son tres sexenios en los que los presidentes del país no entendieron que nuestras crisis de inseguridad tienen causas estructurales y ahora, parece que ellos tampoco conciben este fenómeno en su contexto; por eso, en lo que dijo AMLO, se refleja que solo se les ocurre organizarnos y meternos más a la Ley Federal del Trabajo como oficiantes. En ambos casos reducen nuestra importancia como profesionistas con derechos y como actores vitales para una democracia con la comunicación social suficiente.

Para no improvisar

Si hubiese oportunidad, le informaría a López Obrador, o alguien de su confianza del gabinete próximo, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la UNAM —hace más de un año– una revisión de la situación de los periodistas mexicanos y el rol de la CNDH.

Complementaría con datos que esa petición fue derivada por la UNAM al Programa Universitario de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Sociales y que el investigador experto en el tema, Raúl Trejo Delarbre, coordinó encuestas, entrevistas, estudios y ensayos con presuntos conocedores del tema y que, además, los mejores trabajos aparecerán, en semanas, como un informe especial.

La segunda sugerencia al equipo preparatorio de AMLO como futuro presidente, será que conozcan ese informe para que ponderen la seriedad de los estudios y opiniones ahí compiladas así como de los alcances y conocimientos de sus autores para que contrasten con sus dos ocurrencias de organizar a los periodistas y promover sus derechos laborales solamente.

¡No improvisen! machacaría

La propuesta de protección integral

El doctor Trejo Delarbre, uno de los más conocedores de los medios y el ejercicio del periodismo me hizo el honor de invitarme a ser uno de los ensayistas de la investigación y futuro autor del informe en forma de libro. Su petición fue porque supuso que, además de periodista veterano (40 años de ejercer) tengo alguna elaboración (cuatro libros y 12 ensayos) de lo que debe ser la protección integral a los periodistas, como sujeto social activo; sujeto separable en lo conceptual y operativamente, de las empresas de prensa, como en un mercado de la información dominado por pocos grupos.

De las 20 cuartillas que le entregué a Raúl, esta es una sinopsis, siempre con el énfasis que es indispensable una mirada y un plan integrales de protección (no solo cautelar o laboral):

Los pasos básicos

Uno.- Lograr una sola metodología para el monitoreo y análisis de los agravios a periodistas, y así́ poder homologar las bases de los diagnósticos y abonar para una sola estrategia..

Esto es indispensable porque cada año se hacen y difunden al menos 13 monitoreos y diagnósticos diferentes por usar metodologías distintas, según el origen nacional y la agenda de intereses del grupo evaluador. Por eso, todos arrojan resultados numéricos diferentes, lo que dificulta el trazo de una sola estrategia.

…Y, la falla mayor está en la instancia oficial que debería tener el diagnostico más riguroso para guiar su trabajo, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación. Se instaló́ en octubre de 2012, pero ni siquiera ha logrado hacer funcionar su Unidad de Prevención, Control y Análisis que ordena la ley (Esa unidad inició al comienzo de 2017, pero sigue sin hacer monitoreo ni diagnósticos)

Dos.- Seguimiento a las recomendaciones de la CNDH sobre libertad de expresión. Firmar un convenio para vigilar al vigilante de funcionarios públicos (los que más agresiones cometen contra periodistas) así́ como del buen desempeño de las instituciones públicas que debieran proteger el ejercicio del periodismo.

Tres.- Fundar un programa especial de investigación multidisciplinaria sobre las seis grandes vulnerabilidades de los periodistas para elevar sus fortalezas profesionales. Este se podría hacer viable mediante un convenio de colaboración con la Presidencia de la República o la Segob o el Congreso de la Unión, o con todos. Un programa así́ podría generar y recomendar legislación para reconocer los derechos profesionales y diseños de políticas públicas.

Cuatro.- Crear un programa de extensión académica y capacitación continua para medios y periodistas… y además facilitar la titulación por trayectoria profesional, aunque los periodistas alumnos no hayan estudiado en la UNAM. (…)

Y por eso puedo proponer a la CNDH y a la UNAM una mirada más amplia para entender las causas del fenómeno de agresiones y una serie de propuestas para una protección integral de los periodistas mexicanos.

III. Un acercamiento a la protección integral

Para abonar esa semilla de la vinculación de dos entidades con autoridad moral y reconocimiento social (UNAM y CNDH), se pueden conseguir más aliados entre los periodistas y organizaciones profesionales que les preocupa el problema. Un sector de informadores profesionales hemos buscado alternativas que trasciendan lo cautelar, lo policiaco.

En diciembre de 2014, Freedom House presentó en su portal una elaboración de mi autoría como parte de un convenio con la asociación civil mexicana emergente llamada Casa de los Derechos de Periodistas (CDP). El trabajo se llama Prontuario de recomendaciones para fortalecer a periodistas vulnerables de México.Lo siguiente es un resumen con datos actualizados y propuestas sintetizadas.

En el prontuario de 50 páginas se hace el esfuerzo por ubicar el tema de agravios al periodista más allá́ del ámbito policiaco y de justicia, ampliar la mirada a los factores estructurales que han prohijado grandes vulnerabilidades a los periodistas, perfilar una respuesta integral con el objeto de allegarles fortalezas sociales, gremiales, derechos profesionales y otras para que dejen de ser sujetos de atención para la justicia y seguridad y puedan convertirse en actores de su propia defensa y desarrollo.

Se necesita ese 5 por ciento

Y lo que me faltó argumentar allí, como respuesta a la pregunta que siempre hacen los pragmáticos de ¿con qué dinero hacer todo eso?

La respuesta es otra elaboración, ya preparada, de un Programa Integral para reducir vulnerabilidades de los periodistas que puede financiarse fácilmente si se asigna un 5 por ciento del gasto público federal en publicidad.

Esta decisión es ahora absolutamente viable en momentos en que un equipo de AMLO, donde participa el reportero Jesús Ramírez Cuevas, revisa las condiciones de una ley de comunicación social que quiere trastocar el mercado de la información.

El 5 por ciento del gasto federal en publicidad significaría unos 600 millones de pesos, de los 2 mil millones que se destinarían a ese rubro en el presupuesto de 2019. Pero ese otro tema, aunque complementario. No improvisen. Ya hay diagnósticos actualizados, propuestas y las tienen CNDH y el Programa Universitario de Derechos Humanos del IIS-UNAM.

En Guerrero buscan genear una agenda para incidir en las políticas públicas

Magaly Rodriguez

Semméxico, Chilpancingo, Gro., 28 julio de 2018.- La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses e instituciones electorales, promueven foros regionales de Avaluación sobre la Participación Política de las Mujeres, con el propósito de identificar la violencia política en razón de género, proceder a su denuncia y canalizar los casos y hacer el acompañamiento.

En esta ciudad se realizó el segundo Foro Regional de Evaluación sobre la Participación Política de las Mujeres, el primero se realizó el miércoles en la ciudad de Iguala y quedarí, el pasado fin de semana en Acapulco, y quedaría pendiente un tercero en Tlapa son impulsados por la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Grupo Feministas, los Institutos Nacional Electoral (INE) y de Participación Ciudadana (IEPC), dijo la coordinadora de los foros Muriel Salinas Díaz.

El objetivo es hacer un diagnóstico de la violencia política hacia las mujeres en el proceso electoral en el Estado de Guerrero y a partir de ellos generar una agenda de incidencia en materia legislativa y de políticas públicas y seguir insistiendo, en la tipificación, sanción y atención la violencia política en razón de género.

“Se trata de saber qué pasó con las mujeres y la participación política, con la paridad, porque tenemos que medir y analizar como la violencia política contra las mujeres en razón de género, afectó el logro de la paridad en el Estado de Guerrero, tanto en el registro de la candidaturas como en el resultado final”, explicó Salinas.

Previo a los foros, la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, lanzó a través de las redes sociales, un pre registro de casos de violencia política en razón de género, del cual, hasta el 17 de julio, eran 19 casos registrados, tres de los cuales, fueron homicidios dolosos, de dos precandidatas y una promotora del voto.

Buscamos hacer un análisis de cómo la política, como sucede en Guerrero, combinan múltiples violencias en la vida cotidiana en los municipios y ciudades, y distinguir si esta violencia en el caso de los homicidios, contiene elementos de género, dijo y explicó que la violencia contra las mujeres son síntomas del contrato local, de cómo está impactando la violencia en la vida democrática”, precisó la activista.

Estos foros se realizan en el marco del programa “Impulso a la participación política de las Mujeres”, a través de las organizaciones de la sociedad civil, el cual abrió una convocatoria a nivel nacional para la presentación de proyectos a concurso, fueron más de 300 que se presentaron en todo el país, ganaron solo 21, entre los cuales, Equipos Feministas obtuvo el primer lugar en la evaluación de calidad.

SEM/mr/sj

En Guerrero tres aspirantes, candidatas y promotoras fueron asesinadas en el proceso electoral

Magaly Rodriguez

Semméxico, Chilpancingo, Gro., 28 julio de 2018.- Presiones para ceder la candidatura y no reclamar, coacción, amenazas incluso de muerte, homicidios dolosos, difamación, calumnias, guerra sucia, sabotaje a sus actos proselitistas, son algunas modalidades de violencia política en razón de género que se presentaron en el proceso electoral contra de mujeres en esta entidad.

Así se dio a conocer durante Foro Regional de Evaluación sobre la Participación Política de las Mujeres realizado en esta ciudad, en la que se dijo que hasta el 17 de julio, la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses registró 19 casos de violencia política en contra de mujeres, tres feminicidios, la mayoría se concentran en la región centro, informó Muriel Salinas Díaz, coordinadora de dicha organización.

De acuerdo a la sistematización de la información, se trata de agresiones a ocho candidatas a cargos de elección popular, ocho precandidatas, una militante de un partido y dos de organizaciones de sociedad civil. Más de la mitad, el 53 por ciento, tiene entre 40 a 49 años; el 37 por ciento entre 30 a 39 años, y el 10 por ciento entre 18 y 29 años.

La mayor cantidad de casos se registraron en la zona centro del Estado, 10 (53 %); en Acapulco, Costa Chica, Tierra Caliente y en la Costa Grande con un caso, respectivamente; tres en la norte, dos en la Montaña. Salinas Díaz destacó que la región Centro es un foco rojo por el número de casos de violencia política por razón de género.

Por municipio, se registraron un caso en Acapulco; tres en Chilpancingo; dos en Iguala, dos en Chilapa, uno en Atzacoaloya (municipio de Chilapa), uno en Tlapa, tres en Iguala, tres en Mártir de Cuilapan; en Cuautepec, Pungarabato, Ayutla y Olinala un caso de violencia política de género, respetivamente.

De acuerdo a los tipos de violencia cuatro están relacionados con violencia psicológica, económica, amenazas o coacción; nueve son de violencia psicológica; tres de violencia feminicida u homicidios dolosos (ocurridos en el municipio de Chilapa), y tres de amenazas y coacción.

En cuanto a modalidades, el 63 por ciento de las víctimas señalaron que la violencia ocurrió al interior de los partidos políticos a los que pertenecen; el 21 por ciento en la comunidad; en menores proporciones, entre el 5 y 6 por ciento se trato de hechos de violencia política de género a través de las redes sociales; otras comentaron que fue dentro de la comunidad por medio de una organización social u otras organizaciones; en menor proporción, dentro del partido político, en la comunidad pero con presencia de grupos criminales.

Para efectos de este estudio desarrollaron criterios o preguntas tales como si el acto o la omisión se dirige por ser mujer, si afecta por el hecho de ser mujer; si tiene por objeto menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos político electorales; si se da en el marco del ejercicio, es decir, puede tratarse de alguien que no necesariamente participó en el proceso electoral como candidata o precandidata, sino con algún cargo en funciones como alcaldesa, regidora, servidora pública en algún órgano electoral o gubernamental y que en el ejercicio de sus funciones enfrentó actos u omisiones que menoscabaron o anularon su ejercicio del cargo.

Otros cuestionamientos fueron si el acto u omisión fue verbal, patrimonial, económico o físico sexual psicológico o simbólico; si fue perpetrada por el estado, sus agentes, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de estos, por algún medio de comunicación, como la difamación, o a través de campañas sucias.

En siete de los 19 casos dijeron que se trató de un acto u omisión dirigida por ser mujeres, que tiene un impacto diferenciado que le afectó por ser mujer; 15 que tuvo por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos políticos electorales; nueve explicaron que se dio en el marco del ejercicio de sus derechos político electorales, o del cargo público que ocupaban.

Además, tres respondieron que se trató de un acto u omisión verbal, patrimonial, económico, físico, sexual, psicológico o simbólico; seis que la agresión fue perpetrada por el Estado, sus agentes, superiores jerárquicos, colegas de trabajo o representantes de partidos, medios de comunicación, particulares o  un grupo de personas; y en tres casos no aplicaba ninguno de esos criterios, aunque en un análisis cualitativo encontraron que sí tenía que ver con violencia política de género como sucedió en el caso de organizaciones de la sociedad civil.

Salinas Díaz dijo que encontraron que las mujeres son víctimas de violencia  política en razón de género dentro de las organizaciones sociales, al participar en proceso de selección interna, ya sea por hombres o las propias mujeres “y el comportamiento no es diferente al que se da en los partidos políticos”.

En nueve de los 19 casos las víctimas señalaron que fueron presiones para ceder a la candidatura o no reclamar; otras, enfrentaron ausencia de apoyos materiales, financieros y humanos para hacer su campaña; una  dijo que además de presiones para ceder su candidatura o no reclamarla, no la dejaron ser candidatas sin justificación alguna.

Otra de las mujeres que dijo que  además de las presiones, enfrentó difamación, desprestigio y calumnias; una más informó: “no me dejaron participar para poner a la esposa del síndico municipal”; en otro caso denunció un hecho de difamación, desprestigio y calumnias.

Una más sufrió agresiones y amenazas  contra su integridad, la de su familia y colaboradores -antes, durante y después de la campaña-, y otra reportó agresiones y amenazas durante la campaña o antes, además de acciones que pretendieron desprestigiarla mediante calumnias y el sabotaje a sus actos de proselitismo.

SEM/mr/sj

Se intentó desprestigiar su imagen por medio de la publicación en redes sociales de material fotográfico perteneciente a una revista de desnudo artístico.

Redacción

Xalapa, Ver. 27 de Junio 2018.- La candidata a Diputada Local por el Distrito X Xalapa del partido Nueva Alianza, Angélica Cristiani Mantilla “La Xalapita” este fin de semana fue víctima de un ataque más en el que se intentó desprestigiar su imagen por medio de la publicación en redes sociales de material fotográfico perteneciente a una revista de desnudo artístico.

La Xalapita aclaró en rueda de prensa que dichas fotografías fueron realizadas con el fin de participar y apoyar un proyecto local artístico y que en ningún momento son motivo de vergüenza. Condenó dicho acto como cobarde, ruin y misógino, además de representar un atentado contra los derechos político-electorales de las mujeres.

Por otra parte, mostró ante los medios la denuncia y las evidencias que presenta al OPLE y solicitó a las autoridades correspondientes que atiendan el caso. Mencionó que este tipo de ataques buscan objetivar y sexualizar el cuerpo y el trabajo de las mujeres, fenómeno que repercute directamente en la desigualdad de los géneros.

Así mismo hizo un exhorto a los electores a no permitir actos de intimidación o de coacción durante la próxima jornada electoral, recalcando la importancia de ejercer el derecho y la obligación que como ciudadanos tenemos a votar. “A los agentes corruptos les interesa que la gente no vote para así ganar la elección con votos duros, definitivamente un arma poderosa contra el abstencionismo es el voto cruzado, voten por quien quieran, pero voten”, finalizó la candidata.

Mujer y Poder

• Insulto al INE

• Todos los días millones de mexicanos reciben multas

Natalia Vidales

SemMéxico, 27 julio 2018.- Cuando creíamos  que AMLO,  siendo  ahora ya  virtual Presidente de la República empezaría  –aprendería-  a  respetar a las Instituciones, vuelve a sus andadas como si todavía fuese el sempiterno candidato presidencial.

Calificó la sentencia del INE en  que  le impuso a MORENA (o sea a él)  una multa de 195 millones de pesos (una bicoca comparada con los tres mil millones de pesos que los partidos políticos reciben cada año electoral) como una “vil venganza”  porque ganó las elecciones, en una paradoja de ingratitud porque fue ese mismo INE  el que lo declaró triunfador en la reyerta del pasado primero de Julio.

No en vano hay quienes dicen  que  la obsesión de AMLO era ganar las elecciones, y que ahora que ya las ganó continúa en ese trance sin dar el siguiente paso al cargo de Presidente de la República.

Algunas personas que estaban contentas porque aquel candidato peligroso para México  había, por fin, moderado su discurso antisistémico, y lo cual  le valió millones de votos adicionales en las urnas, vuelven a lamentarse de que regrese a las andadas de calificar como integrantes de la mafia del poder  a quien disienta de sus deseos (y que a partir del próximo primero de Diciembre se convertirán en órdenes).

Todos los días millones de mexicanos reciben multas, y a tantos más se les notifican resoluciones o sentencias en sus contras por parte de autoridades administrativas o de jueces,  y no por ello salen a las escalinatas de sus casas u oficinas (donde ahora AMLO da sus conferencias de prensa)  a despotricar contra ellos. La gran mayoría las paga y punto y otros más  se defienden en los tribunales de alzada para intentar revertirlas, pero a pocos se les ocurre –más allá de ejercer el sacrosanto derecho al pataleo–  a insultar públicamente a las autoridades.

Tras ser nombrada como la próxima  secretaria de Gobernación,  Olga Sánchez Cordero fue entrevistada,  y se le recordó cuando en alguna ocasión AMLO se refirió a los ministros de la Suprema Corte, de la que ella formaba parte,  como “maiceados” (expresión vulgar para calificar a quien recibe dádivas para favorecer a una de las partes en un juicio) y contestó que era ordinario que quien perdía en los tribunales dijera que el Juez había sido parcial, así como quien ganaba consideraba a los jueces como paradigmas de la justica. Y eso está bien para los ciudadanos, pero no para los políticos  –y menos siendo ya la suprema autoridad, como lo es ya virtualmente López Obrador– quienes  formado parte de las instituciones deben respetar las decisiones de sus pares.

Lo más seguro es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien resolverá en la alzada la  resolución del INE,  la revoque y libere a MORENA (o sea al Presidente electo de la República).  No solo  –aunque debería de ser suficiente–  porque efectivamente adolece de algunos excesos, sino porque no van a ser quienes le manchen   a AMLO  por corrupción  el inicio de su gobierno,  así sea quien la haya iniciado con éste asunto, en una sentencia definitiva que también podrá calificarse, a contrapelo,  de “maiceda”.

El PRI,  quien presentó la demanda inicial, solo le pidió al INE que investigara si el Fideicomiso de MORENA para proveer de auxilio a los damnificados del sismo del 19 de Septiembre,   había recibido dinero público (lo cual estaría prohibido), y el Instituto resolvió que no, pero fue más allá y dio con otras irregularidades y corruptelas  que le valieron  la multa (militantes de MORENA formaron un carrusel de depositantes de efectivo que luego otros retiraban).  

Salga como salga AMLO de este asunto, ya está salpicado de corrupción. Y eso que aún no comienza el  sexenio.

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró el pasado viernes inelegible a Pablo Anica Valentín.

Nadia Altamirano

SemMéxico. Oaxaca. 27 de junio de 2018.- A pesar de que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró el pasado viernes inelegible a Pablo Anica Valentín como candidato a presidente municipal de San Juan Bautista Lo de Soto por cometer violencia política de género, él no ha suspendido sus actividades proselitistas.

La denuncia la presentó por escrito este martes la representante del Partido de Mujeres Revolucionarias (PMR) ante el consejo municipal electoral de Lo de Soto, Andrea Torres, ya que el también síndico municipal ha hecho caso omiso a la suspensión.

El Partido de las Mujeres Revolucionarias (PMR) con registro local en Oaxaca, logró apenas hace cinco días que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declarara inelegibles a dos candidatos a concejales que postuló la coalición Todos por México y el Partido Revolucionario Institucional por cometer violencia política de género.

Se trata de Juan García Arias, quien pretendía reelegirse al frente del ayuntamiento de San Juan Colorado Jamiltepec y de Pablo Anica Valentín, quien pretendía ser presidente municipal de San Juan Bautista Lo de Soto.

Fue en la primera sesión pública del pasado viernes cuando el TEPJF revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) y el acuerdo 32/2018 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), mediante el cual se aprobaron ambas candidaturas.

Mediante el juicio de revisión electoral 140, el PMR solicitó se declararan inelegibles a ambos candidatos por incumplir con el requisito de tener un modo honesto de vivir, al ser responsables de cometer violencia política de género durante el ejercicio de sus funciones como integrantes de ambos ayuntamientos.

La Sala Regional Xalapa calificó “como sustancialmente fundada” la pretensión del PMR, pues existen “sentencias firmes” que acreditaban que ambos candidatos “incurrieron en actos de violencia política de género durante su desempeño como servidores públicos”.

En el caso de Juan García Arias, como presidente municipal en San Juan Colorado Jamiltepec la síndica municipal Herminia Quiroz Alavez lo acusó de obstaculizar sus funciones, como obra en el expediente JDC/85/2017.

Un expediente similar, el JDC/13/20127 existe en contra del síndico de San Juan Bautista Lo de Soto y candidato a la presidencia de ese municipio, por la violencia política que ejerció en contra de la presidenta Samantha Caballero Melo.

La representante del PMR ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Claudia Álvarez Luna, dijo que la resolución del pasado viernes representa un precedente histórico y bases para que no se vuelva a postular como candidatos a hombres que ejercieron violencia política de género.

En opinión de Anabel López Sánchez del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres que ha acompañado a Herminia y Samantha en sus procesos de denuncia, la sentencia de la Sala Regional Xalapa representa un avance fundamental para que las mujeres que han vivido violencia política puedan acceder a la justicia.

“Es la primera vez que se sienta un criterio para retirar candidaturas a aquellos actores políticos que han ejercicio violencia política”, y confió que esta sentencia abra camino para que más mujeres denuncien este tipo de delitos y los tribunales emitan criterios claros.

Ni Herminia ni Samantha ejercieron plenamente su cargo al interior del Ayuntamiento, además de que en ningún momento ha cesado la violencia política en contra de ellas.

Coordenada

• La desigualdad de género se refleja en el resultado del Monitoreo de radio y televisión

• En el Proceso electoral concurrente 2017-2018 de Jalisco, 16 % de cobertura a candidatas

Lupita Ramos

SemMéxico, 26 julio 2018.- Recientemente, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, dieron a conocer el Monitoreo de radio y Televisión que realizaron en el reciente proceso Electoral en Jalisco. El informe recién presentado da cuenta de la cobertura en radio y televisión de las campañas de las candidaturas al gobierno del estado de Jalisco, así como las candidaturas a munícipes y a diputaciones locales entre el 30 de marzo y el 2 de julio de 2018. Entre otras cuestiones igualmente importantes, el monitoreo precisó señalar las posibles diferencias de género, menciones de propuestas de campaña relacionadas con el género y menciones de rasgos personales de candidatas y candidatos.

En este sentido, fue posible monitorear sobre el tratamiento otorgado a las y los candidatos en los espacios de radio y televisión que difundieron noticias del proceso electoral, así como en la prensa escrita. El resultado: La cobertura en minutos por género de candidatura, de un total de 25 mil 853 minutos, fue la siguiente: hombres 84 %, y mujeres 16 %. Según el tipo de elección, los hombres tuvieron una cobertura del 93 % en la de gobierno del estado; 82 % en las de munícipes, y 54 % en las legislativas.

Por su parte, las mujeres tuvieron un peso mediático mucho menor en la cobertura de las candidaturas al gobierno del estado, pues Martha Rosa Araiza (única candidata en esta elección) recibió 7 % del tiempo de cobertura; en las candidaturas de munícipes las candidaturas obtuvieron 18 %; mientras que en la cobertura de legislativas se observó una mayor equidad entre hombres 54 % y mujeres 46 %.

En cuanto al uso de la voz, los hombres tuvieron un 82 % y las mujeres 60 % en el monitoreo de radio y televisión. Fueron también los candidatos quienes más aparecieron en pantalla: 83 % del total de imagen, y 81 % del total en primer plano; mientras que las candidatas aparecieron 17 % del total de imagen, y 19 % del total en primer plano.

En relación a las expresiones sobre el carácter, apariencia física y énfasis en género, fueron totalmente diferente en hombres que en mujeres.  Algunos ejemplos registrados en hombres fueron: “Solvente, muy preparado, muy sensato, prudente y además es panista de cepa.” “El guapo es Luis Munguía, diputado federal con licencia, candidato a la diputación local.” “El candidato se autodefine como hombre de familia”.

Algunos ejemplos de expresiones para las mujeres fueron: “Démosle oportunidad a nuestra candidata Laurel Carrillo, una mujer de trabajo, una mujer honesta, una mujer limpia, que no tiene las malas mañas de los políticos tradicionales.” “Siempre con una sonrisa, mostrando los dientes, ha manejado un mismo estilo en su pelo, en su maquillaje.” “Por ser mujer, pensaríamos que la mujer es el eje central de su campaña.” “Claudia, bájele la flama a los frijoles, se le van a quemar.” “¿Y no tienes novio? Estas súper chica.”

Las frecuencias relativas de expresiones con énfasis en el género o rol de género de las candidatas variaron según el tipo de elección: 15 % del total de minutos de cobertura para la candidata a la gubernatura (904 minutos) incluyó este tipo de mensajes.

En el caso de las candidatas a presidentas municipales, fue 7 % del total de mil 783 minutos; y las candidatas a diputadas recibieron este tipo de menciones en 4 % del total de mil 383 minutos.

Sin duda, debería ser sancionable esta disparidad y desigualdad en las coberturas mediáticas de las candidaturas para mujeres y hombres, reprobable también las expresiones machistas y discriminatorias. Y No, no les importa si las candidatas tienen novios, esposos o amantes.

lupitaramosponce@gmail.com @lupitaramosponce